divendres, 10 de maig del 2013

Sí se puede y se debe.


El otro día asistí a una magnífica exposición del Profesor Francisco Llera sobre la crisis y la desafección democrática en España. Fue una intervención muy elaborada, muy trabajada, magistral, muy convincente y... preocupante por lo que de ella se desprende para nuestro país. Lo resumo mencionando la observación del colega Llera del significado de que las tres instituciones mejor valoradas del último barómetro del CIS sean el ejército, la policía y la guardia civil. Bien para ellas, sin duda; pero mal para todas las demás. Y preocupante por la tendencia subterránea a las soluciones autoritarias que parece delatar.

El desprestigio del sistema es pavoroso. Recojo tres noticias que apuntan en la misma dirección de la portada de El País de hoy. La primera, los sobresueldos de Aznar. Se recordará la bravura con que el expresidente respondió con una querella contra ese periódico por insinuar meses atrás que podría haber recibido dineros irregulares según los papeles de Bárcenas. Ahora no es una insinuación. Ahora es una acusación concreta con fechas y cantidades de la comisión de un posible delito. Supongo que habrá otra querella o alguna declaración pública explosiva. O quizá quede la cosa así, un escándalo más que acumular en la pila de desmanes que parecen haber estado cometiéndose en el partido del gobierno hace mucho tiempo. Porque el caso de Aznar no es diferente del de Rajoy, Cospedal, Arenas, Cascos e tutti quanti que parecen haber estado cobrando sobresueldos a cuenta de una presunta trama de corrupción que asemeja a una administración para el saqueo dentro de la otra administración. No es exagerado decir que el partido que, según Aznar, era incompatible con la corrupción ha resultado ser una especie de asociación de mangantes, dedicados al expolio del común en beneficio propio y de una recua de familiares, enchufados, clientes y empresarios amigos corruptos.

La denuncia del fiscal Pedro Horrach de que el PP está tratando de tapar la corrupción pone de relieve otro aspecto de deterioro institucional gravísimo. Dice el fiscal que cuando el PP no se sale con la suya en los tribunales deslegitima y difama jueces, fiscales y procedimientos. Como si quisiera darle la razón, el PP ha recurrido la decisión del juez Ruz de apartarlo de la causa al argumentar que más que acusación es defensa, acusando al juez y fiscales de prevaricación y otras lindezas. Es obvio que el PP está incordiando todo lo que puede en la labor de la justicia. El problema es que es un partido presidido por Rajoy, quien también preside el gobierno. Se da así la pintoresca situación de que Rajoy presidente del PP se persona como acusación en una causa en la que aparece involucrado y puede aparecer imputado Rajoy presidente del gobierno. Si esto fuera un asunto de psiquiatría, podría hablarse de un caso de desdoblamiento de la personalidad. Al tratarse de política, más nos encontramos con que un presunto mangante trata de encubrirse a sí mismo mediante triquiñuelas legales y fraude de ley. En lugar de dimitir, como correspondería en una situación de honradez y dignidad ordinarias.

Por último, contra todo pronóstico, el gobierno se arrugó ayer y retiró el anteproyecto de ley Wert. Conociendo la soberbia del ministro que comenzó queriendo españolizar a los niños catalanes como si fueran tailandeses y siguió metiendo la gamba en todos los charcos de la educación y la cultura, habiendo visto con qué prepotencia desterró la educación para la ciudadanía y reintrodujo la religión, siendo testigos de la satisfacción del clero que ha alcanzado incluso más de lo que se esperaba está claro que la decisión de retirar la propuesta ha debido de ser muy reñida y muy dura. La excusa es perfilar las previsiones económicas de la LOMCE. La realidad, que el gobierno parece haber sido sensible por primera vez al estado de ánimo encrespado de la calle y, en efecto, se ha arrugado y lo que está haciendo es tratar de salvar la cara de este ministro que es el peor valorado de toda la democracia. Y con razón, por tratarse del más altanero, arrogante a la par que necio de los pésimos gobernantes que ha tenido este país, un epítome de todos los vicios y defectos de la carcunda nacional sin ninguna de sus escasísimas virtudes.

Y lo mismo le sucederá al gobierno con la sanidad y el resto de las reformas profundas, nada equitativas (diga Rajoy lo que diga) y muy injustas. De hecho, la práctica abolición del aborto en contra de la voluntad de una gran mayoría de la población solo es un pasaporte para que el próximo Parlamento, si muestra otra mayoría, se dedique a una labor de intensa derogación. Una labor consistente en restaurar todo lo destrozado por esta agrupación de apandadores, dispuestos a esquilmar todos los bienes del común en su provecho.

En esta situación de deterioro institucional, en que el gobierno actúa de forma autoritaria y la oposición parlamentaria es irrelevante, la oposición extraparlamentaria, la acción popular, demuestra que sí se puede constituirse en los frenos y contrapesos necesarios contra los desmanes y latrocinios del poder. Se puede y se debe.