La política de la venganza

No deja de tener chiste: quienes más delincuentes indultaron en su tiempo, a cientos, casi todos condenados por corruptos, ahora se oponen a indultar a otros posibles delincuentes. Por si no estuviera claro qué delincuentes les gustan o les convienen y qué otros no les gustan ni les convienen. Nada de indultos a sediciosos y rebeldes y una lástima que no se pueda imponerles la Perpetua. 

La propuesta es puramente simbólica, a modo de aviso. La ley no es algo que, a diferencia del PSOE, detenga al PP cuando tiene la mayoría necesaria ara derogarla. Si impone este criterio no es por su eficacia sino por el valor ejemplificador que tiene. La derecha tolera y hasta justifica la corrupción; la rebelión, no; nunca. Prrimero, la autoridad; luego, la honradez. 

Coincide esta petición con unas declaraciones del campo socialista en pro del indulto. La delegada del gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, es partidaria de esta gracia a los  políticos presos siempre que lo soliciten.. Se refiere a los presos políticos. Vaya barullo que tiene la señora en la cabeza. No es frecuente dar indultos a quienes no lo solicitan. Pero esto es lo de menos. Lo más espantoso, sostiene la derecha, es que ya se esté pensando en indultar a unos delincuentes condenados en firme por sedición y rebelión. Ello demuestra la complicidad subterránea entre los separatistas y el gobierno entreguista y antipatriótico de Pedro Sánchez.

Aterrorizado el gobierno ante la sospecha de tamaña villanía ha corregido las declaraciones de la fogosa delegada. Las ministras Montero y Batet han dicho lo evidente: que no cabe hablar de indulto si aun no hay sentencia y que se respeta el poder judicial. Hasta Cunillera se ha corregido a sí misma, negándose a los futuribles.

Para los independentistas estas consideraciones son gratuitas. Partimos de que los presos/as políticos/as han de ser liberadas sin juicio y el procedimento anulado. No ha lugar a indulto  porque no puede haber lugar a condena. Diga lo que diga el gobierno sobre el Poder Judicial, es obvio que este proceso es una farsa en el sentido de que se trata de una causa contra el independentismo disfrazada de proceso penal. Disfrazada porque, además de las innumerables irregularidades de forma y fondo se basa en acusar a unas personas de un delito que no han cometido puesto que no se da el requisito esencial de la violencia.

No cabe aceptar más solución que la anulación del procedimiento y la liberación de los presos políticos. Cualquier otro solo puede darse apoyado en la intensificación de la represión sobre Catalunya. Y esta encontrará respuesta cada vez más masiva y decidida. Hasta que a la desobediencia se sumen las instituciones y haya un conflicto de competencias más agudo si la ciudadanía insiste, por ejemplo, en que se debe liberar a los presos políticos. 

En cualquier caso, de llegarse a la celebración del juicio y las condenas, tampoco ha lugar a la petición de indulto. Para que haya indulto, el condenado debe arrepentirse de su delito y los/as condenados/as catales/as no han cometido delito alguno. El delito pueden estar cometiéndolo quienes los/as han encarcelado. 

Está claro. Será la República la que las libere.

"Que veinte años no es nada"

El ministro de Asuntos Catalanes, José Borrell, se ha tomado a pechos eso de combatir la hegemonía del relato independentista en el exterior. Sigue presentándose como ministro de Asuntos Exteriores, título oficial, pero solo habla de Catalunya donde quiera que vaya. ¿Un acto de la Cámara de Comercio de España en Nueva York titulado Latinoamérica, Estados Unidos y España en la Economía Global? Él habla de Catalunya.. ¿Una conferencia del Centro Jean Monnet de la Universidad de Nueva York sobre los problemas de la Unión Europea? Él sigue hablando de Catalunya. Sí, es un ministro de Asuntos Catalanes. Más concretamente, un ministro anticatalán de Asuntos Catalanes. Puede parecer extraño, pero Catalunya está acostumbrada a que los gobiernos españoles se constituyan en contra de ella.

Y ¿qué dice el ministro de AACC en su mucho hablar? Que siente como su deber impedir la pérdida de Catalunya; que se trata de una cuestión existencial. Quiere decir esencial. Los existencialistas dejaron a los dogmáticos muy descolocados. Y como es una cuestión "existencial", él ha decidido retornar a la política. No miente; simplemente no sabe lo que dice. Jamás ha dejado la política; a lo que ha vuelto ahora es a ser ministro.

Y este neoministro dice que va a contrarrestar el relato independentista, hoy triunfante, pero falso, con el verdadero, que trae él en las alforjas. No obstante, para echar realismo al objetivo y no suene a elixir de la eterna juventud, pide veinte años para resolver "la cuestión catalana". Si el hombre es la medida de todas las cosas, según Protágoras, esa solución queda  peligrosamente cerca del más allá.

No nos detengamos en futesas. ¿En qué consiste el relato triunfante? En la habitual melopea de falacias e incongruencias con que el unionismo español pretende ocultar que, como dice Iu Forn, entre la unidad de España y el Estado de derecho, España ha escogido la primera, mandando bravamente el Estado de derecho al basurero de la historia. Es decir, la misión del ministro es inventar un relato que convierta la oligarquía autoritaria española y su cleptocracia en un Estado de derecho contra toda evidencia. Porque el problema no es que sea difícil luchar contra las imágenes de policías a palos con gente pacífica. El problema es que los jueces, parlamentarios, partidos y medios de comunicación del Estado están a la altura de esos policías, cosa que ha visto todo el mundo. El problema es que un país con presos políticos no puede ser un Estado de derecho por mucho que pregunte indignado el ministro si la gente sabe qué es un preso político. Pregunta estúpida, con permiso del señor conferenciante, porque sí lo sabemos y porque lo sabemos, sabemos que los Jordis y compañeros/as son presos/as políticas/os. Y lo sabe todo el mundo. El ministro, también. 

En un Estado de derecho nadie está por encima de la ley y en España lo está el rey. Y no merece la pena seguir con el contrarrelato del ministro de propaganda española que tiene curro por delante si, además, como parece, pretende también contrarrestar la Leyenda Negra.

Nadie recordará al ministro la vieja distinción de Ortega entre la España oficial y la España real. Pero es oportuna. Él, el ministro de Asuntos Catalanes es la España oficial. La España real es un gobierno socialista a punto de emplear el 155 en Catalunya; una oposición a la que esto le parece una concesión y exige la intervención directa; unos "jarrones chinos" que ya están pidiendo la supresión de la autonomía; unos medios dedicados a la censura y manipulación y al intento de acallar a los medios plurales; unos jueces que tienen prejuzgadas a centenares de miles de personas como delincuentes por ser independentistas; una causa general política contra el independentismo que promete ser tan increíble como los procesos de Moscú.

Ignoro hasta qué punto esta cuestión abruma al ministro que habla de veinte años como en el tango. Cuando salga de la España oficial y se encare con la real comprenderá que su empeño solo oculta su frustración, que también le revela el tango: "tengo miedo del encuentro/con el pasado que vuelve/a enfrentarse con mi vida."

En veinte años, ministro, los independentistas en Catalunya estarían en torno al 55% solo por razón del envejecimiento natural de la población. Pero no debe cundir la alarma. Al paso que va todo Catalunya será independiente mucho antes. ¿Si se cambia el paso -preguntan los "dialogantes" del PSOE- se cambiarán los tiempos? Por supuesto. Queda por ver si para retrasarlos o acelerarlos.

De jueces y reyes

Las primeras autoridades en algunas sociedades humanas, antepasadas de las nuestras, fueron jueces y reyes. Está en la Biblia. Por eso no hacía falta mencionar el tercer estamento, el de los sacerdotes. Estos se reservaban el reino de los cielos (y buena parte del de la tierra, a ser posible, toda) y el siglo quedaba a cargo de los jueces y los reyes. Estos para ejercer un poder justo y aquellos para administrar la justicia en nombre de ese poder. Ya desde el comienzo dieron problemas y así han seguido hasta hoy. 

El rey Felipe VI, de su padre mejor es no hablar, ha dado abundantes pruebas de animadversión hacia Catalunya. Su famoso discurso del 3-O, por el cual se le han pedido disculpas reiteradamente, fue una pieza de altanería, autoritarismo y desprecio por ignorancia de las víctimas del 1-O. Era sin embargo de esperar en quien, en su discurso de entronización aseguró en gesto de magnanimidad el derecho de los españoles a sentirse españoles como les diera la gana pero no, en absoluto, pues ni lo mencionó, el derecho a no sentirse españoles. Desde entonces se han sucedido muchos acontecimientos, pero todos se resumen en un hecho: el rey de España es rey en Catalunya en contra de la voluntad de una mayoría de catalanes/as.

Los jueces ya venían avisando hace tiempo de qué pie cojeaban. En concreto del pie "atado y bien atado" del franquismo. Ahora se sabe que el célebre juzgado de instrucción nº 13 de Barcelona había estado investigando el 1-O desde el primer momento, a pesar de haberlo negado públicamente. Se sabe también que la provisión de plazas en sitios estratégicos (Llarena en el Supremo, por ejemplo) se hace por procedimientos altamente cuestionables. La administración de justicia tiene un sesgo fuertemente franquista y corrupto. Por si había alguna duda se destapa ahora un chat de la magistratura, más o menos al amparo del CGPJ en el que los intervinientes dejan claro que consideran el independentismo no como una ideología con el mismo derecho a existir que las demás siempre que, como es el caso, sea no violenta, sino como un delito. 

Los jueces aplican la "justicia" del rey y lo hacen sin escrúpulos, aun sabiendo que, al enjuiciar un conflicto con el independentismo, cometen prevaricación pues son jueces y parte. A la vista de este chat, que las redes ya han bautizado aviesamente como forojueces por las barbaridades que en él se leen, y que es de esperar actúe ya en todas las instancias europeas pertinentes, Catalunya no puede esperar justicia en los tribunales españoles. 

Watergate, el triunfo de la libertad de expresión

Ramón Cotarelo (2018) Todos los hombres del presidente. Valencia: Tirant Lo Blanch.

-----------------------------------------------

La editorial valenciana Tirant Lo Blanch tiene una  estupenda colección, llamada Cine y Derecho, hecha de monografías sobre películas analizadas desde una perspectiva cinematográfica, jurídica y política. El extenso catálogo abarca filmes muy conocidos y de todo tipo. En ella acaba de publicar Palinuro un breve ensayo sobre la película de 1976, dirigida por Alan J. Pakula, Todos los hombres del presidente. Robert Redford y Dustin Hoffman dan vida a Bob Woodward y Carl Bernstein, los dos intrépidos reporteros del Washington Post que destaparon el "Watergate", un caso de encubrimiento que acabó con la brillante carrera de Richard M. Nixon, obligándolo a dimitir bajo amenaza de inhabilitación en un juicio penal. El único presidente de los 45 del país en verse en esa situación.

Para escribirlo he leído algunos libros, informes, documentación, memorias e historias; he vuelto a ver la película y también un documental sobre ella producido en 2013 por la empresa de Robert Redford (quien también había producido la peli) con todo tipo de material y entrevistas a los protagonistas de la historia que seguían vivos, All the President's Men Revisited. Cuando una película genera un documental que interesa a la gente 35 años después es que es tan genial como Los tres mosqueteros, que inauguró la moda de los "veinte años después". Aunque aquí, los mosqueteros eran dos. Tres, si se cuenta al hombre en la sombra, Garganta profunda, el que encarriló decisivamente a los reporteros con su famosa indicación: follow the money. Hasta 2005 no se reveló que  Garganta Profunda era Mark Felt, el segundo del FBI. Y solo se supo porque él mismo lo dijo. Woodstein mantuvo el secreto. Eso es guardar la confidencialidad de las fuentes.

El film toma como base la mitad del libro de Woodward y Bernstein, tras unos episodios rocambolescos con el guión y resulta apasionante por sí mismo. Sumergirse en el ambiente de los medios hace 50 años es una gran experiencia que genera melancolía. De haber existido los móviles o Google, esa historia hubiera sido muy distinta. Y la informática hubiera ahorrado muchas horas de febril examen de miles de facturas o búsquedas desesperadas de nombres y direcciones en la guía de teléfonos. Las máquinas de escribir, los teléfonos de bakelita, ni un solo ordenador en las mesas de la gran redacción. Otro mundo. Pero con el mismo espíritu. Todos los hombres del presidente es un gran homenaje a la prensa de papel y, al mismo tiempo, el canto del cisne de esta, devorada por los audiovisuales e internet.

La brillantez de la película oscurece los méritos del libro, que son muchos. El primero de todos, su estilo. Escrito a cuatro manos, acusa las dificultades del procedimiento que vence con holgura. No es ficción, tampoco es reportaje. Es casi un cuaderno de notas de una especie de patrulla o expedición sobre el logro de un objetivo. Es deliberadamente soso, narrado en tercera persona singular, pero refiriéndose a cada reportero por su nombre, eliminando consideraciones ideológicas o declamatorias y relatando las cosas como iban sucediéndose. Un libro crudo que narraba los hechos que conducirían a la mayor crisis política de los Estados Unidos.

La contraportada del libro concluye la presentación del modo siguiente: "...el mayor combate que la prensa ha librado jamás contra el poder político, empeñado en desacreditarla, chantajearla y encubrir los delitos. Y esta es la historia que cuenta la famosa película de Alan J. Pakula. Fue el presidente de los EEUU el que había intentado ocultar sus fechorías. La repetida intervención del Tribunal Supremo, dando la razón a la prensa, obligando al presidente de colaborar con la Justicia y defendiendo la libertad de prensa fue un hito en la larga carrera de la humanidad por la libertad de expresión y la lucha en contra de la inmunidad del poder y la tiranía. Su eco se hizo sentir en todo el mundo y sigue siendo un ejemplo del valor de la prensa libre."

No es de extrañar que Woodward y Bernstein (a los que llamaban "Woodstein" por ir siempre juntos) sean los arquetipos de periodistas que las generaciones posteriores tratan de imitar. Son la representación de la verdad en el dicho de Thomas Jefferson de que entre un gobierno sin prensa y una prensa sin gobierno eligiría sin duda lo segundo. 

El independentismo es un derecho; no un delito

No, en verdad. Lo delictivo es considerar (y tratar) el independentismo como un delito.

Aquí mi artículo de ayer en elMón.cat, titulado Esperando a los bárbaros, a propósito de la anunciada manifestación de muy y mucho españoles el próximo 29 de septiembre en la Plaça de Sant Jaume, para homenajear a los efectivos que repartieron estopa el 1-O con el glorioso resultado de más de mil heridos/as. Sí, exactamente los bárbaros de Kavafis (que, al final, llegan) y Coetzee. Puede parecer un poco duro decir esto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en cualquier Estado civilizado del entorno lo sería. Pero España no es un Estado civilizado en el sentido de la tradición occidental. Quizá en algún otro que se me escapa. La prueba es la exclusiva de hoy de elMón.cat titulado El "¡A por ellos!" judicial sobre lo que dicen jueces y magistrados en su foro de internet sobre el independentismo catalán. Si después de leerlo alguien cree que la columna es dura, podemos debatir. Esos policías y guardias civiles vienen a Catalunya a cumplir órdenes, indicaciones, deseos de unos funcionarios judiciales que, por el odio que desprenden, están radicalmente inhabilitados para la función jurisdiccional.

Simple y llanamente, pasando por encima de todas las declaraciones de derechos, la conciencia jurídica de la época, la doctrina universalmente admitida y la jurisprudencia planetaria, estos "jueces" y "magistrados" consideran que una ideología política independentista esencialmente pacífica, no violenta, es un delito.

¿Qué justicia cabe esperar en España?

Aquí el texto del artículo en castellano:

Esperando a los bárbaros

Para el próximo 29 de septiembre hay anunciada una manifestación españolista en la Plaça de Sant Jaume. Esta convocada por Jusapol, una organización teóricamente concebida para apoyar la equiparación salarial de las policías estatales con las autonómicas. No obstante, como se ve, también incita a la acción política directa en un clima de crispación y enfrentamiento con el obvio ánimo de intensificarlos puesto que, para esa fecha, la plaza estará ocupada por los independentistas en apoyo al gobierno del MHP Torra.

La manifestación se hace en apoyo y homenaje a los agentes de la guardia civil y la policía nacional que el 1-O se dedicaron a aporrear salvajemente a la población pacífica con un saldo de más de mil heridos que todo el mundo ha podido comprobar. Es imposible imaginar un propósito más colonial y provocador. Los mismos que cometieron los actos vandálicos aquel día y por los cuales ya hay media docena de ellos imputados en los tribunales, o sus compañeros, pretenden humillar de nuevo a las víctimas, imponiendoles su indeseada presencia en homenaje a los apaleadores y sosteniendo que tienen un objetivo común cuando el suyo fue aniquilar por la fuerza bruta el de los otros y sisn conseguirlo, por cierto.

La responsabilidad de los convocantes y de las autoridades que no impidan esta planeada agresión a la convicencia ciudadana será enorme. Porque no se trata del ejercicio legítimo del derecho de manifestación de unos ciudadanos normales con un punto de vista propio. Se trata de una manifestación convocada por una asociación de funcionarios armados a la que se invita a acudir a otros funcionarios armados y sin que esté claro ni garantizado que a ella no concurran estos de paisano pero con armas y con intención de provocar altercados y violencia como ya se ha demostrado suficientemente que hacen en otras ocasiones. Y sin que lo esté tampoco que, al final, no se sucedan actos de vandalismo y agresiones a los ciudadanos en Barcelona como indefectiblemente sucede al cabo de las manifestaciones de la derecha nacional española.

Porque esta se sumará encantada a la convocatoria con sus cutters, sus palos y sus trajes de Ku-Klux-Klan, sus VOX, sus SCC, sus Democracia Nacional y otras organizaciones fascistas o parafascistas. Se trata por tanto de una convocatoria intimidatoria, para hacer ver a los catalanes una vez más a palos cuánto se los quiere en el Estado que los oprime.

En realidad, esta convocatoria es el segundo acto del “¡A por ellos!”

Y deja en el aire la duda de si el gobierno controla los aparatos represivos del Estado. Está claro ya que a los jueces, no. Resta por ver si controla a las fuerzas de seguridad o si, por el contrario, es un juguete en sus manos. Cierto que el orden público en Catalunya es competencia de la Generalitat, pero, teniendo en cuenta que quienes vienen a la provocación serán agentes de todo el Estado, cabe preguntarse qué hará el gobierno. Cabe preguntarse qué harán esos 600 piolines destacados en Catalunya por el ministro del Interior Marlaska, del que cabe esperar intenciones aun más agresivas y contrarias a las libertades que de su antecesor, el inefable Zoido.

Si no se prohíbe esa provocación, pensada para que estalle un conflicto peor en Barcelona y se justifique una intervención con o sin 155, la generalitaat, es de esperar, vigilara el orden público y evitará la violencia con todos los medios a su alcance. Es su deber No se puede dejar a la población pacífica de Barcelona a la espera de qué sucederá cuando lleguen los bárbaros.

Al escrupuloso y eficaz cumplimiento del deber de protección de la tranquilidad ciudadana de la Generalitat que, es de esperar, tomará medidas para impedir los excesos que los manifestantes tratarán de cometer se sumará la respuesta de una población movilizada y muy consciente de lo que estsá en juego. Es claro que deebe mantenerse la visión general del conflicto España/Catalunya como aparece ante el mundo: la revolución catalana es esencialmente democrática y pacífica. La violencia viene siempre de fuera; la traen las fuerzas de represión, de uniforme o de paisano y sus ayudantes y colaboradores civiles que están en todas partes, incluido el gobierno, como lo demuestra la presencia en él de Borrell quien raro será si no hace acto de presencia.

Es muy probable que, complementariamente a la acción pública defensiva de la Generalitat se sume una actitud generalizada de indiferencia de la población y aislamiento de los violentos. Lo que ha dado en llamarse un “Tortosa”. Será difícil porque, como muestra la experiencia, estos vienen a atacar directamente y será preciso acumular toneladas de paciencia y resistir la indignación que estas provocaciones despiertan.

Hay que esperar tranquilamente a los bárbaros y dejarlos pasar en medio de la indiferencia general.

La anormal normalidad

Casi parece un juego de palabras o, más hispánicamente, un empeñarse en mantener el fuego mientras se pierde el huevo. A primeros de agosto publicaba Palinuro un post titulado La Normalidad, comentando la consigna del gobierno de actuar siempre en el marco de la normalidad que había venido a establecer. Normalidad con presas y exiliados políticos, aunque hayan traído a las primeras cerca de sus domicilios. Imposible. Lo dijimos entonces y lo reiteramos ahora. En el mes y medio transcurrido, ni un atisbo de normalidad. Esta solo existe para el gobierno y sus aliados. Los de Podemos no asistieron a la manifestación de la Diagonal en la Diada porque rompía la "normalidad", a lo que Colau añadía horrorizada que facilitaba la "unilateralidad" cuando, como todo el mundo sabe, lo normal es la bilateralidad.

Pero los hechos, es obvio, son tozudos; en especial los hechos penales. Entre el bautizo de la "normalidad" del gobierno y su entierro ayer en las declaraciones del PDeCat, ha mediado un mes en el que la tal "normalidad" ha convivido con dos procesos contradictorios que la han triturado. 

En el Estado, la "normalidad" ha convivido con un defensa atípica de la judicatura española en el exterior a cargo del gobierno, una cascada de informaciones sobre irregularidades en todo el proceso político por el 1-O o instrucción de Llarena, un ataque sin precedentes del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo a las jurisdicciones europeas, singularmente la alemana y la belga, una nueva negativa belga a extraditar a un acusado en España, Valtonyc,  unas inefables declaraciones a la BBC del ministro de Asuntos Catalanes, Borrell, de inmediato falseadas por el interesado al llegar a España y recurso de este para torpedear las delegaciones exteriores de la Generalitat (Diplocat). De la "normalidad" no quedan ni las burbujas, salvo que se admita como normal el sistemático torpedeo de la acción de la Generalitat.

Dice Borrell que está ganando la "batalla del relato" en el exterior. Cerrando delegaciones y siendo incapaz de justificar la existencia de presos políticos en España. Reconoce que la existencia de estos presos no ayuda al entendimiento. Le hace eco la ministra Batet diciendo lo mismo: mejor sería que no hubiera presos políticos. Ellos dicen "políticos presos", pero eso forma parte del empeño borgoñón en el fuero. No es que fuera mejor, sino que es la única forma de empezar a entenderse. Pero ahí están, anclados en esa "normalidad" profundamente anormal y de la que no consiguen salir igual que los invitados de El ángel exterminador, porque son incapaces de reconocer la verdad: que mientras haya presos y exiliadas políticas, no habrá normalidad. 

Los y las presos/as y exiliados/as políticos/as han dado al movimiento independentista un símbolo por el que luchar, la libertad; y un objetivo práctico que lograr, la libertad de sus dirigentes democráticamente elegidos e injustamente encarcelados. 

Si en algún momento los estrategas unionistas pensaron en quebrar la unidad del bloque independentista, con las últimas decisiones del PDeCat de retirar la moción con el PSOE y rechazar de plano la "normalidad" constitucional, ya habrán perdido la esperanza. La unidad, la pieza esencial de la armadura independentista se mantiene sin falla, incluso en medio de alborotadas polémicas sobre puntos tácticos.

La hace invulnerable la posición de Oriol Junqueras cuando zanja el asunto de modo incuestionable: si el Estado no acepta un referéndum pactado de autodeterminación tendrá otro 1-O, que puede ser cualquier otro día, por cierto.  

Tampoco se crea que ese referéndum goza de universal aceptación en el independentismo; hay sectores, singularmente la CUP, que lo rechazan por entender que ya se hizo el 1-O. El asunto es complicado. Pero valga el que se hizo entonces o el que se repita ahora, por mor de la legalidad (española) y la opinión (europea), nadie duda ya de que es, y fue siempre, la única solución, la sencilla forma de resolver la crisis, como se hizo en Escocia. 

Hay más. Al ser el referéndum de Escocia pactado con el Estado británico y vinculante, este se comprometía a no obstaculizar el reconocimiento internacional de una Escocia independiente. Digan ustedes eso a los políticos unionistas españoles, dispuestos a gastarse millones del erario para comprar voluntades en las cancillerías extranjeras y evitar la tentación de un reconocimiento de la República Catalana.

El referéndum es la forma más limpia de proceder, la que despeja las controversias sobre mayorías/minorías, la que resuelve todas las crisis y deja menos secuelas conflictivas. Maravilla que lo que se consigue en unas horas mediante un pacto en Escocia, resulte más difícil de alcanzar en España que la maravillosa manzana de Samarcanda, de las Mil y una noches, que curaba todos los males.  

Y, sin embargo, los cura.