Derrotada la vía judicial, vuelve la política represiva

Ya está todo el mundo al cabo de la calle de que la farsa judicial montada al alimón por el gobierno español, el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sido un rotundo fracaso con aires de ridículo y consecuencias por ahora imprevisibles pero que pintan mal. La conversión de un intento de causa general contra el independentismo en un proceso judicial garantista estuvo tan repleta de irregularidades y reveses internacionales que ha quedado en un esperpento.

Esperpento que se aviva hoy con las andanzas del juez Llarena en busca de amparos frente a su triste destino que, para su congoja, quizá le sea muy gravoso y no solo en su estima profesional, sino en su bolsillo, ya que el tribunal alemán pudiera condenarlo al pago de costas. Evitar este resultado es el objetivo de la petición de amparo al CGPJ. Este, presidido por el ariete de la derecha más montaraz, Lesmes, lo ha otorgado  e instado al gobierno a hacerlo efectivo. No correspondía formal ni materialmente. La solicitud se presentó fuera de plazo y no se refiere a un procedimiento por hechos de la función jurisdiccional en sentido estricto, sino por manifestaciones personales públicas en ámbitos no judiciales que lo podrían inhabilitar como juez instructor.  No es asunto menor: tener a nueve personas en prisión durante casi un año por orden de un juez que podría haber incurrido en actos inhabilitantes es una monstruosidad y demuestra el absoluto desastre a que ha llevado la política persecutoria del PP, alentada por C's, PSOE y algunos de Podemos.

Un desastre en el que emerge la figura de presos y exiliadas, sometidos ahora a la iniquidad de un prisión que, siendo injusta en origen, redobla su injusticia al prolongarse. La responsabilidad es ahora del PSOE. Y no solo no se ha intentado reconducir la situación a un clima de diálogo con hechos como la liberación de las presas políticas, sino que se ha intensificado la represión, la confrontación política (con la presencia del rey el pasado 17-A en Barcelona) y la negligencia en el control de las bandas fascistas callejeras cada vez más claramente incitadas, si no organizadas, por C's y organizaciones parapoliciales.

El intento de desestabilizar Cataluña para justificar una intervención armada que acabe con el independentismo (como si eso fuera posible) no es un movimiento espontáneo, desestructurado, que surja ocasionalmente. Es un plan sistemático. Joan Vintró, catedrático de derecho constitucional, lo hace culminar y empezar a funcionar con la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, de 2015 con el fin de convertirlo en una obediente comisaría del gobierno. Sin duda es así en los detalles del plan; en el espíritu, en la intención, nació con el referéndum que quiso convocar M. Rajoy contra el proyecto de Estatuto de 2006 y la desgraciada sentencia del Tribunal Constitucional de 2010.

Pero el plan no sale porque la intervención de las jurisdicciones extranjeras lo ha abortado. Ha hecho imposible el teatro que pretendía montar un parlamento casi unánimemente nacional-español, con ayuda de una judicatura complaciente y unos medios estrictamente controlados para hacer pasar como acción de la justicia independiente un proceso político amañado e injusto.

Ante el rotundo fiasco europeo, vuelve la reclamación del 155 que Palinuro preveía ayer mismo (No sé cómo no han sacado el 155 a relucir). Quienes critican la judicialización (entre ellos Sánchez hace unos meses), animan a abandonarla y emprender una vía política. El problema es que, para la derecha española (en lo tocante a Catalunya todas son derechas) la política es lo que ha sido siempre: represión, palo y tente tieso. La cuestión no tiene arreglo. Judicializaban porque carecían de margen político. El PSOE no lo tiene y el PP, menos. No es que este se equivocara eligiendo la judicialización en lugar de la vía política. Es que no tenía tal vía política. Ni la tiene. Ni los otros partidos españoles.

Insisto en que solo parecen verosímiles dos salidas: estado de excepción (¿qué otra cosa es en el fondo el 155?) o referéndum pactado de autodeterminación. El Estado intentó establecer un estado excepción disfrazándolo de proceso judicial y lo ha destruido todo, la justicia y el Estado.  Ahora solo queda el 155, lo que augura mayor conflicto, o el referéndum. 

El Estado, bien, gracias

Como la vicepresidenta y pluriministra Calvo se felicita de haber recuperado la famosa normalidad de Sánchez, es lógico que "quite hierro" a las declaraciones del presidente Torra. Con una frase inaceptable, dice, no se ataca el Estado. Eso dependerá del valor performativo que la ministra otorgue aquí al verbo "atacar". El acto está en el habla. Al hablar de atacar, se ataca. ¿En qué medida? ¿Con qué consecuencias? Las que surjan del juego político entre, para entendernos, Madrid y Barcelona.

Pero este juego viene prieto. Torra pedirá explicaciones al ministro del Interior, Grande-Marlaska sobre el comportamiento intolerable de guardias civiles y policías españoles. Inaceptable/intolerable. Así estamos. Pero con una diferencia: los unos encuentran inaceptable una frase; los otros intolerables unos hechos. Una diferencia notable. 

Las derechas andan encendidas e incendiarias pidiendo mano dura contra Catalunya ahora mismo. No sé cómo no han sacado el 155 a relucir. Debe de faltar el canto de un duro. Quizá hasta ellas piensen que un nuevo 155 sería dinamitar el último puente de entendimiento y no están los tiempos para bravuras imperiales. 

La ministra trata de nadar entre dos aguas como puede, pidiendo cordura a los dos sectores enfrentados, unionistas e independentistas. Pero no consigue apaciguar los ánimos. Y no lo consigue precisamente porque no se trata de frases, sino de hechos. El gobierno tiene ante sí una verdadera rebelión civil, movida por un partido político, C's, que insta abiertamente a la población a retirar lazos amarillos de los espacios públicos, que son de todos. Eso es una falacia: son de todos, pero no como algunos determinen; nadie tiene derecho a coartar la libertad de expresión; puede ejercer la suya, pero no impedir la ajena. Así que el gobierno, además de las explicaciones sobre guardias civiles y policías españoles, tendrá que hacer algo con estos grupos de acción ilegales, los "antiamarillos"

En realidad, la perspectiva del gobierno, y del Estado español no es muy halagüeña. Es obvio que la frase "atacar el Estado" quiere decir lo que dice. Siendo la pregunta ¿hasta qué punto se dejará atacar el Estado sin reaccionar? Y reaccionar, ¿cómo? Solo veo dos opciones: a) proclamar el estado de excepción con las correspondientes consecuencias; b) negociar un referéndum de autodeterminación vinculante en Catalunya, cuestión con la que todo comenzó. De optarse por el referéndum habrá mentes maquinando soluciones intermedias entre el sí y el no. Las que se me ocurren o he leído por ahí no me parecen plausibles.

Es todo o nada. 

Consigna: desestabilizar Catalunya

¡Qué poco ha durado la alegría de la tregua ficticia que El País se había inventado! Menos de un día, dice, contrito, el periódico; y tan menos; como que no existió. Después del espectáculo de grosería, chabacanería y agresividad del unionismo,  por la noche entraron en faena los comandos fascistas encapuchados y portando armas blancas. Esta vez, traían un plan y un croquis de actuación que afectarían a varios núcleos de población. Los mossos los han detenido e identificado. Catorce individuos, uno de los cuales, al parecer, un guardia civil de paisano. Ya veremos los demás. Este es un problema grave, por más que los medios se obstinen en ocultarlo o en inventarse enfrentamientos y tumultos entre unos y otros. Los agresores son casi siempre unionistas. ¿Puede el gobierno controlar a unos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado rebosantes de franquistas y ultras que se sienten animados por el "¡A por ellos!" que comparte la sociedad española? Y, si no puede, ¿de qué Estado de derecho hablan los gobernantes y sus medios? ¿Un lugar en que la ciudadanía se ve impedida en el ejercicio de sus derechos por bandas de fascistas, delincuentes y agentes del "orden" de paísano? No es un Estado de derecho; es un Estado hobbesiano de naturaleza en el que no hay una guerra de "todos contra todos", sino una agresión permanente de los más, violentos y más armados contra los menos, pacíficos y desarmados.

Poco más tarde, Albiol, protagonizaba una de sus chulescas salidas de tono recriminando al presidente Torra su declaración de atacar el Estado injusto. A minutos del comienzo del acto de homenaje a la víctimas. Y es que esto de las víctimas no importa mucho a la derecha. Normalmente las instrumentalizan o las ignoran. Entrevistada en directo en otro lugar, Inés Arrimadas arremetía contra los independentistas acusándolos de todo lo imaginable, especialmente de politizar un acto destinado a las víctimas con tanta reiteración y fatiga que la presentadora hubo de hacerle lo que en tuiter se conoce como ¡Zasca!: "es el día de las víctimas y usted no para de hablar de política".

No hay tregua. Hay una consigna, consistente en alimentar la tensión, atacar a Catalunya por cualquier medio, sembrar la violencia y el terror con impunidad. La izquierda española se tragó la pócima de que había una nación española configurada como un Estado de derecho y una democracia cuando lo que tenía era la actualización del régimen de la dictadura blanqueada constitucionalmente. Ahora le toca beber otra peor: si no pone coto de forma contundente a la fascistización del país, acabará siendo cómplice de ella.

La ceremonia inútil

Como estaba previsto, el acto homenaje oficial español a las víctimas del 17-A ha sido una manifestación de nacionalismo español. Los convocantes -autoridades y adláteres como la SCC- habían pedido que no se exhibieran símbolos de partido porque el acto era nacional. La cuestión reside en que lo que ellos consideran nacional es partidista en Catalunya. El acto sería -y fue- netamente partidista. La idea de "todos unidos frente al terrorismo", válida en otros lugares, se convierte aquí en un absurdo (que no se salva ni aduciendo pobreza de espíritu), una provocación y un insulto. Porque en ese "todos" subyace una idea nacional que los independentistas rechazan. A esta razón general se suman las particulares de que se hayan bloqueado en el Parlamento las indagaciones sobre un atentado muy sospechoso y los responsables de haber acabado con el foco de terrorismo estén procesados y uno de ellos, encarcelado.

No había duda posible. El homenaje del Estado español era un homenaje unionista y como tal se viviría. El todos unidos contra el terrorismo escondía la pepita de la unidad nacional. Y el homenaje fue, por este orden, a España y al rey. Las víctimas eran el pretexto para un acto de Estado, impuesto, a la fuerza. Pero resultó un fracaso absoluto de asistencia, como se muestra en la foto, que tomo del TL de tuiter de Xavier Antich. Menos gente que en las manifas del 12 de octubre. Prácticamente cuatro gatos; tres, si descontamos las autoridades catalanas, Govern, Ayuntamiento, Parlament que, en su mayoría lo hicieron de mala gana. Fue un acto partidista enclenque. Aunque trajeron gente de fuera en autobús con refresco y bocadillo, no dieron aforo. De un lado, las fuerzas de seguridad sellaron el recinto y requisaron símbolos y material independentista, en un ataque a la libertad de expresión. También pancartas con lemas inocentes como "paz, justicia, libertad" mientras dejaban pasar banderas españolas y hasta fantasmagóricos "servicios del orden", tocados con unos gorros blancos encintados de rojigualda que se dedicaron a vociferar y atacar a la gente.

Es decir, de homenaje en serio, nada; al ser unionista, un festival esperpéntico-monárquico español, con gritos, abucheos y agresiones de todo tipo y ralea e intentos de tumulto y pelea con manifestantes antimonárquicos de los CDR. Sin contar los abucheos y berridos por el hecho de que Gemma Nierga hablara en catalán. Por supuesto, la guinda del pastel de este acto ridículo fue que la ceremonia, estuviera presidida por una gran pancarta en la fachada de un edificio en la que se explicaba en inglés que el rey de España no es bienvenido en los Països Catalans.

En la humillante soledad de la Tortosa barcelonesa, El Borbón había venido a imponerse sin pedir el perdón que se le exige por el discurso del 3-O. Y tanto él como sus cortesanos hubieron de pasar por las horcas caudinas de estrechar la mano de Laura Masvidal, la esposa del ex-conseller Quim Forn. Estrechar la mano de alguien a quien no te atreves a mirar a los ojos debe de ser una experiencia amarga y explica mucho de cómo andan las cosas por estos pagos. Que el vicepresidente del Parlament niegue la mano a Felipe VI eleva la amargura a resentimiento. Pero, ¿de qué se extraña? Catalunya es republicana y no lo acepta como rey. Eso no se disimula poniendo borsalinos cutres, adornados con la estanquera, sobre cabezas que embisten. El acto ha sido un fracaso rotundo del unionismo.

Los medios nacionales lo tienen crudo a la hora de fabricar la noticia que no pudieron presenciar: Cataluña unida bajo el Rey homenajea a las víctimas. Lo redacto como lo hubieran hecho ellos. La censura tendrá que actuar a pleno rendimiento: nada de imágenes de tabarnios monárquicos berreando, atacando a la gente o vestidos para la feria de abril; nada de imágenes de pancartas antimonárquicas; nada de planos generales en que se vea la nula asistencia o la pancarta en inglés. El País trata de mitigar el fracaso sin caer en la propaganda unionista/falangista hablando de una breve tregua política. De ser cierto, sería un resultado  irrisorio; y, además, es falso. ¿En dónde ve el periódico la tregua? Ni los tabarnios, ni los fascistas de C's, si es que no son los mismos, dan tregua alguna. El sector más densamente estúpido de la españolada siguió convirtiendo el acto en uno de partido: Casado paseando por las Ramblas e Inés Arrimadas repitiendo su discurso de cotorra catalanófoba y justificando el fascismo de los suyos.

Y los independentistas tampoco en su lucha por sus objetivos. Los actos verdaderamente importantes de homenaje, los serios, los ha organizado el bloque independentista, singularmente los multitudinarios como el de Lledoners, en el que el presidente Torra se compromete a atacar este Estado español injusto y a continuar con la construcción de la República Catalana. Todos contra el terrorismo; pero, de unidos, nada. Lo dos actos -el de Las Ramblas y el de Lledoners- han evidenciado una vez más que hay dos países y que Felipe VI quizá sea el rey de los españoles (está por ver) pero no lo es de los catalanes. Y quien diga que eso también está por ver solo precisa convocar un referéndum que los catalanes llevan tantos años pidiendo como los españoles negando.

Lo que los medios españoles transmitirán a sus audiencias será la consabida patraña nacional, mintiendo de la cruz a la fecha. El acto ha sido, una vez más, un triunfo de la línea independentista en todos los aspectos. No se ha politizado el acto español (eso lo han hecho los españoles), se ha respetado el protocolo, se han encajado los rebuznos tabarnios, se ha dicho al rey lo que este debía oír y se ha realizado un homenaje ejemplar tanto a las víctimas del atentado como a las del Estado español en su delirante política de perseguir a los responsables catalanes de haber acabado con la célula terrorista, mandada, al parecer, por un confidente del CNI.

Pero, a la hora de los parabienes, hay que atender a las críticas. Las redes han protestado mucho por los episodios del intento de descolgar la pancarta en inglés y las requisas de mensajes independentistas. Lo del descuelgue de la pancarta, especialmente llamativo, porque fueron los mossos. La explicación posterior de Quim Torra de que iban a comprobar la seguridad no es creíble. Quizá sea de buena fe, pero no es creíble. De esas cosas de seguridad se ocupan los bomberos. Otros problemas legales aparte. Por eso y por lo que se ve como una extraña permisividad, si no negligencia frente a los ataques fascistas, muchas voces piden la dimisión de Miquel Buch, el conseller de Interior y explicaciones de Quim Torra.

De los errores se aprende. Colaborar con el invasor, aunque sea con la mejor voluntad del mundo, más allá de lo estrictamente protocolario puede ser más que un error. Se comprende que las autoridades catalanas, sometidas a mucha presión, tiendan a magnificar la repercusión de posibles iniciativas populares, como la famosa pancarta. Pero por mucho que sea su temor, no puede llegar a reprimir la libertad de expresión en Catalunya a cambio de la inexistente "tregua" con el unionismo. En esto, como en todo, el pueblo marca el camino.

Al día de hoy, como consecuencia del 155 y sus secuelas y la actividad planificada de desestabilización de las organizaciones fascistas, en Catalunya solo tienen libertad de expresión (e intimidación) los unionistas. Los indepes carecen de ella, tienen a sus dirigentes en la cárcel y pleno derecho a exigir de sus autoridades una implicación más eficaz y decidida en la lucha contra las agresiones y a favor de los derechos de los catalanes.

No basta con establecer la República Catalana. Hay que defenderla.

La casa de los líos

Sabido es: unos nacen con estrella y otros, estrellados. Caso juez Llarena, este probo magistrado forjado en la más rancia prosapia franquista, según la cual el mero hecho de abogar por la independencia de Catalunya ya es delito. Incomprensiblemente, no está tipificado como tal, pero sí otro que viene como anillo al dedo: el de "rebelión". Falta el requisito de la violencia que Llarena ha intentado probar con una interpretación imaginativa del concepto según la cual es violento todo acto, por pacífico que sea, que suscite la violencia.

Y se extrañan de que alguien (el presidente Puigdemont y cuatro exconsellers en el exilio) interponga una demanda civil porque se le ha privado de sus derechos arbitrariamente. Es lo menos que podían esperar. Con la correspondiente citación al juez Llarena a declarar el próximo 4 de septiembre. La justicia española no da curso a la citación. El juez decano la devuelve, invocando un defecto de procedimiento. Para, pues, la vía jurídica. Pero abre la política porque ese mismo juez decano pone en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la citación y requiere de él la concesión del amparo a Llarena y una advertencia a la justicia belga sobre la independencia de la justicia española.

El CGPJ se ha movilizado y la Comisión Permanente ha votado siete contra uno por otorgar el amparo al juez. Lo justifica con razones de fondo político y no jurídico; incluso lo califica apasionadamente como “burda maniobra” para someter la soberanía del Estado español a una jurisdicción extranjera. Pura doctrina de la razón de Estado. Nada que ver con la justicia. La prueba es que el mismo órgano encomienda a los ministerios correspondientes del gobierno español salir en defensa de la soberanía citada y la independencia de Llarena.

Pero, a su vez, el amparo ¿en qué se materializa? ¿Admite que el magistrado no acuda a una citación judicial de un país extranjero? No será el caso, pero de incomparecer, el tribunal belga podría dictar una requisitoria de algún tipo. El lío que han organizado Llarena y su fogosa numen, Sáenz de Santamaría es monumental. No es que la justicia española esté desacreditada en Europa; es que es su hazmerreír.

La consecuencia de este esperpento de cárceles y agresiones callejeras de bandas fascistas es hacer más inapelable la República Catalana.