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miércoles, 17 de mayo de 2017

Los réprobos

Lo que le faltaba al gobierno y a su partido es juntar a las partidas de corruptos, delincuentes y presuntos delincuentes, incompetentes y meapilas, ahora una de réprobos. Y ya la tiene: un ministro, un fiscal general y uno anticorrupción reprobados por todo el Parlamento a excepción, claro, de ellos mismos. La reprobación es una figura política, moral, carece de efectos jurídicos y los réprobos conservan sus cargos porque cumplen el requisito legal esencial de contar con la confianza de su superior. Enseguida se ha formado la jerarquía del mando: el anticorrupción cuenta con la confianza del general, que cuenta con la del ministro, que tiene la de Rajoy. Y Rajoy cuenta con la confianza ¿de quién? Curiosamente de ese mismo Parlamento que ahora reprueba a su ministro (y sus subalternos) y que, si quiere ser coherente consigo mismo, tendrá que reprobar también al propio Rajoy.

En esa reprobación se encuentra la izquierda. Si gana las primarias Sánchez, el PSOE parlamentario pasará a pedir la dimisión, o sea, la reprobación de Rajoy. Esa reprobación, votada por toda la oposición menos C's se impondría y Rajoy no tendría más salida que dimitir o convocar elecciones anticipadas. Por supuesto, esto no sería así si ganara las primarias Susana Díaz o si, perdiéndolas, el grupo parlamentario socialista se rompiera con una cantidad de diputados negándose a la moción de censura; y según cuántos fueran. Si eto sucediera, pasar a la moción de censura tendría un valor político y simbólico, pero tampoco jurídico, al no alcanzar la mayoría absoluta.

La izquierda no puede seguir cediendo terreno porque, al final, aquí se reimplanta un régimen autoritario. Gobierna el país un político bajo sospecha que lo gobernó casi autocráticamente con mayoría absoluta en la Xªlegislatura, que se negó a someterse al control parlamentario durante el año que estuvo en funciones y ahora sostiene que le asiste un poder de veto sobre la legislación del Parlamento que, a su juicio, altere el presupuesto. Como es patente, a un gobierno así le parece anecdótico tener un ministro y dos fiscales superiores reprobados por el Parlamento. La idea de la responsabilidad política para la derecha es como la del maligno. Aquí no dimite nadie que se haya calzado un puesto de poder desde el que manipular, favorecer los intereses del grupo, enriquecerse, hacer sus chanchullos, porque entonces padece la seguridad jurídica de la empresa. La empresa de un partido político, presunta asociación de malhechores, que se ha infiltrado en las instituciones del Estado para ponerlas al servicio de sus ilícitos fines.

El contenido de las grabaciones de Ignacio González, figura de comic, en las que reconoce que algún día lo trincarán con una flema casi estoica revelan el espíritu de esta mafia: la responsabilidad política es una quimera; solo se dmite cuando te llevan ya esposado. Cosa difícil porque en este reino del hampa, los fiscales están para proteger a los delincuentes e impedir que se los procese; los abogados del Estado para defenderlos contra ese mismo Estado y los jueces para hacer y decir lo que interesa a los que mandan, quienes han llegado a mandar por robar y para robar.

La única posibilidad de que los réprobos comprendan que una justicia de réprobos solo puede ser reprobable es apelar a su conciencia. Un ministro de Justicia no puede mandar un mensaje privado de ánimo a un presunto delincuente. Un fiscal no puede tomar decisiones que se revelen como entorpecedoras de la recta justicia. O ¿sí, pueden? Eso depende de su conciencia, y cuando esta es tan ancha para sí misma como estrecha para sus adversarios, en verdad, no cabe contar con ella.

Un gobierno compuesto por ministros cuestionados o reprobados y un presidente bajo sospecha, ¿con qué autoridad se enfrenta y trata de resolver el conflicto catalán? Y todavía peor si quien ha de enfrentarse al tramo final de la hoja de ruta independentista es ese mismo gobierno, pero en funciones. 

Esto es lo que se llama visión política. 

La de una izquierda enzarzada en su cainismo que no ha comprendido el meollo de la cuestión: la derecha va a la confrontación y la polarización porque no cree en la democracia como solución pactada de conflictos; cualquier apoyo que se le preste en ese sentido, aunque sea invocando intereses sublimes, como el de la nación (o quizá por ello) será un paso hacia la destrucción de la democracia. De esa democracia de la que depende la izquierda y que esta debiera fortalecer mediante su unidad de acción por encima de intereses y dogmas. 

jueves, 11 de mayo de 2017

La confianza de Rajoy

Curiosa la respuesta del ministro de Justicia a la pregunta de si va a dimitir. Se da de bruces con dos experiencias de dominio común: una, la de que la confianza de de Rajoy no sirve de nada; dos, que no está Rajoy para otorgar confianzas.

La confianza de Rajoy no sirve de nada. De ellan disponían Mato, Soria, Bárcenas, Camps y demás casos excelentes servidores públicos. Disponían hasta que dejaban de disponer.

No está Rajoy para otorgar confianzas. ¿Quién se la otorga a él ante la petición de dimisión de Sánchez y la anunciada moción de censura de Podemos? 

La continuidad del ministro no puede depender de la confianza de alguien que no tiene autoridad para otorgarla. Y, aunque fuera así, como es de hecho, debe admitirse que también dependerá del juicio objetivo que merezcan sus actos. Todo el comportamiento del ministro, desde el mensaje estilo "sé fuerte" al detenido González hasta el inmenso lío con los fiscales y la supuesta injerencia del ministerio -o sea, el gobierno- en la administración de justicia prueban que su posición política es insostenible. Su reprobación la semana que viene está más que justificada, como lo están la petición de dimisión de Rajoy, de Sánchez, y la moción de censura de Podemos.

El ministro no puede comparecer en el Parlamento a refutar las acusaciones a base de negar los hechos, por lo demás palmarios. No puede ignorar que el Fiscal general tiene una denuncia contra el Fiscal anticorrupción, cuya ideoneidad para el cargo está cuestionada por todas partes. Aquí la cadena de confianzas se alarga: el Fiscal anticorrupción tiene la confianza del Fiscal general que la tiene del ministro, que la tiene de Rajoy que no se sabe de quién la tiene pues no cuenta con la mayoría de la opinión, ni del electorado, ni del Parlamento. 

No es solamente que el estado de la administración de justicia sea desastroso y con pinta de empeorar. Es que el conjunto del sistema político está gripado por la corrupción. El país está gobernado por personajes que dedican más tiempo (y recursos públicos) al cultivo de su imagen y sus estrategias mediáticas y procesales que a sus tareas de gobierno. Podría proponerse una entrada en el Guinness: el partido político con mayor cantidad de dirigentes y militantes procesados en delitos comunes en el más breve tiempo.

La dimensión del caso Lezo ha llevado al juez a trocearlo en seis piezas. Si se tiene en cuenta que emergen de continuo vínculos y relaciones entre Lezo, la Púnica y el caso Gürtel  puede calibrarse la densidad de esta red de presuntos delincuentes que engloba a las instituciones y el conjunto de la administración en todos sus niveles. Y qué capacidad de gobierno tienen unas personas literalmente acorraladas en lo judicial y lo parlamentario.

El PP solicita que Rajoy declare por videoconferencia. Sin duda se trata de evitarle la llamada "pena del paseo", aunque no se ve que haya razones para ello. Camina con frecuencia y garbo, no tiene impedimento alguno, dispone de abundante tiempo libre, ¿por qué no acudir en persona y ahorrar a la ciudadanía ese espectáculo del plasma?

Además, aunque la declaración se haga de esta guisa, y recordando que Rajoy es el presidente de un partido que más parece una asociación para delinquir, ¿quién asegura que en otra pieza de otro proceso conexo las partes no requieran la comparecencia del presidente de nuevo, como testigo o, incluso investigado?

El PP no está en condiciones de asegurar la gobernación del país. De ahí que sea tan importante el resultado de las primarias del PSOE. En ellas se juega la orientación del partido socialista en uno u otro sentido de un dilema: apoyar la continuidad del gobierno del PP con una oposición, para entendernos, "constructiva" o propiciar la salida del PP con una alianza de la izquierda de bloqueo.

De momento, en esta pelea, Rajoy parece haber depositado su confianza en Susana Díaz y eso puede tener consecuencias catastróficas para la candidatura de esta. Y, recuérdese, en cualquiera de los dos casos, nadie puede descartar la convocatoria de unas elecciones anticipadas, con un resusltado imprevisible.

miércoles, 3 de mayo de 2017

El Estado de derecho no funciona

Es una convicción generalizada a la vista del estado de la administación de justicia, su principal soporte. La gente normal, la ciudadanía no comprende episodios que pueden tener muy sólidos fundamentos pero resultan escandalosos. Nadie entiende que una tuitera sea condenada a años de cárcel por hacer chistes sobre Carrero Blanco y los fascistas puedan realizar actos públicos de exaltación de sus modales impunemente. Que los rateros, los autores de hurtos de menor cuantía, los falsificadores de moneda, las bandas de robacoches sean perseguidas, juzgadas y condenadas con celeridad y los presuntos autores de grandes estafas, apropiaciones indebidas millonarias, anden en libertad con procesos que se eternizan y, al final, quedan en casi nada, como ha sucedido con el caso Urdangarin.

Eso es lo que la gente ve, lo que escandaliza y no se entiende, hasta que salen a la luz las maniobras del PP para poner a su servicio el poder judicial y obstruir cuanto pueda la acción de la justicia. Entonces se atan cabos y se va viendo cómo este desastroso estado de cosas no se debe a motivos misteriosos, incomprensibles, genéticos o telúricos sino que se debe al deliberado propósito del partido del gobierno por interferir en la acción de la justicia en su favor, para eludirla en todos los momentos del proceso: impedir que se descubran sus delitos, que son ya numerosos y pinta tienen de ser muchos más; si se descubren, que no se investiguen; si se investigan, que no se juzguen; si se juzgan, que sea por jueces de su orientación política; si es por otros, que los expulsen de la carrera judicial; si son condenados, que los indulten cuanto antes.

Es política de partido: el intento de quedar impune de sus infinitas fechorías, si es necesario, a costa de acabar con la independencia del poder judicial y, por ende, con el prestigio y el respeto de que debiera estar rodeada la administración de justicia. Con esa clave presente, todas las medidas que el gobierno de Rajoy ha tomado (o dejado de tomar) cobran un sentido nuevo porque encajan en el propósito aludido de destruir el Estado de derecho.

Cabe recordar el episodio de los dos jueces afines al PP, Enrique López, quien hubo de dimitir del Constitucional por conducir beodo, y Concepción Espejel, agradecida amiga de Dolores de Cospedal. Ambos empeñados en conocer de causas de la Gürtel y a los que fue necesario recusar porque no se inhibían. Lo mismo que las reformas de Gallardón, de cuando era ministro de Justicia, en especial las tasas judiciales, que trataban de excluir del recurso al juez a la gente con pocos recursos, o sea, casi todo el mundo, el mismo Gallardón que puede ahora acabar investigado por su gestión como alcalde. Y, por supuesto, las reformas propuestas por el inefable ministro Catalá, desde trasladar la instrucción de los jueces a los fiscales hasta aplicar una forma de "ley Berlusconi", reduciendo drásticamente el plazo de instrucción, con lo que numerosos crímenes quedarán impunes.

Todo eso prueba que hay una voluntad política evidente del gobierno de manipular la justicia para impedir que esta acabe haciendo pedazos el partido, imputado en un par de casos. En realidad hay una posible y altamente condenable connivencia entre los políticos, los gobernantes y los presuntos delincuentes, como si fueran gentes de la misma casa y, en buena parte lo son. Algún miembro del gobierno avisó a González de que estaba siendo vigilado. Y el ministro de Justicia actual envía un whatsap al mismo hombre en el que le desea que se le aclaren "los líos", un deseo que tiene la dimensión moral del SMS de Rajoy instando al presunto delincuente Bárcenas a ser fuerte.

Faltaba esta trifulca vergonzosa de los fiscales. La fiscalía es el órgano público encargado de velar por los intereses colectivos y, allí en donde la justicia funciona y los gobernantes son honrados, es una pieza esencial del Estado de derecho. Pero también es el caballo de Troya del poder político en la administración de justicia y lo que estos fiscales -el general y el Anticorrupción- parecen demostrar es que sirven con mayor celo los intereses de los gobernantes que los públicos y que están literalmente al servicio del poder, con el fin de desactivar el efecto de la corrupción del PP. 

En la justicia no hay términos medios: lo que no es justicia, es injusticia. Ahora díganme ustedes con qué ánimo pueden escucharse las habituales sinsorgadas del presidente de los sobresueldos sobre la independencia de la justicia o contemplar la acción de magistrados, jueces y fiscales que no están por encima de toda sospecha. 

Pensando en cómo puede terminar este desbarajuste, se me vienen a la memoria los increíbles planos finales de Zabriskie Point, la película de Antonioni, con la música de Pink Floyd.

lunes, 1 de mayo de 2017

"Lezogate". Una historia de gangsters

Según arrecian las revelaciones, todo, hasta los episodios más rocambolescos, va tomando sentido. La famosa “gestapillo”; las curiosas imágenes de Ignacio González, creo, y un su amigo en algún lugar del Caribe, portadores de sendas bolsas de plástico en las que, según ellos, había toallas; el enrevesado asunto del ático evanescente de González; el octogenario padre de este, despachando en el Senado.

Realmente, el gobierno de Madrid, y de España entera, en los últimos años ha sido una muestra de la picaresca hispana de todos los tiempos, desde los primitivos de llevarse unos dineros extras mensualmente en forma de sobresueldos o enchufar al padre, la madre, los primos, los allegados, hasta los más ultramodernos de encriptar mensajes y camuflar los latrocinios por métodos telemáticos.

Según parece, Aguirre era sistemáticamente espiada en su propio despacho y, según parece también, González, su mano derecha, sabía todo sobre la cabeza en tanto que esta, la cabeza, no sabía nada de su mano derecha. Vaya cabeza. Aguirre pasa de ser una política audaz y que habla alto a convertirse en un ser ridículo, un fantoche de cuya vanidad se aprovechan unos truhanes para perpetrar sus fechorías.

La señora es ya una mojama política. La cazatalentos, vaya, que ha resultado ser la más tonta de la cuadrilla. El personaje que esta penúltima curva del laberinto de la corrupción ha revelado a nueva luz es el inenarrable expresidente de la CA de Madrid. La historia de las complicadas fechorías que se le imputan, su capacidad de organización, su manejo de los hilos del poder, sus tratos con otros gobernantes, sus presuntos vínculos con las otras tramas delictivas del PP y su supuesta práctica de interferir en los procedimientos judiciales dibujan un personaje insólito, uno que, a diferencia de la lideresa, ha pasado de ser una especie de fiel y oscuro mandado a resultar una especie de genio de la maquinación, un artista de la doble vida: gobernante de día/ladrón de noche. Alguien a quien faltaría tiempo para dedicarse a la gobernación, es decir, lo suyo.

No contento con lo anterior, el personaje intentó hacerse con Caja Madrid, para lo que contó con el apoyo cerrado de la necia vanidosa a la que espiaba y manipulaba. Con la Caja en la mano, este pillastre hubiera comprado no el Brasil, sino la China entera. Por desgracia para ellos, otro presunto delincuente, Rodrigo Rato, contaba con apoyos superiores: Rajoy y Zapatero. También en el trinque hay escalafón, sobre todo entre profesionales.

Puede parecer algo exagerado, pero no lo es. El personaje está tallado en roca granítica. Tras abandonar el gobierno de la CA de Madrid ha realizado diversas actividades. Una de ellas, escribir dos artículos por semana para La Razón, al precio de más de quinientos pavos la pieza, como si fueran reflexiones de Churchill. Así el periódico devuelve en parte al exgobernante la pasta que este le adjudicó arbitrariamente en subvenciones, que otorgaba en razón inversamente proporcional a la difusión. Porque el gobierno del PP es literalmente el gobierno del hampa: las promociones se acuerdan según enchufes y parentescos; las subvenciones, según afinidades delictivas.

Y, por si alguna duda quedara, ahora asoma otra aventura insólita del héroe, que estaba al parecer negociando un proyecto para privatizar la sanidad pública de Egipto utilizando para ello fondos de la cooperación. Cree tener experiencia porque ya intentó hacerlo en el gobierno de Aguirre y, al final, no pudo pues se lo impidió el Tribunal Constitucional. "Privatizar" llama este pájaro a apandar con todo lo público para metérselo en el bolsillo o en el algún jeque amigo a cambio de la correspondiente mordida. De la nueva jugada nos hemos enterado por grabaciones de la policía. El espía, espiado.

No se me negará que de la banda de ladrones del PP  salen tipos novelescos, a la par que patibularios: Bárcenas, Camps, Mato, Matas, Barberá, Fabra, Granados, González... una galería de hampones digna de una película de cine negro.

No se sabe cuánto tiempo tendrá la conexión árabe entretenida a la opinión pública, pero se le echa encima otro escandalazo de típica corrupción pepera con los parques eólicos de Castilla y León. Es injusto que se mezcle en esto al pobre Eolo. Estos parques de Castilla y León debieran llamarse “parques herméticos”, de Hermes, el dios de los ladrones. Y desfalco, expolio de lo público a lo grande, para hacer más grande aun lo privado, lo de los bolsillos privados, las fincas, las cuadras, las piscinas. Comisiones para arriba y para abajo, licitaciones fraudulentas, amaños, adjudicaciones ilegales, malversación, en fin…el estilo de la casa. Doce o catorce imputados. El saqueo de lo público.

Abrumado por la avalancha de corrupción y las tarascadas de la izquierda que pide su dimisión o una moción de censura, Rajoy ha dado luz verde a la formación de una comisión interna del PP para luchar la corrupción, como si esta fuera algo ajeno al PP, algo venido del ultraespacio. La idea y el momento son tan chuscos que invitan al comentario festivo. Sabido es que, cuando no se quiere resolver un problema, se nombra una comisión. Pero esta en concreto tiene más gracia. ¿A quién van a nombrar para presidirla y componerla? ¿Qué quiere decir "luchar" en el PP? Y ¿qué competencias tiene? ¿Puede investigar o tiene que empezar por investigarse a sí misma? Su función última ¿será descubrir y denunciar la corrupción o encubrirla?

lunes, 24 de abril de 2017

El éxito de la abstención

Les da vergüenza decir que se abstuvieron en la investidura de Rajoy para que siguiera gobernando el PP. Por eso los golpistas del PSOE se justifican diciendo que tienen al gobierno atado en corto y controlado y que, en el fondo, hace lo que ellos dicen.

El dato de la noticia nos ahorra mayores explicaciones. El PSOE de la junta gestora miente, como siempre: el PP veta toda la labor legislativa de la oposición. Esto quiere decir que el resultado es doblemente desastroso pues el PSOE trabaja como si realmente consiguiera lo que se propone, pero no lo consigue porque el PP está en contra. Realmente, la abstención solo ha servido para poner los votos de los electores socialistas al servicio del PP.  

Y el futuro inmediato aun pinta peor. El gobierno está preparando un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional para mantener su práctica de veto a todas aquellas iniciativas legislativas de la oposición que, a su juicio, modifiquen los Presupuestos al aumentar los gastos. Es decir, un proyecto para emascular el Parlamento y conseguir el tipo de gobierno que gusta a Rajoy y el PP: la dictadura. 

Con la sumisión del PSOE.

jueves, 20 de abril de 2017

El gobierno del hampa

En 2015, José Manuel Roca y un servidor publicamos un libro titulado La antitransición. La derecha neofranquista y el saqueo de España. Con el título, me ahorro explicar el contenido. Hago solo hincapié en que calificábamos a la derecha del PP de neofranquista y explicábamos cómo estaba (y está) dedicada al saqueo de su propio país. Abierta en la obra queda la cuestión de si es una especie de conjunción astral entre neofranquistas y saqueadores o si hay una relación causal, de forma que los neofranquistas son, por sí mismos, saqueadores. Roca y yo tenemos a mucha gala habernos adelantado con las claves de lo que luego ha ido pasando, hasta llegar a la sesión concentrada de fuegos de artificio de los últimos cinco días, luego de la resurrección de Cristo y de que el pendón nacional recupere el palo entero: descubrimiento de que Rato presuntamente delinquía mientras ejercía como vicepresidente y ministro de Economía, flotación del Tramabús (que viene a ser como un trailer o teaser), citacion a Rajoy a declarar como testigo, detención de Ignacio González y tutti quanti, imputación de Marhuenda y declaración hoy de Esperanza Aguirre.

Un espectáculo de sombras y silencios, del gris de los juzgados, que asombra en el exterior y tiene espantados a los del interior que dan cuenta de los hechos con vocabulario apocalíptico: Madrid, agujero negro del PP, la detención de Ignacio Aguirre por corrupción tritura al PP de Aguirre, "destrozo", "hundimiento", etc., etc. Ahorro también el relato del barullo de trapisondas, latrocinios, malversaciones, trampas, chanchullos, falsedades, prevaricaciones, extorsiones, cuñados, primos, sobrinos, amigos, clientes, enchufados. Está todo en los reportajes periodísticos. Es el habitual jardín de las delicias del expolio del erario a cargo de estos mangantes del PP.

Porque esa es la cuestión. Claro estaba desde hace tiempo que el PP no es un partido al uso, sino, al parecer, una asociación para delinquir y que, como tal, está imputado en dos procedimientos penales. En llano castellano: aquí no hay una ideología, un proyecto, una comunidad de propósito para lo público; aquí hay unas gentes que se ponen de acuerdo para organizarse con intención criminal y llaman partido a su organización, lo cual les posibilita, al ganar elecciones trucadas con financiación ilegal, acceso a los recursos públicos con el fin de expoliarlos en su propio beneficio. Caso Granados, por ejemplo.

¿Está claro ahora también qué hay detrás de las privatizaciones de bienes y servicios públicos, que defienden los expertos a capa y espada en los medios de comunicación del capital? Puro saqueo. Proyecto había de privatizar el Canal de Isabel II en el que este cogollo de ladrones centraba sus actividades. Si lo consigue, hubiera sido un puntazo: una empresa criminal gestionada por los gobernantes. Todavía quedan por conocer los resultados concretos de la otra gran ola privatizadora predicada por los neo-franquistas vestidos de neo-liberales, la de la sanidad. Lo que se va sabiendo de los famosos hospitales de Aguirre pone los pelos de punta. E imagínese lo que están dispuestos a mentir para hacerse con las pensiones públicas. 

Todo lo que ha estallado estos días era conocido por mucha gente, intuido por mucha más y visto por toda cuando se producían casos concretos que mostraban la corrupción general del sistema: el proceso de Urdagarin y su actual situación; la situación de Blesa, la de Rato. La connivencia entre el poder político, las instituciones y los delincuentes, condenados o presuntos, era total.

Esto solo era posible con unos medios de comunicación controlados y al servicio de la organización de presuntos malhechores. Y de ahí viene el frente de periodistas omnipresentes en los medios, en defensa cerrada del gobierno y su "partido" y al ataque de todos los demás. La imputación de Marhuenda, hombre clave en este comando mediático, ya permite resituar y recalibrar a sus congéneres en otros puestos de combate.

Lo incomprensible en este episodio es la abstención del PSOE en la investidura de Rajoy. Esa decisión costó un golpe de mano en el partido, su fractura y una crisis sin precedentes. Se venía justificando por "razones de Estado". González pontificaba que era preciso dejar gobernar a Rajoy "aunque no lo mereciera". Una vez perpetrada la abstención, el PSOE oficial, el de la junta gestora al servicio de Susana Díaz, quería legitimarla valorando su propia oposición en una actitud patética. Por dos motivos:

1º) no es cierto que haga oposición y, además, el gobierno va a plantear un conflicto de competencias con el Congreso para cortarle las garras legislativas, invocando la ley de presupuestos;

2º) aunque la oposición fuera de verdad oposición, sería irrelevante porque Rajoy ya no quiere gobernar, si es que alguna vez lo intentó, sino seguir aforado y al mando de todos los departamentos de la administración del Estado. Evitar a toda costa que lleguen a los ministerios gentes de otros partidos. Por razones obvias.

Eso también era evidente. Y, sobre todo, era evidente que abrir camino a un gobierno que entraba en zona de turbulencia judicial era insensato. Podía pasar cualquier cosa. Y está pasando. La próxima vez que los jueces citen a Rajoy puede ser como imputado. A estas alturas nadie se atreverá a negar esta posibilidad.

Y, por supuesto, Rajoy no va a dimitir.

Ahora calcúlese con qué grado de autoridad y legitimidad puede este gobierno, sostenido por una asociación de presuntos malhechores, hacer frente a lo que la prensa llama "desafío independentista".

lunes, 17 de abril de 2017

Al final de la escapada

Si lo de Rodrigo Rato se escribe en una novela, los críticos dirían que es una fantasía inverosímil. ¿Cabe ser gobernante y delincuente al mismo tiempo? No me refiero a esa generalización propia del huerto ácrata de que, en realidad, todo gobernante es un delincuente porque el gobierno en sí mismo es un delito. Simplemente a la posibilidad de que el gobernante cometa delitos distintos al de gobernar.

Esa posibilidad existe y según parece y presuntamente y etc., se ha hecho realidad en el caso de Rodrigo Rato. Resulta, desde luego, inverosímil que el país haya estado gobernado por alguien que delinquía mientras gobernaba y no por interés de Estado, sino en beneficio propio. El autor del "milagro económico" que venía legitimando los gobiernos de Aznar, dejó tras él una burbuja inmobiliaria y una crisis atroz. Para ir a presidir el FMI, de donde salió a toda prisa porque, según se publica ahora le habían pillado con cuentas en paraísos fiscales o blanqueando dinero o ambas cosas a la vez. De allí saltó a la presidencia de Cajamadrid con el aval y el apoyo de Rodríguez Zapatero, entonces presidente del gobierno, y Mariano Rajoy, jefe de la oposición. Es decir, llegó a presidir la caja con el apoyo de la inmensa mayoría del Parlamento. Y aquí, en una exhibición definitiva de su magia, convirtió la alicaída Cajamadrid en una ruinosa Bankia que fue preciso rescatar a un coste, ese sí, inverosímil de dineros públicos. Y siempre en su presunto beneficio.

Esta trayectoria es la de un supuesto delincuente a las riendas del poder económico español, del mundial y luego de un suculento pastel de nuevo español. Una trayectoria que revela el carácter real de los gobiernos de Aznar. Si estos trajeron una crisis económica interior pavorosa y metieron al país en el exterior en una guerra criminal que le costó el peor atentado de su historia, ¿qué le queda a Aznar para ir presumiendo de su obra como gobernante?

Aznar y Zapatero. En un artículo extraordinario en CTXT, titulado Rato y la extraña ceguera de Zapatero, Cristina Fallarás comenta que Zapatero presumía ser una de las tres únicas personas que conocían la verdadera razón de la espantada de Rato del FMI. A pesar de ello impulsó y respaldó su nombramiento para Cajamadrid. De ser esto así, no hay duda: el comportamiento de Rato, aun inverosímil, es comprensible en función de la infinita codicia del hombre. El comportamiento incomprensible es el de Zapatero. Ningún pecado capital lo explica. Si acaso la primera de las Bienaventuranzas, "bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos será el reino de los cielos".

Una última observación de homenaje a Al final de la escapada, gran película. 

viernes, 24 de marzo de 2017

Las muy probables elecciones anticipadas

Los medios de comunicación no son lo que eran. Ahora puedes controlar todos los públicos y casi todos los privados y no evitas una imagen catastrófica de gobierno incompetente, incapaz de hacer nada bien. Ni los medios más entregados -y los hay increíbles- pueden ocultar a la opinión que a los gobernantes les va fatal en el Parlamento, en donde fracasa en todas sus iniciativas. Si a ese fracaso se añade el constante mosconeo de los digitales, sacando escándalos como rosarios, se concluirá que la situación empieza a ser alarmante para la derecha en el gobierno. Ya Rajoy había advertido que no consideraba adelantar las elecciones pero que, claro, era preciso dejarlo gobernar. Por gobernar entiende que no le toquen lo hecho o deshecho hasta ahora y que le dejen hacer lo que le da la gana en el futuro. Es el único en verlo así, claro. Pero es quien ha de tomar la decisión.

El gobierno no puede legislar a su antojo porque la oposición no le deja. La derrota de la convalidación del decreto-ley de la estiba ha sido demoledora. Y en el punto de mira están ahora la ley mordaza, que ya ha entrado al desguace, y la LOMCE, que espera turno. La oposición quiere desmantelar lo legislado durante la mayoría absoluta del PP. Le van a tocar lo hecho y no le dejan seguir desgobernando. Y ahora vienen los presupuestos, norma de importancia capital cuya aprobación no está garantizada. Es algo crucial. El presupuesto pasa si el PSOE, por lo menos, se abstiene. Abstenerse ahora, como cuando la investidura, equivale a votar "sí" pero sin decirlo. Y de nuevo coloca al PSOE en curso contrario a la izquierda.

Además del bloqueo legislativo, el gobierno está sometido a un control parlamentario al que ni de lejos está acostumbrado. Harta la oposición de la tomadura de pelo de la Gürtel ha montado por unanimidad una comisión de investigación sobre la financiación del PP que, obviamente en contra, responde montando otra sobre la financiación de todos los partidos en el Senado, aprovechando su mayoría absoluta. Pero es pura pataleta. La comisión de verdad es la del Congreso y la que los medios, hasta los suyos, van a seguir. Añádase a ella la comisión sobre la supuesta guerra sucia del ministerio del Interior bajo mando del devoto Fernández Díaz en contra de sus adversarios en Cataluña. Las comisiones no van a dejar un ministro sano. Pero, además, hay una cascada de comparecencias en trámite que involucran a otros miembros o exmiembros del gobierno. Y por asuntos verdaderamente pintorescos: García Margallo por bocazas, Catalá por disoluto y Sáenz de Santamaría por agente de la T.I.A.

Y todos esos apuros y angustias, esos impedimentos, controles, fiscalizaciones a un partido, un gobierno y un presidente que no entienden ni han entendido nunca el funcionamiento de un sistema liberal parlamentario y democrático. En su legislatura con mayoría absoluta gobernó de modo también absoluto, por decreto, con ignorancia del Parlamento en el que apenas compareció y que solo en una ocasión pudo forzar de él algo parecido a una explicación y rendición de cuentas que no fueron tales. Un gobierno que, estando en funciones, se negó expresamente al control parlamentario, convirtiéndose así en un gobierno de hecho, no de derecho. 

A ello hay que añadir el carácter autoritario del personal al mando en La Moncloa y Génova 13, su intemperancia y ningún respeto por las convenciones democráticas. Y, además, las muchas actividades presuntamente delictivas que tienen atareados a los tribunales, así como la esperanza de que un buen resultado en unas nuevas elecciones ayudaría a capear este temporal. 

La convocatoria de elecciones anticipadas está al caer. 

viernes, 17 de marzo de 2017

Marasmo

El domingo pasado, en un post titulado Disonancias decía Palinuro que "este gobierno no puede gobernar, pero tampoco convocar elecciones anticipadas por razones obvias." Que no puede gobernar viene siendo patente desde el comienzo de su nuevo mandato en el que no ha hecho nada, pero la derrota de ayer en el decreto sobre los estibadores es mucho peor que nada, ya que supone andar en dirección contraria a su programa. Incumplir el programa no es cosa que preocupe en el PP, pero no incumplir por imposición ajena, en defensa de los intereses de los estibadores.

La prueba definitiva, el 31 de marzo con la aprobación de la cuentas en el consejo de ministros. Si los presupuestos no se aprueban es de esperar una convocatoria de elecciones anticipadas y ahí es donde se verá si la premonición de Palinuro es acertada o no: el gobierno no puede gobernar, pero tampoco convocar elecciones anticipadas. Caso de hacerlo, España afrontará el tramo final de la hoja de ruta catalana con un gobierno en funciones. Cierto, el que hay ahora no está mucho mejor, pero, cuando menos, hay actividad parlamentaria y foro de debate en el que seguramente se forjará una sacra unión nacional de partidos dinásticos (PP, PSOE y C'S) para proteger la monarquía y la unidad de España. Con un gobierno en funciones todo eso es muy difícil.

La división en el PSOE es una muestra más de las turbulencias en España. El enfrentamiento entre la candidatura oficialista de Susana Díaz y la de las bases de Pedro Sánchez es total y reproduce el del país. El campo de Sánchez acusa al de Díaz de todo tipo de guerra sucia: manipulación del censo, campañas de descrédito, censura y empleo del aparato del partido a favor de la candidata. Es obvio que hay unas sinergias en el campo de Díaz con el aparato, los barones, los tertulianos, los ex, los medios, los votantes del PP y hasta el Ibex35. De no haberse sublevado las bases insospechadamente, la candidatura de Díaz, una candidatura de caudillaje, con efluvios de PRI, se hubiera impuesto por aclamación. De hecho, al no ser todavía candidata oficial, Díaz viene a ser la tapada del PRI.

A primera vista, si no se hacen malabarismos con el censo, ni se ponen inconvenientes al voto telemático, ni se incordia a las candidaturas de mil formas, puede ganar Pedro Sánchez con un discurso de izquierda. De suceder, podría abrirse una interesante etapa de búsqueda de la unidad de la izquierda. Pero, a los efectos del gobierno y la legislatura, esta situación sería irrelevante. Al no ser el nuevo SG diputado del Parlamento (en ninguno de los dos casos), el grupo parlamentario del PSOE mantendría su composición y línea de actuación. 

La sola esperanza de Rajoy de mantenerse en el gobierno y conseguir al tiempo algún tipo de gobernabilidad es que Susana Díaz gane las primarias. Para ello ha de posponer la convocatoria de elecciones con el riesgo de que, si gana Sánchez, la gobernabilidad se evaporará, habrá que ir a elecciones y es posible que en ellas dé Sánchez una sorpresa.

La cuestión con el gobierno de España ya no es cómo se siguen depilfarrando los caudales públicos con las multas que habremos de pagar a causa del fiasco de la estiba, sino quién y cómo estará tomando decisiones respecto a la hoja de ruta catalana.

Añádase el rosario de casos de corrupción y podremos preguntarnos cómo es posible haber llegado a este marasmo con tal grado de incompetencia.

domingo, 12 de marzo de 2017

Disonancias

Quien pretenda extraer conclusiones del sondeo de Metroscopia sobre las perspectivas de la situación política española lo tiene crudo por la cantidad de disonancias y hasta contradicciones que muestra. Y no debido al trabajo técnico, sino a las respuestas en sí que correctamente registra. Por eso los autores se apresuran a aclarar que el sondeo es foto fija aquí y ahora. Sobre el futuro, los dioses dirán, incluido el futuro de mañana mismo.

La primera conclusión de un examen detallado de la encuesta es que los encuestados no estamos en nuestros cabales. ¿Cómo puede ser que tenga la mayor expectativa de voto un partido cuyo líder es el peor valorado, a excepción del inefable Iglesias? Podemos es segunda fuerza. Casi parece que los españoles prefieren votar por líderes a los que no valoran. Prueba a contrario: el líder más valorado, a estratosférica distancia de los dos mencionados, Rivera, es el del partido con menor o cuasi menor intención de voto. La mayor expectativa de voto para un partido cuya gestión de gobierno desaprueba el 70%. No solamente votan por partidos cuyos líderes no valoran, sino también por aquellos cuya gestión de gobierno rechazan. Y no acaba ahí. Yendo a dianas concretas, el 89% dice que el gobierno no está sabiendo gestionar la corrupción. Es una forma elegante, barométrica, de decir que la gente cree que el gobierno es corrupto. Y lo vota. Como lo vota aunque abrumadoras mayorías del 78 y el 71% rechazan su forma de gestionar la situación laboral y la de Cataluña. En el caso catalán los que rechazan son más que los que aprueban incluso entre los votantes del PP. Cosas todas ellas, estaremos de acuerdo, asombrosas.

Está bien la foto fija. Es lo que se ve a simple vista en la vida cotidiana. Inclúyanse los datos sobre la corrala del PSOE. Descalabro en intención general y hundimiento total, por debajo de C's, en intención directa. Justo lo que necesita la pelea para reanimarse. Los dos bandos (golpistas y antigolpistas) se echarán mutuamente en cara estos desastrosos resultados. Pero hay un dato que deja a los golpistas en evidencia: el grado de rechazo general a la gestión parlamentaria del PSOE (monopolio de la junta gestora y campo de Díaz) es el mayor de todos, con un 74%. Ese rechazo es también más alto que la aprobación entre los propios votantes socialistas. Es decir, bien a las claras, el discurso justificativo de Jiménez, Hernando, Madina, Díaz, etc., acerca del valor de la oposición parlamentaria del PSOE no cuela ni entre sus propios seguidores. Yo me preocuparía.

Aunque tampoco es para tanto. El mensaje del sondeo es claro y sí, estamos en nuestros cabales. Hay una mayoría relativa muy escasa que apoya a un partido al que considera corrupto e incompetente y cuyo líder no le merece confianza, sin duda porque los otros atraen menos. Como partidos y como líderes. Y, la verdad, hace falta ser inútil para no dar mejor imagen que Rajoy y no tener una oferta mejor que la del PP, consistente únicamente en seguir con el pillaje de caudales públicos. Dado que el PSOE está de sabático hasta que se dilucide el enfrentamiento, el electorado parece decidido a no tomarse muy en serio la situación.

Lo cual es grave porque la situación es seria. Este gobierno no puede gobernar, pero tampoco convocar elecciones anticipadas por razones obvias. 

jueves, 9 de marzo de 2017

Hay que ilegalizar a esta banda de ladrones

Y proceder judicialmente contra su responsable, Mariano Rajoy, presidente del gobierno, que, al parecer, estuvo años cobrando sobresueldos con cargo a esa caja B del partido a donde iban a parar las mordidas, se dejó pagar viajes y trajes por la Gürtel y tiene a su padre dependiente a cargo del erario mientras niega las ayudas a los demás dependientes. O sea, un personaje inmoral y puede que presunto delincuente al frente del gobierno desde hace más de cinco años.

Un quinquenio que corona la etapa de mayor corrupción de la historia de España desde la Transición. Porque, al parecer, no era solamente Rajoy quien cobraba los sobresueldos, sino una nutrida representación de cargos y dirigentes del partido que se repartían así entre ellos una cantidad importante de los caudales que los empresarios pagaban a cambio de contratas públicas y con el objetivo último de financiar ilegalmente el PP. Una orgía de dinero sucio que se canalizaba por diversas vías, por ejemplo, la Fundación FUNDESCAM, juguete preferido de Esperanza Aguirre y el presidiario Díaz Ferrán, gran amigo suyo. Esa financiación ilegal servía para los sobresueldos, para pagar las campañas electorales del PP (cuyos resultados debieran anularse por haberse obtenido con trampas, con tongo) y, sin duda, también para comprar voluntades en los medios y hasta los mismos medios.

Y así, gracias a la mayoría absoluta del PP en la Xª legislatura, la injerencia permanente en la administración de justicia y el control de los medios, España se ha convertido en el país de la corrupción, mientras la gente pasa necesidades, o no tiene para comer y los niños van a clase en barracones.

Varios jueces consideran el PP como una presunta asociación para delinquir. Con las nuevas revelaciones en sede judicial quizá pueda empezar a considerársele como un ejemplo de delincuencia organizada. Un partido sin ideología oficial (porque el neofranquismo no puede confesarse en público) cuyo único objetivo es conseguir el poder para saquear el erario, malversar, malvender lo público a los amigos del sector privado esgrimiendo filosofías neoliberales mientras captura el Estado y lo esquilma.

Hay que recordar a Aznar afirmando en 2010 que el PP era incompatible con la corrupción. Calíbrese la sinceridad del amigo: Rodrigo Rato había sido ministro de Hacienda y luego vicepresidente del gobierno con él y ya por entonces, según parece, era un corrupto. También merece la pena recordar a Mariano Rajoy en 2009 rodeado de la plana mayor del PP, en la que ya había varios corruptos, afirmando muy serio que la Gürtel no era una trama del PP sino una trama contra el PP. Así, con todo el morro.

Y ahí sigue de presidente del gobierno, gracias al PSOE, por cierto. Gobernando como si todavía tuviera mayoría absoluta y haciendo lo que le da la gana. Ya veremos qué pasa con esa comisión de investigación en el Congreso que no les ha quedado más remedio que exigir a los partidos de la oposición, PSOE, Podemos, C's. 

Los nuevos datos vinculan la Gürtel con la Púnica, eliminan la prescripción de muchos presuntos delitos al establecer su continuidad entre 2004 y 2011, dibujan una actividad delictiva permanente, especialmente en la Comunidad Autónoma de Aguirre/González y en el pináculo de todo ello, como responsable político, sitúan a Mariano Rajoy. 

Es insólito que este hombre sea presidente del gobierno.  


jueves, 23 de febrero de 2017

La corrupción como forma de gobierno

Que España es uno de los paises más corruptos de Europa y uno bastante corrupto en el mundo no lo dice Palinuro. Lo dice Transparency International, una organización internacional dedicada al estudio de la corrupción que en su informe de 2016 situaba a España en el lugar 41 de un conjunto de 194 países. No estamos descubriendo nada.

Es una opinión compartida por la opinión pública. Según el último barómetro del CIS, la población considera la corrupción el segundo problema después del paro. Así es para más del 17% de los encuestados. Al desglosar los baremos se descubre que hay diferencias notables: los votantes del PP no son tan sensibles a la corrupción como los de los otros partidos. Lógico, normal, teniendo en cuenta que el partido del gobierno (ese que, según Aznar, era "incompatible con la corrupción") es tan corrupto que parece una maquinaria de delincuencia organizada para expoliar el país. Algunos jueces lo consideran una asociación con ánimo de delinquir y por eso lo tienen sentado en el banquillo. En realidad, esta atmófera general y atosigante de corrupción sin límites viene propiciada por el partido del gobierno y el gobierno mismo. La corrupción es hoy la forma de gobierno de España. Y lo es desde el primer gobierno de Aznar. Pero, desde el triunfo electoral de la derecha por mayoría absoluta en noviembre de 2011, se ha extendido a todas las instituciones del Estado.

El Parlamento fue sistemáticamente ignorado por el gobierno del PP con su mayoría absoluta. El país se regía autoritariamente por decreto-ley. El Tribunal Constitucional está sometido a los dictados del gobierno desde el momento en que el último presidente y el que puede serlo a continuación, son militantes del PP. La intervención del gobierno en la administración de justicia es permanente y no solo por sus habituales martingalas para obstruir la acción de la justicia, sino empleándose directamente a fondo a través del ministerio fiscal u otros medios, para conseguir su fin que normalmente es proteger a los ladrones y delincuentes si son de su partido. El uso de la fiscalía para impulsar los procesos políticos contra los independentistas es tan escandaloso como el que se ha hecho en Murcia para tratar de salvar al presidente de la región, por supuesto, del PP.

El caso más patente de la corrupción hoy mismo es el del proceso Noos. A los ojos de todo el mundo, la justicia ha favorecido a los delincuentes o presuntos delincuentes, que prácticamente se han ido de rositas. La hermana del Rey simulando una estupidez casi catatónica (otra burla a la justicia) y su marido por ser quien es, a pesar de haber apandado millones de dinero público. Entre tanto, y para que la gente tenga idea clara de una justicia al servicio de los poderosos, le han caido tres años y medio a un rapero por una canción.

Por supuesto, todos los aparatos de propaganda del gobierno y la derecha, los medios y los publicistas, han coincidido en entender la sentencia del caso Noos como una muestra de la independencia de la justicia y de la igualdad de todos ante ella cuando es patente que es al revés. Tiene que ver con el hecho de que los medios en muy buena medida (siempre hay excepciones) son tan corruptos como el resto de las instituciones en el sentido de que ostentan el record de ser los menos creíbles de Europa y unos de los menos creíbles del mundo. Y tampoco lo dice Palinuro, sino un estudio del año pasado de la Universidad de Oxford.

A una pregunta parlamentaria de Pablo Iglesias en la que se relacionaban algunos casos de corrupción, el preguntado, Mariano Rajoy, contestaba en su habitual tono de cuchufleta que cree muy gracioso que "menos mal que no es usted Robespierre porque tendríamos un problema". No, Iglesias no es Robespierre, pero el país tiene un problema de corrupción y lo tiene el PP y lo tiene muy especialmente el señor Rajoy. ¿Cómo no va a tener un problema de corrupción un país cuyo presidente del gobierno -el que se supone debiera dar ejemplo- está bajo sospecha de haber cobrado sobresueldos procedente de una ilegal caja B? ¿Cuál es la diferencia entre estos cobros -en los que también mojaban muchos dirigentes del PP- y las comisiones, pastuquis y mordidas que han salido a la luz en los procesos en curso y los que vendrán? ¿Cómo no si ese mismo presidente lleva años avalando y apoyando a cuanto dirigente de su partido se ha visto acusado y/o condenado por corrupción, a Matas, Fabra, Mato, Bárcenas, Camps, Barberá y ahora ese tal Sánchez de Murcia?

El problema es que, con un personaje corrupto al frente de un gobierno corrupto, el resultado solo puede ser el que es: uno de los países más corruptos de Europa. Y eso, además, gracias a la abstención del PSOE, único responsable de que se prolongue esta insufrible situación.

miércoles, 22 de febrero de 2017

El referéndum

Aquí el artículo de Palinuro en elMón.cat de hoy, titulado, 46/45. 46, las propuestas de Puigdemont de hace un año para debatir en La Moncloa; 45 las que La Moncloa está dispuesta a negociar un año después. No es rápida La Moncloa. Y la diferencia, la propuesta cuadragésima sexta, que el gobierno central excluye expresamente, es la del referéndum. Es decir, no hay, no puede haber diálogo.

Seguramente entre los cientos de asesores de que dispone Rajoy, todos cobrando una pasta de nuestros bolsillos, alguno le habrá dicho lo obvio: el referéndum es insoslayable. Aunque la comisión (supongo que se nombraría una comisión) negociadora alcanzara acuerdos en las 45 cuestiones de marras, el resultado habría de someterse a referéndum en Cataluña. No hemos llegado hasta aquí para que una reunión de sobremesa sustituya la voluntad democrática de los catalanes. Así que no se entiende el encabezonamiento de Rajoy salvo por un atavismo imperial muy típico de esta derecha reaccionaria: cualquier desacuerdo, discrepancia, se convierte en un asunto de principios enfrentados a muerte. Por eso lleva el Estado español cuatrocientos años de imparable decadencia.

Aquí la versión en castellano:

46/45

Hace algo menos de un año, en abril de 2016, Puigdemont se personó en La Moncloa con un repertorio de 46 cuestiones pendientes de tratar entre la Generalitat y el gobierno central, el doble de las que había ofrecido negociar a su vez Artur Mas el año anterior. Ambos presidentes recibieron el acostumbrado y arrogante “no” mesetario envuelto en la retórica flamígera del caduco imperio a cuenta de que una de las cuestiones era el referéndum: no se puede negociar con la soberanía del pueblo español.

¿Acaso no coinciden Rajoy y Felipe González en ese punto falaz de la soberanía innegociable del pueblo español? En ese y en muchos otros, pero ese es aquí decisivo porque explica por qué el nacionalismo español no se divide entre izquierdas y derechas. Es siempre de derechas. El de izquierdas, también.

Meses más tarde, en diciembre de 2016, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría admitía que el gobierno podía hablar de 45 de las 46 peticiones catalanas. Fuera quedaba la cuadragésimasexta, que no podía ni pronunciarse: el referéndum. De empeñarse en ello la parte catalana, no habría ningún diálogo. Y ese es el espíritu que destila la actitud actual del gobierno central: negociar sobre 45 de las 46 cuestiones, dejando aparte expresamente el referéndum que es precisamente la propuesta que da sentido a la posición de la Generalitat y constituye su fortaleza. Cosa, por cierto, que podría haber ofrecido ya hace un año de ser menos lento y algo más responsable.

Al final, por tanto, el gobierno se sienta a negociar a regañadientes, con un año de retraso y con imposiciones, como siempre. Pero lo hace. Los que no querían ni empezar a hablar han acabado comprendiendo que escenifican algo o la hoja de ruta catalana, en la que nunca han creído, va a barrerlos a ojos de la opinión pública internacional. La misma asustada sospecha de los socialistas que han pasado a hablar de “plurinacionalidad” de España pero tampoco quieren oír hablar de referéndum catalán.

Para disimular su insostenible posición, el gobierno ha conseguido ya que su Tribunal Constitucional, el órgano que actúa a sus dictados, haya anulado la decisión del Parlament de convocar el referéndum. De este modo, se sitúa fuera de la ley cualquier medida de las instituciones catalanas en prosecución de la hoja de ruta y se posibilitan más actividades represivas. De hecho, el TC ya ha instado a la Fiscalia a que afine una segunda causa penal contra Carme Forcadell, presidenta del Parlament.

En estas condiciones la oferta de diálogo y entendimiento del gobierno español es una farsa dentro de su acostumbrada política de amenazas. A los efectos ha soltado también a sus voceros, pregoneros e intelectuales orgánicos de todo el espectro político para que exijan perentoriamente medidas contundentes. Si hace una fechas, Vidal Quadras recordaba que, cuando no se respeta el Estado de derecho (el Estado de derecho de la derecha española que ni tiene derecho ni, en el fondo, es un Estado) las cosas se resuelven por la violencia, su correligionario, Albiol, escenificaba gráficamente la amenaza pintando un futuro –que él decía querer evitar- con el ejército de desfile por la Diagonal. Menos belicosa la izquierda prefiere asustar por la vía administrativa y penal, y Guerra habla de suspender la autonomía con el artículo 155. El mismo artículo que invoca ese aparatoso prohombre, intelectual orgánico de la transición, Juan Luis Cebrián. El último cachorro del franquismo mediático, le añade un toque paramilitar hablando de la Guardia Civil, para cerrar el círculo con los escandalizados prohombres de la derecha.

En el fondo, quien mejor representa este espíritu de nacionalismo español por encima de sus tenues banderías es José María Aznar, que considera pusilánime toda intención dialogante del gobierno central con la Generalitat. El mismo Aznar que entregó el 15% del IRPF a la Generalitat a cambio del voto de Pujol a su investidura. Una concesión que evidencia el fondo real de la intención del nacionalismo español, especialmente el de derechas: está dispuesto a trocear España a cambio del mantenimiento de su privilegio sempiterno de gobernar lo que quede de ella. Lo que diferencia el independentismo catalán del nacionalismo español, sobre todo el de derechas, es que este último no cree en lo que dice defender.

viernes, 10 de febrero de 2017

Estado de corrupción

¿Es válido el resultado de un juego en el que se demuestra que la parte ganadora hizo trampas? El ganador, el campeón, pierde los títulos. ¿Por qué se da por válido el resultado de unas elecciones que se ganaron gracias a la financiación ilegal? No hay más "razones" que la arbitrariedad por la parte ganadora y la sumisión por la perdedora. Pero no es de recibo. En un Estado de derecho no es de recibo.

La cuestión es si España puede considerarse un Estado de derecho. Empecemos por arriba. El Senado rechaza la petición de Compromis de que el Estado responda si se pagaron "aventuras cárnicas" del rey Juan Carlos con dinero público. Ya solo la pregunta nos introduce en un jardín pintoresco, pero la respuesta de que esa información no puede facilitarse por ser materia reservada sujeta a la ley de secretos oficiales lleva el pintoresquismo a niveles surrealistas. ¿Por qué son "materia reservada" y "secreto oficial" los escarceos amorosos del anterior Borbón reinante de los que habla todo el mundo en la televisión, incluidas sus protagonistas? Notable tufo a ridículo. Y de Estado de Derecho, nada. ¿Por qué no puede conocer de cierto, por fuente oficial, la ciudadanía las alegrías del Rey con presuntos dineros públicos? Los del silencio suelen argumentar el art. 53,6 de la Constitución, el que hace inviolable y no sujeta a responsabilidad la persona del Rey. Ya es insólito un Estado de derecho en el que hay alguien por encima de la ley. Pero es que, además, es estúpido porque no se trata de si el Rey es o no inviolable sino de si tiene el derecho a gastarse el dinero de la ciudadanía sin dar cuentas por ello. Una cosa es ser inviolable y otra incognoscible. Claro que tampoco ha comentado nadie en la Casa Real la noticia publicada hace ya año en Forbes sobre la supuesta fortuna de Juan Carlos de 1800 millones de €. La inviolabilidad y la irresponsabilidad no producen invisibilidad.

Es un Estado de derecho en el que muchos cargos políticos del partido del gobierno pasan más tiempo luchando en los tribunales que gobernando. Y son docenas. En todos los niveles. Y las causas son siempre corrupción, malversación, apropiación indebida, cohecho, etc. Algunos jueces que han llegado a imputar al partido como persona jurídica lo tienen como una asociación con ánimo de delinquir. Es verdaderamente curioso que un partido parecido a una asociación de malhechores administre un Estado de derecho. Se percibe cierta incongruencia: un partido en el que han tenido importantísimas funciones de gestión personas como Fabra, Granados, Matas, Mato, Rato, Camps, Barberá y muchísimos otros de menor relevancia no parece el medio más idóneo para gobernar un Estado de derecho.

Sobre todo porque, además, si algo ha caracterizado la reacción del PP ante la corrupción ha sido una disonancia cognitiva total desde el primer momento. En el terreno declarativo pasó de negarlo todo ("no un montaje del PP sino un montaje contra el PP") a ponerse al frente de la manifestación y acaudillar el regeneracionismo con algunas normas anti-corrupción de las que nadie hacía el menor caso. En el terreno de la acción torpedeó sistemáticamente la acción de la justicia (destrucción de pruebas, mala fe procesal, etc) y encubrió cuanto pudo a los imputados, acusados o condenados.

En este terreno del encubrimiento -que genera una desconfianza grande de la gente en las instituciones democráticas- se juega todo el Estado de derecho. Si a día de hoy, el presidente del gobierno recibe a los familiares de las víctimas del Yak42 con catorce años de retraso y con ello, aunque sea vergonzantemente, se admite la responsabilidad del Estado (o sea, de Trillo, que aún no ha pedido perdón), esos catorce años ¿no han sido de encubrimiento?

Y es el caso que tal parece ser el contenido de la pelea en el PSOE, sobre si Estado de derecho sí o no. El campo de Susana Díaz, la Gestora, los medios, los barones, etc lleva al PSOE a la gran coalición en la que de hecho ya está. El mantenimiento de la alternancia de los dos partidos dinásticos, los dos leales a la III Restauración. La candidatura de Sánchez trae apoyos de naturaleza muy distinta, procedente de las bases, los militantes y da la impresión de que se orienta más a una alianza de la izquierda que restaure más que la monarquía el Estado de derecho en el que todos somos libres e iguales ante la ley y nadie está por encima de ella. La tercera candidatura, la de López, no acabo de encontrarle perfil propio.

Por eso importa tanto a todo el mundo la solución del conflicto en el PSOE.

jueves, 2 de febrero de 2017

La raíz de la corrupción

En el post de ayer, titulado Corruptópolis, Palinuro comentaba tres asuntos de corrupción en España y vergonzosas y/o ruines actuaciones del presidente Rajoy: el nombramiento de su amigote Arsenio Fernández de Mesa como consejero de la Red Eléctrica (150.000 € al año), puesto para el que tiene tantos merecimientos como para ser director de la Guardia Civil, su cargo anterior: ninguno. Solo su amistad con Rajoy y su canina lealtad a este. La incapacidad para pedir perdón a los familiares de las víctimas del Yak42 que lo fueron por la imperdonable actuación del gobierno en el que él, Rajoy, era vicepresidente. El insólito homenaje póstumo que se tributó a Rita Barberá, con el mismo Rajoy (el que la echó del partido) cantando sus alabanzas. A los familiares, no, pero a Rita Barberá, sí. Todo ello coronaba un jornada en la que PP y C's impedían la mísera subida de 1,2% de las pensiones, mientras el PSOE, que lo pacta todo con este gobierno, no hacía nada.

El post era un florilegio de la corrupción que caracteriza a la España actual bajo el PP, una corrupción generalizada, estructural, procedente de un gobierno cuyo presidente está acusado de haber cobrado sobresueldos en negro y cuyo partido es considerado por algunos jueces como una "asociación para delinquir".

Me quedé pensando en que este fenómeno de corrupción generalizada, descarada, desvergonzada (repásense los vídeos de Rajoy, Trillo, Bárcenas y resto de esta cuadrilla), tenía que tener alguna explicación racional. No podía ser una plaga divina, sin causa terrena aparente. Y creo haberla encontrado. A ver qué opinión merece.

Mariano Rajoy Brey nació en 1955. Él y sus tres hermanos (dos chicos y una chica) sacaron unas de las oposiciones más difíciles del Estado (registradores y notarías) a la primera y apenas terminadas sus carreras. Hay quien relaciona estos milagros con el hecho de que fueran hijos de Mariano Rajoy Sobredo, el magistrado que presidía la Audiencia Provincial de Pontevedra cuando se juzgó el famoso escándalo del aceite de Redondela en la primera mitad de los setenta, un proceso lleno de misterios, con siete muertes escasamente investigadas y menos explicadas y en el que aparecía mezclado el hermano del dictador, Nicolás Franco, quien ni siquiera fue llamado a declarar. El juicio terminó sin pena ni gloria, condenándose a unos años de cárcel a tres pichichis y dejando todo lo demás en la oscuridad, incluido el destino de millones de litros de aceite de los que nunca más se supo. Todo lo anterior y más lo encontrará el lector en el documentado artículo de Eusebio Lucía Olmos, titulado  ¿Fue Mariano Rajoy un lumbrera o simplemente un beneficiario directo del caso 'redondela'"?

Luego, Rajoy no debió de ejercer su profesión ni tres años pues ya en 1981 lo encontramos activo en Alianza Popular (nombre anterior del PP) y diputado del Congreso en 1982. Desde entonces, hace ya 35 años, no ha abandonado la actividad política como presidente de diputación, ministro, vicepresidente del gobierno y actual presidente, secretario general del partido y también actual presidente de este. O sea, un político profesional con una formación escasísima (basta con oírlo y ver lo que lee) y prácticamente ninguna experiencia laboral que no sea intrigar para conseguir los cargos. No es pues exagerado considerar que al frente de los destinos del país se encuentra un absoluto mediocre que solo prospera en los tejemanejes políticos de los partidos. A la conocida idea de la sociología funcionalista estadounidense de mediados del siglo XX de que las sociedades industriales se rigen por el principio de la meritocracia, Rajoy contrapone una larga práctica demeritocrática.

Y es lógico. Nadie que ascienda por encima de sus dotes, cualidades y esfuerzo tolera a otros a su vera que puedan hacerle sombra. Los necesita más mediocres, más inútiles, con menos escrúpulos que él y completamente entregados a su voluntad pues, si no se benefician de los arbitrarios nombramientos del jefe, no son nada.

Ahora repásense los nombramientos de Rajoy desde siempre. ¿Se busca en ellos la experiencia, la competencia, la capacidad, la voluntad de trabajo, o basta con ser amigo y gozar de la confianza del jefe para ascender meteóricamente aunque no se sepa nada de trabajo (Báñez), de sanidad (Mato), de educación (Wert), de energía e industria (Soria), de seguridad (Fernández Díaz), de la Guardia Civil (Fernández de Mesa), del ejército (Cospedal), etc.? Y ese ejemplo se extiende de arriba abajo por la pirámide del Estado y se reproduce en todos los niveles, en los que se entregan competencias a gentes que carecen de ellas y solo se distinguen por su obediencia ciega y su afición a incurrir en comportamientos presuntamente delictivos y muy enriquecedores. En España, en política, y gracias a Rajoy, no se selecciona a la gente por su mérito sino por su entrega y su demérito.

Y esa es la raíz de la corrupción general imposible de atajar porque, milagrosamente (tan milagrosamente como la carrera política de Rajoy) la raíz está en la copa del árbol. 

(La imagen es una foto de la Casa Rosada (Argentina Presidency of the Nation), bajo licencia Creative Commons).

miércoles, 1 de febrero de 2017

Corruptópolis

Con la que está cayendo a cuenta de las puertas giratorias y de las empresas eléctricas (un suculento negocio para los políticos y sus amigos a costa de que la gente pague unas de las tarifas más altas de Europa), cualquiera diría que este nombramiento muestra poco tacto o sentido de la oportunidad. Otra puerta giratoria y más que giratoria, una verdadera lanzadera. El puesto para el que se ha nombrado a este personaje con unos 150.000 € al año, queda vacante porque su anterior titular se incorpora al gobierno. ¿Habían oído hablar alguna vez del capitalismo de amiguetes? Son las reglas del mercado: las empresas no se arredran en contratar auténticos inútiles por una millonada porque saben que se las recompensa por otro lado. La experiencia del nombrado en asuntos de energía viene de haber sido director general de la Guardia Civil, puesto al que fue ascendido sin merecimiento alguno, como decisión personal de su amigo Rajoy. ¿Paganos? Los contribuyentes.

La idea de que este nombramiento muestra falta de tacto es, en realidad, una simpleza. Los que proceden a hacer nombramientos caciquiles se pasan el día haciendo cosas parecidas. El Estado es de su propiedad y hacen con él lo que quieren. Nombran a la gente que les da la gana, amigos, allegados, parientes. ¿Para qué van a necesitar tacto o sentido de la oportunidad? Hacen lo que quieren porque es lo que quieren y nadie protesta y, lo más grave, nadie lo impide. Es una desvergonzada conciencia de impunidad. Después de 14 años de humillar la memoria de las víctimas del Yak42, sin pedir perdón por el inaudito atropello, los mismos que son políticamente responsables de él reciben a los familiares como si les hicieran un favor y siguen sin pedir perdón.

¿Por qué habrían de hacerlo? El país es suyo. Si hubieran de andarse con remilgos y cuestiones de oportunidad, ¿cómo iban a homenajear póstumamente a Rita Barberá? "Era buena, decente y trabajadora; la echo de menos", dice Rajoy. ¿Sentido de la oportunidad? Debe de ser el mismo Rajoy que la obligó a dejar la militancia cuando las cosas se le pusieron feas, pero que ahora, llevado por el entusiasmo, ha llegado a comparar a Barberá con los ediles muertos por atentados terroristas.

Todo eso y mucho más, cotidiano, permanente: latrocinios, expolios, estafas, malversaciones...la corrupción en España es estructural y todo lo que se hace es funcional a esa estructura. Que, por lo demás, sigue manteniéndose sobre las costillas de los más débiles, los jóvenes, los parados, los dependientes y, en esta ocasión los jubilados pues el PP y C's han conseguido paralizar la subida de las pensiones de un 1,2%, siendo así que la inflación en enero ha sido del 3%.

A esta situación de trapaza y corrupción cotidiana, aquilatadamente española, hemos llegado con el impagable auxilio del PSOE al permitir con su abstención este gobierno de la derecha. Andan por ahí los voceros de la gestora diciendo que lo controlan y que son una oposición útil a la ciudadanía. A la vista está, en la impunidad con la que el gobierno hace lo que quiere.

Ahora amenazan con no aprobar los presupuestos. Será de ver hasta dónde llevan su negativa, teniendo en cuenta que Rajoy dispone de la llave de elecciones anticipadas. Y si, para evitar elecciones anticipadas, se forzó una abstención del partido que lo dejó fracturado, ¿qué no se hará para evitarlas de nuevo? Por ejemplo, aprobar los presupuestos con estos o aquellos retoques que el gobierno se encargará de ignorar olímpicamente, como hace con todas las proposiciones no de ley del parlamento mientras él procede por decreto.

lunes, 2 de enero de 2017

La gran nación

Conocida es la afición de los políticos españoles a la grandilocuencia. De todos los colores pero, sobre todo, de la derecha. En cuanto se descuidan les sale el imperio por la boca, junto los gritos de rigor. Así va Rajoy por ahí repitiendo a quien quiere escucharle que España es una gran nación. Le hace eco Felipe VI, fiel repetidor del santo y seña del día. España es una gran nación.

No existe una forma universalmente admitida de medir la grandeza de las naciones. En esto nos movemos a ojo de buen cubero. Si hay que decidir entre las respectivas "grandezas" de los Estados Unidos y Trinidad y Tobago, seguramente la decisión se aproximará a la unanimidad; pero si hay que hacerlo entre el Reino Unido o Alemania o Francia y los Estados Unidos, la cosa no estará tan clara. Intervienen muchos factores de muy diversa naturaleza (aparte de la convicción de muchos naturales de tales lugares de que su respectiva nación en una gran nación porque sí) y habría que saber cuáles son los decisivos a los ojos de Rajoy para averiguar qué entiende por gran nación. A veces ha señalado su antigüedad, pero ese criterio es irrelevante: se puede ser antiguo y grande o muy pequeño, casi insignificante. Los otros criterios que emplean Rajoy y su pupilo, Felipe VI, son un enigma. Prácticamente en todos los índices, escalas y clasificaciones internacionales en las más diversas materias, el país ocupa un lugar modesto cuando no bochornoso, como en el índice del paro general, del paro juvenil, de la emigración de mano de obra, de pobreza, etc.

Llamar a esto una gran nación indica una falta escrúpulos y de compromiso con el requisito habermasiano de la sinceridad o un acto de fe mística en la función performativa del lenguaje. El presidente de los sobresueldos, capaz de dar cuenta de su gestión en un año sin mencionar la palabra corrupción, se convierte en el taumaturgo Rajoy que no está definiendo la gran nación española, sino sacándola de la chistera mediante un conjuro mágico.

Con ánimo de ayudarlo, le propongo argumente su enunciado de la gran nación basándolo en un criterio sólido, esto es la multiplicidad de procesos judiciales en que está involucrado su partido, su gobierno y, según vayan las cosas, él mismo. Realmente es lo que cabe llamar el gobierno desde el juzgado o desde el banquillo. La lista de investigados, imputados, procesados, es impresionante. Probablemente no se ha dado jamás otro caso en que un partido en el gobierno tenga tantos miembros y cargos inmersos en procesos judiciales. No pierda Rajoy el tiempo y no se conforme con predicar la consigna de la gran nación; presente ya la instancia para incluir a su gobierno en el Guinness World Records como el gobierno con mayor concentración de presuntos delincuentes por metro de despacho.

viernes, 30 de diciembre de 2016

Mariano, sé fuerte

La oposición tiene preparado un via crucis al presidente del gobierno. Acaba de arrancar la legislatura y ya está obligado a comparecer en el Parlamento, cosa que, en su anterior omnímodo mandato, solo hizo una vez, un primero de agosto y para mentir descaradamente. Los tiempos han cambiado y la mayoría parlamentaria también. Eso es decisivo. Tanto que el gobierno puede verse obligado a hacer lo que lleva más de cinco años sin hacer: rendir cuentas.

Esa comparecencia que se pedirá en la inevitable comisión de investigación sobre la financiación del PP  promete ser muy movida y provocar todo tipo de turbulencias. Siempre se ha dicho que un problema de las comisiones parlamentarias de investigación es que interfieran en procedimientos judiciales en marcha. Y aquí, justamente, se pedirá la comparecencia del presidente del gobierno para responder en una investigación sobre la financiación de su partido que los tribunales están juzgando por otro lado dentro del macroproceso de la corrupción Gürtel. En breves días se espera la declaración del mismísimo Bárcenas, de la que también podría salir una petición de que Rajoy declare en sede judicial. De hecho, quienes piden la comparecencia solicitan también a la presidenta de la cámara que recabe información de los juzgados y tribunales en los que se esté viendo este asunto.

Al mismo tiempo, es de notar que la petición de comparecencia se hace para declarar algo que no solamente está sub-iudice, sino que está siendo objeto de renovada práctica ahora mismo, como se prueba por el nuevo pufo del AVE a Murcia, 18 millones del ala que tendrán o no que ver con la financiación del partido cuyo presidente es llamado a comparecer.

Esta comparecencia amenaza con intensificar los conflictos. El PP o su presidente pueden intentar boicotearla amenazando con disolución y elecciones anticipadas y eso es lo último que quiere la oposición, en especial la de izquierda. Sus dos formaciones principales están inmersas en sendas luchas intestinas que sin duda tienen fondo político e ideológico más o menos fácil de entender pero que, en la sociedad mediática, aparecen como peleas personales: susanistas, sanchistas, pablistas y errejonistas son los trasuntos actuales de los fulanistas y menganistas de que hablaba Unamuno. Ir a unas elecciones en esas circunstancias sería suicida. Y en el PP lo saben, de modo que la comisión de investigación acabará pactándose.

No se olvide que en el horizonte de la política española está la nube permanente del independentismo catalán. Unas elecciones convocadas a lo largo de este año dejarían al país con el gobierno del PP de nuevo en funciones, esto es, según su propia doctrina, sin control parlamentario. Quizá lo que esté planeando ese mismo gobierno para enfrentarse a la llamada "cuestión catalana" con las manos libres

sábado, 3 de diciembre de 2016

La mística de los datos

El mismo día en que el país se entera de que el gobierno ha vuelto a darle un tiento a la hucha de las pensiones y ha arramblado con 9.500 millones de euros para sus francachelas (esa parada del AVE en un pueblo perdido de Zamora, creo, es una francachela) y que el paro sube una barbaridad por cuarto mes consecutivo aparecen estos señores del gobierno, como Jorgito, Jaimito y Juanito con corbatas en armonía de rojos a hacer reír a la concurrencia con una ocurrencia: a finales de 2019, el paro estará por debajo de un modesto 13%. Tomen buena nota. Son los mismos que en 2010 prometían reducir a la mitad la tasa de paro si ganaban las elecciones de 2011. Ganaron las elecciones y la tasa de paro sigue siendo la misma. Pero ahora la reducción se aplaza a finales de 2019. Ese toque de precisión temporal da mucha verosimilitud a lo que asegura este triunvirato de prestidigitadores. Cumplen su función de eludir toda responsabilidad por los datos reales, que son pésimos, sin perspectiva de mejora, señalando un nebuloso futuro de prosperidad que se cifra en el 13% del paro como podía cifrarse en el 18% o el 20% o el 5% y para finales o mediados de 2018 o de 2022. Realmente no tienen ni idea ni, aunque la tuvieran, tienen idea de cómo llegar a ella. Están superados por los acontecimientos y los datos les bailan. Andan calculando en público cuánto van a sacar a los fumadores y bebedores y las bebidas azucaradas, al parecer para fastidiar a la Hacienda de la Generalitat. Suman el pellizco que van a pillar a las empresas, le añaden los 9.500 millones que han birlado del fondo de pensiones y así va haciéndose un calcetín hasta el momento en que haya que negociar qué más se recorta.

O sea, no tienen ni idea de lo que va a pasar pero vaticinan un 13% de paro para finales de 2019. Más o menos, tres años, que es cuando calculan que convocarán elecciones

viernes, 2 de diciembre de 2016

Querencia por la dictadura

La relativa ventaja de los tontos es que no saben que son tontos. Cuanto más tonto es alguien, menos se da cuenta de lo tonto que es. Es el caso de la vicepresidenta del gobierno. La cantidad de tonterías que lleva dichas y hechas esta ratita hacendosa en su interminable mandato daría para llenar bibliotecas enteras. Y ahí sigue, tan ufana, pensando que asombra al mundo con sus profundas ocurrencias. La última, anunciada ayer, es la intención de "regular" (léase suprimir) la libertad de expresión en la red porque, afirma esta lumbrera de la ciencia jurídica, "estamos absolutamente desprotegidos en digital".

Ni en digital ni en femoral o intestinal. No estamos "absolutamente" desprotegidos. Ni siquiera "relativamente". Si lo que esta pedante quiere decir es que en el ámbito digital hay más libertad para difamar, calumniar, atentar contra el honor, el buen nombre, etc, es falso de toda falsedad. Para eso está el Código Penal, tan vigente en lo digital como en lo no digital. Si esta señora cree que se mancilla su buen nombre (a la hora de reprimir y censurar los franquistas siempre están a vueltas con el honor y el buen nombre) solo tiene que acudir a los tribunales.

La desprotección frente al infundio, la calumnia, etc en relación al derecho al honor es mentira. Lo que estos franquistas quieren -como siempre- es censurar la esfera pública, impedir la libertad de expresión, criminalizar las opiniones políticas que no les gustan y que son todas excepto la de "Una, grande, libre", "Arriba España" y "Viva Franco", lo que llevan en el corazón. Quieren suprimir la libertad de expresión no en asuntos privados y particulares sino en el ámbito general: que nadie pueda criticar el gobierno o al rey o disentir de sus habituales monsergas. Quieren eliminar la discrepancia, la objeción, la crítica.

Quieren legislar el silencio.

Dice la enmienda 1ª de la Constitución de los Estados Unidos (ese país que los carcundas del PP tanto dicen admirar) que "El Congreso no aprobará ley alguna que establezca una religión, ni prohibirá la libre práctica de la misma; ni limitará la libertad de expresión, ni de prensa; ni el derecho a la asamblea pacífica de las personas, ni el de solicitar al gobierno una compensación de agravios". Si los tribunales españoles aplicaran esta sabia doctrina, todos los gobernantes del PP estarían en la cárcel, empezando por la ratita hacendosa, siguiendo por la señora Cifuentes y terminando en ese prodigio de veneranda tiranía callejera que es Fernández Díaz.

"Ninguna ley que limite la libertad de expresión y de prensa" quiere decir exactamente eso: ninguna ley que limite la libertad de expresión y de prensa. Ninguna. Y esa Constitución lleva casi dos siglos y medio en vigor sin necesidad de otra, sin que el país, "absolutamente desprotegido",  haya padecido jamás dictadura alguna como las que han soportado repetidas veces los "protegidos" españoles y la última, si Prometeo no lo evita, la que quiere implantar el PP, considerado por algún juez como una asociación de delincuentes.

De ahí se sigue que, como tantas veces se ha dicho, la mejor ley de prensa es la que no existe.

Ni en lo virtual, en lo digital o en lo celestial. La libertad de expresión no se puede limitar bajo ningún concepto salvo en los casos de conflictos de derechos entre personas privadas. Pero no es esto lo que estos franquistas quieren, sino que pretenden reprimir la libre expresión de las ideas, como han hecho siempre, como hicieron sus antecesores desde la Inquisición, organismo por el que sienten verdadera pasión.

No se conforman con la protección jurídica ordinaria que con tino y eficacia brinda el Código Penal. Quieren que se prohiban todas las manifestaciones públicas no solo los infundios, injurias y calumnias a los particulares, sino aquellas otras que los "ofendan" en sus convicciones políticas y religiosas. Quieren volver a condenar a la gente por faltar al "respeto a la autoridad" o por "blasfemar" o por burlarse de los sacrosantos símbolos de la Patria, la bandera o el chundarata ese que llaman himno nacional.  

Es decir, como siempre, quieren restablecer la dictadura que es lo que les mola.

Porque la cabra tira siempre al monte. Sobre todo, la de la legión.