El lance del recurso

Eso de "la tensión interna del bloque independentista" debe de ser un macro en el procesador de texto de El País. Todo lo que pasa en la vida contribuye a reavivar (macro). En este caso no hay duda: un recurso contra una decisión de un órgano amigo no es una decisión amistosa. Según el recurrente, es un mero trámite, para cumplir un requisito de futuras apelaciones. La pelea parece ser sobre si se informó con la debida antelación y a quién había de hacerse. 

Menudencias, pero, por si se dispara la especulación sobre la "tensión interna", etc., aparece la CUP sancionando la iniciativa del recurso de Puigdemont. La CUP ejerce una función como de fedataria pública de izquierdismo e independentismo cabal. Cuando hay alguna confusión en el campo indepe, muchos miran a ver qué dice la CUP para reorientarse. La autoridad le viene de estar siempre hablando de la acción social y realizándola, que es un modo sencillo de ganarse la confianza de la gente.

La amalgama de organizaciones de izquierda, que simboliza esa "unidad popular" que lleva en el nombre y por la que suspira Podemos, apoya el recurso del presidente burgués, etc. Cierto que con la habitual reprimenda, pero apoya y sanciona.

El revuelo del recurso  era de esperar. Los medios, entusiasmados con la tensión interna. Los políticos de la derecha haciendo mofa. Hasta los del mismo viaje, algo amoscados, aunque no quieran reconocerlo.

Sin embargo es un lance perfectamente legítimo, un cumplir el expediente. Una especie de gambito en la partida que el presidente Puigdemont mantiene con el Estado español. Paralela a la que juegan los presos/as políticos procesadas en la farsa del proceso 1-O. Paralela a la que se juega en el Parlament y paralela a la actitud de resistencia que manifiesta tozudamente la población catalana y resistencia pacífica.

Que la causa político-inquisitorial contra el independentismo era una farsa era obvio desde el comienzo. Ahora se ha hecho obvio también en sede judicial, a la vista de las pruebas presuntamente manipuladas por la Guardia Civil, sobre las que descansa todo el proceso. Visto lo cual solo corresponde anular toda la causa y liberar a los presos/as políticas.

La finalidad del recurso es facilitar la vuelta de Puigdemont como presidente electo de la Generalitat, a una Catalunya sin presos ni exiliadas políticas.

Punto de ruptura

Todo el mundo invoca el mandato 1-O, aunque no claramente su contenido. Cosa para recordar pues pedía consolidar la independencia y la república.

La situación de poder dual de hecho tiende a estabilizarse. El gobierno se escandalizó con la pretensión catalana de reuniones de igual a igual al más alto nivel, como si de dos Estados se tratara. Alguna ministra echaba humo por las orejas. Pero es lo que está pasando en realidad, aunque no se diga. El gobierno las llama "comisiones bilaterales", dentro de la normalidad de Sánchez ; y el Govern, mesas de diálogo bilateral, dentro de la normalidad de la situación de poder dual de hecho. Lo normal en España es llamar a las mismas cosas con nombres distintos.

Pero esta situación tiende a perpetuarse. El mandato de República-independencia sigue en pie, sin límite de tiempo. Hay que ver si nos conformamos con menos. A la rutina diaria, siempre autonómica, por mucho que insistamos en que las reuniones bilaterales son de igual a igual, se une el hecho de que estamos en periodo electoral. Elecciones europeas y municipales.

Las necesidades del momento, las conveniencias del día, las listas electorales, los pactos de aquí y de allí hacen olvidar el objetivo estratégico. Desde luego hay que atender a estas cuestiones, pues si no se lucha por la representación, te la impone el adversario. Pero esas cuestiones no pueden servir para olvidar el mandato del 1-O. Este no puede conseguirse si no es avanzando en el camino a la República independiente. Hasta el punto de la ruptura. Se trata de que no haya violencia, pero ruptura ha de haber.

Por eso, la investidura de Puigdemont está en la línea del citado mandato. Lo de condicionar la decisión a su efectividad es una inconsecuencia, ya que la única forma de saber de la efectividad de una investidura es realizándola. Pedir una garantía previa de efectividad es una forma de acatar el marco autonómico.

Al margen del resultado de los intrincados procedimientos judiciales puestos en marcha por el presidente en Bruselas, está claro que la la República catalana tiene que investir a su presidente o sea, renovar su investidura, que fue interrumpida mediante el golpe de Estado, ese sí, del art. 155. Es verdad que investir a Puigdemont es cosa de voluntad. De voluntad de ruptura porque, a continuación, se plantea la cuestión de qué hará el legítimo presidente de la Generalitat republicana, si ejercer su autoridad en el exilio o retornar al país, a tomar posesión física del cargo.

No se me ocurre un punto de ruptura más claro.

El famoso "relato exterior"

La hegemonía del relato exterior independentista saca de quicio a los unionistas. El ministro de Asuntos Catalanes; Borrell, solo tiene ojos, oídos, boca para Catalunya. Su misión es épica, de reconquista. No solamente quiere combatir la hegemonía del relato independentista, sino la misma Leyenda Negra. 

Emplea todo tipo de recursos públicos para cortocircuitar la acción exterior de la Generalitat: mantiene premios en metálico para el mejor artículo en Europa sobre España, o sea, contra Catalunya; financia y difunde doctrinas unionistas en ponencias académicas, a modo de briefings para las embajadas; las rearma políticamente a base de PWPs; apadrina obras de gran impacto en contra de la leyenda negra.

Recientemente ha explicado el uso del cuerpo diplomático a modo de cosacos del Don, para reventar actos de Torra o, por lo menos, escrachearle un poco. El último episodio, a cargo de un cónsul en San Francisco, ha hecho más por la causa indepe que el discurso del propio Torra.

No es delirio catalanófobo de Borrell; es política de Estado. Borrell hereda ese pacto de la vergüenza por el que Margallo acordó enviar tropas españolas a los países bálticos (con cargo al erario español) para que los bálticos no le armen follones internacionales con la autodeterminación. Triste lógica la del tramposo: tiene que pagar para que no le saquen los colores. Y ahora resulta que esas tropas son catalanas. Es un espíritu que recuerda algo la idea de Trump de que el muro lo paguen los mexicanos, aunque parece que con más éxito. Es verdad que los ministros españoles gustan de enviar efectivos militares al extranjero con los más variados motivos. Fernández Díaz, el de Interior, enviaba pelotones de guardias civiles, policías, militares y monjas a Lourdes a bailar la yenka. Pero este envío de tropas tiene un fuerte aroma colonial. 

El Estado sirve para esto, para dedicar infinidad de recursos públicos a torpedear la acción exterior de la Generalitat que, a su vez, también ha de emplearlos para contrarrestar el torpedeo. Esta confrontación permanente no es un negocio para nadie y las estrategias de desgaste, un error. 

Catalunya mantiene la hegemonía de su relato exterior porque su causa goza de simpatía en los medios y la opinión internacional más movilizada que apoya una lucha de liberación de una minoría nacional. Le ayuda sobremanera la fosca imagen internacional de España, incapaz de convencer de que se trata de un Estado democrático de derecho. Y menos con explicaciones como las del cónsul de Frisco o las declaraciones de aquel otro ministro que aseguraba en directo en la BBC que las imágenes de la represión policial el 1-O eran falsas. Y se lo decía al que las había tomado. 

Es imposible hablar de Estado de derecho con presos y exiliados políticos.

Y con gente en la cárcel por dibujar chistes o hacer canciones.

La Estatución

Podemos se deshace en cumplimiento del destino de faccionalismo y personalismo comunistas que lleva en su seno. En esta penúltima trifulca al uso de la "verdadera" izquierda, juega también un papel confuso el pulso de las generaciones. Las de Carmena y Errejón puentean a los gallos del corral. La cosa promete y, como se ventila en los muy sesgados medios, pronto se llenará de episodios chuscos.

Podem en Catalunya, que pasó hace un tiempo una crisis a raíz de la salida de Dante Fachín, creo recordar, aparece fiel aliada de Catalunya en comú, el partido de Colau y más gente. Y es, cómo no, un partido de orden.

Los comunes han decidido clarificar su posición contraria a la independencia mediante un documento programático aprobado por el Consell Nacional que, es de suponer, será la máxima autoridad entre congresos. Una especie de ideario o programa de acción que pretende eso, clarificar, acabar con la ambigüedad que les viene caracterizando. Y lo han hecho de forma sutil, taimada, ambigua.  Hay que interpretar.

El razonamiento es retorcido. Comienza deslumbrando con una fórmula brillante, una propuesta insólita: una Constitución dentro del Estado español. Ahí es nada: Constitución, Estado, magnas palabras; prueba de que tratamos asuntos serios, graves.

A continuación se expone cómo se llevará a cabo esa propuesta: mediante un referéndum pactado con el Estado. Esto se entiende fácilmente y hace coincidir a los Comuns con los independentistas: un referéndum de autodeterminación pactado con el Estado en el que los comunes propondrían esta fórmula intermedia entre la autonomía y la independencia. ¿Por qué no? Los indepes preferimos un referéndum binario: independencia sí o no. Pero, cambio de que haya referéndum, nadie objetará a negociar opciones siempre que una de ellas sea "independencia".

¿Y si el Estado se niega a pactar referéndum alguno? Mejor dicho, ¿y si se sigue negando a pactar referéndum alguno? Porque negarse, ya lo ha hecho y en ello está. No es un secreto para nadie que no hay posibilidad de que el Estado español pacte un referéndum de autodeterminación si no es a la fuerza. Por eso la propuesta de los comunes tiene trampa: condicionan su fórmula a un referéndum pactado porque saben que no se pactará jamás. Se elimina la ambigüedad. Los comunes rechazan la independencia. Paladinamente.

Porque ¿qué se propone entre tanto, mientras se consigue el referéndum pactado? ¿Se propone acudir a la unilateralidad, proseguir la DUI, ya proclamada en sede parlamentaria, el 27 de octubre, cuando Coscubiela mostró en público su voto negativo? De ningún modo. Se propone esperar gestionando mientras tanto los asuntos cotidianos en el marco autonómico que los dioses nos han dado. La ambigüedad ha quedado definitivamente aclarada: los comunes solo aceptarán la independencia si se la impone la mayoría del electorado en un referéndum en el que ellos van a votar otra cosa. ¿Está claro?

Por eso se queja amargamente la plataforma soberanista del partido. Aparte de señalar que la declaración, programa, ideario o lo que sea se ha aprobado en un órgano sin previa consulta a las bases, los soberanistas detectan ausencias reveladoras en el documento: no se habla de República Catalana, ni del mandato del 1-O, ni de independencia. Es natural: Catalunya en Comú no quiere la independencia, ni deja de quererla si se la imponen democráticamente. Lo extraño es que los críticos no lo vieran antes.

En cuanto a la brillante propuesta, tiene aspectos divertidos. No lo llaman confederación porque no los tilden de alucinados, pero es lo que es. Y su inconsecuencia queda patente por cuanto no especifican si la Constitución será monárquica o republicana. No lo hacen por no pillarse los dedos. Prefieren pillarse la lengua.  Obviando este pequeño detalle, queda por averiguar en qué se distinguiría una Constitución de un estatuto de autonomía  fuera de en el nombre; cuál sería su garantía frente a una intervención arbitraria del poder central, de las acostumbradas. Esa garantía solo puede darla la independencia y, por tanto, de lo menos que se está hablando es de Confederación.

Queda a la imaginación del lector el tipo de reforma constitucional preciso para transformar el reino de España en una confederación.

Pero, en fin, esta es la propuesta y cada cual tiene derecho a formular la que estime pertinente.

Hay un sector del independentismo proclive a entenderse con los comunes. Estos lo animan, poniendo el acento en las cuestiones sociales de la izquierda. El problema es que ese entendimiento solo puede hacerse con merma del objetivo independentista. Un problema sin solución porque la independencia es la única estrategia de supervivencia. El Estado no va a ceder ni el mínimo necesario para que los partidarios del entendimiento puedan justificar el aplazamiento del objetivo sumándose a la estrategia de la espera.

Recuérdese el mito de Pandora: la esperanza es lo último que se pierde. Lo único que quizá deba aquí ahora aclararse es esperanza ¿de qué? Los comunes lo dicen claramente: esperanza de seguir como estamos. Los indepes partidarios de entenderse con esta gente ¿qué esperanza tienen?

El extremeño furioso

Podría dar para una novela ejemplar de no ser porque de ejemplar no tiene nada.

¡Qué barbaridad, qué desatino, qué modo de dar una patada al tablero de la transición, el 78 y los verdes prados del Edén! ¡Qué forma tan descarnada de imponer un orden en beneficio propio por la fuerza bruta!

Conste que no estamos para menudencias. El Parlamento extremeño está en su muy legítimo derecho de decidir lo que le parezca. Sin duda. Y el catalán. Los extremeños quieren aporrear a los catalanes; los catalanes quieren echar al rey de los extremeños. ¿Por qué unos sí y otros no? Los Parlamentos son soberanos; todos. No es esa la cuestión.

Tampoco lo es que el presidente de Extremadura, Fernández Vara, fuera en años más mozos, militante del PP, lo cual es evidente ahora. Son cosas de los partidos y si los socialistas piensan que este transferido los representa, es asunto suyo. Pero tampoco es la cuestión aquí.

Como tampoco lo es el juicio de todo tipo que merezca una decisión de este jaez que trata de perjudicar a una fuente de ingresos propios.

La cuestión es que, con toda la legitimidad y legalidad del mundo, el Parlamento extremeño ha hecho añicos cualquier posibilidad de entendimiento en el Estado español, ha puesto el conflicto en términos de todo o nada. Y ha dejado patente la condición colonial de Catalunya sometida a intervención arbitraria de la metrópoli o dictadura de la mayoría. Algo estúpido porque, con ello, se legitima el derecho de autodeterminación que se negaba en un principio por no tratarse de una colonia. 

Y resulta que sí se trata de una colonia porque solo como una colonia se puede gobernar un territorio en contra de la voluntad de la mayoría de sus habitantes. El ataque a la nación catalana activa el derecho de esta a la legítima defensa recurriendo de un lado a la acción popular y de otro a la opinión internacional. La metrópoli tiene la batalla perdida. La decisión del Parlamento es el canto del cisne del artilugio autonómico del 78. 

En el volumen III de su Historia de los heterodoxos españoles, Menéndez Pelayo termina un agudísimo juicio crítico sobre Donoso Cortés, ilustre extremeño de Valle de la Serena y, por tanto, pacense, de este modo: "Todo es en él absoluto, decisivo,magistral; no entiende de atenuaciones ni de distingos; su frase va todavía más allá que su pensamiento; jamás concede nada al adversario, y, en su afán de cerrarle todas las salidas, suele cerrárselas a sí mismo."