Idea de la tolerancia

El Mundo es beligerante a favor de la campaña de intolerancia y odio que han desatado los de C's y organizaciones afines con la obvia intención de provocar un conflicto violento que justifique la intervención de Catalunya. La fraseología delata el mismo recurso a la mentira que se hace en la campaña anti-lazo, calificada como "imposición". ¿Quién impone qué a quién? Ya la idea de llamar "rebelión cívica" a los actos ilegales de unos grupos de provocadores sin control alguno es irrisoria.

Las imágenes de esos individuos disfrazados de KKK y portando palos y armas blancas están calculadas para intimidar a la gente. Los propios líderes de C's, siguiendo el ejemplo de Arcadi Espada, han bajado a la calle a arrancar lazos amarillos entre los aplausos de los pelotas de turno. No se consigue reacción violenta alguna, ni más atención que unas fotos en los medios bastante lamentables. Se corona todo con una manifestación en protesta por las agresiones independentistas a los unionistas aun sabiendo que son falsas y, al final, hay que desconvocarla porque, aparte de partir la cara a un cámara de Telemadrid, empezaban a pegarse en entre ellos. 

Toda esta parafernalia fascista acaba siempre en un miserable ridículo más grueso que el anterior. A los minutos de abandonar la calle los dirigentes de C's, los/as vecinos/as vuelven a poner los lazos. Este ridículo evidencia el absurdo de estos neofalangistas de los "puños y las pistolas" o "del Ulster que os vais a cagar", algo más modernizado.

El absurdo procede de su teoría fascista del "espacio público". El espacio público, dicen campanudos, "debe ser neutral". Y ¿quienes son ellos para definir la "neutralidad"? Y ¿quiénes para arrogarse el derecho a invadir a su  vez el espacio público, eliminando lo que no les gusta, directamente, sin emplear medios legales, como en el Far West o en La naranja mecánica? Ya no hablemos de agredir a la gente o allanar propiedades particulares. 

La raíz de estee comportamiento agresivo, fascista, está en su concepción del espacio público monopolizado por una única opinión (por ejemplo, sobre qué sea neutralidad) y ninguna tolerancia hacia las demás. El fascismo de C's precede de su incomprensión de la idea de tolerancia, básica para la existencia de sociedades democráticas, libres. 

La tolerancia es la actitud que se espera de quien dice respetar la libertad de expresión ajena. Libertad de expresión no es solo libertad de conciencia, culto o idea, sino derecho a expresar estas en público siempre que no sean delito por muy desagradables y repugnantes que parezcan a otros. Y, obviamente, los lazos amarillos expresan un deseo de liberación de los presos políticos, pero no son delito. 

Delito es arrancarlos, coartar, suprimir la libertad de expresión ajena. Si tanto les enojan los lazos amarillos, que pongan ellos pulseras moradas o corazones verdes, pero no ataquen la libertad de expresión de la gente. Por lo demás, la desproporción del empeño es abrumadora: varios cientos, miles quizá, de unionistas furiosos no pueden imponerse a la voluntad de millones de catalanes, contrarios a la existencia de presos políticos.  

No pueden... salvo que tengan la fuerza coercitiva del Estado detrás. 

¿La tienen?

La casa de los líos

Sabido es: unos nacen con estrella y otros, estrellados. Caso juez Llarena, este probo magistrado forjado en la más rancia prosapia franquista, según la cual el mero hecho de abogar por la independencia de Catalunya ya es delito. Incomprensiblemente, no está tipificado como tal, pero sí otro que viene como anillo al dedo: el de "rebelión". Falta el requisito de la violencia que Llarena ha intentado probar con una interpretación imaginativa del concepto según la cual es violento todo acto, por pacífico que sea, que suscite la violencia.

Y se extrañan de que alguien (el presidente Puigdemont y cuatro exconsellers en el exilio) interponga una demanda civil porque se le ha privado de sus derechos arbitrariamente. Es lo menos que podían esperar. Con la correspondiente citación al juez Llarena a declarar el próximo 4 de septiembre. La justicia española no da curso a la citación. El juez decano la devuelve, invocando un defecto de procedimiento. Para, pues, la vía jurídica. Pero abre la política porque ese mismo juez decano pone en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la citación y requiere de él la concesión del amparo a Llarena y una advertencia a la justicia belga sobre la independencia de la justicia española.

El CGPJ se ha movilizado y la Comisión Permanente ha votado siete contra uno por otorgar el amparo al juez. Lo justifica con razones de fondo político y no jurídico; incluso lo califica apasionadamente como “burda maniobra” para someter la soberanía del Estado español a una jurisdicción extranjera. Pura doctrina de la razón de Estado. Nada que ver con la justicia. La prueba es que el mismo órgano encomienda a los ministerios correspondientes del gobierno español salir en defensa de la soberanía citada y la independencia de Llarena.

Pero, a su vez, el amparo ¿en qué se materializa? ¿Admite que el magistrado no acuda a una citación judicial de un país extranjero? No será el caso, pero de incomparecer, el tribunal belga podría dictar una requisitoria de algún tipo. El lío que han organizado Llarena y su fogosa numen, Sáenz de Santamaría es monumental. No es que la justicia española esté desacreditada en Europa; es que es su hazmerreír.

La consecuencia de este esperpento de cárceles y agresiones callejeras de bandas fascistas es hacer más inapelable la República Catalana.

Una justicia Nacional

Llarena lo ha conseguido. La justicia española no gozaba de gran prestigio en el continente. Su última decisión la deja literalmente por los suelos. Es ya patente a ojos de todo el mundo que se trata de un proceso político disfrazado de judicial. Para los magistrados del Supremo, como para su presidente, Lesmes, como para muchos jueces españoles, aquí está en juego "el orden constitucional español", entendido a su manera, claro está. Un bien de naturaleza claramente política ante cuya urgencia y primacía debe hacerse la vista gorda frente a las minucias jurídicas de si las euroórdenes están motivadas, si los delitos invocados están debidamente justificados, si se tienen pruebas, si se cumplen los requisitos, etc. El juez Llarena, además de retirar las euroórdenes, lee la cartilla a los jueces belgas y alemanes y se queja amargamente de que falten a los deberes de colaboración judicial y mutua confianza. Como si la justicia española inspirara alguna confianza y menos que lo hará admitiendo abiertamente que no se guía por criterios jurídicos sino políticos, de razón de Estado.

El desbarajuste organizado por el juez es monumental. Jurídica y procesalmente, la situación creada será muy lógica. Desde el punto de vista del sentido común es un perfecto disparate, casi como de Groucho Marx. Resulta que en las cárceles de Catalunya hay nueve presas y presos políticos, algunos de los cuales acusados de un delito de rebelión que, al parecer, cometieron bajo la dirección de otro al que, sin embargo, no se le puede acusar de lo mismo. Eso sin contar con que hay otros presos acusados de un delito de malversación del que el propio Llarena confiesa no tener pruebas.

Es esperpéntico. 

Parece ya irrefutable que es una farsa para perseguir el independentismo. A los intelectuales (a unos pocos), habitualmente críticos les ha costado ocho meses de denso silencio enterarse. Muchos otros siguen hablando de "políticos presos" y justificando su encarcelamiento. Pero por fin comienzan a oírse tímidas voces pidiendo su liberación. Incluso se ha firmado un manifiesto abogando por ella, aunque aceptando como legal y justo su procesamiento, lo cual es una vergüenza. El amigo Wyoming salía ayer en su programa en TV con una corbata amarilla en solidaridad. A lo mejor así se consigue ir por la calle en Barcelona o Madrid con un lazo amarillo sin que te parta la cara algún policía nacional o guardia civil. 

En tuiter se decía que, en el futuro, el "yo pedí desde el principio la libertad de los presos políticos"  será el equivalente al "yo corrí delante de los grises cuando Franco". Más o menos. Ahora todos creen que la judicialización de la cuestión independentista fue un error. Évole aconseja paternalista a Llarena que "lo deje".  Sánchez también parecía pensar así hace meses y, según ha llegado, ha proseguido la vía judicial y ya ha hecho su parte de ridículo tratando de intervenir en el proceso judicial belga por medio de sus ministros.

Cómo estará la cosa que en España se ha puesto en marcha una campaña en favor del referéndum (todo se pega) entre Monarquía y República que Palinuro ya ha firmado. Pero manteniendo las distancias. Es genial que los españoles espabilen; pero la República Catalana no depende de la española.

La pólvora mojada de Llarena es la de toda la causa "judicial". Ahora ya no hay excusa alguna para no entender que la liberación de los presos políticos es un requisito de cualquier negociación. Mientras los presos y presas no estén en libertad, el independentismo no puede prestar colaboración parlamentaria al gobierno de Sánchez, cuyo fiscal se niega en redondo a dejar en libertad a estas personas inocentes. Cuanto antes se vuelva al terreno político, mejor para todos. ¿Que cómo se hace? Igual que se inició en un primer momento: una decisión política  activó un proceso judicial literalmente plagado de anomalías, abuso de poder, atropellos a los derechos de los acusados, etc. Una decisión política tiene que poner fin a este dislate teniendo en cuenta que el ordenamiento jurídico y el Estado de derecho no padecerán más de lo que lo vienen haciendo.

No hay otra salida si Sánchez quiere que alguien se tome en serio su oferta de un nuevo estatuto. Y en el entendimiento de que el tiempo apremia. No se puede contar en años. Ha de ser en semanas; todo lo más, meses.  El nuevo estatuto que tendría que estar redactado en un plazo brevísimo, habrá de incluir el derecho de autodeterminación de los catalanes y ser propuesto a refrendo de estos en un referéndum en el que la otra opción sea la independencia. Referéndum vinculante. 

En este momento y los que se avecinan es esencial que el independentismo siga siendo una piña.

Demà a Girona, per la llibertat dels presos i preses politiques

Enfront de l'edifici de la Generalitat, a Girona, a les 12:00. Exigirem l'alliberament dels nostres representants empresonats i exiliats contra tota raó i justicia, ostatges del franquisme recolzat pel PSOE, tot i que la justícia alemanya ha sentenciat que no hi ha causa d'extradició pels delictes de rebel·lió i sedició i, encara més, que no hi ha tals delictes. Exigirem també que es processi als responsables polítics i judicials d'aquest atropellament i que es compensi als innocents que han patit aquesta injustícia.

Fins a demà.

Puigdemont el rebelde

El mismo juez que retrasa 24 horas la suspensión de cargo electo para no interferir en las conversaciones políticas entre Sánchez y Torra es incapaz de ver que, declarando en rebeldía a Carles Puigdemont, en realidad, pone en rebeldía a la mayoría del pueblo catalán, que votó por aquel, en definitiva, a la propia Catalunya. Su sensibilidad política está en sintonía con el gobierno y solo con el gobierno. El pueblo catalán es una ficción y, ahora, una ficción rebelde.

La declaración de rebeldía de Puigdemont viene bien al juez porque es lo que más se aproxima a ese delito de rebelión que se ha inventado y no consigue probar por falta del elemento constitutivo esencial, la violencia. Y, ciertamente, si rebelde es Puigdemont, rebelde es la mayoría que lo ha votado. Es más, la rebelión consiste precisamente en esa votación. Un rebelde, al fin y al cabo, es uno que se ha rebelado; o sea, que se ha alzado o intentado alzar violentamente, que ha cometido o intentado cometer el delito de rebelión. De forma que, como dijimos unos posts más atrás, la instrucción no estará acabada en tanto no se procese asimismo a los dos millones trescientos mil votantes de los que, por lo demás, consta nombre, apellidos y domicilio. 

Vaya por donde vaya esta lamentabilísima causa, burla de todos los procedimientos judiciales imaginables, acaba siempre en una situación insostenible y ridícula. Si votar es un delito, los votantes son delincuentes. Preparen campos de concentración. Es ridículo, ¿verdad? Pues más lo es que el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Lesmes, pida explícitamente al gobierno de Sánchez que defienda al juez Llarena ante la justicia belga para "salvar la integridad de la acción del Estado" y porque la demanda no es civil, sino que afecta a "decisiones soberanas" del Estado español. ¿Suena? ¿Es preciso seguir? Los jueces españoles piden al gobierno que interfiera en la acción de la justicia belga en función de razonamientos puramente políticos,  invocando la razón de Estado del ambiguo jesuita Botero, quien reconocía que no era sino "razón de intereses". Cuando los jueces anteponen los intereses de Estado a la justicia faltan a su vocación y, si, como es el caso ahora, no consiguen su objetivo, vuelven a quedar en ridículo.

Estos son los que dicen que no hay presos ni exiliados políticos, que son políticos presos. O sea, como Zaplana, Matas (de quien nunca sé si está fuera o dentro), Urdangarin, etc. Llamar con el mismo nombre a esta gente y a quienes están en prisión por sus convicciones es una desvergüenza.

Falta por conocer la sentencia del tribunal de Schleswig-Holstein sobre la extradición de Puigdemont, el rebelde. Hasta ese momento, que está al caer, será bueno contener la impaciencia y no debatir opciones sin fundamento. Aunque se espera una negativa a la extradición, no se debe ignorar la inseguridad de la fortuna en las cosas humanas. Algo sí está claro: sea cual sea la decisión, la estrategia independentista no variará; pero sí lo hará necesariamente y mucho la táctica, según que Puigdemont sea detenido para extraditar o puesto en libertad. Entre tanto, cada cual afine su táctica para ponerla en práctica apenas se pronuncie la justicia alemana.

Porque de eso se trata, de implementar la República catalana según mandato del 1º y el 27 de octubre de 2017. De la asimétrica y muy previsible reunión de Sánchez y Torra no salió nada ni podía salir. El Estado no negocia porque no tiene nada que negociar y porque cree que, si hace un referéndum, lo pierde; cosa bastante probable. No tiene margen de maniobra y está a la defensiva. Su única esperanza es que su adversario se divida y fracase; no ganarlo ni imponerse a él. Sabe que no puede ganar; esspera que el otro pierda. 

Por su lado, Torra mantiene el compromiso del mandato del 1-0 y conserva la iniciativa política. Conservada expresamente la unidad de acción, el margen de esta es muy amplio, pero a costes variados. Tal será el cálculo que sea preciso hacer al decidirse por una u otra opción: el coste. A la vista del que los políticos están soportando y el que los votantes han arrostrado, el umbral del coste es muy alto. Tanto que el Estado español quizá no pueda infligirlo.

Llegados aquí, un país declarado en rebeldía por un juez debe culminarla y, como Napoleón ante Pío VII, coronarse a sí mismo con la independencia, como pueblo libre. 

Nada ilumina más el paso de la historia que los pueblos rebeldes.

Mañana, Palinuro en Riells i Viabrea

A las 19:30 en el Casal del Poble en la Plaça de la Vila. Será una xerrada grata y espontánea, sin duda, pues versará sobre "la situación actual", como reza la convocatoria. Imposible avanzar nada porque, a la velocidad de los acontecimientos, la "situación actual de hoy" no será la de mañana ni de lejos. Por ejemplo: es encomiable que el gobierno español decida acercar los presos políticos a sus casas. Pero no debe olvidarse que lo más cerca de sus casas que pueden estar los presos es en sus casas, que es en donde debieran estar y no como presos sino como personas libres.

¿Han visto ya el documental de Roures? Es la prueba evidente, aplastante, de que todo el procesamiento de los Jordis en concreto es una fabulación, una maquinación que contradice los hechos y se mantiene como un castillo de naipes de una interpretación retorcida que no se sustenta en nada. La violencia de que se los acusa no existió jamás y no existió precisamente porque los Jordis la impidieron.

¿Cabe mayor iniquidad?

Hoy, jornada democrática

Hoy hay convocados diversos actos democráticos de lucha por las libertades y la democracia así como de solidaridad con los presos políticos y por su inmediata liberación. Me sé algunos.

A propósito de los presos políticos la fulminante detención de Eduardo Zaplana, seguida de la de otros pájaros como Juan Cotino y su sobrino con sus efluvios de cosa nostra tiene al personal boquiabierto. No por los delitos imputados que, al fin y al cabo, son los habituales: cohechos, malversaciones, blanqueo, fraudes, comisiones, sino por la enésima comprobación de que este país ha estado y está gobernado por delincuentes.

Y espérese la sentencia sobre la caja B del PP, que está al caer. Cosa de averiguar cómo podrá probar M. Rajoy que no sabía nada de ella cuando de ella cobraba.

Bueno, en todo caso, zanjan esa cuestión de si se trata de presos políticos, como dicen los independentistas o de políticos presos, como dicen los del 155. Se trata de presos políticos, los indepes, y de políticos presos, los del PP.

A las 14:00 en el passeig Sant Joan-Diputación tendremos una xerrada sobre el apasionante tema del art. 155, su injusto pasado, su ilegal presente y su imposible futuro. Convoca la Assemblea de Treballadors/es per a la defensa de las institucions catalanes. Departament d'Interior. Obviamente un colectivo con una problemática específica con el que no solo es preciso hablar sino, sobre todo, al que hay que escuchar.

Después de este acto, a las 16:00, el gran Vicent Partal y un servidor presentamos una declaración en contra de la represión y a favor de la República. Es iniciativa muy laudable del Col.lectiu Pere Quart en defensa de la literatura catalana a les aules. Lleva la firma de numerosos intelectuales y profesionales catalanes y algunos, escasísimos, ¡ay!, españoles.  Será en el llamado "Espai Vila Web", carrer Ferlandina, 43, Barcelona. Abierto al público. Se pide la libertad de los presos políticos, el retorno de los exiliados, el levantamiento de las sanciones, el cese de la intervención de la Generalitat, la devolución a Catalunya de sus instituciones de autogobierno.

Por último, acabaremos la jornada con un sopar groc solidari en Figueres, en el restaurante Pa Volador a las 21:00. Un convivio, un ágape solidario con los presos políticos, que necesitan el apoyo espiritual y material de aquellas/os a quienes representan muy dignamente y con gran sacrificio personal y familiar. 

Creían los del 155 que la extremada dureza en la represión tendría un efecto aniquilador, que "descabezaría" el movimiento, rompería el espinazo de la resistencia y acallaría por amedrentamiento el independentismo. Aplicaron la plantilla del País Vasco mecánicamente. Por eso están tan interesados en vincular el independentismo a ETA. Sin embargo, la combinación de brutal represión instantánea y momentánea del 1-O con la no menos brutal prolongada en el tiempo de los encarcelamientos injustos a la mínima de cambio y la dispersión de los presos han conseguido lo contrario de lo que pretendían. Es completamente estúpido, pero han proporcionado al movimiento independentista una motivación simbólica de carácter moral que ellos (entre los que abundan los Zaplanas) son incapaces de entender. Incapaces de entender que no uno o dos o dos docenas, sino millones de catalanes no están dispuestos/as a llamar "normal" a una situación en la que sus legítimos representantes están en la cárcel o en el exilio.

Y no será porque no se les haya advertido hasta la saciedad: la represión cerrada, ciega, sin contrapropuesta de ningún tipo,  es contraproducente. La dictadura provoca la desobediencia civil legítima. La tiranía, la resistencia pacífica. 

Esto es Europa, señoras y señores, siglo XXI. Los gobiernos no pueden hacer lo que quieran con sus pueblos.  

Están desatados

Pero como potros salvajes. Todos los jueces y todos los fiscales piden a coro la dimisión del ministro. Ha de ser chungo eso de que te repruebe el Parlamento y, acto seguido, se te subleve la tropa y pida tu dimisión, ahora solo pendiente del paladio de M. Rajoy, el 155. Que no es poca cosa. 

Catalá no dimitirá porque tiene una tarea urgente que hacer: legislar en caliente sobre el juicio de "la manada" tras decir dos semanas antes que no se puede legislar en caliente. Sí, en efecto, es de pena. Pero todo en este ministro es de pena (no de lo penal sino de lo jondo), de asombro y chirigota. Eso de acusar con el dedo al magistrado discrepante lo deja a la altura del betún.

Y en la altura del betún lo increpa el presidente del CGPJ, pidiéndole que no haga una "utilización política" de la justicia. Algo pasmoso por dos razones: 1ª) porque, siendo ministro, está justo para eso, para utilizar políticamente la justicia y es lo que hace; 2ª) quien está para que evitar que alguien, quien sea, hasta los mismos tribunales, haga un uso político de la justicia es, precisamente el CGPJ. Y en esto, la verdad, es que su expediente es negativo. La judicialización del procés catalán ha politizado la justicia de forma que lo que hoy pasa por tal en España es una especie de causa general política contra el independentismo disfrazada de proceso penal en el que los jueces tratan de ahormar sus prejuicios políticos en normas jurídicas, fabulando sobre los hechos.

La única solución a este desbarajuste es suspender todas las acciones penales y persecutorias en general, restablecer el gobierno legítimo de la Generalitat y entablar un proceso de negociación de igual a igual, Catalunya-España. Como sucedió con el Estatuto de la II República, aunque más formalmente.

Esto no tiene arreglo

La sentencia sobre La Manada ha soliviantado al país de modo tan fulminante como multitudinario y por primera vez ha puesto a todos los políticos a largar lindezas más o menos acicaladas sobre los jueces navarros; hasta los de C's, que siempre esperan a ver de dónde sopla el viento para adoptar una posición de principios, han mostrado su consternación. También han salido los habituales maestros ciruelos a avisar de los peligros de la ley de lynch y lo que llaman los "juicios paralelos". Así razonan también los tres jueces que, sin duda, se sienten víctimas de un atropello por haber aplicado escrupulosamente la ley, sin atender a las pasiones del momento. Raro será que no pidan amparo al Consejo General, que se lo concederá encantado. 

La reacción social, además de multitudinaria, ha sido muy meticulosa en fundamentar el encendido rechazo con razones de peso. Los medios y las redes se han llenado de copias de los documentos procesales, sobre todo los hechos que se dan como probados. Múltiples juristas los han analizado, escandalizados. Algunos no han podido terminarlos. Y, ¿por qué indignan los "hechos probados"? Según entiendo porque reflejan, muestran, evidencian la presencia de violencia y la violación. Si hay violencia, hay violación. Pero el tribunal ha descartado la segunda porque no encuentra la primera.  No hay violación en donde no hay violencia.

Y ya estamos en el tema de nuestro tiempo, el de la violencia y sus interpretaciones. Si el tribunal navarro hubiera querido informarse habría podido preguntar al juez Llarena, que ve violencia incluso en la no-violencia. Pero esto no sería oportuno. En un caso se trata de asegurar que hubo violencia en donde no la hubo y en el otro, todo lo contrario, que no hubo violencia en donde la hubo. 

Al margen de la cuestión en sí misma de la violencia, que es interesante, resulta patente la pauta que sientan los tribunales: la existencia o no de violencia depende de quién sea el acusado, si indepes pacíficos o una manada de jóvenes borrachos entre los cuales había un guardia civil y un militar. Es decir, violencia es lo que los jueces dicen que es, aunque no coincida con la ley ni con el sentido común. Esta situación solo sería admisible en el caso de que los jueces fuesen justos e infalibles.

Pero no es así. Para demostrarlo basta mirar el juicio de Altsasu que tiene toda la pinta de ser un proceso amañado, cargado de pruebas falsas y prácticas dudosas con una petición fiscal desmesurada y una acusación de terrorismo a unos chavales por una pelea de un bar realmente absurda e inhumana.

Seguimos con la portada de El País. Sube el paro; baja la población activa. Radiografía de la recuperación que vende este gobierno de incompetentes y corruptos. El último en la lista de imputados ayer mismo, el ex-ministro de Justicia, Ruiz-Gallardón.

Y, para ennegrecer el horizonte resulta que el PP se hunde en intención de voto por el inenarrable episodio de Cifuentes que deja detrás dos bombas de relojería: la corrupción en la URJC y el departamento de juego sucio interno al PP. Un hundimiento que, para desesperación general, favorecerá a C's. El joven partido de extrema derecha (según la prensa francesa) que, con reminiscencias falangistas, aspira a la conquista del Estado. O de lo que quede después del paso del PP.

La izquierda, irrelevante. Tan irrelevante que no merece comentario. Ni crítico. 

La Hacienda de Sant Esteve de les Roures

Primero fue rebelión; luego, sedición; ahora, malversación. En un par de semanas, una multa de tráfico. Es poco el lío organizado en el exterior y completan con uno interior tan típico que dan ganas de reír. 

El juez Llarena es hombre de recursos. La parte sorprendentemente declarada secreta de la instrucción versaba sobre dineros. Cosa imprescindible cuando se quiere acusar a alguien de malversación. Hay que aportar las cuentas, cifrar los caudales malversados, aunque sean unas perrillas. El juez sabe de buena y secreta tinta que los indepes se gastaron dineros públicos en organizar el referéndum. La base documental es un informe de la Guardia Civil detallando los gastos por partidas al céntimo (en total 1.947.697,84 euros, ni uno más ni uno menos), aunque ninguna es fehaciente ni está comprobada y son meras estimaciones y suposiciones. 

Aun así, el informe de la benemérita resulta bastante prudencial. En uno anterior comunicaba todos los datos pertinentes de un acto de violencia en un pueblo inexistente, Sant Esteve de les Roures. La aparición de este nuevo topónimo ha sacado lo mejor de las redes y, a estas alturas, el pueblo tiene todos los servicios, vecinos ilustres, un claustro románico y hasta un ayuntamiento, con cuya cuenta en tuiter se ha relacionado la propia Guardia Civil. Figura literaria conocida: la del autor que dialoga con sus personajes.

Así que las cifras secretas de Llarena son las de la malversación en Sant Esteve de les Roures. Suficientes, según parece, para que el juez se cargue de razón. Sorprendido de que el ministro de Hacienda afirme que la Generalitat no pagó un solo euro para el referéndum le pide pruebas documentales de sus palabras. El informe de la Guardia Civil de Sant Esteve de les Roures contra los expedientes de control del gasto de Hacienda. Algo insólito. 

Otro contencioso con ribetes de ridículo. El juez pone en cuestión la eficacia del ministerio de Hacienda en su labor y eso si no le da por sospechar que no se trata de ineficacia bienintencionada sino de colaboración con el independentismo. El ministro ya queda como incompetente o como cómplice. Y, mientras ambos personajes, juez y ministro, dirimen sus diferencias, merece la pena recordar que la petición de extradición se basa en tres presuntos delitos de los que dos no califican y el tercero, la malversación, no se puede probar, ni siquiera indiciariamente. 

Los informes de Hacienda siempre tendrán más fuerza que los de la Guardia Civil de Sant Esteve de les Roures. Si no en España, sí en el extranjero. 

Libertad de los/as presas/os políticas/os

Mi tocayo, Ramón de Mesonero Romanos (1803-1882), madrileño como yo, además de muy estimable escritor, era un tipo inquieto y por eso firmaba a veces como el curioso parlante. Anduvo curioseando por muchas partes para escribir sus interesantísimas Escenas y tipos matritenses, fuente de documentación sobre cómo eran Madrid y los madrileños a mediados del XIX y como son ahora en buena medida. Algo parecido me pasa con Barcelona. Pero confieso que, si hubiera de escribir unas Escenas barcelonesas, lo tendría más fácil que Mesonero porque hace años que Barcelona ha sustituido a Madrid como manifestódromo. Si no en cantidad, sí en calidad. No porque las barcelonesas sean mejores que las otras en ningún sentido sino porque son las más reiteradas y frecuentes en el ámbito político decisivo hoy en España: independencia de Catalunya sí o no. Manifestaciones, movilizaciones, concentraciones en favor y en contra de la independencia con evidente frecuencia. 

Un juego interesante luego es comparar las manifestaciones pro y contra la independencia respecto a varios asuntos: cantidad de asistentes, organizaciones convocantes, violencia sí o no, agresiones a viandantes sí o no, limpieza y cuidado del mobiliario urbano sí o no, agresividad y amenazas en los discursos sí o no, tratamiento equilibrado en los medios sí o no. Y, con eso, cada cual saca luego sus conclusiones.

Hoy hay una enésima manifestación independentista en Barcelona específicamente dedicada a reclamar la libertad de los presos, los exiliados y los embargados por razones políticas. Promete ser un acto de enorme asistencia y seguro que es de muy civilizado recorrido y sin incidentes, salvo los que puedan seguirse de provocaciones externas. Es una manifestación con un doble mensaje: al interior y al exterior. Al interior va directamente a Bassa, Forcadell, Junqueras, Forn, Turull, Rull, Romeva, Sánchez y Cuixart, sobrevolando los cientos de kms que los separan de su casa y haciéndoles sentir al cariño y el aliento de un pueblo. Al exterior se dirige a Gabriel, Rovira, Puigdemont, Ponsatí, Borrás, Comín, Serret y Puig con el mismo significado y también a la comunidad internacional. Es una manifestación para hacer ver al mundo la falta de libertades en una España que dice ser Estado de derecho pero funciona como una dictadura de hecho.

Una manifestación gigantesca, probablemente como no la haya habido hasta ahora, con dos consecuencias una dependiente de la otra. La primera la unidad del movimiento independentista es tan fuerte como siempre y eso se observa en que no hay diferencias entre detenidos y represaliados: son gentes de PDeCat, JxC, ERC y CUP. Todos. Unidad que hace gala de un apoyo social inmenso, un grado de implicación de la sociedad civil (la de verdad) nunca antes visto y un compromiso que garantiza la solidez del movimiento (incluso económica porque funcionan a todo meter las cajas de resistencia) y su reproducción en la medida en que cada lugar que quede vacante por procesamiento será cubierto por otra persona hasta que el Estado acabe negociando una solución a la desobediencia civil que no sea acusarla de terrorismo. Cosa que ya ha visto que no puede hacer.

La segunda consecuencia: el fracaso rotundo del plan gubernativo de represión. El bloque del 155 aplicó este artículo ilegalmente y convocó elecciones creyendo que las ganaría los llamados "constitucionalistas", o sea, unionistas. Las perdieron. No quieren reconocerlo ninguno, ni PP ni C's ni PSOE; pero las perdieron y, mientras no lo reconozcan, la situación no tendrá arreglo. 

Además de este fracaso se da el mucho más sonoro del plan de sofocar el independentismo a sangre y fuego, aplicando aquí la plantilla del País Vasco. Dijeron (lo dijo Sáez de Santamaría) que, encarcelando a las "cabezas" del independentismo, no pasaría nada: un par de semanas de algaradas y luego tranquilidad, como en el País Vasco. Llevamos cinco meses y la presión y movilización sociales no solo no disminuye sino que aumenta. Fracaso absoluto.

Tan absoluto que ahora lo han intensificado, aplicando a Catalunya la plantilla País Vasco/ETA y por eso el fiscal empezó la tirada pidiendo imputación de terrorismo para Tamara Carrasco, miembro de un CDR. El intento de criminalizar a los CDR e imputar al conjunto del movimiento una violencia inexistente pero que necesitan todos como agua de mayo, sobre todo los jueces, para poder construir unos imaginarios delitos de rebelión y disfrazar de judicial una decisión puramente política: encarcelar a los adversarios del gobierno.

Tampoco van a conseguirlo, como se verá por la manifestación de hoy en Barcelona, masiva y pacífica y su eco en el extranjero.

2.060.000 rebeldes

Continúa el carrusel del disparate en todos los desórdenes. Todos/as a la cárcel. Cárcel también espera a los del exilio si las pillan. A la cárcel los representantes electos. ¿Por qué? Por la presunta comisión de varios delitos. Dejemos los delitos en sí y vayamos a la acción de delinquir. Según la teoría de la representación aquí aplicable más o menos laxamente, estos representantes son los mandatarios de los electores que son los mandantes. ¿Y el mandato? Declarar e implementar la República catalana independiente. Lo han cumplido hasta donde los han dejado. ¿Es eso delito? ¿Es delito el referéndum del 1-O? De serlo son delincuentes los autores materiales (los representantes) y los intelectuales (los representados), así que, en efecto, 2.060.000 delincuentes, todos a una, Fuenteovejuna. Si el 1-O era ilegal, votar, salvo en acto de sonambulismo, era ilegal. Es lo que tiene poner las instancias judiciales al servicio de las políticas.

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Se celebra el cuadragésimo aniversario de la Constitución de 1978. Y se celebra bajo mandato del partido algunos de cuyos miembros originarios votaron en contra de ella. Como también se celebra estando en vigor el artículo 155, el bucle se cierra. Si quienes votaron en contra en 1978 querían que España siguiera sin Constitución, lo han conseguido. España carece de Constitución pues el art. 155 la deja en suspenso. Quienes sostengan que, pues el 155 es un art. de la Constitución, esta está en vigor, que relean las aventuras del barón de Munchhausen, el que se sacaba del pantano tirándose de los cabellos.

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Ahora reaparecen las famosas órdenes internacionales en pintorescas modalidades. Como están las cosas, adelantar una negativa generalizada en Europa a esta demasía no es arriesgar mucho. El mayor desprestigio de la justicia y la judicatura españolas está garantizado. Todo el mundo ha visto ya que se trata de una causa política general de un tribunal que atiende a las necesidades del gobierno y pretende resolverle por vía jurídica lo que aquel no puede, no sabe o no quiere resolver por vía política. Pero jurídicamente esto es una vergüenza estilo justicia de Peralvillo.

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Política y paradójicamente estos encarcelamientos han resuelto las reservas y recelos del bloque de partidos  independentistas. El Estado ha zanjado la cuestión con una declaración de guerra de hecho. Y todos a la cárcel. Política de mano dura y escarmiento. Estilo autoritario de la casa. Verás tú cómo ceden. Pero no ceden. Aquí puede acabar cumpliéndose la impresión de Palinuro: para vaciar las cárceles, primero habrá que llenarlas. Para traer a la gente del exilio hay que ir a buscarla.
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¿Y los indepes? Deliberando. Y hacen bien. El momento lo requiere. No se cede, pero tampoco se salta al vacío que es lo que las provocaciones del Estado buscan. Ellos lo llaman "aplicar la ley" pero todos saben que esta solo es ya la voluntad omnímoda de un hombre como M. Rajoy. 

El Parlament, reunido hoy solo podrá investir a un lazo amarillo. El candidato propuesto es secuestrado (políticamente hablando) por un órgano judicial que se sitúa por encima del legislativo. Este, sin embargo, en teoría, puede hacerlo todo. Pase, pues, de la teoría a la acción y haga algo, manifieste su voluntad. Invista a Puigdemont. Agote los dos meses proponiendo candidatos pero no votándolos. Diga a los representados, a la gente, cómo se va a responder a la enésima agresión. 

La gente. He visto llamamientos a acciones colectivas de boicots viarios o de otro tipo. Las reacciones espontáneas de indignación son lógicas pero no siempre oportunas y suelen ser descoordinadas y, por tanto, fáciles de aplastar por la represión. Si la densidad impide la represión y se producen formas de coordinación también espontáneas, aquí no se ha dicho nada. Lo evidente, palpable, manifiesto en la sociedad es una voluntad de acción colectiva que, partiendo del 1-O está dispuesta a sostener formas pacíficas de resistencia y desobediencia. Existe la fuerza; faltan las directrices tácticas. La estratégica sigue siendo la de siempre. Aquí debe proponer el Parlament y también la terza gamba del movimiento independentista.

El bloque de partidos independentistas. Los ha reunido de nuevo la virulencia (por lo demás, esperable) del último ataque. Es este el que dará sentido a la nueva etapa del conflicto en la que es probable se entre en una dinámica electoral que acabará en el referéndum. El tercero desde el 1-O de 2017. Y ese sentido consiste en desplazar el eje de la acción colectiva de la independencia a la democracia. Nadie quiere volver a la dictadura, que es el programa del 155. No en Catalunya. En el resto del Estado, ellos sabrán. La lucha es hoy por la democracia. Entiéndase bien: no por la independencia (que también, claro es), sino por el derecho a ser independentista, el derecho a tener derechos, como defendía Hannah Arendt, a no ser arbitrariamente perseguidos por razones políticas con ficciones jurídicas. Esa lucha interpela a sectores catalanes más amplios que los puramente independentistas. Debiera interpelar a sectores populares y de la izquierda española. Pero esa es otra historia.
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¿Qué ha pasado con la izquierda española? Sencillo: el PSOE apoya el 155 en los términos que M. Rajoy, considera "de sentido común": la Generalitat solo puede estar presidida por quien él quiera, es decir, por un candidato "limpio". Lo dice quien lo dice y el PSOE calla. Pero donde el PSOE calla, Podemos habla: ¡qué horror encarcelar igual que Santiago Matamoros segaba cabezas de infieles! ¡Qué falta de juridicidad! ¡Qué prevaricación! Bien, de acuerdo, y ¿qué más? ¡Ah! España sin los catalanes es inconcebible. España, porras, es plurinacional. Los catalanes deben sentirse fraternalmente tratados en España. Olvidemos el adverbio que tiene mucha miga porque fraternales eran las relaciones de Caín y Abel y no sé yo sí... El asunto es que, tanto si la fraternidad es la de Caín y Abel o la de los Graco, la tierra en que florecerá es España. El derecho a irse de España no existe, dicen los más españolistas; y, si existe, no se reconoce jurídicamente, dicen los del aparato; salvo que medie un acuerdo político universal de los españoles en el que voten hasta los del Valle de los Caídos, dicen los utópicos. 

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La lucha catalana tiene una gran resonancia internacional y despierta crecientes simpatías. Asimismo el modo en que el Estado lo trata, suscita escrúpulos hasta en el bloque del 155. Pero los indepes catalanes saben y saben bien sabido que, en último término, solo cuentan con sus propias fuerzas. Que son muchas. Cada vez más. 

Un país amordazado

Al día siguiente de su triunfo electoral con mayoría absoluta en las elecciones del noviembre de 2011, el gobierno puso en marcha sus dos líneas fundamentales de acción con contundencia: 1ª) desmantelar el Estado del bienestar, hacer pagar la crisis a las clases trabajadoras, permitir mayor acumulación a la banca, reducir las pensiones de jubilación, etc. 2ª) eliminar los derechos de todo tipo de la ciudadanía, desde el derecho al aborto, hasta la libertad de expresión. Del éxito obtenido en la primera línea dan fe las manifestaciones de jubilados. Del de la segunda, este informe de Amnistía Internacional.

En lo referente a la libertad de expresión (y otrtos derechos concomitantes, como manifestación, reunión, etc), la saña del gobierno ha sido absoluta. De un lado, ha monopolizado el discurso público desde el primer momento, poniendo los medios audiovisuales públicos a su servicio incuestionable, como un verdadero aparato de propaganda y valiéndose de las arbitrarias subvenciones para comprar a los medios privados, singularmente los periódicos. Expresarse en estos medios en este momento solo es posible a favor del gobierno y vociferando. Y así como alienta y financia (sobre todo, financia, con dineros públicos) la ideología de la derecha, que es una mezcla de neoliberalismo de amigotes y nacionalcatolicismo, reprime con dureza toda manifestación contraria.

La reforma del código penal de 2015 y la promulgación de la Ley Mordaza ese mismo año que, a pesar de las muchas promesas de la oposición, sigue injustamente en vigor eran como un manto plomizo sobre las libertades ciudadanas, en especial la de expresión. Conjuntamente con otras medidas coadyuvantes, como el aumento de las tasas judiciales, se trataba de someter a la población por el temor. Los puntos que denuncia Amnistía Internacional, la indeterminación de los tipos delictivos, la excesiva cuantía de las multas, dejan a la ciudadanía en una situación de indefensión,agudizada por la naturaleza esencialmente interpretable de algunos delitos como el "enaltecimiento del terrorismo".

La Ley Mordaza, inspirada en la concepción del orden público del franquismo, pretende criminalizar la manifestación pública de opiniones y deja a los ciudadanos a merced de la arbitrariedad de la policía que goza de un exceso de atribuciones hasta el extremo de suplantar a los jueces. Y no es pura teoría. Mientras el ministerio perpetraba el proyecto de ley mal llamada de seguridad, la delegación del gobierno de Madrid, dirigida por Cristina Cifuentes, ya aplicaba en la práctica la concepción represiva del derecho de manifestación y la libertad de expresión que luego incorporaría la ley. La primera mordaza la impuso durante su mandato la señora Cifuentes, cuyos policías tan pronto cargaban contra la gente como identificaban a todos los transeúntes a su libre albedrío con las consiguientes multas.

La inseguridad de la vida amordazada llega al paroxismo cuando los jueces aplican una justicia política. Si eso está pasando o no se dilucida comparando cuántos ciudadanos de izquierda han sido procesados por "delitos" de expresión (enaltecimiento del terrorismo, insultos a esto o aquello, humillación de las víctimas, odio, etc) y cuántos de derecha y cuántos de extrema derecha. Cuántos tuiteros, titiriteros, cómicos de izquierda y cuántos de derecha. 

"Justicia" política la que se aplica en materia de ideas, convicciones, ideologías. Por más que los jueces tratan de dar al procesamiento de los independes una forma estrictamente jurídica, es patentemnte una causa política por razones de convicción. Escuchar que el acatamiento de la Constitución es una exigencia jurídica de trascendencia penal lleva a concluir que el procesamiento es inquisitorial y que, si los políticos niegan la libertad de expresión, los jueces van un paso más allá y niegan la libertad de conciencia.

Y ahí, ya estamos perdidos.

La dictadura del B155 va por todas

Salvando todas las distancias.

En noviembre de 1931, Louis Aragon, poeta surrealista y comunista publicaba un largo poema titulado Front Rouge (Frente Rojo) en la revista Littérature de la Révolution mondiale, editada en Moscú. Entre otras cosas de diverso calado, en él se decía: "Feu sur Léon Blum/Feu sur Boncour Frossard Déat/Feu sur les ours savants de la social-démocratie/Feu feu j’entends passer/la mort sur Gachery Feu vous -dis-je/Sous la conduite du parti communiste/SFIC/vous attendez le doigt sur la gâchette/que ce se ne soit plus moi qui vous crie/Feu/mais Lénine/le Lénine du juste moment"

"Fuego sobre Léon Blum/Fuego sobre Boncour Frossard Déat/Fuego sobre los osos sabios de la socialdemocracia/Fuego fuego oigo pasar/la muerte por Gachery Fuego os digo/bajo la dirección del Partido Comunista/SFIC/esperáis con el dedo en el gatillo/que no sea yo quien os grite/Fuego/sino Lenin/el Lenin del momento exacto".

Dos meses y medio después, el poeta es procesado por "incitación a la desobediencia a los militares y al asesinato con fines anarquistas" con una petición de cinco años de prisión. De inmediato, protestas masivas de intelectuales con actos y manifiestos, encabezados por André Breton quien, con este motivo, escribió algunos de sus mejores textos sobre la relación entre la poesía y el arte en general con la política. Un interesante debate dentro del surrealismo en torno al arte comprometido. La consigna que todos suscribían era (y sigue siendo) el arte, la poesía, no delinquen.

La causa fue sobreseída. Justamente. La poesía no delinque. Innecesario discutir la cuestión a la que tan aficionados son los espiritus más lerdos, los que cuentan los pelos del rabo de la esfinge, como decía Unamuno, de qué clase de poesía, si la más excelsa o la más arrastrada. Poesía es todo. Poetas son todos, los aedas, los trovadores, los bardos, los juglares, los raperos. La poesía no delinque.

Hay, sin embargo, tipificados unos delitos, siguen aquellos espíritus, antes de dictar sus sentencias, que encajan en los contenidos de unas u otras poesías y, mientras esos delitos existan, por manifiestamente injustos que sean (injurias a la corona, blasfemia, enaltecimiento de esto o aquello), los jueces están obligados a actuar. Si no se quiere que alguien vaya a la cárcel por estos motivos, lo lógico es reformar el Código Penal, pero no pedir a los jueces que inapliquen la ley. 

No es así. No se trata de inaplicar la ley, dejando sin castigo unas conductas delictivas, sino de interpretarla con sentido común que es lo mínimo que puede pedirse a los jueces. Se trata de que no hay delito en los raps de Valtonyc o Pablo Hasel. La poesía no delinque. 

Aun admitiendo que hayan de invocarse unos delitos que se consideran absurdos, la cuestión es que la aplicación sin más de la ley puede ser y es injusta. Los jueces podrían atender a la equidad ya que la consideración de qué sea y qué no sea "injuria", "incitación" y "enaltecimiento" es altamente subjetiva, cosa obvia, lo que permitiría dejar en libertad a los acusados por razón de, digamos, menor gravedad del hecho. 

Podrían, pero no es necesario porque no hay delito alguno. Ni injurias, ni enaltecimiento, ni nada. La poesía no delinque porque, no saliendo del terreno del habla, carece de carácter performativo. Ni Aragon era un jefe de pelotón de fusilamiento que ordenara abrir fuego sobre Léon Blum ni Valtonyc es un jefe terrorista que ordene un atentado. La poesía no delinque. Si queda alguna duda a los señores jueces, que vuelvan a leer las letras del rapero teniendo en cuenta no solamente el Código Penal sino el rap en sí como composición. Si lo que ahí se dice lleva al autor a la cárcel, en la cárcel debieron dar los futuristas, los surrealistas, De Sade (que, de hecho, estuvo), Quevedo (que también), Vian, que iría a "escupir sobre vuestras tumbas". Habría que reescribir la historia de la literatura como la historia del crimen.

Venga ya. 

Jueces políticos

Mi artículo de hoy en elMón.cat. Acostumbran a decir los juristas que cuando la política entra por la puerta, la justicia sale por la ventana. Y es patente. En especial cuando la justicia salta por la ventana para mezclarse directamente en la brega política, faltando así a su cometido. El nuevo episodio Pimpinela de Copenhague ha sido otro golpe devastador para el prestigio del Poder Judicial por tierras del infiel. Las explicaciones del juez Llarena sobre su pasividad o contraactivismo judicial han levantado una polifonía de voces de expertos en el país, horrorizadas de que el más alto tribunal actúe como brazo del príncipe.

En fin, de eso va el articulejo cuya versión castellana sigue:

La justicia política no es justicia.

El expresidente del Tribunal Constitucional, Pérez de los Cobos aspiraba a una plaza en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y este órgano ha calificado su aspiración con un cero. Si el humillante suspenso se debe a que ignora el inglés y el francés, las dos lenguas oficiales en la UE o a otras carencias es indiferente. Ese suspenso es como la navaja de Occam y demuestra que en el extranjero no sirve el enchufismo, el caciquismo y la fidelidad canina al tirano de turno para conseguir nombramientos como en España. Hay que demostrar capacidad en competencia limpia con otros aspirantes. No basta con ser amigo de Rajoy, militante del PP y estar dispuesto a lo que sea para servir al amo.

¿Qué interés tiene el gobierno en que Pérez de los Cobos ocupe un puesto para el que no vale? El de seguir contando con un juez obediente y de partido en un órgano en el que probablemente hayan de verse en apelación las decisiones que los tribunales españoles tomen en la causa general contra el independentismo montada por orden de ese mismo gobierno. Es el estilo de esta derecha franquista: utilizar a los jueces para su política partidista como antes empleaba a los militares. De ahí que manipule sistemáticamente el poder judicial, que proponga jueces de su partido y trate colocarlos siempre en sitios clave para que favorezcan su política partidista, incluso la supuestamente delictiva.

Pérez de los Cobos ya había aspirado el año pasado a esta plaza con el apoyo firme del gobierno, pero el Supremo anuló la propuesta porque llevaba una trampa (un ilegal límite de edad) que favorecía a su candidato y perjudicaba a los otros. Esto no hubiera sido óbice para que de los Cobos se calzara el nombramiento. El hombre está acostumbrado a hacer trampas y mentir para alcanzar sus objetivos. Cuando su nombramiento al Constitucional pasó por el Congreso, “olvidó” declarar que había sido militante del PP. Es decir, omitió la verdad con intención engañosa. O sea, mintió.

Así llegó a la presidencia del Tribunal Constitucional (TC) para garantía de que este Tribunal haría lo que quisiera el gobierno. Durante todo su mandato. Solo en su discurso de despedida se atrevió a decir este juez pepero que el TC había aceptado los criterios del gobierno como propios y tratado asuntos políticos que no le competían. Es decir, venía a reconocer que podía haber prevaricado al servicio del poder político. De ahí que, muy contento con la manifiesta catalanofobia de este juez de familia y educación franquistas (su padre fue militante de Fuerza Nueva), el gobierno volviera a apoyarlo para TEDH con el merecido resultado que ha conseguido.

Dictadura y prevaricación como forma de gobierno en España. La coyunda entre los gobernantes y el TC se repite ahora con el Tribunal Supremo porque en la lucha contra el independentismo catalán vale todo, incluso la conversión del seudoestado de derecho en una dictadura real.

No pudiendo aplastar el independentismo catalán por medios militares como les pide el cuerpo a los franquistas del gobierno, este ha movido a sus jueces para abrir una causa general contra el movimiento catalán, resucitar los “delitos de opinión”, restablecer el espíritu inquisitorial y perseguir a las personas no por posibles delitos sino por sus opiniones políticas. Los dos Jordis, Junqueras y Forn están en la cárcel por sus ideas y creencias de forma que, si se retractaran, el gran inquisidor, Llarena, los pondría en libertad en un acto que, no por beneficioso para los injustamente tratados, resulta menos injusto por tratarse de la pura arbitrariedad personal del juez, que sigue las órdenes del comportamiento dictatorial del gobierno a cuyo servicio está.

El juez del Supremo, Llarena, rechaza la petición fiscal de una orden de detención contra Puigdemont en Copenhague argumentando que no puede dictarla porque eso iría en beneficio del acusado que, según él fabula, quiere que lo detengan en Dinamarca para ser investido presidente por voto delegado cuando la investidura es ilegal.

Pero estos no son razonamientos de un juez, sino de un gobernante. Un juez tiene que aplicar la ley y no hacerlo o no según conveniencias políticas que no son asunto suyo. Por eso Llarena no actúa propiamente como juez (a pesar de las ineptas logomaquias de sus autos) sino como auxiliar a las órdenes políticas del gobierno. Es este el que no quiere investido a Puigdemont, legítimo presidente de la Generalitat. El juez lo que hace es cumplir las órdenes del gobierno o quizá orientarlo en su política de imposición nacionalcatólica española pero en ningún caso administrar justicia.

Porque la justicia de Peralvillo, propia de España (primero se ejecuta al reo y luego se le instruye la causa) jamás podrá ser justicia. Este es el momento en que los dos Jordis, Junqueras y Forn siguen en la cárcel por voluntad del gobierno y complacencia de los jueces que, como en Peralvillo, llevan unos meses inventándose los delitos para acabar haciendo un remedo de causa judicial antiindependentista.

Y esa es la intención con el legítimo presidente de la Generalitat: perseguirlo, detenerlo, esposarlo, humillarlo y exhibirlo en público, como un trofeo tan anticatalán como los cuatro millones de firmas “contra Catalunya” que Rajoy y los suyos consiguieron en contra del Estatuto de 2006 y con el que abrieron el camino a la independencia catalana.

Es de justicia

Me he sumado a un acto en favor de los presos políticos promovido por #WithCatalonia. No sé si lo he hecho según las indicaciones porque ando muy atareado terminando un libro en el que, por cierto, también se habla de los presos políticos. En todo caso, he firmado la postal colectiva que los madrileños simpatizantes (gatos, menos gatos, transeúntes y allegados) envíamos a los dos Jordis, Oriol y Joaquim. Además, subo el cartel a la columna de la derecha de Palinuro. 

Estas personas deben estar en libertad porque no han hecho nada perjudicial al interés público (que bastante importa por lo demás a los actuales gobernantes), no han cometido delito alguno. Luchan políticamente por una causa que todo demócrata debe admitir como legítima. La respuesta legítima solo puede ser política. Los tribunales no pintan aquí nada y su instrumentalización política solo puede empeorar las cosas.

Deconstruyendo la rebelión

La mayoría de los medios ha ido en busca de las declaraciones de M. Rajoy al 21D. Grave error por distracción.

En realidad, la declaración que importa sobre el 21D la ha hecho la Cancillera Merkel poniendo nuevos deberes al presidente de la Gürtel. Mientras se los traducían, el hombre ha declarado las habituales sinsorgadas del tenor de reunirse con Arrimadas, que ha ganado las elecciones y que el gobierno entrante habrá de cumplir la ley. No como lo hace él, sino de verdad. Advertencia dirigida a los indepes, los únicos en situación de componer gobierno, no a Arrimadas, quien no tendrá ocasión de cumplir ni incumplir nada. Los deberes son: a) que se constituya el govern salido de las elecciones, lo que significa, retirada del 155, vuelta libre de los exiliados y liberación de los presos; b) que España y Cataluña lleguen a un acuerdo dentro del marco de la Constitución de 1978. Me atrevo a decir que la a) es obligada y condición indispensable para la b). En cuanto a la b), dependerá de la voluntad y los actos de las partes.

Este desgobierno caótico (judicialización inquisitorial, euro-órdenes de quita y pon, indicios de formación de una causa general contra el independentismo) ha superado el nebuloso orden de las declaraciones para entrar en el de las decisiones de envergadura. Quien de verdad ha dado respuesta al 21D ha sido el Tribunal Supremo. Parece dispuesto a imputar, de momento, a cincuenta personas por el delito de rebelión. Ayer, a Mas (por otro lado, embargado), a Rovira y a Gabriel. Da la impresión de que la dinámica también escapa al control de este gobierno de ineptos. Empezaron controlando a los jueces y ahora los jueces los controlan a ellos. El sistema se comporta autónomamente, se independiza, es autopoyético, según la teoría de Maturana y Varela, pasada luego a lo sociopolítico por Luhmann. Y la dirección de la autopoiesis es de creciente fascistización o, si se prefiere un término menos agresivo, desdemocratización o lo que antes se llamaba involución o reacción. Cómo encaje eso en la posibilidad de llegar a acuerdo alguno es un misterio que ni Sant Ramon de Penyafort puede desvelar.

El delito de rebelión está clarameente tipificado en el CP : "Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes:" y los enumera también taxativamente. Si olvidamos las dos condiciones de violencia y publicidad, algunos de los fines son los de los posibles imputados. Otros, en cambio, podrían atribuirse al gobierno a quien también cabría imputar por rebelión si se cumplieran las dos condiciones previas, violencia y publicidad.

Porque aquí está el meollo o quid de la cuestión. La publicidad es evidente. ¿Y la violencia? Es evidente que no. El movimiento indepe es radicalmente no-violento y lo ha demostrado y hay carretadas de pruebas de todo tipo. Fue necesario tergiversar el contenido de unos vídeos para justificar el encarcelamiento de los dos Jordis. Para los demás, ya bastó con una cuestión de convicciones políticas, como en los buenos tiempos de los autos de fe.

Entonces, si no hay violencia, no puede haber rebelión. Bueno, contestan los jueces, todo dependerá de lo que se entienda por violencia. Y ya la hemos liado. La lógica jurídica abandona su objetivo pedestal y se mezcla con la turba sociológica, esa según la cual la realidad social no existe sino que es el producto de la construcción colectiva; un constructo, vamos. Y, por ahí, los de la "construcción social de la realidad" abrieron el camino a la iconoclasia de la postmodernidad que se autodevoró con la teoría de la postverdad. ¿Qué es violencia? Lo que los jueces digan que es violencia. Y punto. ¿Por qué se imagina el personal que el gobierno vive más atento a las promociones, remociones, sustituciones, turnos de jueces que a las preguntas de la oposición? Para que los jueces digan que hubo violencia donde tenía que haberla habido pero no la hubo. De nada importa que en el desarrollo del artículo se hable de estragos, de armas, de combates. Es igual, los límites de la violencia los fijarán los jueces, si es necesario mediante tropos retóricos como los que usaba el finado fiscal Maza cuando hablaba de las turbas, con prosa digna dee Joaquín Arrarás.

Por cierto, en la actuación policial del 1/10 hubo violencia, estragos, heridos, armas, fue pública y se hizo por dos de los fines previstos en el artículo 472 CP: "disolver (...) cualquier Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma; sustituir por otro el Gobierno (...) de una Comunidad Autónoma". Decir que el gobierno está facultado para ello por el 155 no es válido a fuer de falso pues no autoriza a hacer lo que se ha hecho. Está claro que el concepto de violencia responde a la postverdad: donde no hay violencia, la hay y donde no la hay, la hay. Orwell era un ingenuo. Creía que la inversión de los opuestos era consecutiva; puede ser simultánea. También se llama ley del embudo en lenguaje de zapatilla.

Aquí debiera concluir este comentario pero la ampliación, flexibilización y manoseo de la violencia puede conseguir algo insólito, como convertir una democracia en una dictadura. Prueba, dicen los escépticos, de que no era una democracia. Por supuesto, pero eso es ocioso. Lo interesante es que extendiendo postverdaderamente el concepto de violencia y administrándolo con la teoría aristotélica de las causas, tenemos razones suficientes para prohibir los partidos independentistas. Todo el que postule la independencia de Catalunya está fuera de la ley. Así, las elecciones son más fáciles. Hasta se prescindiría de ellas. Los partidos dinásticos podían repartirse los escaños a la bono-loto, más o menos como lo hacía el ilustre prócer, entre las familias del régimen que tanto se parecía a este. El problema: definir como democracia un lugar en que se prohíben partidos por razones ideológicas es complicado. Creo que imposible.

Aquí no hay rebelión alguna, como no hay unilateralidad alguna, salvo las del bloque del 155. Lo que hay es un problema político-constitucional en el que los tribunales y la represión están de más, pues se trata de algo que debe resolverse en una mesa de negociaciones. Y al nivel más alto y más representativo posible. Lo ha formulado con toda crudeza el presidente Puigdemont al decir que el 21D ha sido la victoria de la República Catalana sobre la Monarquía del 155. Ahora debe implementarse. Si este gobierno es incapaz de encontrar una solución civilizada a este conflicto, que dimita y dé paso a otro. Si esto no sucede, la oposición debe plantear una moción de censura, echar al PP y tantear un gobierno capaz de negociar con los independentistas o convocar nuevas elecciones en España.

La constitución del govern , o primer deber de Rajoy, implica la vuelta de los exiliados y la salida de los presos. Sin actuaciones de ningún tipo. Ese es el camino preparatorio de un encuentro: descriminalización de todas las actividades relacionadas con el procés y restitución a todo el mundo en sus derechos, títulos y propiedades. Aquí es donde se ha de ver si el sistema entra en una dinámica enloquecida y se suicida o retorna a un estado de equilibrio.

Por una curiosa hipocresía de la historia, nuestra cultura reserva un lugar venerando a los rebeldes, los que rompieron moldes y, con su ímpetu (aunque lo pagaran muy caro a veces), nos han traído hasta aquí, cúspide del desarrollo humano. Rebeldes fueron Espartaco, Cristo, Prisciliano, Bruno, Lutero, etc. La rebeldía de la juventud es un icono romántico de las vanguardias. Hasta que nos toca a nosotros. Hasta que hemos de habérnoslas con un rebelde, uno que no atiende a nuestras razones ni comparte nuestros principios. Ahí nos sale la Raza. La de siempre. La que nos ha traído a las susodichas altas cúspides en que nos encontramos.

Lo del delito de rebelión con violencia conceptualmente contrahecha debe meditarse más. No es que la rebelión y la violencia sean distintos sino que se repelen como los polos del mismo signo. Solo puede haber rebelión si hay violencia como causa de fuerza mayor, no construida.

Una euroorden de ida y vuelta

Palinuro lleva una temporada diciéndolo: estos no saben en dónde se han metido. Su prepotencia franquista a la par que su ignorancia y su odio a la democracia los ha llevado a una situación sin salida que va a acabar en catástrofe... para ellos y sus apoyos, el PP, el PSOE, C's, Podemos, el conjunto del régimen de la IIIª Restauración. Espero que nadie se me escandalice aun si incluyo a los podemitas entre esta peña. Su idea (como siempre, plagiada, esta vez de la derecha) de que el independentismo ha "despertado" a los fascistas españoles y su comparación de los indepes con ETA ya han dejado clara la estofa reaccionaria española de que están hechos.

Ya pueden los medios gubernamentales, estilo El País y sus intelectuales orgánicos e inorgánicos hacer gorgoritos con el Estado de derecho. Un país con presos y exiliados políticos, autoridades intervenidas, población apaleada, partidos hostigados, provocadores amparados por los poderes, censura de los medios de comunicación, violación sistemática de derechos civiles y políticos no es ni podrá ser jamás un Estado de derecho. Es una dictadura y una dictadura típicamente española que está haciendo el más feroz ridículo en toda Europa.

Ayer, tras recoger a los críos en el cole nos pusimos en camino hacia Bruselas para participar en lo que no tengo duda será una manifestación gigantesca en la capital belga a favor de los presos y exiliados políticos. Mal tiempo, niebla en el 95% del recorrido. Pero lo hicimos encantados, animados por las noticias que llegaban sin parar: riadas de catalanes camino de Bruselas en coches particulares, trenes, autobuses, vuelos charter fletados. Las fuerzas de ocupación en Cataluña se emplearon a fondo para reprimir en lo que pudieron esta riada humana que mañana concentrará la atención del mundo sobre las condiciones de lucha de un pueblo por su libertad. Lucha contra un Estado franquista, dictatorial, sin división de poderes , con el apoyo de unos partidos parlamentarios y sus millones de votantes todos ellos franquistas en lo que a Catalunya se refiere. Registraban coches en la frontera contra toda legalidad, requisaban banderas sin permiso alguno, torpedeaban lo que podían, obligaron a cancelar dos vuelos charter desde Reus. Hicieron lo imposible por boicotear el acto de mañana y así poder decir que solo hubo cuatro gatos en la Plaza Grande de Bruselas, como si se tratara de una manifa de esspañolistas en Barcelona.

Pero el tiro les había salido por la culata ya a la caída de la tarde. No quedaban habitaciones libres en Bruselas ni en ningún hotel, fonda, figón o ventorrillo a 50 kilómetros a la redonda y, según llegamos a Burdeos, en donde paramos para hacer noche, tuiter traía ya las primeras fotos de la Plaza Grande abarrotada de apoyos y solidaridad con los indepes encarcelados y exiliados.

Eso es lo que los fascistas españoles y sus siervos de la supuesta izquierda jamás entenderán: gentes de toda condición y posición, gente de todas clases, profesionales, trabajadores, becarios, jubilados, que nos hacemos 3.000 kilómetros en medio del frío en un puente pagándonoslo de nuestro bolsillo para defender una causa política. Jamás. No lo entenderán jamás. Ni ellos ni sus siervos de la izquierda. Seguirán vertiendo odio y veneno a tantos euros el ladrido en los medios de comunicación que monopolizan y con los que mienten a mansalva; seguirán inventándose conjuras, egoísmos; seguirán intentando enfrentar a los indepes entre sí; seguirán insultando a sus dirigentes, llamándolos cobardes, traidores, etc. Pero no podrán evitar lo que es inevitable porque es casi un movimiento de la naturaleza: todo un pueblo en marcha por su libertad y su dignidad. Es pueblo que votó el 1/10 bajo una lluvia de porrazos, el que está movilizado por sacar a sus representantes de las garras de la represión; ese pueblo que lleva años dando un ejemplo de civismo, democracia y sentido de la libertad y la dignidad. Donec Perficiam.

Y no quiero ni mencionar a los pobres diablos unionistas que en Catalunya se presentan a las elecciones con el hierro infamante del colono en el cogote, los Icetas, Arrimadas, Albioles, que van a quedar reducidos a su auténtica pigmea dimensión el 21D. No merecen la pena.

La pena la merecen esos jueces que acaban de protagonizar la penúltima peripecia de la justicia de Peralvillo que pasa por administración de tal en España. Advertido el gobierno del Sobresueldos por vía diplomática de que la justicia belga negaría la extradición de Puigdemont porque no aceptaría entregarlo a un país como España, a la cola de Europa en independencia judicial. Un país en donde hay jueces como nuestra Concha o Enrique López, condenado por conducir beodo o la juez Lamela, capaz de encarcelar a la gente por sus ideas políticas, sin fundamento jurídico alguno, o el ex-presidente del Constitucional, Pérez de los Cobos, militante de un partido fundado por un ministro de Franco. 

La gente en Europa no es tonta ni se la puede chantajear como en España ni engañar con la bazofia que dan en los medios de comunicación del gobierno (todos), ni amedrentar con bandas callejeras de matones. Así que, para no hacer un ridículo espantoso de quedar ante Europa como lo que realmente es, una dictadura de neofranquistas corruptos, el gobierno decidió retirar la euroorden que la jueza Lamela había labrado atribuyendo a Puigdemont comportamientos que no son delito en Bélgica o inventándose los que sí pudieran serlo. Es tal el abuso de esta euroorden que los jueces belgas están estudiando la posibilidad de acusarla de perjurio. El gobierno la dejará caer porque ya ha conseguido lo que quería, esto es que el supremo avoque la causa de sedición, rebelión, etc y, de esta manera, cumpla su función de renunciar a la euroorden, antes de que el desastre sea mayor.

Hay que reconocer la gran colaboración que presta la prensa, El País por su lado, Público, por este, tratando de hacer ver que la retirada de la euroorden es una astuta estrategia del Supremo para no sé qué fines procesales cuando no es otra cosa que una vergonzosa claudicación antes de quedar en evidencia como una judicatura sumisa a las directrices políticas de los mandatarios.

Ni estos ni los complacientes jueces han calibrado las consecuencias de este nuevo disparate jurídico porque su reaccionarismo no les deja verlo. O Puigdemont ha cometido un delito (presunto, claro) o no. Si lo ha hecho, procede la euroorden y esta no puede retirarse sin prevaricar. Si no lo ha hecho, la jueza Lamela debe ser llamada a responsabilidad y correspondientemente sancionada. Pero hay más: siendo esto así, ¿por qué siguen los dos Jordis, Junqueras y Forn en la cárcel? ¿Hay algún modo de justificar esta desigualdad y evitar que se concluya que estos presos son presos políticos?

No lo hay y, todavía peor, la insistencia del juez del Supremo de que Junqueras y sus compañeros sean sinceros y convincentes en sus declaraciones de acatamiento a la Constituciòn es repugnante, inicua e inquisitorial porque abandona el terreno objetivo del derecho para entrar en el muy subjetivo de las convicciones del preso y del juez. ¿Qué es "convincente" para un hombre que, por ejemplo -y no me estoy inventando nada- considera que la unidad de España (asunto contingente) está por encima de la justicia?

Definitivamente, la banda del PP, que los propios jueces consideran una asociación para delinquir y su jefe el Sobresueldos, no saben en dónde se han metido.

Lo verán hoy y mañana, cuando todas las televisiones del mundo menos las españolas den cuenta de la manifestación de un pueblo en defensa de sus libertades, su dignidad y sus representantes legítimos.