Los dinamiteros

Que España está intervenida y, en lo que nos dejan, gobernada por un necio incompetente, embustero, presuntuoso y cobarde es la evidencia misma a estas alturas, no lo ignora nadie y menos que nadie quienes lo pusieron en donde está para que les haga el trabajo y mientras se lo haga. De momento no ven razones para quitarlo pues, aunque todas sus decisiones son monumentos a la estupidez, en líneas generales va cumpliendo el programa que le dictan los empresarios y los banqueros a cuyo servicio está: desmantelar el Estado del bienestar a toda velocidad. En cuanto al resto, ya se verá. Su última ocurrencia de estratega de pacotilla es endosarle al Borbón la autoría de la mayor agresión de la historia a la justicia social, llevándolo a presidir el consejo de ministros, cosa a la que el rey se ha prestado bien porque ya no sale en las fotos si no hay elefantes, bien porque -y es lo más probable- no calibra las consecuencias de sus actos. La humillación del monarca es patente en la foto. Que dos botarates que han arruinado un país tengan esperando al rey, muestra la situación a las claras. Pero allá el rey si, como su abuelo, quiere ligar el trono a la suerte de unos políticos corruptos y antipopulares. Es extraño que no lo haya visto el siempre servil ABC salvo que, como quiere el rumor que se extendió ayer por la capital, esté preparándose un golpe de Estado militar que acabaría por hundir España.

Al margen de hispánicas neurosis y tremendismos, en efecto, los recortes del gobierno suponen la destrucción del Estado del bienestar y la involución de España a los años de la pobreza, la injusticia y la emigración.El nombramiento del que da fe la foto de la derecha de Carlos Espinosa de los Monteros como administrador exterior de la marca España abona lo que se viene diciendo y, por cierto, prueba la consideración en que estos aprovechategis tienen al rey, del que dicen que es el primer embajador de España pero ignoran cuando les conviene. El tal Espinosa de los Monteros es un franquista prototípico (fue uno de los últimos nombramientos de Franco), que jamás ha hecho nada productivo en la vida, salvo ocupar cargos de nombramiento político con la tarea de destruir lo público, desprestigiarlo y abogar por lo privado. El pavo es un modelo de la casta de políticos neoliberales, todos ellos funcionarios públicos (como Fraga, como Rajoy, como los Aznar, etc) con la misión de arruinar y dinamitar el Estado desde dentro, al servicio del capital y la gran empresa que posteriormente sabe recompensar sus servicios con puestos rentabilísimos en las grandes compañías que se beneficiaron de sus actividades privatizadoras, expoliadoras y antipopulares cuando eran políticos. 

Es la doctrina neoliberal en estado puro: primero se montan fundaciones con dinero público (estilo FAES; los ladrones jamás arriesgan su peculio) con el fin de desacreditar lo colectivo, criticar el bienestar social como despilfarro y montar seudoteorías económicas más falsas que un maravedí de chocolate como que, si aumentan las rentas de los ricos también aumentan las de los pobres por el efecto trickle down y otras memeces para mentecatos. Con estas teorías montan programas electorales en los que piden rebajar impuestos, suprimir lo público, privatizar, reducir, adelgazar, el Estado, en definitiva, descapitalizarlo y arruinarlo. Ganan elecciones -normalmente haciendo todo tipo de chapuzas y engaños- y destinan a los gobiernos a sus políticos de élite, funcionarios públicos (abogados del Estado, economistas al servicio de Hacienda, inspectores de trabajo, etc) cuya misión es destruir el Estado del bienestar. Cuando, como es inevitable, sobreviene una crisis como la actual, sostienen que el Estado está en quiebra (son ellos los que lo han llevado ahí) y, por lo tanto, hay que expoliar a la población para resolver la deuda que acogota el crecimiento. Por supuesto, la iglesia católica, la grandes empresas y las mayores fortunas no forman parte de "la población". Los paganos son los trabajadores, los parados, los funcionarios (sobre quienes han vertido toneladas de descrédito, ellos, que lo son también), los dependientes, los inmigrantes, los jubilados.

En España la situación es explosiva y, francamente, debiera explotar.

(La segunda imagen es una foto de La Moncloa en el dominio público).

Van por los sindicatos, por el derecho de huelga, por todo.

El programa oculto de la derecha está ya a la vista de todos y más que estará después de las elecciones andaluzas. Es una agresión, un ataque al Estado del bienestar, al derecho del trabajo, a los derechos de los trabajadores, a derechos fundamentales como los de expresión y manifestación. Envalentonada con su mayoría absoluta, la derecha quiere aniquilar todas las conquistas sociales (igualdad, justicia social, derechos de las minorías, etc) de los últimos cien años. Quiere retrotraer las relaciones laborales a las condiciones de sórdida explotación de los tiempos de la acumulación primitiva de capital. Y la sociedad, los trabajadores, la gente en general no puede permitirlo. Hay que luchar para impedir que la presente involución haga tabla rasa incluso con los tímidos avances de a Constitución de 1978. Hay que manifestarse y prepararse para cuatro (quizá ocho) largos años de defensa y de resistencia en pro de una sociedad más decente, más justa, más igualitaria.

Ciertamente. Pero antes corresponde un breve examen crítico de cómo hemos llegado hasta aquí. El triunfo electoral de la derecha se ha debido en gran medida a la desmovilización de la izquierda. Y esta, a su vez, a causas objetivas, externas (como la crisis), contra las que cabía hacer poco y también a otras subjetivas, internas (las explicaciones, los programas, las consignas) que sí se podían haber pensado mejor. La primera de todas, la más dañina, aquel enfoque de que el PSOE y el PP son lo mismo (PSOE-PP la misma mierda es) y que no había que votarlos. Ahora, cuando cualquiera puede ver que era mentira, no me cansaré de repetir que este disparate no es solamente producto de la estupidez sino, en cierta medida, del afán por conseguir el triunfo de la derecha.

Siempre que se decía que el PSOE y el PP eran lo mismo se levantaban protestas indignadas del lado de la socialdemocracia. ¿Alguien vio que también se levantaran del lado de la derecha? ¿Alguna vez la derecha protestó porque se la igualara con su adversario? No, ni una. ¿Por qué? Obviamente porque la confusión le interesaba. ¿Nadie vio que le interesaba? Por supuesto, pero se ocultaba ya que, en definitiva, había un objetivo común: acabar con la socialdemocracia. La derecha no dedicó ni un minuto de su campaña electoral a atacar la "verdadera" izquierda, la izquierda "transformadora". Esta, a su vez, tampoco dedicó mucho tiempo a atacar a la derecha del PP, pues prefería hacerlo a la "derecha" de la socialdemocracia.

Bien. Ahora hay que salir a la calle a defender derechos y conquistas básicas del conjunto de la sociedad y en una situación material muy mala, en condiciones de inferioridad. Se hará, desde luego. Pero que cada cual sepa en dónde está.

La agresión a los sindicatos es un ataque a la forma de organización y defensa de los trabajadores. Igual que la agresión a los derechos de las minorías es un ataque a la libertad de la sociedad. El gobierno es el comité ejecutivo de la patronal y de la iglesia. Su finalidad, despojar a los trabajadores de sus derechos, ponerlos a merced de los patronos e infantilizar al conjunto de la población. Para ello todo vale, desde el infundio hasta la fuerza bruta, según se ve en Valencia. Soraya Sáez exige a los sindicatos transparencia en las retribuciones de sus dirigentes con el argumento de que se benefician de dineros públicos siendo así que nadie nunca ha conseguido saber cuánto ganan los dirigentes del PP que también se beneficia de esos dineros.

El neoliberalismo se prepara para el último asalto al Estado del bienestar, la supresión o privatización de los servicios públicos, la confiscación del poco capital social que queda a la colectividad en provecho de las empresas privadas. Y para ello necesita decapitar el movimiento sindical, amilanar a la gente, hacerle ver que no tiene derechos ni garantías y que, si lucha por ellos, todavía lo pasará peor. Esta es la situación real.

Las invenciones de Montoro.

No hay nada nuevo bajo el sol. El ministro Montoro, guardián del tesoro, amenaza con perseguir penalmente a los gobernantes manirrotos o despilfarradores y no estaba mirando a nadie en concreto. La oposición le ha recordado que el desgobierno ya cuenta con varias figuras delictivas en el código penal. "Pero es que", dirá Montoro, hombre tenaz, "yo voy a tipificar un nuevo delito: el del gobernante que gasta más de lo que tiene y se endeuda."

Pues tampoco es nuevo. Es una resurrección de los viejos juicios de residencia, especialmente aplicados a los virreyes y funcionarios de las Indias, pero también en la península. El cargo que cumplía su mandato era "residenciado" y sometido a investigación por su sucesor. Es fácil imaginar cómo acababan aquellas residencias. Como puede pasar ahora cuando el gobierno sea de un color y la comunidad autónoma de otro.

Pero hay más, ¿no está Montoro resucitando la prisión por deudas, abolida en el mundo civilizado desde primeros del siglo XIX? Excepto, quizá, en algunos sitios hoy día para los casos de omisión del deber de alimentos en los divorciados. Si es así como vamos a hacer frente a los nuevos tiempos, lo llevamos claro.

(La imagen es una foto de Partido Popular de Cataluña, bajo licencia de Creative Commons).

¿Saben lo que hacen?

La encuesta de Metroscopia de hoy en El País da una idea inquietante de lo que piensan los ciudadanos sobre las primeras medidas del gobierno de Rajoy. No es un pensamiento muy solidario ni tampoco muy coherente. La mayoría aprueba los recortes pero rechaza la subida del IBI y del IRPF. La conclusión es de un egoísmo casi infantil: se apoyan los recortes porque, hasta ahora, están circunscritos a sectores concretos de la población (los jóvenes, los dependientes, los jubilados) con los que la mayoría no se identifica. Pero rechaza las subidas de impuestos porque esas sí le afectan.

No obstante las medidas en su conjunto no merman el apoyo al gobierno. Un 60 por ciento de la población piensa que Rajoy sabe lo que hace, frente a un 80 por ciento que, como señala el mismo diario, pensaba que Zapatero improvisaba. Rajoy haría bien en consultar a ese 60 por ciento de la población sabedor de que él sabe lo que hace, por lo menos para enterarse a su vez. Porque la subida de impuestos, que coloca a España en tercer lugar en la Unión Europea en presión fiscal, sólo tiene dos explicaciones: o bien estaba preparada de largo tiempo y el gobierno queda como un mentiroso redomado puesto que tanto Rajoy como sus gentes se hartaron de decir que no habría subida de impuestos, o bien esa subida es una improvisación, mayor y más grave de las que haya podido poner Zapatero en práctica.

Esta cuestión viene a demostrar una injusticia clásica: si la izquierda improvisa, paga por ello; si lo hace la derecha, gana puntos en el apoyo popular. Quizá sea una muestra del estilo churchiliano de los conservadores que siempre los ha empujado a preparar muy concienzudamente sus improvisaciones. Sucede con otros fenómenos, por ejemplo, la corrupción, que aniquila a la izquierda pero no pasa factura a la derecha.

Con todo, de lo que nadie parece dudar es de que las medidas ya adoptadas llevarán al país a la recesión en 2012, a una mayor destrucción de empleo, a más recortes y más desmantelamiento del Estado del bienestar. Pero nada que no esté sucediendo en Europa. El predominio de la derecha en la Unión, ese Jano bifronte o Hermafrodita francoalemán, con su rígido, dogmático neoliberalismo encuentra terreno abonado en España con un gobierno dispuesto a comportarse como le ordenen, un poco como el anterior, pero más a la brava.

El recetario neoliberal es una verdadera catástrofe en la que, cuanto más decisivas son las medidas, menos tardan en fracasar a la vista de todos, sobre todo de los vigilantes mercados y sus temibles killers, las agencias de calificación. Los economistas más señalados advierten hace tiempo que las políticas restrictivas son contraproducentes. Pero nadie parece escucharlos, ni siquiera esos políticos que, de vez en cuando hablan de "refundar el capitalismo" o instaurar una tasa sobre las transacciones financieras.

En estas circunstancias, con cuatro años de mayoría absoluta conservadora por delante, la esperanza para la izquierda es que en las próximas elecciones presidenciales francesas gane el Partido Socialista. Las elecciones alemanas serán a fines de 2013, pero la actitud del gobierno podría variar si, además de cambiar la orientación política de Francia, la Democracia Cristiana sigue perdiendo terreno en los estados federados.

La esperanza en el interior reside en la recomposición del PSOE tras el batacazo de noviembre. Parece que va por buena vía. La socialdemocracia cuenta con dos buenos candidatos. Los dos discursos, el de Rubalcaba y el de Chacón, suenan bien y de momento no difieren en nada. Lo presumible es que el candidato triunfador(a) lo sea por un margen pequeño de votos. Desde ahora debe estar claro que el perdedor(a) cerrará filas en torno al ganador(a) para dedicarse tod@s a construir una buena alternativa socialdemócrata. Entre otras cosas porque es muy probable que el candidato del PP contra el que haya de batirse dentro de cuatro años el/la del PSOE no sea Rajoy sino Ruiz Gallardón.

(La imagen es una foto de Gobierno de España, La Moncloa y está en el dominio público).

¡Feliz año nuevo!

Pase que mintieran durante la campaña electoral y que hayan subido el IRPF cuando dijeron que no lo harían. Pase que dejen a los jóvenes sin ayuda al alquiler; que aumenten el IBI; que congelen el salario mínimo; que alarguen la jornada de los funcionarios, pero no su sueldo; que aplacen un año las ayudas a los dependientes; que suban un uno por ciento las pensiones; que aprueben la ley Sinde; que sigan mintiendo al afirmar que hay un déficit real superior al previsto sin hablar del de las Comunidades Autónomas en las que gobiernan. Pase hasta que llamen violencia en el ámbito familiar a la violencia de género.

Pero lo que no puede pasar es que, habiendo retrasado hasta después de las elecciones andaluzas en marzo las medidas más gravosas del "ajuste", hayan sido incapaces de aplazar el anuncio de estas una semana a efectos de no amargar las uvas en sentido literal a los españoles. No es que sean neoliberales, conservadores y hasta reaccionarios; es que tienen mala uva y carecen de tacto, elegancia y educación.

Si hubieran retrasado hasta después de Reyes por ejemplo las malas noticias, aparte de mostrar cierta sensibilidad, habrían dado la impresión de que las estaban trabajando; no de que las tuvieran preparadas de antemano pero no lo dijeron. Habrían dado la impresión de no ser unos mentirosos contumaces.

¡Feliz año 2012! Que los dioses nos tengan de su mano.

Para quienes sientan curiosidad, la imagen de la cabecera es una estampa de Katsushika Hokusai, titulada Aldea de Sekiya en el río Sumida (1830-32).

(La imagen del post es una foto de Avodrocc, bajo licencia de Creative Commons).

¿Qué esperaban?

El gobierno se ha apresurado a decir que esto es sólo "el inicio del inicio". El país se enterará de verdad de lo que le viene encima después de las elecciones andaluzas porque, como siempre, la derecha antepone sus intereses de partido (ganar en Andalucía) a los de España. Como siempre.

Una vez pasadas las elecciones andaluzas que a lo mejor ganan también por las mismas razones por las que el presunto delincuente Camps ganó las de Valencia y que no califico por no ser necesario, vendrán las verdaderas medidas duras. Ya estas adelantan bastante la orientación general del Gobierno: la crisis la pagarán las clases medias y bajas en toda su extensión a través de todo tipo de congelaciones, recortes, aumentos de precios, aplazamiento o supresión de prestaciones sociales, eliminación de subsidios, subidas de tasas, cobros por servicios que antes no se pagaban y la medida estrella por ahora, la que pasaron toda la campaña diciendo que no tomarían pues eso era cosa de los socialistas: la subida de impuestos que, por descontado, también cargará más sobre los estratos medios.

Efectivamente, eran los socialistas los que iban a subir los impuestos; ellos, no. Repito la pregunta: ¿que esperaban? No digo ya qué esperaban los que han votado al PP porque está claro que esperaban lo que su partido está haciendo y, si no es así, con su pan se lo coman.

La pregunta es ¿qué esperaban todas esas almas críticas que, hastiadas con el "derechismo" del PSOE en el gobierno, se fueron a la abstención con lo que pusieron a Rajoy en La Moncloa? ¿Esperaban que Rajoy cumpliera lo que prometía en la campaña cuando era obvio que no pensaba hacerlo, no lo pensó jamás, que ocultaba su programa porque quería llegar al poder como fuera, incluso engañando, para hacer la política del capital, los banqueros y los empresarios en detrimento de todos los demás? ¿Creían los abstencionistas que iba a ser de otra manera?

¿Qué esperaban los que, buscando hundir al PSOE a toda costa decían que el PSOE y el PP "la misma mierda es"? ¿Qué esperaban? ¿Que de verdad el PP iba a ser tan moderado defensor del Estado del bienestar y de la cohesión social como, a pesar de todo, lo fue el PSOE? ¿Creían de verdad que el PP y el PSOE son lo mismo? Porque, si es así, habría que proponer un test de imbecilidad cuya primera pregunta fuera esa: ¿cree usted que el PP y el PSOE son lo mismo? Hay gentes que, al parecer, lo decían pero no lo creían. Si lo aseguraban era porque aspiraban a substituir al PSOE, dejar que se colapsara y ponerse en sus zapatos. Básicamente son los que dieron ese 1.600. 000 votos a IU que, al proporcionar la mayoría absoluta al PP, son literalmente como si no existieran porque no sirven para nada en el Parlamento. Como, gracias a la inteligente política electoral de la izquierda, no sirve ningún otro voto que no sea del PP en la cámara.

Además de los recortes que ya se han aprobado y los muchos más duros que llegarán tras las elecciones andaluzas, además de la política antisocial y de la evidencia de que todo cuanto dijo la derecha en la campaña era mentira (cosa por lo demás clara ya entonces), además de todo esto y de la aprobación sin más de la Ley "Sinde" (que el otro gobierno no aprobó) hay en marcha una merma general de derechos de todo tipo de la población. Tiene que acabarse este desmadre de que los trabajadores quieran trabajar, los pobres comer, los enfermos curarse, lo escolares aprender algo, los inmigrantes algún derecho, los homosexuales casarse, las mujeres estar protegidas, etc. Se acabó la broma; todo eso es demasiado caro.

Los que no votaron al PSOE, el único partido que podía parar esta arremetida, ¿qué esperaban? Es cierto que el PSOE cometió errores garrafales pero, aun con errores garrafales, está a una distancia sideral del PP, sobre todo de este PP con mayoría absoluta gracias al suicida y demencial comportamiento electoral de la izquierda. Todos los que hablaban de la "derechización" del PSOE ya pueden ver en dónde está la derecha de verdad. Los que invocan el caso de Islandia para afear la "cobardía" del PSOE y dicen que el hecho de que ese país cuente sólo con 300.000 habitantes es irrelevante olvidan que, al estar fuera de la Unión Europa, tiene una margen de acción que España no tiene.

¿Qué esperaban todos los que ahora se rasgan las vestiduras? Pues es recomendable que se dejen algunas sanas porque aún no ha empezado el baile.

Empredadores.

Entre los grandes empresarios españoles y los europeos hay un punto de identidad: todos quieren maximizar sus beneficios. Lo demás, son diferencias. Los españoles tratan de maximizarlos a costa de lo que sea, sin escrúpulos, despojando de sus derechos a los trabajadores si se puede; los europeos no tanto o mucho menos.

Los empresarios europeos empiezan a trabajar y arriesgar con márgenes de beneficios entre el tres y el cinco por ciento; los españoles no se mueven por menos del quince al veinte por ciento. Y garantizados: los europeos arriesgan; los españoles, no. Los europeos invierten en investigación, innovación y desarrollo (i + i + d); los españoles, no. Basta con echar una ojeada a los registros de patentes; en dónde se trabaja bajo licencia y en dónde no.

Los empresarios europeos hacen honor a su nombre y emprenden; los españoles, no. Van a lo seguro (o lo que creen seguro, que tampoco son unas águilas), como el ladrillo; pero no abren líneas nuevas de producción. Un ejemplo: España es el único país europeo importante que carece de coche propio de fabricación nacional. Todo lo que se produce es bajo licencia ajena; hasta el Seat. Y si hay alguna innovación suele ser promovida y amparada con dineros públicos.

Los empresarios españoles parasitan cuanto pueden el Estado del que maldicen, y hacen negocios con el BOE a la vista, refugiados en las subvenciones, los incentivos, las exenciones fiscales, las mamandurrias; los extranjeros, no o mucho menos. Los españoles tienen un poderoso grupo de presión en forma de confederación (CEOE) que disfruta de cuantiosas subvenciones públicas legales y, si pueden, ilegales, pero descalifican a los sindicatos por subvencionados y a los sindicalistas por parásitos. Los extranjeros, no; estos buscan siempre la conciliación con el mundo del trabajo; los españoles buscan la confrontación y la imposición.

Los empresarios españoles ocultan capitales ingentes en paraísos fiscales. El último ejemplo, presunto, por supuesto, el del empresario Iñaki Urdangarín. Los empresarios europeos, que también lo hacen, lo hacen mucho menos y los pillan mucho más. Los empresarios españoles evaden cifras astronómicas de impuestos, miles de millones de euros, según diferentes cálculos, lo cual da lugar a esa indignante situación de que la cantidad media de impuestos que pagan los trabajadores sea superior a la de los empresarios (y profesiones liberales), que es sangrante; los empresarios europeos tienen una mucho mayor conciencia fiscal.

Los empresarios españoles pretenden explotar a los trabajadores, pagarles salaríos ínfimos, despedirlos libremente, negarles seguridades contractuales, sujetarlos a la incertidumbre y mantenerlos indefensos frente a las arbitrariedades de la jefatura. Los empresarios extranjeros, que también tienen esta tendencia, se moderan mucho más. Incluso cuando los españoles piden imitar a los extranjeros lo hacen en detrimento de sus propios trabajadores. La petición de vincular los aumentos salariales a la productividad, como en Alemania, pasa por alto que la productividad es un factor que depende sobre todo de la acertada práctica empresarial; que en Alemania es alta y en España, baja.

En resumen, los empresarios españoles no merecen ese nombre, ni el de emprendedores, sino algún otro, todavía pendiente de formular como se hará cuando quede clara la peculiar peripecia del anterior presidente de la patronal, Díaz Ferrán, experto en concursos de acreedores. No existe un criterio objetivo respecto a qué sea la buena actividad empresarial (la que crea riqueza), a pesar de que hay facultades universitarias dedicadas al estudio de la ciencia empresarial. Tampoco existe, que yo sepa, una escala de categoría y calidad de los empresarios europeos, aunque hoy día se mida el rendimiento de prácticamente todo. No obstante, no es exagerado aventurar que, si existiera, los empresarios españoles ocuparían lugares modestos. Ni siquiera descuellan como financiadores de empresas benéficas o culturales, como podrían hacerlo ya que invierten poco o nada en la modernización de sus negocios. No, no se merecen el nombre de empresarios, al menos en el registro de los ciudadanos a los que la colectividad deba estar agradecida.

A pesar de ello, están todo el día predicando, diciendo a la gente lo que tiene que hacer que es básicamente someterse a sus dictados de explotación. Y lo hacen con pretensiones dogmáticas, haciendo pasar por conclusiones razonables un mazo de topicazos y prejuicios que tratan de favorecer sus intereses y lesionar los de la colectividad. El último ejemplo, el de los irritantes propósitos del jefe Juan Rosell sobre los funcionarios. No es preciso detenerse a demostrar que sus presupuestos y conclusiones son falsos, pues ya lo han hecho voces más autorizadas que la de Palinuro, como la de Juan Torres López, catedrático de Economía aplicada, en un post en su blog Ganas de escribir, titulado En España no sobran funcionarios sino defraudadores y los dirigentes patronales que los encubren.

Como esto no se oculta a los empresarios, conviene indagar los designios por los que hacen tan desconsideradas reclamaciones y que son: a) acabar con los restos del Estado del bienestar, privándolo de personal que lo gestione y aprovechándose de los caudales que así se ahorrarán; b) suprimir el viejo principio de la intervención reguladora y redistributiva de los poderes públicos, vinculado a la idea hegeliana del Estado como incorporación de la eticidad. Nada de eticidad; en la sociedad, que rija la ley del más fuerte; c) eliminar funcionarios y no sólo los de la caricatura de los manguitos sino tambièn en otros órdenes vinculados a la vigilancia de la legalidad en la actividad mercantil, inspectores de Hacienda, abogados del Estado, jueces, fiscales, sobre todo los anticorrupción, etc. A cambio, deben ampliarse los funcionarios de prisiones y los cuerpos de seguridad, para contener a la chusma; d) incrementar el paro -que es el medio ideal de chantaje, casi terrorista de los empresarios sobre los trabajadores- porque permite forzar el descenso generalizado de los salarios y el aumento de las jornadas, hasta llegar a esa situación ideal de una fuerza de trabajo dispuesta a laborar todo el día por nada; e) suprimir la base de seguridad en el empleo de un colectivo que tradicionalmente la ha tenido a cambio de sus bajos salarios y someterlo a la situación de precariedad e inseguridad en que tiene a los trabajadores del sector privado cuando debiera ser al revés, esto es, consolidar y asegurar la posición de estos; f) amedrentar a los trabajadores públicos sometiéndolos a la arbitrariedad de los políticos de turno y restablecer la institución de los cesantes, que tanto propicia el caquisimo y la corrupción, práctica inveterada del empresariado español, como puede verse en el caso de la Gürtel.

En una sociedad ilustrada, avanzada, integrada y moderna, el capital es una relación social (Marx) y la propiedad cumple una función de interés general (Papa León XIII), es decir, la actividad empresarial se hace un contexto de responsabilidad social en el que el conjunto de la colectividad tiene derecho a pedir cuentas a los empresarios del uso que hacen de sus favorables condiciones; porque la propiedad no es absoluta, sino que está sujeta al interés social. Y en el entendimiento, además, de que serán tratados como ellos tratan a los demás y medidos con la misma vara.

Se entiende porqué Palinuro propugna que, así como los empresarios se arrogan el derecho a juzgar sobre la calidad del trabajo y el rendimiento de los funcionarios y los trabajadores en general, la sociedad haga lo mismo con el trabajo de los empresarios. Que si los funcionarios y trabajadores son despedidos, los empresarios incumplidores sean expropiados. Y, cuando delincan, cosa nada infrecuente, que vayan a la cárcel y el Gobierno no los indulte. Es un principio de justicia.

(La imagen es una foto de Izquierda Unida, bajo licencia de Creative Commons.

Tiempos difíciles, duros, sombríos

Como es sabido, Carlyle bautizó la economía de ciencia triste (dismal science), nombre que reaparece cuando la realidad se vuelve sombría, cuando aumenta la pobreza, la miseria, cuando crecen las diferencias entre ricos y pobres y estos no ven fin a sus desgracias, ni salida a la situación. Pero no es la ciencia la triste sino la misma realidad que quiere retratar y explicar, pues obviamente es incapaz de mejorarla.

Todas las noticias, que son como enunciados definitorios de los distintos aspectos del mundo, trazan un cuadro siniestro de dificultades y estrecheces que, además, durarán años, según Angela Merkel. Los datos que hablan de deuda, déficit y ruina son incontrovertibles y sobre esa situación fatal sube al puente de mando de toda Europa la derecha con un programa último de desmantelamiento del Estado del bienestar.

Tras las duras medidas y recortes aplicados por CiU en Cataluña, vinieron ayer los del PP en Castilla-La Mancha, que no se quedan atrás y permiten calibrar el alcance de los que estará preparando Mariano Rajoy. El PSOE ya ha acusado a Cospedal de "dinamitar" el Estado del bienestar y los sindicatos anuncian acciones en la calle. Es decir, parece estar fraguándose una confrontación social. Pero ésta probablemente no será muy intensa por tres razones. La primera porque el PP llega con la legitimidad reforzada de la mayoría absoluta que le asegura la estabilidad parlamentaria pase lo que pase en la calle.

La segunda razón es que los datos, además de abrumadores, son objetivos. La situación es la que es: no hay dinero (en el mercado), no hay crédito, no se invierte, no aumenta el PIB (incluso quizá vuelva a retroceder), no se genera riqueza, no se pueden remediar las situaciones de carencia. Todo esto son hechos. Los hechos, claro, son susceptibles de interpretación pero, de momento, la única que se escucha y en la que se basan las medidas que están tomándose, tanto en España como en el resto de Europa, es la de la derecha neoliberal. Apenas hay interpretación alternativa, de izquierda.

Esa es la tercera razón. Es muy difícil que prosperen las movilizaciones extraparlamentarias cuando no están integradas en una teoría viable que dé una explicación de las circunstancias y muestre un proyecto de salida con un objetivo claramente expuesto. En la izquierda reina la confusión. Desde el momento en que no plantea la sustitución del modo de producción, del capitalismo, por otro, sus propuestas sólo pueden ser de reformas de aquel. Pero reformas son también las que hace la derecha, lo que quiere decir que el enfrentamiento entre ambas no es antagónico sino de matices. La dos, izquierda y derecha, plantean la salida de la crisis sin cambiar el modo de producción. No es suficiente acicate para mantener vivas las protestas callejeras y para que éstas tengan algún impacto en las medidas del gobierno.

En realidad, el movimiento 15-M es una especie de manifestación previa de esta situación. Su generalización apunta a la existencia de motivos para la protesta. Pero su inoperancia prueba que, si bien es relativamente fácil criticar lo existente, es mucho más complicado formular alternativas. Podría tratarse de tiempos de revolución. En verdad la palabra aparece de vez en cuando (por ejemplo, la spanish revolution), pero no encuentra revolucionarios que la invoquen ni gentes que la sigan.

O no.

Todos los sondeos son apabullantes. A día de hoy dan por seguro el hundimiento de la izquierda y una victoria rotunda, sin precedentes, de la derecha. Cunde el derrotismo y la resignación en las filas socialistas, mientras en el PP reina una eufórica seguridad en el triunfo.

Nada habría que objetar a estas predicciones si hubieran surgido de un juego democrático limpio, civilizado y respetuoso con las instituciones y los participantes. La esencia de la democracia es la regla de la mayoría y la mayoría puede ser cambiante, lo que da lugar a la alternancia en el poder después de un período de debate en el que haya quedado claro que la oposición se ha ganado el apoyo de la mayoría y el gobierno lo ha perdido.

Pero no ha sido así. La oposición de la derecha en las dos últimas legislaturas ha sido un aluvión estridente, continuo, generalizado, de descalificaciones, insultos e infundios. Después de los cuatro primeros años de las patrañas sobre los atentados del 11-M, han venido sucesivas campañas de insidias, calumnias, acusaciones falsas. Grandes escándalos jaleados desde los medios e instrumentalizados por el grupo parlamentario, que se han mantenido vivos cuanto se ha podido con el fin de desprestigiar al gobierno aun sabiendo que no respondían a hechos ciertos. Acusaciones como la de los EREs en Andalucía, las supuestas prevaricaciones de Chaves, el presunto enriquecimiento ilícito de Bono, las increibles fábulas del caso Faisán son luego desactivadas por los tribunales pero, entre tanto, cumplen su función de erosionar y, cuando se descubre que son falsas, nadie reconoce haber actuado de modo injusto. Probablemente lo mismo sucederá en lo referente a José Blanco pero, mientras así es, el supuesto caso permite bambardear al PSOE con todo tipo de acusaciones.

La ventaja de estas prácticas de escandalosos linchamientos es que no permiten que se hable de otros asuntos, como el caso Gürtel que sí tiene peso procesal y apunta a una red generalizada de corrupción y delito que afecta de lleno al PP. El ámbito mediático, la esfera pública, la opinión publicada es atronadoramente contraria al gobierno, mediante estos procedimientos sensacionalistas. Éste, el gobierno y el partido que lo respalda, carecen de apoyos mediáticos. Ninguno de los medios privados tiene una relación tan estrecha con el PSOE como la que tienen los de la derecha con el PP. En cuanto a los públicos cualquier persona imparcial que compare RTVE con Telemadrid sabe que la diferencia es abismal.

Tiene razón Rubalcaba cuando dice que la izquierda sólo cuenta con los votos puesto que no tiene medios de comunicación ni capital. Lo de los medios es evidente. Lo del capital también, pero hay que mencionarlo. Si Rajoy gana las elecciones, su lucha contra el paro sin duda se verá beneficiada por una actitud colaboradora de los empresarios que estos han negado al PSOE, convirtiéndola en hostilidad. Es posible que el PSOE merezca perder las elecciones -habría que demostrarlo relacionándolo con la(s) alternativa(s)- pero, desde luego, el PP no merece ganarlas ya que su buena perspectiva no nace de haber demostrado las insuficiencias del PSOE sino de haber acumulado dicterios sobre su gobierno. Por lo demás los mismos ciudadanos que hablan de votar en masa al PP tienen en mejor concepto a Rubalcaba que a Rajoy.

Además de la derecha, el candidato socialista se encuentra a una izquierda convencida de que ha llegado el momento del sorpasso. Espera ésta un batacazo del PSOE similar al de la UCD en 1982 y ayuda a ello pidiendo que no se le vote, ya que es igual que el PP. Ve así el momento de salir del marasmo de casi 35 años de irrelevancia parlamentaria en los cuales no ha hecho nada por transformar la realidad a pesar de designarse a sí misma como izquierda transformadora. Realidad que el PSOE sí ha transformado y hasta radicalmente, como suele decir Aznar. Ciertamente las posibilidades de esta izquierda de ser contrapeso parlamentario real al PP son inexistentes pero eso no es decisivo ya que de lo que se trata es de que el PSOE no gobierne, con lo que lo hará el PP que, al fin y al cabo, es igual que él. Pero ¿lo es en realidad?

A pesar de las ambigüedades programáticas de la derecha, de los silencios y escapatorias de su candidato, tomando noticia de lo que dice y hace allí en donde aquella gobierna, no es exagerado decir que una victoria del PP significará no sólo el desmantelamiento del Estado del bienestar sino también una involución en todos los frentes: se suprimirán derechos como el aborto, el matrimonio de los homosexuales, la igualdad, la ayuda a la dependencia o el de no recibir adoctrinamiento religioso en la escuela. Un retorno del nacionalcatolicismo que los obispos dan por seguro. Francamente, no veo a los cristianos de base, los demócratas, votando este programa.

En cuanto a los servicios públicos, la política será la privatización a mansalva en todos los órdenes, por supuesto la educación y la sanidad los primeros. Dice el candidato que no los tocará, pero es que apenas son de su incumbencia, ya que se trata de competencias de las Comunidades Autónomas. La privatización afectará a todo servicio público que presente el mínimo atisbo de ser un negocio a expensas de los derechos de los ciudadanos: las radiotelevisiones públicas, la justicia, la defensa, prácticamente todo gasto público que pueda convertirse en ingreso privado. Tampoco entiendo que las clases medias vayan a apoyar estas previsones.

Los destrozos mayores esperan en lo ecónomico y laboral: reducción de salarios, disminución de impuestos al capital y a los empresarios, reforma laboral orientada al despido gratuito y sustitución de los convenios colectivos por acuerdos de empresa. Tampoco veo a los trabajadores votando a favor de condiciones laborales que, pactadas en un tiempo de cinco millones de parados, pueden frisar en la esclavitud.

Por todo lo cual supongo que el PP hará bien en no creer que el triunfo esté asegurado y el PSOE en no darse por vencido sea cual sea la diferencia en intención de voto. Porque una cosa es la intención y otra el voto.

Nervios en el hemiciclo.

Hoy se toma en consideración en el pleno del Congreso el proyecto de reforma del artículo 135 de la Constitución Española (CE) que incluye un tope al déficit, en mitad de un intenso debate político y social sobre el que debe de estar todo dicho: que no tenemos que aceptar límite alguno; que ya lo aceptamos con Maastricht; que la reforma es el fin del Estado del bienestar; que no lo es si el límite es flexible y permite maniobrar en las coyunturas; que somos más papistas que el papa y los únicos en aceptar el Diktat del límite; que antes lo han hecho los alemanes; que no es preciso reformar la CE para eso; que sí porque una ley orgánica no es suficiente; que son los alemanes quienes nos lo han impuesto; que no, que es el canto del cisne de Zapatero en perfil de estadista sacrificado; que no hay derecho a hacer esta reforma con un Parlamento prácticamente en funciones; que es imposible esperar, dada la gravedad y urgencia de la situación; que, pues el asunto es tan grave, hay que someterlo a referéndum; que no es necesario porque la CE no lo hace obligatorio en este tipo de reforma.

Estos dilemas están todos más o menos cerrados excepto el último, que queda abierto: el referéndum será obligado si lo pide el diez por ciento de los diputados (35) o de los senadores (26). Aquí es donde en el día de hoy van a concentrarse todas las miradas, todos los gestos, todos los cañones dialécticos, las peticiones que relampaguean por la red y las manifas de indignados y otros extraparlamentarios. Se abre una etapa de nervios para sus señorías.

Desde el momento en que los socialistas catalanes hacen piña con el gobierno, la posibilidad de que en el Senado se alcancen los 26 senadores es remotísima. Aunque voten a favor los nacionalistas vascos junto a los catalanistas y el grupo mixto, la petición reuniría 19 votos a falta de siete y, dado que ningún senador del PSOE o del PP ha anunciado su voto por el referéndum, éste puede descartarse en el Senado.

La tensión está en el Congreso sobre todo porque los catalanistas de CiU han anunciado que votarán por el referéndum. Produce perplejidad ver a la derecha nacionalista catalana, que está aplicando recortes sociales en el Principado a hachazo limpioobstaculizando el límite al déficit. Salvo que se recuerde lo que decía Palinuro ayer de que, a veces, el voto estratégico consiste en votar a favor de algo sabiendo de antemano que no va a salir para quedar bien con la galería. Es más frecuente de lo que parece. Siempre se ha dicho que el referéndum de la OTAN en 1986 se hubiera ganado por unanimidad si la pregunta hubiera sido: ¿quiere usted que España se quede en la OTAN con su voto en contra?

Suponiendo que a los catalanistas de derechas se unan todos los demás grupos parlamentarios que no sean los dos mayoritarios (a reserva de lo que digan los de PNV, especialistas en tensar la cuerda a la búsqueda de alguna negociación bilateral), la cantidad de votos por el referéndum sería de 27 (21, si el PNV se desmarca). Como quiera que dos diputados socialistas han anunciado ya que romperán la disciplina de voto y pedirán el referéndum, la cantidad podría ascender a 29. Faltarían seis votos díscolos más, presumiblemente del PSOE. Situación muy tensa. Será de ver cómo zumbarán los oídos de algunos diputados de la izquierda del PSOE que tendrán que librar la vieja batalla del parlamentario entre seguir las directrices de su conciencia o las de su partido. Francamente, no es para arrendarles la ganancia. Pero ¿quién dijo que apretar un botón será siempre tarea grata?

Parte de la opinión pública está soliviantada: habrá peticiones firmadas por decenas de miles, declaraciones, manifas y acampadas, movilizaciones sindicales. La causa es clara: ¡que hable el pueblo! También ayer Palinuro decía que el pueblo es soberano. Pero tiene dos modos de ejercer esa soberanía que no conviene confundir. El modo primero, como una decisión excepcional, un acto primigenio, un ejercicio del poder constituyente para el que no necesita permiso, dado que se trata de la lógica revolucionaria. Pero no parece que sea esta la pretensión. Así que, a lo que se ve, se quiere el modo segundo que implica que el pueblo se pronuncie en el marco de las reglas establecidas para ello. Y da la casualidad de que las reglas establecidas para ello confieren la competencia para decidir al Parlamento con los requisitos numéricos más arriba considerados. Puede decirse que eso no es así y que, siendo el pueblo soberano, él mismo decide cómo se hace lo que quiere hacer y que, en este caso, el Parlamento debe obedecer el mandato de su soberano a favor del referéndum.

Decía un experimentado politólogo que a la hora de dejar que el pueblo decida, primero hay que decidir quién es el pueblo. Podemos entender que el pueblo sean dos mil, tres mil, diez mil, veinte mil manifestantes indignados y cien, doscientas mil firmas, así como numerosos publicistas de peso cualitativo pero no cuantitativo. Lo mismo habrá que decir de las cuatrocientas mil firmas que reunió Rajoy en cierta ocasión para fastidiar a los catalanistas o los centenares de miles de gente que los curas sacan a la calle en contra del aborto, del preservativo, de la educación para la ciudadanía, por no hablar de los publicistas de la otra orilla que incluyen obispos y cardenales. Me temo que esto no se puede sostener porque se arma un lío.

Según la teoría liberal de la representación los 350 diputados representan a la nación (o naciones, no vamos a pegarnos ahora por eso), al pueblo soberano en su conjunto. De hecho, los han votado casi veintiséis millones de personas, cantidad respetable, y deciden en nombre de aquel de forma que, mientras no haya otra cosa, cuando ellos deciden, decide el pueblo soberano. Dicen los indignados que que no, que no, que no nos representan pero me parece que sí, que sí, que sí nos representan mientras quienes lo nieguen se limiten a corearlo en las manifas. Si mi mandatario no me representa le revoco el mandato, pero eso es en derecho privado. En la política es más difícil de hacer, sobre todo si ni siquiera existe la figura de la revocación. ¿Se pueden encontrar formas de poner fin a una representación que no nos representa además de corearlo por las calles? A lo mejor. Pero hay que encontrarlas.

Resumiendo, nervios, con todas las miradas puestas en los posibles seis diputados de la izquierda socialista (con los que ya se habrán hecho cientos de quinielas) que pudieran romper la disciplina de voto e ir contra su partido. Y sabiendo que, si piden referéndum y lo hay, seguramente lo perderán.

La reforma de la Constitución y el referéndum.

A semejanza de los viejos partidos socialdemócratas europeos, Palinuro tiene un programa máximo y un programa mínimo en lo referente a la reforma constitucional, lo que también afecta el uso del referéndum. El programa máximo consiste en reformar la Constitución Española (CE) en los asuntos que entiende tienen verdadera enjundia, a saber, la forma de Estado (Palinuro es republicano), el sistema electoral (Palinuro es partidario de un sistema verdaderamente proporcional) y la organización territorial del Estado (Palinuro es federalista y partidario del reconocimiento del derecho de autodeterminación), mudanzas todas ellas que requerirían, entre otras cosas, un referéndum de ratificación. Pero esta reforma de programa máximo no tiene prácticamente apoyos; al contrario, hay un consenso abrumadoramente mayoritario para dejar las cosas como están si bien la reforma del sistema electoral parece ir ganando adeptos en el PSOE, a juzgar por lo que dice Rubalcaba. De los otros dos puntos casi nadie quiere oir hablar salvo minorías puramente testimoniales.

En esas condiciones, funciona el programa mínimo y éste dice que, con todos sus defectos, esta es la mejor Constitución que hemos tenido los españoles (salva la Constitución de 1931) y, por tanto, es bueno no tocarla. Y, si hay que tocarla, que se haga rápida, legal y tranquilamente, sin provocar más tratorno que el imprescindible. El modelo de la mini-reforma de 1992 (derecho de sufragio pasivo de los extranjeros residentes en elecciones locales y bajo principio de reciprocidad) es el más adecuado. Cualquier otro puede dar lugar a consecuencias no deseadas, por ejemplo el de solicitar que haya un referéndum con el cual sus partidarios parecen creer que conseguirían impedir la reforma que prevé constitucionalizar el límite del déficit. Además, y ello es esencial, no tiene posibilidades reales de prosperar por más peticiones y manifestaciones que se hagan. No tiene posibilidades reales por dos tipos de razones: las de fondo y las de forma.

En cuanto a las de fondo, debe recordarse que el tope del déficit ya existe, se fijó en el Tratado del Maastricht en un tres por ciento del PIB y se mantuvo en el de Lisboa. Lo que se nos está pidiendo ahora es que lo constitucionalicemos para darle mayor eficacia ya que, con un déficit en torno al diez por ciento, es evidente que no hemos sido capaces de respetarlo. No es una petición disparatada sobre todo si se evitan los efectos desastrosos para el Estado del bienestar si el tope se cuantifica y se hace rígido. Pero una vez que se ha pactado un texto con un nuevo artículo 135 que recoge todas las peticiones de flexibilizar el tope, no fijar una cantidad y remitir a una posterior ley orgánica su regulación, no hay razones para oponerse.

Se dice que es una imposición de los alemanes. No sería de extrañar pero, antes de volverse germanófobo, conviene pensar en dos cosas: la primera es que están en su derecho de pedir garantías a los socios que recurrimos a ellos para que nos saquen del atolladero y que sean la locomotora económica de Europa. Eso tiene unos costes y no es legítimo pedir que los soporten sin poner nosotros garantías de nuestra parte. La segunda razón es que los alemanes predican con el ejemplo pues ellos ya reformaron su Constitución en el sentido de limitar el déficit. En realidad la reforma propuesta española se inspira mucho en la alemana que, siendo flexible, no ha afectado a su Estado del bienestar.

Por si estos asuntos no hicieran mella, hay que advertir que las razones de forma son contundentes. El referéndum sólo es posible si lo pide un diez por ciento de diputados (treinta y cinco) o de senadores (veintiséis). Para que esas cantidades se alcancen es imprescindible que algunos diputados o senadores del PSOE y/o del PP rompan la disciplina de voto. Una posibilidad no enteramente descabellada (pues varios diputados o senadores del PSOE muestran proclividades referendarias por distintas razones) pero sí muy improbable. Tanto que algún diputado catalanista juega con la idea de votar a favor del referéndum... en la seguridad de que no va a salir, lo que le permitirá sentar plaza de avanzado pero dejando las cosas como están. La política tiene estas triquiñuelas. Si no se rompe la disciplina de voto, no hay reférendum, aunque lluevan peticiones o se multipliquen las manifas.

Y no es solamente que la CE esté blindada por obra del acuerdo entre los dos grandes partidos sino que, además, las razones de los partidarios del referéndum no son convincentes en absoluto. Las razones referidas al contenido, esto es, la indeseabilidad del techo de déficit no se pueden invocar por lo que se ha dicho más arriba.

Hay otra razón que se esgrime mucho, sobre todo por los indignados y los jóvenes en general y es el hecho de que ellos no votaron la CE y que ahora quieren votar en un asunto tan importante porque mantienen la idea de que la Constitución que los vincule debe haber sido votada por ellos. Esta actitud revela un adanismo asombroso. Las constituciones, como todas las leyes, tienen voluntad de permanencia a lo largo del tiempo y no existe un derecho generacional (supuesto que quepa fijar las generaciones) a renovar su voto a la legislación como el que renueva un juramento. En otro caso, ¿por qué limitarse a la Constitución y no exigir votar asimismo la ley de aguas, la de sociedades mercantiles o las ordenanzas municipales? Ya sé que cuesta entender que la sociedad en la que nacemos no comienza con cada uno de nosotros, que somos lo más importante del mundo, sino que la heredamos bastante hecha. Cuesta, sí, pero conviene ir acostumbrándose a una realidad que hace posible la convivencia. La última generación que votó la Constitución de los Estados Unidos murió en el siglo XVIII y, desde entonces, con sus veintisiete enmiendas, a nadie se le ha ocurrido que haya que votarla de nuevo.

Estoy especialmente interesado en señalar que, con esto, no vengo a decir que el pueblo soberano no pueda cambiar de Constitución, derogar la anterior y darse una nueva o ninguna. Lo que estoy diciendo es que no se puede entender en términos de un derecho legal que nos asista y que los poderes sólo pueden ignorar prevaricando. Es, sí, un derecho, pero no es legal, no está reconocido, no se pide permiso para ejercerlo: se toma. Es un derecho a la revolución que, de ser algo, es moral o, si se quiere para quienes gusten de otra terminología, "natural." Pero, según parece, no se trata aquí de eso que en definitiva requiere pasar a los hechos, sino de pedir que se reconozca un derecho que no está previsto. Cierto que puede argumentarse que negarse a hacerlo implica un déficit de legitimidad democrática. Es posible, según de qué concepto de democracia se parta; si es del de la democracia directa, hay déficit; si es del de democracia representativa, no lo hay. Pero, además, es perfectamente legal y constitucional. Esta reforma no es un nuevo golpe de Estado financiero, como dice melodramáticamente Democracia Real Ya. Es competencia del Parlamento representativo (a través de ese diez por ciento de parlamentarios) decidir cuándo debe y cuándo no debe haber referéndum en la reforma digamos "liviana". De "golpe de Estado", nada de nada.

Entiendo, sin embargo, que la izquierda no socialista insista en pedir el referéndum. Prácticamente lo ha convertido en caballo de batalla porque piensa que el PSOE saldrá aun más debilitado para las ya muy cercanas elecciones generales. Dado que lo más probable es que no haya referéndum, IU tendrá cartel electoral presentando el acuerdo PP-PSOE como la verdadera pinza, por fin descubierta. Es de nuevo un cálculo similar al del diputado catalanista mencionado: propugnar algo a sabiendas de que no va a salir porque, si saliera, sería perjudicial para el que propugna que, de este modo, nada y guarda la ropa. En efecto si, por la razón que fuera, hubiese referéndum, lo más seguro es que ganara el "sí" por abrumadora mayoría e IU quedaría derrotada una vez más, lo que no ayudaría en absoluto a su reconstitución.

El valor simbólico de la reforma de la Constitución.

La propuesta de reforma constitucional puede verse de muchas maneras. Una de ellas, distinguiendo entre su contenido material (qué se quiere reformar) y su valor simbólico, al que el presidente Zapatero parece haber prestado poca atención. Si añadimos que el contenido material ha provocado un estallido de indignación en la izquierda, es lógico que apenas se hable del segundo.

Y, sin embargo, puede ser más importante que el del contenido material. No todos los sistemas políticos son iguales, aunque se denominen "democracias parlamentarias". Tienen culturas políticas disímiles. Por ejemplo, en lo relativo a la función que cumple la Constitución. Hay países en donde ésta se reforma con cierta frecuencia; por ejemplo, Alemania, que tiene una constitución rígida pero flexible o, como dijo un estudioso con sentido del humor, "flexiblemente rígida o rígidamente flexible". En otros, en cambio, no se reforma nunca; por ejemplo, España, cuya Constitución es súper-rígida y sólo se ha reformado una vez en 1992 para un asunto menor del sufragio pasivo de extranjeros residentes en elecciones locales. Una vez por aunto menor en 33 años de vigencia .

España es un país con un sistema político cuestionado en cuanto a su legitimidad por la forma en que se hizo la transición y el modo en que se han articulado los nacionalismos. Sectores mayores o menores de la sociedad suelen pedir un referéndum sobre la Monarquía o la República o el reconocimiento del derecho de autodeterminación. Otros piden la reforma del sistema electoral. En todos estos casos las peticiones sólo pueden avanzar mediante reforma constitucional. Pero la mera mención de ésta pone en contra cerrada a los dos partidos mayoritarios, al menos hasta ahora, en que Rubalcaba admite que habría que cambiar el sistema electoral. Nadie quiere hablar de la reforma constitucional porque se considera terreno peligroso. La Constitución es intangible, sacrosanta.

Sin embargo, de la noche a la mañana, ambos partidos deciden revertir su oposición acotando la reforma al asunto del techo del déficit. Pueden hacerlo porque entre los dos cuentan con más del 92 por ciento de los escaños, aunque sólo con el 66,5 de los sufragios del total del electorado, que tampoco es baja cantidad puesto que equivale al 82 por ciento de los votantes. Ese aplastante predominio bipartidista explica que los dos partidos puedan bloquear toda reforma de la Constitución y puedan hacer lo contrario sin explicación alguna, imponiendo una reforma en los términos que quieran. Pueden, pero dejan una desagradable sensación de arbitrariedad. Van a aprobar una reforma constitucional con un apoyo electoral real inferior al que obtuvo el texto en referéndum (88 por ciento de votantes de síes) lo que es significativo. ¿Por qué hay que reformar la Constitución no solamente cuando el bloque mayoritario quiera sino en los términos que quiera?

Y hay una pregunta aun más peliaguda: ¿por qué ahora? Zapatero viene dando a entender desde mayo de 2010 que las medidas que toma son obligadas y no hay alternativa. Dicho en forma algo más rotunda, que no gobierna sino que lo gobiernan. ¿Quién? Hasta ahora se decía que "los mercados", pero la decisión de la reforma parece provenir del Banco Central Europeo (BCE) o la señora Merkel, lo que es igual porque el BCE es la señora Merkel. Para los alemanes, ya se ha visto, la reforma constitucional es cuestión menos trascendente que para los españoles y los españoles no han sabido explicar que en España el asunto no es lo mismo.

En cuanto al contenido, el techo del gasto, que ha incendiado a la izquierda, es más sencillo de tratar. Obviamnte, la protesta no está en el techo en sí (puesto que ya lo hay en el 3 por ciento del PIB, según el tratado de Maastricht) sino en su constitucionalización. Los dos argumentos que utiliza la izquierda para oponerse tienen fallos: de un lado se dice que el techo termina con el Estado del bienestar pero eso sólo será cierto si ese techo es rígido y, además, se abandona la política de ingresos por vía fiscal que es lo que se viene haciendo dsde los años 90.

El segundo argumento de la izquierda señala que la constitucionalización del techo de gasto no solamente maniata a los parlamentos sucesivos sino que supone una dejación lamentable de soberanía ya ahora mismo. Lo de los parlamentos posteriores es un futurible y tiene un valor relativo. Lo de la dejación es más interesante puesto que se esgrime en una situación en la que todo avance que se da en la Unión Europea sólo puede hacerse a costa de mermar soberanía de los Estados miembros. Otra cosa es que la merma de soberanía no la imponga la Unión sino los miembros más poderosos de ella. Eso obliga a una revisión del funcionamiento de la organización.

Por último la petición de referéndum no parece que vaya a cumplirse salvo que algunos diputados de los dos partidos mayoritarios, singularmente el PSOE, rompan la disciplia de voto y se sumen a los de la oposición minoritaria hsta llegar a los 35 necesarios en el Congreso y 26 en el Senado. Solicitar algo que seguramente no va a producirse y que, si se produce, probablemente se perderá no es táctica ganadora. Claro que puede ser que su finalidad no sea ganar un referéndum improbable sino debilitar al PSOE y fortalecer las opciones a su izquierda. Es el síndrome del referéndum de la OTAN en 1986. Es posible que, en efecto, el PSOE quede en mala situación. En realidad ya lo está. Pero no es exagerado decir que no sólo el PSOE sino toda la izquierda está en mala situación. La insistencia en la petición de referéndum la empeorará.

(La imagen es una foto de Chesi - Fotos CC, bajo licencia de Creative Commons).

¿Requiem por el Estado del bienestar?

Ayer hubo un terremoto físico de intensidad 5,9 en la escala Richter en Washington que obligó a desalojar el Pentágono y un terromoto político en España de intensidad por determinar en próximas fechas pero, desde luego, muy alta. Zapatero propuso reformar la Constituciòn Española (CE) para imponer un tope de déficit y, claro, Rajoy se apuntó el primero. La izquierda que Público llama "minoritaria" saltó como un resorte reclamando un referéndum, cosa obligada si lo solicita un 10 por ciento de diputados o senadores, cantidad no pequeña y, probablemente, imposible de alcanzar en las circunstancias actuales.

Razones para reformar la Constitución hay varias y gruesas: proponer un referéndum entre monarquía o república, cambiar el sistema electoral, meter mano al Senado reformando la organización de las Comunidades Autónomas o reconocer el derecho de autodeterminación, pero ninguna de ellas pasaría del estado de nebulosa de borrador de preanteproyecto. Sólo una vez, en 1992, hubo una reforma menor del artículo 13, 2 para recibir la normativa comunitaria en cuanto al sufragio pasivo de los extranjeros residentes. De reformar algo más nadie quería oír hablar en la Carrera de San Jerónimo.

Hasta ayer en que, de pronto, se propone una reforma en un asunto distinto que sale con todas las probabilidades de ganar porque tiene el apoyo entusiasta de los dos partidos mayoritarios y, por tanto, más de los dos tercios y, desde luego de los tres quintos que puedan necesitarse, según casos.

Simplificando mucho, el recurso al déficit es el elemento distintivo del keynesianismo y, por ende, del Estado del bienestar. La acusación que se le hacía era que disparaba el gasto público más allá de la ley de Wagner, era el motor de la inflación y, a largo plazo, fórmula segura de quiebra. Por eso decía Keynes que, a largo plazo, "todos calvos". Si se impone un límite al déficit, es decir, al gasto, se le corta una de las dos piernas al keynesianismo que podría seguir a la pata coja incidiendo en los ingresos mediante una política fiscal progresiva. Pero esa pierna tambén se le cortó hace años, desde que la ofensiva neoliberal decretó que lo único que cabía hacer con los impuestos era bajarlos, cosa que aceptó todo el mundo, incluido Zapatero a quien, ignoro por qué, bajar los impuestos le parecía de izquierda. Con las dos piernas amputadas, el Estado del bienestar ha recurrido a la venta del sector público para ir tapando déficit. Pero ya no queda casi nada por vender. El Estado del bienestar ha dejado de caminar y tiene un problema grave de financiación del que quiere salir suicidándose.

No es el lugar de preguntarse cómo se ha llegado a esta situación pero sí es de justicia reconocer que Keynes no tiene la culpa. El recurso al déficit para salir de la recesión se concebía como medida coyuntural. Pasadas las recesiones, los Estados debían enjugar los déficit, no consolidarlos. Han sido los políticos los que se han saltado esa regla de oro por razones que los teóricos de la decisión racional han explicado hasta aburrir. La izquierda aumentando el gasto social lo que Palinuro aplaude siempre que haya con qué pagarlo. La derecha haciéndolo para proyectos suntuarios o armamento o renunciando deliberadamente a los ingresos fiscales, que viene a ser lo mismo, con el claro objetivo de provocar lo que ahora dice que quiere evitar, esto es, la quiebra del Estado del bienestar.

En efecto, no es cosa de preguntarse cómo se ha llegado a esta situación pero sí porqué: porque gracias a la globalización, el mundo vive la dictadura del capital que es lo único que verdaderamente se ha internacionalizado, al extremo de poner de rodillas Estados enteros; y no sólo Grecia; también los Estados Unidos, ejemplo típico de país que lleva decenios viviendo por encima de sus posibilidades. Y los países europeos soportamos una doble globalización, la mundial y la nuestra. Sobre todo en la zona euro en la que el capital cuenta con un poder político de primera magnitud, Alemania, el país que perdió la guerra pero ganó la paz. Ha uncido a su carro a Francia para dar más legitimidad a su dictado (obsesionado con el control de la inflación), que tiene tanta mayor fuerza cuanto que predica con el ejemplo, pues ha incluido el techo de déficit y el presupuesto equilibrado en los arts. 109, 115 y 143d de la Ley Fundamental.

El límite constitucional del déficit es materia políticamente explosiva, como se prueba por el hecho que los Estados Unidos, que fueron los que empezaron la idea allá por los años treinta, no lo han conseguido. Al contrario, en 1986 y en 2002 fracasaron sendas propuestas de reforma de este tipo (por un voto en el Senado en ambos casos), dejando al país hacer el ridículo reciente de tener que aumentar por ley el tope de gasto so pena de suspensión de pagos.

En España pasa lo mismo y la izquierda se lanza a la petición de referéndum. Siendo realistas, Palinuro se lo pensaría dos veces. Este referéndum (¿cómo no va el pueblo a pronunciarse sobre un asunto de tanta importancia?) puede hacer revivir a parte de esa izquierda las nostalgias del de la OTAN en 1986. Las comparaciones son odiosas. La izquierda puede estar ahora tan dividida como entonces. Probablemente muchos socialistas votarían hoy también "no". Pero la derecha, que en 1986 se abstuvo o, incluso, subrepticiamente votó "no", esta vez votará "sí" sin dudarlo. Resultado más probable: la izquierda "minoritaria" o "transformadora", con los añadidos de los críticos del PSOE, perderá otro referéndum sin que se cumpla la el viejo anhelo de IU (y PCE) de dar la vuelta a la tortilla dentro de la familia. El PSOE quedará debilitado pero seguirá siendo mayoritario en la izquierda porque el grueso de su electorado, por muy crítico que sea, no votará a IU, como se ha visto el pasado 22 de mayo.

El referéndum puede pedirse por congruencia con una conciencia democrática. En el caso de que ganara el "no", España tendría que salir de la zona euro. Hipótesis no muy necesitada de consideración porque, aunque el referéndum se convocara que no parece sea el caso, ese "no" es altamente improbable. Si sale el "sí" la izquierda quedaría muy tocada. Y es que, guste o no, no hay alternativa si se quiere mantener al país en la zona euro o, en el extremo, en la UE, ya que la obligación de límite y equilibrio presupuestario está en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea(art. 114).

Siendo así las cosas entiendo más práctico para la izquierda, especialmente en el PSOE, ya que no es probable que la otra izquierda ceje en la pretensión referendaria, tomar posiciones en tres terrenos: a) hay límites y límites; esto es, habría que imponer el límite al que se nos obliga (porque de hecho es una obligación y una obvia merma de soberanía) pero estableciendo provisiones que permitan flexibilizarlo de un año para otro y, por tanto, suavizar su carácter restrictivo. Es práctica aceptada ya que todo límite, si es muy bajo, tiene que tener un margen de flexibilidad; b) volver a la progresividad fiscal e incidir en la política de ingresos, recaudando más para financiar un Estado del bienestar que es de justicia elemental y ya no se puede costear con cargo al déficit. Si yo fuera político, especialmente socialdemócrata, se me caería la cara de vergüenza escuchando a los ricos (primero Warren Buffet en los Estados Unidos y luego los millonetis franceses) diciendo que quieren pagar más impuestos. A lo mejor este espíritu de solidaridad y justicia social redistributiva se contagia también a los ricos españoles, aunque aquí bastará con que digan que quieren pagar algún impuesto; c) forzar una provisión constitucional de igual rango de protección del Estado del bienestar como un derecho. O, mejor dicho, refozar la que ya existe.

Salvo error u omisión por mi parte esas son las tres líneas de la acción socialdemócrata de urgencia en las actuales circunstancias y a la espera de consolidar un modelo de cambio del sistema productivo muy anunciado y nunca realizado, hasta el extremo de que son los ricos los que salen en defensa del Estado del bienestar. O algo falla o ha llegado el momento de que la socialdemocracia europea comprenda que tiene que ofrecer una salida de garantía del Estado del bienestar para toda la Unión.