Vivir en España

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Me declaro admirador de Antoni Bassas. No necesito dar las razones. Las da él mismo. Atiéndase a lo que, con moderación y elegancia pero con contundencia, dice el periodista en respuesta a las retóricas preguntas y falaces explicaciones de M. Rajoy en el Senado. Ignoro qué habrá contestado la senadora a la que con tan encendido como atropellado verbo se dirigía el de los sobresueldos. Sus asesores deben recomendarle que escuche a Bassas en el vídeo y le responda. La educación, si supiera qué es, lo obliga a hacerlo puesto que el último lo interpela directamente. A ver cómo demuestra que España es una democracia y un Estado de derecho frente al argumento de Bassas de que no lo es.

Los poderes del 155

Además de un jarrón chino, la Constitución es un jarrón chino roto.  Imposible de recomponer y menos en esta confusión en la que, quien debiera aclararla, es quien la aviva. 

El gobierno no acepta el resultado de las elecciones que él mismo convocó en virtud de la norma de plenos poderes del 155, según la interpreta el B155.  Acerca del propósito de restablecer la Constitución mediante un artículo que la suspende ya habrá tiempo de entretenerse.

El hecho es que no se acepta el resultado electoral y, por lo tanto, todo seguirá viciado. Recuerda Rajoy que el decreto del 155 prevé su levantamiento cuando el presidente de la Generalitat haya tomado posesión. Le dicen que la toma por vía telemática y voluntad del Parlamento y dice que no vale, que solo vale la presencial (sabedor, claro, del inmediato encarcelamiento del presidente; la foto que busca el B155) porque a él le da la gana, ya que no hay razón alguna para que no valga. Solo la fuerza bruta del 155.

Hay en contra el informe de los letrados del Parlament, pero es un dictamen consultivo, no vinculante. La decisión la toma el Parlament. Y es esta la que el gobierno pretende dejar sin efecto, aunque no se vea por qué motivo ni en función de qué. La amenaza de Rajoy es una clara previsión de que seguirá rigiendo un gobierno arbitrario, personal, dictatorial de M. Rajoy. 

La prueba de que esto no tiene ya nada que ver con un Estado de derecho es la celeridad con que los más espabilados del B155 tratan de encontrar una solución que dé apariencia de normalidad, al menos para evitar la prolongación de este espectáculo internacional que es la habitual mezcla de fanfarronería e inoperancia españolas. Un esperpento, en efecto, como machaca diariamente El País pero no a causa de Puigdemont, sino de un ministra de Defensa que lo toma como Cipollino y un presidente como M. Rajoy, que se envanece de haber destituido un gobierno democráticamente elegido y cerrado un Parlamento. Títulos de gloria en cualquier país civilizado.

Esa "normalidad" mendaz, aparente, falsa es además inútil. No es concebible un govern independentista, esté constituido como esté constituido, que no reviente por un lugar u otro las costuras no de la Constitución, sino de la falta de esta, de la anticonstitución, de la arbitrariedad y la dictadura que significa el hecho de que las decisiones políticas las tome un individuo. Sobre todo porque es imposible considerar "normal" una situación en que hay presos y exiliados políticos, por mucha logomaquia que el poder y sus secuaces echen a la cuestión. 

Y aquí entran los jueces. La evidente coordinación del frente gubernativo y el judicial en el conflicto España-Cataluña con la entusiasta colaboración de los medios ha disipado la última duda: en España no hay Estado derecho que ya empezó a tambalearse cuando el PP ganó las elecciones de 2011 por mayoría absoluta. 

De forma que el PP ha hecho gala de una piqueta excepcional: primero se cargó el Estado del bienestar; luego, el Estado de derecho; y ahora está cargándose el Estado a secas.

Como no sea Europa...

Desde la generación del 98, los atribulados liberales y progresistas españoles han visto en Europa su tabla de salvación frente a la brutalidad carpetovetónica, normalmente impuesta a sangre y fuego. No tenían muy claro cuándo se separó España del continente y tampoco cuánto duraría dicha separación que ellos encontraban (aunque no todos) insoportable. Hoy tenemos alguna respuesta más: España se distanció de Europa con la Contrarreforma y se enquistó en la defensa de unos principios absurdos y unos intereses oligárquicos y eclesiásticos muy concretos que la tienen postrada al día de hoy. El tiempo de la separación, a pesar de las jeremiadas de los del 98, los del 14 y los del 27, también llegaría a la actualidad.

Quienes nacimos en el franquismo sabemos que, en el fondo, la oposición jamás confió en sus propias fuerzas contra la dictadura, y esperaba, más o menos claramente, una intervención europea que nos salvara de la barbarie nacionalcatólica reinante durante 40 años y hoy de nuevo rampante.

Lo primero que hicieron los de la transición fue integrar el País en la CE en la ingenua creencia de que integrarlo en las estructuras era reintegrarlo en el espíritu europeo. Falso. España sigue siendo el mismo nido de intolerancia, represión, autoritarismo, clericalismo, estupidez y fascismo del tiempo de Franco. Con el añadido de que los franquistas actuales ganan a los anteriores en corrupción,  sivergonzonería y afición al pillaje.

Lo anterior es el trasfondo de la última pirueta de la carcunda hispana en Europa que parece haber encontrado respuesta negativa en el continente, aunque con la habitual blandenguería del lugar. El gobierno del PP aprovechó su mayoría absoluta en la Xª legislatura para perpetrar el trágala de una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (TC) y atribuir a este competencias ejecutivas de sus propias sentencias. Esta decisión es una muestra típica del talante dictatorial de los neofranquistas del PP porque, al margen de otras consideraciones, aquí innecesaraias, equivale a convertir en agente político-policial a una instancia que ni siquiera es un tribunal de justicia, sino un órgano político que rellenan a su arbitrio los dos partidos dinásticos, repartiéndose las plazas y dejando de vez en cuando un sillín a algún representante autonómico. Todos sus magistrados son elegidos por sus filiaciones políticas y su anterior presidente, así como el que viene, son militantes radicales del partido de la derecha y el último, además, un sectario del Opus. La reforma permite al TC presentarse como lo que en realidad es: un órgano político al servicio del PP y, subsidiariamente del PSOE en la medida en que este se adapta al PP.

El dictamen del órgano consultivo del Consejo de Europa avisa de lo evidente: convertir en tribunal y corchete de sus propias decisiones a una camarilla de servidores del poder político es contrario al Estado de derecho, un atentado contra la separación de poderes y un paso más en el camino a la dictadura que es el único que conocen las recuas derechistas. El Consejo de Europa lo dice en tono melifluo, sobre todo porque el Estado español se ha empleado a fondo en lo único que hace a gusto: presionar a las escondidas, comprar voluntades, mentir, chantajear, amenazar y recurrir a la guerra sucia para conseguir que el dictamen no sea tan crítico con la habitual brutalidad autoritaria española.

Pero todo el mundo entiende de qué va este negocio: dar una apariencia de legalidad a las medidas antijuíridicas, represivas que están tomándose con Cataluña y seguirán tomándose. Así lo ha entendido el principal monaguillo del PP en los medios, El País que anuncia que el Consejo de Europa valida la reforma del Constitucional pero pide mejoras. Dos maneras de presentar la noticia: una crítica y la otra, servil. El País sabe de sobra, o debiera saber, que cuando el órgano europeo advierte de que el TC no debe tener esas facultades policiales, ignora de qué TC se está hablando y, en su buena fe típicamente europea, cree que es un tribunal imparcial y no un grupo de mandados al servicio de la derecha en su agresión a Cataluña. Y dar a un grupo de mandados del gobierno capacidad para juzgar y ejecutar lo juzgado es dar el último paso hacia la dictadura.

O Europa es más consecuente contra esta banda de delincuentes que, como siempre, viene engañando, o dentro de nada se encontrará con un estado de excepción en Cataluña.

En nombre del partido

Este gobierno ha destruido el crédito de todas los instituciones del Estado, excluida la Monarquía que se ha encargado de destruirse por su propia larga mano. Todo lo demás se ha deteriorado a extremos insólitos: el Parlamento en la anterior legislatura, los medios de comunicación públicos y en buena medida los privados por la vía de las subvenciones, los servicios públicos, la administración de Justicia, el Tribunal Constitucional y, según se ve, también el Ministerio Fiscal.

En este momento, la justicia en España es la justicia del príncipe que nunca tiene nada de justa. El gobierno sigue indultando delincuentes y la Fiscalía General da la impresión de actuar en defensa de los intereses del gobierno y no del interés público. El caso del presidente de Murcia, del PP, al que la Fiscalía ordena no investigar en contra del criterio de las fiscales del lugar, es justo el simétrico al caso del expresidente Mas, cuando la Fiscalía General ordenó investigar en contra del criterio unánime de los fiscales catalanes. Tan errático comportamiento, propio de casuística vergonzante, explica por qué la Asociación Progresista de Fiscales pide la dimisión del ministro de Justicia.

La situación es ya insostenible, entre una policía política como la que estuvo funcionando en la legislatura anterior y un ministerio fiscal al servicio del gobierno y su partido, aquí, de Estado de derecho no quedan ni las migajas.

El Tribunal Constitucional a las órdenes del gobierno

Aquí, mi artículo de hoy en elMón acerca de una cuestión que dará mucho que hablar en próximas fechas y en torno a la que se ventilará muy probablemente el enésimo contencioso en el enfrentamiento de Cataluña con el gobierno del Estado.

Habitualmente es difícil contener la risa en las comparecencias de los gobernantes del PP, una banda de presuntos malhechores, mezcla de personajes de la picaresca quevediana y la comicidad berlanguiana, con unas gotas de fanfarronería al estilo del Capitán Fracasse. Debiéramos pagar entrada por ver balbucear mentiras al presidente de los sobresueldos; escuchar la desfachatez de Cospedal, la chulería de Hernando o los delirios de Casado. Pero, en no pocas veces, el pináculo de la desvergüenza lo alcanza ella sola la vicepresidenta del gobierno. En su comparecencia del viernes, 29 de enero pasado, anunció con gesto serio y trascendental que el gobierno instaría al Tribunal Constitucional a anular las decisiones que pudiera tomar la Generalitat consecuentes con la previa declaración de independencia del Parlament catalán. Lo términos eran graves y sonaban respetables: tribunal, Justicia, derecho, ley, procedimiento... Cualquiera diría que estaba hablando de algo serio: de someter a la prueba del Estado de derecho las posibles decisiones de un órgano de una Comunidad Autónoma.

Solo que ese Tribunal Constitucional tras cuya pretendida autoridad quiere ampararse el gobierno en su lucha contra la Generalitat no es un tribunal en serio ni merece más respeto que el que merezca cualquier órgano del PP. Está presidido por un exmilitante de ese partido y puesto ahí por el rodillo de la mayoría absoluta parlamentaria del partido del gobiern y, durante un tiempo, entre sus magistrados figuró otro servil ayudante de ese partido, Enrique López -también puesto con calzador- que hubo de dimitir cuando lo pillaron conduciendo beodo como una cuba y a quien sus propios colegas han apartado dos veces de causas penales contra el PP por su evidente partidismo.

En esas condiciones, llamar a esto "tribunal" es una hipérbole. Precisamente el problema de estos órganos constitucionales no judiciales pero a los que se quiere asimilar a órganos judiciales es una fina cuestión de legitimidad que es la primera que se rompe cuando, como es el caso con este, se puede probar que se utiliza como un ariete para justificar las arbitrariedades políticas del gobierno de turno. En fin, de eso va el artículo cuya versión española es la siguiente:

El Tribunal Constitucional, ministerio del gobierno español

El gobierno español presume de enfrentarse al independentismo catalán solo con las armas de la ley y el Estado de derecho. Dentro de ese espíritu, su vicepresidenta, en rueda de prensa del viernes, tras el consejo del ministros, anunció que el gobierno instaba al Tribunal Constitucional a anular todos los actos que la Generalitat realizara emanantes de una declaración de independencia. Sostenía que ello era lógico pues si tal declaración fue anulada en su día por ese mismo tribunal, sus consecuencias han de ser nulas.

En efecto, es muy de agradecer que el gobierno español no emplee en principio el ejército, la guardia civil, la represión y la violencia, como ha hecho tradicionalmente para contrarrestar el soberanismo catalán. Que recurra a la justicia e inste a los jueces a actuar en el marco de la legalidad en vez de proceder reventarla a cañonazos según inveterado proceder imperial.

Solo que esas declaraciones y ese espíritu son falsos y un engaño.

Alguien podría decir que el engaño, el fraude, consiste en “judicializar” un problema que no es jurídico sino político, esto es, en instrumentalizar a los jueces para que resuelvan un problema que los políticos no pueden solucionar. Fue una queja muy frecuente entre especialistas y estudiosos en los comienzos del rodaje del Estado de las Autonomías en los años 80, cuando se planteaban continuos recursos competenciales al Tribunal Constitucional y hasta los magistrados se quejaban de que el gobierno y los partidos los usaran como parapeto para ocultar su incapacidad de resolver los problemas por vía de negociaciones políticas.

Pero esto también era, no ya totalmente falso y embustero como las intenciones del gobierno actual, sino erróneo.

Y era erróneo entonces y es falso hoy porque el Tribunal Constitucional no es un órgano judicial ni forma parte del Poder Judicial. Llevar los problemas políticos ante él no es “judicializarlos”. Eso es falso, una estratagema. El Tribunal Constitucional es un órgano político compuesto por juristas nombrados políticamente y con una finalidad política. Su actual presidente está ahí porque fue militante del PP, del partido del gobierno, por cuanto sabemos, subjetivamente sigue siéndolo y su función es resolver los asuntos en sentido favorable a una parte, al PP que es quien lo puso en donde está.

O sea, usar el Tribunal Constitucional para zanjar un contencioso político no es “judicializarlo”; es “politizarlo”. El hecho de que la Constitución residencie la jurisdicción constitucional (esto es, la competencia para resolver problemas constitucionales) en un órgano ad hoc llamado Tribunal Constitucional, al que se acompaña de la parafernalia léxica de la justicia (autos, sentencias, providencias, etc) no quiere decir nada. El invento es una triquiñuela autorreferencial que no otorga a sus decisiones legitimidad alguna sino solo una legalidad de parte y, por tanto, inútil. El ejemplo más obvio: por sentencia de 2010, ese Tribunal Constitucional decidió que los catalanes no podían considerarse a sí mismos una “nación”. Como decidir este disparate carece de todo sentido jurídico hubo que hacerlo de tan alambicado modo que la decisión no es justa ni injusta sino, simplemente, ridícula porque el de “nación” no es un concepto sino un sentimiento y ningún tribunal del mundo podrá jamás imponer o arrebatar a nadie un ápice de sentimiento nacional.

Por tanto, la decisión del gobierno, anunciada a bombo y platillo, de no ir por la vía de la pura represión y de acudir a los tribunales es un engaño más consistente en emplear la represión disfrazada de acción judicial, utilizar los mismos elementos de violencia camuflándolos como magistraturas que, en realidad, obedecen las consignas del gobierno como podrían hacer los militares o la guardia civil.

Y eso es lo que hay que destapar como lo que es, como una superchería. Y hacerlo con atención porque puede resultar difícil explicarlo en el extranjero, en donde, en principio, la patraña de “judicializar” falsamente los problemas políticos puede encontrar crédito en función del prestigio que entre gentes civilizadas tienen palabras como “tribunal”, “jueces”, “magistrado” o “justicia”.

Quede claro que no hay tal. Se trata de referir a un órgano político una decisión política en el sentido favorable a los intereses del gobierno de turno. ¿Valor de este procedimiento a los ojos de la justicia, del Estado de derecho? Cero. ¿Valor para justificar luego un posible recurso a la violencia si el soberanismo persiste? Todo. Ahí reside el peligro y eso es lo que hay que denunciar.

Estado de podredumbre.

Esto tiene ya muy difícil arreglo. Los meses que quedan hasta las elecciones de diciembre van a ser un verdadero suplicio de disparates. Con la fecha del 20 de diciembre, el gobierno no es que haya escogido la que más le convenía sino la última posible antes de entrar ya en el terreno de la ilegalidad, negándose a convocar elecciones, cosa nada de extrañar, vista su procedencia ideológica. Aquí, como en las últimas semanas de Dolores de Cospedal, ancha es Castilla y a conceder más contratos que en sus cuatro años de gobierno. En los tres meses y medio hasta diciembre habrá tiempo de ver verdaderos primores y auténticas barbaridades en contra del Estado democrático de derecho que parece provocar sarpullido a la derecha española.

Niegan Barberá y Fabra que el Senado sea una cámara para retirar elefantes. Con ello solo quieren decir que no se consideran "elefantes". "Elefantes" quizá no, primeramente porque no es necesario retirar los elefantes a sitio alguno; se retiran solos. Otra cosa son los "trastos viejos". Y para eso sí está pensado un buen rato el Senado: para retirar y acumular enseres, trastos viejos o inservibles. Rudi, Barberá, Fabra, Bauzá, han perdido las elecciones y se habían quedado sin curro partidista y, en algún caso, como Barberá, sin curro a secas, pues sospecho que fuera de la alcaldía de Valencia, no trabajó nunca de nada. Llevaba 24 años de alcaldesa y es fácil suponer que los valencianos se hartaron de verla. Los demás perdieron las elecciones por incompetentes. Su partido, por tanto, les busca un premio de consolación o una recompensa, que no está claro, a costa de los dineros del contribuyentes en el Senado que, en efecto, es una segunda cámara colegisladora de cuya pertinencia hay sobradas dudas. El Senado, o sea la mitad del poder legislativo, es un recinto para colocar enchufados. No vaya a ser que por un puñado de votos, la señora Barberá se quede sin un bolso de Vuitton. No sirve para retirar elefantes sino bolsos de Vuitton. En nombre de todos los dioses del Olimpo, ¿sobre qué puede intervenir Barberá en el Senado sin hacer el ridículo? O sea, efectivamente, el Senado no sirve para nada excepto como lugares de vacaciones a libre disposición de los partidos para adjudicarlas como quieran a sus amigos, compinches y enchufados y con nuestro dinero. 

El hijo de Tejero, ascendido, creo, a Coronel, ocupa un lugar en un Consejo de la Guardia Civil por delegación expresa del ministro del Interior. Ciertamente, los hijos no heredan los pecados de los padres. Pero tampoco se libran del todo de ellos porque los nombres son estirpes, a lo menos en lo simbólico. Un hijo de un golpista, condenado como tal, con puesto de importancia en la Guardia Civil manda un mensaje al ámbito público suficientemente significativo: la Guardia Civil es nuestra, como todo en este cortijo que llamamos España y ponemos en ella a quien nos da la gana porque esa es nuestra idea del Estado de derecho.

Por último el proyecto de reforma del Tribunal Constitucional deja definitivamente en claro que aquí se está dispuesto a pasar por encima de lo que sea por defender el orden constituido. Constituido ¿por quién o para quién? Por la oligarquía tradicional y parásita española: los terratenientes, los grandes financieros y banqueros, los empresarios, la jerarquía eclesiástica y para el adelantamiento de sus intereses. De esa tarea de gendarme quiere ahora el gobierno se encargue el TC contra toda lógica y espíritu jurídico. Aun en el supuesto de que cupiera convertir al TC en ejecutor de sus propias decisiones habría que justificarlo y eso no es posible. Dice Rubio Llorente que con este proyecto, el gobierno se carga el TC. No es así exactamente en nuestra opinión: el gobierno se cargó el TC mucho antes, cuando bloqueó durante años su renovación por intereses partidistas o cuando hizo que se nombrara presidente a un ex-militante del PP y contratado de la FAES. Ahora se limita a enterrarlo. Un tribunal concebido como órgano de ejecución de las decisiones del gobierno no es un tribunal sino un cuerpo de guardia de los gobernantes.

De Estado de derecho, que es contenido y forma, en España no queda nada. Los ciudadanos no somos iguales ante una ley que encarcela a la gente menuda y protege a los grandes ladrones; que abandona a los necesitados y les priva de los suyo para subvencionar a los ricos y las granes fortunas. Los procedimientos han saltado por los aires. El gobierno actúa en permanente fraude de ley que es como actuar ilegalmente y actúa con criterios despóticos, antidemocráticos, coartando la libertad de expresión, tratando de impedir que los catalanes puedan ejercitar sus derechos. Y todo ello al ritmo frenético de la gestión pública más absurda y corrupta de toda Europa.

De aquí a las elecciones "en torno al 20 de diciembre", (dice Rajoy) puede pasar y pasará cualquier cosa. Y ya veremos cuando se sepa con exactitud la fecha porque pueda hacerlas coincidir con el sorteo del Gordo y hasta asegurarse de en dónde caerá el gordo, una vez que el otro Fabra, al que siempre tocaba, ya está en la cárcel. No sería extraño en un personaje como Rajoy, capaz de adelantar o retrasar los plazos electorales por motivos exclusivamente electorales.

N.B.

Ayer lo pasé muy bien en el Ateneu de Tàrrega. Me encontré muy a gusto. Espero que fuera compartido. Muchas gracias a tod@s. 

Carta abierta a Felipe VI.

Estimado señor: en 1716, un antepasado suyo, Felipe V, abolió de un plumazo los derechos y libertades catalanas tras someter Barcelona mediante conquista militar. Trescientos años después quiere el destino que venga usted a impedir que los recuperen.

Acaba usted de espetar un discurso a un gobernante democrático, elegido por las urnas, como usted no lo ha sido, cuyo contenido esencial reside en recordar la necesidad de respeto al principio de supremacía de la ley, sin el cual, no es posible la sociedad civilizada.

¿Con qué autoridad dice usted eso a un presidente que, como él mismo señaló en una entrevista posterior, nunca se ha saltado la ley? Contestemos a esta fastidiosa pregunta.

Su autoridad personal en la materia que, a fuer de republicano, este blog no reconoce, es inexistente. Su poder viene directamente de la designación de un militar golpista, un delincuente perjuro que se alzó contra su gobierno y usted no ha tenido el coraje ni la gallardía de refrendarlo mediante una consulta a la ciudadanía, un referéndum en el que esta decida si quiere seguir con la monarquía o prefiere la República, el último régimen legítimo que hubo en España, pues el suyo no lo es.

Usted carece de autoridad pero se hace eco de la del gobierno español, ese sí, elegido por sufragio universal. Es este quien ha enviado a usted a Cataluña a recitar el catón elemental del Estado de derecho: el respeto a la ley, que a todos nos obliga, incluidos los gobernantes.

En términos abstractos esto es cierto. En términos concretos, aquí y ahora, en España, no solo no lo es, sino que es una burla. El gobierno que exige a Mas el cumplimiento de la ley, la cambia a su antojo, unilateralmente, sin consenso alguno, valiéndose de su rodillo parlamentario cuando le conviene, de forma que esa ley ya no es una norma de razón universal, general y abstracta que atienda al bien común, sino un dictado de los caprichos del gobierno del PP que, como sabe usted perfectamente, es el más corrupto, arbitrario e incompetente de la segunda restauración. Un solo ejemplo lo aclara: el mismo día que el presidente de ese gobierno, un hombre sin crédito ni autoridad algunos, sospechoso de haber estado cobrando sobresueldos de procedencia dudosa durante años, denuncia que los soberanistas catalanes intentan "cambiar las reglas del juego" al desobedecer la ley, sus acólitos presentaban un proyecto de ley de reforma del sistema electoral español para cambiar las reglas de juego a tres meses de unas elecciones. Y nadie en España, ni un medio de comunicación, ni un publicista ha denunciado esta arbitrariedad, esta ley del embudo.

Ciertamente, los gobernantes dicen que, si a los catalanistas no les gusta la ley, pueden cambiarla, pero legalmente, como han hecho ellos. No tengo a usted por una lumbrera, pero imagino que no se le escapará la impúdica hipocresía de este razonamiento pues los catalanes jamás serán mayoría en cuanto catalanes en España y, por tanto, no pueden materialmente cambiar la ley y están condenados a vivir bajo la que la mayoría les impone. Siempre. Por si no lo sabe usted, eso se llama "tiranía de la mayoría" y es tan odiosa como la de la minoría.

No, señor, el asunto ya no es de respeto a la ley. El asunto es de legitimidad, o sea mucho más profundo y antiguo. Pero, por no abusar de su paciencia, se lo expondré a usted en tres sencillos pasos a imitación de la triada dialéctica hegeliana que sirve para explicar la evolución de la realidad, pero también su involución.

Primero vino una guerra civil y cuarenta años de dictadura que forjaron una realidad española en la que se mezclaban los sueños de fanfarrias imperiales con los harapos de un país tercermundista, gobernado por los militares y los curas, como siempre. Fascismo, nacionalcatolicismo, centralismo, ignorancia, represión y robo sistemático. Fue la tesis.

Luego llegó la transición, la negación de la tesis, la antítesis. España se convertía en una democracia homologable con el resto de los europeas. Se negaba la dictadura. El Estado se descentralizaba y devolvía libertades a los territorios, se promulgaba una Constitución que consagraba la separación de la Iglesia y el Estado y propugnaba un Estado social y democrático de derecho. Y se acariciaba la ilusión de que era posible una continuidad normal del Estado, por encima de los avatares históricos.

Por último llegó la negación de la antítesis, la negación de la negación, la síntesis. Con el triunfo aplastante del PP en 2011, volvió el espíritu de la dictadura, el gobierno de los  curas (o de sus sectarios del Opus Dei), el nacionalcatolicismo. Se conservó la cáscara de la Constitución, pero se la vació de contenido con la ayuda del principal partido de la oposición, cómplice en esta involución y se procedió a recentralizar el país, atacando el régimen autonómico y burlando las expectativas catalanas, de forma que su estatuto carece de contenido. De nuevo con la ayuda del PSOE y la diligente colaboración de todas las instituciones del Estado. La que más se ha usado ha sido un Tribunal Constitucional carente de todo prestigio y autoridad moral por estar plagado de magistrados al servicio del gobierno o sectarios del Opus Dei, con su presidente a la cabeza, militante y cotizante del PP. 

Así están hoy las cosas en España, señor mío. Un gobierno de neofranquistas y nacionalcatólicos, empeñados en imponer sus convicciones como ley de la colectividad, impregnado de corrupción, basado en un partido al que algún juez considera una asociación de delincuentes. Un gobierno que ha provocado una involución sin precedentes, una quiebra social profunda (lea usted las estadísticas de pobreza, las de paro, las de productividad, las verdaderas, no las que fabrica esta manga de embusteros) y una quiebra territorial mucho más profunda, que él mismo reconoce de una gravedad extrema y de la que es el único responsable por su incompetencia, autoritarismo y corrupción.

¿Cree usted que ese gobierno tiene autoridad para hablar de la ley?  ¿La tiene usted?

No le extrañe que los catalanes quieran liberarse de esta tiranía personificada en estúpidos provocadores como ese que quiere "españolizar a los niños catalanes". Muchos otros, si pudiéramos, haríamos lo mismo. No quieren, no queremos, vivir otra vez el franquismo. 

Y usted, le guste o no, lo representa.

La Gürtel y el PP, a juicio.

Orgulloso Palinuro de estos jueces, que se guían por la Justicia y no por el favor del Príncipe, aplaza a mañana un comentario más pensado sobre la apertura de juicio oral a esta gavilla de perillanes y padres de la Patria.

Pero una pregunta de urgencia lo inquieta y lo lleva a garabatearla aquí, por si alguien sabe algo más: ¿quien va a defender al PP directamente acusado? ¿O no necesita defensa? Y ¿quién va a representarlo físicamente? ¿Rajoy? ¿Por plasma?

La dictadura neofranquista

El mes de julio pasado, Juan Torres López publicaba en El País de Andalucía un gran artículo titulado La dictadura del decreto ley, cuyo contenido se deduce del título: el gobierno de Rajoy desprecia e ignora el Parlamento en su función legislativa y gobierna por decreto ley, lo cual implica una clara deriva dictatorial porque priva al órgano legislativo de la facultad de debatir los proyectos de ley y lo convierte en una pseudocámara sancionadora.

No se trata solamente de que en el sistema español, como en muchos otros parlamentarios, se produzca una situación de privilegio del gobierno sobre el parlamento en la medida en que, por diversas razones, aquel acapara casi toda la actividad legislativa, vía proyectos de ley. No es una mera descompensación del equilibrio entre el ejecutivo y el legislativo, pero que reserva a este su monopolio de la función legislativa. Es algo mucho peor. Es un absoluto desprecio del Parlamento y una clara deriva dictatorial de este gobierno de franquistas. El artículo de Torres López es incluso caritativo. Veamos.

El desprecio al Parlamento se da desde el primer momento y no solo en la función legislativa. Rajoy no lo pisa. El que "iba a dar la cara" no acude jamás a las sesiones parlamentarias. El presidente no asiste al 85% de las sesiones en que hay votaciones. En las que no hay votaciones, la ausencia es del 100%. De un parlamento del que es diputado y del que deriva parte de sus ingresos (exactamente cuánta, seguimos sin saberlo) que sufragamos todos los españoles. Otra más de las innumerables mentiras con que este individuo ha construido su imagen política. Tampoco asiste cuando, en inútil ejercicio de su competencia de control del gobierno, el Parlamento reclama expresamente su presencia o la de alguno de sus ministros para dar cuenta de los frecuentes desaguisados que se organizan en este desgobierno de latrocinio y corrupción en que se ha convertido España. De los tres años de legislatura, el gobierno ha ignorado el 63% de las peticiones de comparecencia parlamentaria de Rajoy o sus ministros. Es decir, el gobierno no rinde cuentas de sus actos a los representantes populares sino cuando le da la gana y como le da la gana. Ignora el Parlamento siempre que quiere y eso es dictadura.

 

Los datos del gobierno por decreto son también apabullantes. En el primer año de legislatura, 2012, en España se aprobaron 28 decretos-leyes frente a 16 leyes y en los años sucesivos se ha seguido a este ritmo o peor. El mismo personaje que iba a potenciar el papel del Parlamento, gobierna por ukase. Pero no acaba ahí la querencia por la dictadura de estos personajes cobradores de sobresueldos, sobrepagas, mordidas, comisiones o "incentivos". No sería bastante. Con el autoritarismo de los decretos va también la necesidad de acabar con la seguridad jurídica de la democracia y el Estado de derecho para dejarlo todo al arbitrio omnímodo del dictador. No se trata tan solo de que un Decreto-Ley vaya en el lugar en donde debiera ir una ley debidamente debatida en el parlamento y votada. Se trata de que, con uno de esos decretos se puede literalmente volar parte del ordenamiento jurídico. Con el famoso Decreto Ley pomposamente llamado de "Medidas urgentes para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia" y aprobado el 10 de julio de 2014 se cambiaron de golpe 26 leyes vigentes sin el menor tipo de debate en el Parlamento.

 

Así, a la vista de que las leyes aprobadas por el Parlamento y en vigor pueden cambiarse sin debate posible por arbitrio del gobierno cuando a su jefe le dé la gana cabe calibrar el valor y la ética de la respuesta de Rajoy a las peticiones del soberanismo catalán en el sentido de que hay siempre que respetar la ley. Como en todas las dictaduras hay que respetar la ley cuando le da la gana al dictador y, cuando a este le parece, la ley se cambia sin necesidad de debatir nada en el parlamento.

 

La coronación de este edificio de dictadura de hecho y democracia de fachada es esa Ley Mordaza con la que se pretende amenazar, amedrentar a la población, criminalizar, sofocar y perseguir las protestas, reprimir los derechos y libertades de los ciudadanos, garantizar la impunidad de las fuerzas represivas hagan lo que hagan y establecer un Estado policía en el que se persigan faltas y delitos "políticos" prescindiendo de control judicial.

 

Para acabar de perfilar el carácter de este gobierno, el peor, más desalmado, incompetente, corrupto e inútil que ha tenido la España democrática, no puede olvidarse que es el de un partido acusado por un juez de haberse lucrado con la participación en un presunto delito de financiación ilegal y que,  a tenor de la cantidad de dirigentes y cuadros involucrados en procesos penales por corrupción puede considerarse como una organización de malhechores más que un partido. Y, no se olvide, presidido por un político acusado de haber cobrado sobresueldos de origen oscuro, de haber recibido regalos aun más oscuros y de mentir de modo continuo, contumaz, sistemático al Parlamento, a sus electores y al conjunto de la ciudadanía.  

(La imagen es una foto de La Moncloa en el dominio público).

El Estado (presuntamente) delincuente.

España no es propiamente hablando un Estado de derecho. De ponernos estrictos, cabría decir que incluso carece de Constitución. Al menos, según el artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789:

Toda sociedad en la que no esté asegurada la garantía de los Derechos ni determinada la separación de Poderes carece de Constitución.

En España no hay garantía de Derechos ni separación de Poderes. Y tiene Constitución. Formalmente, pero no materialmente. Y esto mismo se aplica a la carencia del Estado de derecho. Tampoco rige el principio del imperio de la ley, ya que hay personas por encima de ella, tanto formal como materialmente.

Por encima de la ley, formal y materialmente se encuentra el Rey, cuya persona es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sin embargo, su comportamiento -y, con él, la Jefatura del Estado-, deja mucho que desear y está muy por debajo de las expectativas en materia de transparencia y de recto proceder. Su familia en primer grado pareciera estar materialmente por encima de la ley y hay fuerzas institucionales muy poderosas interesadas en que así sea. Sin embargo, sus comportamientos, conocidos por los tribunales, les han valido imputaciones penales que tienen muy mala pinta. ¿Puede una Monarquía tan tocada del ala aguantar una condena a una Infanta de España por un delito contra la Hacienda Pública o la condena de su marido? ¿Se puede reinar habiendo cometido delitos? Empeñarse en que en España no hay una crisis de Estado, en gran medida propiciada por el comportamiento vituperable de la Casa Real es absurdo.

Claro que la Real Casa no parece haber hecho nada muy diferente de lo que llevan años haciendo los gobernantes. El presidente del gobierno puede decir lo que quiera (que habitualmente es muy poco y en una actitud despectiva) pero está bajo sospecha de haber presidido un partido con una contabilidad B y que se financiaba ilegalmente. Está asimismo bajo sospecha -nunca satisfactoriamente despejada- de haber cobrado sobresueldos de problemático origen durante dos décadas. Y eso es él. Tiene luego una ministra, directamente acusada de haber recibido dádivas de todo tipo de la trama delictiva Gürtel, acusaciones que no niega, sino de las que quiere librarse pretextando ignorancia. Otro, el de justicia, un hombre de un rigorismo exacerbado, fue condenado por los tribunales a pagar una indemnización a su casera por haber estado viviendo dos años sin pagar el alquiler. En serio, ¿alguien imagina que se pueda ser ministro en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en cualquier parte, habiendo sido condenado por los tribunales por moroso? ¿Qué tiene esto que ver con un Estado de derecho?

La propia maquinaria en su conjunto del partido del gobierno tiene tal cantidad de imputados en procesos por corrupción que es legítimo pensar que es, en realidad, una asociación con ánimo de delinquir. La lista de presuntos, miembros del partido o directamente relacionados con él es impresionante: Bárcenas, el Bigotes, Correa, Fabra, Matas, Camps, Baltar, Barberá, Castedo, Blasco, Sepúlveda, el Albondiguilla.

Añádase la recua de empresarios y financieros delincuentes que forma la flor y nata del "espíritu emprendedor" de la derecha. Alguno está en prisión preventiva, otros han cumplido condena, otros están imputados o investigados. Esta semana empiezan a desfilar por el juzgado de Ruz los empresarios de la Gürtel, un buen puñado. Y mañana quizá lo haga otro puñado del Consejo de Administración de Caja Madrid cuando esta cumpla la orden de la Audiencia Nacional de revelar los sueldos y gratificaciones que se había autoconcedido y se obstinaba en mantener ocultos. Decenas de personajes en las más sorprendentes peripecias pero todos con un punto en común: enriquecerse a base de saquear los caudales públicos en todas sus formas: privatizando, malversando o llevándoselo crudo a Suiza.

¿Y qué decir de la colusión entre los gobernantes y los delincuentes condenados e indultados acto seguido en clara desviación de la justicia?  ¿Qué si no que España no es un Estado de derecho, sino un Estado (presuntamente) delincuente?

(La imagen es una foto de La Moncloa aquí reproducida según su ”aviso legal”).

Suma de poderes.

¡Santo barón de Montesquieu, señor de La Brède, ya ves de qué sirven tus enseñanzas! ¡Qué imagen contemplan tus asombrados ojos! El príncipe en secreteos con el juez en presencia de un obsequioso legislador que, como lacayo, se tiene a respetuosa distancia. Sí, ya sabemos -cosa que tú ignorabas, noble patricio- que el Tribunal Constitucional no es poder judicial; pero, a los efectos, lo es. También sabemos -algo nuevo para ti- que el príncipe es ahora electo. Pero no te preocupes, Secondat,  ha sido electo por mayoría absoluta y él entiende lo de absoluta como los dos reyes que te tocaron, Luis XIV y Louis XV. Se hace lo que él dice y los demás miran y/o escuchan y, llegado el momento, aplauden.

El de esta exhibición de unidad de poderes, estimado barón, en esta vecina España que tú tenías por atrasada, fanática, medio africana, es el aniversario de la Constitución. Sí, querido señor de La Brède, esa norma dictada por los emperadores romanos que los independentistas norteamericanos resucitaron para inscribir en ella el principio de oro de todo gobierno civilizado: la división de poderes. Tu doctrina, maestro. Tu doctrina está en la constitución y los poderes la celebran abrazándose y dando testimonio de su unidad y jerarquía. La celebran convirtiéndola en público, sin recato alguno, no en una unión sino en una fusión de poderes.

¡Ah, admirado autor de El espíritu de las leyes! ¿Cómo ibas tú a imaginar que la razón de Estado seguiría siendo ley suprema doscientos cincuenta años después de tu muerte? El espíritu de la Ley es el espíritu del estado de excepción. ¿Que no lo entiendes? Pero, querido magistrado, la clave está en tus Cartas persas. El despotismo asiático. Al súbdito que sale a la calle a protestar le confiscan sus medios de vida y lo condenan a la pobreza.

Olvídate de la división de poderes. Aquí los poderes están unidos como una piña, como un puño de hierro, presto a golpear al catalán  que ha enarbolado bandera de facción y pone en peligro la unidad de la Patria. Te admirará saber, eximio filósofo que, siguiendo los pasos de la Ilustración, cuenta el poder español con un equipo de sabios encargados de explicar racionalmente cómo toda pretensión independentista es una superstición alucinada propia de pueblos atrasados que se dejan seducir por ideologías totalitarias, desde el carlismo al nazismo.

Mientras se termina de generalizar esa teoría que llaman nazionalismo  (y que, por supuesto, no se aplica a los poderes del Estado, uno en esencia y trino en apariencia), el Príncipe explica su táctica de wait and see frente al nacionalismo catalán que, por cierto, está en un momento crítico. Si fuera más versado en historia podría explicar a los socialistas que está aplicando una táctica fabiana, muy típica del socialismo británico, que la tomó de Quinto Fabio Máximo, Cunctator, el cónsul que se enfrentó a Anibal. Eso también te suena a ti, que eras gran admirador de los romanos. Una táctica fabiana para contener al bárbaro cataláunico.

A juicio del Príncipe, los socialistas se dejan llevar de los nervios y hablan de reformar la Constitución. Pero Quinto Fabio Rajoy dice que hay que esperar, frenar al faccioso. Siempre habrá tiempo de reformar. Tú también, querido Montesquieu, pasaste media vida pidiendo se reformaran las costumbres. Pero tú creías en las reformas; el poder uno y trino español, no. Lo ha dejado dicho Rajoy en una de esas reflexiones en las que da la medida de sus entendederas. En el fondo no quiere reformas porque  “no tiene sentido reformar por reformar para meter dentro a quien no quiere estar dentro”. Pues sí, maestro, ya ves. Tu ingenio es inimitable.

Está muy claro. No se reforma nada. Se recurre al Tribunal Constitucional, que es de los nuestros y se hace lo que haya que hacer. Por ejemplo, se puede multar con 30.000 euros a todos y cada uno de los nacionalistas catalanes por ofensas a España.

¿Que qué es "ofensas a España"? Lo que en tu tiempo se llamaba blasfemia.

Santiago y cierra España.

A ver. ¿Qué se han creído esos extranjeros? Sobre todo esos ingleses, ¿qué se han creído? ¿Que pueden meter sus narices en los asuntos internos españoles? Esos sempiternos enemigos de España, propietarios de Gibraltar solo por fastidiar, debaten en la Cámara de los Lores sobre la formación de una Comisión de la Verdad para hacer justicia a las víctimas del franquismo e indagar en los crímenes de la Dictadura de Franco. Pero, bueno, y ¿quién es la Cámara de los Lores para hurgar en asuntos internos españoles? Y asuntos del pasado, de los que Rajoy dice que ya está harto, de la República y el franquismo. ¿Que quién es la Cámara de los Lores? Pregunten a Esperanza Aguirre, que es Dama del Imperio Británico. Ella lo sabrá.

En todo caso, alguien y algo es. Incluso después de la inconclusa reforma de Blair. Su voz suele ser escuchada. Tiene autoridad. Y es literalmente una vergüenza que sea un parlamento extranjero quien recuerde a los españoles un deber de justicia que llevan 35 años incumpliendo. Un bochorno, vamos. Y tampoco es nuevo. Ya debatía a comienzos del XIX la Cámara de los Comunes sobre el absolutismo de Fernando VII y su modo de tratar a los prisioneros políticos. La cosa viene de muy atrás. En esta decisión de la cámara alta británica sin duda ha pesado la experiencia habida con general Pinochet, cuando los tribunales españoles exigieron su extradición a España, apelando a la jurisdicción penal internacional. Entonces fueron los británicos quienes actuaron con criterios políticos, de razón de Estado y no jurídicos. Pero -¡oh, pérfida Albión!- se la guardaron y la devuelven ahora siendo ellos quienes invocan los criterios jurídicos de justicia universal y los españoles quienes responderán con razones políticas, por la vía del hecho o el no hecho, vergonzantemente.

Santiago y cierra España, dirán los recios patriotas españoles, los beneficiarios de la Dictadura de Franco, los nacionalcatólicos, los enemigos del libertinaje progresista, los partidarios de la Ley Fernández Mordaza. Además, ¿a qué vienen estos británicos a dar lecciones de nada o meterse en donde no les llaman cuando hasta los chinos les han recordado (a propósito de la visita de Cameron a la China) que ya no pintan nada, que son "un país de la vieja Europa, adecuado para el turismo y los estudios en el exterior." (Palinuro se maravilla de que sean los chinos quienes acusen a los demás de "viejos". Los chinos; en fin). Pero al grano: tienen razón los asiáticos. Hay que demostrar de una vez por todas a estos valetudinarios ingleses cómo las gasta la furia española. Llamad a la Legión y que tome el Peñón.

Por cierto, ¿qué hace el embajador español en Londres, ese fino Maquiavelo del foro? Ya debería haber llamado al secretario del Foreign Office a expresar su disgusto. ¡Qué digo! Al mismo Lord Speaker por esa humillante extralimitación. Y, ya puestos, a la Reina en persona. Con nadie menos debe dignarse tratar el héroe de Perejil.

Lo fastidioso: no son solamente esos protestantes ladinos quienen resucitan la Antiespaña. También se ha sumado el Consejo de Europa, con sus 47 miembros que expresa su grave preocupación por la Ley Fernández Mordaza y eso que seguramente no se la ha leido a fondo. Esa ley es la consagración del Estado de excepción en España como situación ordinaria. Es un abuso de poder gubernativo incompatible con cualquier idea de imperio de la ley y Estado de derecho.

Nada, nada, otra intolerable injerencia extranjera en los asuntos internos soberanos de España. Otra vez la conjura masónica, anticatólica, antiespañola. Porque, veamos, ¿quién o qué es ese Consejo de Europa? ¿Forma parte de él el Vaticano? No. ¿Por qué? Porque su forma de Estado es contraria a los principios del Estado de derecho y la democracia liberal que el Consejo dice defender. ¡Ajá! ¿Lo ven? Un organismo contrario al catolicismo y, por tanto, a la misma esencial nacional española.

Nosotros, a lo nuestro: orden, obediencia, jerarquía, disciplina y a reconquistar esta Patria zaherida y ofendida por sus enemigos internos; los peores de todos. Deberíamos marcharnos del euro y de la Unión Europea y de la OTAN, y del Consejo de Europa. Debiéramos marcharnos de Europa. Quedarnos solos con nuestros fantasmas.

(La imagen es una foto de La Moncloa aquí reproducida según su aviso legal).

Las zozobras del Estado del bienestar.

Eloísa del Pino y Mª Josefa Rubio Lara (editoras) (2013) Los Estados de bienestar en la encrucijada. Políticas sociales en perspectiva comparada. Madrid: Tecnos (371 págs.).

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La teoría del Estado contemporánea es la teoría del Estado del bienestar (EB). No hay otra digna de tal nombre porque todos los Estados son de bienestar o dicen o quieren serlo. Tanto en su formulación jurídica de "Estado social y democrático de derecho" como en la más politológica, referida al bienestar, domina el campo de la investigación y debate académicos y mundanos. Hasta aquellas ideologías que pretenden abolirlo sostienen que, en realidad, quieren preservarlo, hacerlo sostenible. Y esto no es asunto trivial. Se engarza con la autenticidad del debate político y tiene que ver con las cuestiones comunicativas y hasta propagandísticas. La pregunta de nuestro tiempo es si cabe seguir hablando de Estado de derecho en ausencia del componente social y democrático o de bienestar, habida cuenta de la evolución de la conciencia moral de la especie.

El EB vino acompañado de controversia desde el punto de su nebuloso origen y así siguió después. Ya a fines del XIX, Eugen Richter atacaba con sorna, considerándolas distópicas, las aspiraciones socialdemócratas del Wohlfahrtstaat. Las andanadas teóricas de Von Mises son de los años veinte del siglo pasado y el momento de su apogeo y consolidación, en la segunda postguerra, coincide con el despliegue crítico de Von Hayek. Incluso en los que este libro considera "edad de oro" del EB este tenía que hacer frente a una abigarrada batería de ataques que unía en orfeón negativo la Trilateral, la escuela de Chicago, el monetarismo, la economía de la oferta, la visión marxista del capitalismo monopolista de Estado, la escuela neoclásica, los profetas también marxistas de la crisis fiscal del Estado, los anarcocapitalistas, libertaristas y partidarios del Estado mínimo.

Pensiones: la derecha contra los derechos.

El PP, la derecha, la expresión política de la clase dominante, son alérgicas a la idea misma de derechos en cuanto titularidad subjetiva a determinadas acciones y posesiones amparada por los tribunales. Para sí misma quiere todos los privilegios y para la inmensa mayoría de la población, si llega, la caridad y la beneficencia. Pero nada de derechos. Nada que permita a la gente tener una base de dignidad independiente de los caprichos de los señores y sobre la cual proyectar una existencia de ser humano libre.

 

La derecha quiere esclavos, siervos. Quiere que la gente, despojada de toda seguridad jurídica, se someta a la incertidumbre de las relaciones personales y fie su bienestar, su vida misma, al capricho de los amos.

El ejemplo más evidente y último (por ahora) es esa reforma de las pensiones perpetrada por el gobierno con el auxilio de unos expertos sin escrúpulos ni moral, directamente a sueldo de las entidades financieras que se beneficiarán con el desmantelamiento del sistema público de pensiones y su substitución por sus esquemas privados. Al desvincular las pensiones del IPC -como hasta ahora estaban por ley- dejan la actualización de aquellas al libre albedrío de los gobiernos, convertidas en un acto graciable de estos, eliminado su carácter de derecho de los pensionistas. La inenarrable ministra del ramo, Báñez, afirma que, con su subida garantizada del 0,25% anual las pensiones subirán siempre. Y, claro, no menciona que, si el IPC aumenta por encima del 0,25%, como suele suceder y al gobierno no le da la gana de compensar la diferencia, las pensiones perderán poder adquisitivo de modo sistemático hasta desaparecer. Esta señora piensa que el auditorio tiene un nivel de estulticia muy superior al suyo, que ya es gigantesco. La reforma de las pensiones del PP es, simplemente, un expolio sistemático y en diferido a los pensionistas.

No vamos a recordar las veces que el embustero Rajoy afirmó que jamás tocaría las pensiones. Nadie espera ya del presidente otra cosa que mentiras e indignidades. Vamos a situar este último atropello en un contexto más amplio.

Han hecho con las pensiones como con la sanidad, la educación y, en general, todas las prestaciones del Estado del bienestar: suprimirlas sobre la base de decir que no podíamos permitirnos estos lujos gratuitos. Ahí empieza su mentira: nada de eso es gratuito. Todo, absolutamente todo, lo hemos pagado de antemano a través de los impuestos y las cotizaciones. Lo hemos pagado, además, quienes pagamos impuestos y no los que los evaden, es decir, en su inmensa mayoría gente del PP (como quienes no declaraban lo sobresueldos) o sus amigos y votantes, evasores fiscales a quienes sus obedientes políticos amnistían después. De gratis, nada.

Pero hay más: el expolio, el hurto, residen además en recortar o suprimir esos servicios, hacerlos de repago si acaso al tiempo que se siguen subiendo los impuestos ciertamente a los de siempre. Y ¿para qué quieren recaudar más cuando gastan menos en servicios o, simplemente, como hace Cospedal, los suprimen? Sencillo, con tres objetivos:

1º) Seguir robando y metiéndose directamente el dinero en el bolsillo (Bárcenas, Gürtel, etc).

2º) Despilfarrarlo en proyectos faraónicos inútiles, mamandurrias de cientos de enchufados o comitivas de chupones a Buenos Aires o donde sea.

3º) Dárselo a las empresas privadas que los financian a su vez ilegalmente con las correspondientes mordidas, estilo López Viejo y otros.

¿Cómo va la derecha a respetar los derechos si lo suyo es expoliar a la gente, someterla por la inseguridad y el miedo y reprimirla a palos o como sea si se solivianta?

(La imagen es un montaje de El Jueves, en GAtos Sindicales).

Han destruido España.

El grado de corrupción de España lo mide la última noticia sobre Ana Mato. Al parecer, asistió a la final de no sé qué importantísimo torneo de tenis en Nueva York en el que jugaba Rafa Nadal cargando el precio de la entrada (unos 940€) al presupuesto de su ministerio; es decir, al bolsillo de todos los españoles, raza sufrida que, entre otras ignominias, tiene que pagar los caros asuetos de unos gobernantes incalificables. La noticia muestra el grado de corrupción y, lo más grave, de tolerancia y aceptación social de la corrupción.

(Actualización de la mañana del sábado: según parece lo que Mato ha cargado al erario público ha sido todo: la entrada al Open, el viaje y el hotel en Nueva  York. Les importa un comino. Ellos han ganado las elecciones para robar y es lo que están haciendo a mansalva. 328 chupones llevaron a Buenos Aires a hacer el ridículo, a beber, comer y divertirse a costa de los españoles a los que se les recortan los salarios, las medicinas y las pensiones. Esto no es un gobierno sino una panda de sinvergüenzas y parásitos.)

Exactamente, ¿qué cree esta señora que significa ser ministra? Es verdad que Mato desmiente la noticia, pero no aporta prueba alguna de haber pagado la entrada y, vista la afición de la dama a que los contribuyentes le paguemos hasta los cumpleaños de sus hijos, el asunto es alarmante. Lo grave de la situación, lo que indica la desmoralizacion de nuestra sociedad, la destrucción de los valores democráticos más elementales, no es ya que Mato no haya dimitido, ni siquiera que Rajoy no la haya destituido; lo grave es no haya masivas peticiones de dimisión. En ningún país democrático se toleraría una ministra como Ana Mato, cobradora de sueldos barcénigos, beneficiada reiteradamente por la trama Gürtel y gorrona del erario público. En ninguno. Lo sabemos todos.

Lo sabe el mismo Rajoy. Claro que en ningún país democrático del mundo se toleraría un Mariano Rajoy de presidente del gobierno. En ninguno. Y ya no se hable del clima general de corrupción que el PP ha instalado en el país y del cual nos hacemos una idea hilando nombres que tienen que ver con ella directa o indirectamente, además del de Mato: su marido, Sepúlveda, el albondiguilla, El bigotes, El curita, Bárcenas, Correa, Matas, González, Cospedal, Arenas, Cascos, Rajoy, Aznar, Fabra, Baltar, Castedo, Urdangarin, veinte años de financiación ilegal. Han destruido la fibra moral de la sociedad. Si la alcaldesa Botella ha gastado dos millones de euros públicos en comprar la mediación de un conseguidor para que le dieran a Madrid unos juegos que Madrid no merecía o si el gobierno se apresta a cambiar la ley antitabaco para propiciar la radicación de algo como Eurovegas, eso quiere decir que la soberanía del parlamento, la supremacía de la ley, la base moral de la democracia, les importan un rábano. Que han destruido la moral pública de la sociedad.

Este gobierno se ha cargado, a fuerza de despreciarlas, las convenciones normales del Estado democrático de derecho en cuanto a responsabilidad y rendición de cuentas de lo gobernantes. Rajoy no cree que deba dar cuenta de sus actos, ni explicar su decisiones (ni niquiera informar sobre ellas), ni disipar las sospechas y acusaciones en sede judicial de ser un presunto corrupto. Su política consiste en bloquear la oposición parlamentaria, censurar la información y manipular los medios públicos de comunicación a su servicio, obstruir la acción de la justicia, cuando no presionarla, y sofocar la protesta ciudadana con intimidaciones y una intensa represión policial. Es decir, ha destruido las formas y procedimientos democráticos que quedaban en el país. Formalmente, España es una democracia; materialmente, vuelve a ser una dictadura.

Quedaba al gobierno pendiente el capítulo de la agresión al sistema de pensiones y lo perpetró ayer al aprobar la medida que las desvincula del IPC, con lo que condena a lo pensionistas al empobrecimiento progresivo. Era el último clavo en el ataúd del Estado social, que también han destruido: el régimen jurídico laboral, la sanidad, la educación, las prestaciones sociales no son ni sombra de lo que eran.

Ahora ya tienen las manos libres para provocar similar destrozo en el Estado desde le punto de vista territorial. La política  de Rajoy en relación a Cataluña ha sido la que ha acelerado el movimiento soberanista/independentista. Precisamente quienes acusaban a Zapatero de romper España son los que, por atender a sus propios intereses ideológicos y materiales (y los de aquellos en favor de quienes gobiernan) han llevado a España a esta situación de ruptura.

((Breve digresión sobre ideología e intereses. Pueden ir unidos o no, según conveniencia. Por ejemplo, CiU, teóricamente enfrentada al gobierno y el PP en el sacrosanto asunto del dret a decidir, vota con aquel en favor de una Ley de transparencia que solo cabe considerar como un sarcasmo. ¡Una ley de transparencia de un gobierno cuyo presidente es sospechoso de corrupción! Ahí hay un interés común del PP y CiU.))

Frente a la efervescencia independentista, que ha dado pruebas suficientes de fuerza, arraigo social, carácter abierto, democrático, pacífico, que cuenta con grandes simpatías en todo el mundo (incluida España), la respuesta del nacionalismo español, analizada ayer por Palinuro (La respuesta) ha sido un NO cerrado, aunque con distintas músicas: Rajoy, como siempre, refugiado en el silencio; García-Margallo diciendo cosas sin sentido; Sáenz de Santamaría añadiendo vaciedades; y los matones más o menos a sueldo repartiendo estopa al grito de "¡Cataluña es España!", con el cual, sin duda, habrán convencido a muchos catalanes. Y esto no es más que la punta de lanza de la campaña de feroz anticatalanismo que se avecina, incluidas las amenazas procedentes de los cuartos de banderas

Resumiendo: han destruido la moral pública, la democracia, el Estado social y la convivencia territorial de los Españoles. Se han cargado España y les quedan dos años de legislatura. Cuentan con una oposición que no es tal, en parte porque no puede y en parte porque no sabe o no se atreve. Ello les añade un sentimiento de impunidad que puede ser peligroso porque son muy agresivos. Después de haberlo desspreciado durante mes y medio, Rajoy va a contestar la carta de Mas diciéndole, claro, que NO, pero que, si quiere unas perras más, pueden entenderse. Mientras tanto, las bandas fascistas se crecerán y la situación se deteriorará mucho.

Está claro que las elecciones de 2015 serán decisivas. Si las gana la izquierda, como es posible, dado el rechazo provocado por el PP, tendrá que deshacer todo el destrozo causado por la derecha. Tendrá que devolver los derechos a todos los ciudadanos. Una perspectiva que horripila a las clases dominantes, empresarios, banqueros, curas, enchufados y vividores de la política. Tanto que ya hay quien barrunta que no habrá elecciones en 2015 ni en los años siguientes. Palinuro no comparte esta opinión pues tiene confianza en que Europa no permitirá una deriva dictatorial (más dictatorial, ya claramente dictatorial) de la derecha en España. Pero lo fía a Europa porque a la derecha, sin duda, ganas no le faltan.

(La imagen es una foto de La Moncloa en el dominio público).

Regresa el patrón.

Pero ¿llegó a irse en algún momento? No; se mimetizó con el paisaje. Se hizo pueblo. Ahora ha vuelto y el pueblo es chusma.¿Qué se habían creído ustedes? ¿Pensaron que tenían la democracia garantizada en el Estado de derecho? Esa era la democracia de la chusma. El patrón trae la del señor y con exquisito respeto al Estado de derecho pues todas las medidas que toma las viste de leyes, de decretos leyes, pero leyes al fin y al cabo, que respetan el cascarón, la forma del Estado de derecho. Pero lo socavan y lo niegan en su contenido esencial: la igualdad ante la ley, precisamente.

¿No quedábamos en que la Constitución de 1978 era flexible y ambigua para amparar interpretaciones distintas y hasta opuestas como, se supone, es lo civilizado? Toca la interpretación conservadora, reaccionaria incluso que viene autorizada por la infausta reforma del artículo 135 acordada por el PSOE y el PP en agosto de 2011 que, al dar prioridad absoluta al pago de la deuda, ampara la barrida neoliberal que se ha producido. De agosto a noviembre de 2011, un paseo triunfal para la derecha y, en noviembre de 2011, un triunfo arrollador en las urnas con mayoría absoluta holgadísima.

La derecha crecida no se molesta en guardar las formas. Tomarse lo de los nazis a la ligera cuando hay neonazis que matan como los otros (la diferencia es la cantidad) espanta. Pero no a la derecha que de siempre se ha entendido bastante bien con el nazismo. Por eso no es necesario guardar las formas. Nombrar magistrado del Tribunal Constitucional a una persona de destacada y fortísima militancia ideológica partidista contradice de plano el más tenue sentido de la imparcialidad y la dignidad de la Justicia. Que el TC no sea parte del Poder Judicial es una excusa trivial. ¿Las formas? ¿Para qué? Una comisión de 12 expertos para decidir sobre las pensiones públicas con ocho de ellos pagados por bancos y aseguradoras, interesados en privatizar el sistema de pensiones parece un chiste. Y lo es. Tanto como el hecho de que la audiencia de la televisión pública caiga por debajo de la de las privadas porque se obstina en ser pura propaganda tanto más estúpida cuanto la gente puede ignorarla conectando con los otros canales en donde encuentran verdadera información.

Pero es igual. No es necesario guardar las formas. Ni con el asombroso caso de corrupción Bárcenas-Gürtel en el que parece estar pringado casi todo el partido y, desde luego, sus principales dirigentes que llevan años dando lecciones de moral y ética y haciendo lo contrario de lo que predican. ¿Las formas? ¿Dar explicaciones, rendir cuentas, facilitar la labor de la justicia, colaborar sinceramente con ella, no encubrir a los presuntos culpables, investigar y denunciar en serio? Vamos, vamos, puras formas en un momento en que además de su triunfo arrollador, la derecha tiene ante sí una izquierda casi colapsada o en estado de permanente pero confusa e irrelevante agitación.

Esto viene del hundimiento del comunismo. La Unión Soviética fue la primera vez en que un partido de izquierda construía un Estado propio, un Estado de izquierda. Y se convirtió en símbolo. Por delante de la Comuna de París, relegada a la condición de sacrificada pionera. Y la izquierda construyó un Estado y un Estado potente que duró unos 75 años. A partir de cierto momento, en ese Estado prevaleció la condición de Estado sobre la de izquierda. Hay quien dice que esa degeneración estaba ya presente en el inicio mismo del poder bolchevique. Interesante cuestión pero a nuestros efectos bizantina porque, empezara donde empezara ese Estado, se hundió en 1991. Y dejó el campo libre a la derecha que lo ocupó de inmediato.

Carente de Estado rival, la derecha, propietaria del suyo, del capitalista, podía admitir que la izquierda, ganando elecciones, lo administrara en pro de sus ideales. Pero era siempre bajo la condición de administrador leal del Estado ajeno. La izquierda no tiene ejemplo o modelo de Estado viable alternativo. El bolchevique no es posible y el chino no parece deseable; queda alguna simpatía por el cubano pero tiene un aspecto más sentimental y simbólico que otra cosa. Como administradora fiel de la finca, la izquierda pudo montar una especie de negociado social llamado Estado del bienestar, dentro de una fórmula que se sacaron los alemanes del magín (y, además, los alemanes conservadores) llamada economía social de mercado.

Pero se acabó. Regresó el patrón y tomó posesión de lo que considera suyo y que, de hecho, siempre lo fue en España.

En primer lugar del Estado como corporación. Tanta es la unidad del meollo, de la alianza entre la empresa, el capital y la iglesia que el partido conservador parece una típica correa de transmisión cuya forma más conocida es la famosa puerta giratoria entre la política y los negocios. Llega esta hasta el Rey que, por ser una sola persona, no es puerta giratoria sino clásica, la de dos hojas o caras. El Rey es el jefe de la Política y el de los negocios y, podríamos decir, parafraseando a Protágoras, de los que son en cuanto son y de los que no son en cuanto no son.

En segundo lugar, el Estado como nación territorial. A ver ¿qué broma es esa de otras naciones no españolas dentro de la nación española? A comparación abierta, eso es un cáncer y los cánceres deben extirparse. Lo demás son paños calientes y titubeos socialistas, aunque últimamente, parece resurgir entre estos un recio sentido español en lucha con la Antiespaña que anida en su seno. Pero no haya cuidado, la Patria está en donde debe estar: en el corazón de quienes la ponen por encima de la democracia. Ha vuelto el patrón a recordar que España es suya. Los nacionalismos, como la izquierda, meros administradores de lo ajeno a los que se puede remover de un modo u otro, sobre todo si, malhaya, se extralimitan en sus competencias.

En tercer lugar, la Administración pública. Suya desde tiempos inmemoriales. Compuesta por los grandes cuerpos de funcionarios del Estado en los cuales hay numerosos miembros neoliberales, enemigos acérrimos de ese Estado del que viven. Suya de nuevo como una finca. Por más reformas y modernizaciones que ha habido de la administración, esta sigue siendo patrimonialista, poblada de enchufismos. Mírense las diputaciones de Orense y Castellón, dos botones de muestra. La actual reforma de la administración local destripa los ayuntamientos pero robustece las diputaciones, enclaves sempiternos del caciquismo español. Rubalcaba tartamudeó algo sobre la supresión de las diputaciones y le hicieron comerse sus palabras. Y si vamos a administraciones sectoriales, nada que envidiar. La administración de justicia en todos los niveles es tan suya que ha decidido ponerle precio y alto.

En cuarto lugar, las instituciones. Todas suyas o hegemonizadas por la derecha. La Iglesia, por supuesto, las fundaciones, las Academias (basta pensar en la de Historia, la más orwelliana de todas), los medios de comunicación, bateria de agitación y propaganda de las tesis más extremas de la derecha, esa que considera afeminado guardar las formas. ¿Y los partidos? Bueno, los demás que hagan lo quieran con los suyos, que son muchos y mal avenidos. El de la derecha, un partido unitario del campo conservador, se confunde con el Estado, lo patrimonializa y se convierte en un Estado B, pagando a sus dirigentes un sobresueldo, como si fueran funcionarios del partido. 

¿Guardar las formas? Hombre, por Dios, estamos en casa de Braulio, castellano viejo.

La destrucción del pacto social.

Desde el principio estuvo claro que la derecha venía a desmantelar el Estado del bienestar en cuanto dispensador de bienes no mercantilizados. Las doctrinas empresariales aplicadas a la administración pública dan dos conclusiones: los servicios deficitarios se cierran; los no deficitarios se privatizan. Así pueden seguir bajándose los impuestos, que es de lo que se trata. El dinero, dicen, está mejor en los bolsillos de la gente. La gente que tiene bolsillos, claro. No hay razón para que los de los bolsillos hayan de financiar un Estado providencia que despilfarra el dinero en cuidarse de los sectores no productivos de la sociedad: los parados, los enfermos, los dependientes, los jubilados. Que cada cual aguante su vela y el capital a la rapiña con la ayuda de los gobernantes corruptos.

No estaba tan claro al principio que, además del Estado del bienestar, el propio Estado de derecho se vería atacado. Las drásticas medidas de recortes se imponen por decreto. El legislativo carece de poder no ya para controlar el gobierno sino hasta para legislar, pues lo hace aquel. No controlado de modo efectivo en la cámara, el Gobierno no se siente en la obligación de dar cuenta de sus actos ante ningún foro. Aplica una doble política de silencio y mentira. El silencio afecta a la corrupción: el nombre de Bárcenas no se pronuncia; no hay declaraciones sobre el problema. Solamente las incidencias procesales. Es como si el gobierno, en este asunto, se despojara de su condición pública y se convirtiera en un ente privado que lucha por sus intereses en los tribunales. Sin ningún lazo entre ambos, sin explicación alguna.

La mentira afecta a las declaraciones institucionales. La última, la información de Rajoy de que el déficit de 2012 es del 6,7% cuando, si no se maquillan las cuentas, resulta ser del 10,2%. El recurso a la mentira es estructural. Rajoy admitió públicamente haberse servido de ella. El valor de los pronunciamientos de las autoridades es nulo porque probablemente serán falsos. El poder confía en que sus medios de comunicación crearán, como hacen, el clima de opinión capaz de admitir la mentira como forma de expresarse de aquel. Es lo de "son todos iguales",  "la clase política" y otras falacias. En estas condiciones el debate se degrada a extremos inimaginables incompatibles incluso no ya con las convenciones democráticas sino con el mero intercambio civilizado.

Por si fuera poco, el partido del gobierno parece recurrir a la intoxicación de las redes sociales. El descubrimiento de ese llamado lapsus mail demuestra que el PP tiene adiestradas nubes de trolls en las redes a los que adoctrina con argumentarios. Este comportamiento rompe todo criterio de "juego limpio" que es propio del Estado de derecho.

Además del Estado de derecho, el ataque se dirige al mismo pacto que hace posible el orden social. El corralito chipriota lo deja bien claro. El gobierno español recurre por enésima vez a la mentira afirmando que se trata de una buena medida y no puede hablarse de Corralito. No hay inconveniente. Tengo otro nombre para el "impuesto excepcional y extraordinario" chipriota: confiscación. Lo que está claro, a raíz de este atraco por sorpresa del gobierno y la troika, es que la propiedad privada no está garantizada en Chipre. Ni en España en donde, probablemente, el gobierno esté preparándose para meter la mano en el famoso bolsillo de los ciudadanos para hacer lo que hace siempre desde que comenzó esta legislatura: robarles. Si los ciudadanos pueden ser sometidos a exacciones arbitrarias del poder político en connivencia con unos prestamistas extranjeros no solo el Estado de derechs sino el mismo fundamento de la sociedad quiebra al quebrar el carácter sacrosanto de la propiedad privada. Al menos, desde el punto de vista precisamente de quienes perpetran los atracos.

Por supuesto, no habría inconveniente en suscribir una aportación general, popular, para salir de la crisis siempre que esa aportación se hubiera decidido democráticamente, tras deliberación y no por imposición foránea. Pero además, y sobre todo, sería admisible si diera a la gente la posibilidad de controlar aquellos bancos que se ve obligada a rescatar. Si se reconoce que una de las causas de la crisis es la mala gestión de la banca raya en lo estúpido sacarla de la quiebra para dejarla en las mismas manos que la llevaron a ella.

Pero ese no es el criterio de la derecha que acude al célebre principio de socializar las pérdidas y privatizar los beneficios.

(La imagen es una foto de La Moncloa en el dominio público).

Este es el problema.

El problema del golpismo. La permanente amenaza de intervención militar, de la que España no parece ser capaz de liberarse. La última asonada fue en 1981 pero, desde entonces, ocasionalmente, se oye el refunfuñar de algún alto mando del ejército. Suelen ser de la reserva, pero eso no les resta significado; al contrario, se lo añade, pues la situación de reserva pareciera aligerar en los militares el deber de obediencia. El más reciente, ese general exjefe de la infantería de marina quien sugiere la posibilidad de intervención militar en Cataluña. Y con un razonamiento bien curioso. "La Patria", dice, "es un sentimiento, mientras que la Constitución no es más que una ley". Obsérvese el desprecio por la ley. Es imposible explicar a una persona así que la ley prevalece sobre el sentimiento, que si no fuera por eso la sociedad sería imposible pues cada cual se tomaría la justicia por su mano. Imposible de todo punto. Imposible explicarle que sus sentimientos, por muy nobles que se le antojen, no son superiores a los del vecino, quizá opuestos a los suyos. Imposible incluso mostrándole el ejemplo de Gran Bretaña en donde la eventualidad de la independencia de Escocia no ha suscitado ni un murmullo entre el alto mando del ejército. A propósito, va a ser muy difícil explicar por qué lo que puede hacerse en el Reino Unido, no puede hacerse en España. Explicar con razones, no con el cornetín de órdenes.

Por eso, lo más recomendable es aplicar la legislación constitucional vigente y sancionar un comportamiento que está fuera de ella, pues pretende dar autonomía al ejército frente al poder civil. Y este es un asunto no negociable: el Estado de derecho se basa en la supremacía de la ley, incluso en el ejército. Esa propuesta de que la patria está por encima de la ley es inadmisible porque quiere decir que el sentimiento de patria del general y sus amigos prevalece sobre la ley, manifestación de la razón y de la voluntad colectiva. Es posible que el poder político civil requiera la acción de las fuerzas armadas, pero eso no puede ser por decisión de estas, sino de aquel, que la tomará en el contexto de un debate político. Y habrá que ver cómo la justifica en un contexto europeo en donde no se aceptaría una solución militar en España.

La Patria es lo que dice la Constitución. Este es el nudo de la doctrina del patriotismo constitucional que todo el mundo invoca si bien no respeta. En el entendimiento de que la Constitución puede decir otra cosa. Las descripciones de España han cambiado mucho en las Constituciones de los siglos XIX y XX. La descripción actual podría cambiar si así lo decidiera una  mayoría de los españoles pacífica y democráticamente. La Constitución puede reformarse y, si llegara a admitir el derecho de autodeterminación, como muchos propugnamos, este se ejercería a su amparo con todas las consecuencias, sin que los militares tengan nada que decir. Ningún orden político puede sobrevivir con un actor tomando decisiones que influyen en las de los poderes del Estado o las condicionan. En todo caso, el ejército podía aprender de la Iglesia, otro agente que condiciona la acción de los poderes del Estado, pero lo hace sigilosamente, en el secreto de los despachos o las sacristías en donde obtiene pingües beneficios, superiores a los de los militares. Pero no es el espíritu de estos, más aficionados a andar a tambor batiente.