El gobierno había excluido expresamente la radiotelevisión publica catalana del alcance del 155 para no dar la deplorable impresión de que entraba a "liberar" este medio como ya lo había hecho con los estatales, convirtiéndolos en centros de agitprop del PP y la Gürtel. Pero ya ha encontrado el medio de meterle mano ocultando esta, a base de encargar a la Junta Electoral la fea tarea de la censura. TV3 no puede llamar "gobierno en el exilio" al gobierno en el exilio. Claro. ¿Qué sentido tiene que un medio del gobierno llame por su nombre al adversario del gobierno? Es mucho más lógico -y así serán las órdenes- que lo llame "banda de ratas y forajidos" o "Cipollinos". También es lógico, en ese ánimo, obligar a los medios públicos catalanes a cuestionar que hubiera heridos en el referéndum del 1/10; incluso a negar que hubiera referéndum. Y también, ¿por qué no? animarlos a interpretar creativamente la realidad, como hacen los del Estado, que dan una arenga de la vicepresidenta del gobierno contestando a otra previa de Puigdemont que ni siquiera han mencionado.
Al llegar aquí estamos ya en plena dictadura de hecho. De la mano del 155, a su vez ya adelantado por la vigente ley mordaza que viene a ser una especie de 155 avant la lettre, una norma de plenos poderes e impunidad para que la policía reprima y castigue lo que le parezca bien, incluso, por supuesto, imaginarios delitos de opinión, disfrazados bajo otras denominaciones o sin disfraz alguno. El 155 eleva de rango la represión. Y es acicate para que los jueces sigan persiguiendo tuiteros, raza maldita empeñada en tomarse a chirigota los sacrosantos lo que sea.
Esto de las redes e internet los trae locos porque, tras haber comprado a las tripulaciones de los barcos periodísticos, se encuentran con que todos hacen agua por las innumerables vías por las que la verdad sale a flote en el ciberespacio. Por eso vino el Rey el otro día a avisarnos del "peligro de los canales de desinformación". En román paladino, que están preparando la censura en la red y viene este real mozo a salvarnos de nosotros mismos. Así lo anunció Sáenz de Santamaría hace unas fechas, hablando de un propósito de "regular la libertad de expresión en las redes". O sea, ley mordaza en internet, para entendernos.
El consuelo es que, como se ha demostrado en la comisión del Congreso para tratar el divertido asunto del amigo ruso del procés que hasta El País tacha de "esperpento", no solo no tienen prueba alguna de la conjura; tampoco tienen idea de lo que hablan. Escuchar a la diputada hablar de los "sofpapers", así, como suena, es tan hilarante como comprobar que Cospedal, ministra de Defensa del Reino de España, se traga que Puigdemont es un agente ruso con el nombre de guerra de Cipollino, popular personaje en Rusia.
Pero estamos en plena censura en la vida real. La prisión de Alcalá Meco ha devuelto como no autorizada, una Revista de Catalunya dedicada a Prat de la Riba. O sea, la ha censurado. ¿Desde cuándo tiene la destinataria, Meritxell Borràs, mermados o recortados otros derechos que no sean la libertad de circulación? El reglamento penitenciario no permite, entiendo, declarar "no autorizados" más objetos que los que expresamente prevé. Y no están las publicaciones legales y mucho menos por razón de su contenido.
El 155, que el PSOE apoya junto a C's) es un estado de excepción encubierto que amplía la persecución y censura por razones ideológicas al ámbito judicial. La justicia que está aplicándose es la justicia del enemigo. Obligar a la gente a acatar una constitución so pena de cárcel, algo que ni la propia Constitución puede admitir, lleva la justicia al terreno inquisitorial y, además, no sirve para nada. Carece de legitimidad, aunque amontone toda la legalidad que quiera.
Y, puestos, ya también se aplica el derecho del enemigo no solo según ideologías nacionales sino también intereses de clase. Esa legalidad que Rajoy y su gobierno abanderan en Cataluña tiene un vicio de raíz que la convierte en legalidad de la Gürtel. En todo caso, el discurso tiene dos afirmaciones: nadie está por encima de la ley y esta, la ley, es igual para todos. La primera es falsa. La segunda, también.
La primera ignora la figura del Rey de derecho y los cercanos a él, de hecho. Ignora, además que los muchos fuera de la ley del partido del gobierno también, en realidad, están por encima de la ley.
La segunda, la de la igualdad, es la manifestación más descarada del dominio de la derecha. España es, por varios conceptos, el país con más desigualdades de Europa, excluidos los antiguos socialistas. Esto es acorde con la doctrina de Rajoy que, en sus años mozos, alcanzó a escribir un artículo afirmando que los seres humanos no pueden ser iguales pues así lo demuestra la ciencia. Es mucha filosofía para Palinuro. Los seres humanos, lo ignoro; pero de que no lo sean los españoles se ha encargado Rajoy y la oligarquía nacional católica para la que gobierna. Una desigualdad lacerante, humillante, impuesta por la prepotencia de quien gobierna de modo tiránico: Urdangarin, Rato, Matas, etc., todos en libertad, son un polo de la igualdad española; el otro, Junqueras, Borràs, Romeva, etc., todos en prisión. Si eso no es desigualdad, la palabra no significa nada.
Unos chicos llevan un año en prisión por una pelea en un bar de Alsasua; a otros, que asaltaron la librería Blanquerna, el Tribunal Constitucional los deja en libertad provisional porque encarcelarlos podría provocar "consecuencias irreparables". Que uno de los asaltantes sea pariente de un ministro del gobierno es lo más normal del mundo. Cuando se trata de la justicia del enemigo.
La defensa del Estado español como un Estado de derecho oculta que este no respeta los dos principios que invoca. Tampoco actúa en el marco de la división de poderes pues el legislativo es irrelevante y el judicial, correa de transmisión del ejecutivo que, a su vez gobierna de forma irresponsable y sin control, valiéndose de una norma de plenos poderes. Y con una creciente injerencia del Monarca en la vida política, pues no podía faltar el toque borbónico.
Y todo ello sin autoridad alguna ya que la corrupción estructural del sistema lo priva de todo crédito y legitimidad.
