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miércoles, 19 de abril de 2017

Rajoy, testigo de descargo

Vaya, el final no ha conseguido usted evitarlo y tendrá que comparecer ante los jueces, bien es cierto que como testigo, de cuya honorabilidad no se duda; al contrario, se le da crédito de antemano pues se presume que dirá la verdad. Ignoro cómo se le dará eso, cuando lleva usted años sin hacerlo. Y no es lo peor. Lleva usted casi un mandato y medio (contando con el tiempo en funciones) concentrado no en gobernar, sino en pergeñar tácticas procesales en favor propio,  sortear los bajíos judiciales de esa condenada causa Gürtel que ya le estalló cuando aún estaba en la oposición y que le persigue sin descanso, como las Furias a Orestes.

Es inolvidable aquella escena que montó usted en la sede del PP, en la que compareció ante los medios, rodeado de la plana mayor de su partido para advertir que la Gürtel "no era una trama del PP, sino una trama contra el PP". De esa trama acaba de salir un autobús, el tramabús, en el que viajan usted y algunos de los que figuran en aquella famosa foto de Génova. Otros de la instantánea también podrían aparecer en el vehículo: Barberá, Arenas, Camps, Mato.

Usted, su gobierno y su partido han hecho lo que han podido por obstruir la acción de la justicia: han recusado y conseguido inhabilitar jueces, han destruido pruebas, han desoído autos judiciales, obligando a los jueces a ir por vías ejecutivas, se han personado en procesos con ánimo torticero de obtener información y torpedear los procedimientos. Prácticas dilatorias y embarulladoras en las que Trillo era un as. Usted mismo ha conseguido sortear tres peticiones previas de comparecencia en el proceso de la Gürtel en alguna de sus dos grandes divisiones, la de Bárcenas y la de la Gürtel.

Por cierto, sería difícil sostener que Bárcenas fuera una trama contra el PP, aunque intentos se han dado. Se ha oído a la señora Cospedal negando la existencia de una caja B (esa cuya existencia está, al parecer, probada) y afirmando que, si hubiera alguna, sería de Bárcenas. Ese Bárcenas a quien usted mandó un mensaje dándole ánimos y pidiéndole fortaleza en la adversidad. Puede ser un gesto muy cristiano con un amigo pero, en un sentido político, es inadmisible. En cualquier país democrático eso sería notivo de dimisión irrevocable.

En realidad, usted hubiera debido dimitir desde que se conoció la trama Gürtel y ni siquiera haberse presentado a las elecciones. Al ganarlas, forzó usted al país a aguantar un gobierno cuyo presidente estaba por debajo de toda sospecha y en riesgo de ser llamado por los tribunales. Como ha venido a suceder.  

No solamente no dimitió sino que blindó usted su mandato controlando férreamente los medios de comunicación y negándose de modo sistemático a dar exlicaciones o rendir cuentas en cualquier foro, en el parlamentario o ante los medios. Desde comparecer en plasma a dar ruedas de prensa sin preguntas, pactar previamente las preguntas con la prensa amiga o abandonar los lugares por la puerta de servicio para huir de los periodistas,  ha recurrido usted a todos los trucos imaginables para ocultar su gestión a la opinión pública. Esta, según parece, debería conformarse con sus confusas, contradictorias y generalmente falsas informaciones, sin posibilidad de réplica. Un modelo de gobierno autoritario.

Consiguió usted deteriorar de tal modo el debate público que el crédito de los medios es ínfimo y el suyo y el de sus conmilitones, inexistente. La opinión general es que el gobierno solo habla para mentir, tanto como órgano colegiado como los ministros uno a uno. Ahora le ordenan comparecer precisamente en calidad de testigo en este gatuperio que usted y su gente han organizado estos años. Nadie cree que vaya a decir la verdad. Al menos, así lo dictamina José Luis Peñas, denunciante de la Gürtel, Rajoy "solo va a decir mentiras", algo que piensa prácticamente todo el mundo. 

Algunos dicen que, yendo de testigo, no osará usted mentir en sede judicial. Olvidan que ya lo hizo en sede parlamentaria en su famosa comparecencia del 1º de agosto de 2014, cuando hubo de dar explicaciones sobre el mensaje a Bárcenas.

martes, 4 de abril de 2017

El fascismo se demuestra robando

Hoy seré muy breve porque, sobre estar cansado por el trabajo, el tema ya no da para mucho más. La pertinacia, la contumacia del fascismo español carecen de parangón. Morirá la civilización, se acabará el mundo, se enfriará el sistema solar, seremos un agujero negro y los fascistas españoles seguirán erre que erre dando vivas a un criminal genocida que sumió su país en un baño de sangre y asesinó, torturó y encarceló a cientos de miles de sus compatriotas.

Mucha gente se pregunta cómo es posible que en España sea legal lo que en otras partes que padecieron la lacra del fascismo, Italia y Alemania, no lo es. La respuesta es sencilla: allí, los fascistas perdieron la guerra. Aquí la ganaron. El fascismo español no se hundió, sino que acabó su personificación con la muerte del dictador. Pero siguió incólume en las instituciones, en la sociedad civil, en la mentalidad de siervos de muchas gentes. La historia la escriben los vencedores y así sigue siendo, como se ve con los historiadores franquistas, aunque sean analfabetos. 

El franquismo ha sobrevivido a Franco porque se ha hecho carne y sangre del natural español de vírgenes, santos, procesiones, fanfarronadas, chulerías, oscurantismo, cerrilismo, intransigencia, beaterío, nacionacatolicismo..., en fín, qué vamos a decir que no sepamos.

Ese tal Zoido que comienza donde lo dejó el meapilas Fernández Díaz, condecorando vírgenes, es obvio, carece de todo sentido del ridículo. Pero no del aprovechamiento y la falsedad. La prueba: ha intentado colocar a un enchufado suyo en un pisazo de propiedad pública con reparación millonaria, como siempre a cargo del erario, para que seamos los españoles quienes sigamos pagando sus estupideces, supersticiones y simples latrocinios.

En Murcia va a ser necesario que el presunto corrupto que, para variar, gobierna, cumpla la sentencia que le caiga para que se admita que lo es. No para que el PP o Rajoy le retiren su apoyo. Ese es un típico error de los periodistas españoles. Estos pájaros no apoyan a los corruptos porque crean que no lo son sino, al contrario, porque saben que lo son.

¿O creía alguien acaso que el fascismo es algo distinto?

A Cassandra la condenan a un año de prisión por un chiste sobre un criminal, corresponsable de la dictadura y de la persecución política de la ciudadanía, corresponsable de más crímenes, detenciones, palizas, torturas, que era lo que hacía la brigada político-social de Franco. ¿Qué juicio merece esto? 

Mientras tanto, el energúmeno que afirmó que las víctimas de Franco se merecían el fusilamiento sigue siendo alcalde. Obviamente este país no conoce la justicia y los jueces no merecen nombre de tales.

Pero lo verdaderamente escandaloso es que todo esto se da sobre una realidad incuestionable: el primer culpable de enaltecimiento del terrorismo y del crimen es el propio Estado, que mantiene un siniestro monumento a la mayor gloria del genocida Franco, sostenido con los impuestos de todos, incluso los que pagamos quienes fuimos represaliados por él y tuvimos la fortuna de contarlo.

miércoles, 15 de marzo de 2017

Proceso al proceso

El proceso penal contra Mas, Rigau y Ortega es un proceso político disfrazado de judicial. Lo niegan sus defensores, asegurando que se condena a los tres exmiembros del Govern por desobediencia a una prohibición del Tribunal Constitucional (TC). Pero dicha prohibición tenía un innegable carácter político en referencia a la realización de la consulta del 9N promovida por los independentistas ante la negativa del gobierno español a permitir la realización de un referéndum. Es un proceso al independentismo, como lo demuestra asimismo que no es, ni será, el único. Detrás vienen los del diputado Françesc Homs y el muy simbólico de Carme Forcadell, presidenta del Parlamento catalán. Y detrás, los que se incoarán indefectiblemente a sus sucesores en los cargos si estos son inhabilitados. De todo ello se trata en mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado Contra la indepèndencia, sentència y cuya versión castellana transcribo aquí:

CONTRA LA INDEPENDENCIA, SENTENCIA.

El debate es si el proceso de Mas, Ortega y Rigau es o no un juicio político. De un lado se señala que los tres han sido condenados por posibilitar la votación del 9N. De otro, que la condena ha sido por desobedecer al Tribunal Constitucional (TC). Un asunto puramente retórico porque la supuesta desobediencia lo fue a una decisión del TC de prohibir el 9N. Luego, sí ha sido condena por permitir la votación y en un procedimiento penal al que se opuso la fiscalía catalana. Fue la Fiscalía General del Estado la que obligó a actuar a la fiscalía catalana por impulso directo del gobierno que es quien, en definitiva, ha determinado el fallo por razones políticas aunque, con la habitual estrategia de Rajoy de tirar la piedra y esconder la mano.

Una estrategia cuyo principio general, ya visible hace unos años, era utilizar a los tribunales en contra del independentismo catalán o, dicho de otro modo, sustituir a los militares –siempre ultima ratio del nacionalismo español- por los jueces. La apoyaba en sagrada “unión nacional” la otra ala del nacionalismo español, el PSOE de Rubalcaba, principal muñidor de la Ley de Seguridad Nacional, básicamente dirigida en contra de Cataluña. El problema de este criterio es que se abre a la obvia crítica de que el gobierno español está construyendo de nuevo una jurisdicción para perseguir sedicentes delitos de opinión. Juicios políticos, como siempre. En realidad no ha dejado de hacerlo. En muchos aspectos, la Audiencia Nacional es una jurisdicción especial que procede del espíritu del Tribunal de Orden Público de Franco.

El gobierno de Rajoy siguió en esa línea en su primer mandato. Con su mayoría absoluta impuso el trágala de una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional por la que se legalizan competencias ultra vires para este, permitiéndole ejecutar sus sentencias, con lo cual ya no necesitará la intervención de otro órgano para encausar la desobediencia y podrá hacerlo él directamente. Una comisión asesora del Consejo de Europa emitió hace dos días una opinión que alertaba del peligro de la reforma porque, a su entender, otorga funciones ejecutivas al TC y desnaturaliza su función como órgano neutral. Un juicio que los españoles trataron de rebajar mediante sus habituales presiones entre bastidores y que ya era benévolo en exceso porque partía de la ingenua europea creencia de que en efecto, el TC español es algo parecido a un tribunal de justicia cuando no es más que un órgano político a disposición de los dos partidos dinásticos que se reparten los cargos entre sí y que está presidido por un militante acérrimo del partido del gobierno. Un órgano que es juez y parte descaradamente. Este es un dato que, en lo referente al nacionalismo catalán, afecta a toda la judicatura española pero que resulta escandaloso en el caso del TC.

Así las cosas no es solo que la sentencia del TSJC sea una sentencia política. Es que lo es toda la batería de medidas judiciales previstas por el gobierno en su confrontación con el independentismo catalán. Una justicia política que no puede ser justicia y no es sino una actividad de represión política disfrazada de actividad judicial, como se verá próximamente con las decisiones pendientes en los casos de Françesc Homs y Carme Forcadell, sin duda el proceso más peligroso debido al alto nivel simbólico del cargo de la presidenta de Parlamento catalán. Hay pocas dudas de que en esta inepta deriva autoritaria del PP por la vía judicial se darán las consecuencias que prevé la Comisión del Consejo de Europa: será necesario seguir inhabilitando cargos públicos en Cataluña, en una dinámica absurda cuyo único final previsible será el recurso a la legislación de excepción. El gobierno trata de evitarla, pero es evidente que a ella lo aboca su propia ceguera. Y las consecuencias son imprevisibles, sobre todo a la vista de la creciente preocupación europea por el modo en que evolucionan los acontecimientos en España.

Frente a ello, la supervivencia del proyecto independentista depende más que nunca de su unidad de acción. Hasta ahora se ha preservado. Carme Forcadell, próxima procesada, apoya a los condenados a quienes ella misma instó en el pasado a “poner las urnas”. El presidente Puigdemont ha dicho que la condena será invalidada por el voto en el referéndum que se realizará en la fecha prevista. ERC, guarda prudente silencio, pero mantiene la unidad de acción y lo mismo hace la CUP que, por cierto, podía reflexionar sobre la ironía contrafáctica de que, si no hubiese impedido el nombramiento de Mas, ahora el nacionalismo español se habría visto obligado a proceder penalmente contra un presidente.

La sentencia del TSJC es obviamente una sentencia política (lo cual explica su extrema “benevolencia” y el hecho de que se ignore el posible delito de prevaricación) como lo es el conjunto de la estrategia política represiva disfrazada de judicial del gobierno. Su finalidad es obvia: aprovechando la utilización mediática exasperada de la corrupción de los casos Palau y afines (por supuesto, juzgados con criterios muy distintos a los que se aplica a la corrupción de la derecha española) se trata de dividir el bloque independentista y enfrentar entre sí a sus integrantes. Su método también: calibrar la respuesta de la sociedad catalana.

Todo el proyecto independentista se encuentra en la encrucijada. Si la unidad se mantiene y el apoyo social también, la sentencia del TSJC puede ser la señal de salida al último tramo hacia la independencia de Cataluña.

miércoles, 1 de marzo de 2017

Juzgan ideas, como siempre

El artículo de Palinuro en elMón.cat de hoy, titulado Què es jutja? sobre la interesante cuestión de qué se juzga en el Tribunal Supremo (Homs) y el Superior de Justicia de Cataluña (Mas, Rigau, Ortega), si la comisión de unos supuestos delitos de desobediencia y prevaricación o unas ideas políticas acerca de la independencia de Cataluña y su posible forma republicana de gobierno, esto es, si es un proceso judicial o político. Desde el punto de vista de Palinuro es un proceso político, incluso inquisitorial, para seguir con las gloriosas tradiciones de la patria. De eso se habla en el artículo, cuya versión castellana viene a continuación:


¿Qué se juzga?

El proceso al exconseller y actual diputado Homs es un proceso político del principio al final. Como lo es el que afecta a Mas, RIgau y Ortega ante el TSJC. El mero hecho de darse estos procedimientos indica que la calidad del Estado democrático de derecho es baja en España. El propio Homs así lo valora con algo de dramatismo pues supone que, si hay sentencias por el 9N, serán el fin del Estado español. Eso es dudoso. En el Estado español actual las cosas siguen “bien atadas”, como las dejó su auténtico fundador, el que descansa en el Valle de los Caídos. No es tan dudoso, en cambio, si se trata del Estado de derecho.

Para el gobierno central, sus aliados y los medios en general, estos procesos son actividades puramente judiciales que demuestran, según dicen en el PSOE, el buen funcionamiento de la justicia. No hay nada político. No se juzga a Francesc Homs por independentista; eso sería un atentado a la libertad de pensamiento y de expresión. Se le juzga por desobediencia al Tribunal Constitucional. En concreto por haber desobedecido una prohibición de ese Tribunal. ¿Cuál? La de hacer o dejar de hacer algo en beneficio del independentismo. Luego sí se procesa el independentismo; sí, son juicios políticos contra el independentismo disfrazados de otra cosa.
Se ha dicho hasta la saciedad: judicializar un problema político es agravarlo. La instrumentalización de la justicia no hace ningún favor a esta y encona el conflicto.

Pero, al mismo tiempo, aclara suficientemente el panorama. El Estado no tiene la menor intención de negociar nada en tanto la Generalitat no retire la previsión del referéndum. La reciente retórica del “diálogo” también exigía renuncia previa al referéndum. En consecuencia cabe suponer que su cálculo estratégico sea provocar una situación de choque, poner al adversario, el independentismo, en situación de oposición a la ley, de rebeldía. De esa forma podría justificarse una acción represiva.

El problema a continuación es determinar el alcance de esa acción represiva y, a ser posible, sus consecuencias. El Estado se resiste a emplear los medios coercitivos más fuertes (aunque diversos publicistas adviertan de que si las normas de excepción están previstas, lo están para usarlas), pero, al mismo tiempo, es incapaz de ofrecer soluciones alternativas.

En esas condiciones lo más probable es que los sectores radicales del independentismo pidan adelantar la convocatoria del referéndum, una idea con la que la Generalitat ha jugado. La justificación, bastante cómoda, es que carece de sentido agotar el plazo y dejar pasar unos meses en los que habrá todo tipo de juego sucio, amenazas y tensiones. Si no se hace así, si no se acortan los tiempos, según se dice, es para elaborar un buen corpus legislativo que sirva de transición de la autonomía a la independencia. Pero la situación viene a ser similar: la aprobación de esas leyes será el punto de ruptura del todo igual al que se daría con la convocatoria del referéndum.

En cualquiera de los dos casos se apunta a situaciones de inestabilidad permanente. No es razonable que las relaciones ordinarias entre el gobierno central y una autonomía pasen por los tribunales. Es una situación muy perjudicial en todas las esferas de la acción social y un despilfarro de recursos de todo tipo.

El independentismo catalán no es una decisión personal de los encausados, ni un capricho de una minoría, ni siquiera una acción de partido. Es un movimiento social con un tipo de solidaridad mecánica, que diría Durkheim, la de la gente que se conoce, con la que se simpatiza, que tiene también un objetivo ideal, dentro de otro conjunto más amplio, que abarca a las cuatro quintas partes de la sociedad catalana, que reclama su derecho a decidir, su derecho a tener derechos.

El procesamiento de Homs es político, como lo son los de Mas, Rigau y Ortega y no se hable ya de los de Forcadell. Se los juzga por independentistas, aunque se diga otra cosa y, a través de ellos, se pretende el absurdo de juzgar y condenar el independentismo, es decir, un movimiento social de amplia base.

lunes, 27 de febrero de 2017

Por la tremenda

Periodismo de trinchera el de El País. El diario está tan ofuscado con lo que suele llamar el desafío independentista y tiene tanta tirria a quienes lo protagonizan (a los que sigue culpando personalmente, como si fuera un capricho de media docena de personas), que se le va la pinza de colgar titulares. Hace decir a Homs, y lo entrecomilla, que, si hay sentencias por el 9N, eso será "el fin del Estado español".

El lector que haya deglutido con el café tamaño sórdido vaticinio y siga leyendo la crónica, verá que hay algo de exageración y lo que Homs dijo, y El País sigue entrecomillando, es que será "el fin del Estado de derecho en España".

No es lo mismo, ¿verdad? A El País se le ha ido la pinza por el tremendismo. Había que añadir algún elemento dramático a la comparecencia de hoy de Homs ante el Supremo. Nada menos que la supervivencia del Estado.

Profetizar el fin del español por una sentencia es un absurdo; profetizar el del Estado de derecho es redundante, innecesario. Probablemente Homs piensa que el mero hecho de verse encausado por el 9N es una muestra de que ya no hay Estado de derecho en España. 

Y algo de eso sucede en la medida en que el el poder responde a un conflicto político judicializándolo pero a su vez utiliza la justicia políticamente.

viernes, 24 de febrero de 2017

Estado de corrupción

La portada de El País es monopolio de la sección de tribunales. La política española es de tribunales. El ramillete expuesto trae tres de los cuatro asuntos escandalosos. El cuarto pertenece al ámbito que el periódico suele censurar y prefiere ocultar: Cataluña. Vayamos por partes, incluida la ausente catalana:

Los ladrones de guante blanco y tarjetas negras. Una metáfora del proceso por el que la clase política en su conjunto (los tres partidos estatales, los sindicatos y la patronal) saqueó durante años Caja Madrid, Bankia y la condujo al desastre con enorme quebranto público. Cincuenta y tantos o sesenta y tantos mendas que pillaban una pasta para todo tipo de caprichos a cuenta de los impositores a los que, por otro lado, al parecer, se estafaba mediante las llamadas "preferentes" y, en último término, los contribuyentes. De estos "tarjetistas", Blesa y Rato so los cabecillas. No sé gran cosa de Blesa salvo que fue compañero de pupitre de Aznar, lo cual es suficiente para que no extrañe viéndolo de safari, con trofeos de caza mayor, muy orgulloso, como si fuera Teddy Roosevelt. De Rato, ex-ministro de Economía, que estuvo a punto de ser presidente del gobierno mientras hacía chanchullos con (contra) Hacienda, sé decir que le viene de casta, porque ya su padre, banquero, estuvo en la cárcel en tiempos de Franco y no por política. Y para que Franco metiera a un banquero en la cárcel tuvo que ser gorda la del banquero.

El cuñadísimo En España siempre hay un cuñadísimo. En tiempos de Franco, Ramón Serrano Suñer, casado con una hermana de Carmen Polo de Franco. En los actuales, Urdangarin. Es continuidad, sin duda, pero hay sus diferencias. Serrano Suñer era un figurín fascista, admiraba a los nazis y se vestía como ellos siempre que podía. Tenía cuentas personales pendientes con los republicanos y persiguió a los exilidos en Francia, haciéndolos detener y traer a España, a la tortura y la muerte. Era un tipo siniestro, malvado, pro no era tonto. Este sí, aunque no menos malvado. Un vividor, lo que antes se llamaba un play boy, que se ha puesto a hacer lo que sin duda veía que estaba haciéndose. Debió llegar a creerse eso que los medios repiten hoy como loros de que todos somos iguales ante la ley. Y se equivocó. Por ser miembro de la Casa Real, creyó ser también de sangre real y estar cubierto por el manto de la inviolabilidad. Y no fue así, sino lo que reza la famosa consigna de Rebelión en la granja: "todos los animales son iguales, pero unos son más iguales que otros". Esa desigualdad es la que media entre la absolución de la infanta (esa sí, de sangre real) y los seis años que han caído a su cónyuge. Una pena mínima, casi simbólica, para quien ha estado lucrándose con el dinero de los contribuyentes y por medios tan odiosos como instrumentalizar una organización benéfica de niños discapacitados. Recuerda en su miseria de cuñadísimo a aquel otro personaje, muy parecido a este, aunque menos afortunado en lo físico, Roldán, que llegó a apropiarse de los fondos de un colegio de huérfanos de la Guardia Civil.

El fiscal del príncipe. El escandalazo de la fiscalía ha sido un terremoto. Un relevo masivo para poner el ministerio fiscal al servicio del ministro de Justicia y del gobierno, de los que recibe las órdenes al dictado. Todo un espectáculo que estalló en Murcia con un fiscal denunciando presiones políticas y una presunta injerencia del poder político para que no se impute al presidente de la Comunidad. Preguntado al respecto Rajoy ha respondido la habitual sinsorgada de que a él las decisiones del Fiscal General siempre le parecerán bien. Justo en ese momento, la jueza Alaya denunciaba que hay una justicia para los poderosos y otra para los que no lo son, que hay presiones políticas sobre la judicatura, una interferencia continua y un continuo ataque a la independencia del poder judicial, lo cual es evidente.

Donec Perficiam. Y más evidente aun en Cataluña, en donde se ha dado el cuarto escándalo de la jornada que El País ha preferido ignorar. La fiscalía del TSJC ha comunicado su querella a la mesa del Parlamento catalan por desobediencia, por haber votado la convocatoria del referéndum. En el caso de la presidenta, Carme Forcadell, se le abre un segundo procedimiento. Tan político como el primero. Más, incluso, porque, en esta ocasión, el fiscal excluye de la acusación al vocal Juan Jose Nuet que votó con el conjunto de la mesa, presumiendo que no lo hizo con la misma intención que los otros tres miembros. Es decir, el fiscal acusa por la intención. Nuet ha tenido la lealtad de advertir que él debe estar comprendido en esa querella porque lo es por la votación de la mesa y no por si cada uno de los miembros es o dejar de ser una cosa. Sí, eso es lo correcto. Pero la fiscalía lo ha excluido y lo ha hecho aduciendo la razón que aduce. Con lo cual, ella misma, la fiscalía, ha convertido el proceso en un proceso político contra el independentismo.

Y así, el Estado no va a ninguna parte.

jueves, 23 de febrero de 2017

La corrupción como forma de gobierno

Que España es uno de los paises más corruptos de Europa y uno bastante corrupto en el mundo no lo dice Palinuro. Lo dice Transparency International, una organización internacional dedicada al estudio de la corrupción que en su informe de 2016 situaba a España en el lugar 41 de un conjunto de 194 países. No estamos descubriendo nada.

Es una opinión compartida por la opinión pública. Según el último barómetro del CIS, la población considera la corrupción el segundo problema después del paro. Así es para más del 17% de los encuestados. Al desglosar los baremos se descubre que hay diferencias notables: los votantes del PP no son tan sensibles a la corrupción como los de los otros partidos. Lógico, normal, teniendo en cuenta que el partido del gobierno (ese que, según Aznar, era "incompatible con la corrupción") es tan corrupto que parece una maquinaria de delincuencia organizada para expoliar el país. Algunos jueces lo consideran una asociación con ánimo de delinquir y por eso lo tienen sentado en el banquillo. En realidad, esta atmófera general y atosigante de corrupción sin límites viene propiciada por el partido del gobierno y el gobierno mismo. La corrupción es hoy la forma de gobierno de España. Y lo es desde el primer gobierno de Aznar. Pero, desde el triunfo electoral de la derecha por mayoría absoluta en noviembre de 2011, se ha extendido a todas las instituciones del Estado.

El Parlamento fue sistemáticamente ignorado por el gobierno del PP con su mayoría absoluta. El país se regía autoritariamente por decreto-ley. El Tribunal Constitucional está sometido a los dictados del gobierno desde el momento en que el último presidente y el que puede serlo a continuación, son militantes del PP. La intervención del gobierno en la administración de justicia es permanente y no solo por sus habituales martingalas para obstruir la acción de la justicia, sino empleándose directamente a fondo a través del ministerio fiscal u otros medios, para conseguir su fin que normalmente es proteger a los ladrones y delincuentes si son de su partido. El uso de la fiscalía para impulsar los procesos políticos contra los independentistas es tan escandaloso como el que se ha hecho en Murcia para tratar de salvar al presidente de la región, por supuesto, del PP.

El caso más patente de la corrupción hoy mismo es el del proceso Noos. A los ojos de todo el mundo, la justicia ha favorecido a los delincuentes o presuntos delincuentes, que prácticamente se han ido de rositas. La hermana del Rey simulando una estupidez casi catatónica (otra burla a la justicia) y su marido por ser quien es, a pesar de haber apandado millones de dinero público. Entre tanto, y para que la gente tenga idea clara de una justicia al servicio de los poderosos, le han caido tres años y medio a un rapero por una canción.

Por supuesto, todos los aparatos de propaganda del gobierno y la derecha, los medios y los publicistas, han coincidido en entender la sentencia del caso Noos como una muestra de la independencia de la justicia y de la igualdad de todos ante ella cuando es patente que es al revés. Tiene que ver con el hecho de que los medios en muy buena medida (siempre hay excepciones) son tan corruptos como el resto de las instituciones en el sentido de que ostentan el record de ser los menos creíbles de Europa y unos de los menos creíbles del mundo. Y tampoco lo dice Palinuro, sino un estudio del año pasado de la Universidad de Oxford.

A una pregunta parlamentaria de Pablo Iglesias en la que se relacionaban algunos casos de corrupción, el preguntado, Mariano Rajoy, contestaba en su habitual tono de cuchufleta que cree muy gracioso que "menos mal que no es usted Robespierre porque tendríamos un problema". No, Iglesias no es Robespierre, pero el país tiene un problema de corrupción y lo tiene el PP y lo tiene muy especialmente el señor Rajoy. ¿Cómo no va a tener un problema de corrupción un país cuyo presidente del gobierno -el que se supone debiera dar ejemplo- está bajo sospecha de haber cobrado sobresueldos procedente de una ilegal caja B? ¿Cuál es la diferencia entre estos cobros -en los que también mojaban muchos dirigentes del PP- y las comisiones, pastuquis y mordidas que han salido a la luz en los procesos en curso y los que vendrán? ¿Cómo no si ese mismo presidente lleva años avalando y apoyando a cuanto dirigente de su partido se ha visto acusado y/o condenado por corrupción, a Matas, Fabra, Mato, Bárcenas, Camps, Barberá y ahora ese tal Sánchez de Murcia?

El problema es que, con un personaje corrupto al frente de un gobierno corrupto, el resultado solo puede ser el que es: uno de los países más corruptos de Europa. Y eso, además, gracias a la abstención del PSOE, único responsable de que se prolongue esta insufrible situación.

domingo, 19 de febrero de 2017

Eso de la igualdad. Apostilla al caso Noos

Alguna perspicaz lectora calificó mi post de ayer (Allá van leyes do quieren reyes) de "benévolo" con la sentencia. Mi intención no era serlo y tampoco ser "malévolo" sino simplemente realista y distanciado. Excluí todo pronunciamiento sobre el contenido porque doctores tiene la Iglesia que ya dictaminarán. Me limité a considerarla una sentencia política no porque su intención fuera esa, sino porque esa ha sido la consecuencia o los resultados. Es absurdo decir que una sentencia que absuelve a una infanta real y condena a su marido no es política en cuanto a sus consecuencias.

Y no solamente es política. La levedad de las penas ha suscitado un sentimiento generalizado de injusticia por mor de la desigualdad de trato que evidencia. De inmediato han abierto fuego todas las baterías ideológicas dinásticas (los políticos, incluidos los socialistas, los medios, los comentaristas) afirmando que la sentencia prueba incontestablemente a) la independencia de la judicatura; b) la igualdad de todos ante la justicia.

No hablaremos aquí de la independencia de la judicatura porque ya habla ella sola. Hablamos de la consigna de la igualdad de todos ante la justicia. Es una mentira que tiene raíces muy largas y por eso omití su relato en el post de ayer. La sentencia no es en sí misma prueba de la desigualdad ante la justicia. Es la consagración judicial de una desigualdad que nace con sus titulares y los acompaña toda su vida. Es la radical desigualdad de oportunidades por motivo del nacimiento. Si Cristina de Borbón no fuera infanta, su destino hubiera sido muy otro, no hubiera tenido un puesto directivo en una institución de crédito ni su comparecenccia judicial hubiera pasado por los avatares por los que ha pasado. Igualmente, si Urdangarin no fuera yerno del rey, no habría tenido acceso a los medios y relaciones que posibilitaron sus estafas. Hasta entre los delincuentes hay clases. Cuántos butroneros darían una fortuna por poder delinquir en las altas esferas entre banquete y banquete.

La sentencia no puede demostrar la igualdad de todos ante la justicia (que, recuérdese, es algo más que la ley escrita porque incorpora la equidad), porque no es verdad. Los justiciables son desiguales cuando entran en el templo de la justicia y salen como entraron o más desiguales.

Dicho lo cual, la declaración de Roca Junyent es de risa. El juicio paralelo o la sentencia paralela, vienen ahora. Y con razón. Lea el señor Roca los comentarios de las feministas sobre la infanta. A lo mejor entiende por qué fue fácil defenderla.

miércoles, 15 de febrero de 2017

Gobernados por delincuentes

Ayer ingresaron en prisión los primeros delincuentes de la Gürtel, Correa, el Bigotes, Crespo, etc. En ella se encuentran otros peperos no menos sinvergüenzas, como Matas o Fabra. Y en el próximo futuro se unirán bastantes más, según vayan viéndose los casos pendientes en los que el PP, una supuesta asociación de malhechores, tendrá que ir respondiendo de sus tropelías y latrocinios a lo largo de los últimos años. Años en que España ha estado gobernada en todos sus niveles por presuntos delincuentes que poco a poco van dejando de ser "presuntos" para convertirse en ladrones sin más. Una situación de escándalo permanente a la que se ha llegado porque, a base de financiarse ilegalmente, el PP ha ganado elecciones que, en realidad, habría que considerar nulas. Sin embargo Mariano Rajoy, representante de esta cuadrilla de facinerosos y a su vez acusado de llevar años cobrando sobresueldos ilegales de la caja B del partido, afirma que la corrupción quedó atrás, cuando la lleva él pegada a sus zapatos, y que es su gobierno el que más ha luchado contra ella, cuando es el que la ha amparado y protegido. 

Contra la corrupción lucha y sigue luchando ejemplarmente el pueblo rumano que ha obligado al gobierno a retirar el decreto que pretendía poner en la calle a cientos de corruptos encarcelados. Ha sido el resultado de manifestaciones multitudinarias y permanentes que ahora tratan de conseguir también la dimisión del gobierno socialdemócrata por su complicidad con la corrupción.

¿Podría pasar algo similar en esta país, gobernado por un partido corrupto con multitud de dirigentes bajo sospecha, acusados o condenados por corrupción? Seguro que no por el grado de resignación apática de la población y la complicidad de los partidos de la oposición según sosteníamos en otro post, cómo hemos llegado a esto. Al contrario, lo que cabe esperar de un gobierno del PP es que en poco tiempo indulte a los delincuentes condenados, como tiene por costumbre. Forma parte de su modus operandi, para dar seguridad a los malhechores en sus filas: "vosotros robad que luego os indultamos". La mafia es siempre solidaria y el partido gobernante en España es lo más parecido a la mafia.

Precisamente para evitar esta práctica, el Congreso estudiará una proposición de ley del grupo socialista que prohibirá los indultos a los delincuentes por corrupción y violencia machista. Todos los grupos parlamentarios apoyan la idea con la que, sin duda, simpatiza la gente en general. Luego llega la letra pequeña: para que se note bien la voluntad regeneracionista de los gobernantes peperos ayer mismo el gobierno indultaba a seis funcionarios del ayuntamiento de Rota condenados por prevaricación. Innecesario decir nada más.

En realidad, lo que el PP ha establecido en España, ya desde los tiempos de Aznar, es un gobierno de rapiña y expolio por partida doble que también ha tocado al PSOE: a) en el orden colectivo, la política neoliberal ha consistido en privatizar todas las empresas que se ha podido (energéticas, telecomunicaciones, etc.) para entregárselas a los amigos quienes, a su vez, supieron recompensar a los políticos privatizadores con suculentos salarios, como el propio Aznar, González y una recua de aprovechados que se han forrado a costa de los contribuyentes y los clientes de las empresas. También han descapitalizado y destruido los servicios públicos no privatizados (singularmente sanidad y educación) para que se lucren otros amigos o ellos mismos; b) en el orden individual, barra libre para que los cargos, militantes y allegados del PP (o del PSOE en Andalucía) roben a manos llenas, malversen, prevariquen y se enriquezcan también a cuenta del contribuyente.

A veces ambos órdenes están entremezclados. Algo de eso hay en la imputación de la cúpula del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. ¿O no eran estos, especialmente el ínclito MAFO, los que remachaban de continuo la doctrina neoliberal de congelar o recortar salarios, subvenciones y vetajas del Estado del bienestar; los que con salarios estratosféricos pedían que no se aumentara el salario mínimo? En qué medida también se beneficiaron de los presuntos delitos de Bankia personalmente es algo que ahora tendremos ocasión de averiguar, gracias a la reapertura de un proceso que otras instancias judiciales, más afines al PP, intentaron bloquear.

Dos imputaciones más esperan en puertas, aparte, por supuesto, de las que seguirán cayendo porque, con el PP, España es un país gobernado por delincuentes presuntos o sin presumir. Un país en el que un hombre como Rato pudo ser vicepresidente del gobierno y, mientras se enriquecía al parecer ilegalmente, cultivaba el mito de ser "el milagro español" es, literalmente, un país gobernado por ladrones. Las dos imputaciones que aguardan son las del presidente del PP de Murcia y la del alcalde también del PP de Brunete. Pero vendrán más, muchas más. Y eso que todavía no hemos hablado de la parte que toca a la Iglesia católica en este desbarajuste.

Pero aquí no dimite nadie, empezando por el presidente del gobierno, principal responsable y presunto beneficiario y cómplice de esta realidad de robo, saqueo y corrupción que es hoy España. 

sábado, 11 de febrero de 2017

Los años de la inocencia

Justo al conocerse las penas recaídas sobre los acusados en el primer juicio de la serie Gürtel, estaba Cospedal arengando a los delegados de su partido reunidos en congreso. Debe reconocerse a esta señora un valor, un arrojo, casi se diría un atrevimiento superior a lo habitual. Daría para una posible imaginaria y elegante contestación a la famosa línea de Macbeth: "Me atrevo a todo lo que hace a un hombre; quien se atreva a más, no lo es." Efectivamente, es una mujer. La poderosa dueña manchega, a quien toca siempre bregar con las peores fieras adversarias de la tranquilidad y la prosperidad conservadoras, poner la cara en las circunstancias más difíciles y acuñar genialidades que dan para una chirigota pública en diferido.

Desde luego, el valor es innegable. Hacer un elogio público (aunque sea a un auditorio entregado) del principio de presunción de inocencia en el momento en que los delegados veían en Twitter que estaban cayéndoles trece años a Correa, doce al Bigotes, nueve a una exconsejera de Camps, denota temple y valor. Según se acumulaban los años de condena a gentes de su partido, otrora respetados personajes invitados a la boda escurialense de la hija de Aznar, elevaba la voz la secretaria general afirmando una y otra vez su fe en la presunción de inocencia. Algún malage podría insinuar la sabiduría del "dime de qué presumes y te diré de qué careces". Pero no es necesario. Presunción viene de presumir que tiene tres significados en castellano. El segundo y el tercero se refieren a la intención de atribuirse dotes, habilidades, virtudes, que no se poseen. Seguramente los que aquí correspondan. 

La imagen de un partido de gobierno con unos dirigentes administrando el Estado y otros cumpliendo condena o a punto de hacerlo por haberlo administrado en su propio provecho deja atónito a cualquiera. Y más habrá en el próximo futuro, cuando se juzguen las otras partes de la Gürtel, o la Púnica o la caja B del partido, causa reabierta por decisión judicial, en la que quizá haya de comparecer el presidente Rajoy debido a los sobresueldos. El mismo al que Cospedal peloteaba ayer atribuyéndole el solo mérito de haber llevado al PP al triunfo contra todo pronóstico y al gobierno después gracias a la abstención del PSOE, partido penetrado del sentido de la responsabilidad dinástica. 

Por cierto, es curioso eso de llamar Bigotes al Bigotes. Tengo curiosidad por saber si, al informar sobre la Gürtel madrileña, los medios también llamarán Albondiguilla al Albondiguilla

El Congreso se clausura, sin duda con un peán de victoria, el domingo. El lunes siguiente comparece a declarar como acusada la exministra Ana Mato, la que no veía el Jaguar estacionado en el garaje de su casa, que debe de ser como los campos elíseos, ni sabía cómo se pagaban los viajes de la familia entera. En todo caso, no hay problema, va moralmente sostenida por la presunción de inocencia.

martes, 7 de febrero de 2017

¿Quién prevalecerá?

"Fracaso de la Política" titula hoy El País su editorial, muy preocupado porque las cosas hayan llegado a este extremo de que los cargos políticos representativos y democráticos afronten un proceso penal no por delitos comunes sino por causas políticas. Es una de sus habituales manipulaciones. La Política no ha fracasado. La Política no puede fracasar ni no fracasar, como no puede la química o la contabilidad. Quienes han fracasado han sido los políticos. Y muy especialmente los unionistas españoles, que son lo que tienen mayor margen de maniobra y, por ende, más responsabilidad. Empezando por el presidente del gobierno, Rajoy el de los sobresueldos, cuya incompetencia en esto, como en todo, es pavorosa y seguido de su vicepresidenta, la Ratita Hacendosa que, fuera de enchufar a sus amigas, no sabe hacer la o con un canuto y, por supuesto, los don pelayos de El País.

Corre una apuesta entre los unionistas, especialmente los más fachas, según la cual, todo es cuestión de aplicar la ley sin mayores miramientos y se verá cómo las amenazas de que si se enjuicia y condena a los independentistas catalanes habrá sublevación, se quedan en agua de borrajas. Cuando se ilegalizó Batasuna y se encarceló a Otegi también se dijo que ardería el País Vasco... y no pasó nada. Pues lo mismo ahora: se aplica la ley, los tribunales hacen su trabajo, los cargos que hayan transgredido la legalidad sufren la condigna pena y aquí paz y después, gloria, y en Cataluña no pasa nada.

Vale. Es una apuesta a partir de hoy. El gobierno no tiene intención alguna de dialogar o negociar nada con los independentistas, sino que aplicará le ley vigente. Más concretamente, tratándose de un gobierno tan corrupto, su ley, la que sienta en el banquillo a un presidente autonómico, pero no a un ministro responsable político de 62 muertes, no a otro que se vanagloria de haber realizado actividades ilegales y destrozado el sistema sanitario catalán.

Después de la delirante recogida de cuatro millones de firmas "contra los catalanes", es lo más estúpido que ha hecho el presidente de los sobresueldos. 

lunes, 6 de febrero de 2017

La prensa servil

El titular de El País es un ejemplo de manipulación, falta de objetividad y hasta un acto de inmoralidad. Acusa el periódico a Mas de usar su juicio para impulsar el independentismo como si ese juicio fuera un capricho, una triquiñuela para conseguir inconfesos fines. Como si no fuera una imposición y un paso más de las autoridades españolas para reprimir el movimiento independentista. Encuentro francamente ruin acusar al acusado de protervas intenciones cuando se ha limitado a comparecer ante la justicia ejerciendo su innegable derecho a interpretar el proceso en la clave indudablemente política, de represión política, en el que está concebido.

¿Qué pasaría si el periódico titulara also así como "el gobierno español trata de intimidar al movimiento independentista reprimiendo a sus dirigentes principales para sembrar el miedo"? Pues que probablemente se acercara más a la verdad que con ese titular falaz en el que no se informa de nada, sino que se formula un juicio de intenciones. Por cierto, hablando de intenciones, merece la pena detenerse a considerar algunos aspectos muy interesantes. Los nacionalistas españoles más agresivos (muchos de los cuales están en El País) instan vivamente al gobierno a proceder con mano dura contra el independentismo, aplicando legislación de excepción y metiendo en la cárcel a quien le discuta. Suele advertirse que ir judicialmente contra Mas, Rigau y Ortega (y, por supuesto, Forcadell), supone pisar terreno peligroso por el valor simbólico de los interesados y arriesgarse a una respuesta encendida de la sociedad y las fuerzas políticas catalanas que agudice el enfrentamiento. Pero, dicen esos mismos guerreros nacionalistas, nada de eso pasará. Si los tribunales condenan a Mas, Cataluña callará, como calló el País Vasco cuando se ilegalizó a Batasuna y eso que se decía que ardería Troya. Es una interesante apuesta. En el País Vasco se ilegalizaba por acusaciones de violencia y terrorismo; en Cataluña no hay nada de eso. Se procesa y, si acaso, condena, por poner las urnas. Los publicistas vendidos al poder, los seudointelectuales  mesetarios tratan de confundir a la gente, insinuando que la comparecencia de Mas se debe al asunto del 3% y no al hecho de posibilitar que la población pueda votar libremente. Doble contra sencillo a que las respuesta social va a ser potente.

Y hay más en ese ejercicio de titular tendencioso y embustero. Viene a incidirse en la obstinada pretensión de El País de ignorar los datos objetivos de un movimiento de amplia base social, con un apoyo substancial de la población que va del 48% a la independencia al 80% al referéndum. Su interés es dejarlo reducido a una obstinación personal de Mas y sus íntimos colaboradores. Por eso los plumillas del panfleto aplauden el empleo de los tribunales contra los dirigentes independentistas. Creen, como todos los reaccionarios, que, atacando el símbolo se destruye lo simbolizado. Para más absurdo, las personas que hoy comparecerán ante los jueces, no ejercen ningún cargo político de responsabilidad, por lo tanto, su probable condena no causará ningún daño específico a las estructuras de poder de la Generalitat sino que se limitará a crear tres mártires, que servirán de inspiración a sus seguidores.

Mas, Rigau y Ortega simbolizan hoy el espíritu de libertad e independencia vivo en la sociedad catalana y no tengo duda de que la gente y las instituciones los apoyarán como merecen.

Porque lo merecen.

martes, 17 de enero de 2017

Ese hombre del que usted me habla no habla

Todo el mundo interpreta la declaración de Bárcenas como una estrategia procesal pactada con el PP por la que aquel retira sus acusaciones anteriores, exonera todo lo que puede y hasta desiste de una acción procesal propia (los discos duros famosos) a cambio de indeterminados favores y garantías del PP en especial en pro de su esposa.

Todo humano y comprensible pero en la sala quedó claro que en el PP había caja B y que con ella se hicieron mangas capirotes con conocimiento (y presunto lucro) de muchos dirigentes. Bárcenas se niega a llamarla caja B y la califica de contabilidad extracontable que sería algo así como el ser que estuviera fuera de sí mismo, una pesadilla que se la habrá ocurrido a alguno de aquellos gnósticos retorcidos. Lo de la financiación ilegal va por otro lado. El resto de la cháchara es un confuso ajetreo de cantidades, millones, pagos, viajes que, desde luego, dibujan una existencia poco común y darán para incontables tertulias, pero no resta un ápice al nudo de la cuestión: el partido del gobierno bajo la dirección del que hoy es su líder estuvo funcionando durante años con una contabilidad extracontable. Algo por lo que en el mundo por ahí fuera se dimite a raudales. Tan bochornosa es la situación que el partido se ha visto obligado a defender en público la honorabilidad de sí mismo y de su presidente frente a Bárcenas.

Frente a Bárcenas.

viernes, 13 de enero de 2017

Mil trescientos setenta y ocho

El pueblo es sabio, dice la convención. Ya hace un tiempo que en los barómetros de opinión la corrupción figura en lugar destacado. Bueno, ha sido necesario llegar a estas cifras para que la preocupación se manifieste. A lo mejor el pueblo no somos tan sabios y nos la dan con queso continuamente.

De tan generalizada, la corrupción resulta estructural. Afecta prácticamente a todas las administraciones públicas, si bien las autonómicas y municipales parecen ir muy por delante. Su condena jurídica avanza, aunque con una lentitud exasperante. La política vacila mucho más. La corrupción del propio partido no es tan grave como la del partido adversario. En cuanto a la económica viene envuelta en brumas. Se escuchan cantidades muy variables pero fuera de contexto y no se les da el valor que tienen. Pero puede hacerse una aproximación muy sencilla: en conjunto, es posible que la corrupción alcance cientos, incluso miles de millones de euros. La cuestión, obviamente, es que, si no hubieran sido defraudados, los niños no tendrían que ir a escuelas hechas en barracones y comerían todos los días, los dependientes podrían recibir una ayuda a la que tienen derecho, etc. 

La corrupción, en buena medida crimen organizado con asociaciones de malhechores que se constituyen en partidos políticos, causa un gran perjuicio objetivo, directo al interés público. Tanto más destructor cuanto que se lleva a cabo en el ámbito político, el de las instituciones, el del Estado.

martes, 20 de diciembre de 2016

El liberalismo chorizo y cañí

Parece que el presunto Granados ha pedido declarar voluntariamentene para cooperar más intensamente con la justicia. Lo hará mañana, miércoles y se supone que su declaración versará sobre los aspectos aún oscuros de la tupida trama de corrupción del PP de Madrid y que afecta a todos los niveles de gobierno de la capital, los dirigentes autonómicos del PP y algunos nacionales así como un puñado de empresarios, de esos que van predicando las ventajas del libre mercado pero viven de estafar los dineros públicos mediante políticos corruptos.

A pesar de todas las campechanías de aristócrata populachera de Aguirre, por lo que se lleva sabido, el gobierno de Madrid ha sido un gatuperio de latrocinio sin parar. La increíble operación "Púnica", que acabó llevándose por delante a la consejera de educación, Lucía Figar, una besacirios encargada de favorecer la enseñanza privada más reaccionaria con fondos públicos y de desmantelar la educación público. La "Gürtel", el epítome de las redes de corrupción, con delincuentes trajinando dineros, cargos públicos enriqueciéndose con comisiones y mordidas, apaños. licencias, chanchullos.

Tal era el desbarajuste de este expolio voraz y generalizado que los responsables acabaron espiándose unos a otros pues quizá desconfiaban de cuáles fueran las fuentes de la estafa de la otra parte. Organizaron así un episodio de corte berlanguiano, como con delincuentes de tercera, bautizado como la "gestapillo", en la que se vigilaban, seguían y se fotografiaban unos a otros llevando bolsas de plástico. Y uno de los puntos fuertes de esta actividad presuntamente delictiva era la posible financiación ilegal del PP, que lleva veinte años ganando elecciones con tongo. Algunos de los episodios que constan en los papeles producen verdadero sonrojo, como esa declaración de Bárcenas según la cual, Rajoy tuvo palabras mayores con otro cargo del PP a causa de una partida de estos fondos ilegales de una empresa.

Los datos sobre la financiación ilegal del PP son vitales porque en el exhaustivo registro de ocho horas que la policía realizó en su día en la sede de Génova (eso que el PP llama "colaborar con la justicia", cuando el juez manda a la policía porque el partido no responde a sus requerimientos), la única planta en que aquella no entró fue precisamente en donde se guardaba la documentación sobre la financiación supuestamente ilegal. Era lo que cabía esperar. Pertenece al estilo de la casa.

Esta nueva declaración huele en parte al famoso "arrepentido" de la época del narcotráfico y la mafia, en parte a lo que abreviadmente se conoce como "tirar de la manta" (cosa que está todo el mundo esperando por cuanto esta pieza del sumario sigue siendo secreta) o, en terminología más apropiadamente carcelaria, "negarse a comerse solo el marrón". Sin duda Granados, mano derecha de Aguirre largo tiempo, el hombre que controlaba una especie de mercadillo del presunto delito, podrá aportar información que acabará de dibujar la acción de esa especie de club de corruptos, estafadores, malversadores, etc, de juerga en juerga, malversación en malversación, cohecho en cohecho, a la mayor gloria de la desregulación, la privatización y las ventajas del libre mercado que predicaban en sus ratos libres entre mordida y mordida.

Lo más curioso es que Aguirre, la responsable política última de este aquelarre de presuntos delincuentes, no supiera nada de nada. Nunca. Jamás. No supiera lo que hacía su mano izquierda y tampoco la derecha, no viera, no escuchara nada, no tuviera la mínima información. Como aquella ministra que no veía los coches que había en el garaje de su casa. El suyo era un gobierno sordo, mudo y ciego y profundamente tonto. Eso sigue siendo así, a juzgar por los dislates que la señora continúa profiriendo en público. Pero ahora vamos a ver, gracias a la declaración de su mano derecha, si tenía o no conocimiento del expolio sistemático que fue su gobierno.

sábado, 17 de diciembre de 2016

La flecha ya está en el aire

Dos mujeres fueron ayer las protagonistas de la jornada pública, política; una en el Noreste, Carme Forcadell, y la otra en el Sur, Susana Díaz; una por un motivo, la otra por otro. Pero las dos se encuentran en el centro de sendos muy apasionados debates, con detractores y enemigos acérrimos y seguidores y partidarios incondicionales.

Carme Forcadell convirtió su comparecencia ante el TSJC en un acto político de afirmación de los derechos del Parlamento. Acompañada por la plana mayor del independentismo gobernante, solo respondió a las preguntas de su abogado e hizo afirmaciones de calado que pretenden romper el estrecho marco de unas diligencias judiciales para plantear un conflicto de legitimidades, soberanía parlamentaria, libertad de expresión, inmunidades de los representantes populares, etc. Quizá no esté muy bien ordenado conceptualmente pero sirve para articular un mensaje de carácter simbólico: la nación catalana agredida por el Estado a través de un Tribunal Constitucional cuya legitimidad  no reconocen las autoridades de la Generalitat.

Es una situación de crisis institucional con elementos de desobediencia que remite a un orden de ideas con muy buena prensa en la conciencia occidental: la lucha por la emancipación nacional. Le hacía falta una imagen, un símbolo icónico. Ya la tiene. Así como Mas llegó a tomar visos mosaicos cuando condujo a su pueblo al 9N, primera parada en el camino a la tierra prometida, Forcadell es una especie de Marianne actualizada y, como la francesa, una alegoría de la República, en este caso, la República Catalana.

Cualquiera sabe que llevar los conflictos al terreno de lo simbólico y sentimental y fomentar la creación de mártires, héroes, heroínas, en el bando contrario no es muy avisado. La potencia mediática de las imágenes de símbolos agredidos, representantes procesados, supera las más refinadas técnicas de comunicación política a la que pueda recurrir la otra parte. La historia de David y Goliat mantiene toda su fuerza; aunque quizá aquí fuera más de aplicación la de Judith y Holofernes, en sentido simbólico, por supuesto.

La bravura en el comportamiento de Forcadell, el apoyo social e institucional que tuvo, permiten augurar una etapa de creciente conflicto por vía de acción reacción que no se ve cómo podrá sortear el gobierno con su huera oferta de diálogo.

En todo caso, lo dicho, "la flecha ya está en el aire". No en el sentido del libro de Ismael Grasa (La flecha en el aire), que viene de Zenón, sino en el de Atahualpa Yupanqui: "La flecha ya está en el aire/para llenarse de sol".

miércoles, 5 de octubre de 2016

De mal en peor

Mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado La legitimació de l'adversari versa sobre la petición de la fiscalía de 10 años de inhabilitación para Mas y nueve para las consejeras Ortega y Rigau. Todas por poner las urnas el 9 de noviembre de 2014 para consultar a la ciudadanía catalana acerca de su futuro por cuanto el Estado español se negaba -y se niega- a permitir un referéndum. La idea es sencilla: considero que en el conjunto de dislates que ha sido la política del Estado en relación con Cataluña, ya desde los tiempos de Zapatero pero muy acusadamente en los de Rajoy, el recurso a la vía represiva, sea administrativa, judicial civil o penal, es mayor desatino si cabe por dos razones: 1ª) porque da por agotada la vía del diálogo y la negociación cuando ni siquiera se ha iniciado; 2ª) legitima la figura de Mas, le presta la aureola simbólica del sacrificio por la Patria catalana. Como sabemos desde siempre, lo peor que puede hacer quien pretende sofocar un movimiento popular es proporcionarle un mito, un héroe que contribuya a crear un relato justificativo. Exactamente lo que hace el gobierno español instigando a la fiscalía a pedir el procesamiento del más significado independentista, y su condena. Desde los ámbitos gubernativos se nos dirá que en España la justicia es independiente y el gobierno no instiga en absoluto al ministerio fiscal. No es necesario siquiera tomarse en serio la enésima patraña de este gobierno de embusteros redomados. De sobra sabemos que, según su ministro del Interior, la Fiscalía afina por su cuenta lo que interesa al poder,

A continuación, la versión castellana:

La legitimación del adversario

La petición fiscal de diez y de nueve años de inhabilitación para Mas y Ortega y Rigau respectivamente es coherente con la actitud que el gobierno español ha adoptado frente al proceso independentista catalán. Invocado desde el principio el principio de que la soberanía nacional no se negocia, obviamente, no hay negociación posible. La soberanía reside en el conjunto del pueblo español, compuesto este por españoles iguales. Otro principio que tampoco se negocia, el de la igualdad hispánica. No hay nada que negociar Y, ante la porfía de los soberanistas catalanes solo queda la vía de la represión administrativa, judicial y penal si a ello ha de llegarse.
Eso en el ámbito de la legalidad. En el de la alegalidad y hasta la ilegalidad, la vía represiva toma tintes aun más sombríos. Las supuestas conversaciones grabadas al ministro del Interior con un hombre de su confianza en Barcelona con el objetivo de jugar sucio con los adversarios políticos, fabricando escándalos van en el mismo sentido. Como lo hacen las demás actividades, conocidas o por conocer de las cloacas del Estado, desde las cuales se puede destrozar el sistema sanitario del prójimo.

El proceso, a su vez, sigue su curso. Conseguida la confianza de la cámara, Puigdemont se ha comprometido a un calendario que se corona, más o menos en un año, en una República Catalana, Estado nuevo en Europa. Se estará o no de acuerdo con la razón de ser o la oportunidad del proyecto, sobre todo teniendo en cuenta que se plantea como una transición de la legalidad a la legalidad. Pero no cabe duda de que es algo nuevo, que carece de precedentes y plantea el debate en términos políticos, esgrimiendo la legitimidad frente a la legalidad vigente.

Habiéndose perdido la opción de un gobierno de izquierdas en España, merced al golpe de mano de los barones del socialismo nacionalista español, solo se prevé el gobierno de la derecha. En el habitual contexto de rigidez y negativa a negociar nada, esto es, la confrontación con Cataluña. La idea, siempre la misma: mover al resto de España en contra de los catalanes. La dialéctica de la hostilidad que no soporta ni la conllevancia orteguiana. Un comportamiento que da réditos electorales al que se apoya en proclamas de amor a Cataluña mientras se aviva la catalanofobia por cualquier motivo, desde una reforma del Estatuto hasta el ejercicio de su derecho de autodeterminación.

Ahora ya no es solamente cuestión de la rígida negativa de la derecha, sino de la no menos rígida del nacionalismo español, porque se ha sumado el PSOE. El fin último del golpe de los diecisiete en Ferraz, es ajustar el paso del PSOE al del PP al abordar la cuestión catalana, cuyo punto de confrontación abierta se vislumbra en el horizonte. No es posible llegar a un gobierno de gran coalición como siempre había propuesto la derecha porque el PSOE se oponía. Los tiempos y las necesidades han cambiado. Ya no ha lugar a una gran coalición, pero sí a encontrar un terreno compartido de acción parlamentaria en lo que se refiere a Cataluña. Mostrar un punto de unión y acción común del nacionalismo español, sea de derechas o de izquierdas. El apoyo a distancia del PSOE permitiría al PP actuar como un gobierno de salvación nacional, dándole legitimidad a los ojos de los españoles.

El precio de todo ello está siendo la destrucción, la fragmentación del sistema político español: el PP, con su mayoría absoluta en Galicia y muy grande en Castilla y León, Murcia, MadridLa Rioja, etc, s prácticamnte extraparlamentario en Cataluña o País Vasco y es muy difícil que remonte en Andalucía. El PSOE, prácticamente extraparlamentario en Cataluña y Euskadi conserva mayorías substanciales, aunque mermantes, en el Dur peninsular. C’s solo puede tener presencia allí en donde el discurso anticatalanista tiene algún eco, esto es, Cataluña (curiosamente) y Madrid. El caso de Podemos aún no está claro. Si el PSOE termina de suicidarse, es posible que este otro se consolide. Si no, pasará a un segundo plano menos que discreto y los que iban a asaltar los cielos se quedarán en el purgatorio y los más infelices, en el limbo.

En Cataluña el proceso, además de la vertiente parlamentaria e institucional, tiene otra de carácter simbólico, emotivo. La movilización transversal de la sociedad ha aportado muchos elementos sentimentales para fortalecer el movimiento. La petición fiscal de inhabilitación de Mas es un paso decisivo en la construcción de un relato simbólico del nacimiento de la República Catalana. Es claro que el procesamiento del expresidente lo saca del segundo plano en que él mismo se había situado y lo empuja ya abiertamente hacia lo legendario. Al perseguirlo, el Estado español ha dado a Artur Mas la legitimidad que necesitaba para cambiar su figura mosaica de cuando era presidente que dirigía a su pueblo hacia la independencia por otra prometeica al encontrarse procesado, quizá condenado por haber dado la palabra a la gente, que es como quitar el fuego a los dioses.

El apoyo de que goce Artur Mas debiera dar al Estado una pista de en qué medida ha calado entre la población catalana el propósito de desobedecer al ordenamiento jurídico español. Porque el problema para este nacionalismo no está en los actos de los dirigentes sino en el respaldo que les dé la población.

miércoles, 21 de septiembre de 2016

Homs en el Tribunal Supremo

Aquí mi artículo de hoy en elMón.cat sobre la justicia del Rey. El asunto va de que la justicia en España se imparte en nombre del Rey, pero este no parece interesarse en absoluto por la justicia que se imparte en su nombre. En el caso del procesamiento del diputado Françesc Homs y los de Mas, Ortega, Rigau y quizá Carme Forcadell, parece claro que se trata de la judicialización de un problema político. El Estado comienza a enseñar los dientes a los independentistas. Los dientes, no las razones. Y, detrás de los tribunales, quizá vengan las cárceles.

Está claro que tienen perdida la partida y que lo único que se les ocurre es reprimir y generar un contexto de violencia, a ver si la gente se amilana. Y no será el caso.

Aquí la versión castellana:

La justicia del Rey

En España, la justicia se administra en nombre del Rey. Esto es más que una mera fórmula protocolaria. Responde a una realidad. Donde hay un conflicto básico de legitimidad, que cuestiona el ordenamiento fundamental de la convivencia entre dos comunidades, ambas sometidas al mismo monarca, el nombre del Rey sirve para zanjarlo.

Pero zanjarlo ¿cómo? ¿Buscando un equilibrio, un entendimiento una fórmula entre las dos comunidades o imponiendo los intereses de una de ellas sobre la otra? Si es de la primera forma, el Rey serviría para arbitrar y mediar en los conflictos entre quienes están sometidos a su soberanía. Si es de la segunda, lo único que se hace es disfrazar una justicia de parte en nombre del Rey. Y, en el peor de los casos, identificar la justicia del Rey con los intereses de una de las partes.

El proceso que se sigue contra Francesc Homs por la consulta del 9N cae de lleno en el segundo supuesto. Homs, como Mas, Rigau y Ortega están imputados por presuntos delitos anejos a su propósito de consultar la voluntad popular el 9N de 2014 a la vista de que el gobierno español no autorizaba, ni autoriza, un referéndum ni siquiera consultivo.

Los hechos y resultados son conocidos. La consideración del acto en sí tiene dos facetas, una política, que es como la entendió la Generalitat catalana y otra jurídica, como la entendió el gobierno español. Para la Generalitat, la consulta fue un acto de soberanía en la que se pudo saber la voluntad del pueblo catalán. Votaron más de dos millones de personas y el porcentaje a favor de la independencia fue altísimo. Sus consecuencias políticas son necesariamente de largo alcance pues legitima la prosecución del proceso. Para el gobierno español, la consulta fue poco más que una verbena, sin consecuencia jurídica alguna, pues se hizo con menosprecio de la ley.

El hecho, sin embargo, es que desde el punto de vista político, la consulta del 9N tiene un valor simbólico, pues abre el camino al proceso independentista pero necesita una debida realización de un referéndum, mientras que los efectos jurídicos, los que no iban a tener más que un valor simbólico, lo tendrán muy real pues son los de carácter represivo que se materializan en el proceso de Homs y los subsiguientes a los otros encausados.

Para Homs y quienes lo han acompañado a las puertas del Tribunal Supremo, el proceso es un simulacro jurídico de un propósito político: los fiscales catalanes en su momento y por unanimidad no vieron razón alguna para procesar a las autoridades de Cataluña, pero su superior jerárquico, el Fiscal General del Estado, revocó esa decisión unánime y obligó a abrir causa contra las personas citadas. Dado que el Fiscal General del Estado es de nombramiento directo del Gobierno no es absurdo pensar que este presionó para imponer la decisión de procesar. Semanas más tarde se producía la dimisión de ese Fiscal General. De forma que el de ahora hereda la situación ante el TS que, en poco tiempo, tendrá que conocer seguramente de los otros procesamientos y que es quien debe dilucidar en sede jurídica actos y pronunciamientos de carácter estrictamente político.

Para el gobierno y sus innumerables terminales mediáticas, el proceso de Homs et al. es un asunto estrictamente jurídico que debe resolverse en sede judicial. Es más, alguno de sus representantes no se recata en comparar el caso de la imputación a doña Rita Barberá por un presunto delito común con el de Françesc Homs por otro supuesto delito pero de conciencia. La comparación solo puede mantenerse en el campo del más rabioso positivismo que renuncia a valorar la motivación de las personas. Las dichas terminales mediáticas no dudan en calificar de “desafío total a la justicia” la actitud de Homs quien ha comparecido en tiempo y hora a la citación del Tribunal y, en uso de sus derechos procesales, ha contestado a las preguntas del juez y de la defensa, pero no a las de la acusación. Ningún desafío ven los medios del nacionalismo español (entre ellos, los catalanes) al hecho de que la señora Barberá haya decidido burlar, aunque sea transitoriamente, la acción de la justicia mediante un uso torticero y presuntamente prevaricador de la institución del aforamiento, cosa que ha hecho con el apoyo directo del presidente del Gobierno. El mismo que probablemente presionó al Fiscal General para que revocara la decisión unánime de los fiscales catalanes y procesaran a Homs.

Esta desviación de un problema político a sede judicial por la absoluta incapacidad de los políticos españoles de enfrentarse al contencioso catalán, puede acabar con el escaso prestigio que queda a la justicia en España y con generar una situación de acción reacción de consecuencias que nadie en su sano juicio puede desear.

Sí, la justicia en España se administra en nombre del Rey. Pero no se administra por igual para todos. Para los catalanes, especialmente los republicanos, la justicia del Rey es justicia de parte. Y de parte contraria.

miércoles, 14 de septiembre de 2016

Vidas paralelas

Reconozco habérmelo puesto fácil hoy. El género vidas paralelas fue frecuente en épocas pasadas. Siempre con ánimo moralizante y ejemplificador. Basta con encontrar biografías que tengan puntos en común. Son composiciones contrapuntísticas. Dan muy buen resultado porque se aprende mucho sobre las gentes y sus actos cuando se pueden comparar unas con otras. Aunque ya dice el saber popular, siempre algo timorato, que las comparaciones son odiosas.

Aquí tenemos a Rita y Carme, punto contra punto. Con muchos elementos en común: las dos son mujeres, más o menos de la misma generación (se llevan cinco años). Ambas con formación universitaria más de letras. Las dos periodistas, entre otras actividades. Ambas son políticas, habiendo ejercido diversos cargos institucionales. Las dos con cierta proyección mediática.

Las dos pueden acabar ante los tribunales.

Como se ve, vidas paralelas. Lo interesante viene cuando se analizan esos puntos en común. Las dos son mujeres y han abierto caminos en un mundo que era aun más patriarcal que el de hoy. Una, Forcadell, es hija de un camionero; la otra, de un periodista y jerarca del Movimiento Nacional. Es decir, son más o menos de la misma generación, pero no del mismo ambiente ni de la misma clase y casi ni del mismo país. Su orientación periodística ha sido muy divergente. En política, una (Barberá) es de derechas de toda la vida, pues fue fundadora de Alianza Popular en Valencia, mientras que la otra es de izquierdas y republicana ya que milita en ERC. Comparten el ser oriundas del ámbito cultural catalán pero, mientras una (Forcadell) es independentista, la otra es nacionalista española. Los cargos institucionales fueron muy distintos y ejercidos de muy distinta forma. Al principio, los importantes eran los de Barberá; al final lo es del Forcadell. Porque ambas son parlamentarias, pero mientras Forcadell preside el Parlamento catalán, Barberá está prácticamente asilada o refugiada en el Senado para protegerse de la acción de la justicia. Su proyección mediática ha sido asimismo muy distinta. Donde Barberá proyectaba una imagen digamos folklórica con manifestaciones de ridícula chabacanería, Forcadell daba una de severidad y determinación, con elementos mesiánicos.

Las dos, en efecto, pueden acabar ante los tribunales. Una (Barberá) por supuestos delitos de derecho común, la otra por razones políticas, de conciencia.

No hace falta decir nada más.

(Las imágenes son sendas fotos de Partit Popular Comunitat Valenciana y Judesba, con licencia Creative Commons).

domingo, 21 de agosto de 2016

En defensa de los conductores

Hay un saber convencional de las izquierdas, especialmente las municipales: la culpa de la contaminación, el tráfico y el ruido insoportables en nuestras ciudades es de los coches, de la sobreabundancia de coches. Nadie discute esta verdad que pasa por axiomática. No hay ayuntamiento progre que no excogite algún plan para salvar las ciudades de esta plaga automovilística. Es más, por malos que sean esos planes, serán éxito seguro porque van en contra de un sector de la población estigmatizado por todo el mundo: los conductores.

Todo el mundo, en efecto, de acuerdo, incluidos muchos conductores de buena fe: la culpa de que nos ahoguemos en las ciudades, de que no se pueda caminar por ellas, de que todo sea ruido y malos olores la tienen los coches y, por ende, los conductores, seres semisalvajes, egoístas, incapaces de hacer nada por los demás.

Hay algo de verdad en esto. Pero también hay algo de mentira y de exageración y, sobre todo, de injusticia. Veamos algunas precisiones que debieran obligar a los ayuntamientos progres a reconsiderar sus políticas de circulación.

1.- El coche ya no es un artículo de lujo, como en tiempos del franquismo, sino un medio de trabajo. Nuestro modo de producción está basado en la movilidad de la mano de obra dentro y fuera de las ciudades, gracias a los coches. Si se pierde esa movilidad, habrá problemas.

2.- La industria automovilística es uno de los sectores que más aporta al PIB. El porcentaje de población activa directa o indirectamente dependiente de ella es enorme. Todo el modelo está basado en la publicidad de los automóviles, de forma que esta consiste en fomentar en la gente el consumo de un medio que luego le prohíben utilizar.

3.- En buena medida, las haciendas locales se nutren del impuesto de circulación de vehículos que todos los conductores pagamos religiosamente. Sin embargo, los ayuntamientos prosiguen su política de excluir la circulación de superficies urbanas cada vez más extensas. Es decir, se nos obliga a pagar por un bien pero se nos impide acceder a él. En la medida en que los ayuntamientos eliminen la circulación automovilística de las ciudades debieran dejar de cobrar el impuesto de circulación.

4.- Y no solo por exclusión, sino también por un sistema de privilegios para unos cuantos y un trato injusto para los conductores ordinarios. El ejemplo más sangrante es el del gremio del taxi: entre otros injustificables privilegios a costa del contribuyente, los taxistas circulan por las vías reservadas a los servicios públicos y tienen zonas de estacionamiento prohibidas a los conductores normales. O sea, prohibidas a quienes pagamos los impuestos para conservar esos privilegios para que los disfruten quienes no los pagan. Suele decirse que el del taxi es un servicio público, pero eso no es verdad: es un servicio público de empleo singular, privado y costoso. Solo es público de nombre, pero no de contenido. Suele decirse, asimismo, que los taxistas necesitan los privilegios citados porque el taxi es su trabajo. Pero es que esa es la circunstancia de más del 70% de los coches que circulan por nuestras ciudades: trabajo. Los coches se usan para ir al trabajo y volver de él, para hacer gestiones, chapuzas, encargos. Casi siempre que vamos en coche por las ciudades, estamos trabajando. Ni más ni menos que los taxistas. Lo que los conductores no tenemos es un lobby, una asociación, un grupo de interés para presionar a las autoridades, amenazarlas con huelgas, etc., para lograr los privilegios.

Privilegios que tenemos que pagar los conductores, el sector estigmatizado por excelencia.

Tomen el último ejemplo: una empresa privada de alquiler de bicicletas convence al Ayuntamiento madrileño de lo progre y ecológico que es fomentar el uso de esos aparatos. Dicho y hecho: se reservan unos espacios (que se restan a las escasas y muy caras plazas de estacionamiento de los automovilistas) para las bicis y, por supuesto, se permite que los ciudadanos las usen sin el preceptivo casco ya que ello haría mermar los beneficios de la empresa. Si usted va pedaleando por su pueblo sin casco, le puede caer una multa; si va usted sin casco por Madrid no le cae nada porque el Ayuntamiento de Madrid, muy ecológico y progre, está al servicio de las empresas privadas y no de los ciudadanos, especialmente si son conductores.

Palinuro está de acuerdo, por supuesto, en que son necesarias políticas municipales medioambientales y que es preciso poner coto a la invasión automovilista. Pero no por el procedimiento fácil, demagógico e injusto de cargar todas las culpas sobre los conductores a los que se pretende expulsar de las ciudades al tiempo que se les siguen cobrando los impuestos de circulación. Y ello para que los taxistas, los ciclistas (que, por cierto, no suelen respetar las reglas de tráfico) y otros privilegiados (por ejemplo, los repartidores de géneros en comercios o bares, que interrumpen sistemáticamente la circulación) puedan seguir disfrutándolos sin pagar.