Al día siguiente de su triunfo electoral con mayoría absoluta en las elecciones del noviembre de 2011, el gobierno puso en marcha sus dos líneas fundamentales de acción con contundencia: 1ª) desmantelar el Estado del bienestar, hacer pagar la crisis a las clases trabajadoras, permitir mayor acumulación a la banca, reducir las pensiones de jubilación, etc. 2ª) eliminar los derechos de todo tipo de la ciudadanía, desde el derecho al aborto, hasta la libertad de expresión. Del éxito obtenido en la primera línea dan fe las manifestaciones de jubilados. Del de la segunda, este informe de Amnistía Internacional.
En lo referente a la libertad de expresión (y otrtos derechos concomitantes, como manifestación, reunión, etc), la saña del gobierno ha sido absoluta. De un lado, ha monopolizado el discurso público desde el primer momento, poniendo los medios audiovisuales públicos a su servicio incuestionable, como un verdadero aparato de propaganda y valiéndose de las arbitrarias subvenciones para comprar a los medios privados, singularmente los periódicos. Expresarse en estos medios en este momento solo es posible a favor del gobierno y vociferando. Y así como alienta y financia (sobre todo, financia, con dineros públicos) la ideología de la derecha, que es una mezcla de neoliberalismo de amigotes y nacionalcatolicismo, reprime con dureza toda manifestación contraria.
La reforma del código penal de 2015 y la promulgación de la Ley Mordaza ese mismo año que, a pesar de las muchas promesas de la oposición, sigue injustamente en vigor eran como un manto plomizo sobre las libertades ciudadanas, en especial la de expresión. Conjuntamente con otras medidas coadyuvantes, como el aumento de las tasas judiciales, se trataba de someter a la población por el temor. Los puntos que denuncia Amnistía Internacional, la indeterminación de los tipos delictivos, la excesiva cuantía de las multas, dejan a la ciudadanía en una situación de indefensión,agudizada por la naturaleza esencialmente interpretable de algunos delitos como el "enaltecimiento del terrorismo".
La Ley Mordaza, inspirada en la concepción del orden público del franquismo, pretende criminalizar la manifestación pública de opiniones y deja a los ciudadanos a merced de la arbitrariedad de la policía que goza de un exceso de atribuciones hasta el extremo de suplantar a los jueces. Y no es pura teoría. Mientras el ministerio perpetraba el proyecto de ley mal llamada de seguridad, la delegación del gobierno de Madrid, dirigida por Cristina Cifuentes, ya aplicaba en la práctica la concepción represiva del derecho de manifestación y la libertad de expresión que luego incorporaría la ley. La primera mordaza la impuso durante su mandato la señora Cifuentes, cuyos policías tan pronto cargaban contra la gente como identificaban a todos los transeúntes a su libre albedrío con las consiguientes multas.
La inseguridad de la vida amordazada llega al paroxismo cuando los jueces aplican una justicia política. Si eso está pasando o no se dilucida comparando cuántos ciudadanos de izquierda han sido procesados por "delitos" de expresión (enaltecimiento del terrorismo, insultos a esto o aquello, humillación de las víctimas, odio, etc) y cuántos de derecha y cuántos de extrema derecha. Cuántos tuiteros, titiriteros, cómicos de izquierda y cuántos de derecha.
"Justicia" política la que se aplica en materia de ideas, convicciones, ideologías. Por más que los jueces tratan de dar al procesamiento de los independes una forma estrictamente jurídica, es patentemnte una causa política por razones de convicción. Escuchar que el acatamiento de la Constitución es una exigencia jurídica de trascendencia penal lleva a concluir que el procesamiento es inquisitorial y que, si los políticos niegan la libertad de expresión, los jueces van un paso más allá y niegan la libertad de conciencia.
Y ahí, ya estamos perdidos.
