Al final, la unidad por encima de todo

Mi artículo de ayer en elMón.cat, titulado Cuestión de perspectivas. 

El gobierno minoritario socialista trata de presentarse como renovador y regenerador de la política española. Pero su margen es muy estrecho; en realidad, inexistente. Sánchez ganó la moción de censura gracias a los votos indepes pero formó un gobierno agresivamente antiindependentista poniendo al "desinfectador" Borrell, el amigo de la SCC, en el ministerio de Asuntos Exteriores, reducido a la dimensión real de "Asuntos catalanes". Un energúmeno con un odio ancestral al catalanismo. Y no solo eso: toda la política del gobierno central va contra Cataluña. Sorprendentemente, aunque rezongando, ERC le vota otra vez a favor para dar la dirección de la RTVE a un enchufado del PSOE.

Se dibujan así los exactos términos de la relación Catalunya - España. Mientras los indepes no sean capaces de votar en contra de un gobierno español que carece de toda voluntad de entendimiento con Catalunya, seguiremos en esta situación ambigua en la que la monarquía española es meramente virtual en Catalunya, pero la República Catalana es meramente virtual en España. 

Con el traslado de los presos políticos catalanes a Catalunya, que el gobierno presenta como un favor y en realidad no es más que el cumplimiento de la ley y racaneando, se abre una nueva posibilidad para que el independentismo haga valer sus derechos. Los presos políticos son hoy, irónicamente, presos al cuidado de la Generalitat. Son las autoridades catalanas independentistas las que tendrán que mantener encarcelados a compañeros suyos que no han cometido delito alguno. Suena a humillación. Si la Generalitat no los pone en libertad ipso facto, al no reconocer la validez del proceso judicial arbitrario seguido contra ellos, cuando menos haga saber a Sánchez que la liberación de los presos políticos es requisito indispensable para empezar a hablar de otras cosas. 

No es cosa de seguir aceptando arbitrariedades, humillaciones y burlas. El mismo día que el BOE publica el ducado de Franco para la nieta del genocida, el "desinfectador" Borrell anuncia su propósito de que España contrarreste lo que llama las "mentiras del independentismo", esto es la afirmación de que España sigue siendo un Estado franquista.

Él es la mejor prueba.

Aquí el texto castellano.

Cuestión de perspectivas

La moción de censura acabó por fin con un gobierno de España en un grado supremo de incompetencia y sostenido por un partido trufado de ladrones y delincuentes, más habitual de los juzgados que de los despachos oficiales. Algunos dirigentes luchan por salvar su pellejo en los tribunales, otros tratan de alcanzar la presidencia en unas primarias irrisorias y otros, por fin, como Casado, ambas cosas. Aprovechando la confusión, los esmirriados vencedores de la moción de censura sacan de Cuelgamuros los restos del mayor genocida de la historia hispana y los del “ausente” Primo de Rivera en una ceremonia llena de suspense que debió producirse hace 40 años.

Hay algo simbólico en este episodio. Una especie de clausura de una decrépita dictadura que se ha sobrevivido a sí misma bajo la sombra de esa gigantesca cruz tan ridícula como siniestra.

En lugar de la banda de malhechores, gobierna hoy el mortecino reino de España un partido minoritario con frágil representación parlamentaria y obligado a una política de alianzas contradictorias. El PSOE divide sus lealtades entre la visión de la unidad de España al estilo franquista que profesan su dirigencia y gran parte de su militancia y la necesidad de presentarse ante el mundo como un Estado democrático de derecho y no como la arbitraria tiranía que es.

El gobierno quiere poner fin simbólico al culto al franquismo, que sigue siendo el núcleo esencial del régimen del 78. Igualmente trata de taponar la herida de la inevitable marcha de Catalunya, expulsada por la actitud opresivamente colonial de aquel, recurriendo a otro gesto simbólico: el acercamiento de las presas políticas catalanas.

Es una cuestión de perspectivas. El acercamiento no es una concesión graciable del gobierno, sino un derecho de los presos políticos, sistemáticamente conculcado por unos gobernantes tiránicos y unos jueces prevaricadores que llevan meses aplicando al independentismo catalán el derecho penal del enemigo. O sea, la amenaza, la extorsión, la persecución y la venganza. Las mismas instancias que impusieron fianzas desorbitadas a los rehenes políticos catalanes en la sórdida esperanza de arruinarles las vidas a ellos y sus familiares y, de paso, destruir un movimiento independentista legítimo, democráticamente sostenido por la mayoría de la población.

Efectivamente, cuestión de perspectivas que algún día se tornarán y permitirán castigar como merecen a quienes han abusado de su poder para perseguir a personas inocentes.

El minoritario gobierno español salido de la moción de censura despliega una curiosa retórica regeneracionista en el terreno ideológico, de derechos y libertades. Su primera decisión es un proyecto de ley de eutanasia porque regular el final de la vida es lo más cómodo cuando uno no sabe ni por dónde empezar para regular sus comienzos y su humano desarrollo intermedio. Es de risa ocuparse de la eutanasia cuando uno tiene los hospitales colapsados, las relaciones laborales en régimen de esclavitud, los salarios a niveles vergonzosos (no los de los políticos, claro) la libertad de expresión amordazada y multada, los pensionistas esquilmados, la educación en manos de los curas. Y todo eso mientras los “regeneracionistas” y sus auxiliares de la “verdadera izquierda” se pelean por lo único que en verdad les importa: el control de la TV, la fábrica de doctrina y elaboración de perspectivas.

Este gobierno solo anda seguro y cuenta con el apoyo cerrado del resto de fuerzas parlamentarias en su política anticatalana. La mayoría de los ministros, empezando por el presidente, son nacionalistas españoles que comparten el marco mental de los franquistas de antes y de hoy, el de los de Cuelgamuros y los jueces del Supremo y alguno de ellos, por ejemplo, Borrell, nombrado ministro de Asuntos Catalanes más que de Exteriores, furibundamente catalanófobos.

Cuestión de perspectivas. El gobierno minoritario de la “izquierda” española no es sino un nuevo gobierno anticatalán que trata de engañar a la opinión internacional con caras nuevas, nuevas palabras y las mismas viejas opresiones castellanas. La prueba: no tiene la menor intención de negociar un referéndum de autodeterminación en Cataluña porque la oligarquía nacional-católica no se lo permite y, aunque se lo permitiera, no lo haría porque es tan gobierno de la oligarquía como el anterior.

No hay juego ni margen para la Cataluña republicana en la España monárquica, administrada por la seudoizquierda. Se impone por tanto una perspectiva exclusivamente catalana. Está bien abrir la polémica sobre las próximas elecciones municipales, articulando las opciones en clave independentista y entenderlas como ensayo de las nacionales catalanas cuando correspondan. Y, mientras la política catalana haya de convivir a la fuerza con la española, habrá de priorizar el espíritu unitario. Tome la unidad la forma que tome.

Porque, cuestión de perspectivas, no es de recibo aceptar como “nomal” una situación en la que hay personas presas, exiliadas y perseguidas en Catalunya por sus opiniones políticas.

La dictadura española contra la democracia catalana

Mi artículo de elMón.cat de hoy, así titulado, La dictadura espanyola y la democràcia catalana. La putrefacción del absurdo régimen español puesto en pie durante la transición es hoy evidente a los ojos de todo el mundo. Lo que ha pasado será objeto de numerosos estudios de historia. Cómo un régimen dotado de una Constitución hecha por sesudos legistas, que contaba con un apoyo social multitudinario y las simpatías del exterior, se ha convertido en una sórdida dictadura unipersonal de un indeseable al frente de una banda de ladrones dedicada a saquear el país. Una organización que empezó beneficiando al Rey anterior, (cuya fortuna de 1.800.millones de euros nadie ha explicado todavía) y ha seguido hasta el último concejal pepero de pueblo que se llevaba las cucharillas de los banquetes. En medio, todos los dirigentes del PP, empezando por M. Rajoy (a) el Sobresueldos. Cómplice de este expolio a cargo del crimen organizado, de una mafia que se cobra sus venganzas, los partidos de la oposición, especialmente el PSOE que también tiene lo suyo robado en Andalucía a cuenta de los EREs, razón por la cual no solamente no hace oposición sino que apoya activamente a este gobierno corrupto, lo protege e impide que se investiguen sus crímenes.

Así ha sido posible llegar a esta situación insólita en el mundo occidental: un presidente corrupto, unos ministros reprobados que van dando lecciones de ética, un gobierno implicado en todo tipo de ilegalidades y juego sucio contra los adversarios, unos medios de comunicación literalmente a sueldo del gobierno y dedicados a mentir sin pudor alguno y un poder judicial indigno de tal nombre, compuesto por jueces siervos de los caprichos de los políticos que están instruyendo una causa política contra el independentismo y contra los principios elementales de la justicia.

Algún día coseguiremos poner nombre a esta desgracia de sinvergüenzas que ha caído sobre España como una plaga de Egipto: dictadura fascista es poco. Acabaremos consiguiéndolo. Y, por cierto, si lo conseguimos, será gracias a los catalanes porque a miseria moral e intelectual, cobardía, egolatría y estupidez no gana nadie a la izquierda española.

Aquí, el texto del artículo en castellano, un intento de ofrecer un cuadro de conjunto de esta catástrofe de España gobernada por auténticos sinvergüenzas.

La dictadura española y la democracia catalana

El conflicto en marcha sobre la investidura de Carles Puigdemont como legítimo presidente de la Generalitat pone de relieve la muy distinta naturaleza de los contendientes y sus recursos

La condición de España como Estado de derecho nunca ha sido muy clara pero, al día de hoy, es inexistente. Gracias a la aplicación del 155 y circunstancias concomitantes, España es una dictadura, porque dictadura es el régimen que concentra todo el poder en el ejecutivo (y en la voluntad de su jefe o presidente que lo es de una auténtica banda de malhechores), anulando el legislativo y el judicial, que está a sus órdenes. La dictadura se apoya además en un control absoluto de los medios de comunicación, al servicio incondicional de la política del gobierno.

La dictadura goza del apoyo de la oposición. Apoyo activo en el caso del PSOE, convertido en el botones del PP; así como de C’s que es la cara falangista de la derecha oligárquica; y pasivo en el caso de Podemos, cuya fraseología revolucionaria se detiene en el umbral del “todo por la Patria” de los cuarteles de la derecha.

Su método de acción interior es la asfixia económica y la persecución política del adversario. La guerra sucia del ministerio del Interior, la continuas amenazas a los adversarios políticos, las prohibiciones arbitrarias, las manipulaciones de los medios, van a la par con las medidas restrictivas de la Hacienda Pública que, no solo permite y ampara el fraude sistemático de los ricos al erario sino que hurta los dineros propios de la Generalitat catalana para penalizarla económicamente e impedir que sus organismos realicen su función.

En el exterior, la dictadura española se vale igualmente de todos los medios, legales o ilegales, para obstaculizar la acción de la Generalitat. El gobierno presiona bajo cuerda a las autoridades de la UE y las de Bélgica en concreto en contra de la presencia del president Puigdemont en Bruselas, lo persigue diplomáticamente, lo espía ilegalmente y trata de impedir que ejerza la función de que es titular legítimo en conexión con el Parlament que quiere elegirlo. Igualmente malversa ingentes cantidades de dineros públicos en sobornar voluntades exteriores para que no se solidaricen con el independentismo catalán y decir así que este está aislado internacionalmente. El caso más bochornoso, el de las tropas españolas desplegadas en la frontera de Letonia con Rusia y Bielorrusia para silenciar el apoyo letón a Catalunya.

La dictadura española corona su infame acción anticatalana valiéndose de unos jueces a sus órdenes para dar una pátina jurídica a lo que no es más que una persecución política. El independentismo no es un delito, por mucho que los jueces franquistas lo crean. Y tampoco lo son los actos que en su nombre se realicen siempre que no lleven violencia. Es injusto y prevaricador encarcelar independentistas por su ideología y pretender luego fabricar un delito con argucias leguleyas. En España hay representantes democráticos en la cárcel que no están protegidos por ley alguna sino directamente entregados al capricho de un juez de partido que toma las medidas que le da la gana por razones ideológicas. La dictadura española ha suprimido los principios fundamentales del derecho al juez natural, el debido procedimiento, el habeas corpus , la seguridad jurídica, el derecho a la defensa y a no declarar en contra de uno mismo. La judicatura española no solamente está al servicio del poder político sino que lo hace de mil amores y con el espíritu inquisitorial franquista que la caracteriza.

Enfrente, el adversario, la República Catalana, proclamada como resultado legítimo de unas elecciones impuestas por la dictadura y en una inferioridad de condiciones inmoral e ilegal. Los independentistas las ganaron claramente pero la dictadura española se niega reconocer y aplicar los resultados. Con la ayuda del PSOE y C’s, pretende pasar por encima de la voluntad democrática de los catalanes imponiendo la de un partido corrupto y sus ayudantes.

A la diáfana legitimidad de origen de la República Catalana añade esta una escrupulosa legitimidad de ejercicio. A pesar de la persecución política y judicial de la dictadura, todos los pasos de la República Catalana están amparados por la legalidad vigente. No obstante, es claro que siendo dictatorial esta legalidad vigente (que, por cierto, el primero que incumple es el gobierno de la Gürtel) en algún momento será preciso entrar en confrontación con los administradores de la dictadura y sus auxiliares. De hecho y a pesar del exquisito cuidado de las autoridades catalanas así debe de haber sido ya puesto que, en principio por algún motivo ignoto hay personas en la cárcel y en el exilio, aparte de por el hecho de que al juez Llarena el independentismo le parezca un delito. No lo es. Lo que es un delito es considerarlo delito y abusar del poder que la sociedad democrática le otorga para tratarlo como tal.

Las dictaduras se basan en el temor, el miedo, la incertidumbre, la inseguridad acerca de si un comportamiento es o no delito y en el hecho de estar en manos de la arbitrariedad judicial. En consecuencia, la legitimidad de ejercicio se mantendrá aunque sea preciso desobedecer leyes inicuas en atención al mandato democrático y el principio de equidad, ambos por encima de una legalidad de parte tan inicua como inepta,

La República Catalana, que está consolidándose en términos tan conflictivos como injustos cuenta con tres activos para salir adelante: la unidad del bloque independentista, el apoyo exterior y la movilización de la población catalana dispuesta a llegar a la desobediencia civil en apoyo a su dirigentes encarcelados, exiliados o presos. La primera y la tercera, la unidad del bloque independentista y el apoyo masivo de la población son alternativamente causa y efecto del propio movimiento. Este no sobreviviría de fallar alguna de las dos, que son como dos espejos enfrentados: la unidad del bloque refleja la unidad popular que viene movida por aquella.

El apoyo exterior, muy importante de momento a pesar de las actividades de las covachuelas diplomáticas españolas, se irá manifestando más y más abiertamente a medida que el conflicto consiga presentarse como lo que es.

Una lucha entre la dictadura española y la democracia catalana.

La dictadura, el secreto y la razón de Estado

Puigdemont es el legítimo presidente de la Generalitat y, cuando, tras la ronda de consultas con los grupos, el presidente del Parlament legalmente constituido proponga un candidato, será el exiliado en Bruselas. Desde el punto de vista de los indepes se trata de una reposición, ya que el hoy candidato a la investidura no ha dejado nunca de ser el presidente legítimo. Desde el del B155 es una investidura nueva porque Puigdemont hoy es el expresidente de la Generalitat. El asunto es interesante, pero ocioso porque el gobierno pretende, según dice, impedir la investidura de Puigdemont por el método que sea. No va por el cargo; va por el hombre; por el hombre como símbolo de un pueblo. Es una cacería.

Para no aburrir con los sobrados títulos a la investidura de Puigdemont remito al lector a un espléndido artículo de Antoni Bassas que explica ese asunto y otros de este jaez maravillosamente.

Así, ¿qué razones aduce el gobierno para impedir la investidura de Puigdemont? Decía El País el otro día que el MHP "desafía la ley". Pero eso es falso porque no hay ninguna ley que prohíba a Puigdemont ser investido telemáticamente. Ya vimos que el diario llama "ley" al capricho personal de M. Rajoy a través de su interpretación del artículo 155. En España la ley es la voluntad omnímoda de M. Rajoy que se jacta de destituir gobiernos democráticamente elegidos (sic) y de cerrar parlamentos como prueba de la solidez del Estado de derecho español, una democracia fuerte, capaz de defenderse como se demuestra encarcelando primero a unos políticos pacíficos y buscando luego el modo de achacarles algún delito.

Eso es el esperpento y no la investidura telemática de Puigdemont.

La voluntad de M. Rajoy es la ley en España. Añade el susodicho dos atributos de esa ley/voluntad para que se vea su fidelidad a la doctrina de la voluntad/ley: a) es igual para todos; b) hay que cumplirla. Ambas falsas. El propio M. Rajoy y su ministra de Defensa, más conocida como anticipollino, enviaron un contingente militar a Letonia saltándose la ley que obliga a una autorización previa del Congreso. Y no es la primera vez. Está claro: no todos tienen que cumplir la ley y, además no es igual para todos pues con el mismo gobierno no reza. Esto se llama dictadura.

La dictadura ama el secreto. Por eso se ocultó el envío de tropas y se ocultó también que el coste de esta operación fue de 63 millones de euros. Igual que el coste de ese vergonzoso desastre de los piolines  costó 87 millones de euros, cosa de la que acabamos de enterarnos porque el gobierno declaró secreto el monto del coste. No hay dinero para la seguridad social, ni las pensiones, ni el desempleo, ni los dependientes, ni las escuelas, pero sí para dilapidar en secreto cientos de millones en operaciones estúpidas y/o desastrosas. Y también para seguir mangando cargando al contribuyente los miles de millones del pelotazo pepero de las radiales de Madrid para volver a privatizarlas.

No me digan que esto no es una burla sangrante, aunque sigue sin llegar al ultraje a la decencia que supone que Junqueras esté en prisión y Urdangarin en libertad.

Porque todo es secreto en la dictadura. Toda la corrupción de la dictadura ha sido y es secreta. Cifuentes no quería entregar los papeles del Canal, al otro se le perdían los expedientes incriminatorios, la Operación Cataluña, top secret estilo Mortadelo y Filemón. Todo secreto.

Del secreto se ha contagiado la judicatura. El magistrado Llarena ha abierto pieza separada en la causa contra el independentismo y la ha declarado secreta por quince días. La justicia democrática es pública. Solo por razones excepcionales y claramente motivados pueden admitirse procedimientos secretos. Puede que las partes, a las que se ha comunicado la decisión, se den por satisfechas con la explicación, si la hay; pero el público tiene también derecho a conocer por qué motivo (por genérico que sea) se abre una pieza separada secreta. ¿O es que, así como la ley en España es la voluntad de M. Rajoy, la justicia es la voluntad del juez Llarena? Los tiempos de la "justicia" secreta, los de las lettres de cachet, pasaron a la historia aunque quizá no en España. 

La histórica rivalidad entre el Tribunal Supremo y el Constitucional se nota en que este último, apuntado a la moda del secreto dictatorial, ha suspendido la comisión de investigación de la Generalitat sobre las cargas policiales del 1º de octubre. Es decir, declara secretas las cargas. Si la gente quiere informarse de lo que pasó puede visionar los cientos de vídeos sobre la violencia policial e ilustrarse con las glosas de los ministros, según los cuales, las fotos eran fakes (Dastis, de Exteriores), no demostraban que hubiera heridos de verdad (Catalá, de Justicia) y probaban que los violentos habían sido los manifestantes atacando a la policía (Zoido, de Interior).

Es un muro de desvergüenza y necedad.

Y tanta dictadura, incompetencia, secreto (con expolio), ¿a qué viene? A la última razón de Estado, Cataluña, en cuyo nombre, para cuyo fin, todo medio es bueno, como enseña la doctrina jesuita.  Y todo es todo.

Por eso, porque hemos llegado hasta aquí en el destrozo provocado por esta manga de incompetentes corruptos y nacionalcatólicos, es urgente laa vuelta a la normalidad institucional: retirada del 155, restablecimiento del gobierno legítimo de la Generalitat y dimisión de un presidente de un gobierno que ha sido una verdadera plaga para el Estado.

Y de la izquierda española mejor es no hablar.

Los poderes del 155

Además de un jarrón chino, la Constitución es un jarrón chino roto.  Imposible de recomponer y menos en esta confusión en la que, quien debiera aclararla, es quien la aviva. 

El gobierno no acepta el resultado de las elecciones que él mismo convocó en virtud de la norma de plenos poderes del 155, según la interpreta el B155.  Acerca del propósito de restablecer la Constitución mediante un artículo que la suspende ya habrá tiempo de entretenerse.

El hecho es que no se acepta el resultado electoral y, por lo tanto, todo seguirá viciado. Recuerda Rajoy que el decreto del 155 prevé su levantamiento cuando el presidente de la Generalitat haya tomado posesión. Le dicen que la toma por vía telemática y voluntad del Parlamento y dice que no vale, que solo vale la presencial (sabedor, claro, del inmediato encarcelamiento del presidente; la foto que busca el B155) porque a él le da la gana, ya que no hay razón alguna para que no valga. Solo la fuerza bruta del 155.

Hay en contra el informe de los letrados del Parlament, pero es un dictamen consultivo, no vinculante. La decisión la toma el Parlament. Y es esta la que el gobierno pretende dejar sin efecto, aunque no se vea por qué motivo ni en función de qué. La amenaza de Rajoy es una clara previsión de que seguirá rigiendo un gobierno arbitrario, personal, dictatorial de M. Rajoy. 

La prueba de que esto no tiene ya nada que ver con un Estado de derecho es la celeridad con que los más espabilados del B155 tratan de encontrar una solución que dé apariencia de normalidad, al menos para evitar la prolongación de este espectáculo internacional que es la habitual mezcla de fanfarronería e inoperancia españolas. Un esperpento, en efecto, como machaca diariamente El País pero no a causa de Puigdemont, sino de un ministra de Defensa que lo toma como Cipollino y un presidente como M. Rajoy, que se envanece de haber destituido un gobierno democráticamente elegido y cerrado un Parlamento. Títulos de gloria en cualquier país civilizado.

Esa "normalidad" mendaz, aparente, falsa es además inútil. No es concebible un govern independentista, esté constituido como esté constituido, que no reviente por un lugar u otro las costuras no de la Constitución, sino de la falta de esta, de la anticonstitución, de la arbitrariedad y la dictadura que significa el hecho de que las decisiones políticas las tome un individuo. Sobre todo porque es imposible considerar "normal" una situación en que hay presos y exiliados políticos, por mucha logomaquia que el poder y sus secuaces echen a la cuestión. 

Y aquí entran los jueces. La evidente coordinación del frente gubernativo y el judicial en el conflicto España-Cataluña con la entusiasta colaboración de los medios ha disipado la última duda: en España no hay Estado derecho que ya empezó a tambalearse cuando el PP ganó las elecciones de 2011 por mayoría absoluta. 

De forma que el PP ha hecho gala de una piqueta excepcional: primero se cargó el Estado del bienestar; luego, el Estado de derecho; y ahora está cargándose el Estado a secas.

Task Force

España no es un Estado de derecho sino un Estado de hecho. El gobierno ha suspendido la Constitución con el beneplácito de la mayoría de la oposición formalmente para una parte del territorio, materialmente para todo él. La norma suspensiva es ilimitada en tiempo y espacio.

El poder prescinde de formalidades institucionales, comisiones, comités, consejos y se ejerce por la vía personal. El presidente y sus dos aliados forman un triuvirato de acción. A veces deciden crear un grupo de trabajo, una task force, de acción inmediata, según sean las circunstancias, como este acuerdo bilateral Rajoy/Rivera de mantener el 155, la norma de plenos poderes (compartidos, según se ve) de la dictadura. Seguro que este acuerdo levanta celos en el PSOE, excluido de tan trascendental decisión con la que, además, está de acuerdo. En desagravio, habrá nueva foto de a dos, Rajoy/Sánchez o una del triunvirato en plena gloria. El otro partido de la izquierda, Podemos, no suele ser invitado a estas reuniones del mando, aunque su relación con el 155 tampoco es enteramente antagónica, a pesar de su recurso de inconstitucionalidad. Había que recurrirlo, sí, pero en el fondo su aplicación era comprensible por la tozudez de los indepes. 

No gustaron a los triunviros los resultados de las elecciones y no quieren aceptarlos, así que: 155, los presos siguen en la cárcel con sus derechos políticos negados y los exiliados en el exilio en idéntica condición.  

¿Se pueden constituir Parlament y govern en estas circunstancias? Parece poco probable. Sobre todo porque, aunque los indepes aceptaran integrar los órganos sustituyendo a los encarcelados y presos, la situación que se crearía, con una Generalitat dirigida desde el exilio y la cárcel, sería inviable y justificaría el mantenimiento del 155 con la única perspectiva de volver a convocar elecciones que darían un resultado igual o superior del independentismo.  

Raro mérito el del presidente M. Rajoy, ha arruinado el país y lo ha hecho políticamente inviable.

La dictadura española

Aquí mi artículo de hoy en elMón.cat de igual título. La aplicación del artículo 155, el art. de la dictadura "constitucional", en la forma desmesurada e ilegal en que se ha hecho, ha puesto todas las cartas boca arriba. Directamente responsables de la aplicacion de esta norma injusta, arbitraria e ilegal son el PP, PSOE y C's, como muy bien lo ha aseverado Joan Tardà en una intervención parlamentaria. Tres cuartas partes del Congreso, a favor del establecimiento de la dictadura de un gobierno corrupto en Cataluña. Si se añaden los 71 diputados de Podemos que, al parecer, no pueden (porque no quieren) presentar un recurso de inconstitucionalidad frente a la norma, lo cual los convierte en cómplices indirectos de este atropello, la proporción llega al 92 por ciento de los diputados. Prácticamente toda la cámara y todo el electorado.

Así que el que ejerce la dictadura en Cataluña, vulnera los derechos y libertades de los catalanes y actúa de modo tiránico no es solo el gobierno, sino todos los partidos españoles, a los que se añaden entusiastas, los jueces, los curas y los periodistas a mogollón. Todos rivalizando a ver quién miente más sobre Cataluña, quién provoca más, quién es más insultante y opresor. 

Los indepes no cuentan con apoyo alguno en España, ni en las instituciones, ni en los partidos ni en los medios, ni en la opinión. El solecismo "a por" ellos, aparte de demostrar la incultura de la gente revela que quienes se orientan contra los catalanes no son solamente el gobierno o los partidos, sino el conjunto del pueblo español. Es una dictadura de la mayoría española sobre la minoría estructural catalana.

Aquí, la versión castellana:

 La dictadura española

                                                                                              

254 diputados del Congreso, los del PP, PSOE y C’s, apoyan activamente el estado de excepción encubierto del 155 en Cataluña, esto es, una norma de plenos poderes que suspende de hecho la Constitución. Ya no es una dictadura del PP, sino de casi las tres cuartas partes de la cámara. Si añadimos los 71 diputados de Podemos que, sin formar parte del bloque del 155, lo toleran pues, pudiendo, no lo han recurrido ante el Tribunal Constitucional, llegamos a 325 escaños, el 92 por ciento de la cámara. Prácticamente todos los representantes españoles. Esto es ya una dictadura española a secas, una dictadura de la mayoría española sobre la minoría nacional catalana, sobre una minoría estructural. ´

Que se trata de una dictadura es evidente, por más que el gobierno y sus aliados españoles, así como su frente propagandístico mediático, hoy encabezado por El País, la SER y el grupo PRISA traten de embellecerla y disfrazarla de algo distinto. No hay duda viendo sus muestras: el vandalismo policial del pasado 1/10 (por el que, lejos de sancionar a los policías y guardias civiles, se los ha condecorado), la virtual ocupación de Catalunya por una fuerza policial/militar de más de 10.000 agentes, la intervención y asfixia económica de la Generalitat, la persecución y encarcelamiento de unos dirigentes y el exilio de otros, la aplicación del derecho penal del enemigo, el proceso inquisitorial de convicciones hecho a los acusados, la censura y manipulación de los medios públicos de comunicación, el hostigamiento permanente de los independentistas por medio de la Junta Electoral, utilizada como brazo ejecutor del gobierno, la posible persecución judicial a Marta Rovira.

Todo ello muestra un régimen de persecución ideológica y arbitrariedad administrativa y judicial que ignora la división de poderes y conculca los derechos y libertades de los ciudadanos. O sea, una dictadura civil apoyada en una norma de excepción, ella misma ilegal y con el apoyo directo o indirecto de todas las fuerzas políticas representativas de España.

Es una dictadura española sobre Catalunya, la manifestación permanente de la tiranía de la mayoría española sobre la minoría estructural catalana. Lo que siempre ha sido por debajo de la retórica unionista de la nación española el intento de asimilación cultural y aniquilación de la nación catalana que ha pasado de ser latente a ser manifiesto con el aplauso del conjunto del pueblo español, salvas insignificantes excepciones. Esta dictadura es la que impone a palos la oligarquía española, con la colaboración de la oposición parlamentaria, el recurso a la guerra sucia policial, el respaldo del ejército, presto a intervenir, el apoyo activo del capital del Ibex35, la bendición de la Iglesia católica y la justificación de los medios de comunicación.

O sea, lo de siempre. Pero ahora más evidente que nunca debido a la internacionalización del proceso, que obliga a tener en cuenta procedimientos y garantías nada habituales en España pero sí en el extranjero y, sobre todo, en Europa que, aunque a regañadientes, se ha visto obligada a prestar atención a este conflicto y a no ignorar las consecuencias del evidente rebrote del fascismo español. Y tendrá que ser beligerante cuando el 21D triunfe el independentismo y ese fascismo pretenda intensificar sus atropellos y prácticas dictatoriales contra una población pacífica e indefensa que pretende gobernarse a sí misma.

La dictadura española en Cataluña ya no es un “asunto interno” sino que involucra a la comunidad internacional y a la Unión Europea en concreto cuando el gobierno y sus aliados del PSOE y C’s ignoren el resultado de las elecciones y pretendan seguir reprimiendo mediante la arbitrariedad y la violencia. El derecho internacional llamado “humanitario” reconoce el deber de injerencia de la comunidad internacional en los casos en que un Estado proceda con represión e injusticia en contra de su propio pueblo o parte de él.

No se puede dejar la ciudadanía de un Estado al arbitrio de un gobierno tiránico. Los catalanes no pueden esperar apoyo del resto del Estado, ni de sus partidos y organizaciones ni de sus ciudadanos. Tienen que alcanzar sus objetivos con sus solas fuerzas, las de una sociedad movilizada y unas instituciones sociales y políticas dirigidas por quienes han demostrado voluntad de sacrificio por defenderlos.

Solo pueden –y deben-recurrir al amparo internacional, el único foro en el que encontrarán eco. Corresponde hacerlo en un sentido estricto y otro más amplio. En el sentido estricto, se debe exigir la presencia de observadores internacionales en las próximas elecciones que garanticen su limpieza e impedir que el gobierno encargue el recuento a una empresa corrupta a su servicio con la misión de manipular y falsificar dichos resultados.

En un sentido más amplio, Catalunya debe acudir a todos los foros internacionales a hacer valer sus derechos y, si necesario es, por la inercia y los compromisos institucionales de los Estados, reclamar la constitución de un tribunal internacional para Cataluña, una especie de nuevo tribunal Russell, que haga justicia a las legítimas aspiraciones de un pueblo, aplastadas por el último Estado fascista en Europa.

Últimas noticias sobre la dictadura

A quince días del referéndum catalán de autodeterminación, se acelera la deriva dictatorial de un gobierno que está perdiendo el control y llevando el país a un punto de estallido. A la falta de autoridad y legitimidad de ejercicio por la corrupción que lo caracteriza se añade una serie de medidas que parecen pensadas, no para resolver los conflictos, sino para agravarlos. Y probablemente sea así: una provocación permanente en la esperanza de generar una rebelión que justifique medidas excepcionales.

I.- La fiscalía, punta de lanza de la agresividad del poder contra la ciudadanía, ha impuesto la censura en TV3 y conminado a cientos de de funcionarios de la Generalitat, amenazándolos con represalias si secundan las órdenes de sus superiores, es decir, si no desobedecen las órdenes de estos. Conviene recordar aquí que, no existiendo en España el eximente de obediencia debida frente a órdenes injustas y/o ilegales, esta circunstancia opera en ambas direcciones, generando mayor conflicto.

II.- Un juez de lo contencioso, de probada trayectoria política reaccionaria, ha prohibido el acto público previsto para el próximo día 17 en apoyo al derecho a decidir de los catalanes.  Siendo de criterio político opuesto a la ideología del acto, la decisión es sospechosa de prevaricación por actuar el magistrado como juez y parte. ¿Resultado, aparte del escándalo que esta prohibición suscita? Que los organizadores hayan decidido desobedecer al juez y mantener el acto, lo que forzará al gobierno a incrementar la represión o a desobedecer él también el mandato judicial. Una situación explosiva, aparte de ridícula.

III.- La farsa en que se ha convertido el gobierno del presidente de los sobresueldos está provocando un movimiento de desobediencia cada vez más generalizado. Su insistencia en imponer a los demás una legalidad hecha y deshecha a su medida ya solo encuentra apoyos entre una oposición cada vez más enfangada en su complicidad con esta restauración de la dictadura que ya está persiguiendo "delitos" de opinión, esto es, pisoteando la libertad de expresión.

IV.- Hace tres días se incendió el Palacio de Justicia de Valencia, destruyendo las pruebas acumuladas de los presuntos delitos de los miembros del PP en esa Comunidad. La idea de que se trata de un incendio intencionado y, por tanto, otro delito más, debe contrastarse con un criterio básico en toda investigación criminal: ¿a quién beneficia el delito? En la respuesta hay una poderosa pista sobre quién pueda ser responsable por obstrucción a la justicia.

V.- A las medidas represivas, censoras y autoritarias y los accidentes fortuitos (acompañados del continuo rosario de muertes también fortuitas de personas relacionadas con los procesos) se une una sistemática campaña de amenazas y coacciones de las autoridades. Respalda y magnifica estas prácticas mafiosas una caterva de medios de comunicación y publicistas comprados con dineros públicos, obviamente malversados.

VI.- El fiscal Maza, reprobado por el Parlamento, igual que su jefe, el ministro de Justicia, y hombre por debajo de toda sospecha, ordena citar a 712 alcaldes catalanes que han dado apoyo al referéndum y detenerlos en caso de incomparecencia. La desmesura de esta decisión se hace patente cuando se recuerda que, en los países civilizados, especialmente los de tradición romana, los alcaldes son la base misma del sistema de libertades. A ello se añade que, si bien la mayoría de ellos, de JxS, acudirá a declarar, los de la CUP ya han anunciado que no lo harán. Son 16 y está claro que ponen al gobierno en la disyuntiva de tolerar su desobediencia o encarcelarlos. Serán los primeros  probablemente  seguidos por los de ERC y JxS. Al final, más de 700 alcaldes encarcelados. Una situación explosiva que solo se explica por la incompetencia de las autoridades.

VII.- Por orden de un juez, la guardia civil ha cerrado la página web de la Generalitat sobre el referéndum. De inmediato se han puesto en marcha otras dos con servidores en otros países. La censura llega a las redes. Seguramente, el gobierno más corrupto de Europa pedirá cerrar internet. Algo imposible que provocaría la condena unánime en el exterior.

Sos dos fuerzas en crecimiento y orientadas al choque: la corrupción y el latrocinio del PP, que no cesa, y la libertad de expresión en las redes que el gobierno no podrá yugular. De ahí está naciendo un espíritu de desobediencia civil frente a una tiranía ridícula (para el siglo XXI) y desaforada. Lo encabeza el presidente y todo el gobierno catalán y eso no hay quien lo pare.

VIII.- Frente a ello, la actitud del PSOE entra en el terreno de la infamia. Su respaldo sin fisuras (la tímida reclamación de un diálogo de Sánchez no pasa de ser una mera súplica) a la política de represión y persecución del PP, fortalece a Rajoy, cuya dimisión habíase comprometido a pedir el secretario general en las primarias. Algo que no solo es moralmente detestable sino prácticamente estúpido porque no se traducirá en un incremento de intención de voto del PSOE, aunque las encuestas manipuladas de sus amigos se lo hagan creer a Sánchez. Si los socialistas van de comparsa con los franquistas, los votantes preferirán siempre el original a la copia.

IX.- Fraccionado en un mosaico de tendencias, la ambigüedad de Podemos y sus aliados los Comunes, que tratan de nadar y guardar la ropa en el referéndum también les pasará factura en las próximas elecciones. Únicamente se salvan de esta lamentable claudicación los anticapitalistas de Teresa Rodríguez y Miguel Urbán y el líder de Podem, Albano Dante Fachín. Los únicos que tienen la dignidad y la coherencia de exigir la legalización del referéndum.

Resulta patente a estas alturas que, si no se quiere llegar a una putrefacción total, es urgente sustituir el gobierno de Mr. Sobresueldos por otro demócrata. Y solo hay un camino: una moción de censura inmediata, apoyada por el PSOE, Unidos Podemos y los indepes catalanes que permita negociar un referéndum pactado.

Es la única salida so pena de seguir con la deriva dictatorial del gobierno de la corrrupción.

Recuérdese que los indepes todavía tienen una baza de consecuencias todavía más graves para el Estado español: una declaración unilateral de independencia aprobada en el Parlament. Una DUI acabaría provocando una intervención exterior. No se olvide que muchos conflictos internos españoles, incluida la última guerra civil, se han "resuelto" con la injerencia de fuerzas foráneas.

El éxito de la abstención

Les da vergüenza decir que se abstuvieron en la investidura de Rajoy para que siguiera gobernando el PP. Por eso los golpistas del PSOE se justifican diciendo que tienen al gobierno atado en corto y controlado y que, en el fondo, hace lo que ellos dicen.

El dato de la noticia nos ahorra mayores explicaciones. El PSOE de la junta gestora miente, como siempre: el PP veta toda la labor legislativa de la oposición. Esto quiere decir que el resultado es doblemente desastroso pues el PSOE trabaja como si realmente consiguiera lo que se propone, pero no lo consigue porque el PP está en contra. Realmente, la abstención solo ha servido para poner los votos de los electores socialistas al servicio del PP.  

Y el futuro inmediato aun pinta peor. El gobierno está preparando un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional para mantener su práctica de veto a todas aquellas iniciativas legislativas de la oposición que, a su juicio, modifiquen los Presupuestos al aumentar los gastos. Es decir, un proyecto para emascular el Parlamento y conseguir el tipo de gobierno que gusta a Rajoy y el PP: la dictadura. 

Con la sumisión del PSOE.

Como no sea Europa...

Desde la generación del 98, los atribulados liberales y progresistas españoles han visto en Europa su tabla de salvación frente a la brutalidad carpetovetónica, normalmente impuesta a sangre y fuego. No tenían muy claro cuándo se separó España del continente y tampoco cuánto duraría dicha separación que ellos encontraban (aunque no todos) insoportable. Hoy tenemos alguna respuesta más: España se distanció de Europa con la Contrarreforma y se enquistó en la defensa de unos principios absurdos y unos intereses oligárquicos y eclesiásticos muy concretos que la tienen postrada al día de hoy. El tiempo de la separación, a pesar de las jeremiadas de los del 98, los del 14 y los del 27, también llegaría a la actualidad.

Quienes nacimos en el franquismo sabemos que, en el fondo, la oposición jamás confió en sus propias fuerzas contra la dictadura, y esperaba, más o menos claramente, una intervención europea que nos salvara de la barbarie nacionalcatólica reinante durante 40 años y hoy de nuevo rampante.

Lo primero que hicieron los de la transición fue integrar el País en la CE en la ingenua creencia de que integrarlo en las estructuras era reintegrarlo en el espíritu europeo. Falso. España sigue siendo el mismo nido de intolerancia, represión, autoritarismo, clericalismo, estupidez y fascismo del tiempo de Franco. Con el añadido de que los franquistas actuales ganan a los anteriores en corrupción,  sivergonzonería y afición al pillaje.

Lo anterior es el trasfondo de la última pirueta de la carcunda hispana en Europa que parece haber encontrado respuesta negativa en el continente, aunque con la habitual blandenguería del lugar. El gobierno del PP aprovechó su mayoría absoluta en la Xª legislatura para perpetrar el trágala de una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (TC) y atribuir a este competencias ejecutivas de sus propias sentencias. Esta decisión es una muestra típica del talante dictatorial de los neofranquistas del PP porque, al margen de otras consideraciones, aquí innecesaraias, equivale a convertir en agente político-policial a una instancia que ni siquiera es un tribunal de justicia, sino un órgano político que rellenan a su arbitrio los dos partidos dinásticos, repartiéndose las plazas y dejando de vez en cuando un sillín a algún representante autonómico. Todos sus magistrados son elegidos por sus filiaciones políticas y su anterior presidente, así como el que viene, son militantes radicales del partido de la derecha y el último, además, un sectario del Opus. La reforma permite al TC presentarse como lo que en realidad es: un órgano político al servicio del PP y, subsidiariamente del PSOE en la medida en que este se adapta al PP.

El dictamen del órgano consultivo del Consejo de Europa avisa de lo evidente: convertir en tribunal y corchete de sus propias decisiones a una camarilla de servidores del poder político es contrario al Estado de derecho, un atentado contra la separación de poderes y un paso más en el camino a la dictadura que es el único que conocen las recuas derechistas. El Consejo de Europa lo dice en tono melifluo, sobre todo porque el Estado español se ha empleado a fondo en lo único que hace a gusto: presionar a las escondidas, comprar voluntades, mentir, chantajear, amenazar y recurrir a la guerra sucia para conseguir que el dictamen no sea tan crítico con la habitual brutalidad autoritaria española.

Pero todo el mundo entiende de qué va este negocio: dar una apariencia de legalidad a las medidas antijuíridicas, represivas que están tomándose con Cataluña y seguirán tomándose. Así lo ha entendido el principal monaguillo del PP en los medios, El País que anuncia que el Consejo de Europa valida la reforma del Constitucional pero pide mejoras. Dos maneras de presentar la noticia: una crítica y la otra, servil. El País sabe de sobra, o debiera saber, que cuando el órgano europeo advierte de que el TC no debe tener esas facultades policiales, ignora de qué TC se está hablando y, en su buena fe típicamente europea, cree que es un tribunal imparcial y no un grupo de mandados al servicio de la derecha en su agresión a Cataluña. Y dar a un grupo de mandados del gobierno capacidad para juzgar y ejecutar lo juzgado es dar el último paso hacia la dictadura.

O Europa es más consecuente contra esta banda de delincuentes que, como siempre, viene engañando, o dentro de nada se encontrará con un estado de excepción en Cataluña.

Camino de servidumbre

Tomo prestado el título de la célebre obra de Hayek, profeta venerado del neoliberalismo mundial y españolísimo en concreto. El austriaco la escribió en los años cuarenta del siglo pasado, pero su contenido sigue siendo pertinente, agudo, fresco como una rosa, perfectamente aplicable al presente...pero invirtiendo los términos. Todos los males que Hayek vaticinaba por la abolición del mercado, en la estela de su maestro Von Mises, son hoy patentes por la omnipresencia del mercado: baja productividad, empobrecimiento de las clases trabajadoras, paro, corrupción, etc. El neoliberalismo es eso. Todas las desgracias que el mismo Hayek pronosticaba a causa de la socialización están hoy a la vista a causa de la privatización: servicios pobres, malos y caros, prácticas monopolistas, confabulación y arbitrariedad en la formación de los precios, patrimonialización del Estado, captura de rentas.

El neoliberalismo es el verdadero camino de la servidumbre. El credo inapelable del nuevo gobierno del PP, formado a la hechura de su patrón que, a estas alturas, tiene la medida tomada a todo el país. La prueba está en el desconcierto de las reacciones a su anuncio. Unos hablan de gobierno de "marianistas", como si los anteriores hubieran sido de concepcionistas. Y como si en el PP -una organización peculiar- hubiera facciones o corrientes y no una lealtad berroqueña al líder/patrón. Los gobiernos de Rajoy son más unicelulares que los de Franco, en los que había militares, opusdeístas, alfonsinos, carlistas, juancarlistas, falangistas y los pelotas de turno. Los de Rajoy solo tienen pelotas de turno.

Otros análisis son más pintorescos. El País da la consigna del día: el gobierno es continuista y tiene escaso peso político y el cabo de guardia del PSOE la replica como el eco. A lo del continuismo se suman también los de C's y los de Podemos en tono decepcionado: más de lo mismo, sin cambio ni variación, no irá muy lejos. A lo mejor esperaban que Rajoy nombrara ministro a Pablo Echenique o a Begoña Villacís.

Rajoy lo ha dicho siempre: él es un hombre previsible. Y así es, perfectamente previsible. Siempre hace lo mismo; no lo que más convenga al país, ni a su partido, sino a él mismo. Su solo objetivo es seguir gobernando a cualquier precio. Para eso nombra un gobierno de amigos y amigas suyas. Como el anterior. Cierto es que no cuenta con un congreso de aplausos, al estilo de las Cortes del invicto, pero tiene a la mesnada de la oposición parlamentaria acogotada. C's es tan poco oposición que Rajoy ni los tiene en cuenta. Al PSOE le ha hecho claudicar y, de paso, lo ha reventado como opción electoral a corto plazo; es decir, lo tiene de rehén. Así que, según sus cálculos, la oposición de Podemos se agotará en la gesticulación.

Por si acaso el Parlamento se le soliviantara, Rajoy cuenta con la adhesión incondicional del Tribunal Constitucional, camino de convertirse en un tribunal político para un estado de excepción de hecho. El mismo tribunal que no ha dictaminado ni piensa hacerlo sobre el recurso interpuesto por la oposición en su conjunto contra el gobierno en funciones declarado en rebeldía, ese mismo tribunal acepta la facultad que le atribuye la reforma de su Ley, aprobada por el parlamento de mayoría absoluta del PP. El TC puede "suspender" a las autoridades que le desobedezcan; pero, si vuelven a desobedecerle, tendrá que hacer algo más que volver a "suspenderlas". Y por ahí no se sabe a dónde vamos a parar.

Sí se sabe que el gobierno controla el Tribunal Constitucional y tiene una razonable holgura en el Parlamento, no por su fuerza real, sino por la debilidad de sus adversarios. Ese es el camino de servidumbre vaticinado por Hayek pero con los papeles invertidos. Si se tiene en cuenta que, como ha quedado claro en las últimas peripecias, Rajoy y el PP cuentan con el apoyo casi unánime de los medios de comunicación (aunque hay alguno más cercano a Podemos) y los publicistas, el respaldo de la empresa, la banca y la Iglesia, ¿es mucho asegurar que España es una democracia autoritaria con prácticas dictatoriales? La falta absoluta de responsabilidad política de ninguna de las autoridades ante los innumerables casos de corrupción y la sospecha, incluso, de presuntos delitos, como el espionaje a adversarios políticos, son comportamientos dictatoriales por cuanto quedan impunes.

Todo eso permitido por una decisión del PSOE que, por cuanto está viéndose, puede haber sido su canto del cisne. Realmente, su situación es calamitosa. Ya desde la época de Rubalcaba, con la conversión del partido en partido dinástico, aceptación simbólica de la corrupción del turnismo, empezó el drenaje de votos. De hecho, fue Rubalcaba quien llevó al PSOE a sus más bajas cuotas históricas, aunque su aparato de propaganda se lo achaque a Sánchez. Con la hoja de ruta catalana, el nacionalismo español socialista se alarmó y exacerbó al mismo tiempo y el golpe de mano perpetrado el 1º de octubre se hizo para impedir todo intento de acercamiento al independentismo o negociación con él. Golpe que ha puesto en marcha una dinámica interna explosiva.

Desde el principio, Palinuro consideró la Gestora como una Junta -típica institución golpista hispana- que suplantaría al partido y actuaría dictatorialmente. Ahora nos enteramos de que, en efecto, así fue concebido este órgano a través de una decisión ilegal del CF pues se perpetró con nocturnidad, sin quórum y sin estar prevista en el orden del día. Ya se están ocupando de ello los jueces. La Gesto-junta es presuntamente ilegal y, si se obstina en imponer su criterio, acabará provocando una crisis profunda en el partido de la que este quizá no se recupere. El peligro de la "pasokización" no es un invento.

La intervención permanente de los barones cada vez con más espíritu de señores de la guerra frente a unas bases casi ya en estado insurrecional, da una imagen de desbarajuste difícil de superar. O quizá no tanto: el resistible ascenso de Susana Díaz tiene un elemento de auténtico populismo. Lo da la tierra. La izquierda andaluza da líderes como Cañamero o como Sánchez Gordillo. Es la tradición del espartaquismo agrario que estudiara Bernaldo de Quirós. Y algo de ese espartaquismo se le ha pegado a presidenta de Andalucía, bien que desmentido por una probada capacidad de intriga y maniobra y una fría obstinación en sus designios que añaden al espartaquismo unos trazos de lady Macbeth.

La aventura que parece Sánchez decidido a emprender (los dioses lo acompañen, que va a necesitarlos) puede calificarse como su "momento maquiaveliano" en la acepción del ilustre John Pocock. Es la reivindicación del espíritu cívico republicano del siglo XVI trasladado al presente, con una formulación de izquierda que se complementa con la separación de la Iglesia y el Estado y el replanteamiento de la estructura territorial de este mediante algún tipo de fórmula que sea de aceptación general. Tengo mis dudas de si Sánchez conseguiría el apoyo mayoritario del PSOE a un programa republicano, laico y plurinacional. Incluso tengo mis dudas hasta qué punto el propio Sánchez lo suscribe.

Y es eso o la servidumbre.

El franquismo sociológico

Con motivo del 18 de julio, exaltación del golpismo militar delictivo español, los de TeleSUR me hicieron una entrevista que van a ir poniendo por fases. Según me vayan llegando, las iré subiendo. En este caso se trataba de ver si podíamos identificar eso que llamamos el franquismo sociológico, es decir ese veinticinco o treinta por ciento de la población directa indirectamente beneficiados por la dictadura, su arbitrariedad, su corrupción, su favoritismo. Más o menos, el pocentaje de votantes fieles del PP, partido franquista, fundado por un ministro de Franco y poblado hasta las tejas de nostálgicos del franquismo, herederos ideológicos y biológicos de la dictadura. Cuando se dice dictadura se dice un régimen ignominioso, tiránico, brutal, que infantilizó a la población, sometida al terror y el sistemático lavado de cerebro de los falangistas, los medios de comunicación, la Iglesia, el sistema educativo, etc. Se dice una población despojada de sus derechos fundamentales, acobardada, imposibilitada de protestar y, en buena medida -en la medida de este "franquismo sociológico"- feliz de intercambiar libertad y dignidad humana por la aparente seguridad del paternalismo más despreciable.

Volveremos sobre todo ello llegado el momento.

La neurosis española

80 aniversario del golpe de Estado protagonizado por un militar perjuro y felón que desembocó en tres años de cruenta guerra civil. Tras la guerra, el mismo militar y sus cómplices instauraron un régimen genocida, de terror, dedicado al exterminio de todos quienes no fueran sus partidarios. Aquel régimen de delincuentes erigió un remedo de Estado y ordenamiento jurídico que acabó siendo reconocido por la vía de hecho por los demás países.

Durante toda la dictadura España siguió siendo un régimen de hecho, pero no de derecho. Y así sigue a día de hoy porque, mientras no se reconozca el delito cometido hace hoy 80 años, no se haga justicia con los responsables y no se resarza a las víctimas, en puridad del concepto, no podrá hablarse de Estado de derecho. Ni 40 ni 400 años de ejercicio del poder pueden convertir a una banda de criminales y asesinos en un gobierno respetable de gentes honradas. 

Y ese es el problema que sigue impidiendo la plena homologación de España con las naciones civilizadas y democráticas. Un país en el que sigue habiendo más de cien mil personas asesinadas y enterradas en fosas comunes a las que no se ha hecho justicia es un país enfermo, que no puede mirar a su pasado ni puede encontrar paz en el presente.

Durante los cuatro años de gobierno de los neofranquistas del PP, se ha paralizado el tímido e  insuficiente intento de hacer justicia de la Ley de la Memoria Histórica. Una prueba obvia de que los herederos biológicos e ideológicos de los criminales de julio de 1936 siguen en sus trece y pretenden que el país olvide su deber de conciencia para con las víctimas del genocidio franquista.

La verdad es que, en esta lamentable actitud de olvido participa desde el comienzo la izquierda, que debiera ser quien presionara sin descanso para que se haga justicia al más inhumano, más cruel y despiadado episodio de la historia de España. El error comenzó con la propuesta de "reconciliación nacional" que hicieron los comunistas en el exilio en los años 60. Los franquistas entendieron el mensaje y, durante la transición, engañaron a todo el mundo con una ley de amnistía que también los amnistiaba a ellos y una izquierda ingenua acabó aceptando como justa una ley de punto final. Pero que una ley inicua sea aceptada como justa no la hace menos inicua.

Y los torturados, asesinados, los exiliados, los niños robados, las gentes expoliadas, quedaron en el olvido, al margen de toda justicia.  La corrupción fundamental sobre la que estaba erigida la dictadura de Franco, esto es, la conversión de la delincuencia y la ilegalidad en legalidad y viceversa ha llegado al día de hoy porque la transición cambió una "constitución" irrisoria por otra que ha acabado siendo tan irrisoria como la anterior, pero no cambió en absoluto el conjunto del ordenamiento jurídico. Y es aquel ordenamiento jurídico de la dictadura, perverso y degenerado, en el que, al modo de Orwell, la ilegalidad era la legalidad, el delincuente, inocente y el crimen una virtud, el que explica por qué la corrupción es un fenómeno endémico en España: porque es herencia del régimen de Franco, contrario a todo principio de derecho.

Pero, como sucedía en el mundo griego, como sucede en Antígona, si los muertos no son honrados, los vivos no conocerán la paz. Por mucho que estos franquistas del gobierno, esta banda de presuntos malhechores y corruptos, trate de evitar que se haga justicia a la víctimas y los victimarios ocupen el lugar de deshonra e infamia que les corresponde, la justicia acabará imponiéndose. Mientras tanto, España seguirá siendo un país enfermo.

El golpe de Estado del Sobresueldos en Cuaresma

La vicepresidenta, a la que algunos llaman "Menina" y otros, más pérfidos, Maribárbola, anunció ayer, viernes, en rueda de prensa posterior al consejo de ministros, que el gobierno no pensaba comparecer en el Congreso a petición de este porque no está obligado a hacerlo pues fue investido por una Congreso anterior que ya no existe. De ahora en adelante, los conflictos que se den entre gobierno y Congreso habrán de dirimirse en la juisdicción contencioso-administrativa.

Es decir, la portavoz del gobierno se declaraba abiertamente en rebeldía y se ponía por encima del Congreso. Daba un golpe de Estado, al negarse a reconocer la competencia del Parlamento, constituido con arreglo a derecho, para controlar el gobierno.

El Sobresueldos, al amenazar a los catalanes (lo único que hace últimamente) los avisó de que, aunque el gobierno estuviera en funciones, la Constitución estaba plenamente vigente. Y la Constitución dice con toda claridad que el gobierno responde solidariamente ante el Congreso de los diputados. No este gobierno o aquel, no un gobierno en funciones o de pleno derecho. El gobierno. Punto. O sea, el órgano que preside el Sobresueldos y vicepreside Maribárbola.

Este gobierno no ha comparecido mucho ante el Parlamento al que, por su talante franquista, desprecia, ya que de 105 peticiones de comparecencia de la pasada legislatura solo respondió a cinco. Pero ahora, en efecto, se trata de otro Parlamento, uno que, es de esperar, muestre mayor dignidad y valor a la hora de defender sus prerrogativas frente a un gobierno que, según doctrina universalmente admitida, no puede ser otra cosa que un comité gestor de asuntos de la cámara. En su título V, la Constitución vigente obliga al gobierno en su conjunto y a cada uno de los ministros por separado a comparecer cuando la cámara lo reclame reglamentariamente. 

Es fácil de entender que para esta asociación de presuntos malhechores y franquistas palmarios, que se hicieron con el poder ilegítimamente, mintiendo en las elecciones de 2011, respetar los usos parlamentarios de una democracia es sumamente incómodo. Para ellos es más sencillo un sistema en el que el gobierno hace lo que le da la gana, ignora el órgano legislativo, actúa mediante decretos-leyes y no da cuentas nunca a nadie porque no. Es su estilo. El de Franco. El que han mantenido estos cuatro años, aprovechándose de una mayoría absoluta de diputados serviles en el Congreso, dispuestos a aplaudir y no cuestionar.

Pero las cosas han cambiado tras el 20D. El Parlamento se ha constituido y está en funcionamiento en pleno derecho. El gobierno esta en funciones, precisamente porque el Parlamento anda en la tarea de sustituirlo por otro que refleje mejor su composición. Pero, por estar en funciones, no queda libre del control parlamentario y sigue siendo un órgano con derecho a actuar siempre que goce de la confianza de la cámara.

Al declararse en rebeldía y negarse a comparecer, el Sobresueldos y Maribárbola se sitúan fuera de la legalidad constitucional y dan un verdadero golpe de Estado.

Ahora veremos si toda la cháchara de los partidos sobre el cambio, el progreso y la regeneración sirve para algo o es pura pantomima. Ante el reto franquista lanzado por esta banda de presuntos malhechores, todas las demás cuestiones pasan a segundo plano. El Parlamento no puede tolerar este desacato y tiene que actuar en contundencia. A ver si, por fin, recupera algo de la dignidad que perdió durante cuatro años, convertida en una cámara de tiralevitas.

Como el ataque es contra la Cámara en su conjunto, lo primero sería un pleno extraordinario con una moción de reprobación del gobierno en pleno y un aviso de que, de no comparecer a rendir cuentas en el plazo que se le indique y sobre lo que se le indique, el Parlamento comenzará los trámites para destituir al gobierno en un procedimiento extraordinario justificado por la rebeldía del ejecutivo.

Señorías: el Parlamento es el órgano máximo de poder del Estado. Es depositario de la soberanía popular. Puede hacerlo. Y debe.

Además de ladrones, fascistas

Dice la vicepresidenta, tratando de salvar a su jefe, el de los sobresueldos, que el gobierno no tiene por qué responder ante el Parlamento porque cuenta con la confianza del anterior y este es nuevo. Hace lo que acostumbra ya que, como no tiene ni idea de política ni sabe lo que es una democracia, recurre a una triquiñuela de rábula, tratando de enredar las cosas. Cualquier contencioso entre el gobierno y el Parlamento, dice, ha de ir por la vía de lo contencioso. Es decir, hay que sentarse y esperar.

¡Qué mal perder tienen los tramposos y sinvergüenzas! Todavía veremos espectáculos más lamentables que mostrarán la calaña de la tropa que ha estado cuatro años destruyendo este país.

A lo que vamos. Diga lo que diga la ratita hacendosa, la Constitución vigente, en su título V sobre las relaciones entre el gobierno y las Cortes generales es taxativa y en su artículo 108 lo dice con toda claridad: "El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los diputados". Sin excepción ni salvedad alguna. No dice si el gobierno es el de antes, el de ahora o el del valle de Josaphat y tampoco si el Congreso de los Diputados es el de ahora, el de ayer o el de mañana. Es el Gobierno. Es el Congreso de los Diputados.

Y que todos sepamos, el propio Sobresueldos lo dijo hace un par de días: que el gobierno estará en funciones y tendrá competencias limitadas, pero la Constitución está en pleno vigor y el ordenamiento jurídico también. Lo dijo, como siempre, para amenazar a los catalanes y, el muy ruiz se calló que eso con él no rezaba.

Es decir, el gobierno se ha puesto fuera de la Constitución y se ha declarado en rebeldía. Es más, lo que está haciendo es un intento de golpe de Estado con el fin de establecer una dictadura.

Vamos a ver si ahora el Parlamento tiene la decencia y el coraje que faltaron al anterior, convoca un pleno extraordinario y retira su confianza al gobierno o lo censura o lo destituye sin más. Vías puede encontrar las que quiera. El Parlamento es depositario de la soberanía popular y máximo órgano de poder del Estado. No puede tolerar un gobierno sin control parlamentario, un gobierno fascista.

Y si lo hace, sus señorías solo serán merecedoras del desprecio de la ciudadanía y deben dimitir de una responsabilidad a cuya altura no están.

No somos lo mismo.

Ahí andan los indepes discutiendo sobre qué base llegarán a un acuerdo para la formación de gobierno en Cataluña. Las posiciones de cada cual están claras y ahora se trata de encontrar un espacio compartido, al modo de un diagrama de Venn. En él se instalará el gobierno con un mandato cap a la independència que el de España no reconoce y reprimirá en cuanto comience la andadura.

El trabajo asoma ya mismo, como primera manifestación práctica de las elecciones del 27 de septiembre: la junta de gobierno de Memorial Democrático, un organismo de la Generalitat ha resuelto condenar políticamente al general Franco y la dictadura franquista y pedir la nulidad del juicio al presidente catalán Lluís Companys y del resto de procesos contra los represaliados.

Esa decisión debió tomarse en España hace cuarenta años. No se hizo entonces y tampoco se hizo después, cuando el gobierno Zapatero sacó adelante la conocida como Ley de Memoria Histórica en 2007. Era muy insatisfactoria porque reculaba precisamente ante el problema, el abismo insondable que plantea la decisión de Memorial Democrático: la condena al dictador Franco será política pero la petición de nulidad del proceso de Companys y resto de actuaciones judiciales solo puede hacerse con efectos jurídicos. 40 años de institucionalidad de la dictadura se hunden como San Francisco en 1905. Y, detrás vendrán las demandas patrimoniales porque los fascistas no solo asesinaron a mucha gente y la encarcelaron injustamente sino que perpetraron todo tipo de robos, expolios, confiscaciones fraudulentas. Mucha gente ha vivido muy bien de lo que robó a los republicanos vencidos, exiliados, fusilados. Por eso España no puede encarar con justicia su pasado, porque se construyó sobre una monstruosa injusticia cuyos testimonios se cuentan por decenas de miles en las fosas de las cunetas. El PSOE entrevió el oscuro rostro de la bestia del pasado español y decidió limitarse a abrir aquellas, pero sin anular nada ni pedir responsabilidades.

Ahora lo hará el Parlamento de Cataluña. No tengo duda de que aprobará la moción y tampoco la tengo de que el PP y C's votarán en contra. El PSC no sé. Salta al paso multitud de cuestiones sobre la eficacia y alcance jurídico de esta decisión. Se perfila una situación transitoria interesante: al condenar la dictadura es como si el Parlament declarara Cataluña territorio libre de franquismo en uso de su soberanía de hecho. Pero, al pedir la nulidad de las causas, ejerce el derecho de petición ante una autoridad que reconoce superior. Toda transición tiene sus contradicciones. Lo que está claro es que en Cataluña se acaba por fin el franquismo que, sin embargo, está muy presente en España, en callejeros, nombres, títulos, placas, monumentos, cruces, el Valle de los Caídos y la Fundación Francisco Franco.

El propio gobierno del Estado, ese que suprime la dotación presupuestaria de la Ley de la Memoria Histórica porque no está interesado ni siquiera en desenterrar a los asesinados, está compuesto por franquistas, bien de ascendencia familiar, bien ideológica o ambas vías a la vez.

No somos lo mismo.

Los presupuestos de la demagogia electoral.

Consideraciones sobre la utilización partidista y demagógica de los presupuestos generales del Estado en video en vivo y con el texto debajo.
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Los Presupuestos Generales del Estado de 2012 se retrasaron cuatro meses porque, siendo restrictivos, Rajoy temía que su conocimiento por la opinion redujera las expectativas de voto del PP en las elecciones de Andalucía de aquel año. Los del año 2016 se adelantan otros tantos meses aunque, al estar previstas elecciones generales en noviembre, la cortesía parlamentaria y la costumbre democrática ordenan que se aplacen hasta ver quién gobernará el año que viene. Ambos datos, el retraso de un lado y el adelanto del otro demuestran que el presidente del gobierno utiliza las cuentas del Estado, que son de todos, en beneficio de su partido, de su gobierno; en realidad, en beneficio de sí mismo que es lo único que le importa, para mantenerse en el poder al precio que sea. Retrasó los de 2012, llenos de recortes, para engañar a la gente y que esta votara sin conocimiento suficiente de causa. Adelanta los de 2016 y los embute de promesas falsas, de esas que incumple luego con toda tranquilidad.

Todo según lo habitual, pues el gobierno de Rajoy descansa exclusivamente sobre la mentira.

Presume de haber subido un 0,25% las pensiones, de acuerdo con la vergonzosa ley que aprobó al comienzo de la legislatura en lo que es una pérdida real de poder adquisitivo de los pensionistas. No sube las pensiones: la baja otra vez. Igualmente trata de comprar a los funcionarios prometiendo una subida del 1%, siendo así que estos perdieron un 5% con Zapatero y tienen sus salarios congelados desde hace cinco años. Tampoco sube a los funcionarios, sino que sigue empobreciéndolos. Y lo mismo con todos los colectivos más vulnerables. La técnica de la mentira es siempre igual: se anuncia una magra subida a bombo y platillo que, en realidad, oculta otro recorte. Es la regla de oro de la comunicación de estos franquistas: mentir siempre.

Es la táctica que utiliza esta organización de presuntos malhechores, con el sobresueldos a la cabeza. Se creen propietarios del país y de los fondos públicos que, al parecer, ya no son de todos, sino del PP y de su jefe que va por la vida repartiendo limosnas para ganarse la lealtad de los súbditos con el dinero que previamente les ha esquilmado. ¿O cree alguien que es casual que estos presupuestos prevean un 10% de aumento para Cataluña y practicamente nada a Castilla La Mancha? En absoluto: se quiere sobornar a Cataluña con unas migajas tras haberla expoliado y castigar a Castilla La Mancha por haber votado al PSOE, y dejarla sin las migajas siquiera.

Es el uso patrimonial y caciquil de la administración pública por la derecha, que no se limita solo a las cuentas del Estado. Hace lo mismo con todas las demás instituciones: colonizarlas, comprarlas, desnaturalizarlas, ponerlas a su servicio: los medios de comunicación públicos o los tribunales de justicia. Todo lo que el PP no puede instrumentalizar lo bicotea o lo destruye.

Es un ataque en toda regla al Estado de derecho por el partido neofranquista en el gobierno, cuya manifestación más grosera tendrá lugar el próximo 28 de septiembre, cuando los catalanes hayan votado y según lo que hayan votado.

No es que la presunta asociación de malhechores, con su presidente a la cabeza, el de los sobresueldos, no respete la democracia. Es que no sabe lo que es porque su espíritu sigue siendo el de la dictadura.

Puta barata podemita. Ta-ta-ta.

Efectivamente, "ta-ta-ta", es lo que hubiera gustado a este individuo, ametrallar a la portavoz socialista de su ayuntamiento de Villares del Saz, Cuenca. Así lo hacían sus antecesores ideológicos, los sublevados el 18 de julio de 1936, por cuyo retorno reza un cura en los Jerónimos de Madrid. Porque en España tenemos el raro privilegio de que 30 años después de una de las dictaduras más salvajes, estúpidas, inhumanas y ridículas que se han dado en el mundo, hay clérigos que honran la memoria del genocida y encomiendan su alma a su dios.

 

Suele decirse que este tipo de exabruptos son casos aislados, que no pueden ni deben generalizarse. Falso, absolutamente falso. Es el espíritu mismo del PP, fundado por otro matón, servil ministro de la dictadura, Fraga Iribarne, y en el que tienen acomodo todos los franquistas, hasta los más burros, como se ve en Cuenca. Basta con recorrer las noticias e ir seleccionando los casos: cachorros de las Nuevas Generaciones haciendo el saludo fascista o paseando la bandera de Franco; un alcalde diciendo que los asesinados por los franquistas se lo merecían; otro, que las mujeres están para violarlas; el amigo Hernando, portavoz del PP, un jayán pendenciero, insultando a las víctimas de los asesinatos franquistas; otro todavía más necio, Casado, que llama "carcas" a los de izquierdas por querer recuperar los restos de sus familiares o allegados, con lo que une el insulto a su supina ignorancia pues desconoce el significado de carcas; Sáenz de Buruaga, llamando "buena gente" a tipos que, como un antepasado suyo, son responsables de auténticas masacres; Miguel Platón, asegurando que la mano de obra esclava del Valle de los Caídos no era esclava sino gente que estaba allí voluntariamente y por la paga. En último término, la intención de la liberal Aguirre de denunciar al Ayuntamiento de Madrid si elimina los nombres de los asesinos franquistas del callejero pertenece al mismo tipo de actitud: la de quienes no solamente no condenan la sublevación de los fascistas ni la dictadura que erigieron, sino que la celebran y anhelan su restauración.

 

No, no son casos aislados ni impredecibles. Es política deliberada del PP, esa derecha que, según los acobardados liberales españoles Fraga había civilizado, no siendo cierto en modo alguno porque es tan agresiva, franquista y ridícula como siempre. O más, porque van sin complejos.

 

Es el propósito de no condenar el franquismo, no eliminar sus huellas, monumentos y homenajes, el de torpedear la Ley de la Memoria Histórica o, en los casos de las franquistas más contumaces, como Aguirre, incluso pedir que se derogue. No quieren que nada se revise, que nada se toque. Pretenden que todo quede como siempre, los cien mil asesinados en las cunetas, la iconografía franquista en las ciudades. Que no se reabran las heridas, que no vuelvan a encenderse los odios. Esta derecha tiene un problema psiquiátrico colectivo. No puede defender su pasado. Al contrario, trata de ocultarlo y negarlo porque le pesa en la conciencia. Es un caso de neurosis, de acto rechazado, de recuerdo reprimido.

 

No, no se trata de exabruptos aislados. Pero tampoco se limita a esa mala conciencia de saberse herederos ideológicos de unos militares golpistas y unos curas cómplices. No serían ellos si esto quedara así. El franquismo no fue solamente una dictadura que suprimió el Estado de derecho e instaló un régimen criminal. También fue un expolio, un robo organizado y sistemático. Los vencidos quedaron a merced de los vencedores, quienes no solamente los persiguieron, torturaron y fusilaron sino que, además, les robaron sus pertenencias, propiedades, títulos, casas, empresas, tierras, hijos. Y todo para lucro personal de los vencedores. Antonio Maestre muestra cómo muchas de las empresas que cotizan en el IBEX 35 se originaron en el expolio franquista de los vencidos. Muchas fortunas actuales se hicieron arrebatándoles sus propiedades, despojándolos de sus pertenencias. La fortuna de la señora Gomendio, por ejemplo, hasta hace poco secretaria de Estado de Educación se origina directa o indirectamente en la dictadura o como resultado de la actividad criminal de su bisabuelo, el general Kindelán, responsable del bombardeo de Gernika y a sueldo del Foreign Office británico durante la guerra. Hicieron una guerra para robar y en ello siguen.

 

¿Cómo va a querer esta gente que se haga memoria histórica, que se haga justicia a las víctimas, que se sepa la verdad? Se empieza desenterrando a los asesinados y se termina teniendo que dar cuenta del origen de la fortuna y/o riqueza de que se disfruta. Y eso es algo inadmisible para una gente acostumbrada a un país, que considera suyo, sin libertades y en el que media población vive a base de de explotar a la otra media. Si condenara, quizá tendría que empezar a devolver lo robado en su día.

 

Y mientras llega ese momento y por si acaso, insultan a mansalva pues, de momento, no pueden volver a fusilar.