Puigdemont es el legítimo presidente de la Generalitat y, cuando, tras la ronda de consultas con los grupos, el presidente del Parlament legalmente constituido proponga un candidato, será el exiliado en Bruselas. Desde el punto de vista de los indepes se trata de una reposición, ya que el hoy candidato a la investidura no ha dejado nunca de ser el presidente legítimo. Desde el del B155 es una investidura nueva porque Puigdemont hoy es el expresidente de la Generalitat. El asunto es interesante, pero ocioso porque el gobierno pretende, según dice, impedir la investidura de Puigdemont por el método que sea. No va por el cargo; va por el hombre; por el hombre como símbolo de un pueblo. Es una cacería.
Para no aburrir con los sobrados títulos a la investidura de Puigdemont remito al lector a un espléndido artículo de Antoni Bassas que explica ese asunto y otros de este jaez maravillosamente.
Así, ¿qué razones aduce el gobierno para impedir la investidura de Puigdemont? Decía El País el otro día que el MHP "desafía la ley". Pero eso es falso porque no hay ninguna ley que prohíba a Puigdemont ser investido telemáticamente. Ya vimos que el diario llama "ley" al capricho personal de M. Rajoy a través de su interpretación del artículo 155. En España la ley es la voluntad omnímoda de M. Rajoy que se jacta de destituir gobiernos democráticamente elegidos (sic) y de cerrar parlamentos como prueba de la solidez del Estado de derecho español, una democracia fuerte, capaz de defenderse como se demuestra encarcelando primero a unos políticos pacíficos y buscando luego el modo de achacarles algún delito.
Eso es el esperpento y no la investidura telemática de Puigdemont.
La voluntad de M. Rajoy es la ley en España. Añade el susodicho dos atributos de esa ley/voluntad para que se vea su fidelidad a la doctrina de la voluntad/ley: a) es igual para todos; b) hay que cumplirla. Ambas falsas. El propio M. Rajoy y su ministra de Defensa, más conocida como anticipollino, enviaron un contingente militar a Letonia saltándose la ley que obliga a una autorización previa del Congreso. Y no es la primera vez. Está claro: no todos tienen que cumplir la ley y, además no es igual para todos pues con el mismo gobierno no reza. Esto se llama dictadura.
La dictadura ama el secreto. Por eso se ocultó el envío de tropas y se ocultó también que el coste de esta operación fue de 63 millones de euros. Igual que el coste de ese vergonzoso desastre de los piolines costó 87 millones de euros, cosa de la que acabamos de enterarnos porque el gobierno declaró secreto el monto del coste. No hay dinero para la seguridad social, ni las pensiones, ni el desempleo, ni los dependientes, ni las escuelas, pero sí para dilapidar en secreto cientos de millones en operaciones estúpidas y/o desastrosas. Y también para seguir mangando cargando al contribuyente los miles de millones del pelotazo pepero de las radiales de Madrid para volver a privatizarlas.
No me digan que esto no es una burla sangrante, aunque sigue sin llegar al ultraje a la decencia que supone que Junqueras esté en prisión y Urdangarin en libertad.
Porque todo es secreto en la dictadura. Toda la corrupción de la dictadura ha sido y es secreta. Cifuentes no quería entregar los papeles del Canal, al otro se le perdían los expedientes incriminatorios, la Operación Cataluña, top secret estilo Mortadelo y Filemón. Todo secreto.
Del secreto se ha contagiado la judicatura. El magistrado Llarena ha abierto pieza separada en la causa contra el independentismo y la ha declarado secreta por quince días. La justicia democrática es pública. Solo por razones excepcionales y claramente motivados pueden admitirse procedimientos secretos. Puede que las partes, a las que se ha comunicado la decisión, se den por satisfechas con la explicación, si la hay; pero el público tiene también derecho a conocer por qué motivo (por genérico que sea) se abre una pieza separada secreta. ¿O es que, así como la ley en España es la voluntad de M. Rajoy, la justicia es la voluntad del juez Llarena? Los tiempos de la "justicia" secreta, los de las lettres de cachet, pasaron a la historia aunque quizá no en España.
La histórica rivalidad entre el Tribunal Supremo y el Constitucional se nota en que este último, apuntado a la moda del secreto dictatorial, ha suspendido la comisión de investigación de la Generalitat sobre las cargas policiales del 1º de octubre. Es decir, declara secretas las cargas. Si la gente quiere informarse de lo que pasó puede visionar los cientos de vídeos sobre la violencia policial e ilustrarse con las glosas de los ministros, según los cuales, las fotos eran fakes (Dastis, de Exteriores), no demostraban que hubiera heridos de verdad (Catalá, de Justicia) y probaban que los violentos habían sido los manifestantes atacando a la policía (Zoido, de Interior).
Es un muro de desvergüenza y necedad.
Y tanta dictadura, incompetencia, secreto (con expolio), ¿a qué viene? A la última razón de Estado, Cataluña, en cuyo nombre, para cuyo fin, todo medio es bueno, como enseña la doctrina jesuita. Y todo es todo.
Por eso, porque hemos llegado hasta aquí en el destrozo provocado por esta manga de incompetentes corruptos y nacionalcatólicos, es urgente laa vuelta a la normalidad institucional: retirada del 155, restablecimiento del gobierno legítimo de la Generalitat y dimisión de un presidente de un gobierno que ha sido una verdadera plaga para el Estado.
Y de la izquierda española mejor es no hablar.
