Desde el principio estuvo claro que la derecha venía a desmantelar el Estado del bienestar en cuanto dispensador de bienes no mercantilizados. Las doctrinas empresariales aplicadas a la administración pública dan dos conclusiones: los servicios deficitarios se cierran; los no deficitarios se privatizan. Así pueden seguir bajándose los impuestos, que es de lo que se trata. El dinero, dicen, está mejor en los bolsillos de la gente. La gente que tiene bolsillos, claro. No hay razón para que los de los bolsillos hayan de financiar un Estado providencia que despilfarra el dinero en cuidarse de los sectores no productivos de la sociedad: los parados, los enfermos, los dependientes, los jubilados. Que cada cual aguante su vela y el capital a la rapiña con la ayuda de los gobernantes corruptos.
No estaba tan claro al principio que, además del Estado del bienestar, el propio Estado de derecho se vería atacado. Las drásticas medidas de recortes se imponen por decreto. El legislativo carece de poder no ya para controlar el gobierno sino hasta para legislar, pues lo hace aquel. No controlado de modo efectivo en la cámara, el Gobierno no se siente en la obligación de dar cuenta de sus actos ante ningún foro. Aplica una doble política de silencio y mentira. El silencio afecta a la corrupción: el nombre de Bárcenas no se pronuncia; no hay declaraciones sobre el problema. Solamente las incidencias procesales. Es como si el gobierno, en este asunto, se despojara de su condición pública y se convirtiera en un ente privado que lucha por sus intereses en los tribunales. Sin ningún lazo entre ambos, sin explicación alguna.
La mentira afecta a las declaraciones institucionales. La última, la información de Rajoy de que el déficit de 2012 es del 6,7% cuando, si no se maquillan las cuentas, resulta ser del 10,2%. El recurso a la mentira es estructural. Rajoy admitió públicamente haberse servido de ella. El valor de los pronunciamientos de las autoridades es nulo porque probablemente serán falsos. El poder confía en que sus medios de comunicación crearán, como hacen, el clima de opinión capaz de admitir la mentira como forma de expresarse de aquel. Es lo de "son todos iguales", "la clase política" y otras falacias. En estas condiciones el debate se degrada a extremos inimaginables incompatibles incluso no ya con las convenciones democráticas sino con el mero intercambio civilizado.
Por si fuera poco, el partido del gobierno parece recurrir a la intoxicación de las redes sociales. El descubrimiento de ese llamado lapsus mail demuestra que el PP tiene adiestradas nubes de trolls en las redes a los que adoctrina con argumentarios. Este comportamiento rompe todo criterio de "juego limpio" que es propio del Estado de derecho.
Además del Estado de derecho, el ataque se dirige al mismo pacto que hace posible el orden social. El corralito chipriota lo deja bien claro. El gobierno español recurre por enésima vez a la mentira afirmando que se trata de una buena medida y no puede hablarse de Corralito. No hay inconveniente. Tengo otro nombre para el "impuesto excepcional y extraordinario" chipriota: confiscación. Lo que está claro, a raíz de este atraco por sorpresa del gobierno y la troika, es que la propiedad privada no está garantizada en Chipre. Ni en España en donde, probablemente, el gobierno esté preparándose para meter la mano en el famoso bolsillo de los ciudadanos para hacer lo que hace siempre desde que comenzó esta legislatura: robarles. Si los ciudadanos pueden ser sometidos a exacciones arbitrarias del poder político en connivencia con unos prestamistas extranjeros no solo el Estado de derechs sino el mismo fundamento de la sociedad quiebra al quebrar el carácter sacrosanto de la propiedad privada. Al menos, desde el punto de vista precisamente de quienes perpetran los atracos.
Por supuesto, no habría inconveniente en suscribir una aportación general, popular, para salir de la crisis siempre que esa aportación se hubiera decidido democráticamente, tras deliberación y no por imposición foránea. Pero además, y sobre todo, sería admisible si diera a la gente la posibilidad de controlar aquellos bancos que se ve obligada a rescatar. Si se reconoce que una de las causas de la crisis es la mala gestión de la banca raya en lo estúpido sacarla de la quiebra para dejarla en las mismas manos que la llevaron a ella.
Pero ese no es el criterio de la derecha que acude al célebre principio de socializar las pérdidas y privatizar los beneficios.
(La imagen es una foto de La Moncloa en el dominio público).
