"¡Ladrona, ladrona, ladrona...!"

Momento interesante a la par que ilustrativo y muy clarificador de cómo está el país, cómo lo están dejando los involucionistas del PP. El día de la Constitución, que se celebró casi a puerta cerrada de puro miedo al cabreo generalizado en la calle, faltas de algo más interesante que hacer, las autoridades decidieron organizar una cuchipanda para celebrar el aniversario de tan excelsa norma con el dinero de todos, incluidos los no incluidos en el sarao. Fuera, había un grupo de agraviados abucheando a los políticos según llegaban, con elegante imparcialidad, sin hacer muchas distinciones, pues no está el asunto para distingos. Los invitados venían a coincidir en algo: allí estaban ellos, los electos, celebrando un año más esta Constitución de la que todos dicen lo mismo: qué buena, que flexible, qué guay, cómo ha permitido la convivencia de los españoles y qué bien nos ha traído hasta aquí, a zampar picatostes en el Senado. ¿Lo de fuera? ¿Lo de la calle? ¿Los seis millones de parados? ¿Los desahuciados? ¿Los jóvenes  sin futuro, la gente sin casa, sin trabajo, sin nada? ¿Los inmigrantes? ¿Los jubilados, discapacitados, dependientes? ¡Caramba, no venga chingando, hombre...! Son cosas inevitables de la vida. Pero la Constitución que no la toquen, que nos ha salido de cine.

A ese condumio venía a sumarse la retrechera Cospedal cuando del grupo de descontentos, casi todos ellos de Telemadrid, a punto de irse a la calle para compensar por el latrocinio de la derecha en el ente público, destacó la voz de una ciudadana, perfectamente captada por la cámara de la Sexta que decía dirigiéndose a Cospedal: "¡ladrona, que robas a los pobres para dárselo a los ricos! ¡Ladrona, ladrona, ladrona!"

Se la oye muy bien y, por cierto, con bastante alegría. Ante esto, Cospedal solo sabe balbucear un "no, no, no" porque ¿qué otra cosa va a decir? Prácticamente todo el país piensa lo mismo que esta señora. Y no solo de ella. Pero ella es figura paradigmática de esta estirpe de políticos de la derecha dedicados a saquear el país en provecho propio, casi todos funcionarios públicos. Aguirre, Cospedal, González, Santamaría.., todos funcionarios públicos empeñados en desmantelar la función pública en beneficio de empresas privadas que luego sabrán recompensarlos. Y Cospedal en la cúspide. Se estará más o menos de acuerdo con la señora en la exacta tipificación de las figuras, de si se trata de un robo y si, por lo tanto, Cospedal es o no una ladrona. Pero no cabe duda de que su comportamiento, como el de su gobierno, si no ilegal, es profundamente injusto, inmoral e indignante. Incluso en lo personal.

Tanto Cospedal como Rajoy, Sáez de Santamaría y otros cargos (también del PSOE cuando toca) cobran dos sueldos, uno con cargo al Estado, como presidenta de CLM, y otro con cargo al partido, como secretaria general pero, en el fondo, en realidad, también con cargo al Estado pues los partidos se financian con fondos públicos. Total, unos 225.000 euros anuales se levanta la moza, sin contar todo tipo de bicocas; igual que Rajoy y tutti quanti. Es legal porque no se vulnera directamente la vigente Ley de Incompatibilidades pues los partidos políticos no son órganos del Estado. Pero esto es un ardid, una artimaña, en el fondo, un fraude. A los efectos económicos sí son órganos públicos y estas gentes están cobrando indebidamente dos sueldos. Entre otras cosas porque, para poder ser presidente del gobierno o de CLM hace falta como requisito real ser jefe o subjefe del partido. Es decir, están cobrando dos sueldazos en época de miseria general. Y que esta misma Dolores Cospedal eche interinos a la calle, cierre urgencias médicas, prive a la gente de servicios y deje a los diputados de la oposición sin salario es algo que indigna a cualquiera con algo de sensibilidad. No parece ser el caso de la secretaria general del partido de los trabajadores.

Pero no acaba ahí el asunto. Es política general del gobierno emplear retóricas baratas para ocultar un latrocinio que la gente entiende a la perfección: quitar dinero a los jubilados, a los dependientes, etc, para entregárselo a los bancos, los de las autopistas, los casinos de juegos, las eléctricas, etc es ni más ni menos que lo que dice la señora "robar a los pobres para entregárselo a los ricos".

El sentir de todo el país. Por eso es tan importante que, por fin, haya salido un político de izquierda, Tomás Gómez, a decir lo que las izquierdas, todas, debieran poner como punto primero de sus programas electorales, que revertirá todas las privatizaciones del PP si llega al poder en Madrid. En Madrid y en toda España. La izquierda no puede asistir impasible al expolio de todos los bienes del común, los servicios públicos, financiados con el dinero de todos en beneficio de unos cuantos aprovechados. Y tiene que quedar claro a estos privatizadores y a quienes se beneficien hoy con estos  saqueos, que volverán a perderlos. Y no solo la sanidad: todo lo que los apandadores están rapiñando: se repondrán las sisas a los pensionistas, a los funcionarios, a los dependientes, a todos los que se ha saqueado y se financiará con la lucha contra el fraude fiscal en todos los órdenes y la mayor presión impositiva sobre bancos, empresas y grandes fortunas, así como por la eliminación de los más indignantes privilegios, como los de la iglesia católica.

Así ganará las elecciones la izquierda, defendiendo a la gente frente a los bancos, los ricos, los curas y demás depredadores.

Dejo para otro día el comentario sobre el editorial de El País de hoy, titulado Debate constituyente, una pieza cómica en la que tras repetir como un papagayo lo que todo el establishment dice, esto es, que qué buena constitución, qué sensata, moderada, razonable, a continuación dice que hay que reformarla a fondo... pero sin atreverse a señalar más que dos o tres aspectos concretos para reconocer acto seguido que no será posible reformarla por falta de consenso. O sea, sí fue una Constitución impuesta.

(La imagen es una foto de PP Madrid, bajo licencia Creative Commons).

A la huelga general.

Tod@s: l@s trabajador@s, las mujeres, l@s estudiantes, l@s homosexuales, l@s inmigrantes, l@s funcionari@s, l@s am@s de casa, l@s policías, l@s profesore@, l@s bomber@s, l@s militares, l@s autónom@s, l@s artistas, l@s curas, l@s campesin@s, l@s médic@s, l@s enferm@s, l@s diputad@s, todos. Que no quede nadie. Que nadie vaya a trabajar. Somos el 99% y hay que parar el país. Que nadie compre nada, ni consuma.

Contra un gobierno enemigo de la gente, contra los recortes, el robo, la corrupción, el caciquismo, la prepotencia, la represión, la chulería, el enchufismo, la negación de derechos, la opresión, la estafa, el despotismo, el autoritarismo, la pedantería, el beaterío, el autoritarismo, la demagogia, la mentira, el machismo, la homofobia, la xenofobia, la ineptitud, los privilegios, el clasismo, el centralismo, el abuso, las privatizaciones.

Por nuestros derechos y los de nuestros hijos, por la justicia social, el empleo digno, el derecho al trabajo, a la educación, a la sanidad, a la vivienda, por la igualdad de trato y salario, por los cuidados a los dependientes, por la libertad de las mujeres para decidir, la libertad de los pueblos para autodeterminarse, por el derecho a una vejez tranquila, el derecho a la pensión, por el derecho de sindicación, la libertad de cátedra, la libertad de expresión, el derecho a la información, el control de los poderes públicos, por la solidaridad, la libertad de circulación , la dignidad de los seres humanos, la separación de la iglesia y el Estado. 

Hoy es un día grande.

¿Cómo no va a haber desafección?

Y lo extraño es que no haya algo más. Las condiciones de vida de la gente llevan cinco años deteriorándose: reducciones de salarios, millones en el paro, aumento de los impuestos, tasas y todo tipo de gabelas, reducción de prestaciones, subvenciones y, en general todos los servicios públicos, merma de las pensiones. La justificación es la necesidad de luchar contra la crisis, una crisis que han desencadenado las entidades financieras y que tienen que pagar los que la sufren.

Uno de los efectos más visibles y más nocivos de esta situación es el hecho de que los bancos en práctica quiebra hayan de ser rescatados con dinero público en cantidades astronómicas sin que el Estado puede ejercer algún tipo de control sobre esas aportaciones que, en muchos casos, se han estado empleando en actividades especulativas. Ni siquiera puede (o quiere) el Estado evitar que los bancos sigan ejecutando hipotecas a decenas de miles sobre la población que aporta los fondos para los rescates.

Junto a esta realidad cotidiana llamada de austeridad en la que se cierran hospitales, urgencias, escuelas, programas, servicios de todo tipo, las gentes han de contemplar una casta de delincuentes y presuntos delincuentes, todos relacionados con las administraciones públicas dedicada al saqueo del erario público. La muestra más patente, la Comunidad Valenciana donde, durante años de construcciones suntuarias y despilfarro, se robó a mansalva en prácticamente todos los capítulos y ahora la Comunidad está en la ruina, sin farmacias y con todos los servicios públicos deteriorados mientras la clase política local presume del mayor número relativo de imputados por corrupción en el Reino.

Igualmente forma parte del paisaje otra casta de políticos de todos los niveles, instalados en unos privilegios escandalosos que no debieran tolerarse. Que el presidente del gobierno, la de la Comunidad de Castilla La Mancha y tutti quanti cobren dos sueldos en las circunstancias actuales es una inmoralidad. Que muchos diputados con residencia en Madrid cobren dietas también es una inmoralidad y como estas las hay a puñados.

Los españoles ven ahora también cómo la misma Merkel que ordena a Rajoy imponer medidas de ajuste es la que está levantándolas en Alemania porque es año electoral y quiere ganar. Se sigue de ello que en todas partes sucede lo mismo: es mentira que las políticas de ajuste vengan obligadas por la crisis; en realidad dependen de las oportunidades electorales. Por eso, Rajoy, que ganó las elecciones prometiendo lo contrario de lo que ha hecho, sabe que tiene tres años más hasta las siguientes elecciones y por eso impone el programa máximo en los dos primeros, con la esperanza que los dos últimos le permitan ir suavizando la situación para ganar también las elecciones de 2015.

Las explicaciones que se dan para justificar los recortes son falsas. Se trata de desmantelar el Estado del bienestar para hacer más ricos a los ricos (que ya reciben trato de favor descarado del gobierno) y más pobres a los pobres. Son medidas de carácter ideológico, reaccionarias, involucionistas que no solamente tratan de poner a los trabajadores literalmente a merced de los empresarios sino también recortar sus derechos en otros campos, singularmente las libertades políticas de reunión, manifestación, expresión etc. Y, por supuesto, restringir o incluso abolir si fuera posible, el aborto.

Los primeros en saber que las explicaciones de los recortes son falsas son quienes las fabulan. Por eso, el gobierno no pierde mucho tiempo en discutir y, sabedor de que su acción es injusta y provoca resistencia popular, ha decidido aumentar en un 1.780% el material antidisturbios. En un país en el que se recorta todo, desde el I + D a la dependencia, la partida que sube más escandalosamente es la del material para reprimir las protestas ciudadanas. 

Eso da la medida de todo. También de la desafección.

De señorit@s, sinvergüenzas y corrupt@s.

Andan los mentideros revueltos con la nueva medida de la cirujana de hierro de Castilla La Mancha de dejar sin salario a los diputados autonómicos, como un gesto más de espartanismo y ahorro. De inmediato han salido sesudos análisis poniendo de manifiesto cómo se trata de una decisión típica de la derecha para reservar la actividad política representativa a los ricos y dejar a los asalariados sin sufragio pasivo. Recuerdan los citados análisis que fue una conquista democrática consignar salario a los cargos representativos para garantizar la igualdad y, sobre todo, la independencia de los electos. Pero, según Cospedal, se trata de una falacia para seguir despilfarrando recursos públicos. ¿Quién no tiene unos momentos libres en el día a día para dedicarlos a las tareas representativas sin desatender sus otras ocupaciones y negocios? Se trata de acabar con lo que Aguirre, siguiendo a su mentor el difunto Jaime Campmany, llama mamandurrias.

Cospedal debiera saber que la representación política lleva más de unos momentos libres al día, aunque, si juzgamos por su persona, que desempeña dos trabajos políticos a la vez (y cobra por los dos) y llegó a desempeñar tres (supongo que también cobrando), tal debe ser el caso. Poco más de un rato al día debe dedicar a la política quien toma una medida tan desvergonzada, demagógica e injusta como esta. O quizé le dedique mucho tiempo, pero no le aproveche gran cosa por falta de neuronas.

Porque no es solamente que la medida, patrocinada por alguien que cobra (indebidamente a jucio de Palinuro), más de 220.000 euros al año y, además, vive casi gratis total a cuenta del Estado al que desprecia, sea una burla y una afrenta que se presenta con el argumento hipócrita de que "hay que dar ejemplo". ¡Ejemplo una política que cobra más de 20.000 euros al mes indebidamente y con casi todos los gastos pagados! Es mucho más. Es demagógica y bastante inmoral porque hasta Cospedal debiera saber que el problema no es la forma en que los diputados cobran la retribución por sus servicios, sino la retribución en sí misma. Suprime los salarios regulares, pero deja las dietas, entre otras cosas porque, si no lo hace, su propio grupo parlamentario se le echa encima

¿Dietas o salarios? ¿Cuál es la diferencia? Escasa y, desde luego, a favor de la fórmula salarial por razones obvias de control del gasto y transparencia. Justo lo que Cospedal trata de evitar buscando el aplauso de los más ignaros. Otras comunidades tuvieron este sistema de dietas sin salarios -por ejemplo, la de Madrid- y hubieron de pasar a salarios. ¿Por qué? Obvio, y Cospedal lo sabe: las dietas no tributan, mientras que los salarios, sí. Es decir, se defrauda "legalmente" al fisco. Los salarios están fijados en los presupuestos de la Comunidad y, aunque su volumen depende de la voluntad de los propios diputados (los políticos son la única especie del planeta que se fija sus emolumentos), lo hacen de una vez por todas para un año o varios y no pueden moverlos. Las dietas, en cambio, son un producto mucho más ventajoso: también dependen de la voluntad de los interesados, pero de un modo más arbitrario, cambiante y permanentemente revisado, al alza, claro. Pero, sobre todo, dependen de la cantidad de actos, plenarios y comisiones que se convoquen. Y ¿quién decide las convocatorias? Los mismos que cobran las dietas. Resultado: como es de suponer, hay plenarios todos los días, comisiones cada treinta minutos y hasta los fines de semana y fiestas de guardar, de forma que los diputados -que en esto de cobrar no conocen diferencias políticas- se llevan a casa una pastuqui muy superior a un magro salario.

La medida es, por tanto, mendaz, demagógica, populista, inmoral y fomenta la corrupción. O sea, típica de la derecha.

(La imagen es una foto de PP Madrid, bajo licencia Creative Commons).

El gobierno contra el pueblo.

A veces me pregunto si los consejos de ministros no serán reñidas competiciones entre los ministros por ver quién cae mejor al jefe, quién cumple mejor sus designios, quien asesta golpes más duros a la población que depende de los departamentos que cada uno de ellos regenta, quién oprime y explota más al pueblo. Consejo tras consejo y rueda de prensa posterior tras rueda de prensa posterior, la imagen es la de una rivalidad por ser más el más duro, el más eficaz a la hora de hacer imposible la vida a la gente sencilla, imponerle más gastos, tasas, tributos, gabelas y todo tipo de sisas y socaliñas, a la hora de reprimirla, explotarla, adoctrinarla y tratar de estupidizarla a imagen y semejanza de los ministros de menor coeficiente intelectual, estilo Wert o Báñez.

El objetivo del gobierno está ya claro. No porque su responsable, Rajoy, lo expusiera en su momento, esto es, en la campaña electoral, en la que dijo lo contrario de lo que está haciendo, lo cual le permitió ganar las elecciones por la socorrida vía de la estafa, sino porque las medidas adoptadas hasta la fecha no dejan lugar a dudas: consiste en desmantelar el Estado del bienestar, despojar a la población en general y los trabajadores en particular de todos los derechos conquistados en los últimos 150 años, convertir un pueblo de ciudadanos en otro de vasallos atemorizados. Es una pretensión perfectamente analizada y expuesta en un magnífico artículo de Joaquim Bosch en Público, titulado Perspectivas de ruptura constitucional. Como magistrado, lo que más indigna a Bosch es la sistemática violación y negación de los derechos económicos y sociales, esto es, la sañuda agresión del gobierno al bienestar de la gente y los trabajadores. Le parece escandaloso, sobre todo, imagino, en un gobierno que está lleno de juristas. Piense, no obstante, que se trata de juristas de tres al cuarto todos ellos al servicio de los empresarios y el capital, cuya valoración de los derechos de la población -que ven como límite a sus codicia infinita- es inferior a cero.

Se trata de una política ciega, estúpida, funesta que tiene como resultado a corto plazo el empobrecimiento general de la población, su exclusión de los servicios elementales, como la educación o la sanidad. Una política que los ideólogos del pesebre derechista -una miriada, esperando que la enchufen en suculentos puestos en medios de comunicación, organismos estatales, fundaciones, universidades- sostienen que es de sacrificio momentáneo inevitable que se verá compensado con la recuperación en el medio plazo. Saben de sobra que es mentira, que no hay recuperación en el medio plazo, sino más sacrificios y más empobrecimiento dado que los recortes impiden que aumente el consumo, único motor real de la economía.

Así que los ministros han aprendido perfectamente la lección: se trata de llegar a los Consejos cada semana con una propuesta nueva para empobrecer más a la población y para reprimirla más ideológicamente. Estas son las dos piernas sobre las que camina la labor de gobierno de Rajoy: reducir drásticamente el nivel de vida de la gente, mandarla al paro, echarla de sus casas, dejarla sin subvenciones ni subsidios ni medicamentos y, al mismo tiempo, adoctrinarla ideológicamente, imponerle mediante la censura y el control de los medios de comunicación las nuevas concepciones de este neofascismo hispano: miseria y nacionalcatolicismo al mismo tiempo.

El ministro más aventajado en este doble terreno de aunar empobrecimiento general con adoctrinamiento es Wert lo cual seguramente explica por qué es el peor valorado del gobierno. Queriendo sentar plaza de cool killer, este petulante tertuliano de extrema derecha ha subido las tasas de todos los niveles educativos, poniendo de hecho la educación fuera del alcance de los sectores menos favorecidos de la población, ha suprimido la Educación para la ciudadanía y la ha sustituido por una materia de adotrinamiento nacionalcatólico grata a los curas y, para mayor solaz de la iglesia, no solo mantiene los privilegios de la educación "concertada" (una estafa por la que los curas y otros negociantes de la educación consiguen que el Estado cargue con sus gastos, blindando así sus beneficios), sino que está dispuesto a financiar la enseñanza segregada por sexos, en contra de todas las declaraciones de derechos habidas y por haber, de la reiterada jurisprudencia de todo tipo de tribunales; en contra de lo que dicta la experiencia y el sentido común.

Suele este ministro emplear argumentos especiosos que deben de parecerle muy inteligentes, en favor de la educación segregada que tanto complace a los curas, uno de los cuales -asombroso por su estolidez de fondo- es que no es cierto que la educación segregada persiga finalidades discriminatorias, incluso alude vagarosamente a algún estudio imaginario que así lo prueba. Perfecto. Vamos a suponer que sea así, ¿puede esta lumbrera decir qué otras finalidades persigue la segregación por sexo? Porque si no es una discriminatoria, será alguna otra. ¿Cuál?

El resto de los ministros cumplen también el programa de ataque a la democracia, al Estado de Derecho, al Estado del bienestar, a la población en general, que es estrategia de la derecha. Cada uno en su estilo pero todos a una fuenteovejuna.

Dicha estrategia es no solamente injusta sino necia: empobreciendo a la población, despojándola de sus derechos, reprimiéndola y adoctrinándola, a base de provocaciones, la llevan a un punto en el que cada vez es más posible un estallido social. En realidad ya es asombroso que hayamos aguantado hasta aquí a este puñado de lacayos del capital puestos a arruinar el país y hacer que la gente pague por las estafas de banqueros y financieros.

Palinuro ha echado cuentas también de la política profundamente antipopular del partido popular en los demás ministerios. Para no hacer indebidamente larga esta entrada, las explicará en la siguiente.

(La imagen es una foto de La Moncloa en el dominio público).

Risas falsas.

Después de haber anunciado que se suprimía la magra prestación de 400€ a los parados de larga duración y haberse encontrado una cerrada oposición social que no esperaba; después de haberse mantenido en sus miserables trece mientras crecía la indignación; después de haber porfiado en el silencio, estirando depravadamente la angustia de decenas, centenares de miles de personas que no tienen nada más; después de haber agotado hasta el último minuto el plazo en lo que solo puede entenderse como un acto de estúpida crueldad, el gobierno de este individuo se ha visto obligado a ceder  y reconocer el derecho de los parados a los 400€ que pretendía arrebatarles.

No ha sido necesario recurrir a alguna de las habituales mixtificaciones y falsedades conceptuales que ya tenía preparada el meapilas ministro de Cultura, especialista en la materia. La cosa había llegado a tal grado de universal escándalo que estos correveidiles del capital en el gobierno, habiendo conseguido previamente el acuerdo de la patronal, el nihil obstat de la iglesia y el tun Sie's nur! alemán, sus tres amos, ha prorrogado la prestación amenazada por la codicia general de la derecha. 

Había un clamor social para que no se dejara en la cuneta a los más desfavorecidos. Hasta en su propio partido, los menos granujas, como Basagoiti  o Feijóo, estaban pidiendo que se prorrogara la subvención. Por supuesto, así lo reclamaban todas las fuerzas políticas y sociales, excepción hecho de la iglesia quien no se pronunció públicamente porque quizá esperaba alguna tajada de este nuevo expolio del gobierno carcunda a sus órdenes. El PSOE sacó algo más de cuerpo fuera de lo que acostumbra y pidió la renovación, aunque más en tono de súplica que de legítima exigencia. Por fin pareció haber recuperado más brío y amenazó con llevar un millón de firmas en pro de esa justa reclamación. IU estuvo ambigua y los únicos que pueden apuntarse legítimamente el tanto aquí son Sánchez Gordillo y el SAT que han metido tanto miedo en el cuerpo a los señoritos que el gobierno ha tenido que ceder.

Pero lo más decisivo han sido las redes. Twitter, FB, Menéame, etc., , la blogosfera, el ciberespacio en su conjunto estaban que ardían y, aunque todavía mucha gente no calibre su verdadero impacto, son los que marcan la pauta de la opinión a lo largo del día. Los gobernantes no tienen apenas presencia en estos terrenos virtuales porque ignoran cómo funcionan, pero sus segundos -que son quienes se baten el cobre en ellos- los mantienen al tanto y les dan una idea de cómo están los ánimos. Y así como el Borbón acabó pidiendo excusas por asesinar elefantes a causa del escandalazo de las redes sociales, este gobierno de neofranquistas neoliberales, ha tenido que tragarse el sapo de mantener una prestación social con la que quería acabar.

Sale de aquí una enseñanza provechosa. Las redes, la actividad en el ciberespacio, la ciberpolítica, son determinantes en la sociedad digital y condicionan los resultados. La rapidez en las respuestas, la viralidad de estas, la ausencia de tiempos muertos, la colaboración desde múltiples puntos, la circulación de la información en tiempo real son los datos del nuevo medio de la política al que ya nada escapa.

La izquierda tiene que aumentar su presencia en las redes, digitalizar su mensaje, interaccionar con la gente en el ciberespacio y trasladar a este más reivindicaciones. El éxito en toda línea respecto al derecho a los 400€ puede extenderse a más reivindicaciones.
NB. Estuve a puto de titular esta entrada Risas de hienas a la vista de la foto que la web de La Moncloa ha colgado en el dominio público pero luego lo pensé mejor y, comprendí que era un título injusto con las hienas. La risa de estos dos es la del necio al que acaban de propinar una bofetada y no sabe por dónde le ha venido. La del que se queda sin un juguete (los 400€) y tiene que poner esa cara de circunstancias.
(La imagen es una foto de La Moncloa en el dominio público).

Estado de movilización social permanente.

Me gusta mucho la expresión movilización social permanente que se debe a Attac; suena bien, tiene un significado dinámico y un punto de romanticismo revolucionario en ese "permanente" que recuerda la revolución permanente de Trotsky.

De movilización social permanente (msp) se puede hablar solo con leer el titular de Público. Mineros, policías, funcionarios y parados volvían ayer a las calles de Madrid a protestar por los recortes del gobierno. Son manifestaciones espontáneas, pacíficas, muy en el estilo de las del 15-M pero tienen pinta de acabar imposibilitando el normal desarrollo de la vida urbana, sobre todo si, además saltan a otras ciudades.
Por ideología y modo de ser los conservadores tienden a ver estas cuestiones como problemas de orden público, aunque no son solamente problemas de orden público sino que tienen un trasfondo político que no se puede ignorar. Pero se ignora. El orden constitucional está claro: gobierna la mayoría y, si es absoluta, lo hace absolutamente, sin considerar en nada la oposición parlamentaria y mucho menos la extraparlamentaria, los perroflautas, vamos, el Lumpen moderno o postmoderno.
La tendencia autoritaria de la derecha se manifiesta a las claras en la perentoriedad, la contundencia de sus medidas, casi de corte cuartelario, justificadas por una improrrogable necesidad de cuya naturaleza no se dan jamás explicaciones claras. Ni falta que hace tratándose de la clase de tropa. Esta actitud ya suscita cierta animadversión pero si se añade algún factor concomitante como el providencial "¡que se jodan!", de Andrea Fabra, la animadversión puede trocarse en ira o furia y producir insubordinaciones, desobediencias, resistencias, en definitiva.
Y ya tenemos una población indignada a lo ancho y largo del país porque, después de cinco años de crisis, estamos peor que al comienzo, cuando decían ver brotes verdes, y sin perspectiva de mejora; lo cual ha de apuntarse en el haber de nuestros políticos cuya inutilidad para resolver los problemas colectivos es antológica. Nada nuevo tampoco en un país que debe de tener el record europeo de gobernantes ineptos. En el siglo XIX los hay a puñados y en el XX a la inepcia alguno añadió varias décadas de crueldad y maldad.
La indignación general tomará las calles mañana en toda España, cuyos habitantes están llamados a manifestarse en contra de la política económica del gobierno, en contra del rescate. Si, como es de suponer, mañana una marea humana lo inunda todo, el gobierno tendrá que pensarse qué hace. Tratar de problema de orden público una cuestión que incumbe a cientos de miles de ciudadanos no es viable.
En su desprecio por el Estado y la función pública en general los neoliberales olvidan que, para llevar a cabo sus políticas, necesitan funcionarios y si los antagonizan a todos, corren el peligro de que les paralicen el Estado. La última agresión a los servidores públicos ha puesto a estos en pie de guerra y el gobierno no ha calibrado que quienes han de combatir esa guerra en su nombre también son funcionarios y que, por lo tanto, su lealtad será problemática.
Si al final el Estado no consigue movilizar sus aparatos represivos que pueden hacer causa común con los rebeldes ni los ideológicos le sirven ya para nada quizá no pueda parar una iniciativa como la que se propone desde los aledaños de DRY o el 15-M, que nunca ando cierto, de ir a unas elecciones anticipadas. Si estas han de ser a Cortes costituyentes, como quieren los del 15-M o a cortes ordinarias como querrán los partidos dinásticos será cosa que, al final, podrán decidir los electores quienes podrán elegir entre continuidad con los conservadores, continuidad con los socialistas o renovación total con el 15-M, en el entendimiento de que esa renovación tendrá unos costes que se presumen superiores a los de la continuidad.
Ahí será en donde se decida nuestro futuro. Si podemos llegar hasta ahí.

Exactamente, ¿en dónde estamos?

Cada día que pasa se produce un nuevo desencuentro entre Mariano Rajoy y la realidad, por decirlo al modo finolis. Son desencuentros clamorosos, de esos que dejan al personal boquiabierto pero no parecen hacer mella en la inquebrantable fe de aquel en el poder taumatúrgico de sus palabras. Según él, la fabulosa línea de crédito que nos han abierto nuestros socios comunitarios no traerá acarreadas condiciones al Estado. Según Merkel, las traerá porque nadie da nada por nada y porque el préstamo se hace a España y no a sus bancos. El parecer de Rajoy no cuenta. 

El presidente español urge a que Bruselas libre los fondos comprometidos directamente a los bancos. Pero el acuerdo fue que eso solo se haría cuando funcionara una autoridad bancaria única de supervisión que está por crear y no surge de la noche a la mañana.

Lo aclaraba perfectamente Wolfgang Schäuble, el ministro alemán de Hacienda al señalar que la inyección directa a la banca no será hasta el año que viene y que, en este, de momento, la transferencia se hará al FROB con el aval del Estado. Diga lo que diga Rajoy quien, sin embargo, insistirá en que consiguió un triunfo con el acuerdo de Bruselas. Debe de pensar que los españoles no leen los periódicos. Y junto a los trémolos de victoria llegará la nueva oleada de recortes, la única política que parece entender Rajoy y que va a tensar más una situación social ya muy crispada, con los mineros entrando hoy en Madrid y todos los colectivos profesionales, desde los médicos a los profesores, en pie de guerra. 

Convendría explicar al presidente el concepto de círculo vicioso, esto es, que a mayores recortes, menos consumo; a menos consumo, menos producción y menores ingresos, que obligan a mayores recortes, etc. No es complicado. En otros términos: no se sale de la crisis restringiendo (más) el gasto sino aumentando los ingresos, esto es, actuando sobre la politica fiscal incrementando los impuestos, con una fuerte progresividad. Hasta cabe pensar en un "impuesto patriótico" que gravara las grandes fortunas para salvar a la Patria de la ruina. "Subir los impuestos también es de derechas". Se lo brindo como titular.

El fuego y la moral.

Enésima prueba de que no existen las catástrofes naturales. Son catástrofes producidas por la injusticia y mala gestión humanas a causa de algún fenómeno natural. El incendio de Valencia no habría alcanzado las proporciones que tiene si la Generalitat -en prosecución de su política de esquilmar los bienes públicos y expoliar a la población en beneficio de los corruptos- no hubiera reducido estúpidamente los recursos de lucha contra los incendios. Igualmente tampoco lo hubiera hecho si el gobierno de España, en lugar de dedicarse a empobrecer a la población y enriquecer a la iglesia y los bancos, reaccionara con mayor rapidez a estas circunstancias excepcionales en lugar de tardar veinticuatro horas en moverse. No, no hay catástrofes naturales. Hay fenómenos naturales convertidos en catástrofes por la crueldad, la codicia o la imbecilidad del ser humano.

En Valencia la situación es de llorar: decenas de miles de hactáreas calcinadas, miles de personas evacuadas, riquezas naturales y humanas abrasadas, vidas rotas, ruina, desolación. Coincide este drama con la final de la Eurocopa en Kiev. Supuesto que Rajoy -o alguien en su entorno- tenga una capacidad mínima de discernimiento moral, la pregunta es, ¿en dónde debe estar el presidente del gobierno de España?

Y la respuesta es fulminante: en Valencia.

Pero no será lo que suceda. Ya cuando el otro desastre que vivió Rajoy, el del Prestige, agravado al máximo por la fabulosa incompetencia del ministro Cascos, a quien el asunto pilló cazando, en emulación de su modelo Franco, ningún gobernante creyó necesario alterar sus planes (generalmente de jolgorio) por el hundimiento del barco.

Y ahora pasa lo mismo. Un incendio, último broche por ahora de casi veinte años de gobierno del PP en la Comunidad Valenciana caracterizados por la corrupción, el saqueo de los fondos públicos, el empobrecimiento masivo de la población, el fraude, la malversación, el expolio, no conseguirá que el presidente del gobierno altere su propósito de pasar un rato agradable y muy patriótico mientras cientos, miles de sus conciudadanos se abrasan las cejas tratando de atajar un incendio que está devorando el sustento vital de una parte antaño próspera del país.

¿Puede haber alguna duda respecto al deber moral perentorio del gobernante de estar con los que padecen y no con los que se divierten? ¿Puede haberla respecto al de todos los demás ciudadanos? ¿Tan hondo ha calado la enajenación y el encanallamiento moral que la gente haga caso omiso del sufrimiento de sus compatriotas para evadirse con el futbol?

Efectivamente, así es. A la derecha y a la izquierda. Es la condición hispánica.

(La imagen es una foto de Velo Steve, bajo licencia Creative Commons).