Provisional

La decisión de la Audiencia navarra ha provisionalizado todo, aunque sin darse cuenta y eso es aun más grave.  Ha dejado en libertad provisional a los cinco sujetos de "la manada". Y, por lo mismo, ha dejado en situación de seguridad también provisional al resto de la sociedad; en especial a las mujeres; especialísimamente a la víctima. Porque ¿se han arrepentido de su delito? ¿Han pedido perdón? ¿Han prometido no reincidir? A los presos políticos catalanes se les ha requerido de modo inquisitorial que abjuren de sus convicciones y a estos cinco delincuentes, se les suelta a riesgo de que sigan agrediendo a la gente. Ahí está la gravedad, en que los jueces aplican un criterio estrecho de legalidad, sin tener en cuenta los derechos de sus potenciales víctimas, las citadas más arriba y el conjunto de la sociedad en cuyo interés se supone que actúan.

¿En dónde está el fallo? En las necesarias reformas mentales que dice la ministra de Justicia. Reformas mentales. Cambio de mentalidad, cosa que no se logra en un pispas. Y sí, es cosa de mentalidad. De la mentalidad reaccionaria y patriarcal de los jueces españoles, criados en la cultura jurídica del franquismo; mentalidad, por cierto, que comparten con la manada. Eso es lo que explica la estructura misma de los razonamientos del tribunal y el famoso voto particular. Los ahora condenados en libertad no veían delito y los jueces, en el fondo, tampoco. Cosa de mentalidad que ve la mujer como objeto de satisfacción del hombre. La tosca teoría se complica con algunas cesiones al espíritu del tiempo, cuidando de que el objeto no sea maltratado, que no afectan a la convicción profunda de que estas situaciones se definen siempre en términos no solo patriarcales sino machistas. 

En realidad, en Navarra, "la manada" se juzgó a sí misma y no se encontró culpable de violación. No se encontró culpable de nada pero, cediendo al ánimo público, se autocondenó ligeramente y ahora se pone a sí misma en libertad porque sabe que terminará ganando en la apelación, y siendo absuelta.

Los jueces que, ante una situación enmarcada en un contexto de dominación (que, en el fondo, comparten), no acuden a la equidad sino que se refugian en la literalidad de la norma no están haciendo justicia, sino perpetuando la injusticia.

¿A quién está juzgándose en Mallorca?

Este país tiene una deuda inmensa con el juez Castro, ese hombre que, en cumplimiento de su deber, ha instruido la causa cuya vista oral se inició el lunes y en la que, entre otros acusados, se sientan en el banquillo una infanta de España y su marido. Es fácil intuir las inmensas presiones que ha debido resistir ese  representante del Poder Judicial, viendo el papelón que en la primera sesión de la causa estuvieron haciendo el fiscal y la abogada del Estado, empeñados en apoyar a la defensa de la infanta para exonerarla contra viento y marea.

Sí, el país entero debe un homenaje al juez Castro. La base de la civilización es la justicia y la base de la justicia, la independencia y la honradez de los jueces. De cada juez.

Porque no solamente el fiscal y la abogada del Estado defendían a la acusada. Todo el establecimiento mediático, todos los publicistas del régimen, que son muchos y muy bien pagados, todas las fuerzas vivas del orden y la tradición, apoyan que se otorgue a la infanta un trato de privilegio porque, en el fondo, no creen que la justicia deba ser igual para todos.

Sin embargo, el problema no es si esta señora es acusada, juzgada y condenada o no. Aunque parezca mentira, es lo de menos. Su importancia personal es cero. De hecho la Casa Real ya la ha despojado de su título nobiliario y la ha arrojado de su seno, que es como desnaturalizarla.  No, el problema no es ella personalmente, sino lo que representa. Ella no es más que un cortafuegos. De lo que se trata es de eliminar la posibilidad de que la incriminación llegue más arriba, a su hermano, a su padre, a la Corona, a la institución monárquica. Porque, aunque las magistradas ya hayan rechazado dos veces la petición de que Juan Carlos I y Felipe VI comparezcan como testigos, sus nombres seguirán apareciendo, las peticiones seguirán produciéndose y de ellas se harán eco los medios extranjeros.

Por mucho que pretendan evitarlo, en el banquillo de la Audiencia de Mallorca no se sienta sola la infanta de España. Se sienta, se quiera o no, la sombra de su padre (presente en la sala como el espíritu del padre de Hamlet) y el actual Rey en efigie. 

Se sienta la monarquía.

Sigue la cleptocracia.

Mientras Grecia se debate en la agonía de la deuda que sus ladrones nativos (banqueros, financieros, políticos, empresarios y otras gentes honorables) le han dejado, la policía en Valencia detiene al enésimo presunto mangante, prohombre de la banda de malhechores del PP. Es expresidente de la Generalitat valenciana y de no sé cuántos bancos más en todos los cuales se dedicó presuntamente a robar a manos llenas, para él y para sus amigos. Recuerden el nombre, José Luis Olivas, porque viene a añadirse a la ristra de supuestos chorizos del PP: Aznar, Rajoy, Cospedal, Arenas, Matas, Mato, Granados, Camps, Fabra, Baltar...y Olivas. Otro molt honorable, dedicado, según parece, a estafar a los ciudadanos de cuyos impuestos vive. Otro probable ladrón, alabado en su día por Rajoy, quizá puesto como ejemplo por Aznar. Todos de la misma cofradía pepera, organización dedicada al sistemático saqueo de España. Columna vertebral de este sufrido país, gobernado por cleptócratas compulsivos.

Y mientras la policía se llevaba detenido al tío Olivas, Mariano Sobresueldos Rajoy se reunía a comer con Nicolas Sarkozy en algún restaurante de Madrid y lo celebraba subiendo unas espantosas fotos en Twitter, empeoradas por unos comentarios suyos que revelan la profunda estupidez del perillán. Y eso en lugar de aprovechar la detención de su correligionario Olivas para dimitir de una vez, que es lo que debió habr hecho hace tres años y medio, ahorrándonos el trance de vernos gobernados por un auténtico sinvergüenza, solo válido para el embuste, la patraña y el mangoneo de los sobresueldos, amén de un clericalfascista que trata de imponer en España los métodos de su referente ideológico Fraga/Franco. Un chupacirios al servicio de los curas y dispuesto a acallar toda crítica o protesta por medios dictatoriales.

Si alguien cree que exagero, que eche una ojeada al editorial del New York Times hace escasas fechas, titulado la ominosa ley mordaza de España en el que se llama "ley mordaza" a la ley mordaza, se la considera dictatorial, propia de Franco y se pide a la Unión Europea que intervenga y la frene en protección de los infelices españoles. Que tampoco serán tan infelices cuando once millones de ellos votaron tan contentos a una partida de granujas, ladrones y franquistas porque, supongo, esperarían pillar algo del saqueo. Y eso en el New York Times, que es un periódico conservador. De siempre los conservadores han detectado el olor a fascista mucho mejor que algunos elementos de la izquierda.

 

Por lo demás, ahí arriba tiene el lector el resumen de la herencia que deja esta cuadrilla de presuntos ladrones asaltacaminos, disfrazados de partido político. Mírese bien porque pone los pelos de punta. Ese es el balance de este expolio monumental celebrado y negado al tiempo por los tertulianos peperos, los asnos, los chulos y los sicarios pagados a precio de oro con el dinero de los contribuyentes. Seis millones de parados. 1.700.000 familias sin ingresos. Añadan los niños que pasan hambre. Añadan los jubilados a los que se les sisa la pensión con la que, además, tienen que dar de comer a esos niños y las familias sin ingresos y se irán acercando al cuadro espantoso de un país destrozado por una cuadrilla de sinvergüenzas, ladrones sin escrúpulos que en su afán de rapiña, no han dejado ni la cera de las velas.

 

Después de Grecia, será Portugal, o Irlanda o España. ¿Por qué no? Gobernada por una manga de presuntos ladrones, ¿cómo va a pagar el billón de euros de deuda?

La organización criminal.

En verdad, es muy fuerte. El juez sienta en el banquillo a seis personas, altos cargos que han sido del PP, acusadas de los delitos de organización criminal, asociación ilícita, falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito electoral y delitos contra la Hacienda Pública. Los pelos, de punta. La organización criminal es el PP, del que dos de los acusados fueron tesoreros. El mismo juez impone una fianza de 1,2 millones de euros a esa organización criminal que lleva todo este tiempo presidida por el señor Rajoy, también presidente del gobierno. 

La historia de las estratagemas, patrañas y excusas de que se ha valido Rajoy para no asumir su responsabilidad por la Gürtel llenaría un copioso tratado de marrullería, disciplina que el presidente domina con soltura. Él no cobró nunca sobresueldos. ¿Cómo iba a cobrarlos si apenas llegaba a fin de mes? Bueno, sí cobraba pluses de productividad, como se hace en todas las empresas en donde hay buenos resultados. No conoce al señor Bárcenas. Hasta ha olvidado su nombre. Aunque es cierto que le envió un SMS de apoyo con la mejor buena fe del mundo. Claro que en PP no hay caja B. Y, si hay alguna, será personal del señor del SMS. Hay cosas que nunca podrán probarse.

Ayer tuvo que destituir fulminantemente a un delegado del gobierno en Valencia cuando ya llevaba una hora en los calabozos de los juzgados, un sólito pinta que, además de haberse forrado presuntamente por medios delictivos también parece haber enchufado en la administración pública a toda su tribu de francos burgundios. Y todo eso dos años después de que la vicepresidenta del gobierno haya presentado un plan completo de transparencia y regeneración democrática. Prueba evidente del intenso compromiso del señor Rajoy, también llamado sobresueldos, en la lucha contra la corrupción que su propio partido alienta, apadrina y sostiene por doquiera.

Cualquier observador, por distraido que esté, se dará cuenta de que el gobierno y su presidente en concreto carecen de todo crédito. Cero. No es que no se les crea. Es que ni se les escucha. No se escuchan ni entre ellos. Bueno, pues el presidente dice que tienen un problema de comunicación.

O sea que este buen hombre, a punto de que lo llamen a declarar en alguno de los procedimientos penales en curso contra su gente, piensa seguir hasta el final de su mandato, como si el suyo fuera un partido y no esa supuesta asociación criminal y su gobierno no fuera un grupo de gente deseando saltar del barco antes del hundimiento hacia otros destinos en Europa, menos brillantes pero más tranquilos. Piensa seguir haciendo como que gobierna, con proyectos legislativos cada vez más disparatados.

A su vez, la oposición parlamentaria piensa seguir haciendo como si el Parlamento pintara algo en la gobernación del Estado. Espera y anhela que el gobierno convoque elecciones cuanto antes para no verse en la desagradable situación de cumplir con su deber y oponerse. Y no hablemos ya de la obligación -que mira con auténtico pavor-  de presentar una moción de censura a un gobierno que es una burla a la ciudadanía.

Vuelve Gran Hermano.

No basta con que esté todo petado de cámaras de vídeo, fisgando los menores movimientos del personal en cualquier parte, incluidas las excusadas. Los gobernantes no se conforman con vernos hasta en cueros como un ubicuo panopticón benthamiano, sin duda por nuestro bien. Ahora quieren también escucharnos, saber qué decimos, a quién, por qué. Reforman la normativa vigente para ampliarla y, de paso, permitir al ministro y al ministro del ministro escuchar conversaciones privadas sin previa autorización de un juez. Eso ya puede hacerse en casos de terrorismo y la nueva demasía se refiere ahora a los delitos de especial gravedad. Esta calificación queda al arbitrio del ministro y el ministro del ministro, dos personalidades compulsivamente autoritarias con tendencia a considerar delito toda manifestación de disconformidad, aunque sea en susurro.

Es una decisión contraria a varios derechos como la libertad de expresión y el carácter secreto, reservado, de las comunicaciones privadas que solo puede romperse por decisión judicial. Eso es obvio y hay que ponerlo en perspectiva de una política de orden público de tono fuertemente represivo. Espiar impunemente a los ciudadanos es otra actividad típica de un Estado policía como el que lleva armándose en España en los últimos tres años. Se comenzó obstaculizando el acceso a la justicia a base de subir las tasas judiciales, de forma que la gente de medios escasos no pueda defenderse. Se siguió con una interpretación restrictiva de las normas de orden público y la adopción de tácticas de control policial preventivo que, en la práctica, sirven para hostigar y amedrentar a la ciudadanía. Se persigue y castiga toda manifestación pública con sanciones administrativas que la policía reparte por las calles casi a la pedrea. Se coartan otros derechos como el de información, a través de una nueva Ley de Seguridad Ciudadana, verdadera Ley Mordaza, que prohibe y pena fotografiar o grabar a los policías durante las actuaciones en caso de manifestción. Y se arrebatan competencias a los jueces para dárselas a la policía. En este clima autoritario de represión, acudir a la escuchas subrepticias es lo más lógico del mundo.

La represión, la vigilancia, la persecución, la criminalización son las pautas más consistentemente seguidas por la derecha gobernante. Su reiterada voluntad de proceder a una regeneración democrática que nunca se ha materializado en nada deja paso a una contrapartida cara a todo temperamento autoritario: tener preparadas las fuerzas represivas. La represión parece ser el único recurso del gobierno frente al descontento y la protesta sociales a causa de la corrupción y las políticas antisociales, así como frente al proceso soberanista catalán. Un ejemplo simple: si al ministro le da por decir que el supuesto delito de desobediencia que, según parece, la fiscalía achaca a Mas reviste especial gravedad, la policía escuchará las conversas de este con Junqueras, por ejemplo.

 

Son prácticas represivas, policiales, arbitrarias, intolerables en una sociedad democrática. Hay que impedir que prosperen porque encanallan la vida social. Y no perder de vista que, en el ámbito digital, estas prácticas represivas están a la orden del día. La policía rastrea las redes y extrae la información que juzga relevante por varios motivos, entre ellos los políticos. Ahora se apresta a dar un salto cualitativo. Igual que quiere escuchar las comunicaciones de la gente entre sí, pretende también espiar lo que cada cual se cuenta a sí mismo en la reserva de su ordenador. Los mecanismos de control remoto permiten a la policía entrar en los archivos de los particulares sin el permiso de estos, incluso sin su conocimiento y apropiarse de su información, de sus claves, de sus textos.

 

El Gran Hermano quiere vigilarlo todo otra vez, así que cuidado con lo que se dice al vecino, incluso por guasap.

La corrupción no es solo cosa de dinero.

Decía Joseph Goebbels, hombre inteligente y culto, aunque moralmente depravado, que "está bien tener un Poder que descanse sobre las bayonetas; pero es mucho mejor y más satisfactorio conquistar el corazón de la gente y conservarlo". Y a eso dedicó su vida en pro de una ideología que la humanidad ha considerado monstruosa. Lo hizo como ministro de Propaganda del Reich, mediante el manejo de los medios de comunicación.

Llegaría luego el momento en que la sociología occidental formulara el axioma de la segunda mitad del siglo XX y más allá: la teoría del fin de las ideologías. Nadie objetó que era arriesgado decretar el fin de algo cuya naturaleza no se conocía con exactitud. Las ideologías habían muerto en el curso del desarrollo de las sociedades industriales. Algún raro, como Inglehart, se puso a hablar de "valores postmaterialistas", en donde alentaba cierto vestigio ideológico, pero se le hizo poco caso. Las ideologías eran cadáveres. La nazi y la comunista singularmente, forma funeraria que adquiere la frecuente negativa a admitir la dualidad izquierda/derecha.

¿Y qué se predica entonces? Precisamente la inanidad, la inconveniencia de toda ideología. Y se hace de la misma forma que aquella, a través de los medios de comunicación, infinitamente más potentes en todos los sentidos que los del tiempo de Goebbels. Esa insistencia en que las decisiones políticas y las jurídicas son (o deben ser) meramente técnicas, sin mezcla de ideología alguna, rezuma prejuicios ideológicos. La idea es que la política es una mera administración racional de las cosas, sin atención a los valores. Esa administración racional está tomada de la teoría de la decisión racional que presupone que esta es siempre egoísta.

El resultado evidente, inmediato, de esta "tecnificación" de las decisiones políticas es la corrupción, algo que sus propios beneficiarios admiten y a lo que dicen que hay que combatir por vía legislativa. No obstante y a pesar de su gravedad y la aguda conciencia social que despierta, la corrupción no es solamente un asunto económico de cohechos, malversaciones, apropiaciones indebidas, etc; eso no es sino el epifenómeno. La realidad es que el conjunto del sistema está corrompido, no solo económica sino también moralmente.

La principal regla no escrita de la democracia es la sinceridad y la veracidad. Forman parte de los requisitos de la acción comunicativa de Habermas. La democracia es un debate en el que se presume la buena fe. No es admisible una basada en el engaño y la mentira sistemáticos. Es una forma corrupta de democracia, raíz vigorosa de todas las demás corrupciones. Llegar al poder ensartando una ristra de mentiras, como hizo Rajoy y le jaleó el aparato mediático (imagen primera), es inadmisible e ilegítimo. Así se ganó el corazón de la gente, como recomendaba Goebbels y a través de los medios de comunicación. Se argumenta, sin embargo, que no se trataba de mentiras, de enunciados de hecho, sino de intenciones, de promesas que después serían imposibles de cumplir. No hay corrupción, no hay mentira sistemática sino un duro cumplimiento con el deber.

Pero queda la otra exigencia goebbelsiana: conservar el corazón de la gente una vez conquistado. Y ahí aparece de nuevo el uso de la mentira planificada, sobre asuntos de hecho con implicaciones incluso penales y sin excusa alguna. La imagen segunda es una recopilación parcial, muy parcial, de ejemplos del uso de la mentira sistemática como forma de comunicación del gobierno con la opinión pública y con la instancia parlamentaria. Ese es el fondo oscuro de la corrupción, amparado en la impunidad. El que hace que un Rey salpicado por la sospecha de la corrupción haya de abdicar y un gobierno al que sucede lo mismo no considere que deba dimitir.

Los prejuicios trasnochados.

A Andalucía ha ido Mariano Rajoy a leer la cartilla a sus conmilitones. Y lo de leer es textual. Allí ha dicho cosas muy principales, con sentenciosidad a lo Fray Gerundio de Campazas. Andalucía es la tierra de España donde viven más españoles. Nada menos. También debe de ser la tierra de España donde vivan más jubilados ingleses y más marroquíes pobretones y más jeques árabes. También es donde hay más olivos.

Ha dicho otras cosas, igualmente necias. La más llamativa: quienes no ven la salida de la crisis es por sus prejuicios trasnochados. Curiosa querencia la de la derecha con el adjetivo trasnochado. En sus monsergas suele acompañar a "anticlericalismo", siempre trasnochado. El clericalismo, en cambio, es de plena actualidad. ¿Y los prejuicios? No dice cuáles son y no es fácil adivinarlo en boca del presidente de un gobierno que ha condecorado a la Virgen del Amor, en un acto de racionalismo ilustrado, casi volteriano. Y quede claro que se ha condecorado a la Virgen por ser mujer pues el gobierno tiene una idea altísima, desprejuiciada por entero de la dignidad de las mujeres. Se ve en su proyecto de ley contra el aborto.

Un prejuicio, sin duda trasnochado (como todos los prejuicios, por lo demás), es la idea de que los presidentes de los gobiernos no deben faltar a su palabra, mentir y mucho menos infringir la ley. Tampoco deben ser unos mangantes que hayan estado cobrando sobresueldos a las escondidas. Bueno, varios prejuicios encadenados. Que Rajoy faltó a su palabra lo ha confirmado él mismo en varias ocasiones, poniendo como pretexto el cumplimiento del deber; cosa absurda porque el primer deber es cumplir la palabra. Que miente se lo ha dicho toda la oposición a raíz de su comparecencia de agosto y se lo dice la realidad cada vez que abre la boca. La medida estelar del debate del Estado de la nación, la tarifa plana de 100 € resulta ser una estafa, cosa que se ha sabido menos de 24 horas después, en cuanto se han echado las cuentas. Las mentiras cada vez le duran menos.

Pero lo llamativo es lo del cumplimiento de la ley. De la instrucción del caso Bárcenas puede salir una o varias acusaciones de delito, y veremos a quién en concreto. El responsable político de esa situación es Mariano Rajoy como presidente del partido en el que se cometieron dichos presuntos delitos. Como presidente del gobierno, sin embargo, juró cumplir y hacer cumplir la ley y la Constitución. ¿Hay que dar a este juramento el valor de la palabra de Rajoy? O ¿ha de interpretarse el asunto como que Rajoy, presuntamente, amparó la comisión de delitos hasta el instante mismo del juramento y a partir de este dejó de hacerlo? ¿Tiene crédito Rajoy?

¡Ah, ya! Son prejuicios trasnochados.

Basta ya de saqueo.

Ni un día sin un hurto, una estafa, un fraude. Millonarios. Gente llenándose los bolsillos con millones de euros de las arcas públicas en un país con un salario mínimo de 645,50 €, con millones de mileuristas y ni-mileuristas, con pensionistas de magra pensión, desempledos sin seguro, con subsidios de hambre. Los ministerios, las consejerías, los ayuntamientos, las fundaciones, los partidos, los sindicatos, la patronal. No hay institución en la que se manejen dineros públicos en donde no se robe a mansalva. Es una situación que ningún país civilizado puede soportar.

Sin embargo, en España no sucede nada. El gobierno está tan atorado en la corrupción generalizada como el partido que lo sostiene y más parece que está hundiéndolo. Según los papeles de Bárcenas, entre 2004 y 2011 la actual vicepresidenta del gobierno cobró 600.000 euros en sobresueldos. O sea, entre el hoy presidente y la hoy vicepresidenta se llevaban un pellizco para casa mensualmente. Y eso en los tiempos duros de la crisis. ¿Cómo va un gobierno presidido por dos presuntos cobradores de sobresueldos a perseguir en serio la corrupción? 

Leo en un artículo de Ignacio Sánchez Cuenca, "Cariño, no es lo que parece": el PP y el principio de la realidad, leo, digo, que el PP es un partido político, pero también es algo más: es una trama criminal y mafiosa, con doble contabilidad, sobresueldos en negro y un tráfico fluido de favores y dinero entre empresarios y políticos. Cierto, muy cierto. Es lo que viene diciendo Palinuro hace meses: una asociación de malhechores disfrazada de partido político. Presuntos, por supuesto. 

El régimen del 78 ha devenido en una especie de cleptocracia, administrada por las oligarquías partidistas, dedicadas al latrocinio local (en el actual caso Pokemon se mezclan alegremente los presuntos mangantes del PP y los del PSOE) o a más altos vuelos. Los actuales procesos de renovación de los partidos mayoritarios muestran ese funcionamiento oligárquico. En el caso del PP sin ambages: se impone la voluntad de Rajoy y los suyos frente a Cospedal y los suyos que dejaron de serlo casi de inmediato. Enfrentamientos internos, zancadillas y jugadas sucias. En el PSOE son más presentables porque hay primarias, un procedimiento más abierto y democrático de designar la dirección que el dedazo omnipotente. Pero las candidaturas se organizan por procedimientos oligárquicos, de grupos de afines. Quizá sea inevitable en todo proceso electoral. Si la práctica oligárquica se mantiene o no solo se verá después de la elección, cuando la candidatura ganadora haya de repartir juego. Cuestión de ver a quiénes se lo reparte.

Así que una cleptocracia, -algunos añaden el matiz de "ineptocracia", nada desdeñable- administrada por partidos en buena medida oligárquicos, rigiendo una sociedad civil contagiada de caciquismo, enchufismo y corrupción en todas sus manifestaciones. Que la Iglesia esté procediendo a una reamortización, apropiándose el patrimonio arquitectónico y artístico español por cuatro perras gordas (ejemplo, la mezquita de Córdoba, comprada por 60 euros) no es más escandaloso que el hecho de que el colegio de registradores de la propiedad se haya quedado con una pieza codiciada desde siempre por la profesión, los registros civiles. Siendo la de registrador la profesión de Rajoy.

El caso es saquear. 

La ladrona liberal.

Acabo de leer en el muro de FB de mi amigo Joaquim Pisa lo siguiente: "UNA LADRONA. Los correos de Miguel Blesa que está publicando Infolibre demuestran que Blesa desvió millones de euros de Caja Madrid a la Fundación Dos de Mayo, presidida por Esperanza Aguirre, que usó ese dinero para distribuirlo entre grupos periódisticos y periodistas afines, entre otros, los del Grupo Vocento (diario ABC)." Sigan leyendo en el muro de Pisa porque no tiene desperdicio.

En cuanto al asunto de esta marquesa consorte, rabanera y sinvergüenza, es obligado hacer algún comentario más. Esta funcionaria pública que anunciaba la intención de acabar con las mamandurrias (ajenas) jamás ha dado palo al agua pues, como casi todos sus compinches del PP, lleva cobrando del partido casi desde que tenía uso de su escasísima razón; tiene a familiares directos enchufados en la administración y no solo familiares: amigotes, conmilitones del partido, advenedizos y chupones de todo pelaje, como ese Carromato, protegido suyo, un indocumentado al que todos los españoles (que somos bastante imbéciles, dicho sea de paso) astillamos más de 50.000 euros anuales por no hacer nada. 

Si lo que dice la SER es cierto (y lo será pues no se sabe que la denodada liberal haya presentado querella alguna en defensa de su honor) queda demostrado una vez más lo que Palinuro lleva bastante tiempo diciendo: el PP no es un partido normal sino una asociación de presuntos malhechores y ladrones, dispuestos a robar hasta las cucharillas. Algo parecido a los partidillos que montaron Ruiz Mateos o Gil y Gil con intención de librarse del trullo, pero a lo grande y disimulando mucho más, como si de verdad fuera un partido. De hecho, se presenta a las elecciones (y hasta las gana), tiene un programa (como podría no tener ninguno), un presidente del gobierno que es un majadero y un  bochorno internacional, unos portavoces que oscilan entre chulos de barrio y matones de discoteca, y todos analfabetos (como los asesores, enchufados a cuerpo de rey) y hasta hablan de política, cuando lo único en lo que piensan es en cómo estafar a la gente e irse de rositas o, en caso contrario, conseguir el indulto de sus cómplices en el gobierno.

 La noticia añade un interesante matiz que no cabe achacar a presuntos celos entre los medios: ese latrocinio de la asociación de mangantes cuenta con el apoyo cerrado de un frente mediático hecho de periodistas corruptos y tan ladrones como sus mentores y amos, dispuestos a difamar, mentir, calumniar y envilecer lo que tocan a cambio de la condigna pastuqui que los políticos "liberales" ladrones les reparten trans haberlo birlado antes de las arcas públicas.

Un país gobernado por una banda de ladrones. Menudo panorama.

(La imagen es una foto de PP Madrid, con licencia Creative Commons).

Cuesta abajo.

Sosiéguense vuesas Mercedes, que diría Felipe II. No cunda el pánico en el cuarto de máquinas. Viene brava la mar, sí, pero no pierdan los papeles, que están ustedes empezando a delirar, cuando no a dictar normas draconianas, como esa #LeyAntiProtesta que parece pensada por un demente, un paranoico.

Buena la ha armado la ministra Mato pidiendo la retirada (o sea, el secuestro de la edición) del libro Cásate y sé sumisa. Ha conseguido enfrentar al gobierno con la jerarquía católica, editora del tomito de Costanza Miriano. Es la modernidad. Dentro de poco, la guerra de las investiduras. La derecha ciega. ¿Nadie ha explicado a la señora Mato que en democracia no se pueden secuestrar libros a no ser que sean delictivos por el continente o el contenido? Por eso, Miriano va diciendo que quieren censurarla. Todo lo cual, obviamente, acabará convirtiendo el ensayo, panfleto o lo que sea eso, en un éxito de superventas. Bueno, a lo mejor Mato se ha sentido personalmente agraviada porque, habiéndose casado, no ha sido sumisa a su marido, del que pasaba olímpicamente, hasta el punto de no saber qué coche conducía. A lo mejor se ha hecho feminista en función del atinado criterio de que lo personal es político y ella, de sumisa, nada.  Una feminista con razones de la derecha: el libro está mal porque "falta al respeto a las mujeres". Eso de "faltar al respeto" es muy de derechas, ¿verdad?  Por lo demás, ella sigue mostrando fidelidad a la causa de expoliar España, habiendo adjudicado, según parece, la decisión sobre privatizar o no dos hospitales en Ceuta y Melilla a una empresa del ex-consejero del PP Lamela, más conocido como privatizator. Para que todo quede en la cosa nostra.

¿Y pues Fabra, el hombre de los aeropuertos para peatones, presidente sempiterno de la Diputación provincial, eximio cacique, hijo y nieto de caciques, referente en todo del PP y de su presidente Rajoy que, con su acostumbrado tino, lo calificó de "ciudadano ejemplar"? El Fabra al que tocaba la lotería con la regularidad de las mareas y que prometía sacarse la minga y mear en la sede de IU si volvía a tocarle; el que llamaba hijo de puta a un diputado de la oposición, aprovechando quizá que la palabra contiene las letras; el padre de la diputada del PP del ¡que se jodan!; el suegro del archidimisionario Güemes, que, siendo tan listo, no consigue salir de la puerta giratoria. Encantado que está el ciudadano ejemplar porque solo le han caido cuatro años por mangante. Y, como es pundonoroso, se ha dado de baja en el PP, por no contaminar. En el PP aseguran que ya lo dieron de baja hace mucho; pero también habían dado de baja a Bárcenas. Bajas en diferido.

¿Y qué decir de la dueña manchega que tanto domina el diferido como el recortado? Celebróse el Comité Ejecutivo Nacional, presidido por Rajoy con cara de velorio y Cospedal enmendó la plana al fiscal, pidiéndole que revise mejor sus papeles porque en el PP no hay ni ha habido nunca caja B. Otro enfrentamiento, no ya con la iglesia sino con la Justicia que, por cierto, tienen poco que ver. Porque, además del fiscal, también el juez habla de caja B. Es decir, quien debe revisar sus papeles es el juez, forma coloquial de traducir el solemne propósito de que el PP colabora siempre con la Justicia. Por lo demás, que las afirmaciones sobre la contabilidad del PP estén solo sostenidas por la problemática palabra de Cospedal pues todas las empresas externas de auditoría se han negado a auditar al PP es asunto irrelevante.

La guinda del despropósito y la enajenación vino de Esperanza Aguirre, quien preguntó a Gallardón cómo no se había destituido ya al juez español del TEDH tras la sentencia del caso Parot. Sin duda es lo que ella hubiera hecho pues lo tiene como proceder habitual: si un subordinado saca los pies del tiesto, se le manda un motorista con el cese. Un juez es para la política neoliberal a lo español un subordinado. Igual que un responsable de telediarios, o un consejerillo de tres al cuarto. Su argumento es que, en realidad, no son jueces, sino políticos nombrados por políticos. Es verdad, pero tienen el estatuto de jueces, como lo tiene el presidente del Tribunal Constitucional, militante de su partido y político hasta la médula.

El exabrupto de Aguirre puede achacarse a su temperamento, su atolondramiento y su deseo de estar siempre en el proscenio, pero ¿qué me dicen de la respuesta del ministro de Justicia, fiscal de carrera él mismo? No afea a su conmilitona su ataque a la independencia de los jueces, no la amonesta haciéndole ver que lo que propone es más propio del absolutismo que del liberalismo y no digamos ya del neoliberalismo. Nada de eso. Invoca la ley para decir que no puede hacerlo. No que no quiera sino que no puede.

Sosiéguense vuesas Mercedes y retiren ese proyecto demente, paranoico, de ley mordaza. ¿No han oído hablar del abuso de poder?

(La imagen es una portada de la revista El Jueves, legal de momento, encontrada en la red. La red, esa mar océana llena de piratas a los que hay que meter en cintura).

Abril es el mes más cruel.

Es el celebérrimo primer verso de la Tierra baldía, de T. S. Eliot. The Waste Land. Le terrain vague. El solar. El terreno baldío en que se ha convertido España en los últimos años gracias a la manga de sinvergüenzas aupados a todo tipo de cargos públicos, semipúblicos y privados. Ladrones de guante blanco y guante negro. Estafadores, empresarios trileros, políticos con los bolsillos llenos de dinero expoliado de las arcas públicas y mentalidad de trolls fascistas. Un parking lot en el que las nobles verduleras y demagogas alternan con policías delincuentes, curas ultratramontanos, abarraganados, trabucaires y pederastas. Un barbecho en el que crecen enchufados de todo tipo, pelaje y condición, desde meros carteristas hasta asesinos a sueldo, malversadores, auténticos imbéciles a cargo de la cultura y la educación, el pan y los toros, ministras analfabetas, cagahostias porra en mano, presidentes corruptos más parecidos al fantasma de la ópera y reyes truhanes, zascandiles y mangantes, la ópera bufa del régimen postfranquista.

Un terreno baldío donde la gente sencilla, normal, pasa necesidades y estrecheces o se ve reducida a la nada por obra de unos gestores públicos corrompidos y ladrones cuya voluntad de servicio público consiste en robar al pueblo sus ingresos y su pitanza, expoliar lo público, malvenderlo entre sus amigotes, todos ellos enchufados en la administración pública o en empresas privadas que viven de esquilmar los presupuestos del Estado. Un terreno baldío en el que unos bancos rescatados con el dinero de todos al haber sido literalmente asaltados por los ladrones que nombraron los politicos, dejan a la gente sin casa, la embargan, la empujan al suicidio.

Un terreno baldío en el que los responsables del orden público tienen un espíritu represor, franquista, fascista que los lleva a enfrentarse a la crítica y la normal protesta ciudadana con amenazas, detenciones, multas, montajes policiacos, denuncias falsas, calumnias y embustes; a responder con crispación, odio y más amenazas a las legítimas aspiraciones al autogobierno y la independencia de las minorías nacionales, probablemente hartas de compartir destino con una manga de sinvergüenzas desalmados que oprimen, explotan y exprimen a la gente en nombre del desarrollo, el orden público, la religión y una Corona desacreditada y desprestigiada por sus odiosas prácticas.

En la cúspide de este erial moral, la caterva de parásitos con ínfulas aristocráticas, los últimos vestigios de una dinastía instaurada por un dictador genocida, sin dignidad, sin nobleza, sin gallardía. Unas sombras que fueron de un régimen tiránico cuartelario a su incondicional servicio y que han heredado de él sus peores usos, empezando por la de hacerse ricos al precio que sea.

No creo que Iñaki Urdangarin -con todo lo que el Rey finge escandalizarse por su comportamiento siendo el suyo probablemente peor- haya hecho nada que no haya visto hacer en casa de su suegro. Comisiones, repartos, mordidas, negocios, pelotazos, intermediaciones, enchufes. En definitiva, corrupción a lo grande. Pues él, pensaría el plebeyo entroncado con la realeza vía conyugal, con su buena planta, sus aires entre piragüista de Cambridge y héroe de Gunga Din, sus privilegiadas conexiones, no tendría por qué ser menos sino más, mucho más. Además, ¿no disponía de la ayuda incondicional de la niña de los ojos del Rey, de la infantita que, por amor o por lo que fuera, estaría dispuesta a hacer lo que se le dijese incluso a riesgo de que Lucía Etxebarria se preguntara en público si es tonta?

Esos jueces, esos jueces... Servidores públicos con sus trajes de trapillo, su barbas cerradas, sus cuellos de camisas arrugados. Esos funcionarios que se desojan leyendo atestados, informes, pliegos y pliegos, esos grises representantes de una moral cívica, esas bocas que pronuncian las palabras de la ley, como decía Montesquieu, pero no las bravatas, las gazmoñerías, camanduleos, embustes, desvergonzadas falsedades, trucos y trilerías de unos políticos que ya lo han perdido todo excepto el honor porque este nunca lo tuvieron. Esos hombres frágiles en su grandeza y grandes en su fragilidad, son el último y formidable bastión del interés público, el que intentan dinamitar todos los imputados -y son cientos- en innumerables latrocinios y sus responsables políticos que debieran estar todos dimitidos. Son la esperanza de la democracia, del Estado de derecho, de la libertad de sus conciudadanos, los custodios de su dignidad.

Que se lo pregunten a Mariano Rajoy, oculto en su cueva monclovita y sin atreverse a salir si no es en exposición como el Santísimo Sacramento que probablemente sus amigos los obispos estén paseando por ahí en petición de una buena, santa y, sobre todo, pronta muerte de Luis Bárcenas, también llamado el Cabrón, con el elegante lenguaje que se gasta esta caterva de chorizos que hoy decide lo que haya de ser este país. Procesiones, rogativas, misas y gorigoris para que los delitos prescriban, las pruebas desaparezcan de los sumarios, los testigos enmudezcan o los jueces perezcan todos de una epidemia.

Palinuro no desea mal alguno a nadie, ni, por supuesto, a la infanta Cristina que ojalá pueda demostrar estar limpia de forma fehaciente. Pero tampoco acepta tratos de privilegio bajo concepto alguno. Cristina de Borbón y Grecia tiene derecho a la presunción de inocencia y, en el interín, a un trato esperemos que más justo, equilibrado, caritativo y solidario que el que han tenido otras mujeres como Pilar Manjón o Ada Colau que, dicho sea de paso, le parecen (y está en su derecho pues es un juicio subjetivo) infinitamente más humanas y nobles que esa hija del Rey.

Y como, por mucho que la mierda flote, la mar es siempre bella y hermosa, cierro con toda la primera estrofa del poema de Eliot y mi torpe traducción para que se vea en dónde está cada cual:

 April is the cruellest month, breeding
Lilacs out of the dead land, mixing
Memory and desire, stirring
Dull roots with spring rain.

Abril es el mes más cruel, el que cría
lilas en la tierra muerta y mezcla
memoria y deseo y despierta
raíces  adormecidas con la lluvia de la primavera.

¿Justicia en España? No me haga reír, hombre.

Ignoro si la Justicia española es un cachondeo, como sostuvo en su día Pedro Pacheco con notable tecnicismo jurídico. Pero queda claro que, si no lo es, se le aproxima bastante con todos los caracteres de ley del embudo, justicia de clase y justicia de partido, generalmente en contra de los desfavorecidos y al servicio de los privilegiados.

Y descaradamente. A los hechos me remito:

• Caso Naseiro. El primer tesorero del PP al que pillaron en circunstancias iguales a las de Bárcenas ahora. Los jueces archivaron el caso mediante una triquiñuela legal de unas cintas que no se dieron por admitidas como prueba. En presunto delito quedó sin castigar.
• Caso Aznar. Es de menor rango pero muy significativo. Debidamente denunciado por infringir las ordenanzas municipales de Málaga por pasear los perros sin correa ni bozal, Aznar no será sancionado porque, según el ayuntamiento, hay cosas más importantes que hacer. Ese ayuntamiento, mañana, puede ponerle una multa a usted por hacer lo mismo que Aznar.
• Caso Cristina de Borbón. Al margen de si es tonta o se lo hace, hay ya indicios suficientes para imputarla, pero es altamente improbable que suceda. Y eso que su padre anunció que "la ley en España es igual para todos". Simplemente, no es verdad. Cristina, su familia, la Iglesia, los ricos, las derechas, el PP, están por encima de la ley.
  
• Caso Urdangarin. Mientras que en el caso de los EREs en Andalucía hay ya media docena de personas en prisión preventiva, en el de la presunta estafa de Noos, ninguno de los implicados ha pisado una cárcel ni es previsible que lo haga en un futuro próximo.
• Caso Fabra. Casi diez años de instrucción gracias al filibusterismo judicial del cacique; nueve jueces y otros tantos fiscales han pasado por la causa sin que el presunto ladrón haya sufrido la más mínima incomodidad. Al contrario, ha seguido en sus cargos y cometiendo todo género de desaguisados en ellos. Por fin tiene fecha para juicio oral por uno de sus numerosos supuestos delitos. Está por ver que sea condenado.
• Caso Camps, el Curita, amigo del alma de El bigotes, al que quiere "un huevo", absuelto gracias a un jurado popular que no lo encontró culpable de lo que a todas luces es culpable, siendo, por lo demás, la parte menos vistosa de sus supuestos latrocinios.
  
• Caso Camps/Barberá. Cuando ya es patente que estos dos mendas malversaron millones para dárselos a Urdangarin, el presidente del gobierno anda presuntamente haciendo gestiones para evitar que los imputen con el cuento de que tiene que salvar la Monarquía cuando lo único que le importa es que no caigan más delitos sobre el PP que, a estas alturas, parece una organización de delincuentes. Y quizá lo consiga. Quizá consiga que queden sin castigo expolios de millones al erario público.
• Caso FUNDESCAM. Parece bastante claro que el PP se financió ilegalmente con dinero negro canalizado a través de esta opaca fundación a mayor gloria de Esperanza Aguirre y cuyo principal valedor, Díaz Ferrán, está hoy en el trullo por presunto ladrón. Pero hasta la fecha nadie ha iniciado acción alguna para esclarecer los hechos. Se prefiere que prescriban. Lo habitual es que la fiscalía se niegue a actuar de oficio cuando se trata de presuntos delitos de gentes del PP.
• Caso Bárcenas. El último especimen de la lista de presuntos ladrones/tesoreros del PP. Millones de euros evadidos, quebranto a la Hacienda pública, entregas irregulares de dinero negro supuestamente repartido entre dirigentes del PP, empezando por su presidente, Mariano Rajoy, encerrado en un silencio de molusco. Y ni un detenido ni un encarcelado.
• Caso Gürtel. Millones y millones estafados a las administraciones, defraudados a la Hacienda, decenas de cargos del PP presuntamente implicados en cobros ilegales, corrupción en todos los niveles de las administraciones públicas. Ni un solo condenado hasta la fecha excepto el juez que empezó a investigar el caso, Baltasar Garzón.
• Caso Feijóo, pillado de paseo con un reconocido narcotraficante y, por tanto, sospechoso de todo tipo de ilícitos penales. El martillo de Anxo Quintana, cuya dimisión exigió a gritos en su día por algo que no era ni la centésima parte de lo que se deduce de las relaciones de Feijóo con Dorado. No solo se niega a dimitir sino que nadie inicia una investigación sobre su nauseabundo comportamiento.
• Caso Rajoy. Involucrado en los "papeles de Bárcenas" como uno de los receptores de dinero negro en sobres, se niega a dimitir y a dar explicaciones satisfactorias e impone silencio a su partido sobre el asunto, ocultando información a la ciudadanía. A estas alturas esta sigue sin saber a ciencia cierta cuánto dinero cobra y ha cobrado en los últimos años al mes Rajoy. Solo se sabe que tuvo el morro de subirse el sueldo un 27% hace un par de años, mientras reclamaba que se le bajara a todos los demás. Y, por supuesto, nadie ha iniciado investigación alguna sobre un comportamiento presuntamente corrupto.
• Caso Juan Carlos I. Los últimos meses han dejado claro que el Rey de España no solo no tiene un comportamiento aceptable sino que es directamente reprochable. A sus aventuras africanas, el aparente miniserrallo que tenía cercano a su residencia, sus oscuras maniobras en lo referente a su yerno y el modo en que ha acumulado una inmensa fortuna, se han añadido unas cuentas en Suiza con unos capitales a su nombre que, al parecer, se han ocultado al fisco en España. Es decir, Juan Carlos viene a ser un evasor más pero, obviamente, a nadie se le ocurre que puedan iniciarse acciones judiciales en contra de él.
  
  Eso es solo para los pringaos.
  
  ¿Justicia en España? Venga ya.
  

(La imagen es una foto de Nemo en el dominio público).

300 presuntos ladrones.

La información de 20 Minutos sobre esos más de 300 políticos imputados en causas judiciales por corrupción que se encuentran en todos los niveles de la administración y pertenecen a casi todos los partidos políticos da idea de que la corrupción es un rasgo determinante del sistema político español actual. Más aun si se recuerda que los casos detectados suelen ser solo una fracción de los consumados. En cuanto a los niveles, la administración local ostenta la mayoría de ellos, pero no los más importantes en cuantía. La administración autonómica y la nacional los presentan de cantidades millonarias y mucho escádalo mediático. En cuanto a los partidos, si todos están en el ajo, la mayor parte afecta al PP por razones estructurales, por su concepción paternalista, clientelar, patrimonial y caciquil de la política. El caso Gürtel en su ramificación madrileña y valenciana debería haber provocado una cascada de dimisiones. Pero no fue así.

Eso es lo peculiar con la corrupción en España, un grado de tolerancia muy alto. Poco a poco se abre camino la idea de que la corrupción es en gran medida responsable de la crisis. En los barómetros, por ejemplo el del CIS de octubre de 2012, ocupa ya el cuarto lugar en orden de procupaciones, por detrás del paro, los problemas económicos y los políticos. Sin embargo y en esto coinciden los estudiosos, no pasa factura electoral. Estando imputado y pendiente de comparecencia, Camps acrecentó su mayoría absoluta y en las elecciones del 20N en España la corrupción no contó nada.

Sin embargo está presente a todas horas. En los casos identificados, siempre supuestamente, claro, de Urdangarin, Matas, Fabra, etc y en los no identificados, pero también a la vista, los evasores de capitales, los defraudadores al fisco. Son estos no identificados, en ocasiones, porque el propio gobierno quiere. El ministro de Hacienda dice tener una lista con los nombres de los evasores en cuentas suizas, pero se niega a hacerla pública, lo cual podría equivaler a un encubrimiento de delito.

Hay, en efecto, mucha tolerancia social hacia la corrupción. Viene de antiguo. Ya se sabe: Lazarillo de Tormes, la picaresca, el caciquismo, el clientelismo, el franquismo y sus secuelas actuales. Es opinable si la señora Cospedal, con sus múltiples sueldos públicos, entra en la categoría o no. Desde luego, tratándose de una política que ordena a sus gobernados apretarse el cinturón y les merma sus ingresos, su posición es moralmente insostenible. Y es cuestión de aclarar si también lo es jurídicamente.

La tolerancia debe acabar. Solo así se podrá abordar el problema de esos comportamientos escandalosos en los últimos tiempos por parte de los directivos de las cajas y entidades de crédito. Indemnizaciones, pluses, sueldos, pensiones multimillonarios para el personal que ha llevado a la quiebra al sistema de cajas y, de paso, ha ocasionado la fantástica crisis española que, siendo a la mundial lo que la zarzuela a la ópera, ha dado al traste con el país. Esa actuación tiene toda la pinta de ser delictiva. Hay muchos ya maliciosamente perjudicados, aparte del daño al conjunto de la sociedad, para que los responsables no respondan judicialmente. Un somero repaso a las incidencias de las cajas españolas y las administraciones de las que dependían, augura que se agotaría la panoplia de delitos del código: prevaricación, fraude, malversación, cohecho, etc., etc.

Si lo miramos bien quizá los presuntos ladrones no sean 300 sino 3.000. O más.

Mientras esto siga así y la tolerancia/complicidad social con la corrupción se vea correspondida por la tendencia del gobierno a indultar a delincuentes económicos no veo cómo dejará de ser esta la marca España.

La derecha o todo el monte es orégano

¿Se imagina alguien que Luis Roldán, el sinvergüenza que se apropió de ingentes cantidades de dineros públicos, incluidos los fondos de los huérfanos de la Guardia Civil, fundara un partido político para, digamos, mejorar la salud moral de España?

Quince segundos de silencio para que cale la idea.

Absurdo, ¿verdad? ¿Quién iba a votarlo? La gente no es tonta. ¿O sí?

La Gaceta de hoy, ese pasquín dedicado a envenenar la convivencia entre españoles, trae una entrevista en la que Mario Conde, condenado a veinte años por estafa y apropiación indebida, anuncia su nuevo partido, que presentará en unos días, Sociedad Civil y Democracia con la finalidad de regenerar España, para lo cual este antiguo delincuente proponer iniciar nada menos que un proceso constituyente.

Otros quince segundos de silencio para asimilar la noticia.

¡Eso no es posible! Brama un parroquiano en la barra de un bar. ¿Cómo va este ladrón a decidir qué se hace en España?

Tranquilo, hombre tranquilo. Otros delincuentes han hecho sus pinitos en política y no les ha ido del todo mal. Jesús Gil montó un grupo político liberal, la ideología de Esperanza Aguirre para esquilmar la Costa del Sol. Y José María Ruiz Mateos se hizo europarlamentario a fin ser aforado y rehuir la acción de la justicia.

¿Cuál parece ser la condicion para que los delincuentes, estafadores, ladrones y asaltacaminos consigan lo que se proponen en política? Que los partidos que dirijan sean bien de derechas.

Nuevos quince segundos para ver si la izquierda y la derecha son lo mismo.

Compárese la actitud de Ruiz Mateos, aforándose para escapar a la acción de la justicia con la de Juan Manuel Sánchez Gordillo desaforándose para denunciar cómo la justicia del capital es pura injusticia.

Es la derecha para quien, al ser el poder algo que considera propio por ley natural y divina, no hay obstáculo alguno en saltarse la ley, la moral, el decoro y lo que haga falta con tal de salirse con la suya.

Mutatis mutandi es lo que pasa con Andrés Ollero que, a pesar de ser un feroz militante antiabortista y haber sido diputado del partido que recurrió la ley del aborto al Constitucional, no ve razón para inhibirse a la hora de entender como magistrado de lo que defendió con uñas y dientes como político. Ollero no es un delincuente, no ha sido condenado por los tribunales. Solo es un sectario, un miembro de una secta, el Opus Dei que, como todas las sectas, no deja margen de acción a la autonomía moral del individuo. Así que cuando Ollero dice "no ver" razones para inhibirse, ni siquiera ve que esta excusa no pedida ya habla sobre la inmoralidad y posible ilegalidad de su decisión.
Será neceario recusarlo porque él carece de la integridad moral de inhibirse por manifiesta parcialidad.

Efectivamente, es la derecha que cree que todo el monte es orégano.

(La imagen es una foto de daniel.stark, bajo licencia Creative Commons).

De señores, siervos y gandules.

Las Cortes Generales casi se vinieron abajo de la ovación. A excepción de los de IU, PNV y UPyD, el resto de los diputados, representantes del pueblo soberano, puesto de pie se fundió en un aplauso de dos minutos, en muestra de cerrado apoyo a la Monarquía en sus horas bajas. ¡Viva el Rey! gritaban. ¡Vivaaaaa! se respondían a sí mismos. Orondo y satisfecho, el Rey se dejaba aclamar.

Salvo honrosas excepciones, como Público, la prensa se deshacía en ditirambos y elogios a la Casa Real, a la ejemplaridad, la transparencia de que había dado muestra (sin estar legalmente obligada a ello, decían los plumillas) al publicar sus ingresos. ¿Ejemplaridad? ¿Transparencia? El Rey da a conocer -ya veremos en qué medida y con qué detalle- sus ingresos públicos -no los privados-a los 33 años de la aprobación de la Constitución y 40 días antes de que su yerno se siente en el banquillo de los acusados por una ristra de presuntos delitos cometidos, al parecer, al cobijo de su figura.

Para Palinuro eso no es ejemplaridad ni transparencia, sino hacer de necesidad virtud. El juicio de Urdangarin será sonado y dará una imagen bastante negativa de la Casa Real a ojos de los ciudadanos. ¿Cabía que ésta siguiera ocultando la cuantía de sus ingresos? No, claro. Lo ha hecho tarde y a regañadientes y de modo enrevesado, sin computar todos sus ingresos procedentes de diversos ministerios. Sólo un espíritu servil puede ver ejemplar y digno de encomio un comportamiento que no es sino el cumplimiento de un deber moral y también juridico pues es falso que la Corona no esté obligada a revelar sus ingresos por el hecho de que aún no haya una ley específica que así lo ordene. No la hay específica, pero la hay general. El Rey es un funcionario público; lleno de privilegios, prerrogativas, títulos y grandezas, pero funcionario y sus ingresos, como los de todos los funcionarios, deben ser públicos y estar a disposición de quien quera consultarlos. Así que aquí no hay nada ejemplar. El Rey trae 33 años de retraso.

Y los revela porque no tiene otro remedio, porque habiendo averiguado hasta dónde llegaban las andanzas del yerno (no haya duda de que el Rey es la persona mejor informada de la situación procesal del Duque de Palma), ha comprendido que es la única forma de que el vendaval de esta imputación no se lleve por delante la Monarquia. Y eso está todavía por ver, cuando se apague el eco de esos atronadores aplausos con que los vasallos han regalado los reales oídos.

La trascendencia del procesamiento de Urdangarin viene dada por ser el imputado quien es, no por otra razón. Delitos como la malversación de caudales públicos, la falsedad documental, el fraude y la prevaricación los ventilan los tribunales todos los días, especialmente en España. Dice el abogado defensor que la imputación se debe al clamor popular. Efectivamente este clamor se da y es lógico que se dé, pero los jueces le imputan delitos concretos, no clamores. No es inteligente cuestionar el procesamiento poniendo en cuestión la independencia de los jueces y su probidad profesional. Si los jueces fueran volubles, venales, influibles, ¿cabe alguna duda de que las influencias de la Casa Real se hubieran hecho sentir?

El clamor popular viene y seguirá viniendo por ser Urdangarin quien es, por estar casado con quien está casado y ser yerno de quien es yerno. Por su posición en la vida. Los Reyes, los príncipes, las realezas tienen varias misiones simbólicas; una de ellas es dar materia para las revistas del corazón porque eso satisface un natural deseo del pueblo llano de hacerse ilusiones de príncipes azules, de olvidarse de lo anodino de su vida, de vivir vicariamente la de los señores, los grandes, los famosos, las celebridades. Es el peaje que la opinión pública les ordena pagar para hacerse perdonar sus vidas de boato, su dolce far niente, sus existencias de gandules y zánganos de lujo. De forma que cumplen poblando las páginas de papel couché. Pero no se les espera en las de crónicas de los tribunales por delitos de estafas propios de chorizos sino, si acaso, por tormentas matrimoniales y otros apasionamientos que también seducen al gentío. Al cruzar esa línea roja, Urdangarin ha desplegado a los ojos del común una vida de parásitos insaciables que, además de obtener una pastuqui de los presupuestos del Estado y de conseguir unos salarios de cine merced a sus enchufes, no pareciéndoles eso suficiente, se apropian al parecer ilícitamente de los caudales del común y los usan para los más fastuosos caprichos mientras millones de personas en España malviven como pueden.

Claro que hay un "clamor popular", señor abogado, y a él debieran unirse sus voces porque también es su dinero el que este presunto gandul a quien defiende se ha apropiado; supuestamente, claro. Más de seis supuestos millones de supuestos euros.

Lo recto, lo torcido y lo retorcido.

El poder ciega. Está la Iglesia tan acostumbrada a tratar de pecado lo que condena y, cuando puede imponerlo, también como delito, que el solo hecho de dejar de hacerlo le parece una magnánima concesión por la que todos debemos estar agradecidos. Agradecidos de que a algunos ciudadanos ya no se los considere delincuentes por su opción sexual y no se los condene a penas de cárcel. Agradecidos de que no se use la ley para imponer opciones subjetivas.

Nada de agradecimiento; al contrario, suscita irritación comprobar que esa misma Iglesia decida reciclar a los antiguos pecadores y/o delincuentes en enfermos invocando para ello su magisterio. Declarar a otro "enfermo" por razones morales es algo atroz y no deja de serlo porque el que comete la demasía diga, como dice el Obispado de Alcalá de Henares, que lo hace desde el más exquisito respeto hacia todas las personas. Todas, no; a los homosexuales, no. Y no sólo a los homosexuales masculinos, tampoco a las femeninas, aunque éstas no cuentan para la Iglesia porque no cuentan para la Biblia. El patriarcado asoma siempre la pelambre. Hasta para delinquir hay que ser varón.

Sostener que una opción sexual es una enfermedad es, lo sabemos desde Foucault, una forma de represión. La enfermedad preferida para estos fines represivos es la mental. La Unión Soviética, presumiendo que los opositores políticos eran unos dementes, utilizaba la psiquiatría como un arma de represión, cosa que escandalizaba a los psiquiatras occidentales. Decretar como enfermedad mental una opción sexual no es menos escandaloso.

Sin embargo, este criterio puede no ser solamente un error y una agresión; puede ser también un cálculo interesado, un cálculo retorcido. Si la opción homosexual es una enfermedad, la pederastia también. La paidofilia puede ser una enfermedad o no; eso ahora no importa. Pero, desde luego, es un delito. Por eso sabemos que la hay, porque las víctimas denuncian, porque hay víctimas. En cambio no sabemos cuántos curas y monjas son homosexuales porque la homosexualidad, al ser comportamiento privado entre adult@s que consienten, no es un delito. No hay víctimas. Hacer pasar por enfermedad un delito es inmoral como también lo es tachar de enfermo el comportamiento que, sin perjudicar a nadie, no aprobamos por razones morales.

Con esta obsesión por fiscalizar lo que hace la gente en la intimidad, la Iglesia muestra ser en verdad muy de este mundo. En tiempos del nacionalcatolicismo de Franco se encerraba a los homosexuales (es decir, a los más indefensos) en aplicación de la Ley de Vagos y Maleantes de la República. En algunas partes del planeta la homosexualidad se castiga con la muerte y en muchas otras con penas de prisión. La ONU propone despenalizar la homosexualidad en todo el mundo, cosa a la que, por supuesto, se oponen varios países musulmanes y el Vaticano. Una coincidencia de religiones muy reveladora.

Y ya, puestos a razonar con sentido común, eso del celibato del clero, ¿es enteramente sano? ¿No produce desequilibrios? ¿Obsesiones quizá? En todo caso es algo coherente con el odio de la Iglesia a la sexualidad, disimulado bajo la celebración de ésta en el terreno exclusivamente reproductivo cuyo símbolo máximo es la madre de dios, que cumple la función reproductiva sin perder la virginidad. Un odio sublimado en un absurdo: la sexualidad es santa cuando es reproductiva; pero la perfección se alcanza no ejérciéndola, manteniendo la castidad que es la no-reproducción Y quienes creen y viven en este mundo de delirio osan llamar a otros enfermos.

Dos casos de manual.

I.- Strauss-Kahn en el Ox-Bow Incident.

Cuando estalló el escandalazo de Dominique Strauss-Kahn (DSK) Palinuro mantuvo un prudente silencio a riesgo de que los críticos, que no pasan una, lo acusaran de no mencionarlo debido a sus supuestas simpatías sociatas. No había tal. Antes bien, había que el caso era demasiado típico, casi perfecto, evidente. Tanto que suscitaba sospechas razonables. De un lado podía construirse una historia melodramática muy convincente y que suele ser ideal para consumo de masas, siempre dispuestas a soliviantarse moralmente con las perversiones de los ricos, famosos, poderosos. El caso del gran banquero (aunque sea por delegación), acostumbrado a hacer lo que le da la gana y la oscura y modesta camarera, inmigrante para más señas, víctima de las demasías de los crápulas de las alturas. De otro lado se añadía que DSK, el modelo de triunfador, es socialista y se aprestaba a subir más en la jerarquía social presentándose candidato a la presidencia de la República francesa. Dos datos que añadían picante y morbo a la truculenta historia.

En cuanto al primer aspecto, el señor y la plebeya, el asunto recordaba las indignantes aventuras del malvado baronet y la infeliz huérfana a su merced, típicos de los melodramas de Guillermo Sautier Casaseca y Luisa Alberca con las que se amenizaban y moralizaban al tiempo las tristes vidas de los españoles en los años pre-televisivos del Invicto. Podía ser y, en verdad, puede seguir siendo cierto mientras las cosas no se aclaren del todo. Pero resultaba demasiado tópico, demasiado perfecto. Era tan increíble que obligaba, cuando menos, a suspender el juicio y esperar para no parecer los honrados ciudadanos de Bridger's Wells, en la magnífica peli de William A. Wellman, The Ox-Bow Incident, sobre la aun mejor novela de Walter Van Tilburg Clark. Unos adeptos a la ley de Lynch cuelgan a tres presuntos asesinos y cuatreros sin darles la oportunidad de defenderse ante un tribunal de justicia.

Pero en contra de esa restricción hablaban los dos datos picantes mencionados: un socialista y probable candidato a la presidencia de la République en lid con el hombre de la derecha, Sarkozy. Demasiado fácil: no se puede presentar a un violador como candidato a nada honorable. La derecha respiraba tranquila porque DSK era una amenaza cierta. Ahora sólo tendría que vérselas con alguien como Martine Aubry de quien se ha llegado a decir que quizá quedara en tercer lugar en la primera vuelta de las presidenciales, por detrás de la hija de nacional Le Pen, cosa tampoco tan extraña pues ya le sucedió a Lionel Jospin con el propio Le Pen.

En la izquierda, esa que se ve a la izquierda de la socialdemocracia, la cuestión era evidente en sí misma: el afán socialdemócrata de contemporizar con los ricos, los capitalistas, corre parejo con la perversion e inmoralidad de su comportamiento que reproduce el de estos, con su tradicional desprecio por las clases populares, a las que someten a todo tipo de sevicias, incluidos los asaltos sexuales. El asunto no puede ser más absurdo porque implica extraer consecuencias morales de cuestiones políticas sin que haya base alguna para hacerlo. La sola insinuación de que la opción política determina un tipo de comportamiento moral personal es tan disparatada que no merece ni comentario. La base de todas las opciones políticas es el ser humano y el ser humano es igual (y distinto) en todas partes. Pero que sea disparatado no quiere decir que no sea útil. Porque, al fin y al cabo, si la derecha quiere cerrar el camino de DSK a la presidencia, la izquierda "izquierdista" también quiere sacar tajada: que la socialdemocracia desaparezca para ocupar su lugar, y puede caer en la tentación de emplear este medio tan falso para conseguirlo.

En el caso de que haya caso penal contra DSK, que está por ver y hasta hay quien dice que no lo habrá, el acusado lo será por su comportamiento personal, no por su opción ideológica directa o indirectamente. Y por lo tanto, a juicio de Palinuro, lo correcto, en todos los sentidos del término, hubiera sido callar y esperar. Puede que, después de todo, efectivamente, DSK sea culpable; pero no es seguro y hasta es posible que no lo sea en cuyo caso el tremendo daño que se le habrá infligido como persona ¿no dará que pensar? ¿O es que por ser socialista y/o rico ya no es persona?

II.-Teddy Bautista y la presunción de inocencia.

Menuda primera de Público. Está claro que tiene una finalidad connotativa que lleve a asociar la SGAE con ETA o, cuando menos, con la mafia. "Desmantelar" y "cúpula", dos términos de resonancias tremendas. Es un reflejo de la animadversión que concitaba Bautista en sectores amplísimos de la población; más concretamente, tod@s los obligad@s a pagar un canon que no tiene niguna justificación moral y que ha sido desautorizado. Pero no sé si ello puede llevar a poner al acusado desde ya mismo en la picota.

La SGAE se ha convertido en los últimos años en el adalid de los derechos de autor frente al gratis total de la red. Y en eso cuenta también con mucho apoyo. Palinuro, por ejemplo, cree que los creadores tienen derecho a vivir de su trabajo, a cobrar por sus obras. Pero no cree que ese derecho deba imponerse a base de cánones o de convertir en delincuentes sin más a quienes piratean contenidos. Parece razonable pensar que el derecho de propiedad intelectual debe adaptarse a las condiciones del mundo digital y de la red y redefinirse de forma que una mayoría social lo apoye y no se imponga por vía de decreto o de ley que pueda considerarse razonablemente injusta.

El percance judicial de Bautista suena muy verosímil pero también era muy verosímil la primera versión de la historia de Strauss-Kahn. Los delitos societarios, como los sexuales, tienen una especie de prima de crédito, esto es, se creen antes y más simplemente porque coinciden, al parecer, dando razón a un prejuicio: que a los hombres se les va siempre la mano sobre las mujeres y sobre la caja.

Es difícil pedir respeto a la presunción de inocencia para alguien que ha conseguido enemistarse con medio país o más. Pero hay que hacerlo y no dejarse llevar por pasiones que obnubilan el juicio. Bautista está en buenas manos, en manos de los jueces. Serán estos quienes decidan si es culpable o no y en qué medida. Pero sea lo que sea, inocente o culpable, es obvio que lo es con independencia de sus convicciones acerca del derecho de propiedad intelectual. Habrá quien diga que esas convicciones son fingidas. Es posible, pero ello no afecta al derecho en sí, sino al fingidor. No hay relación de causa efecto alguna entre la defensa del derecho de propiedad intelectual y una probabilidad de llevárselo crudo a casa distinta de la de la defensa de los derechos de los animales o de los gays a que los obispos no los llamen pervertidos, precisamente los obispos.

Fuera capillas de la Universidad.

La profanación de la capilla de la Complutense ha traído cola y ha resaltado la necesidad de abordar el problema eternamente irresuelto de la separación entre la Iglesia y el Estado. La Universidad, como suele pasar, ha señalado el camino a un Gobierno que nunca tuvo intención de andarlo. Aplicó, sí, en la primera legislatura unas políticas sociales de igualdad de derechos que exasperaron a la Iglesia pero ésta no la tocó. Al contrario, contemporizó con ella, le incrementó el porcentaje de recaudación en la asignación del IRPF y finalmente se puso en sus manos, proponiendo como presidente del Tribunal Supremo a un hombre cuyo principal mérito es ser un fervoroso cristiano y como embajador en el Vaticano a otro que lleva el fervor casi al misticismo. El resultado ha sido que el Gobierno ha decidido postergar a las calendas griegas la pendiente ley de libertad religiosa. Asunto que, al parecer, no es urgente.

Pero el happening de la capilla muestra que sí lo es. La Iglesia debe abandonar todos los nichos y puestos de mando que aún mantiene en la estructura institucional del Estado o, cuando menos, renegociar con él su régimen. Es posible que deba haber capillas en los hospitales pero en las universidades, sobran. Y eso es lo que han puesto de relieve los estudiantes. ¡Ah! Pero es que el problema está en cómo lo hicieron, en que se desnudaron y atentaron contra sagrado y contra la moral pública. Lo del sagrado es muy dudoso, ya que ese sagrado está en donde no debe estar y quienes han protestado esgrimían un sagrado mayor: el de la propiedad de la colectividad, no de una parte de ella. En cuanto al escándalo público eso es muy elástico.

En todo caso, nadie pretende que no sea una infracción; pero lo será en una medida proporcional al alcance objetivo del hecho y su dimensión moral. Porque se trata de un acto típico de desobediencia civil que consiste en quebrantar públicamente una norma para llamar la atención sobre su iniquidad o la iniquidad de alguna otra. Ninguna sociedad civilizada puede ignorar el valor moral de la desobediencia civil y deberá tratarla con sanción proporcional al hecho. Es decir que a los asaltantes puede imponérseles una multa que todos los que reconocemos el valor moral de su acción contribuiremos solidariamente a sufragar.

Porque ese es el asunto, la performance de la capilla (me ha divertido mucho el término que es polisémico) no es un asalto, ni un crimen, ni una gamberrada, ni un atentado, sino una manifestación pública de una injusticia por unas gentes que son responsables de sus actos. Lo que sucede es que este razonamiento no hace mella en las huestes de la derecha mediática que plantean el hecho llamando "zorras" a las muchachas y hablando de coacción, violencia, en la antesala de un frenesí colectivo de matanza de curas y monjas y quema de iglesias.

Por otro lado, la Iglesia también ha reaccionado hiperbólicamente, convocando una misa de desagravio a la que acudieron unos mil fieles que, al no caber en la capilla, siguieron el oficio fuera, arrodillados en el suelo del campus. Eso es extraordinariamente simbólico. ¿Va la gente a la Universidad a arrodillarse? ¿O va a erguirse? Esa foto de los asistentes arrodillados es realmente lamentable.

Es imposible convencer del valor moral de una actitud a quienes reaccionan como energúmenos, de modo bronco o suave. No. Hay que cambiar de tercio y preguntar qué calificación debe darse al hecho de que, también en sagrado, se oficien misas por el eterno descanso de un dictador sanguinario, presunto genocida de su pueblo y se oficien, además, en lucimiento de la parafernalia simbólica de su régimen. Y si, como sostiene Palinuro, se trata de delitos, qué se piensa hacer y si la Fiscalía va a actuar de oficio en defensa del interés público.

Así que el acto de hoy, al que corresponde la foto, será de desagravio a la Universidad y no habrá nadie de rodillas sino que todos estaremos de pie excepto los que pillen asiento.

Delincuentes políticos y políticos delincuentes.

La política es una actividad muy mal valorada en todos los sondeos de opinión. El prestigio de los políticos es generalmente bajísimo y los partidos suelen ocupar el último lugar en el aprecio de los ciudadanos. Se asocia con ella la falsedad, el engaño, la mentira, la hipocresía y la demagogia, cuando no los privilegios, el favoritismo y la injusticia y, desde luego, la corrupción. Y eso en cuanto a la opinión que, al fin y al cabo, es una imagen. La realidad viene siendo aun peor. La política mantiene relaciones muy complejas con dos tipos de actividades humanas que todo el mundo condena, incluso los que viven de ellas: la guerra y el delito. Las relaciones con la guerra son de tipo causa-efecto en que la política tanto puede tomar una forma como la otra. Las relaciones con el delito suelen ser de tipo medio a fin y aquí la política viene siendo el medio para el fin delictivo, no el delito en sí mismo.

Ese juicio tan condenatorio que merece la política se pretende contrarrestar a veces echando mano de nobles ideales acerca del bien común, el servicio público, la condición ciudadana, la civilización, que enraizan en la filosofía griega y se mantienen confusamente hoy cuando hasta los políticos a veces distinguen entre la política como sucia actividad cotidiana y la Política (suelen decir que "con mayúscula") como desinteresada vocación.

Es la distinción que también se hace muchas veces entre un político y un estadista. La nobleza del estadista reside, precisamente, en que ha dejado de ser un político, esto es, de ocuparse del bien público desde un punto de vista de partido para pasar a hacerlo desde el punto de vista de la totalidad sin cuestionarse mucho cómo sea esto posible en una sociedad conflictiva. La distinción es un intento de resolver la contradicción que se da entre reconocer de algo (la política) que es imprescindible y tener al propio tiempo la peor opinión de ello.

Son aquellas viejas relaciones de la política con el delito las que están cambiando aceleradamente. El político al servicio del delito gestiona el bien público en interés de un individuo o de un grupo de individuos, una asociación delictiva, por ejemplo la mafia. La importancia de la política para la delincuencia, igual que para los demás quehaceres del hombre, radica en que engloba la actividad legislativa, la capacidad para establecer las normas generales, las reglas del juego. Por ello se está pasando de la instrumentalización de los políticos por los delincuentes a la conversión directa de los delincuentes en políticos. Es el camino que llevan los países en los que el narcotráfico está sustituyendo al Estado. Y el que emprendió Berlusconi hace años si fuera cierto que, efectivamente, los tribunales lo condenan por la comisión de delitos y no digo de cuáles porque, de darse el caso, con Berlusconi puede acabar pasando lo que pasó en su día con Al Capone, que lo buscaban por unos delitos pero lo condenaron por otros. Delitos eran al fin y al cabo.

La diferencia sin embargo es considerable: Berlusconi ha intentado gobernar, poner el aparato del Estado en su conjunto al servicio de sus intereses, el primero de los cuales es no responder ante la justicia por los numerosos delitos de que se lo acusa. Su gobierno ha sido un tejer y destejer leyes procesales para garantizar su inmunidad, muchas veces en detrimento del Estado de derecho. Y al final viene a caer por un presunto delito posterior a su consagración como político, de donde se seguiría que, para él, gobernar no es solamente protegerse frente a los tribunales sino, además, seguir delinquiendo.

El poder ciega. A lo más que puede llegar Berlusconi es a imitar a Sansón y morir bajo los cascotes del templo, en este caso, el Estado de derecho. Pero este proceso que, por fin, le han abierto en Milán permite suponer que el Estado de derecho sobrevivirá a la sacudida. En todo caso, la enseñanza es clara: la política debe estar libre de toda concomitancia directa o indirecta con el delito.

Por esta razón la aventura de Camps es distinta de la de Berlusconi pero tiene elementos en común. El primero eso de que el poder ciega y el miedo a perderlo ciega aun más. Camps pretende imponerse al curso de la justicia no cambiando las leyes sino contraponiéndole un triunfo en un plebiscito. Si la derecha quiere mantenerse dentro de las reglas del juego democrático del Estado de derecho, no puede permitírselo. Esas afirmaciones de Camps de que es el candidato más respaldado de la democracia en el mundo entero demuestran que el hombre ha perdido todo contacto con la realidad en la que se ve con facilidad que ni su propio partido lo respalda, salvo, claro está, su núcleo más fiel de clientes. Únicamente así, como un destello de un espíritu trastornado, puede entenderse que alguien crea que un voto unánime del electorado valenciano en su día pudiera pesar más que la decisión de un solo tribunal. Alguien debiera explicárselo. Explicarle que la fuerza de los tribunales proviene de la legitimidad que les ha dado la decisión de las generaciones en la historia y es muy superior a la que pueda emanar de un destello de una decisión colectiva momentánea, superficial y pasajera. El cadáver de la Gürtel sigue creciendo.

(La imagen es una foto de Alessio85, bajo licencia de Creative Commons).