El mayor peligro que corre la llamada #PrimaveraValenciana, en camino de convertirse en la Primavera Estudiantil, es que pase a segundo plano de actualidad y quede anegada bajo la copiosa lluvia de noticias de la vida cotidiana. Como acontece con casi todas las que ocupan un par de días las portadas de los periódicos, que desaparecen bajo otras más urgentes o impactantes. Porque cuando eso suceda, los manifestantes valencianos, cuyo tesón en la protesta es encomiable, volverán a estar indefensos en manos de las fuerzas encargadas de defenderlos. Y eso da miedo.
La garantía del movimiento ciudadano de Valencia es el apoyo y reconocimiento que encuentre en el resto de España. Para hoy hay convocada otra manifa pidiendo la dimisión de la delegada del gobierno, Sánchez de León, quien se niega tozudamente a asumir su responsabilidad en la brutalidad del lunes, y es toda. En ese forcejeo político y moral planteado en Valencia, el resto del país debe apoyar la reclamación de la calle. Sobre todo porque esta ha aumentado su grado de conciencia, como sucede siempre que se pasa a la acción política, a la práctica, que ensancha y fortalece la teoría. La realidad se comprende mejor cuando se forcejea con ella. Los valencianos han vinculado por fin el conflicto y su circunstancia concreta de los recortes en educación con la condición general del gobierno en su Comunidad Autónoma, caracterizada por el depilfarro, la incompetencia más deplorable, el caciquismo y una presunta corrupción generalizada; una casta política de la derecha que parece tener patrimonializado el gobierno de la Comunidad.
Esa relación de sentido es extrapolable a toda España en donde la pregunta es ¿por qué debe pagar la educación las consecuencias de la incompetencia o la corrupción de los gobernantes? Y más específicamente, ¿por qué debe pagarlas la educación pública en beneficio de la concertada o de la privada a la que se sigue favoreciendo con exenciones fiscales?
Por más que el gobierno de la derecha se obstine en considerarla así, la educación pública no es un gasto sino una inversión; aparte, por supuesto, de un derecho de los ciudadanos. Hay todos los motivos para que las movilizaciones en España en apoyo a Valencia se conviertan en manifas a favor de la educación pública y en exigencia de que el gobierno y sus Comunidades Autónomas cambien la orientación general de su política en este terreno. La educación es una prioridad absoluta y no se puede mermar y mucho menos negar a palos.
Esto es tanto más necesario cuanto el gobierno y sus defensores en los medios ya están tratando de deslegitimar las protestas, de justificar la brutalidad de la policía y de amparar a los políticos de comportamiento más antidemocrático. Para ello recurren a los infundios, las insinuaciones y las simples mentiras. El ministro del Interior dice que la culpa de la violencia la tienen unos radicales que solo habitan en sus pesadillas, pues ninguna de los cientos de cámaras que han grabado los hechos ha registrado su presencia. La labor de desinformación la coronó ayer el ministro de Cultura en sede parlamentaria al afirmar que los socialistas se ponen del lado de la protesta violenta. Mentira podrida. No porque los socialistas se pongan o dejen de ponerse en donde quieran, pues allá ellos, sino porque la protesta no es violenta. No lo fue el martes, no lo fue el miércoles (y en ambas hubo miles de participantes) y no pretende serlo hoy. Los únicos que han recurrido a la violencia han sido los policías a las órdenes del gobierno del ministro. Y eso es un hecho.
Es esencial que la #PrimaveraValenciana, la protesta pacífica valenciana, siga siendo objeto de atención en toda España. No es decartable que quienes recurren a la mentira para argumentar también den en la flor de introducir provocadores en las manifas para conseguir las confrontaciones violentas que, suponen, justificaría su política represiva.
(La imagen es una foto de melderomer, bajo licencia de Creative Commons).
