¿Con qué dinero se paga todo esto?

Hay un viejo principio en economía que conocemos por sus pintorescas siglas en inglés: principio TANSTAAFL (con alguna variante, como TINSTAAFL), esto es, There Ain't Such a Thing As a Free Lunch, "No existe el almuerzo gratis". Sentido palmario: nadie da algo por nada. Es lógico que muchos economistas neoclásicos y, desde luego, neoliberales, en la escuela de Milton Friedman, lo consideren el núcleo de la ciencia económica. Era, desde luego, el faro de la vida de Margaret Thatcher quien no solo se rigió por su otro principio, también famoso, llamado TINA (There Is No Alternative), "No hay alternativa", como siempre sostienen los políticos conservadores sino también por el TANSTAAFL. No hay alternativa y no hay almuerzos gratis. Por todo hay que pagar. Muy bien.

Pero ¿quién?

Y ahí está el asunto, el busilis de la economía y de la política, así como de la ética y de otras ciencias y saberes adyacentes. ¿Quién paga? El gran éxito de la llamada revolución neoliberal consistió en convencer a la opinión de que el Estado del bienestar era un desastre y un despilfarro, además de tremendamente injusto porque se financiaba esquilmando a las clases medias (y altas; pero de esas se hablaba poco). Además de injusto, ese Estado era incompetente y retardatario porque al detraer recursos del sector privado para financiar el ruinoso régimen asistencial, se refrenaba la capacidad de crecimiento y acumulación de riqueza que es siempre el sector privado. Es decir, el Estado del bienestar, que pagaban las clases medias y altas, debía desaparecer porque era despilfarrador, injusto, inútil y contradictorio. Los recursos debían volver al sector privado por el bien de todos.

Fue un relato muy exitoso que caló en la sociedad. Lo cual ha permitido que gobiernen partidos de la derecha en Europa que aplican este criterio a través de un programa de privatizaciones y recortes del gasto público. Y lo que han conseguido, a primera vista, es borrar los límites entre lo privado y lo público, poniendo lo segundo al servicio de lo primero con toda claridad y financiándolo con los dineros del común.

El escándalo de Aznar que trae hoy en portada El País es descomunal. Va a significar un antes y un después en el asunto de la corrupción del PP. En los años más duros de la oposición al felipismo, la cúpula del PP, con Aznar a la cabeza, cobraba supuestamente suculentos sobresueldos por conceptos nebulosos y tortuosos. El mismo Aznar que se erigía en campeón de la lucha contra la corrupción socialista. Todavía resuenan sus "¡Váyase, señor González!" con la solemnidad de un puritano condenando el boato de una corte dispendiosa.

Breve digresión. Se recordará a Palinuro diciendo que, escandalosos como eran los papeles de Bárcenas, lo más gordo, la traca, debía de estar en los de los años de 1993 a 1997, que faltaban en una primera entrega. Ahí estarían los nombres. Ya ha aparecido el de Aznar. Pero sin duda habrá más y ahí puede estar la clave del silencio de La Moncloa. Y más nombres aun, algunos de los cuales asoman en el runrún de los artículos de Raúl del Pozo, quien dice haberlos visto. Fin de la digresión.

También se recordará que Aznar se querelló con la rapiudez del rayo contra El País por vincularlo con el cobro en negro. Con el titular de hoy, la cuestión ya no es si el irritable expresidente cobraba o no sino si lo que cobraba puede llamarse "negro" o "marrón" o lo que sea.

Por lo demás, TANSTAAFL. Esos dineros de "gastos de representación" estratosféricos salen de los dineros públicos. Porque, aunque según dice Bárcenas, él hacia contabilidad creativa con donativos de los empresarios a "título individual", esos dineros permitían destinar los otros con comodidad a otros fines del partido y, por tanto, pueden considerarse financiación ilegal. Financiación ilegal con fondos públicos para el partido que, según Aznar, era incompatible con la corrupción.

Con fondos públicos paga la Casa Real sus gastos en la defensa de la infanta Cristina, gastos que debieran salir de su bolsillo personal o del de su amantísimo padre. Pero el bolso personal del Rey está provisto igualmente con fondos públicos. Es decir, los contribuyentes tenemos que pagar los gastos de defensa de una persona a la que se acusa de haberse apropiado indebidamente de fondos públicos. Al parecer, el TANSTAAFL no funciona siempre o, para ciertos justiciables, no funciona nunca simplemente por ser ellos quienes son.

Los obispos han lanzado una campaña tremenda en contra de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo. Algunos prelados, como Reig Pla, recordando otras épocas, más acordes a su mentalidad, atribuye el aborto en España a una conjura internacional contra la humanidad, la conspiración judeo-masónica. Y el obispo Munilla, no menos inspirado, atribuye el aborto a un perverso designio del PSOE de acabar con los pobres. Para propalar esas agudas doctrinas, la jerarquía ha presupuestado una millonada  en cartelería, spots televisivos, cuñas de radio, panfletos, estampitas y lo que se tercie. ¿De dónde sale ese dinero? Del caudal de la Iglesia. Pero este es lo que, hasta la Segunda República, vino llamándose el presupuesto de culto y clero, consistente en trasferencias netas de fondos de las arcas del Estado a la Iglesia católica y que se mantiene al día de hoy con otros nombres, como asignación estatal a los gastos de esta confesión. El hecho es que la Iglesia financia sus campañas en contra del aborto con el dinero de los impuestos de muchos partidarios no del aborto (pues partidarios del aborto no hay) sino de que las mujeres puedan abortar.

La señora Cospedal entabla una acción judicial en contra de alguien que ha propalado un supuesto infundio o calumnia contra su marido y, al parecer, moviliza para ello los servicios jurídicos del gobierno autonómico que preside. Es decir, los ciudadanos tenemos que sufragar de nuestros bolsillos las gastos de defensa del marido de la presidenta de Castilla la Mancha por un asunto personal. Para esta gente parece no rezar el principio TANSTAAFL con el que nos infligen a los demás todo tipo de castigos y sacrificios.

El señor Carromero se mete en un lío en Cuba en cumplimiento de unas tareas encomendadas por su partido y hay que repatriarlo ya condenado, a costa ¿de quién? En principio del PP. Pero el PP se financia con dineros públicos. O sea, los ciudadanos tienen que costear la repatriación de un presunto agente del PP en Cuba igual que costean su salario como asesor municipal para lo cual no parece tener la menor capacitación. 

La corrupción es el problema principal de España, como ya certifica el barómetro del CIS, si bien este lo sitúa en segundo lugar, por detrás del paro. Cosa tampoco muy decisiva ya que, en gran medida, el paro es producto de la corrupción. La corrupción es la abolición de los límites entre lo público y lo privado, poniendo lo primero al servicio de lo segundo. 

Mientras esta lacra no se elimine, no se encuentre y castigue a los culpables, España no saldrá de la crisis. Es imposible con un presidente del gobierno que parece estar en los pápeles de Bárcenas, pero se niega a dar explicaciones. 

Cómo nos roban.

El 4 de enero de este año, el Wall Street Journal (WSJ) publica un artículo titulado España recurre al fondo de reserva de las pensiones para comprar su propia deuda. Está en inglés. Quien quiera una versión española, puede acudir al blog de Armak de Odelot, con una entrada titulada España saquea el 90% del Fondo de Seguridad Social para comprar su propia deuda, que trae una versión del artículo del WSJ aunque, al estar traducida por Google, a veces no se entiende gran cosa. El asunto es bien sencillo: después de prometer que jamás tocaría las pensiones y después de tocarlas a la baja (aunque diciendo lo contrario) el gobierno ha esquilmado el fondo de reserva de la seguridad social, utilizándolo para los más diversoso menesteres. Queda menos del 10% de los 65.000 millones de la reserva. Es un atraco en toda regla y a la chita callando a los pensionistas, cuyo futuro se ensombrece aun más si cabe. Según el gobierno no hay ningún problema, los fondos están garantizados por la deuda española que cada día vale menos y está a punto de desplomarse. No la deuda, sino la capacidad de pagarla. Y entonces habrá quita y adiós el fondo de reserva de la Seguridad Social, eso que no es el Estado cuando al Estado le va bien pero sí lo es cuando le va mal. Un robo en toda regla a los pensionistas.

El otro atraco de miles de millones es el rescate de la banca con dinero público. Aquí el desfalco es en bastantes casos por partida doble porque muchos de quienes han de sufragar el rescate de la banca con sus impuestos son aquellos a quienes esa misma banca ha arruinado.

La enorme evasión de impuestos es otro latrocinio en forma de lucro cesante de la colectividad. Los impuestos evadidos al Estado, en miles de millones, son impuestos pagados por quienes no los evaden. Es decir miles de millones que están obligados a pagar porque los otros no cumplen. No solo no cumplen; el Estado los protege, los amnistía, no los persigue y se niega a dar publicidad a sus nombres.

Las privatizaciones son lo mismo: formas más o menos disimuladas de hurtar el dinero a la colectuvidad. No son tan solo muestras de la corruptela de la puerta giratoria entre la política y la empresa. No se limitan a casos especialmente escandalosos por lo inmoral, como el del fichaje de Rato por Telefónica, la empresa privatizada por él. Van mucho más allá. En las privatizaciones de la sanidad pública y la gestión privada de los hospitales en Madrid se está hipotecando la Comunidad por los próximos treinta años. Es una práctica perversa la de ahorrar dinero hoy para transferir su pago a los gobernantes y las generaciones posteriores. Y eso sin contar con que es falso que la gestión privada ahorre. Al contrario (a la vista está en Manises y en Collado Villalba) es mucho más gravosa para el erario público. Pagamos más por servicios peores. O sea, más robo. Privatizar es poner lo público al servicio de lo privado y en manos de unas empresas que actúan prácticamente como monopolios y monopsonios, con un único cliente, el Estado, del que viven, acogidas a esa intolerable práctrica de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas.

Todas las medidas del gobierno hasta la fecha son de saqueo de los ciudadanos: las subidas de impuestos directos e indirectos, de las contribuciones, de las tasas, de las matrículas, la imposición de nuevas exacciones como el doble pago de los servicios, la disminución de las becas, todo ello es sacar directamente a la gente el dinero del bolsillo. Atraco.

Y a todo ello es preciso hacer frente con el salario congelado o mermado. Y eso, el que lo tiene.

(La imagen es una foto de Images_of_Money, bajo licencia Creative Commons).

El expolio o el gran pelotazo.

El gobierno de la C.A. de Madrid ha consumado la expropiación del servicio público de salud a favor de la empresa privada. Lo que él mismo embellece con el término "externalizar", otros llaman "privatizar" y otros, más claros, "expoliar". Y lo ha hecho del peor modo posible, a la brava, en mitad de un tremendo conflicto social, sin asomo de consenso, por imposición del rodillo de la mayoría absoluta del PP. Que además haya concurrido el recochineo de unos diputados jugando al scrabble mientras se decidía tan grave asunto es anecdótico. Solo muestra la condición moral de quienes toman esas decisiones.

El atropello carece de toda justificación racional. La privatización no es mejor, ni más eficiente, ni más barata que el mantenimiento del estatus público del servicio, como muy bien se expone en la carta abierta a Ignacio González del Dr. José Luis Pedreira Masa. La Comunidad no ha aportado ni un solo estudio, informe o documento que pruebe lo contrario. Según la citada carta publicada en el Diario progresista ni siquiera el consejero competente en la materia, Fernández-Lasquetty, es competente en la materia. Lo cual prueba que la competencia, tanto en lo médico como en lo económico, es indiferente pues se trata de una decisión puramente política, una cacicada de ingentes proporciones en favor y beneficio de unas empresas privadas.

Es más, si hay pruebas prácticas de algo ya es de la ruina de estas privatizaciones como se prueba fehacientemente con la quiebra del privatizado hospital de Manises y el escándalo del de Collado Villalba que, confiado a la gestión de Capio, cuesta 900.000 euros mensuales a los madrileños y está cerrado. Y no es lo único. Todo cuanto se gestiona con estos criterios privatizadores acaba siendo ruinoso para la administración porque las empresas que se encargan del servicio siguen a rajatabla la conocida máxima de privatizar los beneficios y socializar la pérdidas. Lo que pasará con los hospitales y centros de salud hoy privatizados ya está prefigurado en la ruina de las radiales de Madrid, que descargan sus pérdidas sobre los madrileños y, por ende, todos los españoles. Y antes y a lo grande en la de las cajas de ahorros, gestionadas con objetivo de puro saqueo de lo público, arruinadas por prácticas erróneas cuando no delictivas, que ahora deben ser rescatadas con dineros de todos los ciudadanos.

Ese es el contenido del neoliberalismo español: poner el Estado al servicio de los intereses de las grandes empresas privadas. Literalmente.

Y ¿qué hace la izquierda, confrontada con esta agresión sin precedentes a los fundamentos del Estado del bienestar que, en su formulación constitucional de Estado social y democrático de derecho daba ya como una conquista consolidada, inamovible? ¿Qué, frente a la aniquilación del régimen jurídico de las relaciones laborales y la pérdida de los derechos de los trabajadores? ¿Qué, frente a la ruina de la educación pública en favor de la privada? ¿Qué, frente a la manipulación de los medios públicos de comunicación puestos al servicio de los intereses de esta oligarquía político-empresarial?

Muy poco, por no decir nada, lo cual es llamativo, además de lamentable, por cuanto este atropello, perpetrado en sigilo e impuesto por un trágala una vez hecho público, ha suscitado una indignación generalizada en la sociedad. Es lo menos. Recuérdese que este mismo intento de privatización del servicio nacional de salud, incluso bastante menos chapuza que el madrileño, es lo que costó el cargo a Margaret Thatcher.

No se me ocurre si no que la izquierda no tendrá perdón posible si, ante la emergencia de la situación, no se une con un programa común mínimo consistente, quizá, en un solo punto: firme propósito de volver al sector público todo lo que le haya sido arrebatado. Y conviene que lo formule ya con suficiente claridad para que quienes se aprestan a consumar el pelotazo de la privatización se lo piensen dos veces. Querrán blindar su transacción cuanto puedan y creerán que será difícil deshacer lo hecho. Más difícil parecía cumplir la promesa de traer las tropas del Irak y fue la primera medida de Zapatero. Porque si este ganó contra pronóstico las elecciones de 2004 fue, entre otras cosas y de modo decisivo, por aquella promesa.

Retiren ese plan. Dimitan.

España cuenta con uno de los mejores sistemas públicos de salud del mundo. Eso es de conocimiento general. No lo niega nadie. Mejor en todos los sentidos, universalidad, eficacia, rapidez, profesionalidad, modernidad, etc. Sin embargo, el gobierno de la C.A. de Madrid lleva años convertido en punta de lanza de una actitud hostil hacia él, basada en el criterio de su insostenibilidad económica. Algo tremendamente subjetivo porque todo depende de cómo se hagan los cálculos y qué decisiones políticas se adopten de repercusión presupuestaria. En el fondo, una excusa para desmantelar el sistema nacional y entregárselo a las empresas privadas para que los amigos, parientes, deudos y enchufados de la derecha hagan pingües negocios a costa de la salud de los madrileños.

Esa hostilidad se ha manifestado no solamente en el terreno económico sino en muchos otros, con verdaderas campañas de desprestigio de la sanidad pública por ser eso, pública. El bochornoso episodio del intento de linchamiento institucional del doctor Montes, sus consecuencias judiciales, fue absolutamente ilustrativo del espíritu con que los gobernantes autonómicos se relacionaban con el sistema sanitario cuya gestión les estaba encomendada.

Para acelerar el expolio, el triunfo del PP en las pasadas elecciones ha traído una catarata de ataques al sistema público de salud, a través de restricciones, exclusiones del acceso al servicio, cese de la gratuidad de este y diversas fórmulas de repago que pondrán muchas prestaciones fuera del alcance de sus supuestos beneficiarios, dependientes, discapacitados, jubilados.

Amparado en esa actitud asimismo hostil al sistema del ministerio correspondiente, el gobierno autonómico de Madrid se ha sacado un nebuloso plan de privatizaciones de la gestión hospitalaria que prácticamente desmantela el carácter público de la sanidad madrileña y pretende imponer al mejor estilo del trágala, sin debate alguno, sin información previa, sin ninguna fundamentación. Esperanza Aguirre, cuya repentina dimisión sigue sin estar clara, continúa argumentando que no nos podemos permitir el sistema actual de salud. Y, como si fuera la orden de la Kommandantur, su substituto en el cargo, Ignacio González, ha dado las órdenes pertinentes y, de no remediarlo los dioses, ese plan de desmantelamiento de la sanidad pública echará a andar en una semana.

Llamarlo "nebuloso" es caritativo. Se trata de un plan secreto pues todo cuanto se pretende imponer en la realidad sin debatirlo previamente es secreto. Seguramente estará hablado, pactado, acordado con las empresas privadas que resultarán beneficiarias de las adjudicaciones, todas ellas con ánimo de lucro orientadas a la maximización de beneficios. Pero no pactado ni consensuado con nadie más, con la población interesada, los pacientes, el personal médico y hospitalario en general.

Es más, ese plan secreto no se justifica con ningún tipo de documentación mínimamente creible. Insisten en la insostenibilidad económica pero no la prueban. El consejero de Sanidad, Fernández-Lasquetty, no tenía ni idea de cuánto se ahorraría aplicando las políticas por él propugnadas. Sospecho que no sabría si quiera si se ahorraría algo. Solo este dato demuestra el carácter profundamente arbitrario de la medida. No hay un solo estudio independiente que muestre la conveniencia de las privatizaciones desde ningún punto de vista. Lo único claro y evidente es que unas empresas privadas en las que, además, algunos políticos del PP parecen tener intereses, harán un negocio fabuloso a cuenta de las arcas públicas y al coste de deteriorar y encarecer la atención universal de salud, que es un derecho de los ciudadanos.

Se han encontrado, sin embargo, con una resistencia inesperada, fortísima. Todo el sector sanitario madrileño se ha opuesto al plan y lleva ya tres semanas de movilizaciones y huelgas, en una actitud de rechazo frontal. Cuenta, además, con un amplio respaldo de la población que se siente directamente agredida en el ataque a un derecho esencial. En estas condiciones, sorprendidas por la fuerza de la reacción colectiva, las autoridades no se han atrevido a recurrir a sus habituales tácticas de desprestigio. Pero, el enconarse el conflicto y amenazar los responsables de la atención sanitaria con la dimisión, les ha salido la vena autoritaria, despreciativa e Ignacio González, cuyo equipo (o él mismo) tuitea consignas cercanas ya al "Por Dios, España y su Revolución Naconalsindicalista", ningunea a los facultativos en actitud rayana en la chulería que únicamente va a agudizar más el enfrentamiento, sobre todo si Fernández-Lasquetty, en lugar de dimitir, se engalla y llama "irresponsables" a los de la marea blanca.

En estas circunstancias el gobierno central no puede intervenir pues la Comunidad actúa en el marco de sus competencias. Pero el PP, sí. Y debe hacerlo. Por supuesto, las empresas privadas presionan para comenzar ya el negocio porque les urgen los beneficios. Igualmente la Comunidad tiene prisa por culminar la operación para tapar los desastres y las ruinas de los acuerdos anteriores de Aguirre. La Comunidad, o sea, los madrileños, pagan 900.000 euros al mes por el hospital de Collado-Villalba, aunque está cerrado. Es uno de los cuatro hospitales de gestión enteramente privada de la CA de Madrid y está gestionado por Capio, la empresa que quiere más parte del pastel.

Pero, por muy urgido que esté el gobierno autonómico por los negocios, la sociedad española no puede permitirse este foco de conflicto permanente del gobierno madrileño en un momento especialmente duro para el conjunto del país y con otra bronca independentista montada en el Noreste de la Península. Alguien en el PP debe frenar al señor González, cuya concepción descarnadamente patrimonialista del poder político (en donde tiene colocada a casi toda su familia agnada y cognada) es más propio de latitudes sicilianas. Y debe frenarlo en los dos proyectos más simbólicos de su mandato, los dos igualmente oscuros, arbitrarios y, en el fondo, inmorales, esto es, Eurovegas y el sistema público de salud. Lo razonable sería que el gobierno autonómico retirara el plan y, con el plan, se retirara él.

Teoría de la mamandurria y el expolio.

Con un largo año de gobierno del PP, dos cuestiones son ya evidentes: 1ª) Rajoy ha incumplido todos y cada uno de los puntos de su programa electoral. Es más, en la mayoría de los casos, ha hecho lo contrario de lo que prometió. No es preciso detenerse aquí pues es materia de recordatorio constante en los medios y el debate público. No tanto lo es, en cambio, la 2ª), por la que se ve que, en el fondo, el incumplimiento del programa es indiferente a los gobernantes pues lo que estos se proponían y proponen es medrar, prosperar, enriquecerse ellos mismos y sus allegados para lo cual saquean todo lo público, lo privatizan y se lo entregan a sus amigos o correligionarios. Y lo están haciendo sin perder tiempo con refitolerías democráticas y parlamentarias. A golpe de Decreto-ley.

En el curso de este sistemático expolio de lo público hay a veces -pocas, ya que el debate teórico es extraordinariamente pobre- combates dialécticos que se libran con armas pintorescas. Hace escasas fechas, Aguirre, por entonces presidenta de la C.A. de Madrid, molesta con los sindicatos, anunció con ese thatcherismo castizo que la caracteriza, que iban a acabarse las mamandurrias. Todo el mundo entendió que se refería a los liberados sindicales y, por supuesto, todo el mundo sabía qué son mamandurrias. Es una palabra casi onomatopéyica o, como se dice en digitalandia, "intuitiva". No está claro, sin embargo, si quienes la usan la conocen o si, conociéndola, la emplean torticeramente.
Veamos: todos los liberales más destacados del PP, partidarios de jibarizar el Estado, desmantelar el Estado del bienestar, "adelgazar" la administración y la función públicas, todos, digo, son funcionarios públicos: Aznar es inspector de Hacienda; su mujer, también; Aguirre, técnica de la Administración del Estado; Ignacio González, técnico de la administración local; Sáez de Santamaría, abogada del Estado; Gallardón, fiscal; Cospedal, abogada del Estado; Rajoy pertenece a un cuerpo especial de fedatarios públicos de tipo mixto, lo cual, mira qué oportuno, también reporta beneficios. Funcionarios públicos que trabajan contra la función pública en complicidad con empresas privadas que viven de sus ventajosas relaciones con un gobierno a sus órdenes y tratan de quedarse con todos los servicios públicos a precio de ganga, en condiciones muy ventajosas de explotación y con ganancias de cine. Más tarde las empresas compensan con creces los sacrificios de estos funcionarios antifuncionarios, como lo hace actualmente Endesa que Aznar privatizó durante su mandato. Es la teoría de la "puerta giratoria", de la empresa a la función pública y de la función pública a la empresa. Y a hacerse ricos a costa del común.

Y no solo ellos: familiares, deudos, allegados, compadres, la mamandurria se extiende entre agnados y cognados. El hijo de este está enchufado como asesor en el gabinete de aquella; la hermana de aquesta otra es directora general a dedo en el ministerio de aqueste otro. Y de sueldos y gastos de tarjeta y representación no se hable. Los alcaldes de pueblos poco más que pedanías se autoasignan salarios astronómicos, superiores al del presidente del gobierno, suponiendo que este solo cobrara un sueldo, que no es el caso, pues cobra dos, por lo menos. Pero, en todo caso, que no se hable.

Para que no se hable de este imperio de la mamandurria tienen literalmente colonizados los medios de comunicación con periodistas mamandurrios que cobran una pastuqui (o varias) por flagelar las mamandurrias de los liberados sindicales.

Mamandurria por mamandurria, ¿quién es verdaderamente mamandurrio?

La política del expolio de lo público se llama privatización. El gobierno central y sus clones autonómicos, al igual que el de CiU (aunque esta lo tiene ahora algo más difícil) están dispuestos a pasar a manos privadas (a ser posibles las suyas) todos los servicios públicos y obligar a la gente a pagar por ellos. Con su ley de tasas, Gallardón quiere hacer que la justicia sea de repago y solo accesible a los pudientes, de forma que los pobres sufragan con sus impuestos una justicia a la que no tienen acceso. El mismo Gallardón, con ese aspecto de repelente niño Vicente, quiere privatizar todos los registros públicos y entregárselos los cuerpos de registradores (uno de ellos, el de su jefe, Rajoy) para que cobren tasas literalmente por todo. La excusa es que es preciso liberar a los jueces que, por lo demás, les importan una higa.

El intento de saqueo de la sanidad pública es escandaloso, suficientemente conocido y está encontrando una resistencia que no esperaban. Prueba de que no la esperaban es que no se molestaron en justificar la privatización del sistema hospitalario, pensando que bastaba con que ellos lo dijeran. Y no ha sido así. Y no debe ser así. La sanidad pública es de todos y debe seguir siendo de todos. Los sofismas de los privatizadores no convencen a nadie. Hasta es posible que el consejero Fernández-Lasquetty, responsable de este expolio, se vea obligado a dimitir y comerse su plan.

Estas medidas tienen una desvergonzada explicación dineraria: quieren hacer negocio con los registros, la sanidad. Otras, en cambio, parecen ser de otro tipo. Pero solo lo parecen. La reforma de Wert, se dice, además de la innecesaria provocación a los catalanistas, tiene un fuerte poso ideológico: se suprime Educación para la ciudadanía, se restablece la religión y se acepta la asignatura suplementaria "de peso". Vuelven los curas y, con los curas, el progreso: segregación por sexos, religión católica, el creacionismo y la inmaculada concepción. Pero, aunque parezca mentira, esto, a los curas, no les importa. Si fuera preciso, enseñarían el evolucionismo. Lo que les importa es enseñar y, sobre todo, cobrar. Lo que les importa, como a sus aliados, es la pasta. Por eso, la reforma de Wert favorece la enseñanza concertada (que es, en realidad, privada que absorbe recursos públicos) en detrimento de la enseñanza pública. O sea, la privatización, el negocio, la subvención, el trinque, la mamandurria.

El Estado subvenciona la FAES de Aznar con medio millón de euros de los que quita a los jubilados y se levanta un clamor general: ¡el Estado subvenciona una fundación que ataca las subvenciones públicas! Pues, sí y hace bien. Es su deber. Lo que no está tan bien y hasta es bastante ruin y miserable es que la FAES acepte unas subvenciones públicas a las que, para ser coherente, debiera renunciar. Además, si ese mismo Estado subvenciona también la Fundación Francisco Franco, ¿por  qué no la FAES, cuyo nombre recuerda tanto la Falange?

Todo esto, la mamandurria y el expolio generales, es legal. Y, si acabara el asunto aquí, sería lamentable pero tolerable. Lo malo es cuando, además, se cruza la raya de la legalidad, que, en el reinado universal de la codicia, del enriquecerse como sea y a costa de quien sea, se cruza con frecuencia. La cantidad de altos cargos del PP imputados en procesos por corrupción es asombrosa. La red tejida entre electos corruptos, funcionarios venales y presuntos delincuentes de la Gürtel no es más que una muestra de un estadio general de mangoneo y trinque que enlaza con la más acrisolada tradición de la picaresca nacional y es responsable de la bajísima opinión en que, con sobrados motivos, aunque no entera justicia, tiene la ciudadanía a los políticos.

(La imagen es una foto de Esperanza Aguirre, bajo

licencia Creative Commons).

"¡Ladrona, ladrona, ladrona...!"

Momento interesante a la par que ilustrativo y muy clarificador de cómo está el país, cómo lo están dejando los involucionistas del PP. El día de la Constitución, que se celebró casi a puerta cerrada de puro miedo al cabreo generalizado en la calle, faltas de algo más interesante que hacer, las autoridades decidieron organizar una cuchipanda para celebrar el aniversario de tan excelsa norma con el dinero de todos, incluidos los no incluidos en el sarao. Fuera, había un grupo de agraviados abucheando a los políticos según llegaban, con elegante imparcialidad, sin hacer muchas distinciones, pues no está el asunto para distingos. Los invitados venían a coincidir en algo: allí estaban ellos, los electos, celebrando un año más esta Constitución de la que todos dicen lo mismo: qué buena, que flexible, qué guay, cómo ha permitido la convivencia de los españoles y qué bien nos ha traído hasta aquí, a zampar picatostes en el Senado. ¿Lo de fuera? ¿Lo de la calle? ¿Los seis millones de parados? ¿Los desahuciados? ¿Los jóvenes  sin futuro, la gente sin casa, sin trabajo, sin nada? ¿Los inmigrantes? ¿Los jubilados, discapacitados, dependientes? ¡Caramba, no venga chingando, hombre...! Son cosas inevitables de la vida. Pero la Constitución que no la toquen, que nos ha salido de cine.

A ese condumio venía a sumarse la retrechera Cospedal cuando del grupo de descontentos, casi todos ellos de Telemadrid, a punto de irse a la calle para compensar por el latrocinio de la derecha en el ente público, destacó la voz de una ciudadana, perfectamente captada por la cámara de la Sexta que decía dirigiéndose a Cospedal: "¡ladrona, que robas a los pobres para dárselo a los ricos! ¡Ladrona, ladrona, ladrona!"

Se la oye muy bien y, por cierto, con bastante alegría. Ante esto, Cospedal solo sabe balbucear un "no, no, no" porque ¿qué otra cosa va a decir? Prácticamente todo el país piensa lo mismo que esta señora. Y no solo de ella. Pero ella es figura paradigmática de esta estirpe de políticos de la derecha dedicados a saquear el país en provecho propio, casi todos funcionarios públicos. Aguirre, Cospedal, González, Santamaría.., todos funcionarios públicos empeñados en desmantelar la función pública en beneficio de empresas privadas que luego sabrán recompensarlos. Y Cospedal en la cúspide. Se estará más o menos de acuerdo con la señora en la exacta tipificación de las figuras, de si se trata de un robo y si, por lo tanto, Cospedal es o no una ladrona. Pero no cabe duda de que su comportamiento, como el de su gobierno, si no ilegal, es profundamente injusto, inmoral e indignante. Incluso en lo personal.

Tanto Cospedal como Rajoy, Sáez de Santamaría y otros cargos (también del PSOE cuando toca) cobran dos sueldos, uno con cargo al Estado, como presidenta de CLM, y otro con cargo al partido, como secretaria general pero, en el fondo, en realidad, también con cargo al Estado pues los partidos se financian con fondos públicos. Total, unos 225.000 euros anuales se levanta la moza, sin contar todo tipo de bicocas; igual que Rajoy y tutti quanti. Es legal porque no se vulnera directamente la vigente Ley de Incompatibilidades pues los partidos políticos no son órganos del Estado. Pero esto es un ardid, una artimaña, en el fondo, un fraude. A los efectos económicos sí son órganos públicos y estas gentes están cobrando indebidamente dos sueldos. Entre otras cosas porque, para poder ser presidente del gobierno o de CLM hace falta como requisito real ser jefe o subjefe del partido. Es decir, están cobrando dos sueldazos en época de miseria general. Y que esta misma Dolores Cospedal eche interinos a la calle, cierre urgencias médicas, prive a la gente de servicios y deje a los diputados de la oposición sin salario es algo que indigna a cualquiera con algo de sensibilidad. No parece ser el caso de la secretaria general del partido de los trabajadores.

Pero no acaba ahí el asunto. Es política general del gobierno emplear retóricas baratas para ocultar un latrocinio que la gente entiende a la perfección: quitar dinero a los jubilados, a los dependientes, etc, para entregárselo a los bancos, los de las autopistas, los casinos de juegos, las eléctricas, etc es ni más ni menos que lo que dice la señora "robar a los pobres para entregárselo a los ricos".

El sentir de todo el país. Por eso es tan importante que, por fin, haya salido un político de izquierda, Tomás Gómez, a decir lo que las izquierdas, todas, debieran poner como punto primero de sus programas electorales, que revertirá todas las privatizaciones del PP si llega al poder en Madrid. En Madrid y en toda España. La izquierda no puede asistir impasible al expolio de todos los bienes del común, los servicios públicos, financiados con el dinero de todos en beneficio de unos cuantos aprovechados. Y tiene que quedar claro a estos privatizadores y a quienes se beneficien hoy con estos  saqueos, que volverán a perderlos. Y no solo la sanidad: todo lo que los apandadores están rapiñando: se repondrán las sisas a los pensionistas, a los funcionarios, a los dependientes, a todos los que se ha saqueado y se financiará con la lucha contra el fraude fiscal en todos los órdenes y la mayor presión impositiva sobre bancos, empresas y grandes fortunas, así como por la eliminación de los más indignantes privilegios, como los de la iglesia católica.

Así ganará las elecciones la izquierda, defendiendo a la gente frente a los bancos, los ricos, los curas y demás depredadores.

Dejo para otro día el comentario sobre el editorial de El País de hoy, titulado Debate constituyente, una pieza cómica en la que tras repetir como un papagayo lo que todo el establishment dice, esto es, que qué buena constitución, qué sensata, moderada, razonable, a continuación dice que hay que reformarla a fondo... pero sin atreverse a señalar más que dos o tres aspectos concretos para reconocer acto seguido que no será posible reformarla por falta de consenso. O sea, sí fue una Constitución impuesta.

(La imagen es una foto de PP Madrid, bajo licencia Creative Commons).

La batalla de los hospitales y el socialismo zen.

A la izquierda, la sábana que cuelga Palinuro en seguimiento de la recomendación del personal sanitario que defiende la sanidad pública. No podemos perder esta batalla. Hay que apoyar a los médicos y al resto del personal de los hospitales públicos. Conseguir que sigan siendo públicos. Sin caer en las trampas y señuelos de los sofistas de la privatización. Es un expolio de la colectividad mediante el que se entregan a unas empresas privadas unas infraestructuras fabulosas por las que no han pagado nada para que hagan negocios opíparos. En definitiva, negocios a costa de nuestra salud.

Hasta la fecha el gobierno de la C.A. de Madrid no ha mostrado un solo estudio independiente que pruebe el ahorro o la mayor eficiencia de la privatización. Ni ha consultado una sola vez con los estamentos afectados. Ha impuesto un plan poco menos que secreto, probablemente pactado con las empresas y sin información pública creíble. Es una decisión política que queda en evidencia cuando el responsable del plan de privatización, el consejero de Sanidad, Fernández-Lasquetty, espeta a un entrevistador que "no hay negociación posible". Fina sensibilidad democrática. Todo el mundo a callar y a hacer lo que yo diga, aunque no esté fundamentado en nada sino en mi deseo de enriquecer a mis amigos a costa del derecho a la salud de la población.

No, no podemos perder esta batalla y el señor Fernández-Lasquetty debe dimitir.

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En mitad de este fragor, con el conjunto de la sociedad convulsa por todo tipo de conflictos, sociales, territoriales, profesionales, etc, el PSOE se esfuerza en emprender el camino de la suma perfección budista, alcanzar la imperturbabilidad absoluta que lo lleve a fundirse con la nada, a suspenderse en el cosmos. Cuenta El País que el pasado 16 de diciembre, antes pues de las elecciones catalanas, Rubalcaba reunió discretamente en Madrid a los barones de su predilección junto a otros altos cargos también cercanos en cuerpo y alma para arbitrar huis clos la marcha del partido en los próximos dos a tres años: nada de agitaciones internas, nada de cuestiones orgánicas, primarias o no primarias, nada de nombres y cargos: paz, ataraxia, quietud, nirvana. Necesitamos sosiego, apartamiento del mundo para la gran obra de regeneración ideológica que espera en un magno congreso en enero dedicado a las cosas de la teoría. Hay que reaparecer portando una nueva oferta a la ciudadanía, algo que permita al partido recuperar la confianza del electorado.

La dirección ha encargado a Ramón Jáuregui la tarea de poner negro sobre blanco el prodigio de la nueva Ave Fénix. Jáuregui ha reunido una nutrida cuota del estamento pensante -son, parece, trescientas cabezas- dividido en especialidades y se encargará luego de sintetizar sus propuestas y conclusiones en un documento programático. Algo que recuerda el extinto Programa 2000 que no pasó de la crisis de 1992. Ahora se pretende que la crisis no sea la enterradora, sino la partera de la nueva criatura a la que, por seguir la costumbre, podrían bautizar Programa 3000. Ya se sabe que estos programas no duran tanto, aunque tampoco suelen ser tan efímeros como el último de Rajoy. Para todo esto se requiere la paz, el olvido de un convento zen.

¡Esos jóvenes que han salido con un vídeo pidiendo perdón! Jáuregui les echa una paternal reprimenda. Lo del perdón está fuera de lugar. Quietos todos que hay que reflexionar. Sin embargo, los penitentes vuelven al ataque y es la consejera de Presidencia e Igualdad de la Junta de Andalucía, Díaz Pacheco, la que pide perdón en nombre propio y en el del presidente Griñán por haber reformado la Constitución sin consultar a la ciudadanía. No sé si Jáuregui estará de acuerdo pero esto es más que pedir perdón; esto es adelantar y sacar al ámbito público un debate que muchos quisieran interno y, a ser posible, que ni lo hubiera. Con tanto ruido es imposible alcanzar la perfección zen, consistente en la más absoluta inacción.

Téngase en cuenta que esa realidad conflictiva, con un gobierno que agrede sistemáticamente al pueblo y un pueblo que empieza a organizarse en formas de autodefensa, están produciéndose hechos que tendrán su influencia después en los resultados electorales de las izquierdas. De momento, la percepción que tiene la ciudadanía es que los únicos que están haciendo frente de verdad a las agresiones del gobierno son los de IU. Esa iniciativa que han tenido de querellarse contra Cristina Cifuentes por intentar criminalizar el ejercicio de los derechos constitucionales es magnífica y merece el aplauso y el apoyo de todos los demócratas. Hay que parar esta maquinaria de represión que nos viene encima en todos los niveles, físicos y mentales. Y los únicos que están presentes claramente en las movilizaciones de resistencia son los de IU. Esto recuerda los tiempos del franquismo cuando quien quería luchar contra Franco tenía que ingresar en el Partido Comunista, que era el único que lo hacía. Como ahora con el neofranquismo.

Eso es lo que tenía que hacer también el PSOE, aparte desde luego de la refundación ideológica: estar en la calle, ayudar a la gente que, según reconocen sus dirigentes, lo está pasando mal, pronunciarse sobre los abusos del gobierno y oponerse a ellos, combatirlos en el Parlamento y en los tribunales. La versión catalana de IU propone una conferencia de unión de todas las izquierdas para hacer frente a las políticas de expolio, que el gobierno llama de "austeridad". Ignoro si considera de izquierda el PSC, pero eso es lo que debía de estar haciendo el PSOE: convocar una conferencia unitaria de la izquierda en busca de una plataforma común de lucha contra la gestión neoliberal de la crisis con arreglo a la cual esta la pagan los sectores más desfavorecidos. Dejen el zen para otro momento.

(La imagen es una foto de Jessie Pearl, bajo licencia Creative Commons).

La sanidad pública no se vende. Se defiende.

Propone Tomás Gómez reformar la Constitución para, entre otras cosas (supongo), "blindar el sistema público de pensiones". De acuerdo. Pero también el sistema educativo y el sanitario públicos. Sobre todo el segundo por ser esencial ya que, si las pensiones afectan a los jubilados, la salud pública nos afecta a todos.

El sistema público de salud es un pilar fundamental del Estado del bienestar; los otros son el derecho del trabajo, la educación y las clases pasivas. Atacarlos es atacar el Estado, el modelo mismo de la sociedad del bienestar, relativamente pacificada con algunos atisbos de igualdad. Es volver a la sociedad del conflicto, el enfrentamiento, la desigualdad. Está pasando con las políticas del PP, que ya comenzaron con el PSOE. Del derecho del trabajo casi no queda nada, la educación está sufriendo muy duros golpes y los jubilados pierden capacidad adquisitiva.

Pero el más grave hasta la fecha es el ataque al sistema público de salud, con una ferocidad descomunal, probablemente porque lo perpetran las Comunidades Autónomas, que tienen transferida la competencia. El plan de privatizaciones de Madrid es el mayor golpe que se haya dado hasta la fecha al servicio hospitalario en su conjunto. Llueve, además, sobre mojado, tras los conflictos sectoriales con el profesorado, los estudiantes, los mineros, los funcionarios (incluidos los policías), los desahuciados, los jueces, los trabajadores, etc.

Pero este conflicto de la sanidad es mucho más grave porque afecta a un derecho que la población tiene muy interiorizado y se vive con mucha más alarma e irritación, después del euro por receta y el repago de los medicamentos. Añádase a ello que el colectivo sanitario español en su conjunto seguramente es el que más prestigio tiene, el más valorado por la población. Y con justicia. Durante años las autoridades han presumido de que teníamos el mejor servicio de salud pública de Europa, con profesionales de renombre mundial y personal auxiliar de entrega absoluta. Un servicio de primer orden. Público. La gente lo sabe y muestra un apoyo cerrado a la huelga de personal sanitario que afecta a todos sus servicios, categorías y estamentos. Esta ha tenido un seguimiento entre el 80 y el 85%, según los organizadores, aunque la consejería correspondiente, en uso de su derecho a contar como la gobernadora Cifuentes cuando cuenta las manifestaciones que no le gustan, la reduce al 26,5%. Hasta le pone un decimal por lo de la verosimilitud.

El gobierno tiene un problema de primer orden por cuanto no es competente y puede chocar con los autonómicos de su propio partido, encontrándose, al final, con varios modelos de servicios sanitarios según comunidades autónomas. Un problema de primer orden con un colectivo de mucho prestigio, muy combativo y muy apoyado por la población que, con razón, se siente esquilmada.

Viene a la memoria que la señora Thatcher cayó en una sublevación interna de su partido a causa de dos propuestas vistas como muy antisociales: un impuesto de capitación y la privatización del Servicio Nacional de Salud. Obviamente, no hay similitud alguna en los otros datos. Thatcher llevaba once años en el poder y Rajoy acaba de estrenarse. Pero es cierto que la situación se contempla con inquietud. De no ser así, el PP de Madrid no hubiera sacado un vídeo justificando la privatización que es un ejemplo perfecto de la reconocida táctica del PP de la proyección, esto es, acusar a los demás de lo que uno hace. Porque el vídeo se llama, tiene narices, que no te engañen. Cuando el engaño es el alma misma de la privatización.

Porque ¿puede el PP, el gobierno de Madrid, Ignacio González o quien sea explicar por qué hay que privatizar el servicio público de salud? Se aducen razones de ahorro y eficiencia. Pero, que yo sepa, el gobierno autonómico no ha mostrado un solo estudio o dictamen que las justifique. Ni siquiera ha consultado la opinión profesional de los colectivos afectados, ni los jefes, ni los médicos, ni los enfermeros, ni, por supuesto, ha preguntado a los pacientes. Es una reforma por privatización de ordeno y mando en función de un proyecto que no se ha mostrado ni mucho menos debatido en público.

Y es que no puede ser de otro modo porque, como es evidente, la privatización implica beneficio, lucro privado de unas empresas, tres o cuatro, especializadas en vivir de las contratas públicas, de su relación de favor con el poder político. Son los mismos que luego te endilgan largas teóricas sobre la necesidad de separación entre el Estado y el mercado. Una separación tan nítida, decía Ayn Rand, como la de la iglesia y el Estado. El mercado tiene sus leyes. La fundamental, la ganancia, el lucro. Lo de menos es que se preste el servicio; lo de más, que deje beneficio. Y así es como se pone la infraestructura pública de la sanidad, financiada con el dinero de todos, al servicio de unos intereses privados que, con una reducida inversión, recogen ganancias fabulosas.

Reiteran las derechas privatizadoras que el servicio público de salud no es sostenible. Pero eso no es cierto. Lo es en todas partes en Europa y aquí si hay voluntad política de que lo sea mediante las correspondientes reformas y la política fiscal.

El conflicto de la salud pública nos afecta a tod@s y si tod@s admitimos perder el derecho a la salud, garantizado por el único que puede hacerlo, que es el sistema público, los poderes públicos, el infierno será el límite.

El peaje y el imperio de la ley.

¿De dónde, voto al chápiro, han salido estas gentes? ¿Qué idea tienen del Estado de derecho, del principio de legalidad, de la igualdad ante la ley, de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos? ¿Qué se han creído? Pregunta retórica a fuer de sabida la respuesta: creen que ellos y quienes ellos digan, esto es, los ricos, están por encima de la ley. Si, para conseguirlo, hay que cambiar la ley, se cambia, como han hecho con la de RTVE; si hay que imponer una excepción, se impone, como la amnistía fiscal a los del dinero negro; si hay que legislar ex novo, se legisla, como sucede con la nueva ley de tasas judiciales.

Ahora vienen los peajes. En España el límite en autopista son 120 Km. Si te pasas y te pillan, te multan y mucho. Pero, si tienes dinero, te puedes pasar tranquilamente pagando el peaje que, al fin y al cabo, razonaría un cínico, es como un par de multas en cómodos plazos. En román paladino: la ley es igual para todos menos para los ricos, que están exentos. Como estará exento Adelson (Eurovegas) de pagar impuestos porque a estos gobernantes les da la gana. Es parte del cuadro general que también afecta a la sanidad, la educación; la justicia, ahora la circulación viaria y mañana la seguridad urbana. Y esa es la cuestión esencial del nuevo ataque del gobierno al Estado de derecho y a la democracia. La única que, al parecer no se discute. Y, sin embargo, es la importante porque esa medida es anticonstitucional.

Al presentarla, el PP ha hecho una escenificación entre sentimental y práctica que pretende obviar esa cuestión de fondo de que la propuesta sea anticonstitucional. Que la defensa haya sido a cargo de un diputado parapléjico a causa de un accidente de coche, en su silla de ruedas tiene, desde luego, mucho efecto mediático, pero no el que su partido pretende. El límite de velocidad está para impedir estas desgracias. Utilizar la imagen de esta desgracia para eliminar el límite de velocidad carece de sentido. Salvo si lo que se quiere decir es que la seguridad aumenta con la velocidad y, por tanto, lo mejor es abolir los límites. En peaje, claro. No sería de extrañar pues es su lenguaje habitual: prohiben el derecho de la mujer a decidir con la intención, dicen, de garantizar su libertad; imponen tasas al uso de la justicia para asegurar la gratuidad de la justicia, etc.

Los razonamientos (merece la pena leer el artículo vinculado más arriba) no pueden ser más pedestres y falsos: se pide la elevación del limite de velocidad para garantizar la sostenibilidad de las autopistas de peaje, ya que son deficitarias. Y eso lo hacen los que dicen que el Estado no debe intervenir en el mercado. Obviamente, salvo cuando los ricos están en peligro. Se añade que el tráfico que se vaya al peaje aliviará la densidad de circulación de las autopistas públicas. No se dice pero es muy de suponer, que estas se deteriorarán a gran velocidad y empezará a haber conductores migrantes al peaje en contra de su voluntad. Porque aquí se asiste a una privatización más y en forma de bandidaje de la alta sierra o highway robbery. Ciertamente, se trata de una suposición. Como también se trata de una suposición la malicia de que en las autopistas de peaje no se impondrán multas, ni habrá radares, ni cámaras fotográficas. ¿Nos apostamos algo? Las multas las pagarán los desgraciados de los 120 Km y tocarán a más porque el Estado no aceptará el lucro cesante.

El resto de los argumentos esgrimidos por quienes presentan la proposición no de ley hacen abrigar serias dudas sobre el grado de madurez intelectual de los autores. Sostienen estos, al parecer, que el circular más rápido acorta los tiempos de desplazamiento y ayuda a dinamizar la economía española. No me dirán que lo primero no es brillante: ir más rápido permite llegar antes. Es alucinante. Claro que, en el fondo, no es un enunciado o un aserto sino un reclamo simbólico en donde lo que se quiere decir es si pagas, llegas antes. Bueno, al fin y al cabo es en lo que se basan los servicios de urgencias, incluido el de Correos, un servicio público: si pagas (más), tus envíos llegan antes. El problema es que las autopistas son negocios privados a quienes se exime del cumplimiento de la ley por un pago en metálico para eso, para bolsillos privados.

La segunda afirmación, es que eximir a los ricos del cumplimiento de la ley ayuda a dinamizar la economía española. Es mentira como lo era su teoría madre del trickle down (la teoría del "goteo") reaganiana que, en el fondo, era la elaboración neoclásica de la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro y tan fatástica como esta. Además de mentira es una invocación de rigor, como los gritos que daban sus antecesores ideológicos, aquellos del cuya vida guarde Dios muchos años.

Pero si los proponentes tienen este nivel, el de la Dirección General de Tráfico (DGT) lo supera hacia abajo. Dice una responsable de la DGT que solo se admitirá la subida del límite si se dan tres condiciones: que mejore la economía, que haya un “récord histórico” en baja accidentalidad en los tramos afectados y, siempre, estaría condicionada a las circunstancias del tráfico y las condiciones meteorológicas. Lo de las circunstancias del tráfico y las condiciones meteorológicas es como lo de llegar antes. Pero eso de imponer como condiciones dos futuribles es ya puro esperpento.

Los dinamiteros

Que España está intervenida y, en lo que nos dejan, gobernada por un necio incompetente, embustero, presuntuoso y cobarde es la evidencia misma a estas alturas, no lo ignora nadie y menos que nadie quienes lo pusieron en donde está para que les haga el trabajo y mientras se lo haga. De momento no ven razones para quitarlo pues, aunque todas sus decisiones son monumentos a la estupidez, en líneas generales va cumpliendo el programa que le dictan los empresarios y los banqueros a cuyo servicio está: desmantelar el Estado del bienestar a toda velocidad. En cuanto al resto, ya se verá. Su última ocurrencia de estratega de pacotilla es endosarle al Borbón la autoría de la mayor agresión de la historia a la justicia social, llevándolo a presidir el consejo de ministros, cosa a la que el rey se ha prestado bien porque ya no sale en las fotos si no hay elefantes, bien porque -y es lo más probable- no calibra las consecuencias de sus actos. La humillación del monarca es patente en la foto. Que dos botarates que han arruinado un país tengan esperando al rey, muestra la situación a las claras. Pero allá el rey si, como su abuelo, quiere ligar el trono a la suerte de unos políticos corruptos y antipopulares. Es extraño que no lo haya visto el siempre servil ABC salvo que, como quiere el rumor que se extendió ayer por la capital, esté preparándose un golpe de Estado militar que acabaría por hundir España.

Al margen de hispánicas neurosis y tremendismos, en efecto, los recortes del gobierno suponen la destrucción del Estado del bienestar y la involución de España a los años de la pobreza, la injusticia y la emigración.El nombramiento del que da fe la foto de la derecha de Carlos Espinosa de los Monteros como administrador exterior de la marca España abona lo que se viene diciendo y, por cierto, prueba la consideración en que estos aprovechategis tienen al rey, del que dicen que es el primer embajador de España pero ignoran cuando les conviene. El tal Espinosa de los Monteros es un franquista prototípico (fue uno de los últimos nombramientos de Franco), que jamás ha hecho nada productivo en la vida, salvo ocupar cargos de nombramiento político con la tarea de destruir lo público, desprestigiarlo y abogar por lo privado. El pavo es un modelo de la casta de políticos neoliberales, todos ellos funcionarios públicos (como Fraga, como Rajoy, como los Aznar, etc) con la misión de arruinar y dinamitar el Estado desde dentro, al servicio del capital y la gran empresa que posteriormente sabe recompensar sus servicios con puestos rentabilísimos en las grandes compañías que se beneficiaron de sus actividades privatizadoras, expoliadoras y antipopulares cuando eran políticos. 

Es la doctrina neoliberal en estado puro: primero se montan fundaciones con dinero público (estilo FAES; los ladrones jamás arriesgan su peculio) con el fin de desacreditar lo colectivo, criticar el bienestar social como despilfarro y montar seudoteorías económicas más falsas que un maravedí de chocolate como que, si aumentan las rentas de los ricos también aumentan las de los pobres por el efecto trickle down y otras memeces para mentecatos. Con estas teorías montan programas electorales en los que piden rebajar impuestos, suprimir lo público, privatizar, reducir, adelgazar, el Estado, en definitiva, descapitalizarlo y arruinarlo. Ganan elecciones -normalmente haciendo todo tipo de chapuzas y engaños- y destinan a los gobiernos a sus políticos de élite, funcionarios públicos (abogados del Estado, economistas al servicio de Hacienda, inspectores de trabajo, etc) cuya misión es destruir el Estado del bienestar. Cuando, como es inevitable, sobreviene una crisis como la actual, sostienen que el Estado está en quiebra (son ellos los que lo han llevado ahí) y, por lo tanto, hay que expoliar a la población para resolver la deuda que acogota el crecimiento. Por supuesto, la iglesia católica, la grandes empresas y las mayores fortunas no forman parte de "la población". Los paganos son los trabajadores, los parados, los funcionarios (sobre quienes han vertido toneladas de descrédito, ellos, que lo son también), los dependientes, los inmigrantes, los jubilados.

En España la situación es explosiva y, francamente, debiera explotar.

(La segunda imagen es una foto de La Moncloa en el dominio público).

Ciento sesenta y cinco mil.

165.000 personas votamos ayer en madrid en la consulta popular sobre la privatización del Canal de Isabel II y más del 90% lo hicimos en contra.

En un domingo no muy apacible, sin publicidad, sin medios, con un clarísimo boicoteo de la Comunidad Autónoma que no quería que votara nadie, 165.000 votos son muchos votos y debieran obligar a Aguirre a recapacitar sobre el nuevo pillaje y expolio a que quiere someter un bien público, propiedad de todos.

Pero eso será inútil. La derecha no tiene interés en gobernar si no es para hacer negocios y el más fabuloso consiste en vender a los amigos las empresas públicas levantadas con el esfuerzo de la gente por un precio ridículo. Luego, los amigos te nombran algo cuando has dejado el gobierno y todo sale a pedir de boca en el expolio de lo que es de todos.

No, no creo que este referéndum vaya a cambiar el propósito de Aguirre de arrebatar el agua a los madrileños para dársela a algún compinche. Pero sí podría ser el comienzo de un movimiento de resistencia ante el robo descarado de la derecha. 165.000 son muchos votos y de ellos puede salir el impulso inicial para poner en marcha una plataforma cívica en contra del expolio de los bienes públicos. Algo con más voluntad de continuidad y proyectos a medio y largo plazo. A lo mejor Equo podía ser el partido que encauzara esta protesta porque es el que más se ha movido para conseguir el referéndum.

El timo de las empresas de mensajería.

Cuando se privatizaron algunos servicios de correos, en concreto los más lucrativos, esto es, la mensajería y la paquetería, la propaganda de las empresas privadas que querían quedarse con el negocio ya había acuñado una imagen destructiva, demoledora, del servicio postal: caro, lento, ineficiente, descuidado, las cartas se perdían, los paquetes se devolvían, etc., etc. Todo era mentira, como las demás "críticas" que se han estado haciendo a otros servicios públicos que el capital privado codicia. Porque en algo es realmente maestro este capital: en el arte de la publicidad engañosa y la propaganda. Frente a él, Correos no tenía nada que hacer porque, siendo público, no hacía publicidad de sí mismo.

Sin embargo, el servicio de correos, aquí y en todas partes en el mundo civilizado es mil veces mejor y más eficiente, que esos chiringuitos de mensajería que han proliferado como las setas en las ciudades. En las ciudades, claro es, no en los campos en los que el servicio ruinoso de llevar una carta al año al abuelo que vive en un pueblo perdido de la sierra recae sobre Correos. Y aun así, éste, el servicio postal, además de esta función encomiable, es más eficiente que las empresas privadas por no otra razón que éstas no están para prestar un servicio sino para lucrar a sus propietarios, darles cuantiosos beneficios. Y ¿de dónde saldrán estos sino de hacer que los clientes paguen el servicio de mil maneras además de la dineraria?

Veamos un ejemplo de cómo funciona una cualquiera de estas empresas: estás esperando un paquete importante; la empresa, sin consultarte, te lo lleva a domicilio cuando le peta. ¿Que estás? Tienes tu paquete. ¿Que no estás? Te has metido en un lío. Algunas de estas empresas te dejan un aviso escrito y te piden que vayas a recoger el paquete en persona a su sede, sita en las Chimbambas, con lo cual, ya me dirás qué has ganado con relación a correos, cuya estafeta suele estar a una distancia próxima de tu casa.

En la ausencia, otras empresas te dicen que llames a un número de teléfono en el que te espera un buen rato de audición de cualquier detestable musicanga repetida sin parar así como la gangosería habitual de "nuestros agentes están todos ocupados; por favor, espere" (y pague). Cuando alguno de esos ocupados se desocupa, te dice que pasaron a dejarte el paquete, que no estabas y que van a volver, si te viene bien, mañana por la mañana. Pides que sea por la tarde; por la tarde no trabajan. Fuerza es por la mañana. ¿A qué hora? No te lo pueden decir porque depende de sus trayectos; "a lo largo de la mañana". Lo cual significa que te quedas de guardia en casa, dejas de ir al trabajo y todo con el riesgo de que tampoco vengan. Es decir, tienes que regalarles tu tiempo porque sí, porque les da la gana y quieren hacer negocio a costa tuya.

Finalmente, otros te llaman ellos mismos y se produce un diálogo similar al anterior. Como gracia generosa te dirán que el repartidor te llamará una hora antes. Por supuesto, desde un "número privado", para que no puedas saber quién es ni puedas devolver la llamada ni llamar al repartidor por tu cuenta con algún cambio de planes. Lo tuyo es esperarte en casa hasta que a estos mendas se les canten las narices ir a entregarte un paquete que es tuyo, que has pagado o te has comprometido a pagar y que llevas días esperando.

¿A que le ha pasado a todo el mundo? Mi último caso son unos envíos urgentes pedidos el día 1º de enero, entregados por el proveedor, Amazon, el dos de enero a la empresa MRW, supuestamente especializada en esas urgencias, con una previsión de tres a cinco días de plazo y que, a día 10 de enero aún no me han sido entregados, ni lo serán porque tienen que hacer un trayecto de Madrid a... Madrid, nada menos. Sí me han estado volviendo loco en cambio con llamadas contradictorias y promesas falsas.

Mi anhelo más ferviente es que Amazon vuelva a confiar en Correos entre otras cosas porque, de seguir haciéndolo en la gente de MRW, no volveré a comprar uno solo de sus productos y contaré a todo el mundo, como lo hago ahora, el trato sufrido por unas empresas que presumen de lo que no son ni tienen.

(La imagen es una foto de robin.elaine, bajo licencia de Creative Commons).

O no.

Todos los sondeos son apabullantes. A día de hoy dan por seguro el hundimiento de la izquierda y una victoria rotunda, sin precedentes, de la derecha. Cunde el derrotismo y la resignación en las filas socialistas, mientras en el PP reina una eufórica seguridad en el triunfo.

Nada habría que objetar a estas predicciones si hubieran surgido de un juego democrático limpio, civilizado y respetuoso con las instituciones y los participantes. La esencia de la democracia es la regla de la mayoría y la mayoría puede ser cambiante, lo que da lugar a la alternancia en el poder después de un período de debate en el que haya quedado claro que la oposición se ha ganado el apoyo de la mayoría y el gobierno lo ha perdido.

Pero no ha sido así. La oposición de la derecha en las dos últimas legislaturas ha sido un aluvión estridente, continuo, generalizado, de descalificaciones, insultos e infundios. Después de los cuatro primeros años de las patrañas sobre los atentados del 11-M, han venido sucesivas campañas de insidias, calumnias, acusaciones falsas. Grandes escándalos jaleados desde los medios e instrumentalizados por el grupo parlamentario, que se han mantenido vivos cuanto se ha podido con el fin de desprestigiar al gobierno aun sabiendo que no respondían a hechos ciertos. Acusaciones como la de los EREs en Andalucía, las supuestas prevaricaciones de Chaves, el presunto enriquecimiento ilícito de Bono, las increibles fábulas del caso Faisán son luego desactivadas por los tribunales pero, entre tanto, cumplen su función de erosionar y, cuando se descubre que son falsas, nadie reconoce haber actuado de modo injusto. Probablemente lo mismo sucederá en lo referente a José Blanco pero, mientras así es, el supuesto caso permite bambardear al PSOE con todo tipo de acusaciones.

La ventaja de estas prácticas de escandalosos linchamientos es que no permiten que se hable de otros asuntos, como el caso Gürtel que sí tiene peso procesal y apunta a una red generalizada de corrupción y delito que afecta de lleno al PP. El ámbito mediático, la esfera pública, la opinión publicada es atronadoramente contraria al gobierno, mediante estos procedimientos sensacionalistas. Éste, el gobierno y el partido que lo respalda, carecen de apoyos mediáticos. Ninguno de los medios privados tiene una relación tan estrecha con el PSOE como la que tienen los de la derecha con el PP. En cuanto a los públicos cualquier persona imparcial que compare RTVE con Telemadrid sabe que la diferencia es abismal.

Tiene razón Rubalcaba cuando dice que la izquierda sólo cuenta con los votos puesto que no tiene medios de comunicación ni capital. Lo de los medios es evidente. Lo del capital también, pero hay que mencionarlo. Si Rajoy gana las elecciones, su lucha contra el paro sin duda se verá beneficiada por una actitud colaboradora de los empresarios que estos han negado al PSOE, convirtiéndola en hostilidad. Es posible que el PSOE merezca perder las elecciones -habría que demostrarlo relacionándolo con la(s) alternativa(s)- pero, desde luego, el PP no merece ganarlas ya que su buena perspectiva no nace de haber demostrado las insuficiencias del PSOE sino de haber acumulado dicterios sobre su gobierno. Por lo demás los mismos ciudadanos que hablan de votar en masa al PP tienen en mejor concepto a Rubalcaba que a Rajoy.

Además de la derecha, el candidato socialista se encuentra a una izquierda convencida de que ha llegado el momento del sorpasso. Espera ésta un batacazo del PSOE similar al de la UCD en 1982 y ayuda a ello pidiendo que no se le vote, ya que es igual que el PP. Ve así el momento de salir del marasmo de casi 35 años de irrelevancia parlamentaria en los cuales no ha hecho nada por transformar la realidad a pesar de designarse a sí misma como izquierda transformadora. Realidad que el PSOE sí ha transformado y hasta radicalmente, como suele decir Aznar. Ciertamente las posibilidades de esta izquierda de ser contrapeso parlamentario real al PP son inexistentes pero eso no es decisivo ya que de lo que se trata es de que el PSOE no gobierne, con lo que lo hará el PP que, al fin y al cabo, es igual que él. Pero ¿lo es en realidad?

A pesar de las ambigüedades programáticas de la derecha, de los silencios y escapatorias de su candidato, tomando noticia de lo que dice y hace allí en donde aquella gobierna, no es exagerado decir que una victoria del PP significará no sólo el desmantelamiento del Estado del bienestar sino también una involución en todos los frentes: se suprimirán derechos como el aborto, el matrimonio de los homosexuales, la igualdad, la ayuda a la dependencia o el de no recibir adoctrinamiento religioso en la escuela. Un retorno del nacionalcatolicismo que los obispos dan por seguro. Francamente, no veo a los cristianos de base, los demócratas, votando este programa.

En cuanto a los servicios públicos, la política será la privatización a mansalva en todos los órdenes, por supuesto la educación y la sanidad los primeros. Dice el candidato que no los tocará, pero es que apenas son de su incumbencia, ya que se trata de competencias de las Comunidades Autónomas. La privatización afectará a todo servicio público que presente el mínimo atisbo de ser un negocio a expensas de los derechos de los ciudadanos: las radiotelevisiones públicas, la justicia, la defensa, prácticamente todo gasto público que pueda convertirse en ingreso privado. Tampoco entiendo que las clases medias vayan a apoyar estas previsones.

Los destrozos mayores esperan en lo ecónomico y laboral: reducción de salarios, disminución de impuestos al capital y a los empresarios, reforma laboral orientada al despido gratuito y sustitución de los convenios colectivos por acuerdos de empresa. Tampoco veo a los trabajadores votando a favor de condiciones laborales que, pactadas en un tiempo de cinco millones de parados, pueden frisar en la esclavitud.

Por todo lo cual supongo que el PP hará bien en no creer que el triunfo esté asegurado y el PSOE en no darse por vencido sea cual sea la diferencia en intención de voto. Porque una cosa es la intención y otra el voto.

La doctrina del tiburón.

Hace un par de días Palinuro señalaba que el programa del PP para las próximas elecciones ya no está oculto pues distintos altos dirigentes, empezando por Rajoy, así como presidentes de Comunidades Autónomas lo han ido desgranando poco a poco en dichos y hechos. Por si eso no fuera suficiente, ayer en los desayunos de TVE Cristóbal Montoro formuló la teoría que justifica ese programa. Es una teoría clásica pero, al tiempo, contradictoria, confusa, porque en realidad no es una teoría, sino una fórmula depredadora de carácter ideológico que pretende acabar con el Estado del bienestar en beneficio del capital. Su núcleo es la afirmación de que no es el Estado el que garantiza el bienestar.

El Estado del bienestar se llama así porque se basa en la convicción de que la educación, la salud, la vivienda y las pensiones son derechos de los ciudadanos. Derechos, no mercedes. Como Montoro no puede ignorar que sólo el Estado garantiza derechos en nuestra sociedad, pues es su función, la única forma de entender su afirmación es que no considere que la educación, la sanidad, la vivienda y las pensiones sean derechos. En el fondo, en efecto, tal cosa es lo que los conservadores creen, que no son derechos, sino que dependen de la buena voluntad de los acaudalados, de su caridad, de lo que la portavoz socialista Elena Valenciano llama la beneficencia.

El ataque al Estado del bienestar es, en el fondo, el ataque a la misma condición de ciudadanía en cuanto titularidad de derechos, de acuerdo con la celebrada teoría de T. H. Marshall que consideraba alcanzada la ciudadanía plena cuando estuvieran garantizados los derechos civiles, políticos y sociales, siendo los últimos, por supuesto, los mencionados más arriba. Despojar a los ciudadanos de los derechos sociales equivale a despojarlos de su condición ciudadana, reconvertirlos en súbditos, incluso siervos, sin derechos, a merced de la la ley del más fuerte.

Dada la conciencia moral de la época, esto no se puede decir, por lo que Montoro se enreda en una explicación confusa, embrollada, que deja aun más patente que su doctrina es la del tiburón. Su visión del bienestar no se formula en términos de derechos (que son quiméricos) sino de rentabilidad y eficiencia económica, que quiere ser una mentalidad práctica, la tecnocrática de toda la vida: habrá bienestar si hay con qué pagarlo, esto es, el bienestar dependerá del empleo y de la renta. A primera vista, nada que objetar. Si no hay dinero, no habrá con qué atender a los gastos de los derechos sociales. Y ¿quién garantiza que haya empleo y renta? De eso es de lo que tiene que ocuparse el gobierno, dice Montoro; es decir, el Estado. Pero tal cosa es contradictoria con el pensamiento liberal que anima a Montoro y el conjunto del PP, según el cual, el empleo y la renta son cosas del mercado. Era Keynes quien decía que dependen de la acción del Estado y por eso tituló su obra fundamental Teoría general del empleo, el interés y el dinero. Punto básico de la doctrina del Estado del bienestar: es la intervención del Estado la que debe garantizar el pleno empleo.

¡Ah, pero el Estado del bienestar, en crisis desde 1981, dice Montoro, es una pesada maquinaria de despilfarro y mala gestión! El Estado del bienestar según la doctrina liberal es el principal responsable de su propia crisis. Para resolverla hay que conseguir que los servicios públicos se gestionen con eficiencia de empresa privada y, como esto es algo que el Estado no puede hacer (ya que no es una entidad con ánimo de lucro), lo mejor es privatizarlos y que el Estado se encargue de poner las condiciones para que, mediando el empleo y las rentas, las gentes tengan después con qué pagarse esos servicios. Dado que Montoro debe de ser buen cristiano, está dispuesto a hacer excepciones con algunos sectores especialmente vulnerables, como los ancianos o los jóvenes sin recursos. Los demás, a los tiburones del mercado.

En su contradicción, la teoría es depredadora: se despoja a los ciudadanos de los derechos sociales y, por lo tanto, se exime al Estado del deber de garantizarlos. El Estado se concentrará en asegurar el pleno empleo y la renta y de lo demás se encargará el mercado, en donde las necesidades educativas, sanitarias, de vivienda y pensiones de la población serán la base de pingües negocios de las empresas privadas que así garantizarán la vuelta a la sociedad de la abundancia. Si acaso el Estado habrá de subvencionar a esas empresas para que puedan atender con eficiencia privada aquellas necesidades. Es una especie de crudo neokeynesianismo que consiste en poner el Estado no al servicio de los ciudadanos sino de la valorización del capital. Y eso, obviamente, no será despilfarro.

El mucho sufrimiento que la doctrina del tiburón provoca no hace ésta menos inepta. Lo que está en crisis desde los años ochenta no es el Estado del bienestar sino las fórmulas neoliberales que vienen aplicándose desde entonces para desmantelarlo, y que han conducido a este desastre en el que nos encontramos.

(La imagen es una foto de hermanusbackpackers, bajo licencia de Creative Commons).

Privatizaciones: el expolio como programa.

Así como en los buenos viejos tiempos del Estado del bienestar la palabra mágica era socialización, incluso en Occidente, a partir de los años ochenta, con la llamada "revolución conservadora", iniciada por Thatcher y Reagan, la palabra mágica es privatización. En la medida en que el lenguaje es inseparable del contenido que transmite, el cambio de términos ha sido un éxito. Socialización suena a anticuado, pesado, ineficiente, corrupto e irracional mientras que privatización suena a moderno, ágil, serio, eficiente, racional. Todo un éxito. Todo un éxito porque parte de una teoría falsa que pasa por incuestionable: que el sector público es siempre más ineficiente por naturaleza.

La teoría no dispone de pruebas empíricas irrefutables. Hay empresas públicas muy eficientes y empresas privadas muy ineficientes. Pero, se dice, cuando las privadas son ineficientes tienen que cerrar y las públicas, no. Esto es cierto pero no hace al caso de la teoría ya que la naturaleza jurídica de las empresas (públicas o privadas) no prejuzga su eficiencia.

Es que, además, la teoría es falsa en sí misma. No es cierto que las empresas privadas sean más eficientes. Ello supondría que hay un criterio único de eficiencia para el sector público y el privado y eso es imposible dado que el público no busca la rentabilidad sino la satisfación de necesidades que se articulan como derechos. Las empresas privadas son, sí, más rentables en términos de beneficios privados. Pero eso es algo distinto. A su vez, las empresas públicas pueden ser muy eficientes si se gestionan adecuadamente teniendo en cuenta que su finalidad no es el beneficio privado sino el interés general.

La política de privatizaciones que practican los conservadores, firmes neoliberales, y que preconiza en España el señor Rajoy, juega en el terreno de la indefinición relativa del límite entre lo público y lo privado. Esa indefinición se da allí donde lo público afecta a la validez de derechos, como la sanidad, la educación públicas. Donde no afectaba, el procedimiento fue muy simple: las empresas públicas se vendieron como se vendió la Telefónica, por citar la más renombrada. Pero no es posible vender los hospitales o los colegios públicos porque la Constitución determina que los españoles tienen derecho a una sanidad y educación públicas. Y aquí es donde entra la indefinición a través de las interpretaciones tortuosas: la Constitución exige que la salud y la educación sean públicas pero nada dice sobre su gestión, que se puede privatizar.

Suena de nuevo el tintineo de la privatización, gracias a la cual la sanidad pública será más moderna, más flexible, más rápida, etc. Pero esto no es cierto, como puede comprobarse observando las prestaciones sanitarias en Madrid y Valencia, las dos comunidades en las que se privatiza la gestión, en relación con las demás. En cambio, se presta mucho a la aparición de la corrupción que en las dos comunidades ha venido siendo rampante.

Es verdad que la corrupción es un fenómeno transpartidista pero, si se consideran las dos corrupciones más significativas del PSOE y del PP (esto es, Filesa, Malesa, Time Export por un lado y "Gürtel" por el otro) se detectará una diferencia de la mayor importancia. En el caso del PSOE todas las corruptelas tenían como objetivo el beneficio personal del corrupto u, ocasionalmente, la financiación ilegal del partido. En el del PP, además de la financiación ilegal del partido, las corruptelas tienen como objetivo los beneficios de las empresas. Sin duda detrás de las empresas hay individuos concretos que se enriquecen pero, en principio, el beneficio de la corruptela es para una empresa. Tanta es la diferencia que, en este segundo caso, hay empresas que se constituyen exclusivamente para gestionar el negocio de la corrupción Esa indefinición y las oscuras relaciones de las empresas con la administración es la base misma de la corrupción que afecta de lleno al PP.

Es un fenómeno que recuerda la famosa institución de los privateers, en funcionamiento entre los siglos XVI y XIX, piratas, corsarios, mercenarios (que se dice hoy) gentes a quienes una patente de corso de su monarca autorizaba a abordar todo tipo de naves, incluso las comerciales, que enarbolaran el pabellón del país con el que se estaba en guerra. Como el "estado de guerra" en aquellos tiempos era difícil de determinar, dado que las hostilidades podían durar cien años, o treinta, o siete, los privateers actuaban siempre que se les presentaba una ocasión propicia para "privatizar" lo ajeno, fuera público o privado.

La base de la rentabilidad de las privatizaciones es que los beneficios que las empresas públicas reinvertirían en sus prestaciones, las privadas se los apropian privadamente. El fabuloso negocio de los nuevos privateers es que la gestion privada de los servicios públicos permite una utilización de infraestructuras de calidad sin tener que pagar por su amortización ni por su mantenimiento. Cuando la situación sea insostenible porque la infraestructura no se moderniza, la crítica a la ineficiencia del sector público se habrá hecho ya ensordecedora. Primero se destruye el sector público a base de convertirlo en recurso del privado, descapitalizándolo, y luego se argumenta que el sector público es un desastre para eliminarlo por entero.

Privatizar es expoliar a la gente de su propiedad colectiva a cambio de nada o de casi nada ya que, en cumplimiento de los juicios negativos acerca de la ineficiencia de la gestión pública, los gobiernos han vendido las empresas públicas a precios de saldo y, además, lo han hecho a propósito, para favorecer a su clientela.

(La imagen es una foto de Erprofe, bajo licencia de Creative Commons).

Poner fin a las privatizaciones.

La oleada de privatizaciones que se impuso en Occidente a raíz de la llamada "revolución conservadora" de las señoras Thatcher y Reagan en los años ochenta del siglo pasado trataba de invertir la tendencia de los tiempos hacia economías más y más socializadas. Se justificaba en el hecho de que dichas economías apenas eran ya capitalistas o de libre mercado sino antes bien semisocialistas y de planificación indicativa. Sostenía que las empresas administradas con criterios de privados funcionan siempre mejor que las empresas públicas y sacaba mucho partido de una enorme campaña que se hizo en contra de los sectores públicos de las economías.

A raíz de tal programa que entonces se presentaba como innovador y debido a una serie de circunstancias (estancamiento y hundimiento del comunismo, fin de las políticas keynesianas, crisis del modelo de crecimiento, dificultades en los mercados de materias primas y productos energéticos, creciente globalización, reconversión industrial en toda la línea, entre otras) casi todas las economías avanzadas aplicaron programas privatizadores. A la vuelta de veinte años, a fines de los noventa y comienzos del siglo XXI prácticamente no quedaba nada de los antiguos sectores públicos mercantiles e industriales. Los Estados se habían despojado de sus empresas, siderurgias, minería, automóviles, etc. No había, ni hay, muchas razones para sostener que los poderes públicos deban fabricar bolsos, maquinaria o extraer fosfatos. Con ello, los conservadores habían dado su primer asalto contra el Estado del bienestar y lo habían ganado en toda línea entre otras cosas porque, para que exista Estado del bienestar, no es necesario que la autoridad gestione empresas mercantiles.

Empezó entonces el segundo ataque, el intento de privatización de los servicios públicos: la sanidad, la educación, el trasporte, el correo, la seguridad, la justicia, la administración penitenciaria, etc, etc. Y aquí sí que hay una línea y una batalla que el mundo civilizado no puede perder frente al ansia depredadora de los neoliberales porque los servicios públicos se distinguen claramente del sector público mercantil en que atienden a la satisfación de derechos de los ciudadanos. La salud, la educación, la vivienda, son derechos; tener un coche o viajar en un barco propiedad del Estado, no.

Esta es la frontera que no se puede pasar. Desde que han comenzado las privatizaciones de los servicios públicos ha quedado ya bastante claro que estos funcionan peor y son más caros que cuando eran públicos. La enseñanza privada es más cara y peor que la pública; la sanidad, lo mismo; los servicios de mensajería son más costosos y peores que los de correos y de la "seguridad" que proporcionan los vigilantes jurados frente a los policías de toda la vida no hace falta hablar. Es hora de hacer un balance, darnos cuenta del grado de destrucción del tejido social que supone la privatización de los servicios públicos, coordinar la acción de quienes están en contra y dar la batalla para que los privatizadores no se alcen con el botín.

Porque la privatización es pillaje. Los neoliberales quieren privatizarlo todo porque hacen negocios con ello, bien directamente bien por medio de amigos y allegados. Es su forma peculiar de corrupción. La izquierda se corrompe metiendo la mano en la caja común (casos Roldán, Rubio, Urralburu, Otano, etc) y la derecha arrebatando sus propiedades al común y entregándoselas a sus amigos, allegados o a ella misma. Privatizar es saquear las arcas públicas, el dinero de todos en beneficio de unos pocos que son siempre los mismos. Basta ver cómo funciona el Gobierno de la Comunidad de Madrid bajo el frenesí privatizador de la señora Aguirre que no parece estar al frente del gobierno autonómico más que para que ella o los suyos hagan negocios. El ejemplo de esa parada del tren de alta velocidad en un apeadero de Guadalajara a unos quince kilómetros de la capital y no en ésta porque en el tal apeadero hay unos terrenos que son propiedad de alguien relacionado con la señora Aguirre es algo tan insólito y desvergonzado que no entiendo cómo sigue habiendo gente que vota a esta señora.

Pero la hay, lo cual la anima en su afán privatizador. Ahora está poniendo la sanidad de la C.A. en manos (y beneficios) de las empresas privadas y, en un futuro muy próximo, quiere hacer lo mismo con el Canal de Isabel II que abastece de agua a Madrid. Basta con leer los argumentos que se exponen en el escrito cuyo enlace figura aquí arriba para darse cuenta de que ese intento es una agresión a los intereses públicos, los del común de los madrileños, similar a los que se han perpetrado con la sanidad para que las empresas privadas hagan su agosto.

La verdad es que si los madrileños toleran que se salga con la suya una política tan oportunista, voraz, falta de escrúpulos y aprovechada como esta señora, cuya insolencia y falta de decoro llega al extremo de sostener que Franco era bastante socialista pues a lo mejor resulta que merecen que los gobierne. Al fin y al cabo no somos nosotros quienes hemos inventado el discurso de la servidumbre voluntaria. Si cada pueblo tiene los gobernantes que se merece será que esta persona inenarrable es lo que los madrileños se merecen. Parece mentira, pero así es.

La falta de vergüenza con que estos demagogos (demagoga en este caso) mendaces pueden decir estas barbaridades demuestra cuán en lo cierto está George Lakoff cuando sostiene que la izquierda, los progresistas, se han dejado arrebatar la hegemonía ideológica por los reaccionarios de este pelaje. Eso explica asimismo que el señor Bush, por otro nombre Matorral-pato-cojo, pueda salir en mitad del mayor fracaso que ha experimentado el capitalismo en los últimos tiempos a afirmar que el capitalismo no tiene la culpa de nada, ni el libre mercado (quiere decir, por supuesto, libre mercado sin ningún tipo de regulación o vigilancia) y nadie le pida que por favor se calle, que ya está bien. Al contrario, mirabile dictu, la bolsa sube. ¿No les parece a Vds. que el señor Matorral es como la señora Aguirre o al revés, la señora Aguirre igual que el señor Matorral? Los dos tienen la misma inverecundia, la misma agresividad hacia quienes no les halagan y la misma indiferencia de que los pillen en falsedades y renuncios. No son políticos; son depredadores. Si no están en el Gobierno piden a este que cierre el gasto público, que no gaste, lo que sucede en España y si están en el Gobierno lo expolian como sucede en los EEUU.