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viernes, 20 de abril de 2018

La Hacienda de Sant Esteve de les Roures

Primero fue rebelión; luego, sedición; ahora, malversación. En un par de semanas, una multa de tráfico. Es poco el lío organizado en el exterior y completan con uno interior tan típico que dan ganas de reír. 

El juez Llarena es hombre de recursos. La parte sorprendentemente declarada secreta de la instrucción versaba sobre dineros. Cosa imprescindible cuando se quiere acusar a alguien de malversación. Hay que aportar las cuentas, cifrar los caudales malversados, aunque sean unas perrillas. El juez sabe de buena y secreta tinta que los indepes se gastaron dineros públicos en organizar el referéndum. La base documental es un informe de la Guardia Civil detallando los gastos por partidas al céntimo (en total 1.947.697,84 euros, ni uno más ni uno menos), aunque ninguna es fehaciente ni está comprobada y son meras estimaciones y suposiciones. 

Aun así, el informe de la benemérita resulta bastante prudencial. En uno anterior comunicaba todos los datos pertinentes de un acto de violencia en un pueblo inexistente, Sant Esteve de les Roures. La aparición de este nuevo topónimo ha sacado lo mejor de las redes y, a estas alturas, el pueblo tiene todos los servicios, vecinos ilustres, un claustro románico y hasta un ayuntamiento, con cuya cuenta en tuiter se ha relacionado la propia Guardia Civil. Figura literaria conocida: la del autor que dialoga con sus personajes.

Así que las cifras secretas de Llarena son las de la malversación en Sant Esteve de les Roures. Suficientes, según parece, para que el juez se cargue de razón. Sorprendido de que el ministro de Hacienda afirme que la Generalitat no pagó un solo euro para el referéndum le pide pruebas documentales de sus palabras. El informe de la Guardia Civil de Sant Esteve de les Roures contra los expedientes de control del gasto de Hacienda. Algo insólito. 

Otro contencioso con ribetes de ridículo. El juez pone en cuestión la eficacia del ministerio de Hacienda en su labor y eso si no le da por sospechar que no se trata de ineficacia bienintencionada sino de colaboración con el independentismo. El ministro ya queda como incompetente o como cómplice. Y, mientras ambos personajes, juez y ministro, dirimen sus diferencias, merece la pena recordar que la petición de extradición se basa en tres presuntos delitos de los que dos no califican y el tercero, la malversación, no se puede probar, ni siquiera indiciariamente. 

Los informes de Hacienda siempre tendrán más fuerza que los de la Guardia Civil de Sant Esteve de les Roures. Si no en España, sí en el extranjero. 

domingo, 15 de abril de 2018

Libertad de los/as presas/os políticas/os


Mi tocayo, Ramón de Mesonero Romanos (1803-1882), madrileño como yo, además de muy estimable escritor, era un tipo inquieto y por eso firmaba a veces como el curioso parlante. Anduvo curioseando por muchas partes para escribir sus interesantísimas Escenas y tipos matritenses, fuente de documentación sobre cómo eran Madrid y los madrileños a mediados del XIX y como son ahora en buena medida. Algo parecido me pasa con Barcelona. Pero confieso que, si hubiera de escribir unas Escenas barcelonesas, lo tendría más fácil que Mesonero porque hace años que Barcelona ha sustituido a Madrid como manifestódromo. Si no en cantidad, sí en calidad. No porque las barcelonesas sean mejores que las otras en ningún sentido sino porque son las más reiteradas y frecuentes en el ámbito político decisivo hoy en España: independencia de Catalunya sí o no. Manifestaciones, movilizaciones, concentraciones en favor y en contra de la independencia con evidente frecuencia. 

Un juego interesante luego es comparar las manifestaciones pro y contra la independencia respecto a varios asuntos: cantidad de asistentes, organizaciones convocantes, violencia sí o no, agresiones a viandantes sí o no, limpieza y cuidado del mobiliario urbano sí o no, agresividad y amenazas en los discursos sí o no, tratamiento equilibrado en los medios sí o no. Y, con eso, cada cual saca luego sus conclusiones.

Hoy hay una enésima manifestación independentista en Barcelona específicamente dedicada a reclamar la libertad de los presos, los exiliados y los embargados por razones políticas. Promete ser un acto de enorme asistencia y seguro que es de muy civilizado recorrido y sin incidentes, salvo los que puedan seguirse de provocaciones externas. Es una manifestación con un doble mensaje: al interior y al exterior. Al interior va directamente a Bassa, Forcadell, Junqueras, Forn, Turull, Rull, Romeva, Sánchez y Cuixart, sobrevolando los cientos de kms que los separan de su casa y haciéndoles sentir al cariño y el aliento de un pueblo. Al exterior se dirige a Gabriel, Rovira, Puigdemont, Ponsatí, Borrás, Comín, Serret y Puig con el mismo significado y también a la comunidad internacional. Es una manifestación para hacer ver al mundo la falta de libertades en una España que dice ser Estado de derecho pero funciona como una dictadura de hecho.

Una manifestación gigantesca, probablemente como no la haya habido hasta ahora, con dos consecuencias una dependiente de la otra. La primera la unidad del movimiento independentista es tan fuerte como siempre y eso se observa en que no hay diferencias entre detenidos y represaliados: son gentes de PDeCat, JxC, ERC y CUP. Todos. Unidad que hace gala de un apoyo social inmenso, un grado de implicación de la sociedad civil (la de verdad) nunca antes visto y un compromiso que garantiza la solidez del movimiento (incluso económica porque funcionan a todo meter las cajas de resistencia) y su reproducción en la medida en que cada lugar que quede vacante por procesamiento será cubierto por otra persona hasta que el Estado acabe negociando una solución a la desobediencia civil que no sea acusarla de terrorismo. Cosa que ya ha visto que no puede hacer.

La segunda consecuencia: el fracaso rotundo del plan gubernativo de represión. El bloque del 155 aplicó este artículo ilegalmente y convocó elecciones creyendo que las ganaría los llamados "constitucionalistas", o sea, unionistas. Las perdieron. No quieren reconocerlo ninguno, ni PP ni C's ni PSOE; pero las perdieron y, mientras no lo reconozcan, la situación no tendrá arreglo. 

Además de este fracaso se da el mucho más sonoro del plan de sofocar el independentismo a sangre y fuego, aplicando aquí la plantilla del País Vasco. Dijeron (lo dijo Sáez de Santamaría) que, encarcelando a las "cabezas" del independentismo, no pasaría nada: un par de semanas de algaradas y luego tranquilidad, como en el País Vasco. Llevamos cinco meses y la presión y movilización sociales no solo no disminuye sino que aumenta. Fracaso absoluto.

Tan absoluto que ahora lo han intensificado, aplicando a Catalunya la plantilla País Vasco/ETA y por eso el fiscal empezó la tirada pidiendo imputación de terrorismo para Tamara Carrasco, miembro de un CDR. El intento de criminalizar a los CDR e imputar al conjunto del movimiento una violencia inexistente pero que necesitan todos como agua de mayo, sobre todo los jueces, para poder construir unos imaginarios delitos de rebelión y disfrazar de judicial una decisión puramente política: encarcelar a los adversarios del gobierno.

Tampoco van a conseguirlo, como se verá por la manifestación de hoy en Barcelona, masiva y pacífica y su eco en el extranjero.

sábado, 24 de marzo de 2018

2.060.000 rebeldes

Continúa el carrusel del disparate en todos los desórdenes. Todos/as a la cárcel. Cárcel también espera a los del exilio si las pillan. A la cárcel los representantes electos. ¿Por qué? Por la presunta comisión de varios delitos. Dejemos los delitos en sí y vayamos a la acción de delinquir. Según la teoría de la representación aquí aplicable más o menos laxamente, estos representantes son los mandatarios de los electores que son los mandantes. ¿Y el mandato? Declarar e implementar la República catalana independiente. Lo han cumplido hasta donde los han dejado. ¿Es eso delito? ¿Es delito el referéndum del 1-O? De serlo son delincuentes los autores materiales (los representantes) y los intelectuales (los representados), así que, en efecto, 2.060.000 delincuentes, todos a una, Fuenteovejuna. Si el 1-O era ilegal, votar, salvo en acto de sonambulismo, era ilegal. Es lo que tiene poner las instancias judiciales al servicio de las políticas.
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Se celebra el cuadragésimo aniversario de la Constitución de 1978. Y se celebra bajo mandato del partido algunos de cuyos miembros originarios votaron en contra de ella. Como también se celebra estando en vigor el artículo 155, el bucle se cierra. Si quienes votaron en contra en 1978 querían que España siguiera sin Constitución, lo han conseguido. España carece de Constitución pues el art. 155 la deja en suspenso. Quienes sostengan que, pues el 155 es un art. de la Constitución, esta está en vigor, que relean las aventuras del barón de Munchhausen, el que se sacaba del pantano tirándose de los cabellos.
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Ahora reaparecen las famosas órdenes internacionales en pintorescas modalidades. Como están las cosas, adelantar una negativa generalizada en Europa a esta demasía no es arriesgar mucho. El mayor desprestigio de la justicia y la judicatura españolas está garantizado. Todo el mundo ha visto ya que se trata de una causa política general de un tribunal que atiende a las necesidades del gobierno y pretende resolverle por vía jurídica lo que aquel no puede, no sabe o no quiere resolver por vía política. Pero jurídicamente esto es una vergüenza estilo justicia de Peralvillo.
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Política y paradójicamente estos encarcelamientos han resuelto las reservas y recelos del bloque de partidos  independentistas. El Estado ha zanjado la cuestión con una declaración de guerra de hecho. Y todos a la cárcel. Política de mano dura y escarmiento. Estilo autoritario de la casa. Verás tú cómo ceden. Pero no ceden. Aquí puede acabar cumpliéndose la impresión de Palinuro: para vaciar las cárceles, primero habrá que llenarlas. Para traer a la gente del exilio hay que ir a buscarla.
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¿Y los indepes? Deliberando. Y hacen bien. El momento lo requiere. No se cede, pero tampoco se salta al vacío que es lo que las provocaciones del Estado buscan. Ellos lo llaman "aplicar la ley" pero todos saben que esta solo es ya la voluntad omnímoda de un hombre como M. Rajoy. 

El Parlament, reunido hoy solo podrá investir a un lazo amarillo. El candidato propuesto es secuestrado (políticamente hablando) por un órgano judicial que se sitúa por encima del legislativo. Este, sin embargo, en teoría, puede hacerlo todo. Pase, pues, de la teoría a la acción y haga algo, manifieste su voluntad. Invista a Puigdemont. Agote los dos meses proponiendo candidatos pero no votándolos. Diga a los representados, a la gente, cómo se va a responder a la enésima agresión. 

La gente. He visto llamamientos a acciones colectivas de boicots viarios o de otro tipo. Las reacciones espontáneas de indignación son lógicas pero no siempre oportunas y suelen ser descoordinadas y, por tanto, fáciles de aplastar por la represión. Si la densidad impide la represión y se producen formas de coordinación también espontáneas, aquí no se ha dicho nada. Lo evidente, palpable, manifiesto en la sociedad es una voluntad de acción colectiva que, partiendo del 1-O está dispuesta a sostener formas pacíficas de resistencia y desobediencia. Existe la fuerza; faltan las directrices tácticas. La estratégica sigue siendo la de siempre. Aquí debe proponer el Parlament y también la terza gamba del movimiento independentista.

El bloque de partidos independentistas. Los ha reunido de nuevo la virulencia (por lo demás, esperable) del último ataque. Es este el que dará sentido a la nueva etapa del conflicto en la que es probable se entre en una dinámica electoral que acabará en el referéndum. El tercero desde el 1-O de 2017. Y ese sentido consiste en desplazar el eje de la acción colectiva de la independencia a la democracia. Nadie quiere volver a la dictadura, que es el programa del 155. No en Catalunya. En el resto del Estado, ellos sabrán. La lucha es hoy por la democracia. Entiéndase bien: no por la independencia (que también, claro es), sino por el derecho a ser independentista, el derecho a tener derechos, como defendía Hannah Arendt, a no ser arbitrariamente perseguidos por razones políticas con ficciones jurídicas. Esa lucha interpela a sectores catalanes más amplios que los puramente independentistas. Debiera interpelar a sectores populares y de la izquierda española. Pero esa es otra historia.
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¿Qué ha pasado con la izquierda española? Sencillo: el PSOE apoya el 155 en los términos que M. Rajoy, considera "de sentido común": la Generalitat solo puede estar presidida por quien él quiera, es decir, por un candidato "limpio". Lo dice quien lo dice y el PSOE calla. Pero donde el PSOE calla, Podemos habla: ¡qué horror encarcelar igual que Santiago Matamoros segaba cabezas de infieles! ¡Qué falta de juridicidad! ¡Qué prevaricación! Bien, de acuerdo, y ¿qué más? ¡Ah! España sin los catalanes es inconcebible. España, porras, es plurinacional. Los catalanes deben sentirse fraternalmente tratados en España. Olvidemos el adverbio que tiene mucha miga porque fraternales eran las relaciones de Caín y Abel y no sé yo sí... El asunto es que, tanto si la fraternidad es la de Caín y Abel o la de los Graco, la tierra en que florecerá es España. El derecho a irse de España no existe, dicen los más españolistas; y, si existe, no se reconoce jurídicamente, dicen los del aparato; salvo que medie un acuerdo político universal de los españoles en el que voten hasta los del Valle de los Caídos, dicen los utópicos. 
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La lucha catalana tiene una gran resonancia internacional y despierta crecientes simpatías. Asimismo el modo en que el Estado lo trata, suscita escrúpulos hasta en el bloque del 155. Pero los indepes catalanes saben y saben bien sabido que, en último término, solo cuentan con sus propias fuerzas. Que son muchas. Cada vez más. 


martes, 13 de marzo de 2018

Un país amordazado

Al día siguiente de su triunfo electoral con mayoría absoluta en las elecciones del noviembre de 2011, el gobierno puso en marcha sus dos líneas fundamentales de acción con contundencia: 1ª) desmantelar el Estado del bienestar, hacer pagar la crisis a las clases trabajadoras, permitir mayor acumulación a la banca, reducir las pensiones de jubilación, etc. 2ª) eliminar los derechos de todo tipo de la ciudadanía, desde el derecho al aborto, hasta la libertad de expresión. Del éxito obtenido en la primera línea dan fe las manifestaciones de jubilados. Del de la segunda, este informe de Amnistía Internacional.

En lo referente a la libertad de expresión (y otrtos derechos concomitantes, como manifestación, reunión, etc), la saña del gobierno ha sido absoluta. De un lado, ha monopolizado el discurso público desde el primer momento, poniendo los medios audiovisuales públicos a su servicio incuestionable, como un verdadero aparato de propaganda y valiéndose de las arbitrarias subvenciones para comprar a los medios privados, singularmente los periódicos. Expresarse en estos medios en este momento solo es posible a favor del gobierno y vociferando. Y así como alienta y financia (sobre todo, financia, con dineros públicos) la ideología de la derecha, que es una mezcla de neoliberalismo de amigotes y nacionalcatolicismo, reprime con dureza toda manifestación contraria.

La reforma del código penal de 2015 y la promulgación de la Ley Mordaza ese mismo año que, a pesar de las muchas promesas de la oposición, sigue injustamente en vigor eran como un manto plomizo sobre las libertades ciudadanas, en especial la de expresión. Conjuntamente con otras medidas coadyuvantes, como el aumento de las tasas judiciales, se trataba de someter a la población por el temor. Los puntos que denuncia Amnistía Internacional, la indeterminación de los tipos delictivos, la excesiva cuantía de las multas, dejan a la ciudadanía en una situación de indefensión,agudizada por la naturaleza esencialmente interpretable de algunos delitos como el "enaltecimiento del terrorismo".

La Ley Mordaza, inspirada en la concepción del orden público del franquismo, pretende criminalizar la manifestación pública de opiniones y deja a los ciudadanos a merced de la arbitrariedad de la policía que goza de un exceso de atribuciones hasta el extremo de suplantar a los jueces. Y no es pura teoría. Mientras el ministerio perpetraba el proyecto de ley mal llamada de seguridad, la delegación del gobierno de Madrid, dirigida por Cristina Cifuentes, ya aplicaba en la práctica la concepción represiva del derecho de manifestación y la libertad de expresión que luego incorporaría la ley. La primera mordaza la impuso durante su mandato la señora Cifuentes, cuyos policías tan pronto cargaban contra la gente como identificaban a todos los transeúntes a su libre albedrío con las consiguientes multas.

La inseguridad de la vida amordazada llega al paroxismo cuando los jueces aplican una justicia política. Si eso está pasando o no se dilucida comparando cuántos ciudadanos de izquierda han sido procesados por "delitos" de expresión (enaltecimiento del terrorismo, insultos a esto o aquello, humillación de las víctimas, odio, etc) y cuántos de derecha y cuántos de extrema derecha. Cuántos tuiteros, titiriteros, cómicos de izquierda y cuántos de derecha. 

"Justicia" política la que se aplica en materia de ideas, convicciones, ideologías. Por más que los jueces tratan de dar al procesamiento de los independes una forma estrictamente jurídica, es patentemnte una causa política por razones de convicción. Escuchar que el acatamiento de la Constitución es una exigencia jurídica de trascendencia penal lleva a concluir que el procesamiento es inquisitorial y que, si los políticos niegan la libertad de expresión, los jueces van un paso más allá y niegan la libertad de conciencia.

Y ahí, ya estamos perdidos.





miércoles, 21 de febrero de 2018

La dictadura del B155 va por todas

Salvando todas las distancias.

En noviembre de 1931, Louis Aragon, poeta surrealista y comunista publicaba un largo poema titulado Front Rouge (Frente Rojo) en la revista Littérature de la Révolution mondiale, editada en Moscú. Entre otras cosas de diverso calado, en él se decía: "Feu sur Léon Blum/Feu sur Boncour Frossard Déat/Feu sur les ours savants de la social-démocratie/Feu feu j’entends passer/la mort sur Gachery Feu vous -dis-je/Sous la conduite du parti communiste/SFIC/vous attendez le doigt sur la gâchette/que ce se ne soit plus moi qui vous crie/Feu/mais Lénine/le Lénine du juste moment"

"Fuego sobre Léon Blum/Fuego sobre Boncour Frossard Déat/Fuego sobre los osos sabios de la socialdemocracia/Fuego fuego oigo pasar/la muerte por Gachery Fuego os digo/bajo la dirección del Partido Comunista/SFIC/esperáis con el dedo en el gatillo/que no sea yo quien os grite/Fuego/sino Lenin/el Lenin del momento exacto".

Dos meses y medio después, el poeta es procesado por "incitación a la desobediencia a los militares y al asesinato con fines anarquistas" con una petición de cinco años de prisión. De inmediato, protestas masivas de intelectuales con actos y manifiestos, encabezados por André Breton quien, con este motivo, escribió algunos de sus mejores textos sobre la relación entre la poesía y el arte en general con la política. Un interesante debate dentro del surrealismo en torno al arte comprometido. La consigna que todos suscribían era (y sigue siendo) el arte, la poesía, no delinquen.

La causa fue sobreseída. Justamente. La poesía no delinque. Innecesario discutir la cuestión a la que tan aficionados son los espiritus más lerdos, los que cuentan los pelos del rabo de la esfinge, como decía Unamuno, de qué clase de poesía, si la más excelsa o la más arrastrada. Poesía es todo. Poetas son todos, los aedas, los trovadores, los bardos, los juglares, los raperos. La poesía no delinque.

Hay, sin embargo, tipificados unos delitos, siguen aquellos espíritus, antes de dictar sus sentencias, que encajan en los contenidos de unas u otras poesías y, mientras esos delitos existan, por manifiestamente injustos que sean (injurias a la corona, blasfemia, enaltecimiento de esto o aquello), los jueces están obligados a actuar. Si no se quiere que alguien vaya a la cárcel por estos motivos, lo lógico es reformar el Código Penal, pero no pedir a los jueces que inapliquen la ley. 

No es así. No se trata de inaplicar la ley, dejando sin castigo unas conductas delictivas, sino de interpretarla con sentido común que es lo mínimo que puede pedirse a los jueces. Se trata de que no hay delito en los raps de Valtonyc o Pablo Hasel. La poesía no delinque. 

Aun admitiendo que hayan de invocarse unos delitos que se consideran absurdos, la cuestión es que la aplicación sin más de la ley puede ser y es injusta. Los jueces podrían atender a la equidad ya que la consideración de qué sea y qué no sea "injuria", "incitación" y "enaltecimiento" es altamente subjetiva, cosa obvia, lo que permitiría dejar en libertad a los acusados por razón de, digamos, menor gravedad del hecho. 

Podrían, pero no es necesario porque no hay delito alguno. Ni injurias, ni enaltecimiento, ni nada. La poesía no delinque porque, no saliendo del terreno del habla, carece de carácter performativo. Ni Aragon era un jefe de pelotón de fusilamiento que ordenara abrir fuego sobre Léon Blum ni Valtonyc es un jefe terrorista que ordene un atentado. La poesía no delinque. Si queda alguna duda a los señores jueces, que vuelvan a leer las letras del rapero teniendo en cuenta no solamente el Código Penal sino el rap en sí como composición. Si lo que ahí se dice lleva al autor a la cárcel, en la cárcel debieron dar los futuristas, los surrealistas, De Sade (que, de hecho, estuvo), Quevedo (que también), Vian, que iría a "escupir sobre vuestras tumbas". Habría que reescribir la historia de la literatura como la historia del crimen.

Venga ya. 

miércoles, 24 de enero de 2018

Jueces políticos

Mi artículo de hoy en elMón.cat. Acostumbran a decir los juristas que cuando la política entra por la puerta, la justicia sale por la ventana. Y es patente. En especial cuando la justicia salta por la ventana para mezclarse directamente en la brega política, faltando así a su cometido. El nuevo episodio Pimpinela de Copenhague ha sido otro golpe devastador para el prestigio del Poder Judicial por tierras del infiel. Las explicaciones del juez Llarena sobre su pasividad o contraactivismo judicial han levantado una polifonía de voces de expertos en el país, horrorizadas de que el más alto tribunal actúe como brazo del príncipe.

En fin, de eso va el articulejo cuya versión castellana sigue:

La justicia política no es justicia.

El expresidente del Tribunal Constitucional, Pérez de los Cobos aspiraba a una plaza en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y este órgano ha calificado su aspiración con un cero. Si el humillante suspenso se debe a que ignora el inglés y el francés, las dos lenguas oficiales en la UE o a otras carencias es indiferente. Ese suspenso es como la navaja de Occam y demuestra que en el extranjero no sirve el enchufismo, el caciquismo y la fidelidad canina al tirano de turno para conseguir nombramientos como en España. Hay que demostrar capacidad en competencia limpia con otros aspirantes. No basta con ser amigo de Rajoy, militante del PP y estar dispuesto a lo que sea para servir al amo.

¿Qué interés tiene el gobierno en que Pérez de los Cobos ocupe un puesto para el que no vale? El de seguir contando con un juez obediente y de partido en un órgano en el que probablemente hayan de verse en apelación las decisiones que los tribunales españoles tomen en la causa general contra el independentismo montada por orden de ese mismo gobierno. Es el estilo de esta derecha franquista: utilizar a los jueces para su política partidista como antes empleaba a los militares. De ahí que manipule sistemáticamente el poder judicial, que proponga jueces de su partido y trate colocarlos siempre en sitios clave para que favorezcan su política partidista, incluso la supuestamente delictiva.

Pérez de los Cobos ya había aspirado el año pasado a esta plaza con el apoyo firme del gobierno, pero el Supremo anuló la propuesta porque llevaba una trampa (un ilegal límite de edad) que favorecía a su candidato y perjudicaba a los otros. Esto no hubiera sido óbice para que de los Cobos se calzara el nombramiento. El hombre está acostumbrado a hacer trampas y mentir para alcanzar sus objetivos. Cuando su nombramiento al Constitucional pasó por el Congreso, “olvidó” declarar que había sido militante del PP. Es decir, omitió la verdad con intención engañosa. O sea, mintió.

Así llegó a la presidencia del Tribunal Constitucional (TC) para garantía de que este Tribunal haría lo que quisiera el gobierno. Durante todo su mandato. Solo en su discurso de despedida se atrevió a decir este juez pepero que el TC había aceptado los criterios del gobierno como propios y tratado asuntos políticos que no le competían. Es decir, venía a reconocer que podía haber prevaricado al servicio del poder político. De ahí que, muy contento con la manifiesta catalanofobia de este juez de familia y educación franquistas (su padre fue militante de Fuerza Nueva), el gobierno volviera a apoyarlo para TEDH con el merecido resultado que ha conseguido.

Dictadura y prevaricación como forma de gobierno en España. La coyunda entre los gobernantes y el TC se repite ahora con el Tribunal Supremo porque en la lucha contra el independentismo catalán vale todo, incluso la conversión del seudoestado de derecho en una dictadura real.

No pudiendo aplastar el independentismo catalán por medios militares como les pide el cuerpo a los franquistas del gobierno, este ha movido a sus jueces para abrir una causa general contra el movimiento catalán, resucitar los “delitos de opinión”, restablecer el espíritu inquisitorial y perseguir a las personas no por posibles delitos sino por sus opiniones políticas. Los dos Jordis, Junqueras y Forn están en la cárcel por sus ideas y creencias de forma que, si se retractaran, el gran inquisidor, Llarena, los pondría en libertad en un acto que, no por beneficioso para los injustamente tratados, resulta menos injusto por tratarse de la pura arbitrariedad personal del juez, que sigue las órdenes del comportamiento dictatorial del gobierno a cuyo servicio está.

El juez del Supremo, Llarena, rechaza la petición fiscal de una orden de detención contra Puigdemont en Copenhague argumentando que no puede dictarla porque eso iría en beneficio del acusado que, según él fabula, quiere que lo detengan en Dinamarca para ser investido presidente por voto delegado cuando la investidura es ilegal.

Pero estos no son razonamientos de un juez, sino de un gobernante. Un juez tiene que aplicar la ley y no hacerlo o no según conveniencias políticas que no son asunto suyo. Por eso Llarena no actúa propiamente como juez (a pesar de las ineptas logomaquias de sus autos) sino como auxiliar a las órdenes políticas del gobierno. Es este el que no quiere investido a Puigdemont, legítimo presidente de la Generalitat. El juez lo que hace es cumplir las órdenes del gobierno o quizá orientarlo en su política de imposición nacionalcatólica española pero en ningún caso administrar justicia.

Porque la justicia de Peralvillo, propia de España (primero se ejecuta al reo y luego se le instruye la causa) jamás podrá ser justicia. Este es el momento en que los dos Jordis, Junqueras y Forn siguen en la cárcel por voluntad del gobierno y complacencia de los jueces que, como en Peralvillo, llevan unos meses inventándose los delitos para acabar haciendo un remedo de causa judicial antiindependentista.

Y esa es la intención con el legítimo presidente de la Generalitat: perseguirlo, detenerlo, esposarlo, humillarlo y exhibirlo en público, como un trofeo tan anticatalán como los cuatro millones de firmas “contra Catalunya” que Rajoy y los suyos consiguieron en contra del Estatuto de 2006 y con el que abrieron el camino a la independencia catalana.

miércoles, 17 de enero de 2018

Es de justicia

Me he sumado a un acto en favor de los presos políticos promovido por #WithCatalonia. No sé si lo he hecho según las indicaciones porque ando muy atareado terminando un libro en el que, por cierto, también se habla de los presos políticos. En todo caso, he firmado la postal colectiva que los madrileños simpatizantes (gatos, menos gatos, transeúntes y allegados) envíamos a los dos Jordis, Oriol y Joaquim. Además, subo el cartel a la columna de la derecha de Palinuro. 

Estas personas deben estar en libertad porque no han hecho nada perjudicial al interés público (que bastante importa por lo demás a los actuales gobernantes), no han cometido delito alguno. Luchan políticamente por una causa que todo demócrata debe admitir como legítima. La respuesta legítima solo puede ser política. Los tribunales no pintan aquí nada y su instrumentalización política solo puede empeorar las cosas.

sábado, 23 de diciembre de 2017

Deconstruyendo la rebelión

La mayoría de los medios ha ido en busca de las declaraciones de M. Rajoy al 21D. Grave error por distracción.

En realidad, la declaración que importa sobre el 21D la ha hecho la Cancillera Merkel poniendo nuevos deberes al presidente de la Gürtel. Mientras se los traducían, el hombre ha declarado las habituales sinsorgadas del tenor de reunirse con Arrimadas, que ha ganado las elecciones y que el gobierno entrante habrá de cumplir la ley. No como lo hace él, sino de verdad. Advertencia dirigida a los indepes, los únicos en situación de componer gobierno, no a Arrimadas, quien no tendrá ocasión de cumplir ni incumplir nada. Los deberes son: a) que se constituya el govern salido de las elecciones, lo que significa, retirada del 155, vuelta libre de los exiliados y liberación de los presos; b) que España y Cataluña lleguen a un acuerdo dentro del marco de la Constitución de 1978. Me atrevo a decir que la a) es obligada y condición indispensable para la b). En cuanto a la b), dependerá de la voluntad y los actos de las partes.

Este desgobierno caótico (judicialización inquisitorial, euro-órdenes de quita y pon, indicios de formación de una causa general contra el independentismo) ha superado el nebuloso orden de las declaraciones para entrar en el de las decisiones de envergadura. Quien de verdad ha dado respuesta al 21D ha sido el Tribunal Supremo. Parece dispuesto a imputar, de momento, a cincuenta personas por el delito de rebelión. Ayer, a Mas (por otro lado, embargado), a Rovira y a Gabriel. Da la impresión de que la dinámica también escapa al control de este gobierno de ineptos. Empezaron controlando a los jueces y ahora los jueces los controlan a ellos. El sistema se comporta autónomamente, se independiza, es autopoyético, según la teoría de Maturana y Varela, pasada luego a lo sociopolítico por Luhmann. Y la dirección de la autopoiesis es de creciente fascistización o, si se prefiere un término menos agresivo, desdemocratización o lo que antes se llamaba involución o reacción. Cómo encaje eso en la posibilidad de llegar a acuerdo alguno es un misterio que ni Sant Ramon de Penyafort puede desvelar.

El delito de rebelión está clarameente tipificado en el CP : "Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes:" y los enumera también taxativamente. Si olvidamos las dos condiciones de violencia y publicidad, algunos de los fines son los de los posibles imputados. Otros, en cambio, podrían atribuirse al gobierno a quien también cabría imputar por rebelión si se cumplieran las dos condiciones previas, violencia y publicidad.

Porque aquí está el meollo o quid de la cuestión. La publicidad es evidente. ¿Y la violencia? Es evidente que no. El movimiento indepe es radicalmente no-violento y lo ha demostrado y hay carretadas de pruebas de todo tipo. Fue necesario tergiversar el contenido de unos vídeos para justificar el encarcelamiento de los dos Jordis. Para los demás, ya bastó con una cuestión de convicciones políticas, como en los buenos tiempos de los autos de fe.

Entonces, si no hay violencia, no puede haber rebelión. Bueno, contestan los jueces, todo dependerá de lo que se entienda por violencia. Y ya la hemos liado. La lógica jurídica abandona su objetivo pedestal y se mezcla con la turba sociológica, esa según la cual la realidad social no existe sino que es el producto de la construcción colectiva; un constructo, vamos. Y, por ahí, los de la "construcción social de la realidad" abrieron el camino a la iconoclasia de la postmodernidad que se autodevoró con la teoría de la postverdad. ¿Qué es violencia? Lo que los jueces digan que es violencia. Y punto. ¿Por qué se imagina el personal que el gobierno vive más atento a las promociones, remociones, sustituciones, turnos de jueces que a las preguntas de la oposición? Para que los jueces digan que hubo violencia donde tenía que haberla habido pero no la hubo. De nada importa que en el desarrollo del artículo se hable de estragos, de armas, de combates. Es igual, los límites de la violencia los fijarán los jueces, si es necesario mediante tropos retóricos como los que usaba el finado fiscal Maza cuando hablaba de las turbas, con prosa digna dee Joaquín Arrarás.

Por cierto, en la actuación policial del 1/10 hubo violencia, estragos, heridos, armas, fue pública y se hizo por dos de los fines previstos en el artículo 472 CP: "disolver (...) cualquier Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma; sustituir por otro el Gobierno (...) de una Comunidad Autónoma". Decir que el gobierno está facultado para ello por el 155 no es válido a fuer de falso pues no autoriza a hacer lo que se ha hecho. Está claro que el concepto de violencia responde a la postverdad: donde no hay violencia, la hay y donde no la hay, la hay. Orwell era un ingenuo. Creía que la inversión de los opuestos era consecutiva; puede ser simultánea. También se llama ley del embudo en lenguaje de zapatilla.

Aquí debiera concluir este comentario pero la ampliación, flexibilización y manoseo de la violencia puede conseguir algo insólito, como convertir una democracia en una dictadura. Prueba, dicen los escépticos, de que no era una democracia. Por supuesto, pero eso es ocioso. Lo interesante es que extendiendo postverdaderamente el concepto de violencia y administrándolo con la teoría aristotélica de las causas, tenemos razones suficientes para prohibir los partidos independentistas. Todo el que postule la independencia de Catalunya está fuera de la ley. Así, las elecciones son más fáciles. Hasta se prescindiría de ellas. Los partidos dinásticos podían repartirse los escaños a la bono-loto, más o menos como lo hacía el ilustre prócer, entre las familias del régimen que tanto se parecía a este. El problema: definir como democracia un lugar en que se prohíben partidos por razones ideológicas es complicado. Creo que imposible.

Aquí no hay rebelión alguna, como no hay unilateralidad alguna, salvo las del bloque del 155. Lo que hay es un problema político-constitucional en el que los tribunales y la represión están de más, pues se trata de algo que debe resolverse en una mesa de negociaciones. Y al nivel más alto y más representativo posible. Lo ha formulado con toda crudeza el presidente Puigdemont al decir que el 21D ha sido la victoria de la República Catalana sobre la Monarquía del 155. Ahora debe implementarse. Si este gobierno es incapaz de encontrar una solución civilizada a este conflicto, que dimita y dé paso a otro. Si esto no sucede, la oposición debe plantear una moción de censura, echar al PP y tantear un gobierno capaz de negociar con los independentistas o convocar nuevas elecciones en España.

La constitución del govern , o primer deber de Rajoy, implica la vuelta de los exiliados y la salida de los presos. Sin actuaciones de ningún tipo. Ese es el camino preparatorio de un encuentro: descriminalización de todas las actividades relacionadas con el procés y restitución a todo el mundo en sus derechos, títulos y propiedades. Aquí es donde se ha de ver si el sistema entra en una dinámica enloquecida y se suicida o retorna a un estado de equilibrio.

Por una curiosa hipocresía de la historia, nuestra cultura reserva un lugar venerando a los rebeldes, los que rompieron moldes y, con su ímpetu (aunque lo pagaran muy caro a veces), nos han traído hasta aquí, cúspide del desarrollo humano. Rebeldes fueron Espartaco, Cristo, Prisciliano, Bruno, Lutero, etc. La rebeldía de la juventud es un icono romántico de las vanguardias. Hasta que nos toca a nosotros. Hasta que hemos de habérnoslas con un rebelde, uno que no atiende a nuestras razones ni comparte nuestros principios. Ahí nos sale la Raza. La de siempre. La que nos ha traído a las susodichas altas cúspides en que nos encontramos.

Lo del delito de rebelión con violencia conceptualmente contrahecha debe meditarse más. No es que la rebelión y la violencia sean distintos sino que se repelen como los polos del mismo signo. Solo puede haber rebelión si hay violencia como causa de fuerza mayor, no construida.

miércoles, 6 de diciembre de 2017

Una euroorden de ida y vuelta

Palinuro lleva una temporada diciéndolo: estos no saben en dónde se han metido. Su prepotencia franquista a la par que su ignorancia y su odio a la democracia los ha llevado a una situación sin salida que va a acabar en catástrofe... para ellos y sus apoyos, el PP, el PSOE, C's, Podemos, el conjunto del régimen de la IIIª Restauración. Espero que nadie se me escandalice aun si incluyo a los podemitas entre esta peña. Su idea (como siempre, plagiada, esta vez de la derecha) de que el independentismo ha "despertado" a los fascistas españoles y su comparación de los indepes con ETA ya han dejado clara la estofa reaccionaria española de que están hechos.

Ya pueden los medios gubernamentales, estilo El País y sus intelectuales orgánicos e inorgánicos hacer gorgoritos con el Estado de derecho. Un país con presos y exiliados políticos, autoridades intervenidas, población apaleada, partidos hostigados, provocadores amparados por los poderes, censura de los medios de comunicación, violación sistemática de derechos civiles y políticos no es ni podrá ser jamás un Estado de derecho. Es una dictadura y una dictadura típicamente española que está haciendo el más feroz ridículo en toda Europa.

Ayer, tras recoger a los críos en el cole nos pusimos en camino hacia Bruselas para participar en lo que no tengo duda será una manifestación gigantesca en la capital belga a favor de los presos y exiliados políticos. Mal tiempo, niebla en el 95% del recorrido. Pero lo hicimos encantados, animados por las noticias que llegaban sin parar: riadas de catalanes camino de Bruselas en coches particulares, trenes, autobuses, vuelos charter fletados. Las fuerzas de ocupación en Cataluña se emplearon a fondo para reprimir en lo que pudieron esta riada humana que mañana concentrará la atención del mundo sobre las condiciones de lucha de un pueblo por su libertad. Lucha contra un Estado franquista, dictatorial, sin división de poderes , con el apoyo de unos partidos parlamentarios y sus millones de votantes todos ellos franquistas en lo que a Catalunya se refiere. Registraban coches en la frontera contra toda legalidad, requisaban banderas sin permiso alguno, torpedeaban lo que podían, obligaron a cancelar dos vuelos charter desde Reus. Hicieron lo imposible por boicotear el acto de mañana y así poder decir que solo hubo cuatro gatos en la Plaza Grande de Bruselas, como si se tratara de una manifa de esspañolistas en Barcelona.

Pero el tiro les había salido por la culata ya a la caída de la tarde. No quedaban habitaciones libres en Bruselas ni en ningún hotel, fonda, figón o ventorrillo a 50 kilómetros a la redonda y, según llegamos a Burdeos, en donde paramos para hacer noche, tuiter traía ya las primeras fotos de la Plaza Grande abarrotada de apoyos y solidaridad con los indepes encarcelados y exiliados.

Eso es lo que los fascistas españoles y sus siervos de la supuesta izquierda jamás entenderán: gentes de toda condición y posición, gente de todas clases, profesionales, trabajadores, becarios, jubilados, que nos hacemos 3.000 kilómetros en medio del frío en un puente pagándonoslo de nuestro bolsillo para defender una causa política. Jamás. No lo entenderán jamás. Ni ellos ni sus siervos de la izquierda. Seguirán vertiendo odio y veneno a tantos euros el ladrido en los medios de comunicación que monopolizan y con los que mienten a mansalva; seguirán inventándose conjuras, egoísmos; seguirán intentando enfrentar a los indepes entre sí; seguirán insultando a sus dirigentes, llamándolos cobardes, traidores, etc. Pero no podrán evitar lo que es inevitable porque es casi un movimiento de la naturaleza: todo un pueblo en marcha por su libertad y su dignidad. Es pueblo que votó el 1/10 bajo una lluvia de porrazos, el que está movilizado por sacar a sus representantes de las garras de la represión; ese pueblo que lleva años dando un ejemplo de civismo, democracia y sentido de la libertad y la dignidad. Donec Perficiam.

Y no quiero ni mencionar a los pobres diablos unionistas que en Catalunya se presentan a las elecciones con el hierro infamante del colono en el cogote, los Icetas, Arrimadas, Albioles, que van a quedar reducidos a su auténtica pigmea dimensión el 21D. No merecen la pena.

La pena la merecen esos jueces que acaban de protagonizar la penúltima peripecia de la justicia de Peralvillo que pasa por administración de tal en España. Advertido el gobierno del Sobresueldos por vía diplomática de que la justicia belga negaría la extradición de Puigdemont porque no aceptaría entregarlo a un país como España, a la cola de Europa en independencia judicial. Un país en donde hay jueces como nuestra Concha o Enrique López, condenado por conducir beodo o la juez Lamela, capaz de encarcelar a la gente por sus ideas políticas, sin fundamento jurídico alguno, o el ex-presidente del Constitucional, Pérez de los Cobos, militante de un partido fundado por un ministro de Franco. 

La gente en Europa no es tonta ni se la puede chantajear como en España ni engañar con la bazofia que dan en los medios de comunicación del gobierno (todos), ni amedrentar con bandas callejeras de matones. Así que, para no hacer un ridículo espantoso de quedar ante Europa como lo que realmente es, una dictadura de neofranquistas corruptos, el gobierno decidió retirar la euroorden que la jueza Lamela había labrado atribuyendo a Puigdemont comportamientos que no son delito en Bélgica o inventándose los que sí pudieran serlo. Es tal el abuso de esta euroorden que los jueces belgas están estudiando la posibilidad de acusarla de perjurio. El gobierno la dejará caer porque ya ha conseguido lo que quería, esto es que el supremo avoque la causa de sedición, rebelión, etc y, de esta manera, cumpla su función de renunciar a la euroorden, antes de que el desastre sea mayor.

Hay que reconocer la gran colaboración que presta la prensa, El País por su lado, Público, por este, tratando de hacer ver que la retirada de la euroorden es una astuta estrategia del Supremo para no sé qué fines procesales cuando no es otra cosa que una vergonzosa claudicación antes de quedar en evidencia como una judicatura sumisa a las directrices políticas de los mandatarios.

Ni estos ni los complacientes jueces han calibrado las consecuencias de este nuevo disparate jurídico porque su reaccionarismo no les deja verlo. O Puigdemont ha cometido un delito (presunto, claro) o no. Si lo ha hecho, procede la euroorden y esta no puede retirarse sin prevaricar. Si no lo ha hecho, la jueza Lamela debe ser llamada a responsabilidad y correspondientemente sancionada. Pero hay más: siendo esto así, ¿por qué siguen los dos Jordis, Junqueras y Forn en la cárcel? ¿Hay algún modo de justificar esta desigualdad y evitar que se concluya que estos presos son presos políticos?

No lo hay y, todavía peor, la insistencia del juez del Supremo de que Junqueras y sus compañeros sean sinceros y convincentes en sus declaraciones de acatamiento a la Constituciòn es repugnante, inicua e inquisitorial porque abandona el terreno objetivo del derecho para entrar en el muy subjetivo de las convicciones del preso y del juez. ¿Qué es "convincente" para un hombre que, por ejemplo -y no me estoy inventando nada- considera que la unidad de España (asunto contingente) está por encima de la justicia?

Definitivamente, la banda del PP, que los propios jueces consideran una asociación para delinquir y su jefe el Sobresueldos, no saben en dónde se han metido.

Lo verán hoy y mañana, cuando todas las televisiones del mundo menos las españolas den cuenta de la manifestación de un pueblo en defensa de sus libertades, su dignidad y sus representantes legítimos.


sábado, 4 de noviembre de 2017

Claro que la ultraderecha está en el gobierno


Aquí la breve entrevista que me hicieron el día 3 de noviembre en la 4 y en la que se extrañaron de que dijera lo obvio: que en España la ultraderecha está en el gobierno. Y no solo en el gobierno. También en la empresa (¿qué es Juan Rosell sino un franquista de afición?), en los tribunales (¿qué son Maza, De los Cobos, "nuestra Concha" sino ultraderechistas al servicio del PP?) y en la Iglesia (¿qué es Rouco Varela sino un pío fascista?). En todas partes.

Lo sabemos todos. ¿Por qué tanta hipocresía?

Por más que los medios (generalmente vendidos) afirmen que se trata del centro-derecha, es imposible ocultar:

1) Que el PP lo fundó un ministro falangista de Franco.
2) Que a él se sumaron seis ministros más del mismo dictador genocida.
3) Que Aznar dijo, siendo presidente, que "a mi derecha no hay nadie"
4) Que el PP no ha condenado el franquismo.
5) Que el gobierno del PP ha derogado de hecho la ley de la Memoria Histórica
5) Que el mismo gobierno se niega a colaborar con la justicia argentina para castigar el franquismo.
6) Que son innumerables los "casoss aislados" de concejales y alcaldes del PP haciendo saludos fascistas, justificando a Franco y rindiéndole honores.
7) Que el gobierno está repleto de franquistas.
8) Que el presidente es el hijo de un magistrado pontevedrés que hizo su fortuna favoreciendo a Franco de una forma que avergüenza a cualquiera que conozca el caso.
9) Que los ministros del gobierno que no son nacionalcatólicos o del Opus, son de proclividades falangistas y fascistas (como Ruiz Gallardón)

Así que el asunto es claro: la ultraderecha que sale a la calle es la que el gobierno pone en la calle.
¿Por qué sabían los nazis a qué hora llegaban los políticos catalanes para ir a insultarlos? Porque los que tenían la información se la filtraron. 
¿Cuántos de estos energúmenos son agentes de paisano?
¿Cuántos de los fascistas que campan con impunidad por las calles son agentes de paisano?

¿Qué se va a hacer con la gentuza de uniforme que humilló, insultó, vejó y menospreció a los consellers catalanes que trasladaban a la prisión y por cuya seguridad estaban obligados a velar?

¿Que medidas se van a tomar contra esta canalla?

¿Es que alguien espera de esta gente -en el gobierno o en las comisarías- algún tipo de seguridad jurídica y respeto a los derechos de los ciudadanos?

Los publicistas à la page, los tertulianos, los plumillas y los periodistas "sobrecogedores" (que cogen sobres) seguirán mintiendo y hablando del "centro derecha" en el gobierno. Les pagan por ello.

Pero en el gobierno no hay nadie de centro derecha. Solo hay franquistas más o menos hipócritas y disimulados que, con el 155 se proponen restablecer la dictadura.

Mientras los medios vendidos aplauden.

De democracia, aquí, ya no queda nada.

domingo, 4 de junio de 2017

Dimisiones en cadena

El ministro Catalá no dimite tras haber sido reprobado por el Parlamento porque se siente respaldado por Rajoy. Un caso de gobierno contra Parlamento. Y ¿quién respalda a Rajoy? Curiosamente, ese mismo Parlamento que le otorgó su confianza para gobernar sin que, hasta el momento, se la haya retirado. Así que el ministro goza indirectamente de la confianza del Parlamento que lo ha reprobado directamente. Si este quiere que el ministro dimita, tendrá que pedir la dimisión de Rajoy. 

Merecido, desde luego, lo tiene. Ayer se mofaban las redes de que un presidente que pretende declarar por plasma en un proceso en la provincia de Madrid por falta de tiempo, lo tenga para ir a Cardiff a vivir intensamente el triunfo de la gran nación, terror del fútbol mundial. Es un rasgo más en la imagen de un personaje que no solamente no ha dignificado la figura del presidente del gobierno, sino que la ha dejado a la altura del betún. 

Obvio: un ministro de Justicia bajo sospecha de comportamientos inapropiados debiera presentar su dimisión de inmediato. Aunque, a estas alturas, ya da un poco igual. El gobierno al que pertenece ese ministro no tiene más política que la procesal.

viernes, 2 de junio de 2017

El caballero de la orden del chisme

La capacidad de Rajoy para simplificar lo más complejo en términos toscos es fabulosa. "Chisme" le parece la dimisión de un fiscal anticorrupción. "Algarabía" se le antojaba una Diada de dos millones de personas en la calle en Cataluña. "Chisme" podría ser que él se haya equivocado al votar los presupuestos y "algarabía" la que suelen montar las bancadas del PP en las diferentes asambleas (municipal, autonómica, estatal) cada vez que se debate sobre sus fechorías que es más o menos, siempre. En absoluto. Esos no son ni chismes, son business as usual.

La Política es algo distinto. Sostiene el presidente de los sobresueldos que "política es hacer las cosas a lo grande, fijarse en lo importante, etc." Un fiscal anticorrupción dimisionario por presunta corrupción no es grande; una Diada de millones, tampoco. ¿Qué es "a lo grande"? ¿El ejemplo es Ignacio González hoy entre rejas por hacer las cosas a lo grande a través de la Política? 

"A lo grande", dice un sujeto citado a declarar como testigo en un proceso a su partido por presunta financiación ilegal que lo salpica de lleno porque se alzó con la victoria, al parecer, con esa financiación ilegal. A lo grande. 

Lo del fiscal anticorrupción no es un "chisme" y, además, no es él solo. Son tres piezas: otro fiscal y un ministro de Justicia, los tres reprobados por el Parlamento. Reprobados por hacer lo contrario de lo que se supone deben hacer como servidores públicos del interés general, no el de un partido y menos el de un investigado. 

Llegados aquí, la verdad, da pereza seguir acumulando agravios. No hay día sin acto corrupto. Esto parece una verbena de hampones de todo tipo. Mientras Rajoy habla de "chismes" le sale un cargo de su partido (un exjefe de gabinete de Villalobos) guardando, como hormiguita previsora, 146 lingotes de oro en Suiza. Cada cual pondrá sus lingotes de oro donde quiera, faltaría más; lo interesante es de dónde vienen, si están declarados, el carácter del propietario y el hecho en sí. Nada extraño sería que mañana supiéramos de un presidente de Comunidad o de Diputación que se ha llevado todos los cuadros de un museo, sustituyéndolos por copias.

Es una situación que recuerda esos cuadros de flamencos, de Jan Steen, Teniers, Breughel, etc que retratan riñas y fiestas de campesinos en las que corren los porrones y los mamporros. González ha metido en el baile a cuenta de La Púnica a un expresidente de Castilla y León, actual alcalde de algún sitio y la señora Cifuentes lucha denodadamente por mantener su rubia cabeza por encima de la ciénaga de la Comunidad de Madrid, enzarzada en una lucha de corrala tan chulapa como vergonzosa. 

Esto es una zarzuela en la que los jueces están en almoneda, el Parlamento carece de autoridad y el gobierno está en manos de un partido imputado en un proceso penal. Del resto, ya no hablamos. Una zarzuela de la España eterna. Si alguien cree que exagero, que mire este vídeo en el que un grupo de peregrinos españoles que viajan a Lourdes a cuenta del contribuyente se marca una conga al ritmo de "¡Viva España!"  Son guardias civiles, militares, curas con un par de agentes franceses. Pues eso. Unos condecoran vírgenes en nombre de Bakunin y otros en recuerdo de Francisco Franco. 

Lo único que cabe hacer aquí es convocar un pleno del Congreso de reprobación a Mariano Rajoy, responsable del desastre en que se encuentra el país. Para ello es imprescindible que los dos partidos de izquierda se entiendan. Que dejen de atacarse y aúnen fuerzas para conseguir una mayoría absoluta a favor de la reprobación. La moción de censura de Podemos fue extemporánea y lo mejor que puede hacer es seguir su curso y fenecer de muerte natural y sin cainismos. A su vez, el PSOE puede sumplir su anunciado propósito de pedir la reprobación y dimisión de Rajoy y, de no producirse esta, quedaría expedito el camino para una nueva moción de censura con un acuerdo de los dos partidos de la izquierda, con el apoyo de todos los demás, exceptuado C's y la candidatura de Sánchez a la presidencia. Caso de conseguir mitigar los ardores narcisistas, fuertes por estos pagos.

Si tal cosa es posible depende casi en exclusiva del enfoque que se dé a la "cuestión catalana". El de la derecha ya se conoce: ruptura de diálogo y represión hasta sus últimas consecuencias y por todos los medios que arbitra la Constitución, que son todos. ¿Y el de la izquierda? ¿Es distinto? ¿En qué? ¿Serviría para entenderse con los catalanes? Se podría aceptar el referéndum negociando la pregunta y, en cuanto a su carácter de vinculante o consultivo, la izquierda española tiene una aliada nada desdeñable en la izquierda catalana no independentista, lo cual le da bastante fuerza negociadora.

No es probable que el bloque independentista acepte rebajar el carácter del referéndum pues las posiciones están claras, aunque nada hay definitivo en esta vida, salvo la muerte. En todo caso, no será preciso llegar a este punto porque es poco probable que el Congreso del PSOE dé un mandato a Sánchez para negociar una fórmula con referéndum consultivo. Y, no siendo esto, tampoco lo será que se forme un gobierno de izquierda. 

Esta última parte del post era una ensoñación utópica.

jueves, 11 de mayo de 2017

Forcadell ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Mi artículo de elMón.cat,titulado Jueces contra políticos, versa sobre el procesamiento de los cargos electos independentistas por desobediencia, como los casos de Carme Forcadell, Anna Simó y otros antes y otros que vendrán después. El gobierno parece decidido a inhabilitar (y, en su caso, encarcelar) a la clase política catalana. Teniendo en cuenta que esta se apoya en un movimiento de amplia base política y social y que la regeneración de esa elite está asegurada, al final, es posible que el ejecutivo se decida por lo que acaba de decir García Margallo: suspende la autonomía catalana, previo acuerdo parlamentario que, según sean las primarias del PSOE, no le será difícil conseguir,  y toma el mando de los Mossos d'esquadra. Pero eso no es una solución ni a medio plazo. O sea, no es una solución.

El error está en empeñarse en resolver en los tribunales un conflicto político que exige soluciones negociadas, pactadas, políticas.

A continuación, la versión castellana:

Jueces contra políticos

La respuesta judicial del Estado español a la aplicación de la hoja de ruta de la mayoría parlamentaria enfrenta a dos poderes del Estado con intención de someter el uno al otros, el parlamentario al judicial. Obviamente, esto atenta contra la separación de poderes y la soberanía del Parlamento, cuyos miembros gozan de inviolabilidad en el ejercicio de su cargo. Esa inviolabilidad que Carme Forcadell i Anna Simó han demandado a la jueza que les ampare.

La inviolabilidad hace referencia a la función política del Parlamento. Este no pretende sustraerse a la acción de los tribunales en asuntos no políticos, de derecho común, incluso aunque la pintoresca institución del aforamiento suela extenderse en efecto a estos asuntos y se haga por huir de la acción de la justicia, lo cual no deja muy bien parados a los representantes del pueblo.

No es el caso con la función política del Parlamento y su concreción legislativa, que es soberana. En el caso de que la acción política del legislativo sea objeto de prohibición judicial, la mesa y su presidenta se verán en la disyuntiva de acatar la decisión judicial (prohibitiva) incumpliendo el mandato de la mayoría parlamentaria o cumplir este mandato y, por tanto, desacatar la decisión judicial. Si hace lo segundo pondrá al Parlamento bajo control judicial.

Se dirá que el Parlamento catalán no es soberano, como tampoco el TSJC lo es frente al Tribunal Supremo. Pero, a diferencia de la jerarquía aceptada de los tribunales, el Parlamento español, depositario de la soberanía, no la comparte con el Parlamento catalán.
Por este motivo, los partidarios de la mano dura judicial contra el independentismo señalan que no se encausa a nadie por sus manifestaciones u opiniones políticas, sino por la comisión de presuntos ilícitos como la desobediencia. Porque este es el núcleo del problema: tratar como una cuestión de legalidad por vía de represión judicial una que es eminentemente política, que se plantea en el terreno de la legitimidad. Desde la legitimidad suele ponerse en cuestión la autoridad de los tribunales –de estos tribunales concretos- para entender de la causa.

De aquí que este proceso sea un proceso político, se quiera o no. Es político porque los justiciables son políticos, con objetivos puramente políticos y sostienen que actúan en función de unas convicciones políticas y morales. El Estado niega este carácter político y moral a la cuestión. Pero eso es lo que han hecho siempre los Estados que se han enfrentado a movimientos de disidencia masiva y pacífica. Han perseguido a los dirigentes, acusándolos y condenándolos por la vía penal ordinaria.

El mismo Estado que insta la acción de los tribunales en defensa de la legalidad es el que acomete presuntas actividades de guerra sucia, como la denominada Operación Cataluña. Por descontado esto no afecta a la cuestión de que aquí se trata pero dibuja un contexto de operación política en todos los frentes, uno de los cuales es el judicial. Por una multitud de razones puede sostenerse que el poder judicial en España (incluido ahora el Tribunal Constitucional ya que tiene facultades que antes no tenía) no es independiente del poder político, sino, al contrario, su brazo ejecutor.

Reducir un conflicto político con choque de legitimidades (la soberanía del pueblo español y la del pueblo catalán y las de sus respectivos parlamentos) a una cuestión penal, individualizando la responsabilidad y, es de suponer, tratando de dar un escarmiento, no es una solución. La explicación de que se juzga la desobediencia concreta de Carme Forcadell et al., no puede ignorar el hecho de que esta presunta desobediencia se produjo por la obediencia a un mandato político de otro poder. Que detrás de Carme Forcadell hay centenares de miles, millones de voluntades. Que se juzga un símbolo. Los tribunales pueden inhabilitar a los imputados, pero ¿qué harán con los que los sustituyan en los cargos y procedan del mismo modo?

Al final, si quienes ejercen los cargos públicos son inhabilitados sistemáticamente será preciso dar un paso más y suspender las instituciones de autogobierno catalán. Esto es lo que demandan ya muchas voces de la derecha política y mediática. Y, llegados a esta situación, el nacionalismo español tendrá un problema constitucional por negarse a reconocer que tiene un problema constitucional.


miércoles, 19 de abril de 2017

Rajoy, testigo de descargo

Vaya, el final no ha conseguido usted evitarlo y tendrá que comparecer ante los jueces, bien es cierto que como testigo, de cuya honorabilidad no se duda; al contrario, se le da crédito de antemano pues se presume que dirá la verdad. Ignoro cómo se le dará eso, cuando lleva usted años sin hacerlo. Y no es lo peor. Lleva usted casi un mandato y medio (contando con el tiempo en funciones) concentrado no en gobernar, sino en pergeñar tácticas procesales en favor propio,  sortear los bajíos judiciales de esa condenada causa Gürtel que ya le estalló cuando aún estaba en la oposición y que le persigue sin descanso, como las Furias a Orestes.

Es inolvidable aquella escena que montó usted en la sede del PP, en la que compareció ante los medios, rodeado de la plana mayor de su partido para advertir que la Gürtel "no era una trama del PP, sino una trama contra el PP". De esa trama acaba de salir un autobús, el tramabús, en el que viajan usted y algunos de los que figuran en aquella famosa foto de Génova. Otros de la instantánea también podrían aparecer en el vehículo: Barberá, Arenas, Camps, Mato.

Usted, su gobierno y su partido han hecho lo que han podido por obstruir la acción de la justicia: han recusado y conseguido inhabilitar jueces, han destruido pruebas, han desoído autos judiciales, obligando a los jueces a ir por vías ejecutivas, se han personado en procesos con ánimo torticero de obtener información y torpedear los procedimientos. Prácticas dilatorias y embarulladoras en las que Trillo era un as. Usted mismo ha conseguido sortear tres peticiones previas de comparecencia en el proceso de la Gürtel en alguna de sus dos grandes divisiones, la de Bárcenas y la de la Gürtel.

Por cierto, sería difícil sostener que Bárcenas fuera una trama contra el PP, aunque intentos se han dado. Se ha oído a la señora Cospedal negando la existencia de una caja B (esa cuya existencia está, al parecer, probada) y afirmando que, si hubiera alguna, sería de Bárcenas. Ese Bárcenas a quien usted mandó un mensaje dándole ánimos y pidiéndole fortaleza en la adversidad. Puede ser un gesto muy cristiano con un amigo pero, en un sentido político, es inadmisible. En cualquier país democrático eso sería notivo de dimisión irrevocable.

En realidad, usted hubiera debido dimitir desde que se conoció la trama Gürtel y ni siquiera haberse presentado a las elecciones. Al ganarlas, forzó usted al país a aguantar un gobierno cuyo presidente estaba por debajo de toda sospecha y en riesgo de ser llamado por los tribunales. Como ha venido a suceder.  

No solamente no dimitió sino que blindó usted su mandato controlando férreamente los medios de comunicación y negándose de modo sistemático a dar exlicaciones o rendir cuentas en cualquier foro, en el parlamentario o ante los medios. Desde comparecer en plasma a dar ruedas de prensa sin preguntas, pactar previamente las preguntas con la prensa amiga o abandonar los lugares por la puerta de servicio para huir de los periodistas,  ha recurrido usted a todos los trucos imaginables para ocultar su gestión a la opinión pública. Esta, según parece, debería conformarse con sus confusas, contradictorias y generalmente falsas informaciones, sin posibilidad de réplica. Un modelo de gobierno autoritario.

Consiguió usted deteriorar de tal modo el debate público que el crédito de los medios es ínfimo y el suyo y el de sus conmilitones, inexistente. La opinión general es que el gobierno solo habla para mentir, tanto como órgano colegiado como los ministros uno a uno. Ahora le ordenan comparecer precisamente en calidad de testigo en este gatuperio que usted y su gente han organizado estos años. Nadie cree que vaya a decir la verdad. Al menos, así lo dictamina José Luis Peñas, denunciante de la Gürtel, Rajoy "solo va a decir mentiras", algo que piensa prácticamente todo el mundo. 

Algunos dicen que, yendo de testigo, no osará usted mentir en sede judicial. Olvidan que ya lo hizo en sede parlamentaria en su famosa comparecencia del 1º de agosto de 2014, cuando hubo de dar explicaciones sobre el mensaje a Bárcenas.

martes, 4 de abril de 2017

El fascismo se demuestra robando

Hoy seré muy breve porque, sobre estar cansado por el trabajo, el tema ya no da para mucho más. La pertinacia, la contumacia del fascismo español carecen de parangón. Morirá la civilización, se acabará el mundo, se enfriará el sistema solar, seremos un agujero negro y los fascistas españoles seguirán erre que erre dando vivas a un criminal genocida que sumió su país en un baño de sangre y asesinó, torturó y encarceló a cientos de miles de sus compatriotas.

Mucha gente se pregunta cómo es posible que en España sea legal lo que en otras partes que padecieron la lacra del fascismo, Italia y Alemania, no lo es. La respuesta es sencilla: allí, los fascistas perdieron la guerra. Aquí la ganaron. El fascismo español no se hundió, sino que acabó su personificación con la muerte del dictador. Pero siguió incólume en las instituciones, en la sociedad civil, en la mentalidad de siervos de muchas gentes. La historia la escriben los vencedores y así sigue siendo, como se ve con los historiadores franquistas, aunque sean analfabetos. 

El franquismo ha sobrevivido a Franco porque se ha hecho carne y sangre del natural español de vírgenes, santos, procesiones, fanfarronadas, chulerías, oscurantismo, cerrilismo, intransigencia, beaterío, nacionacatolicismo..., en fín, qué vamos a decir que no sepamos.

Ese tal Zoido que comienza donde lo dejó el meapilas Fernández Díaz, condecorando vírgenes, es obvio, carece de todo sentido del ridículo. Pero no del aprovechamiento y la falsedad. La prueba: ha intentado colocar a un enchufado suyo en un pisazo de propiedad pública con reparación millonaria, como siempre a cargo del erario, para que seamos los españoles quienes sigamos pagando sus estupideces, supersticiones y simples latrocinios.

En Murcia va a ser necesario que el presunto corrupto que, para variar, gobierna, cumpla la sentencia que le caiga para que se admita que lo es. No para que el PP o Rajoy le retiren su apoyo. Ese es un típico error de los periodistas españoles. Estos pájaros no apoyan a los corruptos porque crean que no lo son sino, al contrario, porque saben que lo son.

¿O creía alguien acaso que el fascismo es algo distinto?

A Cassandra la condenan a un año de prisión por un chiste sobre un criminal, corresponsable de la dictadura y de la persecución política de la ciudadanía, corresponsable de más crímenes, detenciones, palizas, torturas, que era lo que hacía la brigada político-social de Franco. ¿Qué juicio merece esto? 

Mientras tanto, el energúmeno que afirmó que las víctimas de Franco se merecían el fusilamiento sigue siendo alcalde. Obviamente este país no conoce la justicia y los jueces no merecen nombre de tales.

Pero lo verdaderamente escandaloso es que todo esto se da sobre una realidad incuestionable: el primer culpable de enaltecimiento del terrorismo y del crimen es el propio Estado, que mantiene un siniestro monumento a la mayor gloria del genocida Franco, sostenido con los impuestos de todos, incluso los que pagamos quienes fuimos represaliados por él y tuvimos la fortuna de contarlo.

miércoles, 15 de marzo de 2017

Proceso al proceso

El proceso penal contra Mas, Rigau y Ortega es un proceso político disfrazado de judicial. Lo niegan sus defensores, asegurando que se condena a los tres exmiembros del Govern por desobediencia a una prohibición del Tribunal Constitucional (TC). Pero dicha prohibición tenía un innegable carácter político en referencia a la realización de la consulta del 9N promovida por los independentistas ante la negativa del gobierno español a permitir la realización de un referéndum. Es un proceso al independentismo, como lo demuestra asimismo que no es, ni será, el único. Detrás vienen los del diputado Françesc Homs y el muy simbólico de Carme Forcadell, presidenta del Parlamento catalán. Y detrás, los que se incoarán indefectiblemente a sus sucesores en los cargos si estos son inhabilitados. De todo ello se trata en mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado Contra la indepèndencia, sentència y cuya versión castellana transcribo aquí:

CONTRA LA INDEPENDENCIA, SENTENCIA.

El debate es si el proceso de Mas, Ortega y Rigau es o no un juicio político. De un lado se señala que los tres han sido condenados por posibilitar la votación del 9N. De otro, que la condena ha sido por desobedecer al Tribunal Constitucional (TC). Un asunto puramente retórico porque la supuesta desobediencia lo fue a una decisión del TC de prohibir el 9N. Luego, sí ha sido condena por permitir la votación y en un procedimiento penal al que se opuso la fiscalía catalana. Fue la Fiscalía General del Estado la que obligó a actuar a la fiscalía catalana por impulso directo del gobierno que es quien, en definitiva, ha determinado el fallo por razones políticas aunque, con la habitual estrategia de Rajoy de tirar la piedra y esconder la mano.

Una estrategia cuyo principio general, ya visible hace unos años, era utilizar a los tribunales en contra del independentismo catalán o, dicho de otro modo, sustituir a los militares –siempre ultima ratio del nacionalismo español- por los jueces. La apoyaba en sagrada “unión nacional” la otra ala del nacionalismo español, el PSOE de Rubalcaba, principal muñidor de la Ley de Seguridad Nacional, básicamente dirigida en contra de Cataluña. El problema de este criterio es que se abre a la obvia crítica de que el gobierno español está construyendo de nuevo una jurisdicción para perseguir sedicentes delitos de opinión. Juicios políticos, como siempre. En realidad no ha dejado de hacerlo. En muchos aspectos, la Audiencia Nacional es una jurisdicción especial que procede del espíritu del Tribunal de Orden Público de Franco.

El gobierno de Rajoy siguió en esa línea en su primer mandato. Con su mayoría absoluta impuso el trágala de una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional por la que se legalizan competencias ultra vires para este, permitiéndole ejecutar sus sentencias, con lo cual ya no necesitará la intervención de otro órgano para encausar la desobediencia y podrá hacerlo él directamente. Una comisión asesora del Consejo de Europa emitió hace dos días una opinión que alertaba del peligro de la reforma porque, a su entender, otorga funciones ejecutivas al TC y desnaturaliza su función como órgano neutral. Un juicio que los españoles trataron de rebajar mediante sus habituales presiones entre bastidores y que ya era benévolo en exceso porque partía de la ingenua europea creencia de que en efecto, el TC español es algo parecido a un tribunal de justicia cuando no es más que un órgano político a disposición de los dos partidos dinásticos que se reparten los cargos entre sí y que está presidido por un militante acérrimo del partido del gobierno. Un órgano que es juez y parte descaradamente. Este es un dato que, en lo referente al nacionalismo catalán, afecta a toda la judicatura española pero que resulta escandaloso en el caso del TC.

Así las cosas no es solo que la sentencia del TSJC sea una sentencia política. Es que lo es toda la batería de medidas judiciales previstas por el gobierno en su confrontación con el independentismo catalán. Una justicia política que no puede ser justicia y no es sino una actividad de represión política disfrazada de actividad judicial, como se verá próximamente con las decisiones pendientes en los casos de Françesc Homs y Carme Forcadell, sin duda el proceso más peligroso debido al alto nivel simbólico del cargo de la presidenta de Parlamento catalán. Hay pocas dudas de que en esta inepta deriva autoritaria del PP por la vía judicial se darán las consecuencias que prevé la Comisión del Consejo de Europa: será necesario seguir inhabilitando cargos públicos en Cataluña, en una dinámica absurda cuyo único final previsible será el recurso a la legislación de excepción. El gobierno trata de evitarla, pero es evidente que a ella lo aboca su propia ceguera. Y las consecuencias son imprevisibles, sobre todo a la vista de la creciente preocupación europea por el modo en que evolucionan los acontecimientos en España.

Frente a ello, la supervivencia del proyecto independentista depende más que nunca de su unidad de acción. Hasta ahora se ha preservado. Carme Forcadell, próxima procesada, apoya a los condenados a quienes ella misma instó en el pasado a “poner las urnas”. El presidente Puigdemont ha dicho que la condena será invalidada por el voto en el referéndum que se realizará en la fecha prevista. ERC, guarda prudente silencio, pero mantiene la unidad de acción y lo mismo hace la CUP que, por cierto, podía reflexionar sobre la ironía contrafáctica de que, si no hubiese impedido el nombramiento de Mas, ahora el nacionalismo español se habría visto obligado a proceder penalmente contra un presidente.

La sentencia del TSJC es obviamente una sentencia política (lo cual explica su extrema “benevolencia” y el hecho de que se ignore el posible delito de prevaricación) como lo es el conjunto de la estrategia política represiva disfrazada de judicial del gobierno. Su finalidad es obvia: aprovechando la utilización mediática exasperada de la corrupción de los casos Palau y afines (por supuesto, juzgados con criterios muy distintos a los que se aplica a la corrupción de la derecha española) se trata de dividir el bloque independentista y enfrentar entre sí a sus integrantes. Su método también: calibrar la respuesta de la sociedad catalana.

Todo el proyecto independentista se encuentra en la encrucijada. Si la unidad se mantiene y el apoyo social también, la sentencia del TSJC puede ser la señal de salida al último tramo hacia la independencia de Cataluña.

miércoles, 1 de marzo de 2017

Juzgan ideas, como siempre

El artículo de Palinuro en elMón.cat de hoy, titulado Què es jutja? sobre la interesante cuestión de qué se juzga en el Tribunal Supremo (Homs) y el Superior de Justicia de Cataluña (Mas, Rigau, Ortega), si la comisión de unos supuestos delitos de desobediencia y prevaricación o unas ideas políticas acerca de la independencia de Cataluña y su posible forma republicana de gobierno, esto es, si es un proceso judicial o político. Desde el punto de vista de Palinuro es un proceso político, incluso inquisitorial, para seguir con las gloriosas tradiciones de la patria. De eso se habla en el artículo, cuya versión castellana viene a continuación:


¿Qué se juzga?

El proceso al exconseller y actual diputado Homs es un proceso político del principio al final. Como lo es el que afecta a Mas, RIgau y Ortega ante el TSJC. El mero hecho de darse estos procedimientos indica que la calidad del Estado democrático de derecho es baja en España. El propio Homs así lo valora con algo de dramatismo pues supone que, si hay sentencias por el 9N, serán el fin del Estado español. Eso es dudoso. En el Estado español actual las cosas siguen “bien atadas”, como las dejó su auténtico fundador, el que descansa en el Valle de los Caídos. No es tan dudoso, en cambio, si se trata del Estado de derecho.

Para el gobierno central, sus aliados y los medios en general, estos procesos son actividades puramente judiciales que demuestran, según dicen en el PSOE, el buen funcionamiento de la justicia. No hay nada político. No se juzga a Francesc Homs por independentista; eso sería un atentado a la libertad de pensamiento y de expresión. Se le juzga por desobediencia al Tribunal Constitucional. En concreto por haber desobedecido una prohibición de ese Tribunal. ¿Cuál? La de hacer o dejar de hacer algo en beneficio del independentismo. Luego sí se procesa el independentismo; sí, son juicios políticos contra el independentismo disfrazados de otra cosa.
Se ha dicho hasta la saciedad: judicializar un problema político es agravarlo. La instrumentalización de la justicia no hace ningún favor a esta y encona el conflicto.

Pero, al mismo tiempo, aclara suficientemente el panorama. El Estado no tiene la menor intención de negociar nada en tanto la Generalitat no retire la previsión del referéndum. La reciente retórica del “diálogo” también exigía renuncia previa al referéndum. En consecuencia cabe suponer que su cálculo estratégico sea provocar una situación de choque, poner al adversario, el independentismo, en situación de oposición a la ley, de rebeldía. De esa forma podría justificarse una acción represiva.

El problema a continuación es determinar el alcance de esa acción represiva y, a ser posible, sus consecuencias. El Estado se resiste a emplear los medios coercitivos más fuertes (aunque diversos publicistas adviertan de que si las normas de excepción están previstas, lo están para usarlas), pero, al mismo tiempo, es incapaz de ofrecer soluciones alternativas.

En esas condiciones lo más probable es que los sectores radicales del independentismo pidan adelantar la convocatoria del referéndum, una idea con la que la Generalitat ha jugado. La justificación, bastante cómoda, es que carece de sentido agotar el plazo y dejar pasar unos meses en los que habrá todo tipo de juego sucio, amenazas y tensiones. Si no se hace así, si no se acortan los tiempos, según se dice, es para elaborar un buen corpus legislativo que sirva de transición de la autonomía a la independencia. Pero la situación viene a ser similar: la aprobación de esas leyes será el punto de ruptura del todo igual al que se daría con la convocatoria del referéndum.

En cualquiera de los dos casos se apunta a situaciones de inestabilidad permanente. No es razonable que las relaciones ordinarias entre el gobierno central y una autonomía pasen por los tribunales. Es una situación muy perjudicial en todas las esferas de la acción social y un despilfarro de recursos de todo tipo.

El independentismo catalán no es una decisión personal de los encausados, ni un capricho de una minoría, ni siquiera una acción de partido. Es un movimiento social con un tipo de solidaridad mecánica, que diría Durkheim, la de la gente que se conoce, con la que se simpatiza, que tiene también un objetivo ideal, dentro de otro conjunto más amplio, que abarca a las cuatro quintas partes de la sociedad catalana, que reclama su derecho a decidir, su derecho a tener derechos.

El procesamiento de Homs es político, como lo son los de Mas, Rigau y Ortega y no se hable ya de los de Forcadell. Se los juzga por independentistas, aunque se diga otra cosa y, a través de ellos, se pretende el absurdo de juzgar y condenar el independentismo, es decir, un movimiento social de amplia base.