En un país en el que el ministro del Interior practica la guerra sucia contra el independentismo y difunde noticias falsas contra sus adversarios. En el que el centro oficial del "inteligencia" y espionaje no aclara cuál es su relación con un confidente policial al que se acusa de haber planeado un atentado contra civiles indefensos. En el que diversas autoridades del partido del gobierno están acusadas de falsificar documentos y de financiarse ilegalmente. En el que el presidente del gobierno, sospechoso de cobrar sobresueldos en B, envía mensajes de ánimo a los delincuentes y presuntamente miente en sede judicial al declarar como testigo. En el que los jueces no necesitan pruebas para encarcelar a la gente. En el que las autoridades roban, mienten y abusan a mansalva. En que los fiscales se inventan los delitos. En el que el gobierno impone el veto a los debates del Parlamento. En el que se filtran documentos falsos para incriminar a partidos de la oposición como Podemos una y otra vez. En el que los gobernantes amenazan directamente a los ciudadanos con echarles encima unos jueces que obedecen lo que dice el poder. En el que unas pruebas incriminatorias contra los gobernantes desaparecen misteriosamente de las dependencias oficiales y en el que otras son destruidas a martillazos. En el que se falsean todos los datos estadísticos. En el que se encarcela arbitrariamente a tuiteros, titireteros o cantantes por expresar opiniones. En el que policías de paisano agreden a ciudadanos pacíficos. En el que los gobernantes acusan a las víctimas de la violencia policial de haberla empleado en contra de la policía. En el que las fuerzas del orden ocultan su identificación y falsifican las actas de detención y registro.
En ese país, ¿qué seguridad tienen los ciudadanos de que, cuando la Guardia Civil entra en las sedes de la Generalitat y Ómnium, en busca de pruebas de delitos, no es ella misma la que las pone?
La dictadura del B155 y la banda de ladrones sestá pidiendo ya a gritos la intervención de la comunidad internacional para proteger a la población civil frente al maltrato y el expolio practicado por la asociación con ánimo delictivo que llaman PP o partido del gobierno.
