La libertad de expresión es la base de todo

Sin libertad de expresión todos los demás derechos son papel mojado. Por eso, lo primero que hacen los tiranos es reducirla o suprimirla. Lo primero que hizo el gobierno del PP vencedor con mayoría absoluta parlamentaria en 2011 fue cambiar el estatuto legal de la RTVE para suprimir en ella la libertad de expresión y ponerla a su servicio y lo segundo, elaborar una ley de restricción de las libertades públicas, singularmente de expresión, reunión y manifestación que se promulgó en 2015 como Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, más conocida como Ley Mordaza.

La inquina de la derecha neofranquista a la libertad de expresión es acendrada y muy fuerte. A estas alturas son varios los titiriteros, raperos y tuiteros procesados por enaltecimiento de lo que no se debe enaltecer, injurias a quien no se puede injuriar, atentado contra unos sentimientos religiosos contra los que es permisible atentar. Todo pura especulación, fabulación, interpretación y arbitrariedad. 

Quien impone límites a la libertad de expresión sabe en dónde empieza, pero no en dónde acabará. Entre castigar algo tan etéreo como la falta de respeto a los símbolos e imponer un código de decoro público religioso por ejemplo, solo hay un paso.

Y ello sin mencionar un factor adicional. La represión de la libertad de expresión no solamente es una injusticia sino una doble injusticia porque depende de qué ideologías sean las implicadas: las injurias, faltas de respeto, amenazas, insultos, coacciones de la extrema derecha, muchas de ellas muy relacionadas con el PP, ni se consideran en justicia. No van a los tribunales. Esta justicia es injusta porque es manifiestamente parcial, política.   

Un país amordazado

Al día siguiente de su triunfo electoral con mayoría absoluta en las elecciones del noviembre de 2011, el gobierno puso en marcha sus dos líneas fundamentales de acción con contundencia: 1ª) desmantelar el Estado del bienestar, hacer pagar la crisis a las clases trabajadoras, permitir mayor acumulación a la banca, reducir las pensiones de jubilación, etc. 2ª) eliminar los derechos de todo tipo de la ciudadanía, desde el derecho al aborto, hasta la libertad de expresión. Del éxito obtenido en la primera línea dan fe las manifestaciones de jubilados. Del de la segunda, este informe de Amnistía Internacional.

En lo referente a la libertad de expresión (y otrtos derechos concomitantes, como manifestación, reunión, etc), la saña del gobierno ha sido absoluta. De un lado, ha monopolizado el discurso público desde el primer momento, poniendo los medios audiovisuales públicos a su servicio incuestionable, como un verdadero aparato de propaganda y valiéndose de las arbitrarias subvenciones para comprar a los medios privados, singularmente los periódicos. Expresarse en estos medios en este momento solo es posible a favor del gobierno y vociferando. Y así como alienta y financia (sobre todo, financia, con dineros públicos) la ideología de la derecha, que es una mezcla de neoliberalismo de amigotes y nacionalcatolicismo, reprime con dureza toda manifestación contraria.

La reforma del código penal de 2015 y la promulgación de la Ley Mordaza ese mismo año que, a pesar de las muchas promesas de la oposición, sigue injustamente en vigor eran como un manto plomizo sobre las libertades ciudadanas, en especial la de expresión. Conjuntamente con otras medidas coadyuvantes, como el aumento de las tasas judiciales, se trataba de someter a la población por el temor. Los puntos que denuncia Amnistía Internacional, la indeterminación de los tipos delictivos, la excesiva cuantía de las multas, dejan a la ciudadanía en una situación de indefensión,agudizada por la naturaleza esencialmente interpretable de algunos delitos como el "enaltecimiento del terrorismo".

La Ley Mordaza, inspirada en la concepción del orden público del franquismo, pretende criminalizar la manifestación pública de opiniones y deja a los ciudadanos a merced de la arbitrariedad de la policía que goza de un exceso de atribuciones hasta el extremo de suplantar a los jueces. Y no es pura teoría. Mientras el ministerio perpetraba el proyecto de ley mal llamada de seguridad, la delegación del gobierno de Madrid, dirigida por Cristina Cifuentes, ya aplicaba en la práctica la concepción represiva del derecho de manifestación y la libertad de expresión que luego incorporaría la ley. La primera mordaza la impuso durante su mandato la señora Cifuentes, cuyos policías tan pronto cargaban contra la gente como identificaban a todos los transeúntes a su libre albedrío con las consiguientes multas.

La inseguridad de la vida amordazada llega al paroxismo cuando los jueces aplican una justicia política. Si eso está pasando o no se dilucida comparando cuántos ciudadanos de izquierda han sido procesados por "delitos" de expresión (enaltecimiento del terrorismo, insultos a esto o aquello, humillación de las víctimas, odio, etc) y cuántos de derecha y cuántos de extrema derecha. Cuántos tuiteros, titiriteros, cómicos de izquierda y cuántos de derecha. 

"Justicia" política la que se aplica en materia de ideas, convicciones, ideologías. Por más que los jueces tratan de dar al procesamiento de los independes una forma estrictamente jurídica, es patentemnte una causa política por razones de convicción. Escuchar que el acatamiento de la Constitución es una exigencia jurídica de trascendencia penal lleva a concluir que el procesamiento es inquisitorial y que, si los políticos niegan la libertad de expresión, los jueces van un paso más allá y niegan la libertad de conciencia.

Y ahí, ya estamos perdidos.

Desamordazando

La infausta X Legislatura con mayoría absoluta del PP entre 2011 y 2015 consagró una involución democrática en el país de tales dimensiones que muchos empezaron a hablar de la "ruptura de los consensos básicos de la transición". Arrullados por los años de bonanza y la legislación esclarecida y generosa del primer gobierno de Zapatero y su problemática continuación en el segundo, los españoles se despertaron de repente ante un intento de retrotraerlos al franquismo. El mandato de Rajoy, con sus 186 diputados le permitió ignorar de hecho al Parlamento y gobernar por decreto ley con un autoritarismo que no solo se evidenciaba en las formas sinbo también en los contenidos. Los cuatro años en cuestión abundaron en normas arbitrarias, reaccionarias y nacionalcatólicas, pero cuatro de ellas tenían una importancia especial porque respondían al sentimiento más profundo de la derecha tradicional española, hoy maridada con una corriente neoliberal de procedencia anglosajona. Los cuatro puntos eran: la reforma laboral (que permitiera aumentar la tasa de explotación de los trabajadores activos o en el paro); la reforma educativa (que aumentara los privilegios de la enseñanza concertada y diera a la Iglesia de nuevo el poder en el sistema educativo); la reforma del aborto (que devolviera a las mujeres a la situación de subalternidad en la sociedad patriarcal); y el orden público (que estableciera un régimen de "seguridad ciudadana" represivo). Se añade a esto la actitud de hostilidad cerrada hacia Cataluña y el carácter estructural y generalizado de la corrupción y ya tenemos un régimen que cabe calificar tranquilamente de neofranquista. El que el PSOE ha permitido seguir en el poder merced a su abstención.

Pero hasta el granito escurialense que compone la mentalidad de la derecha española acusa el paso del tiempo. No fue necesario que el PP perdiera su mayoría absoluta en 2015 y 2016 para que alguno de sus ataques a las libertades y derechos de los ciudadanos se estrellaran contra la realidad. Tal el proyecto de Ley que el ex-ministro de Justicia, Ruiz Gallardón perpetró en contra de los derechos de la mujeres so pretexto de "emanciparlas" prácticamente prohibiendo la interrupción voluntaria del embarazo. Era tan retrógado, tan misógino, tan clerical el proyecto que hasta los compañeros de Gallardón se lo boicotearon y lo echaron para atrás. Así, de paso, nos quitamos de encima a quien, por otro lado, estaba dispuesto a poner la administración de justicia fuera del alcance de los justiciables que no fueran millonarios.

La situación actual del gobierno en minoría parlamentaria ya ha tocado los otros puntales del régimen involucionista de 2011: la reforma laboral, la educación y la seguridad ciudadana. Sobre la reforma laboral tenemos dos opiniones de dos empresarios radicalmente opuestas. Una, un catalán del gremio de hostelería que pide que se derogue y otra del dueño de las pipas "Facundo" que pide que se quede como está. El tal Facundo, según parece, está o ha estado en deuda con la Hacienda Pública. Juzguen ustedes quién tiene más autoridad moral al pronunciarse.

Las barbaridades de la LOMCE están siendo ya atendidas en una comisión tripartita del PP, el PSOE y C's. Las reválidas han quedado sin efecto. En realidad, toda la LOMCE ha quedado en el basurero de la historia y la legislatura apenas ha empezado. El gobierno ha hecho algún amago de defenderla, pero sin auténtica convicción.

Ahora le toca el turno a la desgraciada Ley Mordaza que probablemente sea la más simbólica de esta derecha neofranquista. La cúpula del ministerio del Interior, que la alumbró, especialmente el ministro Fernández Díaz, no solamente no era competente para el cargo sino que su conducta, su incapacidad para distinguir entre sus deberes públicos y sus alucinaciones privadas, lo hacía más idóneo para pasar una consulta psiquiátrica. Es una norma que muestra un espíritu cerrado, autoritario, arbitrario, reacio a la misma idea de derechos y libertades públicas y un desprecio por la dignidad del ciudadano. Otorga todo tipo de facultades discrecionales a los policías y despoja de sus derechos y libertades a lo ciudadanos, a los que apenas deja margen de recurso y a los que multa por comportamientos prohibidos con cantidades inverosímiles. Ese espíritu es el que compartían por aquellos años el ministro en cuestión y la delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, hoy presidenta de la Comunidad. La gestión de esta en orden público estaba a tono con lo dispuesto luego en la ley: la policía podía hostigar a los ciudadanos pacíficos en la calle, se reprimía a voleo, poniendo multas a los viandantes a ojo de los agentes a los que no se podía ni fotografiar.

En fin esa norma abusiva, dictatorial (y eso que ha sido muy dulcificada al pasar por el Parlamento) es la que se pretende ahora derogar con el muy encomiable fin de devolver a las personas que vamos por la calle la condición de ciudadanos titulares de derechos, entre ellos, el de no ser hostigados a capricho por los agentes de la autoridad. Hay quien dice que no se puede derogar por completo porque se generarían vacíos legales. No tiene por qué. Si se deroga la Ley Mordaza puede volver a entrar en vigor la anterior Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana que esta mordaza había sustituido. En todo caso, tampoco es imprescindible derogar. Bastará con que la comisión la reforme a fondo y elimine de ella todos los ataques a la seguridad jurídica de los ciudadanos, todas las posibles arbitrariedades de la policía y los poderes públicos y todo ataque a los derechos y libertades públicas de los ciudadanos.

Los otros dos asuntos fuera de programa, la cuestión catalana por un lado y la de la corrupción por otro, siguen su curso y no está claro que el Parlamento español vaya a hacer algo al respecto. La cuestión catalana depende casi exclusivamente de la iniciativa política del independentismo. La de la corrupción, de la acción judicial. En los dos casos, el gobierno tiene poco que hacer.

Las tornas han cambiado mucho entre la X y la XII legislaturas. Lo que esta augura es una derrota tras otra del gobierno en todos los asuntos excepto, probablemente, en la cuestión catalana en la que la oposición presumiblemente votará con el ejecutivo. Y no está claro que con su estilo soberbio y arrogante, Rajoy sea capaz de aguantar mucho la labor de deconstrucción de un parlamento con mayoría absoluta de la oposición. Acabará convencido de que, si no convoca elecciones, no podrá gobernar.

Pero la convocatoria de elecciones es arma de dos filos. La presunción de que, de convocarse, favorecerían al PP no se basa en nada y, en consecuencia, se tratará de estirar algo el tiempo, hasta tener más seguridad. Ese interés dilatorio es el que comparte el gobierno del PP con la junta golpista del PSOE que, saltándose una vez más su deber a la torera, ha aplazado la reunión del Comité Federal prevista para diciembre a enero de 2017. Es difícil hacer oposición a un gobierno con el que se tienen tantos intereses comunes.

Pero el mayor de todo y el que permite suponer que, aunque el cuerpo le pida otra cosa, Rajoy no convocará elecciones, vuelve a ser Cataluña. El nacionalismo español no puede permitirse el lujo de andar sin gobierno en 2017, mientras la hoja de ruta del independentismo va avanzando.

Hermana cebra, hermano buitre

La Casa Encendida de Madrid, ese lugar casi mágico de la Ronda de Valencia nº 2 en Madrid, se ha convertido en el centro estratégico de una campaña de Capital Animal entre abril y junio en la que se promoverán debates, se realizarán encuentros, charlas, exposiciones sobre las cuestiones animalistas, especialmente la de los derechos de los animales. Y, además de la Casa Encendida, los actos tendrán lugar en la Calcografía Nacional, el Matadero de Madrid, el Reina Sofía y el Museo Lázaro Galdeano. Una iniciativa espléndida en defensa de los animales y de la cultura vegetariana.

La exposición en la Casa Encendida, comisariada por Rafel Doctor con la ayuda de Ruth Toledano y Ruth Montiel Arias, consta de tres salas con tres temáticas diferentes. En una hay unas 200 reproducciones gráficas de todo tipo de animales en todos los soportes, óleos, grabados, acuarelas, litografías, xerigrafías, fotografías, etc aportados por un montón de artistas, desde los más conocidos como El Roto, Forges, Ouka Lele, El Hortelano, etc, hasta los casi anónimos, pero todos ellos animados por una misma intención: reproducir la belleza del mundo animal. La abigarrada densidad de la representación hace que el espectador se sienta casi abrumado. Las reproduciones no dejan un palmo de pared exento y las hay desde el suelo al techo, lo que trasmite una sensación de plenitud por entrar en contacto con un mundo, aunque sea vicariamente, del que habitualmente ignora todo pero que es fascinante e infinito.

Otro espacio es un terreno de denuncia de las barbaridades que los seres humanos cometemos con los animales. En todo tipo de soportes: fotos, dibujos, objetos y vídeos se historia esta relación de dominación, indiferencia y crueldad entre el homo sapiens y las bestias. Esa barbarie queda especialmente documentada en los vídeos, los que muestran las prácticas de los mataderos industriales actuales, desde el momento en que se abate el animal hasta que su carne es empaquetada en inocentes envases que parece que solo contengan plástico, pasando por los procsos intermedios del despelleje, el descuartizamiento, etc. Son imágenes muy duras, muy impactantes. Es imposible, creo, olvidar las caras de terror de las terneras cuando las abaten o los chilldos desgarradores de los cerdos.

El tercer espacio es uno interactivo. En él se sigue haciendo campaña a favor de los animales y del vegetarianismo, pero las piezas que se muestran, juegos, dibujos, composiciones, reclaman la participación del visitante, lo invitan a actuar, a acercarse a un mundo de preocupación por los animales que a muchos de nosotros nos es desconocido. Es una parte didáctuca y muy bien pensada.

El resumen, la quintaesencia de esta exposición y de todas las actividades de Capital Animal 2016 es el problema de los derechos de los animales, cada vez más presente en los debates filosófico, jurídicos y politológicos. Tenía razón Sir Isaiah Berlin cuando afirmaba que lo característico de la democracia y de nuestra época es la coexistencia de valores inconmensurables. En una misma sociedad pueden coexistir bárbaros como el ex-ministro Wert que considera que las corridas de toros son un bien cultural y hace que las subvencionen con 600 millones de euros (de dinero ajeno, bien entendido) o energúmenos como quienes alancean hasta la muerte al toro de la Vega y gente de sensibilidad y generosidad como Ruth Toledano que fue agredida por uno de esos primates de Tordesillas por oponerse a la tortura del pobre animal. Valores opuestos, contrarios, excluyentes, el respeto y el desprecio por la vida del animal a la par en un mismo orden social. Berlin estaría encantado del ejemplo pero, sin duda, un hormiguillo le haría dudar: si son excluyentes los valores, ¿podemos reputarlos coexistentes por algo más que por la mutua imposibilidad de eliminarse físicamente? Entiendo que alguien para quien la música sea el valor supremo coexista, conviva y hasta haga excelentes migas con algún otro entregado apasionadamente a la exploración submarina. Son valores no coincidentes pero amigables. No veo cómo pueden coexistir partidarios y enemigos de torturar a los animales salvo el tiempo en que lo justicia tarde en dictar un fallo.

La cuestión de fondo es la de los derechos de los animales. Muchos niegan que tal cosa exista argumentando que los animales carecen de razón. Los derechos son nuestros porque nosotros sí la tenemos. Suponen, obviamente, que la única razón que existe es la humana. Quizá sea mucho suponer, pero, además se plantea el problema de por qué reconocemos derechos también a aquellos seres humanos que, por el motivo que sea, carecen de razón, por ejemplo, los locos.

Los animalistas sostienen, además, que la titularidad de los derechos no recae en los animales por la condición racional sino por la de seres sufrientes. Las animales sufren y los seres humanos no debemos hacer sufrir a un ser vivo. Eso es claro. Y convincente. Los animales, como seres vivos (y con independencia de cómo calificar a sus procesos nerviosos superiores) tienen derecho a que no se les haga sufrir. Sigue siendo convincente. Y ¿que podemos decir frente a la objeción de que de nada sirve reconocer derechos a unos seres que no pueden hacerlos valer ni ejercerlos? Que esos derechos encuentran su correlato en nuestros deberes. Son derechos de los animales frente a nosotros, que somos sus principales depredadores, y que se convierten en deberes nuestros: tenemos el deber de no hacer sufrir, de no causar daño a los animales. Tenemos el deber de legislar protegiéndolos como si el legislador fuera San Francisco de Asís.

Confieso que tengo menos claro otro asunto: el de ¿a qué animales nos referimos? Cuando se habla de derechos de los animales, creo, se da por supuesto que nos referimos a las especies superiores, domésticas y domesticables: las mascotas y los animales que utilizamos por razón del provecho que extraemos de ellos como bestias de tiro y carga o para otros menesteres. Pero ¿qué sucede con los animales salvajes? Cuando estos atacan al ser humano, es de suponer, asiste a este el derecho de legítima defensa, como si de dos persons se tratara. Pero ¿qué sucede cuando un animal ataca a otro porque es su fuente de alimentación? Igual que cuando dos animales domésticos se atacan entre sí. Sin duda, los bárbaros que apañan peleas de gallos o de perros deben ir a parar con los huesos en la trena, ¿pero qué decimos cuando, sin intervención humana, dos gallos se entrematan? ¿Hay relato de derechos ahí? Conste que no digo que sí ni que no; simplemente me lo pregunto. Como me pregunto qué sucede con las especies animales inferiores o en qué concepto tenemos a esos jainistas de la india cuyo respeto por la vida animal los hace caminar barriendo el suelo para no pisar las hormigas.

De todas formas, Palinuro defiende el concepto de los derechos de los animales como principio. Quiénes sean los titulares y hasta dónde alcanzan esos derechos es materia controvertida sobre lo que queda mucho por discutir.

Lo que está fuera de discusión es que convertir el sufrimiento y la tortura de un animal en un espectáculo debiera estar radicalmente prohibido.

Hoy, sobre el derecho a decidir en la Universidad de Zaragoza

Facultad de derecho, en Zaragoza, una mesa redonda-conferencia con muy ilustres colegas juristas sobre el Derecho a decidir, organizado por Diplocat y la Fundación Manuel Giménez Abad Voy encantado, sobre todo, tras haberme metido entre pecho y espalda el mamotreto de Cagiao Conde y Gennaro Ferraiuolo sobre ese mismo tema y que reseñé en el post aporías jurídicas hace unos días. O sea, que voy puestísimo. Eso aparte de que no tengo querella alguna con el "derecho a decidir" salvo que me parece un prudente eufemismo, una especie de elegante understatement para no despertar la fiera en lo más hondo de la caverna si oye hablar del derecho de autodeterminación de la nación catalana.

No se me escapa, pues no soy tan romo, que la expresión "derecho a decidir", así con esa encantadora vagarosidad kantiana, trata de conseguir un objetivo más cuantificable, tangible, palpable: convencer al legislador español de que permita el ejercicio de ese derecho en el marco de la Constitución. Ciertamente, si entre los intérpretes, asesores y decisores españoles hubiera gente con altura de miras, raciocinio, entendimiento esclarecido, gente libre y abierta, podría hacerse una "interpretación conforme" (que diría el Tribunal Constitucional) de la Constitución y delegar en la Generalitat la competencia para convocar un referéndum consultivo en Cataluña. Desde luego, nada más fácil.

Esa posibilidad solo tropieza con un inconveniente que afecta tanto al nacionalismo español de derechas como al de izquierdas: que a ningun de los dos (ni, por supuesto a los chuletas de C's) les da la real gana de acceder a algo tan elemental. Por eso es igual que lo llamemos "derecho de autodeterminación", "derecho a decidir", "derecho a soñar" o "derecho a tener derechos", como dice Stefano Rodotà. La respuesta es siempre "NO". Y por más Zaragozas que le echemos será siempre "NO".

El "SÍ" lo tendremos que arrancar; pacíficamente, pero con tenacidad y aguante.

Aula magna de la Facultad de derecho.- 16:00. Entrada libre. Creo que dan un diploma de asistencia.

Y mañana, en la universidad de Zaragoza

¡Qué vida! Hoy en Valladolid y mañana en Zaragoza, también Facultad de Derecho, una mesa redonda-conferencia con muy ilustres colegas juristas sobre el Derecho a decidir, organizado por Diplocat y la Fundación Manuel Giménez Abad Voy encantado, sobre todo, tras haberme metido entre pecho y espalda el mamotreto de Cagiao Conde y Gennaro Ferraiuolo sobre ese mismo tema y que reseñé en el post aporías jurídicas hace unos días. O sea, que voy puestísimo. Eso aparte de que no tengo querella alguna con el "derecho a decidir" salvo que me parece un prudente eufemismo, una especie de elegante understatement para no despertar la fiera en lo más hondo de la caverna si oye hablar del derecho de autodeterminación de la nación catalana.

No se me escapa, pues no soy tan romo, que la expresión "derecho a decidir", así con esa encantadora vagarosidad kantiana, trata de conseguir un objetivo más cuantificable, tangible, palpable: convencer al legislador español de que permita el ejercicio de ese derecho en el marco de la Constitución. Ciertamente, si entre los intérpretes, asesores y decisores españoles hubiera gente con altura de miras, raciocinio, entendimiento esclarecido, gente libre y abierta, podría hacerse una "interpretación conforme" (que diría el Tribunal Constitucional) de la Constitución y delegar en la Generalitat la competencia para convocar un referéndum consultivo en Cataluña. Desde luego, nada más fácil.

Esa posibilidad solo tropieza con un inconveniente que afecta tanto al nacionalismo español de derechas como al de izquierdas: que a ningun de los dos (ni, por supuesto a los chuletas de C's) les da la real gana de acceder a algo tan elemental. Por eso es igual que lo llamemos "derecho de autodeterminación", "derecho a decidir", "derecho a soñar" o "derecho a tener derechos", como dice Stefano Rodotà. La respuesta es siempre "NO". Y por más Zaragozas que le echemos será siempre "NO".

El "SÍ" lo tendremos que arrancar; pacíficamente, pero con tenacidad y aguante.

Aula magna de la Facultad de derecho.- 16:00. Entrada libre. Creo que dan un diploma de asistencia.

Hablar claro es bueno, II.

En el post de ayer anunciaba mi intención de matizar algunas de las nuevas propuestas reformistas de Podemos. Lo hago ahora con ánimo constructivo y de modo sucinto:

Reforma del sistema electoral. Si de verdad se busca la máxima proporcionalidad, no hay que ir muy lejos. Basta con copiar el sistema alemán que mezcla el criterio proporcional y el mayoritario y en todas las clasificaciones del mundo aparece en el primer o segundo puesto de proporcionalidad, mientras que el sistema español actual es el último, con menos proporcionalidad que muchos sistemas mayoritarios, lo que es francamente ridículo.

Independencia de la justicia. Dejar la composición del órgano disciplinario de la magistratura en manos de los propios jueces. La composición actual viene del temor que suscitaba el predominio de jueces franquistas. Ha pasado el tiempo y, aunque los jueces siguen siendo un estamento conservador, ya son mayoría los de generaciones posteriores. Supresión de la Audiencia Nacional. Supresión del Tribunal Constitucional y atribución de la jurisdicción constitucional con formulación nueva al Tribunal Supremo en una sala cuya composición quizá pueda fiscalizar el Parlamento.

Blindaje de derechos de la ciudadanía. Reforzar la protección de los derechos económicos y sociales. Especial atención a los medioambientales. Recuperación, desarrollo y protección del derecho del trabajo, desmantelado por la derecha. En este campo de derechos, singular atención a la perspectiva de género que debe hacerse siempre eficaz dejando expedito el recurso a los tribunales de justicia para su aplicación.

Lucha contra la corrupción. Aplicación de la legislación penal a los corruptos. Obligación de declaración de bienes al iniciar todos los cargos públicos, rendición pública de cuentas y auditorías en los relevos. Aumento substancial del plazo de prescripción. Obligación de todas las administraciones de publicar en la red todas sus transacciones económicas. Revisión de la financiación pública de los partidos.

Cataluña. Referéndum vinculante de autodeterminación. Es posible, como decíamos ayer, que esta propuesta llegue tarde, pero debe formularse. Es posible también que, si la situación catalana se enquista en una espiral de acción independentista/reacción unionista, sean los otros Estados quienes obliguen al español a celebrar ese referéndum que debió de haberse convocado hace muchos años.

A estas cinco propuestas reformistas, Palinuro añade dos sustantivas más y una de procedimiento que considera imprescindibles:

Separación real de la Iglesia y el Estado y supresión de la financiación pública de aquella. Se entiende que ello implica supresión de las transferencias directas así como del lucro cesante de sus privilegios de todo tipo.

Celebración de un referéndum para decidir la forma del Estado. Si república o monarquía.

La cuestión de procedimiento: convocatoria de una convención general extraordinaria por si todavía existe alguna posibilidad de acordar una organización territorial española de consenso.

La culpa es de la oposición.

Aprovecho que los periódicos todavía pueden mostrar testimonios gráficos de la brutalidad de la policía al servicio de este gobierno autoritario y semifascista. Cuando entre en vigor la Ley Mordaza que han cocinado los psicópatas de Interior, la publicación de estas imágenes que, en cualquier país civilizado harían caer a los responsable políticos de que la policía actúe como una banda de matones, será sancionada con multas estratosféricas y, posiblemente con una buena paliza a los responsables a fin de seguir sembrando un sano terror en España.

 

A propósito, el motivo de esta nueva agresión de las fuerzas represivas a la ciudadanía es una Operación Pandora que tiene toda la pinta de ser otro montaje policial para justificar la brutal Ley Mordaza y, de paso, criminalizar a los anarquistas, quienes suelen encabezar las listas de víctimas de la vesania nacionalcatólica.

 

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos alcanzado este nivel de degeneración democrática que en tres años nos ha dejado a la altura del México de hoy?

 

Muy sencillo: porque hemos tolerado todo tipo de abusos.

 

Hemos tolerado que gobierne un partido que es una presunta banda de ladrones con decenas y decenas de cargos en procesos penales, probablemente la punta del iceberg del gigantesco expolio que estos sinvergüenzas han organizado en el país con una corrupción insólita que ahora, los más granujas de ellos, quieren hacer extensiva a toda la ciudadanía. Los ladrones tratando de convencer a las víctimas de que ellas también roban.

 

Hemos tolerado en la presidencia del gobierno a un embustero redomado, sospechoso de cobros en B, maniobrero, taimado, una persona indigna no ya de presidir un país sino una peña de fútbol en un oasis del desierto. Un incompetente cuya falta de escrúpulos solo es comparable a su arrogancia, capaz de mentir sin que se le descomponga el peinado aunque el compulsivo guiño del ojo izquierdo lo traicione como el maullido del gato en el cuento de Poe.

 

Hemos tolerado que estos indeseables prolonguen la crisis a costa de los más desfavorecidos y en beneficio de empresarios y banqueros depredadores, pero sobre todo de su propio bolsillo, pues todos ellos están pringados en el expolio nacional. No hemos reaccionado cuando han desmantelado el Estado del bienestar, despojado de sus derechos a la gente, excluido a los inmigrantes, expulsado a los jóvenes, eliminado la asistencia a los dependientes o robado sus pensiones a los jubilados.

 

Hemos permitido que esta presunta asociación de malhechores se cisque en el Parlamento, reducido a una cámara para aplaudir las mentiras del jefe y que ha llevado su ignominia al extremo de tener de portavoz de la partida a un jayán energúmeno que no solo insulta cuando habla sino que es capaz de agredir físicamente a quienes no piensen como él.

 

Estamos permitiendo que se nos imponga una Ley Mordaza para amedrentar a la gente, perseguir las protestas, criminalizar la oposición y cercenar los derechos y libertades de la ciudadanía. Como estamos permitiendo que este Estado policía espíe a los ciudadanos en violación del secreto de las comunicaciones garantizado por una Constitución que no solamente no respetan sino que usan como cachiporra contra los adversarios, singularmente los nacionalistas no españoles. Y hemos permitido que nos arrebaten el derecho a la tutela de la justicia poniendo unas tasas judiciales tan altas que nadie puede pedir el amparo de las tribunales si no es cayendo en la ruina.

 

De esta manera, este personaje sin categoría ni principios y su partida de amigos, deudos y clientes ha conseguido la mutación constitucional perfecta: convertir el gobierno del país en una dictadura disfrazada de democracia.

 

Todo eso lo hemos permitido los españoles. Pero unos más que otros. Es poco lo que la gente normal podemos hacer fuera de salir a la calle a protestar con una probabilidad muy alta de que algún vándalo de uniforme nos abra la cabeza a porrazos y, encima nos denuncie, fabrique las pruebas, nos impongan una multa ruinosa y, si dan con juez servil, que los hay y muchos, nos envíen a la cárcel siendo inocentes.

 

Podrían hacer mucho más los partidos de la oposición si quisieran. En el fondo, si hemos llegado a esta grado de degeneración es en parte por su cobardía, su inhibición cuando no su complicidad. Dentro de unos días, el hombre de los sobresueldos irá al Congreso a exponer con toda falsedad y demagogia unas medidas en contra de la corrupción de la que él es el máximo responsable político. Y los partidos de la oposición, que no tienen el coraje de pedir su dimisión ni de interponer una moción de censura, legitimarán con su presencia esta farsa y mostrarán una vez más su absoluta carencia de espina dorsal.

 

Si la oposición tuviera dignidad, coraje, integridad y responsabilidad, habría abandonado ya ese hemiciclo de la vergüenza y dejado sola a esta partida de presuntos ladrones, con el energúmeno y el embustero a la cabeza y se habría retirado a otro lugar que solo por estar ella allí sería el reducto de las libertades y el derecho frente a la injusticia, el abuso y el atropello. De conseguirse algo así, este oprobio de gobierno no duraría una semana.

 

Pero, sí, en el fondo somos todos responsables porque millones de españoles votamos a favor de esta organización de saqueadores, otros millones lo hicimos a favor de los cobardes de la oposición y otros nos abstuvimos, avisando de que, en el fondo, nos da igual lo que suceda con el bienestar y la libertad de nuestro país y con nuestra dignidad. 

Vuelve Gran Hermano.

No basta con que esté todo petado de cámaras de vídeo, fisgando los menores movimientos del personal en cualquier parte, incluidas las excusadas. Los gobernantes no se conforman con vernos hasta en cueros como un ubicuo panopticón benthamiano, sin duda por nuestro bien. Ahora quieren también escucharnos, saber qué decimos, a quién, por qué. Reforman la normativa vigente para ampliarla y, de paso, permitir al ministro y al ministro del ministro escuchar conversaciones privadas sin previa autorización de un juez. Eso ya puede hacerse en casos de terrorismo y la nueva demasía se refiere ahora a los delitos de especial gravedad. Esta calificación queda al arbitrio del ministro y el ministro del ministro, dos personalidades compulsivamente autoritarias con tendencia a considerar delito toda manifestación de disconformidad, aunque sea en susurro.

Es una decisión contraria a varios derechos como la libertad de expresión y el carácter secreto, reservado, de las comunicaciones privadas que solo puede romperse por decisión judicial. Eso es obvio y hay que ponerlo en perspectiva de una política de orden público de tono fuertemente represivo. Espiar impunemente a los ciudadanos es otra actividad típica de un Estado policía como el que lleva armándose en España en los últimos tres años. Se comenzó obstaculizando el acceso a la justicia a base de subir las tasas judiciales, de forma que la gente de medios escasos no pueda defenderse. Se siguió con una interpretación restrictiva de las normas de orden público y la adopción de tácticas de control policial preventivo que, en la práctica, sirven para hostigar y amedrentar a la ciudadanía. Se persigue y castiga toda manifestación pública con sanciones administrativas que la policía reparte por las calles casi a la pedrea. Se coartan otros derechos como el de información, a través de una nueva Ley de Seguridad Ciudadana, verdadera Ley Mordaza, que prohibe y pena fotografiar o grabar a los policías durante las actuaciones en caso de manifestción. Y se arrebatan competencias a los jueces para dárselas a la policía. En este clima autoritario de represión, acudir a la escuchas subrepticias es lo más lógico del mundo.

La represión, la vigilancia, la persecución, la criminalización son las pautas más consistentemente seguidas por la derecha gobernante. Su reiterada voluntad de proceder a una regeneración democrática que nunca se ha materializado en nada deja paso a una contrapartida cara a todo temperamento autoritario: tener preparadas las fuerzas represivas. La represión parece ser el único recurso del gobierno frente al descontento y la protesta sociales a causa de la corrupción y las políticas antisociales, así como frente al proceso soberanista catalán. Un ejemplo simple: si al ministro le da por decir que el supuesto delito de desobediencia que, según parece, la fiscalía achaca a Mas reviste especial gravedad, la policía escuchará las conversas de este con Junqueras, por ejemplo.

 

Son prácticas represivas, policiales, arbitrarias, intolerables en una sociedad democrática. Hay que impedir que prosperen porque encanallan la vida social. Y no perder de vista que, en el ámbito digital, estas prácticas represivas están a la orden del día. La policía rastrea las redes y extrae la información que juzga relevante por varios motivos, entre ellos los políticos. Ahora se apresta a dar un salto cualitativo. Igual que quiere escuchar las comunicaciones de la gente entre sí, pretende también espiar lo que cada cual se cuenta a sí mismo en la reserva de su ordenador. Los mecanismos de control remoto permiten a la policía entrar en los archivos de los particulares sin el permiso de estos, incluso sin su conocimiento y apropiarse de su información, de sus claves, de sus textos.

 

El Gran Hermano quiere vigilarlo todo otra vez, así que cuidado con lo que se dice al vecino, incluso por guasap.