Regreso a la beneficencia.

Gustavo Zaragoza (2014) Crónica del bienestar en tiempos de malestar. Valencia: Publicaciones de la Universidad. (140 págs.)

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En 1986, va ya para 30 años, publiqué un libro en el Centro de Estudios Constitucionales (hoy Centro de Estudios Políticos y Constitucionales) con el título Del Estado del bienestar al Estado del malestar. Tenía un carácter teórico general, articulado en los planos político, económico, sociológico y jurídico. Se refería al Estado del bienestar como desarrollo del de derecho en sociedades industriales avanzadas y vaticinaba que, de seguir adelante las políticas neoliberales en los países capitalistas, a la vuelta de algunos años se habría producido una involución en materia de conquistas sociolaborales y derechos ciudadanos y el bienestar se tornaría malestar. No podía referirme en concreto a España, además porque, por entonces, el Estado del bienestar todavía estaba en construcción, luego de la arrolladora victoria electoral del PSOE en 1982. Pero mi idea era que, de producirse su consolidación, como efectivamente sucedió a fines de los 80, si bien no por completo, seguramente se daría esa misma involución, ese retroceso, ese desmantelamiento neoliberal.

Encuentro ahora este breve y reciente ensayo de Gustavo Zaragoza con un titulo que me trae a la memoria el mío y, con él, la viva curiosidad por ver si aquel vaticinio pesimista se ha cumplido. El autor es de fiar. Profesor de Política Social de la Universidad de Valencia e investigador del Instituto de Economía Social de la misma universidad lleva años dedicado a estudiar las políticas públicas del bienestar desde una perspectiva teórica y también práctica, con especial dedicación a las cuestiones de dependencia o el envejecimiento demográfico. Dado que en este trabajo se centra ante todo en la Comunidad valenciana, en verdad el título podría haber sido Crónica del bienestar en tiempos de malestar y en tierra de corrupción. El período que cubre la obra, más o menos desde 2008 a 2014, coincide con el crono de la crisis y con el hecho de que diversos procedimientos judiciales en curso prueban que Valencia es una comunidad carcomida por la corrupción. La trama Gürtel y los diversos casos de expolio y fraude propios de la zona prueban que Valencia da la mayor densidad de políticos corruptos del PP por escaño y despacho.

Zaragoza ha recopilado una serie de artículos publicados en los años referidos en el diario Levante-EMV agrupándolos por temas: mayores y dependientes, la pobreza y la discapacidad, los funcionarios y las evanescentes clases medias, la corrupción y el despilfarro, y los derechos sociales. Son apuntes del día a día más próximo en la evolución de las políticas públicas esenciales del Estado del bienestar y tienen la expresividad de la crónica del instante. La conclusión es muy pesimista: la esperanza de vida supera los ochenta años, pero la crisis, los recortes de las pensiones, la práctica supresión de las ayudas a la dependencia, el repago de medicamentos, hacen que la vejez vuelva a estar desprotegida y, en la medida en que lo está, se ve obligada a actuar como colchón amortiguador de las necesidades a veces angustiosas de los familiares.

La situación es escandalosa. A la altura de 2009, en la aplicación de la Ley de Dependencia, Valencia no tenía reconocido ni un solo caso de teleasistencia ni prestaba ningún tipo de ayuda a domicilio (p. 32). La situación no ha mejorado gran cosa. Los índices de pobreza son alarmantes y más lo es el retroceso que se delata en el modo de encarar la lucha contra ella, orientada no a los derechos sino al fomento de la caridad privada (p. 41). Forma parte de la concepción neoliberal de la gestión pública, que Zaragoza analiza en tres momentos: 1) desprestigio de lo público; 2) descapitalización; 3) privatización (p. 56). En síntesis, el proceso por el que la derecha está desmantelando el Estado del bienestar y eso al tiempo que se legisla a favor de la transparencia y el buen gobierno, pero sin la menor intención de llevar a la práctica lo legislado (p. 62); al contrario, fomentando las actividades que Zaragoza llama "bienestar de bajo coste", consistentes en descargar sobre los ciudadanos los costes del Estado del bienestar (p. 74), igual que se descarga sobre los hombros de los jubilados la carga de subvenir a las necesidades de hijos y nietos.

Para vender esta mercancía averiada y hasta podrida, la derecha neoliberal en el poder en el Estado y en Valencia ininterrumpidamente en los últimos veinte años, controla sin miramientos los medios públicos de comunicación, convertidos en máquinas de censura y propaganda al servicio del gobierno. El caso paradigmático, el Canal 9 (p. 47). De ese modo impone marcos narrativos legitimatorios y partidistas, como el empleo del ficticio copago para ocultar lo que en realidad es un doble pago o repago (p. 106) o las florituras retóricas al estilo de los brotes verdes (p. 125).

En cuestión de derechos sociales, los que, según Marshall, completaban la condición de ciudadano, las perspectivas son negras. Hasta el derecho a una jubilación digna se ve en entredicho de forma que no es raro ver ya en el extranjero a septuagenarios y octogenarios trabajando para poder compensar la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones (p. 114). Por supuesto, el ataque a los derechos sociales resulta especialmente patente en un país con un paro juvenil en torno al cuarenta por ciento. De ahí que haya un fermento protestario permanente, visible en fenómenos como la spanish revolution (p. 129), movimientos cada vez más extendidos que el Estado neoliberal considera problemas de orden público y a los que se enfrenta con métodos exclusivamente policiales (p. 121).  Porque cuando la justicia social se torna injusticia, la democracia desaparece bajo el autoritarismo y la represión y el Estado de derecho se convierte en una tiranía en defensa de los privilegios de la oligarquía de grandes empresarios, banqueros  y políticos corruptos a la que en España sumamos los caciques terratenientes y los curas ultramontanos. Tiene razón el reciente premio Cervantes, Juan Goytisolo al recordar que en España sigue vigente el canon nacionalcatólico.

Efectivamente, el vaticinio de 1986 se corrobora en la práctica actual, y el Estado del bienestar ha dejado paso al Estado del malestar.

La socialdemocracia confusa.

La derrota electoral de 2011 provocó una sacudida en la conciencia del PSOE. Se cerraban de modo humillante dos legislaturas muy distintas. La primera, la del no nos falles, la exhiben los socialistas con orgullo como ejemplo. La segunda, la del PSOE PP la misma mierda es, terminó con lo que bien podría llamarse un voto de castigo que los dejó sin saber a dónde mirar, como un boxeador noqueado. Tal fue la confusión que convocaron una conferencia política. Es una respuesta típica. Cuando en una organización no se sabe qué hacer, se nombra una comisión. Llamarla Conferencia Política, convocar expertos, intelectuales, gente interesada, indagar por las tendencias de la sociedad, pretender una renovación programática, casi un cambio de piel o de rumbo formaba más parte de escenografía. Pasó el evento y el resultado fue múrido, aunque sus partidarios sostienen que se verá cuando esté redactado el programa electoral.

 

Entre tanto, la socialdemocracia carece de discurso propio. Va a remolque de los acontecimientos y aparece casi obsesionada por sus fortunas electorales, más bien sombrías. Tampoco es una situación extraña. Sucede con la socialdemocracia europea en general. El hecho de que los socialdemócratas alemanes vayan a gobernar en alianza con la derecha que en Francia está en la oposición, pone de manifiesto las confusiones, las incertidumbres, la anfibología de una socialdemocracia confusa, carente de una teoría.

 

Curiosamente esa falta de teoría nace de su propio triunfo. El socialismo democrático semeja una sociedad que hubiera alcanzado su objetivo social. Solo le queda disolverse ... o buscarse otro objetivo. La realización es indudable. El socialismo democrático reivindicaba la democracia frente al comunismo y otras formas de socialismos autoritarios. Hoy ningún socialista, por radical que sea, cuestiona la democracia, al menos explícitamente. A su vez, frente a la derecha, el socialismo democrático erigió el Estado del bienestar, la economía social de mercado que todos dicen respetar, incluso quienes están empeñados en acabar con ellos. Basta con escuchar a Rajoy sosteniendo, con su habitual crédito, que el Estado del bienestar es un "objetivo irrenunciable".

 

La fórmula se realizó: democracia más capitalismo regulado según el Estado del bienestar. Lo que la muy profesoral Constitución española llama "Estado social y democrático de derecho". Triunfó, venía triunfando en Europa desde los años cincuenta, y a la vista está hoy que presidió sobre la más larga etapa de estabilidad política, crecimiento y desarrollo económicos, pleno empleo,  falta de crisis y mejora sustancial de las condiciones generales de vida.

El triunfo del neoliberalismo y la consiguiente crisis económica han hecho saltar por los aires aquel modelo y no parece que haya uno alternativo distinto de la propuesta de retornar al perdido, como si las condiciones socioeconómicas pudieran repetirse en la historia. Pues, lo dicho, cuando el colectivo no sepa qué hacer, nombre una comisión.

Es un momento excelente para que los socialdemócratas europeos convoquen una especie de convención europea de la izquierda, sin exclusiones (ya habrá bastantes que se autoexcluyan) que trate de ofrecer una explicación del actual estadio de desarrollo del capitalismo. La globalización es un hecho y el nombre que damos a una situación internacional de guerra económica de todos contra todos bajo la hegemonía militar occidental crecientemente cuestionada por la potencia china y un abanico de guerras locales que se usan como mecanismos de control regionales. En esas circunstancias, ¿existe un programa de mínimos de la izquierda para Europa? Debería ser, además, uno susceptible de acordarse con la derecha conservadora, tradicionalista, nacionalista, pero no neoliberal, que la hay en el continente y hasta en España. Es el fanatismo neoliberal el causante de las crisis y cualquier táctica aconseja desactivarlo aislándolo, por el peligro que, como todo extremismo, entraña.

Además de aplicarse el tratamiento europeo, la socialdemocracia española podía proponer la convocatoria de otra convención extraordinaria en España para deliberar sobre la organización territorial del Estado y su fórmula política. La Convención debería tener carácter materialmente constituyente. Podría debatir en paralelo al funcionamiento normal de las instituciones de la monarquía parlamentaria.  Pero sin exclusiones ni cuestiones indiscutibles. Las conclusiones solo podrían ser dos: a) un acuerdo sobre alguna forma de Estado que obligara a reformar la Constitución y b) una falta de acuerdo sobre la forma de Estado, con remisión a un referéndum en España sobre el reconocimiento del derecho de autodeterminación. También podría no haber conclusión alguna. Nada nuevo, pues esa es la situación en que nos encontramos.

En cuanto a las conclusiones positivas, la reforma constitucional es asunto tasado pues la propia Constitución establece procedimientos para proceder incluso con una reforma total. En cuanto al referéndum a escala española se plantea una cuestión añadida: qué hacer si, como es previsible, los resultados en Cataluña y el resto de España están invertidos. Allí, mayoría cualificada a favor de la autodeterminación; aquí, al revés, mayoría cualificada en contra. Los catalanes se habrán autodeterminado de hecho y, por eso mismo, acumulado una razón más para hacerlo de derecho.

 

Es inexcusable el pronunciamiento de la izquierda española. Pero ¿se encuentra a la altura de las circunstancias? ¿Es capaz de hacer una propuesta propia con la amplitud de miras y la viabilidad necesarias?  La crisis española es crisis de Estado y debe tratarse a nivel de Estado. De nada sirve seguir a la derecha viéndolo como un asunto de legalidad y no de legitimidad. Está cuestionado el modelo de la transición y es absurdo ocultarlo.

 

Por cierto, esa hipotética convención podía adoptar como primera medida, invitar, al menos como observador, a Portugal. Si la izquierda propugna la unión política del continente, bien puede predicar con el ejemplo.

Rajoy explica a Rajoy.

Como si fuera Julian Assange, Rajoy ha concedido la primicia de sus declaraciones a El País y cinco grandes rotativos europeos, The Guardian, Le Monde, La Stampa, Süddeutsche Zeitung y Gazeta Wyborcza. Es una entrevista muy extensa y el presidente ha podido explayarse a su gusto en todos los temas importantes de interés público. A su gusto en unos y a su disgusto en otros. El autor de la entrevista, Javier Moreno, director de El País, advierte de que, por razón del formato, no era posible ir muy a fondo en las cosas españolas. Sin embargo él insiste en ellas, pregunta y repregunta y deja constancia de que Rajoy se siente contrariado. No es para menos, pero toda la entrevista tiene su miga porque es un prodigio de falsedades, sofismas y mentiras..

Rajoy dice estar preocupado con Europa y concentrar en ella sus esfuerzos. Pero, en realidad, por Europa ha de entenderse Alemania. Lo deja claro en frase que el periódico convierte en titular: Lo que más me preocupa es que Alemania tenga claro adónde vamos. Sobran comentarios. Vamos a dónde diga Alemania.

El Estado del bienestar le parece una conquista irrenunciable. Es un consuelo oírselo decir, teniendo en cuenta que su gobierno está desmantelándolo. En realidad, viene a admitirlo cuando advierte de que la sanidad y la educación seguirán siendo públicas (de las garantías jurídicas del trabajo ya ni se habla), advertencia que sería innecesaria de no ser por su política de privatizaciones. Porque de lo que se trata es de que la sanidad y la educación sean públicas y de calidad. En este terreno reconoce incumplimientos; reconoce haber incumplido su programa electoral al 9º día de mandato. Y, por supuesto, echa la culpa a la herencia recibida.

En cuanto a la corrupción, la pauta sigue siendo el silencio. Todo explicado ya; nada nuevo que añadir. El señor Bárcenas sabrá las contabilidades que llegó a tener. En el PP, solo había una. El señor Bárcenas era el tesorero del PP pero eso, al parecer, es indiferente. De las contabilidades que llevaba como tesorero, él solo reconoce una. Preguntado por la destrucción de los discos duros con presuntas pruebas, sigue sin saber nada. Los jueces dirán. Es una actitud que, como observa Javier Moreno para el pueblo es muy difícil de aceptar. Por eso hay tanta distancia entre la ciudadanía y la clase política, porque es una respuesta evasiva.

Eso lo sabe también Rajoy. Y por ello ha elaborado su gobierno esa Ley Mordaza que él defiende de un modo deliberadamente sofista: se trata de despenalizar ciertos comportamientos (como si se hablara de una medida permisiva) para remitirlos a la sanción administrativa y callándose que es dar facultades de discrecionalidad y hasta arbitrariedad a las fuerzas de orden público. Pueden estas ahora multar in situ comportamientos que solo ellas interpretan y sancionan. Y con sanciones desmesuradas, casi confiscatorias. Rompìendo por tanto también el principio de la proporcionalidad entre la falta y el castigo. De lo que se trata es de amedrentar a la población para que no proteste.

En cuanto a las grandes cuestiones de Estado, Cataluña, la Monarquía y la consecuencia de estas dos, la reforma constitucional, Rajoy no defrauda las expectativas más pesimistas. Cataluña se encontrará un seco "no" a su pretensión de referéndum y ninguna otra propuesta fuera de una genérica disposición al diálogo que no se concreta en nada. La Monarquía es intangible. Si Cataluña debe quedarse en dónde y cómo está porque España es la nación más antigua de Europa, la Monarquía es intangible porque ha caído del cielo.

No existen condiciones para la reforma de la Constitución, a la que él no se opone por principio. Pero la verdad es que no le gusta nada la idea y, además, añade soprendentemente, no iba en nuestro programa electoral. El mismo programa electoral que, según él mismo reconoce, dejó de cumplir al noveno día de su mandato. La reforma constitucional no iba en su programa electoral. Y la subida de impuestos, tampoco.

De todas las perogrulladas, escamoteos y sofismas que vierte Rajoy en esta interesante entrevista, la más curiosa es esta del programa electoral, que sirve para justificar una cosa y su contraria de un solo tiro. Asegura que la reforma del aborto tiene que ir adelante, aunque, como se lo recuerda Javier Moreno, haya una mayoría de la opinión a favor de dejarlo como está, porque es un compromiso de su programa electoral, porque está en su programa electoral. El que incumplió. También estaba que no se tocaría la sanidad ni la educación ni las pensiones.

(La imagen es una captura de un vídeo de La Moncloa aquí reproducida según su aviso legal).

¿Conectan? La conferencia política del PSOE.

Mañana inauguran los socialistas su anunciada jamboree ideológica. Viene precedida de casi dos años de deterioro de la imagen pública del partido y sus dirigentes, de algunos brotes de tensiones internas normalmente pacificadas, inquietudes, bastante runrún, declaraciones y contradeclaciones y debates mas o menos sordos sobre candidaturas y sucesiones. Es decir, ha despertado interés y levantado expectativas, además de las muy anunciadas sobre renovación ideológica. La organización ha hecho un buen trabajo colgando en la red el material por debatir en abierto. Incluso hay demasiado. Tiene un Documento marco de 143 páginas, una especie de preámbulo o declaración de principios que luego desarrolla y precisa (aunque no mucho) en una Ponencia con otras 384. En total, los asistentes al evento deberán haber embuchado 527 páginas de árida lectura más o menos programática cargada de infinitivos. Lo dudo, aunque es lo que se supone. A ese tocho han de añadirse los miles de enmiendas. Tienen para debatir y votar.

Elena Valenciano, felizmente recuperada de una neumonía, subraya el espíritu abierto del encuentro y hace especial hincapié en el debate sobre primarias también abiertas, aunque escurre el bulto al hablar de fechas, justo lo que más interesa a esos chismosos de periodistas y, con ellos, a la opinión, muy aficionada, gracias a la tele, a ver los eventos políticos como reality shows. Añade la vicesecretaria general, muy orgullosa, que está previsto una especie de estallido de creatividad en un espacio digital nuevo que actuara pari passu con la conferencia, llamado PSOE Lab en el que se fabricarán contenidos en espacios MediaLab, DataLab y KeyLab que colgarán y distribuirán, supongo, por las redes, al estilo de Basesenred (Twitter), Nuevas tecnologías sbt (Facebook), etc. Signo de los tiempos; eso está bien. Ya el uso del verbo conectar indica la voluntad de estar al día.  Conviene facilitar información a los internautas que forman una curiosa corrala.

Los contenidos son lo esencial. La lectura es indispensable. Los documentos son a veces farragosos, excesivamente prolijos, tienen lagunas y reiteraciones y despiden un aroma a generalidad y ambigüedad, propias por lo demás de este tipo de escritos de carácter tentativo, propuestos para discusión y enmienda. Extraer una idea definida de ellos es muy difícil (aunque no imposible) y, para ahorrarse esfuerzo, no está mal ver qué opinan los responsables antes de empezar. Y nada más claro que el secretario de organización, Óscar López, quien ya entra en faena asegurando que la única izquierda, la izquierda real, es el PSOE. Es una orientación. Parece incluso que el ex-ministro Sebastián se la ha tomado en serio y se ha enfadado.

En todo caso, quiere ser un documento para la izquierda. Eso se verá cuando las tropecientas páginas queden reducidas a las diez o quince de una plataforma electoral que es lo que después se difunde por los audiovisuales y lo que llega a la gente, o sea a los votantes. La conferencia se convoca para legitimar ideológicamente un programa de acción. Lo decisivo será lo que conste en ese programa. Viendo así los documentos, a Palinuro se le ocurren dos o tres observaciones.

No hay ni mención de los dos grandes asuntos, uno sobrevenido y otro heredado, esto es, Cataluña (y la cuestión de la autodeterminación) y la Monarquía. Esta se menciona en la última página de la ponencia, a modo de estrambote, para pedir que se actualice en cuestión de igualdad de género y se prevea la posibilidad de una Reina (otra vez la ley sálica y la pragmática sanción) con lo que, se supone, se da por indiscutible la institución y la República no aparece ni en pintura. En cuanto al sobrevenido (en realidad, también heredado), el problema catalán, se hace sentir en dos referencias en passant a la federalización de España. No es mucho. No compromete a nada y tampoco parece ser el bálsamo de Fierabrás.

No hay cuestionamiento alguno del modo de producción capitalista. Se habla de crecimiento, sostenibilidad y empleo, es decir, salida de la crisis dentro del marco del capitalismo, con algunos retoques generalmente imprecisos. Por supuesto, de la idea del de-crecimiento (que proponen sectores radicales de la izquierda) aquí ni se habla. Ni tampoco de nacionalización de la banca, ni de banco público y, al considerar la política fiscal, se insiste mucho en la lucha contra el fraude y se hace una lejana referencia a su carácter progresivo, sin mayores precisiones sobre la presión fiscal o el modo en que se remodelará la proporción entre fiscalidad de las rentas y la de las empresas. Todo el apartado de pensiones está, por lo menos, anticuado. Se insiste en retornar al Pacto de Toledo cuando el gobierno ya ha sacado adelante su reforma unilateral para cargarse el sistema público de jubilaciones.

La ponencia tampoco es taxativa y rotunda en el propósito que tiene más gancho electoral porque es el que entiende todo el mundo: reversión de todas las medidas de la derecha que hayan supuesto merma y restricción de los derechos de las personas. Algo así se dice con referencia específica a la sanidad y la educación. Pero debe ampliarse a todos los campos de unas políticas públicas que no es que sean solo ideológicas; es que son claramente clasistas y atentan todas contra el principio de igualdad. No dejar las cosas en el aire. Al menos las que no lo necesitan. Otras son más problemáticas. Por ejemplo, se habla de la institución de un salario mínimo universal. Será interesante ver qué sale de ello.

En las relaciones iglesia-Estado, el documento es de una prudencia exquisita. No se habla de denunciar los acuerdos con el Vaticano de 1979 pero sí de reformarlos según ello se siga de una futura ley de libertad religiosa que bien podía ser la que los mismos socialistas proyectaron en tiempos de Zapatero pero luego metieron en el cajón del olvido, asustados por las consecuencias. No es una perspectiva ilusionante. Tampoco hay una clara decisión de exigir a la iglesia católica que cumpla de una vez los tales acuerdos y se financie como su dios le dé a entender, pero no a costa de todos los españoles, incluidos los que adoran a otro dios o a ninguno.

Hay muchísimas más cosas en los documentos y seguramente muy interesantes, que darán lugar a apasionantes debates. Pero, según el conjunto del planteamiento, el PSOE aparece como un partido nacional español federalista, dinástico, acogido al marco teórico económico neoliberal con reparos y no muy específicas medidas correctoras. Por ejemplo, la única vez que se menciona el famoso artículo 135 de la Constitución no es para pedir su abolición, sino para compensarlo con el reconocimiento de algunos derechos con el mismo nivel de constitucionalidad. 

La ausencia más clamorosa es la de cualquier mención a la Ley de la Memoria Histórica. La única es tangencial, para referirse a los hijos de emigrados y exiliados, a quienes dicha Ley reconoce la nacionalidad española. Nada más. Y mucho menos un propósito de derogación de la Ley de Amnistía de 1977, es decir, de la ley de punto final, o de hacer justicia a las víctimas del franquismo, acatando los autos que dicte el tribunal argentino que instruye la causa por los crímenes de Franco.

Por decirlo de algún modo al uso: no está mal, pero es un documento de mínimos muy mínimos. 

Las zozobras del Estado del bienestar.

Eloísa del Pino y Mª Josefa Rubio Lara (editoras) (2013) Los Estados de bienestar en la encrucijada. Políticas sociales en perspectiva comparada. Madrid: Tecnos (371 págs.).

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La teoría del Estado contemporánea es la teoría del Estado del bienestar (EB). No hay otra digna de tal nombre porque todos los Estados son de bienestar o dicen o quieren serlo. Tanto en su formulación jurídica de "Estado social y democrático de derecho" como en la más politológica, referida al bienestar, domina el campo de la investigación y debate académicos y mundanos. Hasta aquellas ideologías que pretenden abolirlo sostienen que, en realidad, quieren preservarlo, hacerlo sostenible. Y esto no es asunto trivial. Se engarza con la autenticidad del debate político y tiene que ver con las cuestiones comunicativas y hasta propagandísticas. La pregunta de nuestro tiempo es si cabe seguir hablando de Estado de derecho en ausencia del componente social y democrático o de bienestar, habida cuenta de la evolución de la conciencia moral de la especie.

El EB vino acompañado de controversia desde el punto de su nebuloso origen y así siguió después. Ya a fines del XIX, Eugen Richter atacaba con sorna, considerándolas distópicas, las aspiraciones socialdemócratas del Wohlfahrtstaat. Las andanadas teóricas de Von Mises son de los años veinte del siglo pasado y el momento de su apogeo y consolidación, en la segunda postguerra, coincide con el despliegue crítico de Von Hayek. Incluso en los que este libro considera "edad de oro" del EB este tenía que hacer frente a una abigarrada batería de ataques que unía en orfeón negativo la Trilateral, la escuela de Chicago, el monetarismo, la economía de la oferta, la visión marxista del capitalismo monopolista de Estado, la escuela neoclásica, los profetas también marxistas de la crisis fiscal del Estado, los anarcocapitalistas, libertaristas y partidarios del Estado mínimo.

Pensiones: la derecha contra los derechos.

El PP, la derecha, la expresión política de la clase dominante, son alérgicas a la idea misma de derechos en cuanto titularidad subjetiva a determinadas acciones y posesiones amparada por los tribunales. Para sí misma quiere todos los privilegios y para la inmensa mayoría de la población, si llega, la caridad y la beneficencia. Pero nada de derechos. Nada que permita a la gente tener una base de dignidad independiente de los caprichos de los señores y sobre la cual proyectar una existencia de ser humano libre.

 

La derecha quiere esclavos, siervos. Quiere que la gente, despojada de toda seguridad jurídica, se someta a la incertidumbre de las relaciones personales y fie su bienestar, su vida misma, al capricho de los amos.

El ejemplo más evidente y último (por ahora) es esa reforma de las pensiones perpetrada por el gobierno con el auxilio de unos expertos sin escrúpulos ni moral, directamente a sueldo de las entidades financieras que se beneficiarán con el desmantelamiento del sistema público de pensiones y su substitución por sus esquemas privados. Al desvincular las pensiones del IPC -como hasta ahora estaban por ley- dejan la actualización de aquellas al libre albedrío de los gobiernos, convertidas en un acto graciable de estos, eliminado su carácter de derecho de los pensionistas. La inenarrable ministra del ramo, Báñez, afirma que, con su subida garantizada del 0,25% anual las pensiones subirán siempre. Y, claro, no menciona que, si el IPC aumenta por encima del 0,25%, como suele suceder y al gobierno no le da la gana de compensar la diferencia, las pensiones perderán poder adquisitivo de modo sistemático hasta desaparecer. Esta señora piensa que el auditorio tiene un nivel de estulticia muy superior al suyo, que ya es gigantesco. La reforma de las pensiones del PP es, simplemente, un expolio sistemático y en diferido a los pensionistas.

No vamos a recordar las veces que el embustero Rajoy afirmó que jamás tocaría las pensiones. Nadie espera ya del presidente otra cosa que mentiras e indignidades. Vamos a situar este último atropello en un contexto más amplio.

Han hecho con las pensiones como con la sanidad, la educación y, en general, todas las prestaciones del Estado del bienestar: suprimirlas sobre la base de decir que no podíamos permitirnos estos lujos gratuitos. Ahí empieza su mentira: nada de eso es gratuito. Todo, absolutamente todo, lo hemos pagado de antemano a través de los impuestos y las cotizaciones. Lo hemos pagado, además, quienes pagamos impuestos y no los que los evaden, es decir, en su inmensa mayoría gente del PP (como quienes no declaraban lo sobresueldos) o sus amigos y votantes, evasores fiscales a quienes sus obedientes políticos amnistían después. De gratis, nada.

Pero hay más: el expolio, el hurto, residen además en recortar o suprimir esos servicios, hacerlos de repago si acaso al tiempo que se siguen subiendo los impuestos ciertamente a los de siempre. Y ¿para qué quieren recaudar más cuando gastan menos en servicios o, simplemente, como hace Cospedal, los suprimen? Sencillo, con tres objetivos:

1º) Seguir robando y metiéndose directamente el dinero en el bolsillo (Bárcenas, Gürtel, etc).

2º) Despilfarrarlo en proyectos faraónicos inútiles, mamandurrias de cientos de enchufados o comitivas de chupones a Buenos Aires o donde sea.

3º) Dárselo a las empresas privadas que los financian a su vez ilegalmente con las correspondientes mordidas, estilo López Viejo y otros.

¿Cómo va la derecha a respetar los derechos si lo suyo es expoliar a la gente, someterla por la inseguridad y el miedo y reprimirla a palos o como sea si se solivianta?

(La imagen es un montaje de El Jueves, en GAtos Sindicales).

La responsabilidad de la izquierda.

Dice Alfonso Guerra en la presentación de la tercera entrega de sus memorias que Rajoy es bastante dormilón y el día en que ganó las elecciones se quedó dormido y nadie se lo ha dicho. Pues menos mal porque, si llega a despertarse, no deja de España ni la eñe que tanto le gusta. Dudo de que haya otro gobierno en Europa que haya hecho más desaguisados y tropelías (él los llama "reformas" y "sacrificios") en menos tiempo. El arma del Decreto-ley con mayoría parlamentaria absoluta tiene la fuerza de un bull-dozer, que todo lo tritura. En un año y medio ha dejado a los trabajadores sin derechos, a los parados sin subsidios, a los dependientes sin atención, a los jóvenes e inmigrantes sin cobertura sanitaria, a los estudiantes de todos los niveles sin educación pública gratuita, a los usuarios sin sanidad pública, a los justiciables sin justicia y ahora se apresta a dejar a los jubilados sin pensiones. No es exagerado decir que en un año y medio el PP ha desmantelado el enteco Estado del bienestar que tenían los españoles. En un año y medio ha dado cumplimiento a su programa, el de verdad, el que tenía oculto mientras prometía aplicar el contrario. Si eso es estar dormido...

Me pregunto si quienes hicieron lo posible por perder las elecciones al grito de PSOE y PP la misma mierda es siguen diciéndolo. Sospecho que muchos lo harán, argumentando que, sin duda, el PSOE hubiera aplicado las mismas medidas, como lo prueba el infausto acuerdo de mayo de 2010 de reformar la Constitución. Me parece un punto de vista alicorto. No obstante, concedo que en su última legislatura el PSOE y Zapatero especialmente lo hicieron tan mal que parecían dar la razón al mentado dicho y quizá se merecieran el palo que recibieron. Lo malo es que ese palo castigó la espalda de todo el pueblo.

Tiempo habrá de hablar de esto. Pero ahora es el pasado y vivimos en un presente que exige nuevas ideas, nuevas propuestas. Nuestro mundo, el mundo de ayer, el de hace diez años, el de veinte, ha saltado en pedazos ante el ataque de esta derecha que, aprovechando la tremenda crisis/estafa del capital, la postración de España, el fracaso de anterior gobierno socialista y lo rotundo de su victoria en las urnas, no solo está aplicando el programa máximo neoliberal sino también el neoconservador que en España son lo mismo. Además de empobrecer a la sociedad, el gobierno trata de manipularla mediáticamente, sojuzgarla en lo moral, centralizarla en lo territorial, arrebatarle sus derechos y reprimirla autoritariamente cuando quiere ejercerlos. No es que haya roto los "consensos básicos" de la transición, como denuncia Rubalcaba. Es que ha puesto en marcha un verdadera revolución, una revolución involucionista.

Y a esto, a esta situación de alarma, a esta agresión debe hacer frente la izquierda. Es su responsabilidad. No es aceptable proyecto alguno que admita perder las próximas elecciones generales porque, si eso sucede, la izquierda desaparecerá por largo tiempo. Debe aprender de la derecha, que centra todos sus esfuerzos en ganar las elecciones para lo cual sabe que lo decisivo es mantener la unidad. La unidad. El talón de Aquiles de la izquierda. La situación es insostenible. La izquierda no puede perder, pero solo la unidad garantiza el triunfo. La unidad es hoy un inexcusable mandato racional y, por tanto, moral.

Pero hay que ser realistas. Unidad ¿cuándo y cómo? No necesariamente en las próximas elecciones europeas. Al contrario, estas pueden ser una buena ocasión para calibrar el apoyo popular real a cada una de las opciones que se presenten por separado. Pero, a partir de ese momento, con esos datos firmes, es preciso sentarse a formular una oferta unitaria de la izquierda que a) frene el ataque de la derecha y b) restaure los amplios sectores sociales perjudicados en la situación ex ante.

En el fondo, el propósito es bien simple. Al margen de otras consideraciones -que puedan ser objeto de acuerdos de diversos tipos- ese programa común de la izquierda debe tener un punto primero consistente en la promesa firme de devolver a los trabajador@s sus derechos, a l@s pensionistas sus pensiones y a toda la población lo que se le ha arrebatado en este aciago año y medio. La justificación es muy sencilla y debe explicarse con claridad señalando cómo, igual que quienes declaran las guerras no van a ellas, quienes recortan los ingresos de los demás no reducen los suyos sino que los aumentan; quienes merman los ahorros ajenos no reducen los propios; quienes escamotean las pensiones del prójimo, blindan y engordan las suyas.

Hay dos vías para la unidad: el programa común de los dos partidos mayoritarios (y los que quieran sumarse) y el frente amplio que englobe a la mayor cantidad de formaciones de izquierda, los dos partidos grandes, los más pequeños, los movimientos reivindicativos, las iniciativas sociales, los foros, las plataformas, etc. Ambas tienen ventajas e inconvenientes: el programa común es más concreto y factible, pero quizá menos ambicioso y más proclive a los parches, acuerdos y cesiones institucionales. El frente amplio tendrá más alcance, será más radical, afectará más a cuestiones de reforma constitucional, pero será más difícil de gestionar y más sensible a la acusación de ser un confuso batiburrillo.

Son los políticos, los dirigentes, los militantes, los que deben debatir este asunto y pronunciarse por la forma que sea más eficaz. Me atrevo a decir que, en las circunstancias actuales, ante el ataque de la derecha, con lo que nos estamos jugando, nadie entenderá que no haya ni siquiera un intento de ofrecer un programa común a un electorado de izquierda que quizá sea mucho menos sectario que sus representantes.

(La imagen es una reproducción de la obra de Giusseppe Pellizza da Volpedo, titulada el cuarto estado,  (1920), que se encuentra en  Wikimedia Commons, en el dominio público).

Sí se puede y se debe.

El otro día asistí a una magnífica exposición del Profesor Francisco Llera sobre la crisis y la desafección democrática en España. Fue una intervención muy elaborada, muy trabajada, magistral, muy convincente y... preocupante por lo que de ella se desprende para nuestro país. Lo resumo mencionando la observación del colega Llera del significado de que las tres instituciones mejor valoradas del último barómetro del CIS sean el ejército, la policía y la guardia civil. Bien para ellas, sin duda; pero mal para todas las demás. Y preocupante por la tendencia subterránea a las soluciones autoritarias que parece delatar.

El desprestigio del sistema es pavoroso. Recojo tres noticias que apuntan en la misma dirección de la portada de El País de hoy. La primera, los sobresueldos de Aznar. Se recordará la bravura con que el expresidente respondió con una querella contra ese periódico por insinuar meses atrás que podría haber recibido dineros irregulares según los papeles de Bárcenas. Ahora no es una insinuación. Ahora es una acusación concreta con fechas y cantidades de la comisión de un posible delito. Supongo que habrá otra querella o alguna declaración pública explosiva. O quizá quede la cosa así, un escándalo más que acumular en la pila de desmanes que parecen haber estado cometiéndose en el partido del gobierno hace mucho tiempo. Porque el caso de Aznar no es diferente del de Rajoy, Cospedal, Arenas, Cascos e tutti quanti que parecen haber estado cobrando sobresueldos a cuenta de una presunta trama de corrupción que asemeja a una administración para el saqueo dentro de la otra administración. No es exagerado decir que el partido que, según Aznar, era incompatible con la corrupción ha resultado ser una especie de asociación de mangantes, dedicados al expolio del común en beneficio propio y de una recua de familiares, enchufados, clientes y empresarios amigos corruptos.

La denuncia del fiscal Pedro Horrach de que el PP está tratando de tapar la corrupción pone de relieve otro aspecto de deterioro institucional gravísimo. Dice el fiscal que cuando el PP no se sale con la suya en los tribunales deslegitima y difama jueces, fiscales y procedimientos. Como si quisiera darle la razón, el PP ha recurrido la decisión del juez Ruz de apartarlo de la causa al argumentar que más que acusación es defensa, acusando al juez y fiscales de prevaricación y otras lindezas. Es obvio que el PP está incordiando todo lo que puede en la labor de la justicia. El problema es que es un partido presidido por Rajoy, quien también preside el gobierno. Se da así la pintoresca situación de que Rajoy presidente del PP se persona como acusación en una causa en la que aparece involucrado y puede aparecer imputado Rajoy presidente del gobierno. Si esto fuera un asunto de psiquiatría, podría hablarse de un caso de desdoblamiento de la personalidad. Al tratarse de política, más nos encontramos con que un presunto mangante trata de encubrirse a sí mismo mediante triquiñuelas legales y fraude de ley. En lugar de dimitir, como correspondería en una situación de honradez y dignidad ordinarias.

Por último, contra todo pronóstico, el gobierno se arrugó ayer y retiró el anteproyecto de ley Wert. Conociendo la soberbia del ministro que comenzó queriendo españolizar a los niños catalanes como si fueran tailandeses y siguió metiendo la gamba en todos los charcos de la educación y la cultura, habiendo visto con qué prepotencia desterró la educación para la ciudadanía y reintrodujo la religión, siendo testigos de la satisfacción del clero que ha alcanzado incluso más de lo que se esperaba está claro que la decisión de retirar la propuesta ha debido de ser muy reñida y muy dura. La excusa es perfilar las previsiones económicas de la LOMCE. La realidad, que el gobierno parece haber sido sensible por primera vez al estado de ánimo encrespado de la calle y, en efecto, se ha arrugado y lo que está haciendo es tratar de salvar la cara de este ministro que es el peor valorado de toda la democracia. Y con razón, por tratarse del más altanero, arrogante a la par que necio de los pésimos gobernantes que ha tenido este país, un epítome de todos los vicios y defectos de la carcunda nacional sin ninguna de sus escasísimas virtudes.

Y lo mismo le sucederá al gobierno con la sanidad y el resto de las reformas profundas, nada equitativas (diga Rajoy lo que diga) y muy injustas. De hecho, la práctica abolición del aborto en contra de la voluntad de una gran mayoría de la población solo es un pasaporte para que el próximo Parlamento, si muestra otra mayoría, se dedique a una labor de intensa derogación. Una labor consistente en restaurar todo lo destrozado por esta agrupación de apandadores, dispuestos a esquilmar todos los bienes del común en su provecho.

En esta situación de deterioro institucional, en que el gobierno actúa de forma autoritaria y la oposición parlamentaria es irrelevante, la oposición extraparlamentaria, la acción popular, demuestra que sí se puede constituirse en los frenos y contrapesos necesarios contra los desmanes y latrocinios del poder. Se puede y se debe.

Ciudadanía y Estado del bienestar.

Incluyo un entrevista que me hizo Raúl Pleguezuelo (@Pleguezuelo) a raíz del Foro de las Ciudades que organiza el Ayuntamiento de Fuenlabrada. No sé si consigo transmitir mi idea claramente. Entiendo que nos habíamos acostumbrado a considerar que las conquistas conseguidas en materia de derechos eran irreversibles. Y no lo son. Hay que luchar por ellas.

En Fuenlabrada, sobre el Estado del bienestar.

Tuve ayer la honra de participar en el Foro de las ciudades, del ayuntamiento de Fuenlabrada, ciudad gobernada por la izquierda en una alianza PSOE/IU que tiene una intensa actividad formativa y cultural. El municipio se precia de contar con una muy tupida red de asociaciones y redes civiles. Sí señor, eso es la izquierda gobernando: fomentar el interés de la gente y sus inquietudes por conocer la realidad en que vive, deliberar y tomar decisiones colectivas. Enhorabuena. La respuesta de la peña, como puede verse en la imagen más abajo, en un viernes por la tarde, es entusiasta y masiva.

Por cierto, a propósito de las fotos. Son de Raúl Pleguezuelo, un amigo, compañero de ideas y de redes sociales quien se las ha enviado a Palinuro. En la mesa estábamos tres ponentes (Soledad Murillo, Teresa Forcades y un servidor), así como un moderador. Pero solo dispongo de fotos en que estamos la hermana Forcades y yo. Si consigo otra en la que estemos tod@s, la subo.

Las sesiones del Foro este año están dedicadas al Estado del bienestar. O a lo que queda de él. A la crisis del Estado del bienestar. Pienso, aunque allí no lo dije porque se me acaba de ocurrir, que el término crisis es demasiado benévolo, aséptico. Una crisis sugiere algo extraño, ajeno a nosotros, casi telúrico, algo imposible de evitar. Y no es así. Igual que muchos defendemos que la crisis financiera no es tal sino una estafa, la crisis del Estado del bienestar es en realidad el ataque, el desmantelamiento del Estado del bienestar por intereses ideológicos, políticos y, desde luego, económicos. La destrucción de esta forma de Estado es el objetivo y el resultado de las crisis económicas. Una transferencia neta de riqueza de las clases medias y bajas a la clase alta, del trabajo al capital, un expolio al que llaman "privatización". Llegados aquí siempre me acuerdo de que, en inglés, la piratería entre los siglos XVII y XIX se llamaba privateering. Teóricamente había alguna vagarosa distinción entre privateer y pirate pero nunca contó mucho. Supongo que la diferencia estaba en si el pirata llevaba o no cartas de patente. En cuyo caso era un corsario. Bueno, un privateer, un privatizador. Como hoy: gentes que saquean las posesiones ajenas (en este caso las públicas) en beneficio de sus propios bolsillos y los de sus accionistas y financiadores.

Me felicito asimismo de haber conocido a la monja benedictina Teresa Forcades. Como es de suponer, no comparto algunas de sus premisas vitales, pero admiro su coraje cívico y su disposición ejemplar al diálogo, y creo coincidir con ella en la necesidad de luchar por algunos objetivos concretos pero de mucha hondura. El más importante, la igualdad de derechos en todos los sentidos.

Me quedé sin ver lo que me pareció era una espléndida exposición de Esther Pizarro (¡peazo espacio que tiene la casa de cultura para exposiciones!) titulada Derivas de ciudad, cartografías imposibles. Lo poco que pude ver muy apresuradamente me pareció magnífico. Una visión, casi un tacto, totalmente nuevos de nuestro medio urbano. A ver si la visito antes de que la clausuren.

La destrucción del pacto social.

Desde el principio estuvo claro que la derecha venía a desmantelar el Estado del bienestar en cuanto dispensador de bienes no mercantilizados. Las doctrinas empresariales aplicadas a la administración pública dan dos conclusiones: los servicios deficitarios se cierran; los no deficitarios se privatizan. Así pueden seguir bajándose los impuestos, que es de lo que se trata. El dinero, dicen, está mejor en los bolsillos de la gente. La gente que tiene bolsillos, claro. No hay razón para que los de los bolsillos hayan de financiar un Estado providencia que despilfarra el dinero en cuidarse de los sectores no productivos de la sociedad: los parados, los enfermos, los dependientes, los jubilados. Que cada cual aguante su vela y el capital a la rapiña con la ayuda de los gobernantes corruptos.

No estaba tan claro al principio que, además del Estado del bienestar, el propio Estado de derecho se vería atacado. Las drásticas medidas de recortes se imponen por decreto. El legislativo carece de poder no ya para controlar el gobierno sino hasta para legislar, pues lo hace aquel. No controlado de modo efectivo en la cámara, el Gobierno no se siente en la obligación de dar cuenta de sus actos ante ningún foro. Aplica una doble política de silencio y mentira. El silencio afecta a la corrupción: el nombre de Bárcenas no se pronuncia; no hay declaraciones sobre el problema. Solamente las incidencias procesales. Es como si el gobierno, en este asunto, se despojara de su condición pública y se convirtiera en un ente privado que lucha por sus intereses en los tribunales. Sin ningún lazo entre ambos, sin explicación alguna.

La mentira afecta a las declaraciones institucionales. La última, la información de Rajoy de que el déficit de 2012 es del 6,7% cuando, si no se maquillan las cuentas, resulta ser del 10,2%. El recurso a la mentira es estructural. Rajoy admitió públicamente haberse servido de ella. El valor de los pronunciamientos de las autoridades es nulo porque probablemente serán falsos. El poder confía en que sus medios de comunicación crearán, como hacen, el clima de opinión capaz de admitir la mentira como forma de expresarse de aquel. Es lo de "son todos iguales",  "la clase política" y otras falacias. En estas condiciones el debate se degrada a extremos inimaginables incompatibles incluso no ya con las convenciones democráticas sino con el mero intercambio civilizado.

Por si fuera poco, el partido del gobierno parece recurrir a la intoxicación de las redes sociales. El descubrimiento de ese llamado lapsus mail demuestra que el PP tiene adiestradas nubes de trolls en las redes a los que adoctrina con argumentarios. Este comportamiento rompe todo criterio de "juego limpio" que es propio del Estado de derecho.

Además del Estado de derecho, el ataque se dirige al mismo pacto que hace posible el orden social. El corralito chipriota lo deja bien claro. El gobierno español recurre por enésima vez a la mentira afirmando que se trata de una buena medida y no puede hablarse de Corralito. No hay inconveniente. Tengo otro nombre para el "impuesto excepcional y extraordinario" chipriota: confiscación. Lo que está claro, a raíz de este atraco por sorpresa del gobierno y la troika, es que la propiedad privada no está garantizada en Chipre. Ni en España en donde, probablemente, el gobierno esté preparándose para meter la mano en el famoso bolsillo de los ciudadanos para hacer lo que hace siempre desde que comenzó esta legislatura: robarles. Si los ciudadanos pueden ser sometidos a exacciones arbitrarias del poder político en connivencia con unos prestamistas extranjeros no solo el Estado de derechs sino el mismo fundamento de la sociedad quiebra al quebrar el carácter sacrosanto de la propiedad privada. Al menos, desde el punto de vista precisamente de quienes perpetran los atracos.

Por supuesto, no habría inconveniente en suscribir una aportación general, popular, para salir de la crisis siempre que esa aportación se hubiera decidido democráticamente, tras deliberación y no por imposición foránea. Pero además, y sobre todo, sería admisible si diera a la gente la posibilidad de controlar aquellos bancos que se ve obligada a rescatar. Si se reconoce que una de las causas de la crisis es la mala gestión de la banca raya en lo estúpido sacarla de la quiebra para dejarla en las mismas manos que la llevaron a ella.

Pero ese no es el criterio de la derecha que acude al célebre principio de socializar las pérdidas y privatizar los beneficios.

(La imagen es una foto de La Moncloa en el dominio público).

¿Cómo no va a haber desafección?

Y lo extraño es que no haya algo más. Las condiciones de vida de la gente llevan cinco años deteriorándose: reducciones de salarios, millones en el paro, aumento de los impuestos, tasas y todo tipo de gabelas, reducción de prestaciones, subvenciones y, en general todos los servicios públicos, merma de las pensiones. La justificación es la necesidad de luchar contra la crisis, una crisis que han desencadenado las entidades financieras y que tienen que pagar los que la sufren.

Uno de los efectos más visibles y más nocivos de esta situación es el hecho de que los bancos en práctica quiebra hayan de ser rescatados con dinero público en cantidades astronómicas sin que el Estado puede ejercer algún tipo de control sobre esas aportaciones que, en muchos casos, se han estado empleando en actividades especulativas. Ni siquiera puede (o quiere) el Estado evitar que los bancos sigan ejecutando hipotecas a decenas de miles sobre la población que aporta los fondos para los rescates.

Junto a esta realidad cotidiana llamada de austeridad en la que se cierran hospitales, urgencias, escuelas, programas, servicios de todo tipo, las gentes han de contemplar una casta de delincuentes y presuntos delincuentes, todos relacionados con las administraciones públicas dedicada al saqueo del erario público. La muestra más patente, la Comunidad Valenciana donde, durante años de construcciones suntuarias y despilfarro, se robó a mansalva en prácticamente todos los capítulos y ahora la Comunidad está en la ruina, sin farmacias y con todos los servicios públicos deteriorados mientras la clase política local presume del mayor número relativo de imputados por corrupción en el Reino.

Igualmente forma parte del paisaje otra casta de políticos de todos los niveles, instalados en unos privilegios escandalosos que no debieran tolerarse. Que el presidente del gobierno, la de la Comunidad de Castilla La Mancha y tutti quanti cobren dos sueldos en las circunstancias actuales es una inmoralidad. Que muchos diputados con residencia en Madrid cobren dietas también es una inmoralidad y como estas las hay a puñados.

Los españoles ven ahora también cómo la misma Merkel que ordena a Rajoy imponer medidas de ajuste es la que está levantándolas en Alemania porque es año electoral y quiere ganar. Se sigue de ello que en todas partes sucede lo mismo: es mentira que las políticas de ajuste vengan obligadas por la crisis; en realidad dependen de las oportunidades electorales. Por eso, Rajoy, que ganó las elecciones prometiendo lo contrario de lo que ha hecho, sabe que tiene tres años más hasta las siguientes elecciones y por eso impone el programa máximo en los dos primeros, con la esperanza que los dos últimos le permitan ir suavizando la situación para ganar también las elecciones de 2015.

Las explicaciones que se dan para justificar los recortes son falsas. Se trata de desmantelar el Estado del bienestar para hacer más ricos a los ricos (que ya reciben trato de favor descarado del gobierno) y más pobres a los pobres. Son medidas de carácter ideológico, reaccionarias, involucionistas que no solamente tratan de poner a los trabajadores literalmente a merced de los empresarios sino también recortar sus derechos en otros campos, singularmente las libertades políticas de reunión, manifestación, expresión etc. Y, por supuesto, restringir o incluso abolir si fuera posible, el aborto.

Los primeros en saber que las explicaciones de los recortes son falsas son quienes las fabulan. Por eso, el gobierno no pierde mucho tiempo en discutir y, sabedor de que su acción es injusta y provoca resistencia popular, ha decidido aumentar en un 1.780% el material antidisturbios. En un país en el que se recorta todo, desde el I + D a la dependencia, la partida que sube más escandalosamente es la del material para reprimir las protestas ciudadanas. 

Eso da la medida de todo. También de la desafección.

El silencio de los lobos.

Lo nuevo y lo viejo se mezclan en los recientes acontecimientos de Andalucía. Los hombres del SAT confiscando víveres en Mercadona con el acuerdo y el aplauso de Sánchez Gordillo, escenifican una versión nueva de la vieja desobediencia civil. Los jornaleros, seguramente también del SAT, ocupando pacíficamente una finca sin cultivar del ejército y la posterior intervención de la guardia civil desalojándolos no menos pacíficamente es también desobediencia también pero con un fuerte deje del viejo espartaquismo agrario andaluz.

Casi todo lo que se vive hoy muestra esta amalgama entre lo viejo y lo nuevo. Probablemente pasa siempre. Los cambios casi nunca son de la noche a la mañana, sino de carácter paulatino, con periodos de transformaciones más o menos marcadas. En realidad, la realidad es esencialmente cambiante. Quien crea haber llegado a un punto de estabilidad, inamovilidad, permanencia está en un grave error. Si, por creer asegurada su permanencia, ese quien descuida las tareas de la defensa, el error se convierte indefectiblemente en catástrofe.

Eso ha pasado con los defensores del Estado del bienestar. A fuerza de teorizarlo, acabaron por creer sus propias doctrinas, entre ellas la de que esa forma de Estado era irreversible porque había consagrado su estructura realizando la tercera oleada de derechos de Marshall, los derechos sociales y económicos, incrustándolos en las Constituciones. La idea era que la protección jurídica blindaba el Estado del bienestar frente a eventuales ataques desde dentro. Como si las Constituciones no se pudieran reformar para que digan lo contrario de lo que venían diciendo. En algunos casos no es necesario ni reformarlas. La mutación constitucional se hace por vía de interpretación gracias a la cual, si es ingeniosa, se acaba entendiendo que en donde dice "blanco", en realidad quiere decir "negro".

De "Estado social y democrático de derecho" habla nuestra Constitución en el entendimiento de que se trata de la forma superior, perdurable, segura de Estado. El estado del bienestar, en su forma abreviada, es irreversible. Una vez conocedores de sus derechos, los ciudadanos ya no permitirán que se les nieguen. Todos sostienen querer lo mejor para esta forma de Estado, hasta quienes se proponen acabar con él. Estos no declaran de antemano sus intenciones pues, dicen, sus reformas, recortes, ajustes, solo pretenden fortalecerlo, al modo en que la medicina medieval utilizaba las sanguijuelas para sangrar a los pacientes a fin de robustecerlos.

Irreversible no hay nada en la vida excepto la muerte. Todo lo demás, por eterno que se crea, puede avanzar, retroceder, quedarse en donde está, sobrevivir o perecer, dependiendo siempre de la acción de los hombres. Si estos no estan prestos a defender sus conquistas frente a los inevitables ataques sino que las dan por descontadas, las perderán y pueden encontrarse como nos encontramos hoy, luchando por la contratación colectiva (que el gobierno ha aniquilado de hecho), por los derechos de los trabajadores, la jornada de ocho horas (ya una quimera en casi todas partes en donde se trabaja mucho más), por las vacaciones pagadas, la seguridad social, la jubilación y las pensiones. Prácticamente como a comienzos del siglo XX, cuando unos empresarios todopoderosos imponían condiciones leoninas a los trabajadores. Y más. Parece que en España no hay trabajo infantil (y digo parece pues no estoy seguro) pero hay empresas españolas deslocalizadas que se valen de mano de obra infantil en otros países. Sería un error pensar que ese delito no nos afecta.

Esta es la situación que la desobediencia civil de Sánchez Gordillo ha puesto en evidencia. Y de inmediato se ha montado un enorme guirigay en el campo de la derecha mediática que ha echado mano de los viejos fantasmas para asustar a sus huestes y prepararlas para la acción. Unas buenas dosis de "comunistas saquean supermercados" y quizá ya se tenga a las bases preparadas para lo que haga falta. En estos días se oye toda suerte de barbaridades dictadas por el nerviosismo.Todavía no he leído que algún cortesano oficioso haya recordado al Rey el trágico destino de la dinastía Romanov en Ekaterinburg a manos de los bolcheviques. Pero hay relatos que se acercan: la marea roja, las hordas comunistas...

Este pandemónium por unos carros de comida de Mercadona y una finca en barbecho del ejército contrasta con el silencio reverencial del establecimiento mediático respecto a las ingentes trapisondas de mangantes que tienen montadas los bancos con ayuda de los gobiernos y las instituciones europeas así como el FMI, perejil de todas las salsas desagradables. Un frente que conspira contra el bienestar de los pueblos. El lujo, la ostentación, el despilfarro, las actividades delictivas de enriquecimiento, la corrupción contrastan cruelmente con las decenas de miles de desahucios, los cientos de miles que dependen de unos 400 euros que ahora pueden volar. Y ante ese contraste, ¿quién no siente indignación?

Otros silencios están resultando también muy llamativos. El primero de todos, el de la iglesia. Ni una palabra -no digo ya hecho- sobre el aumento de la injusticia social, el paro, el empobrecimiento de la gente, la estafa, el aumento de la explotación y la opresión. Si acaso, los obispos atribuyen la crisis a cosas tan genéricas como el haber perdido de vista a Dios, vivir en el relativismo más absoluto y dejarse dominar por la codicia. Es decir, nada. Y nada ha de ser porque la iglesia es la gran beneficiaria de la crisis, tanto en el plano económico, ya que no se merman ni tanto así sus cuantiosos ingresos como en el teológico-moral, pues se le entrega de nuevo la educación de los nin@s, la santidad del matrimonio heterosexual y, con un poco de suerte, también la indisolubilidad del vínculo. En cuanto al aborto, camino llevan de suprimirlo de cuajo en nombre de la modernidad y el progresismo.

Silencio también de los cuarteles de Aguirre en Madrid y Cospedal en Castilla-La Mancha, ambas gárrulas de ordinario y con bastante veneno en la lengua. Posiblemente las dos, dotadas de un notable sentido intuitivo de la política, piensen que el gobierno está metiéndose en laberinto en donde no parecen entusiasmadas en acompañarlo. Amenazado en el exterior por un ultimátum financiero de la UE y en el interior por un generalizado descontento, Rajoy puede tener los días contados, en cuyo caso se abrirá la intersante cuestión de la sucesión en la presidencia. A veces el silencio de los lobos presagia que están a punto de empezar a dentelladas entre ellos.
(La imagen es una ilustración de Georg Grosz titulada los pilares de la sociedad, de 1926. Obsérvese el nudo de la corbata del hombre del sable en primer término).

Los dinamiteros

Que España está intervenida y, en lo que nos dejan, gobernada por un necio incompetente, embustero, presuntuoso y cobarde es la evidencia misma a estas alturas, no lo ignora nadie y menos que nadie quienes lo pusieron en donde está para que les haga el trabajo y mientras se lo haga. De momento no ven razones para quitarlo pues, aunque todas sus decisiones son monumentos a la estupidez, en líneas generales va cumpliendo el programa que le dictan los empresarios y los banqueros a cuyo servicio está: desmantelar el Estado del bienestar a toda velocidad. En cuanto al resto, ya se verá. Su última ocurrencia de estratega de pacotilla es endosarle al Borbón la autoría de la mayor agresión de la historia a la justicia social, llevándolo a presidir el consejo de ministros, cosa a la que el rey se ha prestado bien porque ya no sale en las fotos si no hay elefantes, bien porque -y es lo más probable- no calibra las consecuencias de sus actos. La humillación del monarca es patente en la foto. Que dos botarates que han arruinado un país tengan esperando al rey, muestra la situación a las claras. Pero allá el rey si, como su abuelo, quiere ligar el trono a la suerte de unos políticos corruptos y antipopulares. Es extraño que no lo haya visto el siempre servil ABC salvo que, como quiere el rumor que se extendió ayer por la capital, esté preparándose un golpe de Estado militar que acabaría por hundir España.

Al margen de hispánicas neurosis y tremendismos, en efecto, los recortes del gobierno suponen la destrucción del Estado del bienestar y la involución de España a los años de la pobreza, la injusticia y la emigración.El nombramiento del que da fe la foto de la derecha de Carlos Espinosa de los Monteros como administrador exterior de la marca España abona lo que se viene diciendo y, por cierto, prueba la consideración en que estos aprovechategis tienen al rey, del que dicen que es el primer embajador de España pero ignoran cuando les conviene. El tal Espinosa de los Monteros es un franquista prototípico (fue uno de los últimos nombramientos de Franco), que jamás ha hecho nada productivo en la vida, salvo ocupar cargos de nombramiento político con la tarea de destruir lo público, desprestigiarlo y abogar por lo privado. El pavo es un modelo de la casta de políticos neoliberales, todos ellos funcionarios públicos (como Fraga, como Rajoy, como los Aznar, etc) con la misión de arruinar y dinamitar el Estado desde dentro, al servicio del capital y la gran empresa que posteriormente sabe recompensar sus servicios con puestos rentabilísimos en las grandes compañías que se beneficiaron de sus actividades privatizadoras, expoliadoras y antipopulares cuando eran políticos. 

Es la doctrina neoliberal en estado puro: primero se montan fundaciones con dinero público (estilo FAES; los ladrones jamás arriesgan su peculio) con el fin de desacreditar lo colectivo, criticar el bienestar social como despilfarro y montar seudoteorías económicas más falsas que un maravedí de chocolate como que, si aumentan las rentas de los ricos también aumentan las de los pobres por el efecto trickle down y otras memeces para mentecatos. Con estas teorías montan programas electorales en los que piden rebajar impuestos, suprimir lo público, privatizar, reducir, adelgazar, el Estado, en definitiva, descapitalizarlo y arruinarlo. Ganan elecciones -normalmente haciendo todo tipo de chapuzas y engaños- y destinan a los gobiernos a sus políticos de élite, funcionarios públicos (abogados del Estado, economistas al servicio de Hacienda, inspectores de trabajo, etc) cuya misión es destruir el Estado del bienestar. Cuando, como es inevitable, sobreviene una crisis como la actual, sostienen que el Estado está en quiebra (son ellos los que lo han llevado ahí) y, por lo tanto, hay que expoliar a la población para resolver la deuda que acogota el crecimiento. Por supuesto, la iglesia católica, la grandes empresas y las mayores fortunas no forman parte de "la población". Los paganos son los trabajadores, los parados, los funcionarios (sobre quienes han vertido toneladas de descrédito, ellos, que lo son también), los dependientes, los inmigrantes, los jubilados.

En España la situación es explosiva y, francamente, debiera explotar.

(La segunda imagen es una foto de La Moncloa en el dominio público).

La gran depresión del siglo XXI.

Dentro de cien años los estudiosos de la historia probablemente hablarán de este segundo decenio del siglo XXI como el de la "Gran depresión". Si no lo hacen será porque, tras estos quizá vengan tiempos más aciagos. El destino del hombre está abierto y el resultado de sus actos no suele ser previsible y muchas veces es contraproducente. O quizá porque, para entonces, ya no sea costumbre en la historia identificar la de Europa con la del mundo, bien porque la historiografía se haya hecho universal, bien porque Europa sea en esos tiempos una magnitud desdeñable, un non-entity, que todo puede pasar.

Estaban los occidentales en general y los europeos en particular muy contentos con la marcha general de la civilización mundial que los tenía a ellos como pináculo del progreso, dueños y señores de los destinos ajenos. Tan contentos y satisfechos que se permitían el lujo de aleccionar a los demás (una confusa mezcolanza de países del Tercer Mundo, en vías de desarrollo, en desarrollo, emergentes) acerca de la superioridad de sus pautas morales, el valor del individuo, los derechos humanos, etc. Sostenían asimismo que había alguna relación (si bien jamás estuvo muy clara) entre desarrollo económico, bienestar material y altas pautas morales de convivencia social.

Europa, Occidente, vivía rodeada de sus antiguas colonias y dependencias, luchando todas por sobrevivir, frente a las cuales podía darse la satisfacción de reconocer una deuda moral por los tiempos del colonialismo que ahora se pagaba dignamente por medio de la Ayuda Oficial al Desarrollo.

De repente, en un quinquenio -lo que viene durando la actual crisis cuyo fin nadie se atreve a vaticinar- estas imágenes de la realidad han saltado por los aires. La crisis es occidental, específicamente europea. Las antiguas colonias no la padecen; al contrario crecen a ojos vistas y en su seno apuntan ya verdaderas potencias económicas como la China, la India, el Brasil, etc que suponen una competencia literalmente ruinosa para Europa. Esta no puede hacer frente al nuevo peligro en una situación de postración económica y de ella solamente cree poder salir aumentando la productividad, compitiendo con unos países que prácticamente no tienen gasto social. Este es el porqué del ataque al Estado del bienestar europeo como único modo de restablecer el crecimiento. Hay que recortar gastos superfluos.

El problema es si son superfluos. Desde un punto de vista estrechamente económico (también hay una economía humanista) indudablemente sí. Desde un punto de vista moral no menos indudablemente no. El Estado del bienestar es la cristalización institucional de la conciencia jurídico-moral europea y su desmantelamiento significaría despojar a Europa del fundamento filosófico de su pretensión civilizatoria. Unas sociedades en donde la idea dominante es que los individuos son en realidad mercancías no pueden ir luego a predicar a casa del prójimo la doctrina del valor supremo del individuo y los derechos humanos.

Igual que el movimiento 15-M no es un problema de orden público, sino un estado de ánimo de sectores muy amplios de la sociedad que se manifiesta mediante la oposición en función de criterios morales, quienes defienden el Estado del bienestar defienden la idea del valor supremo del individuo y la función de los derechos. Los dos enfoques pueden mezclarse en uno, la del combate por una sociedad justa. En ese combate las posiciones están muy claras y las fuerzas muy desequilibradas a favor del mantenimiento de una política neoliberal de predominio de los mercados y desaparición del Estado social con absoluta despreocupación por la justicia social, concepto que Hayek considera una aberración incluso moral. Los partidos mayoritarios, las grandes organizaciones financieras, las grandes empresas, las instituciones ideológicas, como las iglesias, los medios de comunicación, las universidades, las fundaciones, todos coadyuvan a esa finalidad. Enfrente aparece un movimiento difuso, desestructurado, espontáneo, horizontal, multitudinario, apoyado por algunas fuerzas minoritarias de izquierda y en parte los sindicatos, los sectores marginales de los medios y en buena medida, la red. Esa lucha está perdida de antemano en términos electorales, en especial porque sus protagonistas no siendo partidistas, no se presentan a las alecciones, así que tendrán que insistir en el camino de la fundamentación moral de su oposición. Es decir, tendrán que recurrir a la desobediencia civil.
A todo esto, Europa sigue siendo un territorio muy peculiar, un ámbito de efervescencia permanente, en el que la historia está siempre pasando tumultuosamente, destruyendo Estados, haciendo nacer otros, cambiando regímenes, alterando sus fronteras. Es también un terreno de debate y experimentación, uno en el que quizá quepan sistemas políticos, equilibrados por una acción multitudinaria inspirada en el recurso a la desobediencia civil. 

(La imagen es un grabado de Paul Klee titulado Encuentro de dos hombres que conjeturan (1903).

El gobierno contra el Estado.

El Consejo de ministros de ayer fue un aquelarre, un consejo de guerra contra el Estado social y democrático de derecho que consagra la Constitución. El Estado social ha recibido dos tremendos golpes en su pilar de la sanidad y en el de la educación. El Estado democrático de derecho en la libertad de expresión y el derecho a la información por medio del decreto-ley que modifica la vigente Ley de Radio Televisión de 2006 en cuanto a la forma de elección del presidente del Consejo de Administración. El Estado a secas, en el principio general de justicia con ese indulto a los dos últimos condenados en el caso del Yak 42 por no otra razón sino porque es el caso específico del PP, siendo Trillo ministro de Defensa, actualmente premiado con la embajada en Londres.

En realidad todo esto pasa porque el PP actúa en la convicción de que, para llegar al poder, vale todo, incluso la mentira. Ni uno solo de los solemnes compromisos de Rajoy durante la campaña electoral del 20-N ha quedado de pie en cinco meses de acción de gobierno: no iba a subir los impuestos y los subió; no iba a tocar las pensiones y las tocó y dos veces; no iba a meter la tijera en sanidad y educación y les ha asestado dos tajos mortales. Mentira tras mentira se llega a adquirir oficio y, en efecto, Rajoy dice siempre lo que cree que le conviene sin preocuparse si tiene sentido o no, entre otras cosas porque no comparece nunca a dar cuentas y, si lo hace, no admite preguntas. Admira ver con qué tranquilidad el presidente dice una cosa, hace la contraria y no presta atención alguna a las críticas ni, por supuesto, las responde. Para eso tiene a sus ministros que comparecen y muestran que son lo que son: Ana Mato está empeñada en cargarse la sanidad pública por muy diversas vías y José Ignacio Wert en terminar con la educación pública básicamente por dos: reduciendo becas y aumentando tasas.

Se comprende que, teniendo que atentar tan gravemente contra el Estado del bienestar, el gobierno recurra al decreto-ley. Pero la base de este no es que aquel se vea en apuros sino que haya causas objetivas de urgencia y necesidad. De todas formas da igual ya que el gobierno tiene asegurada la mayoría parlamentaria de sobra para convalidar los decretos-leyes más agresivos que quepa imaginar contra el Estado social y democrático de derecho. No es de extrañar que la oposición, singularmente el PSOE, hable de "golpe de Estado". Pues sí, es una especie de golpe de Estado al modo de hoy. Ya no se sacan los tanques a la calle entre otras cosas porque no hace falta. Al fin y al cabo, la función principal de los tanques era siempre tomar los centros de comunicaciones: telefónica, radios, la televisión. Ahora eso se hace directamente, por la vía civil. Telefónica es una empresa privada a las órdenes del gobierno conservador y con el decreto-ley el gobierno se garantiza imponer unilateralmente el presidente del Consejo de Administración de la Corporación de Radio Televisión

Este episodio que, como vemos, pone fin a un modelo de Radio Televisión autónoma e independiente es el producto de la táctica de la mentira más descarnada, tan reveladora de un modo de entender la política. Correspondió a Dolores de Cospedal la tarea de atacar RTVE acusándola de parcial y sectaria contra toda evidencia. La elección es buena pues Cospedal carece de escrúpulos en cuanto a los medios que deban emplearse para conseguir el objetivo. Si hay que mentir, se miente. Con ese mismo desparpajo puede la dirigente popular criticar la supuesta falta de imparcialidad de RTVE sin mencionar siquiera los casos de TeleMadrid y Canal Nou, dos canales públicos literalmente al servicio del PP. No del poder, sino del poder del PP. Lugares en donde la imparcialidad exigida a RTVE tiene tanta realidad como el unicornio.

La mala fe en el juego democrático desprestigia las instituciones. La política pasa a ser una actividad de demagog@s, falsari@s y corrupt@s y los principales interesados en fomentar la errónea percepción popular de que todos los políticos son iguales son los políticos del PP, a su vez interesados en el deterioro del prestigio del sistema. No es, pues, menuda la tarea que ha caído encima de la oposición, sobre todo del PSOE que quiere ser leal con el sistema pues la de IU se plantea en términos radicales y, de ser posible, de sustitución de aquel tanto en su organización económica como en su superstructura política. El PSOE, en cambio, se ve como un partido dinástico, como la izquierda dinástica, si se quiere. Rubalcaba prodiga sus declaraciones imbuidas de respeto a las instituciones, oposición "constructiva", respaldo al gobierno cuando sea preciso, etc.

Pero el sistema se obstina en funcionar mal. El enésimo esperpento real de la cacería en Botsuana, tiene la Monarquía in angustiis, digan lo que digan los dos partidos dinásticos, la prensa monárquica y los hacedores de opinión. Aqui hay una foto mostrando a Corinna zu Say-Wittgenstein, publicada por el Bild Zeitung en la que se ve a la gentil dama alemana seis u ocho respetuosos metros por detrás de Juan Carlos en una recepción de Jefe de Estado, como cuando las esposas turcas van unos metros por detrás de sus maridos. Es una situación absurda. De darse una relación triangular, ese caballero Juan Carlos debe divorciarse de la reina y casarse o juntarse con la elegida de su corazón sin más alharacas. La cuestión es si la Corona aguantaría esta situación, si la propia monarquía la soportaría. Obsérvese que el mero hecho de que se plantee como problema prueba a las claras el estrafalario carácter de la institución.

No es un acierto convertir el PSOE en un partido dinástico. No le va en ello la supervivencia ya que el sistema admite e integra partidos antidinásticos, republicanos y hasta revolucionarios. No hay razón para que el PSOE se despoje de su alma republicana tradicional y se convierta en puntal de un sistema político que arrastra un problema de legitimidad de origen ya que, en definitiva, la Monarquía es la que impuso Franco cuyo régimen ha condenado el PSOE en repetidas ocasiones sin que sea fácil entender ahora que se condene un régimen pero no sus obras. Nada obliga al PSOE a ser lo que sus militantes no quieren ser, esto es, monárquico. Puede mantenerse fiel a su republicanismo. Puede ser leal con la legalidad pero no compartir el criterio de legitimidad. Parece una tontería de la que las gentes prácticas no se ocupan, pero no lo es.

Armageddon en Europa.

Ahora, cuando parece que el PIB de los Estados Unidos vuelve a crecer y el país genera empleo, está ya claro que la crisis queda prácticamente circunscrita a Europa. Desde luego, es de una extraordinaria gravedad. Según dice Paul Krugman, más de lo que fue la gran depresión de 1929. Se refiere seguramente a los aspectos económicos porque en los políticos la de 1929 fue mucho peor. Trajo la inestabilidad a Europa, la polarización política, el auge de los totalitarismos, el nazismo y, a medio plazo, la guerra. Nada de eso está dándose ahora mismo. La razón probablemente reside en el Estado del bienestar, que actúa como un factor de integración y estabilización. No es difícil imaginar en dónde estaríamos si no existieran la seguridad social, las prestaciones por desempleo, los sistemas de pensiones. Por eso es tan absurdo, tan delirante , desmantelar el Estado del bienestar. El aviso lo tenemos estos días en las turbulencias en Grecia, cuyo rescate se parece más a una explosión controlada que a una operación de salvamento.

Y no es solamente Grecia. Cada vez que un gobierno acepta nuevas condiciones draconianas y castiga más a su población, los mercados lo premian con mayores y más furibundos ataques a su deuda. Es el caso de España. La drástica reforma laboral (que, en realidad, supone la supresión de los derechos de los trabajadores) y la reforma financiera, aprobada casi por unanimidad en el Parlamento, se han traducido en un batacazo bursátil y una escalada de la prima de riesgo. Por no mencionar las agencias de rating que se han lanzado como hienas a morder en las vacilantes calificaciones de entidades bancarias y comunidades autónomas. Que la deuda de la Generalitat esté al nivel del "bono basura" es una ruina y una bofetada a la autoestima catalana. Y ahora, la reducción del consumo en España (¿cómo vamos a consumir si no tenemos con qué?), amenaza con hundir al país de nuevo en la recesión de la que había salido renqueante.

En su segunda recesión en menos de tres años han entrado ya varios países europeos, entre ellos los muy prósperos de Alemania y Holanda. Resulta patente que las políticas neoliberales de carácter restrictivo a las que se aferra la canciller Merkel han sido un estrepitoso fracaso. Pero ¿qué posibilidades hay de que la política democristiana reconsidere su actitud y cambie de proceder? Probablemente ninguna. Alemania está en una posición de fuerza y dicta las condiciones que consolidan esa posición y debilitan las de todos los demás. Insaciable el capitalismo (especialmente el alemán) en su pretensión de aumentar sus beneficios y la tasa de explotación de todos los trabajadores europeos, da otra vuelta de tuerca y hace más verosímil una catástrofe europea, un Armageddon continental.

Porque la crisis no es solamente un asunto económico sino que, por ser Europa, tiene asimismo un aspecto político. Lo que está en juego es el mantenimiento de la Unión Europea. Mientras los factores económicos, la crisis de la deuda soberana, los desequilibrios macroeconómicos, sean determinantes, los procesos de adopción de decisiones tenderán a parecerse a los de un consejo de administración de una sociedad mercantil. Pero esos procesos no se pueden transferir a una organización política como la UE, basada en la ficción jurídica de la igualdad de sus miembros. No es pensable una Unión Europea (un ente en busca de una Constitución eficaz) desigual, en la que unos Estados estén sometidos políticamente a otros.

Grecia no es un país soberano y su gobierno no es autónomo. Y lo mismo puede pasar (si es que no está pasando ya, aunque de forma larvada) con otros países, entre ellos, esa gran nación que es España, al repetido decir de Rajoy. Esta dinámica destruirá la Unión Europea.

En Europa, la crisis económica es también una crisis política pero, así como no se imponen alternativas a la política económica neoliberal, tampoco parece haberlas frente al retroceso de Europa hacia el tradicional sistema de Estados mal avenidos. Por eso no parece haber otra esperanza a corto plazo si no que los socialistas ganen las próximas elecciones presidenciales en Francia y legislativas en Alemania. Y aun esto será insuficiente. La izquierda europea debe dar una respuesta continental a la crisis partiendo de que Europa es de hecho una federación. No hay salidas nacionales del embrollo y el empeño neoliberal por imponerlas ya ha fracasado. Es urgente una conferencia europea de partidos socialdemócratas que proponga una alternativa europea de izquierda a la crisis.

(La imagen es una foto de Gorgrave, bajo licencia de Creative Commons).