La profanación de la capilla de la Complutense ha traído cola y ha resaltado la necesidad de abordar el problema eternamente irresuelto de la separación entre la Iglesia y el Estado. La Universidad, como suele pasar, ha señalado el camino a un Gobierno que nunca tuvo intención de andarlo. Aplicó, sí, en la primera legislatura unas políticas sociales de igualdad de derechos que exasperaron a la Iglesia pero ésta no la tocó. Al contrario, contemporizó con ella, le incrementó el porcentaje de recaudación en la asignación del IRPF y finalmente se puso en sus manos, proponiendo como presidente del Tribunal Supremo a un hombre cuyo principal mérito es ser un fervoroso cristiano y como embajador en el Vaticano a otro que lleva el fervor casi al misticismo. El resultado ha sido que el Gobierno ha decidido postergar a las calendas griegas la pendiente ley de libertad religiosa. Asunto que, al parecer, no es urgente.
Pero el happening de la capilla muestra que sí lo es. La Iglesia debe abandonar todos los nichos y puestos de mando que aún mantiene en la estructura institucional del Estado o, cuando menos, renegociar con él su régimen. Es posible que deba haber capillas en los hospitales pero en las universidades, sobran. Y eso es lo que han puesto de relieve los estudiantes. ¡Ah! Pero es que el problema está en cómo lo hicieron, en que se desnudaron y atentaron contra sagrado y contra la moral pública. Lo del sagrado es muy dudoso, ya que ese sagrado está en donde no debe estar y quienes han protestado esgrimían un sagrado mayor: el de la propiedad de la colectividad, no de una parte de ella. En cuanto al escándalo público eso es muy elástico.
En todo caso, nadie pretende que no sea una infracción; pero lo será en una medida proporcional al alcance objetivo del hecho y su dimensión moral. Porque se trata de un acto típico de desobediencia civil que consiste en quebrantar públicamente una norma para llamar la atención sobre su iniquidad o la iniquidad de alguna otra. Ninguna sociedad civilizada puede ignorar el valor moral de la desobediencia civil y deberá tratarla con sanción proporcional al hecho. Es decir que a los asaltantes puede imponérseles una multa que todos los que reconocemos el valor moral de su acción contribuiremos solidariamente a sufragar.
Porque ese es el asunto, la performance de la capilla (me ha divertido mucho el término que es polisémico) no es un asalto, ni un crimen, ni una gamberrada, ni un atentado, sino una manifestación pública de una injusticia por unas gentes que son responsables de sus actos. Lo que sucede es que este razonamiento no hace mella en las huestes de la derecha mediática que plantean el hecho llamando "zorras" a las muchachas y hablando de coacción, violencia, en la antesala de un frenesí colectivo de matanza de curas y monjas y quema de iglesias.
Por otro lado, la Iglesia también ha reaccionado hiperbólicamente, convocando una misa de desagravio a la que acudieron unos mil fieles que, al no caber en la capilla, siguieron el oficio fuera, arrodillados en el suelo del campus. Eso es extraordinariamente simbólico. ¿Va la gente a la Universidad a arrodillarse? ¿O va a erguirse? Esa foto de los asistentes arrodillados es realmente lamentable.
Es imposible convencer del valor moral de una actitud a quienes reaccionan como energúmenos, de modo bronco o suave. No. Hay que cambiar de tercio y preguntar qué calificación debe darse al hecho de que, también en sagrado, se oficien misas por el eterno descanso de un dictador sanguinario, presunto genocida de su pueblo y se oficien, además, en lucimiento de la parafernalia simbólica de su régimen. Y si, como sostiene Palinuro, se trata de delitos, qué se piensa hacer y si la Fiscalía va a actuar de oficio en defensa del interés público.
Así que el acto de hoy, al que corresponde la foto, será de desagravio a la Universidad y no habrá nadie de rodillas sino que todos estaremos de pie excepto los que pillen asiento.
