La dictadura, el secreto y la razón de Estado

Puigdemont es el legítimo presidente de la Generalitat y, cuando, tras la ronda de consultas con los grupos, el presidente del Parlament legalmente constituido proponga un candidato, será el exiliado en Bruselas. Desde el punto de vista de los indepes se trata de una reposición, ya que el hoy candidato a la investidura no ha dejado nunca de ser el presidente legítimo. Desde el del B155 es una investidura nueva porque Puigdemont hoy es el expresidente de la Generalitat. El asunto es interesante, pero ocioso porque el gobierno pretende, según dice, impedir la investidura de Puigdemont por el método que sea. No va por el cargo; va por el hombre; por el hombre como símbolo de un pueblo. Es una cacería.

Para no aburrir con los sobrados títulos a la investidura de Puigdemont remito al lector a un espléndido artículo de Antoni Bassas que explica ese asunto y otros de este jaez maravillosamente.

Así, ¿qué razones aduce el gobierno para impedir la investidura de Puigdemont? Decía El País el otro día que el MHP "desafía la ley". Pero eso es falso porque no hay ninguna ley que prohíba a Puigdemont ser investido telemáticamente. Ya vimos que el diario llama "ley" al capricho personal de M. Rajoy a través de su interpretación del artículo 155. En España la ley es la voluntad omnímoda de M. Rajoy que se jacta de destituir gobiernos democráticamente elegidos (sic) y de cerrar parlamentos como prueba de la solidez del Estado de derecho español, una democracia fuerte, capaz de defenderse como se demuestra encarcelando primero a unos políticos pacíficos y buscando luego el modo de achacarles algún delito.

Eso es el esperpento y no la investidura telemática de Puigdemont.

La voluntad de M. Rajoy es la ley en España. Añade el susodicho dos atributos de esa ley/voluntad para que se vea su fidelidad a la doctrina de la voluntad/ley: a) es igual para todos; b) hay que cumplirla. Ambas falsas. El propio M. Rajoy y su ministra de Defensa, más conocida como anticipollino, enviaron un contingente militar a Letonia saltándose la ley que obliga a una autorización previa del Congreso. Y no es la primera vez. Está claro: no todos tienen que cumplir la ley y, además no es igual para todos pues con el mismo gobierno no reza. Esto se llama dictadura.

La dictadura ama el secreto. Por eso se ocultó el envío de tropas y se ocultó también que el coste de esta operación fue de 63 millones de euros. Igual que el coste de ese vergonzoso desastre de los piolines  costó 87 millones de euros, cosa de la que acabamos de enterarnos porque el gobierno declaró secreto el monto del coste. No hay dinero para la seguridad social, ni las pensiones, ni el desempleo, ni los dependientes, ni las escuelas, pero sí para dilapidar en secreto cientos de millones en operaciones estúpidas y/o desastrosas. Y también para seguir mangando cargando al contribuyente los miles de millones del pelotazo pepero de las radiales de Madrid para volver a privatizarlas.

No me digan que esto no es una burla sangrante, aunque sigue sin llegar al ultraje a la decencia que supone que Junqueras esté en prisión y Urdangarin en libertad.

Porque todo es secreto en la dictadura. Toda la corrupción de la dictadura ha sido y es secreta. Cifuentes no quería entregar los papeles del Canal, al otro se le perdían los expedientes incriminatorios, la Operación Cataluña, top secret estilo Mortadelo y Filemón. Todo secreto.

Del secreto se ha contagiado la judicatura. El magistrado Llarena ha abierto pieza separada en la causa contra el independentismo y la ha declarado secreta por quince días. La justicia democrática es pública. Solo por razones excepcionales y claramente motivados pueden admitirse procedimientos secretos. Puede que las partes, a las que se ha comunicado la decisión, se den por satisfechas con la explicación, si la hay; pero el público tiene también derecho a conocer por qué motivo (por genérico que sea) se abre una pieza separada secreta. ¿O es que, así como la ley en España es la voluntad de M. Rajoy, la justicia es la voluntad del juez Llarena? Los tiempos de la "justicia" secreta, los de las lettres de cachet, pasaron a la historia aunque quizá no en España. 

La histórica rivalidad entre el Tribunal Supremo y el Constitucional se nota en que este último, apuntado a la moda del secreto dictatorial, ha suspendido la comisión de investigación de la Generalitat sobre las cargas policiales del 1º de octubre. Es decir, declara secretas las cargas. Si la gente quiere informarse de lo que pasó puede visionar los cientos de vídeos sobre la violencia policial e ilustrarse con las glosas de los ministros, según los cuales, las fotos eran fakes (Dastis, de Exteriores), no demostraban que hubiera heridos de verdad (Catalá, de Justicia) y probaban que los violentos habían sido los manifestantes atacando a la policía (Zoido, de Interior).

Es un muro de desvergüenza y necedad.

Y tanta dictadura, incompetencia, secreto (con expolio), ¿a qué viene? A la última razón de Estado, Cataluña, en cuyo nombre, para cuyo fin, todo medio es bueno, como enseña la doctrina jesuita.  Y todo es todo.

Por eso, porque hemos llegado hasta aquí en el destrozo provocado por esta manga de incompetentes corruptos y nacionalcatólicos, es urgente laa vuelta a la normalidad institucional: retirada del 155, restablecimiento del gobierno legítimo de la Generalitat y dimisión de un presidente de un gobierno que ha sido una verdadera plaga para el Estado.

Y de la izquierda española mejor es no hablar.

La dictadura del 155

Mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado El dia després, versa sobre uno de los dos asuntos que más nos importan ahora: el primero es si, de aquí al 21 de diciembre, puede seguir la campaña de estas elecciones ilegales, ilegítimas e impuestas sin que el bloque franquista del 155 (PP, PSOE, C's) recurra a más trampas y/o provocaciones, sin que aumente la represión, sin que incite más a la violencia, sin que la haya y sin que caigan en la tentación de alterar las regla del juego prohibiendo, por ejemplo, algún partido independentista o todos ellos. Es capaz. Sabe que tiene las elecciones perdidas y carece de escrúpulos. Puede hacer cualquier cosa. Por eso hay que estar muy vigilantes y no caer en sus provocaciones ni darle pie a alguna de sus maniobras.

El otro asunto es si el bloque franquista respetará el resultado de las elecciones si, como, todo hace suponer, ganan los independentistas. Es un asunto del día siguiente. El PP y el PSOE ya han dicho que no, que no lo respetarán porque, si gana el independentismo, seguirán aplicando la dictadura "constitucional" del 155. C's no hace falta que diga nada: tampoco lo respetará. En cuanto a Podemos, de quien no se sabe aun si respetará o no (que ambas posibilidades tiene), es irrelevante lo que diga porque, gracias a la incompetencia mental de sus dirigentes, no pinta nada en Cataluña ni en España. La cuestión es si el bloque franquista puede mantener su negativa a aceptar los resultados de las elecciones ante la presión de la UE. Y ahí se juega esta partida.

La versión castellana:

El día después

La dictadura del 155, sostenida en el triunvirato de Rajoy, Sánchez y Rivera sabe que va a perder las elecciones del 21D. Por eso han lanzado a sus medios de comunicación a fabricar sondeos y encuestas que den resultados distintos, en la vana esperanza de alterarlos. Todos los medios de comunicación que marcan el paso unionista tratan de salvar los muebles del PP, transfiriendo sus votos a C ‘s por si consiguen que la gente vea en la formación naranja algo distinto de la vieja oligarquía nacionalcatólica y franquista que lleva años saqueando el país. Los medios del grupo Prisa son los más decididos defensores de este trasvase de votos de la derecha a la derecha para contener en algo el avance del independentismo y su inevitable victoria el 21/.

Las manipulaciones de los sondeos y encuestas para vender liderazgos ridículos como si respondieran a necesidades reales de la población están a la orden día. Corren parejas con las condiciones claramente abusivas, injustas, dictatoriales en que estas elecciones están celebrándose. Son unos comicios ilegales e injustos, impuestos a la fuerza por la derecha españolista del 155 y organizados como un ejemplo evidente de juego sucio que nada tiene que ver con la democracia. La desproporción entre las posibilidades y medios (incluidos los ilegales a los que recurren igualmente) de los candidatos de la derecha española (PP, PSOE, C’s y la abstención favorable de Podemos) y de los indepes catalanes es abrumadora. La Junta Electoral Central convertida en agencia de transmisión del gobierno, se encarga de los golpes bajos, de reprimir la libertad de expresión de una de las opciones, de coartar los derechos de sus candidaturas. Y los jueces y tribunales. Y la policía y la Guardia Civil, y los medios de comunicación: todos incorporados a una campaña electoral abusiva y tramposa que, probablemente, también estará financiada con los fondos ilegales de la corrupción que, al parecer, manejan con igual soltura el PP y el PSOE.

Frente a ellos unas candidaturas sin medios ni recursos, hostigadas y perseguidas, sometidas a amenaza permanente de ilegalización, con sus candidatos y dirigentes en prisión o en el exilio y que, sin embargo, van a ganar porque cuentan con algo que la derecha española no tiene: el apoyo de la mayoría de la gente catalana, la voluntad de un pueblo de conquistar su libertad por sí solo, que ya ha demostrado en sucesivas ocasiones, hitos en el proceso de emancipación nacional: el referéndum del 1º de octubre, la huelga general del 3, la declaración de independencia del 27, la manifestación de Bruselas del 7 de diciembre y, próximamente, el 21 de diciembre, del que saldrá un mandato expreso para implementar la República catalana.

Por la voluntad de la gente, no de las maniobras de los partidos, las conjuras de los políticos, las presiones de las empresas, los maleficios de la iglesia, las provocaciones de los fascistas o las mentiras de los esbirros en los medios. La voluntad de la gente catalana que se ha puesto en marcha y forma una unidad con unos dirigentes que han entendido el mensaje.

Por eso, el franquismo del bloque del 155 ya anuncia a las claras que no aceptará el resultado de las elecciones si no le place. Que seguirá aplicando la medida ilegal de excepción con la que tiene a Catalunya intervenida, ocupada y expoliada. Incógnita despejada.

¿Y Catalunya? ¿Puede aceptar que la derecha española no acepte el resultado? ¿Y la UE? ¿Puede esta también aceptar una no aceptación de parte de la dictadura española? Es evidente que no; en ningún caso.

Si el régimen español no acata el resultado de las urnas (ese régimen cuyos jueces, convertidos en inquisidores, exige acatamiento de sus inicuas normas a los presos políticos), se intensificará la rebeldía social catalana y se generalizará la desobediencia civil e institucional. Recuérdese, cuando se planeó encarcelar al govern y sus máximos dirigentes, los más franquistas del gobierno y la oposición española argumentaban que la represión no provocaría respuesta social. Todo lo más, un par de semanas de alguna agitación y se volvería a la normalidad, como había pasado en el País Vasco con el encarcelamiento de Otegi. Vamos para los dos meses de prisión de los indepes catalanes y la movilización social de protesta no solo no ha amainado, sino que se ha fortalecido y se ha internacionalizado. La manifestación de Bruselas del 7 de diciembre mostró a los ojos del mundo la verdadera naturaleza de un problema: un estado autoritario, antidemocrático, regido por presuntos delincuentes trata de extirpar por la violencia, a sangre y porrazos un amplio movimiento democrático y pacífico de reivindicación nacional de una minoría nacional maltratada.

Y lo mismo pasará con la UE, que tampoco podrá aceptar que el bloque franquista del 155 no acepte el resultado electoral.

Lo importante, en consecuencia, será el día 22, cuando definitivamente se verá si Cataluña consolida libre e independientemente su República o el Estado español abandona toda pretensión democrática y se declara en la forma lo que ya es el fondo una dictadura.

Miedo al amarillo

Me sumo a las críticas a la acción de la Junta Electoral Central claramente sesgada a favor de la opción unionista. Está claro que, por su composición, este órgano no puede garantizar juego limpio en la campaña, dado el carácter referendario de la consulta. La Junta está compuesta por miembros en representación de los partidos dinásticos, unionistas, sin duda mayoritarios en España; pero no en Cataluña, en donde son minoritarios. El órgano no es representativo y, en consecuencia, no puede ser imparcial, pues la parte mayoritaria no está representada.

Pero estos asuntos, siendo importantes, no son decisivos. Los decisivos son los que atañen a la eficacia de la Junta. La catarata de prohibiciones, interdicciones y supresiones que produce este órgano, poseído de un activismo casi frenético, quiere aquietar, sino aniquilar, el impulso y la movilización inependentistas. Seguramente todas las medidas adoptadas tienen apoyatura en algún texto legal. Es probable que haya alguna norma, decreto, orden, o providencia que declare inicuas y condenables expresiones como "presidente del gobierno en el exilio" o "presos políticos". También lo es que habrá reglas sobre lo que los interventores, apoderados, etc puedan llevar en el ojal de la americana. 

La acción de esta Junta, que es una correa de transmisión del gobierno, estará mejor o peor razonada en términos de legalidad, esos en los que se enreda Rajoy, pero tiene un efecto obviamente contraproducente. Tan obvio que es extraño que no lo vean. Meterse a dar órdenes en las formas de expresión y comunicación libres de la sociedad, que enseguida se hacen invisibles porque se asimilan, es garantizar que estas cobran nuevos bríos, nuevas fuerzas. La mejor manera de animar un movimiento de protesta es hostigarlo, reprimirlo cuando no es posible exterminarlo que es como la derecha entiende deben resolverse los conflictos políticos.

Los nazis obligaban a los judíos a llevar una estrella de David amarilla; estos obligan a los cargos de los partidos a quitarse el lazo amarillo, al Ayuntamiento de Barcelona a quitar también el amarillo. Barcelona va a llenarse de amarillo. Ya he visto digitales en amarillo, las redes vienen en groc. Querían apagar el amarillo, el color del escándalo, y lo han avivado. 

A eso me refería más arriba con lo de la eficacia. La imagen que el bloque del 155 está dando es escalofriante. Amparado en el 155, el ministro Méndez de Vigo ha zanjado por su buen criterio y capricho un contencioso entre Cataluña y Aragón por un patrimonio histórico, a favor de Aragón. Amparado también en el 155, el ministro Dastis, de Exteriores, decide extender la prohibición de libertad de expresión de España a Bélgica y tiene el aplomo de pedir a Puigdemont que no haga declaraciones, que no hable, que se calle. Justo lo que están haciendo en Cataluña.

Con un 155 verdadero paraguas de la arbitrariedad gubernativa, la única garantía que cabe el 21D es la presencia de observadores extranjeros. ¿O es que no ha demostrado ya suficientemente este gobierno en minoría parlamentaria que es capaz de todo? En el todo entra confiar el recuento a una empresa que garantice el pucherazo. 

Aguas bravas

La revolución catalana ha entrado en zona de rápidos. Los dieciocho meses de la anunciada hoja de ruta transcurrieron más o menos según lo previsto en medio de la indiferencia, la incomprensión y el desdén de las autoridades centrales y sus oposiciones. La prometida transición de la autonomía a la pre-independencia culminó cuando el pasado 27 de octubre, el Parlament votó la independencia de Cataluña en cumplimiento del mandato recibido en el referéndum del 1/10. Éxito rotundo.

Precisamente ese éxito provocó la abrupta respuesta del gobierno de activar el 155 y entrar a saco en el autogobierno de Cataluña, convocando al mismo tiempo elecciones autonómicas para el 21 de diciembre. El 155 es, en realidad, una ley de plenos poderes puesto que el único limite es el control del Senado, en donde el partido de la Gürtel tiene mayoría absoluta. Es una dictadura sin más, amparada en un artículo de la Constitución para cargarse la Constitución, para suspenderla sin decirlo, para hacer normal el estado de excepción. El empleo de la coerción es máximo, teniendo en cuenta que el bloque independentista mantiene su actitud radicalmente pacífica.

Fastidia mucho pero debe recordarse que, en todos estos años, la violencia en Cataluña solo ha venido de fuera, con las fuerzas de seguridad y militares de la Guardia Civil y las bandas de nazis, sembrando el terror por donde pasan.

Ese espíritu de resistencia pacífica es el que va a encontrar la administración colonial que pretende gobernar Cataluña como gobierna el conjunto de España. Descabezado el movimiento, con unos dirigentes en la cárcel y otros que se han salvado por los pelos pero están en el exilio, el cálculo de la autoridad ocupante es que esa resistencia se mostrará los primeros días y, luego, irá amainando hasta apagarse por entero.

Efectivamente, es una posibilidad. Pero una que choca con dos hechos: uno pasado y otro presente. El pasado es el referéndum del 1/10, los tres millones de votantes, los dos millones doscientos mil votos con un 90% de síes, los más de mil heridos. Es un hecho que supone un legado y un compromiso ahora. Porque el independentismo es un proceso vivo, no un plan de laboratorio y se siente moralmente obligado a continuar una tarea que viene de atrás. El presente es la realidad de una sociedad muy movilizada y organizada en redes con un gran dominio del universo internet. Una estructura, una organización distribuida, no necesitada de grandes jerarquías, capaz de actuar con rapidez y que solo necesita comunicación con sus líderes, cosa imposible de impedir en nuestra era. 

Y esa es la cuestión. ¿En dónde deben estar los líderes? Sin duda hasta cuando están en la cárcel, como los dos Jordis, mantienen un grado alto (aunque mermado) de visibilidad y capacidad de orientación como símbolos. Pero serán más útiles a los fines colectivos manteniendo plena capacidad operativa, esquivando la prisión y constituyéndose en el exilio. Aquí interviene la habitual mala fe del debate político, cuando muchos críticos entienden el paso de Puigdemont a Bruselas, como una huida, una cobardía, un dejar en la estacada a sus seguidores. La política es así: si, además de criticar al enemigo se puede desmoralizarlo, seguro que se hace. 

Sin embargo, la marcha al exilio de Puigdemont tiene más interpretaciones. En primer lugar, mayor internacionalización del conflicto, más debate, más escándalo, más atención internacional sobre la situación en Cataluña, cosa que odian el gobierno y su auxiliar, el PSOE. Con ello, además, mantenimiento de la legitimidad de la República Catalana en el exterior con la expectativa de que haya reconocimientos. En segundo lugar, conservación del liderazgo del independentismo. La cabeza está en el exilio; pero está y en fluida comunicación con las redes del movimiento. Las acibaradas dudas sobre si Puigdemont huye o se mantiene en su puesto chocan con una experiencia: desde el comienzo de la hoja de ruta no ha fallado nunca. El exilio y el reino. La República frente a la Monarquía.

El asunto entrará en los intríngulis judiciales, unas corridas que no serán tan prolongadas como la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el aborto pero tampoco tan rápidos como las prohibiciones que ese mismo tribunal llueve sobre Cataluña prácticamente a diario. Tanto que hay quien lo llama TCpC, Tribunal Constitucional para Cataluña.

La ocupación del Principado tiene como objeto organizar las elecciones del 21D. El independentismo se inclina por participar. La ANC ya lo pide claramente. Esta previsión de elecciones ipso facto tiene pinta de ser una exigencia exterior. La vicepresidenta calculaba un plazo de seis meses 155 en ristre y quizá más. En dos meses hay una alta probabilidad de que el resultado sea una mayoría independentista. En todo caso, pues Europa está atenta, el partido de la Gürtel no podrá hacer las habituales trampas o, al menos, no tan descaradas. Y, por su formidable inteligencia se encuentra, al organizar estas elecciones con que, en realidad, está organizando el referéndum que quería evitar a toda costa.

Porque, es obvio, no pueden hacerse trampas. No cabe ilegalizar las opciones independentistas, ni excluir de las candidaturas a los represaliados. Puede ser un voto masivo independentista para sacar a los Jordis de la prisión y devolver su cargo a los miembros del Govern.

"¡Ah!"- afirma el vicepresidente del Senado, - "si vuelven a ganar los indepes, volvemos a aplicar el 155". Bienaventurados los pobres de Espíritu porque de ellos será el Senado. Eso ya sería la reválida de la dictadura.

Golpe de Estado en nombre de la ley

El gobierno más corrupto, sostenido por un partido al que los jueces consideran una presunta asociación de malhechores, anunció ayer un verdadero golpe de Estado, dice que para defender la legalidad, la Constitución y el Estado de derecho. Una legalidad arbitraria e injusta, una Constitución que el mismo PP ataca con tan pocos miramientos como cuando sus fundadores franquistas votaron en contra de ella, y un Estado de derecho sin separación de poderes pues es el mismo gobierno que ignora el Parlamento, tiene al poder judicial a su servicio y controla todos los medios de comunicación. O sea, un poder corrupto y dictatorial anuncia un golpe de Estado que perpetrará en cuanto el Senado (que también controla con mayoría absoluta) dé el visto bueno a una aplicación del 155 mucho más allá de sus previsiones, en realidad, un artículo 116, un estado de excepción no declarado.

Para esta nueva fechoría cuenta con el apoyo del Rey y de los otros dos partidos dinásticos, C’s y PSOE. El respaldo ya expreso y reiterado del Monarca ha convertido a la Corona en parte beligerante en el conflicto y liga su suerte al más que dudoso triunfo del golpe. Al igual que su bisabuelo, el Rey se ha aliado con la dictadura. Tendrá su mismo final.

En cuanto al respaldo de los otros dos partidos dinásticos, el de C’s se daba por descontado. Ahora también lo está el del PSOE que, en tres meses (de julio a octubre), ha pasado de rechazar el 155 a apoyar fervorosamente su aplicación, de pedir la dimisión del de los sobresueldos por la corrupción y la catastrófica gestión del conflicto catalán a convertirse en su más firme apoyo. Al extremo de que el PP se vale de Sánchez como su portavoz exterior. El PSOE justifica este disparate invocando la “razón de Estado”, como si el Estado cuya razón invoca no fuera el de la tradicional oligarquía parásita, nacional-católica y catalanófoba que está en el origen mismo del conflicto. Este servilismo le hará perder el escaso apoyo que tenía en Cataluña y mucho del que conservaba en el Estado. Es una de las facetas del desastre que el independentismo catalán ha ocasionado en la izquierda española, incapaz de articular alguna alternativa al uso de la fuerza bruta.

La intervención anunciada por el bloque nacional español, en realidad, sigue siendo una baladronada por ver si la Generalitat retrocede y no es necesario pasar a mayores. Entre otras cosas porque no sabe cómo hacerlo, no está claro si puede y menos aun si la UE lo va a permitir. El gobierno quiere cañonear la Generalitat, pero el pago de la deuda y la prima de riesgo le han mojado la pólvora.

Dicen los golpistas que no se suspende la autonomía catalana (en realidad, el 155 no lo permite) sino que se limitan a sustituir sus cargos por otros designados a dedo en Madrid. Es una mentira tanto más irrisoria cuanto que, siendo innecesaria, ha puesto de relieve la condición colonial de Cataluña que el nacionalismo español siempre ha negado. Al gobernar el Principado desde Madrid, lo tratan como una colonia y dan la razón al independentismo cuando reivindica el derecho de autodeterminación por considerar Cataluña una colonia. Y lo es. El bloque nacional así lo confirma.

Otras mentiras adornan esta decisión demencial (demencial en la actual situación de España), como la de que la intervención será mínima. Al contrario, quiere ser máxima, pues se propone destituir al govern en pleno, clausurar de hecho el Parlamento, controlar las fuerzas de seguridad y adueñarse de los medios de comunicación públicos para ponerlos a su servicio. De los jueces no hablan porque ya los tienen. Intervención máxima, un golpe de Estado civil en toda regla. Apoyado por el PSOE que ha pasado también de acusar a la Generalitat de golpista a serlo él mismo.

Dice el bloque que todo acabará en tres meses, cuando se haya restaurado la normalidad y se convoquen elecciones. Una normalidad que solo él rompió con el hostigamiento a los indepes antes del referéndum y la jornada de vandalismo policial durante la votación el 1/10.

Probablemente, además, esas elecciones no se celebrarán y mucho menos cuando los golpistas las prevén. Hasta es posible que haya elecciones generales antes en España que en Cataluña. Es una de las cartas de Rajoy para prolongar su mandato con un posible triunfo electoral por mayoría guerrera y abrumadora. Desde luego,las autonómicas no se celebrarán o no lo harán en la fecha prevista porque, como ya suponía ayer Palinuro, la Generalitat no va a ceder.

Después de la cavernosa amenaza de Rajoy, aplaudida por sus palmeros, el gobierno recibió una múltiple respuesta desde Cataluña que apunta a la confrontación, unida en la consigna que se coreaba ayer en la enorme manifestación en Barcelona contra el encarcelamiento de los dos Jordis: No pasarán. A más de algún socialista le estarán zumbando los oídos de vergüenza. No pasarán.

Después de la manifestación, las distintas instituciones hicieron pública su posición:

Los mossos d’esquadra no aceptarán ser dirigidos por otros mandos que los de la Generalitat.

La mesa del Parlamento no aceptará ninguna merma en sus funciones ni dará un paso atrás.

El govern tampoco aceptará su destitución ni ninguna medida que recorte sus competencias.

TV3 no aceptará ser intervenida por dirección alguna que no sea la de la Generalitat.

La CCMA (la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales) tampoco aceptará la intervención.

Este frente institucional está respaldado por una movilización masiva de la sociedad catalana en defensa de sus representantes y actitud de desobediencia generalizada, desde los ayuntamientos a las escuelas, pasando por los servicios públicos, con un horizonte de huelga general. Para controlar eso sería necesaria una verdadera ocupación militar, cosa que el bloque español no puede permitirse.

No saben en dónde se han metido. En un escenario de uso de la fuerza y la represión violenta contra una sociedad que ejerce la desobediencia y la resistencia pacífica en defensa de sus representantes a los que quizá haya que encarcelar, como ya se ha hecho con los dos Jordis. Ello provocará más reacción social y más violencia de parte del Estado que puede acabar teniendo que decretar el toque de queda en las calles, para silenciarlas. Una perspectiva sin salida que obligará a la UE a intervenir forzando una negociación que ya solo puede hacerse en torno a dos posibilidades, las únicas viables: un referéndum de autodeterminación pactado o la independencia de Cataluña sin más, también negociada, por supuesto.

En su comparecencia, el MH hizo ver que el lunes o el martes se procederá a votar en el Parlamento la DI hasta ahora en suspenso. Obsérvese que el relato independentista sigue siendo ganador: se declara la independencia después de que el bloque nacional haya activado el golpe de Estado vía artículo 155, puesto que este se ha anunciado sin esperar a diálogo alguno, para lo que aún disponía de dos meses.

Breve flexión sobre la gran ausente en este conflicto: la otra izquierda no independentista pero con visos revolucionarios, la española de Podemos y la catalana de los Comunes. Sus angustias y ambigüedades teóricas y su evidente irrelevancia práctica la han dejado al margen de la historia, empujada hacia delante con la mirada vuelta hacia atrás, como el ángel de Klee/Benjamin. La prevalencia del eje nacional sobre el social en el que cifraba todas sus esperanzas la ha aplastado y ha sido incapaz de tomar ejemplo de la CUP (de cuya vitola izquierdista nadie duda) que ha entendido perfectamente el sentido de esa historia: la emancipación nacional como requisito para la social en un marco republicano.

Eso, en España, hoy, es una revolución.La única que hay.

La extrema derecha se separa de la derecha extrema

El desplante final de Aznar presagia tormenta. Primero desvinculó la FAES del PP y la convirtió en baluarte privado de la ideología neoliberal, confiado en las aportaciones voluntarias de sus clientes naturales, los del dinero. Luego se desvincula él mismo de los deberes patrios de partido. El paso siguiente es alzar bandera con un programa de restauración de los recios valores de la ultraderecha, sobre todo en cuanto a Cataluña, pero también en cuanto a otras blandenguerías de Rajoy y demás gentes de la derecha vergonzante. Una nueva reacción de la "derecha sin complejos" a la que seguramente se adherirá Aguirre. O sea, un programa de un partido nuevo, de extrema derecha. Se acabó aquello de decir que en España la extrema derecha estaba en el PP. Ahora está en contra del PP.

Los ex-presidentes de gobierno tienen destinos muy distintos. Dejando aparte los dos primeros, ya fallecidos, González se ha convertido en una especie de Kurtz, de Conrad; Aznar, en un guerrero integrista atlántico que anda, como siempre, batallando; Zapatero, aún indeciso, parece decantarse por conjuras del casino. 

Esa pulsión batalladora de Aznar en defensa de los valores occidentales impregna la trayectoria entera del personaje. Su presencia constante, sobre todo en momentos de crisis, con discursos intransigentes, recriminatorios y hasta amenazadores, le han fabricado una mala imagen y fama de agresividad. Eso pueden ser handicaps o ventajas, según se configure el proceso político en el próximo futuro. 

En España está articulándose un discurso autoritario en consonancia con el recrudecimiento de la extrema derecha estilo Trump o Le Pen. Pero en disonancia en un aspecto esencial, el de la xenofobia. Para la derecha española el peligro no viene de fuera sino de dentro. El enemigo no es exterior sino interior. Y lo que se exige es mano dura, represión de toda desobediencia, inhabilitacion, suspensión, estado de excepción si es necesario. 

Es obvio, sin embargo y da un poco repelús decirlo, que nadie en sus cabales cimenta el orden normal en la situación de excepción. Hoy, como en tiempos de Locke, el único gobierno legítimo es el gobierno por consentimiento. Si hay que imponer el consentimiento, la legitimidad se esfuma.

La división de la derecha reproduce en cierto modo la de la izquierda: dos extremas y dos más "moderadas" pero, en definitiva, muestra la incapacidad de los partidos para afrontar la situación real del país. Esta solo puede afrontarse ya en un encuentro multilateral con presencia de todos los intereses territoriales en igualdad de condiciones. Una situación que la derecha ni la izquierda españolas podrán jamás aceptar. Razón por la cual el conflicto no tiene solución, salvo que haya algún tipo de mediación internacional.

Inhabilitar, sí, pero ¿a quién?

Ya vuelve el ganado por la querencia. Miguel Ángel Rodríguez, ariete del primer gobierno de Aznar, dice que Mas necesita una fusilamiento. Y él un cerebro.

En cuanto al pintoresco habitante de La Moncloa, el asunto es ya patético: después de cuatro años de abulia e inacción frente a Cataluña; de haber rechazado todas las peticiones nacionalistas; de haberse negado a negociar nada; de haber dicho que las multitudinarias manifestaciones de las Diadas eran algarabías; de haber convertido el Tribunal Constitucional en el alguacil y chico de los recados de sus caprichos; de haber hecho todo tipo de guerra sucia y recurrido a todos los procedimientos para  enfangar la figura de Mas; de haber prohibido la consulta del 9N sin poder impedirla; de imputar en vía penal a los responsables políticos de una consulta democrática; de perder las elecciones del pasado 27 de septiembre; después de todo eso, el gobierno da una patada al tablero y, en un ataque de soberbia y autoritarismo, quiere empapelar a una veintena de representantes democráticamente elegidos.

Para ello ordena al puñado de figurones capitaneados por un viejo franquista en el Consejo de Estado que le den argumentos para impugnar jurídicamente una declaración de intenciones políticas. Se reúne luego de urgencia en consejo extraordinario de ministros y ordena a ese remedo de Tribunal Constitucional (TC) a su servicio que suspenda una hoja de ruta de un órgano legislativo. Lo hace pretextando la defensa de la democracia que solo él y sus agentes en las instituciones están ignorando y pisoteando. Y afirma seguir un criterio de proporcionalidad, lo que seguramente quiere decir que todavía no ha ordenado bombardear el Parc de la Ciutadella.

El TC se presta a este dislate porque, en el fondo, carece de autoridad moral para emplear un juicio propio si alguno tuviera. Pero su pretensión es tan ridícula como las urgencias de un gobierno negligente e inepto, incapaz de prever las consecuencias de sus actos. De un gobierno de irresponsables que ha llevado al país a la ruptura y al riesgo de una explosión social.

En algo coinciden estos personajes, los secretarios fusileros, los gobernantes incompetentes y los magistrados serviciales: en el recurso a la amenaza frente al propósito previamente anunciado de las autoridades catalanas de desobedecer las órdenes y normas de las instituciones españolas que consideran deslegitimadas. Nadie ha explicado a estos genios que solo pueden proferirse amenazas que sea posible cumplir. Si las veintiuna personas designadas nominatim no hincan la cerviz ante la arrogancia y la prepotencia de unos gobernantes sin idea alguna de la que están organizando, ¿qué harán estos? ¿Mandar los tanques a la diagonal? ¿Suspender la autonomía invocando el artículo 155? ¿Aplicar la Ley de Seguridad Nacional, cocinada en secreto con Rubalcaba y que, según el ministro Catalá, estaba pensada para otros menesteres? ¿Encarcelar a los veintiún desobedientes? ¿Procesar a dos millones de independentistas? ¿Clausurar todos los ayuntamientos catalanes que se han adherido a la declaración cuestionada? ¿Decretar el estado de excepción, como decía Palinuro ayer?

Hasta Rajoy se ha dado cuenta de que el problema es el más grave de su mandato. Lo ha dicho en un programa de radio dedicado al fútbol, al parecer el único contexto que estimula su raciocinio. Por ello ha forjado una alianza sagrada con el PSOE, convertido en un partido auxiliar a sus órdenes, reaccionario, monárquico y centralista y con tanta idea del nacionalismo catalán y del nacionalismo en general como del tagalo. Sánchez y él coinciden en que primero va la unidad de España y luego lo demás, si es que hay demás. Y aquel es incapaz de exigir a este cuando menos explicaciones por haber llevado al país a esta situación de crisis constitucional sin precedentes. Y haberlo arrastrado a ella sin margen de actuación propia.  

En Europa están pasmad@s y contienen el aliento, a ver qué nueva barbaridad perpetran estos españoles, cuya pátina democrática ha desaparecido al primer conato de resistencia frente a la arbitrariedad. Palinuro barrunta que ya están preparándola: es posible que, en cuanto la mesa del Parlamento proclame su intención de seguir adelante con la declaración que el TC ha suspendido, los diputados de C's, el PP, también del PSC y quizá de Catalunya Si Que Es Pot (más conocido allí como QWERTY) se ausenten del pleno y escenifiquen una retirada al Aventino, es decir harán lo que el PSOE ha sido incapaz de hacer en esta legislatura en el Congreso por miedo. Así se generará una situación de bloqueo que radicalizará las posiciones en un momento en que ya están preparándose las movilizaciones ciudadanas para defender las instituciones. No duden los estrategas del gobierno de que los catalanes van a salir a la calle a apoyar a sus representantes. Con el parlamento en las únicas manos de los independentistas y el carrer para sus votantes, el presidente de los sobresueldos habrá conseguido el milagro: empujar él solo a la independencia de Cataluña. Así corona ya su desatino. 

Efectivamente, quizá sea pertinente inhabilitar a alguien, pero ¿a quién?

Hacia el estado de excepción.

En el post del lunes, "el voto de Palinuro" este advertía de que quizá no hubiera elecciones el 20 de diciembre porque el gobierno (de acuerdo con la oposición domesticada) hubiera proclamado el estado de excepción y decidido aplazarlas. Un par de días antes, un jurista de C's ya había pedido que se proclamara el estado de sitio, o sea, prácticamente, la militarización del conflicto. Y a los militares que no les vayan con mandangas de elecciones.

Ayer el gobierno perdió el trasero corriendo a reclamar al Consejo de Estado un dictamen obligado previo a la interposición del recurso ante el Tribunal Constitucional contra la declaración de independencia del Parlament catalán. Y el Consejo de Estado, presidido por un franquista recalcitrante en probable estado de hibernación mental desde que su caudillo Franco lo nombrara secretario general de esto o subsecretario de aquello, cumplió la orden. El inútil órgano elaboró a velocidad de vértigo un dictamen por unanimidad pidiendo que los responsables de la declaración (unas veinte personas) sean impedidas en sus funciones, apercibidas, amonestadas seriamente y llegado el caso forzadas a cumplir con la suspensión de la declaración que todos esperan del Tribunal Constitucional. Quien quiera leer el adefesio, redactado en esa prosa pedante e insoportable de gentes que confunden sus leguleyerías con el derecho de las personas a vivir en paz, justicia, libertad y democracia lo tiene aquí.

Hoy hay consejo extraordinario de ministros monográfico para despachar un motorista a la sede del Tribunal Constitucional con la orden de que este se pronuncie sobre un asunto político que, en el fondo, no le incumbe, de acuerdo con los deseos del Príncipe. Y nunca mejor dicho porque el Rey ha suspendido todos sus actos para quedarse en el gabinete contiguo al consejo (si es que no lo preside, dada la gravedad del momento) de guardia, a enterarse de lo que suceda.

Y no es el único. Todos los cortesanos andan azacanados. Sánchez fue ayer a ponerse a disposición del presidente más inútil e incompetente de la historia de este desgraciado país y obvio responsable de su ruptura, en la esperanza de que sumando su inutilidad a la del interlocutor, no obtendrían dos inutilidades sino algo aprovechable por alguien en alguna parte. A la puerta, pero dispuesto a reforzar a los dos lumbreras, se quedó Rivera, sin duda añorando sus tiempos en la Nuevas Generaciones, cuando la vida era azul celeste. Iglesias no se ha sumado, menos mal, a esta unión sagrada y ha calificado con razón el recurso de medida cobarde e inútil. Pero, luego, su sentido de la ambigüedad y la equidistancia entre la justicia y la injusticia, lo llevó a calificar con toda dureza a Carme Forcadell sin dignarse siquiera hablar con ella pero sí llamó a la vicepresidenta del gobierno, dizque para criticar sus decisiones. Por último, Duran, Our man in Catalonia, musitaba aterrorizado por los pasillos que habíamos dado un paso al abismo. Señor, Señor, qué nervios.

Y decía el de los sobresueldos que las elecciones del 27 de septiembre eran una consultilla rutinaria de nada en la que el obediente pueblo catalán ejercería su derecho al sano regionalismo, como lo llamaba Fraga Iribarne, el de las fundaciones. Una prueba más de su extraordinaria perspicacia y la finura de sus análisis. Un hombre providencial este para Catalunya. Sí, han leído ustedes bien: para Catalunya, porque para España..., en fin.

El Tribunal Constitucional cumplirá con el encargo porque para eso está ecuánimemente presidido por un exmilitante del partido del gobierno y consejero aúlico de su fundación, FAES. Es decir, suspenderá, impedirá, prohibirá todo lo que el alto interés de la Patria, interpretado por estos pigmeos de la política le pidan. A continuación, será cosa de ver qué harán las autoridades catalanas afectadas. Según el compromiso adquirido el lunes, nada, no se darán por enteradas, desobedecerán.

Y ya tendrá el gobierno la excusa que lleva meses, quizá años, buscando para pasar a la vía de la coacción y el uso de la fuerza. Si le vienen bien dadas y cree que Europa no reaccionará, querrá proclamar un estado de excepción que aleje el incómodo fantasma de las elecciones en las que se pide a los electores que voten por la Gürtel, los EREs, Bárcenas y las guerras púnicas.

Con la patata caliente en las manos, el TC querrá ganar tiempo, pero no dispone de mucho. Probablemente, cualquier providencia de suspensión cautelar también será desobedecida por los díscolos catalanes. En contra de lo que la prensa unionista (toda la escrita en español) sostiene, al dar a Mas por acabado, en Cataluña no habrá vacío de poder. Mientras no haya presidente nuevo investido Mas será presidente en funciones. Cabe que sea finalmente elegido el jueves, también a la vista de la gravedad de la situación, pero, si tampoco lo fuera, continuará hasta el 9 de enero y con el refuerzo de que, además de en funciones, será presidente in péctore.

Aunque los nacionalistas españoles no lo crean, el independentismo catalán sigue llevando la iniciativa, marca los tiempos, proyecta la imagen que quiere y, encima, se permite el lujo de recortar figura heroica, como hace Antonio Baños que, al considerar la posibilidad de que el gobierno español cierre el Parlament, supera la genial respuesta del revolucionario Mirabeau a la orden real de abandonar la Asamblea Nacional en 1789: "Nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonettes!"

Y tengo para mí que estos independentistas, ni con las bayonetas se van.

La Ley Mordaza, vía de vuelta a la dictadura.

El Congreso aprobó ayer el mayor asalto que se ha dado en España a las libertades y derechos de los ciudadanos desde 1978. Una ley y una reforma del Código Penal inspiradas en un espíritu autoritario, ordenancista, intimidatorio y represivo. Unas normas que vienen a institucionalizar un estado de excepción low cost. Una especie de ley de plenos poderes para las fuerzas de seguridad, lo cual da a este golpe a la democracia unos ribetes castrenses pues una de las fuerzas de seguridad, la Guardia Civil, tiene naturaleza militar. Esta ley desprotege a los ciudadanos, les arrebata la tutela judicial en el ejercicio de sus derechos y entrega la potestad indagatoria y sancionadora a las autoridades administrativas y, en concreto, a la policía. Por eso, la oposición, en rara unanimidad, califica la realidad que la norma instaura como Estado policía.

Establecer por ley la impunidad y el secreto de las actuaciones policiales en el control del orden público equivale a dejar a los ciudadanos a merced, no de los jueces, sino del gobernante de turno en el que hay que presuponer un equilibrio mental y una ecuanimidad que no vienen avaladas por la experiencia inmediata. A los hechos me remito: su principal inspirador, Fernández Díaz, tiene por costumbre retirarse a rezar en el Valle de los Caídos, en la proximidad de la tumba del Caudillo, cuyo espíritu ilumina al ministro, como se ve.

El PP ha aprobado está monstruosidad en el Congreso por 181 votos a favor y 118/120 en contra. Mayoría aplastante, desde luego, necesaria cuando se realiza una reforma de la importancia de esta. Tan sobrada que los autores pueden prescindir de cualesquiera alianzas y consensos y aprueban la norma con el voto en contra de toda la oposición. ¿Y qué? Los síes han sido el 60,1% y los noes se han quedado en un escuálido 39,8%.

Pero ¿es tal mayoría? Los 181 votos sí representan a 10.866.566 de votantes, o el 44,6% del voto, mientras que los 120 diputados de la oposición representan a 12.533.712 de votantes o el 50,58%. O sea, no son mayoría entre los votantes y todavía lo son menos en relación a los electores: el 30,3%, siempre según datos del ministerio del Interior. Es decir, un tercio de la población impone a los otros dos tercios una concepción del orden público arbitraria, policial y, en el fondo, dictatorial. Las energías que el Estado debiera emplear en perseguir, erradicar y hacer imposible en el futuro la corrupción, las emplea en perseguir, reprimir y silenciar a quienes protesten contra ella.

Si la oposición es capaz de unirse en un frente del "no", aunque sea a modo de inocente pataleo, ¿cómo no es capaz de hacerlo en otro frente del "no", pero más contundente porque no es contra una ley sino contra el gobierno? ¿Cómo no presenta una moción de censura? ¿Que hay resquemores de que esa medida favorece al PSOE? Quizá sea llegado el momento de dejarse de rencillas y atender al interés general. Y, si la unidad no se produce, ¿qué impide al PSOE presentarla en solitario? En solitario ha aprobado el PP la Ley Mordaza que instaura una especie de estado de excepción policial.

Un pesimista diría: apresúrense ustedes, antes de que se tipifique la presentación de una moción de censura como alteración punible del orden público y les caiga una multa descomunal, como si estuvieran manifestándose ante una central nuclear o una iglesia.

Santiago y cierra España.

A ver. ¿Qué se han creído esos extranjeros? Sobre todo esos ingleses, ¿qué se han creído? ¿Que pueden meter sus narices en los asuntos internos españoles? Esos sempiternos enemigos de España, propietarios de Gibraltar solo por fastidiar, debaten en la Cámara de los Lores sobre la formación de una Comisión de la Verdad para hacer justicia a las víctimas del franquismo e indagar en los crímenes de la Dictadura de Franco. Pero, bueno, y ¿quién es la Cámara de los Lores para hurgar en asuntos internos españoles? Y asuntos del pasado, de los que Rajoy dice que ya está harto, de la República y el franquismo. ¿Que quién es la Cámara de los Lores? Pregunten a Esperanza Aguirre, que es Dama del Imperio Británico. Ella lo sabrá.

En todo caso, alguien y algo es. Incluso después de la inconclusa reforma de Blair. Su voz suele ser escuchada. Tiene autoridad. Y es literalmente una vergüenza que sea un parlamento extranjero quien recuerde a los españoles un deber de justicia que llevan 35 años incumpliendo. Un bochorno, vamos. Y tampoco es nuevo. Ya debatía a comienzos del XIX la Cámara de los Comunes sobre el absolutismo de Fernando VII y su modo de tratar a los prisioneros políticos. La cosa viene de muy atrás. En esta decisión de la cámara alta británica sin duda ha pesado la experiencia habida con general Pinochet, cuando los tribunales españoles exigieron su extradición a España, apelando a la jurisdicción penal internacional. Entonces fueron los británicos quienes actuaron con criterios políticos, de razón de Estado y no jurídicos. Pero -¡oh, pérfida Albión!- se la guardaron y la devuelven ahora siendo ellos quienes invocan los criterios jurídicos de justicia universal y los españoles quienes responderán con razones políticas, por la vía del hecho o el no hecho, vergonzantemente.

Santiago y cierra España, dirán los recios patriotas españoles, los beneficiarios de la Dictadura de Franco, los nacionalcatólicos, los enemigos del libertinaje progresista, los partidarios de la Ley Fernández Mordaza. Además, ¿a qué vienen estos británicos a dar lecciones de nada o meterse en donde no les llaman cuando hasta los chinos les han recordado (a propósito de la visita de Cameron a la China) que ya no pintan nada, que son "un país de la vieja Europa, adecuado para el turismo y los estudios en el exterior." (Palinuro se maravilla de que sean los chinos quienes acusen a los demás de "viejos". Los chinos; en fin). Pero al grano: tienen razón los asiáticos. Hay que demostrar de una vez por todas a estos valetudinarios ingleses cómo las gasta la furia española. Llamad a la Legión y que tome el Peñón.

Por cierto, ¿qué hace el embajador español en Londres, ese fino Maquiavelo del foro? Ya debería haber llamado al secretario del Foreign Office a expresar su disgusto. ¡Qué digo! Al mismo Lord Speaker por esa humillante extralimitación. Y, ya puestos, a la Reina en persona. Con nadie menos debe dignarse tratar el héroe de Perejil.

Lo fastidioso: no son solamente esos protestantes ladinos quienen resucitan la Antiespaña. También se ha sumado el Consejo de Europa, con sus 47 miembros que expresa su grave preocupación por la Ley Fernández Mordaza y eso que seguramente no se la ha leido a fondo. Esa ley es la consagración del Estado de excepción en España como situación ordinaria. Es un abuso de poder gubernativo incompatible con cualquier idea de imperio de la ley y Estado de derecho.

Nada, nada, otra intolerable injerencia extranjera en los asuntos internos soberanos de España. Otra vez la conjura masónica, anticatólica, antiespañola. Porque, veamos, ¿quién o qué es ese Consejo de Europa? ¿Forma parte de él el Vaticano? No. ¿Por qué? Porque su forma de Estado es contraria a los principios del Estado de derecho y la democracia liberal que el Consejo dice defender. ¡Ajá! ¿Lo ven? Un organismo contrario al catolicismo y, por tanto, a la misma esencial nacional española.

Nosotros, a lo nuestro: orden, obediencia, jerarquía, disciplina y a reconquistar esta Patria zaherida y ofendida por sus enemigos internos; los peores de todos. Deberíamos marcharnos del euro y de la Unión Europea y de la OTAN, y del Consejo de Europa. Debiéramos marcharnos de Europa. Quedarnos solos con nuestros fantasmas.

(La imagen es una foto de La Moncloa aquí reproducida según su aviso legal).

La dictadura de hecho y la izquierda.

El Consejo de ministros ha aprobado el proyecto de Ley Mordaza, impropiamente llamado de seguridad ciudadana, cuando debiera llamarse de inseguridad ciudadana, de amedrentamiento ciudadano, si no de terror de Estado. La ley es obviamente anticonstitucional, contraria a los principios más elementales del Estado de derecho. Por supuesto, en los próximos días los medios se llenarán de sesudos análisis criticando sus demasias y su carácter más dictatorial. Cosas todas ellas patentes. Se denunciará que viola libertades y derechos civiles y políticos, reunión, manifestación, expresión, información, etc. Se expondrá cómo se excluye la intervención de los jueces y se amplia la actividad sancionadora de la administración, convirtiendo a las fuerzas de orden público en jueces de los conflictos en los que son parte. Cómo se consagra la impunidad y la arbitrariedad de la policía. Como se establece un Estado policiaco. Cómo la ley normaliza el estado de excepción. Crea faltas subjetivas caprichosas, como la ofensa a España, sus símbolos y otros entes de razón, los insultos a la policía y deja a esta la capacidad para interpretarlos y sancionarlos con dureza confiscatoria. Todo eso es evidente. El proyecto no lo oculta sino que lo proclama. Muchos lo consideran un golpe de Estado legal, aunque parezca contradictorio. No obstante, abundarán los dichos sesudos análisis poniendo de manifiesto lo que de manifiesto está.

Dejémoslos en esos lucimientos y vayamos a algo de más enjundia: ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Básicamente perdiendo unas elecciones y dando mayoría absoluta a un partido que, sobre estar bajo sospecha de corrupción estructural, no es ni ha sido nunca leal a la Constitución que, por lo demás, tampoco votó a favor unánimemente cuando se trató de hacerlo. Un partido que no condena la dictadura de Franco, ni hace justicia a sus víctimas, no tiene apego a la democracia y no quiere correr riesgo alguno de perder de nuevo unas elecciones como en 2004.

Sigamos preguntando: ¿por qué perdió la izquierda las elecciones de 2011? Por ir desunida y por hacer las cosas mal. La desunión de la izquierda es suicida. Aquella consigna de PSOE, PP la misma mierda es pasará a la historia de la estupidez humana. Por muy "socialcapitalista", "socialneoliberal" que sea el PSOE, jamás podría aprobar algo como la Ley Mordaza. Eso es evidente ahora y lo era en 2011. Pero convenía decirlo para seguir con el enfrentamiento interno. Mucha gente en IU piensa que el PSOE es más enemigo que el PP. Agudeza visual. La derecha no comete ese error garrafal. Está unida. En su seno hay quien piensa que la dirección no es suficientemente de derechas y se dan fricciones, roces y alguna que otra espantada. Pero prevalece el interés unitario. En la izquierda, no. La parte de esta que se considera más pura no quiere saber nada de la "contaminada". Nada de nada. En Andalucía se desdice esto; pero en Extremadura se reafirma. Resultado, cero. Error tremendo. Y eso suponiendo sea un error y no el resultado de ese narcisismo propio de esta corriente política, en la que abundan las figuras señeras que claman por la unidad de todos en torno a cada una de ellas. Mientras tanto, claro, gobierna la derecha que, en el fondo, es lo que prefieren bastantes "izquierdas". Así ellas no se manchan.

A su vez, esa contumacia en el error está motivada en gran parte porque la otra izquierda, la mayoritaria, ha hecho y hace las cosas rematadamente mal. Hasta el punto de que en muchos asuntos, y no irrelevantes, en efecto, el PSOE coincide con el PP. Los más obvios, la planta territorial del Estado (con matices) y la Monarquía (sin matices). Pero hay otras.

Las dos legislaturas de Zapatero fueron un solo desastre continuado. La substitución repentina del alegre keynesianismo por las políticas neoliberales debería haberse explicado, incluyendo la parte de culpa del gobierno por no haber sido capaz de prever la crisis ni de actuar con diligencia. Aun así, podría haberse explicado. La gente no es tonta. Lo que no tiene perdón de los dioses es la reforma del artículo 135 de la CE que Zapatero anda estos días justificando por el ágora. Aquí juega ya a lo contrafáctico, al susto: "era eso o un gobierno de técnicos, como en Italia". Eso es una hipótesis y, aun así, ¿no hubiera sido mejor un gobierno de técnicos que otro de la derecha nacionalcatólica que ha tardado dos años en cargarse el Estado del bienestar y va a invertir los dos siguientes en cargarse el Estado de derecho? Por supuesto que sí, a ojos cerrados. En Italia no están peor que nosotros. Al contrario, están mejor. Por lo menos pueden manifestarse sin que los breen a palos y, encima, les roben sus ahorros a base de multas arbitrarias. 

De la primera legislatura se alaban las cotas en materia de derechos de las minorías, la igualdad de las mujeres y el espíritu cívico. Nada que objetar, aunque a uno le surja la duda de si ese espíritu tenía tanta relación con la realidad como el de Azaña cuando decía que España había dejado de ser católica. Tiene uno casi la certidumbre de que ese espíritu cívico procedía de la mujer del presidente. Al respecto, la primera legislatura es una legislatura de Sonsoles Espinosa. Ella debió ser la presidenta. Al menos quizá no hubiera cometido las pifias de su marido. La política de nombramientos de este fue un continuo dislate, ejemplificado en el del presidente del Tribunal Supremo, miembro del Opus Dei y dimisionario en el oprobio. Sus pundonorosos y alambicados equilibrios institucionales, como el de la Ley de RTVE, le duraron menos de veinticuatro horas al PP. Al final de su mandato, no solo no se había avanzado en la separación de la iglesia y el Estado sino que se había retrocedido. La iglesia estaba más fuerte que nunca, su asignación vía IRPF había aumentado y el gobierno había dado carpetazo a la Ley de Libertad Religiosa. De lo sucedido con el Estatuto catalán no hace falta hablar.

No se pudieron hacer peor las cosas. Y así seguimos in aprender. Si este gobierno y este partido ganan las próximas elecciones, la culpa será de la izquierda. De toda.

La España líquida.

Mariano Rajoy ha hecho a su modo balance de su año de gobierno. En un acto en Toledo junto a Cospedal y en el Senado. El balance es: la culpa de todo la tiene la herencia socialista (HS). Las medidas adoptadas son muy duras y producen dolor e irritación, pero no hay otras. Es preciso aguantar, tener paciencia. No es posible arreglar en tan escaso tiempo el monumental desaguisado recibido en la HS. Los resultados se verán, retornaremos a la senda del crecimiento y la estabilidad. ¿Cuándo? Hacia 2014. No me pidan milagros. Bastante lo es bregar con la HS.

Nada; no dice nada. Como siempre. Pero lo hace con altanería y soberbia. ¿Fracasado él? Pero, hombre de Dios, ¿no ve usted cómo nos aplauden Draghi y Merkel, o sea, quienes cortan el bacalao y cómo viene la prima de riesgo a comernos en la mano por debajo de 400?

Sin embargo tanto los medios extranjeros como los españoles son testimonios evidentes, palpables, de un estado de descomposición social, de conflictividad, cercano a la anomia durkheimiana. Hay un clima general de excepcionalidad, de ebullición social extendiéndose como la pólvora entre distintos sectores de problación, un descontento creciente que amenaza con una insurrección popular. Y el asunto no se arregla haciendo declaraciones absurdas ni yéndose de cenas, como hace la dirección socialista, a otorgar premios a no sé qué diputados cuando los de su partido están encerrados en las instituciones en defensa de la sanidad pública, en donde debería ella estar.

¿Es que no ven ustedes que la gente se tira por la ventana o se ahorca forzada por la desgracia; que las cajas -administradas, al parecer por verdaderos truhanes- han estafado a miles de ciudadanos, incluidos los afectados por el 11-M a quienes han birlado las compensaciones?

¿No ven que tienen la calle sublevada, en oleada tras oleada de manifestaciones y protestas, del 15-M, los yayoflautas, los discapacitados (y ya es el colmo), los pensionistas; que tienen a los médicos madrileños en su tercera semana de huelga; a los profesores encerrados en los centros?

¿No ven que España se les va entre los dedos como el agua de la fuente? ¿No ven a los catalanistas haciendo el equipaje y preparándose para una confrontación con el Estado que, se salde como se salde, si se produce, será una catástrofe? ¿No les asusta ahora el fantasma de la España rota, tan conjurado antaño? ¿No ven nada? ¿Están ciegos?

¿No ven a Alfon en la cárcel, en una situación altamente irregular, rehén de una concepción del orden público propia de un Estado policía y no de una sociedad democrática? ¿No ven la resistencia social organizándose contra una política de represión destinada a acallar las protestas mediante la arbitrariedad, el hostigamiento, la provocación y, llegado el caso, el uso indiscriminado de la violencia?

¿No ven la fuerte indignación de la ciudadanía frente a las políticas de expolio de los servicios públicos? ¿No ven cómo esa imagen, sea cierta o no, de los gobernantes saqueadores de los bienes del común en provecho de ellos mismos o sus amigos está radicalizando la sociedad? ¿Cómo hasta el normalmente contemporizador y responsable PSOE se siente obligado a anunciar su firme propósito de socializar cuanto privatice la derecha en sanidad?

No, evidentemente no lo ven. Los dos partidos del llamado bipartidismo del régimen, también conocidos como partidos dinásticos no ven nada ante sus mismas narices porque España fluye como un líquido, como un río sin retorno. Pero, en lugar de deslizarse plácidamente, entre feraces y risueñas riberas, discurre ahora tempestuoso, enfurecido, en una zona de rápidos en la que, en cualquier momento, cualquiera puede abrirse la cabeza. O se la abren.

(La imagen es una captura de un vídeo de la página web de La Moncloa en el dominio público).

El estado de excepción no declarado de la delegada Cifuentes.

Aviso.- Esta entrada la escribí hoy sobre las 16:00, antes de ir a la concentración en torno al Congreso. A la vuelta, no veo razón alguna para cambiar una sola coma. Al contrario, tendría que añadir algo sobre la actitud chulesca y provocativa de la policía en todo momento, obviamente, ordenada por esa delegada del gobierno de talante fascista.

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Hoy, 25 de septiembre, desde primera hora de la mañana y cumpliendo órdenes de la delegación del gobierno de la capital, la policía ha rodeado y acordonado el Congreso de los Diputados, impidiendo el normal desarrollo de sus actividades, causando quebradederos de cabeza a todo el mundo y afectando gravemente la actividad de los comercios de la zona. Responsable: Cristina Cifuentes.

Asimismo, como grupos de incontrolados, los policías merodean por las calles aledañas a la Carrera de San Jerónimo, hostigando a los transeúntes pacíficos, acordonando y cercando a grupos que le parecen sospechosos, actuando con total arbitrariedad, identificando sin causa alguna a los ciudadanos y tratando de amedrentar a la población. Responsable: Cristina Cifuentes.

Igualmente, como si de bandas de asaltacaminos se tratara, hay retenes en las entradas a Madrid deteniendo a su capricho los autocares que les parecen, obligando al pasaje a bajar, registrándolo y cacheándolo sin justificación alguna y levantando atestados por delitos imaginarios, como el hecho de llevar una careta de la V de Vendetta. Responsable: Cristina Cifuentes.

Todo lo anterior es, en realidad, equivalente a un estado de excepción encubierto (Cifuentes sabe mucho de encubrimientos. Ya dijo que el proyecto de rodear el Congreso era un "golpe de Estrado encubierto"), ilegal por no estar declarado y en el que la policía actúa con total discrecionalidad y arbitrariedad reprimiendo a los ciudadanos y conculcando sus derechos. Esto es, se trata de la actuación descarada de un Estado policial y represivo. Responsable: Cristina Cifuentes.

Ignoro en qué medida esta barbarie represiva que huele a fascismo a distancia y puede llegar a provocar alguna desgracia está instigada desde instancias más altas, como el ministro del Interior o el presidente del Gobierno. Lo que está claro es que el rostro visible de esta desmesura represiva en contra de los derechos y libertades de los ciudadanos es el de Cristina Cifuentes, quien ha salido en todos los medios a propagar sus embustes; a saber:

a) que la acción popular es ilegal. Mentira: es legal. Lo único ilegal es lo que hace ella.

b) que es un "golpe de Estado encubierto". Lo único encubierto aquí es el estado de excepción aplicado por la doña pero no declarado.

c) que el movimiento está infiltrado de neonazis. Los únicos neonazis que puede haber son los agentes provocadores que ella misma haya enviado.

d) que el movimiento trata de conseguir una "involución" cuando la única involución es la que han impuesto Cifuentes y sus amigos.

Lo que corresponde es dar la condigna respuesta al régimen de amedrentamiento que esta señora está imponiendo de forma pacífica pero resuelta, rodeando hoy el Congreso.

Tiempos nuevos.

Vivimos en la sociedad de la información, que ha sustituido a la del ocio que, a su vez, sustituyó a la de la abundancia, que había sustituido a la sociedad post-industrial, heredera de la sociedad industrial de la cual también derivaron otras dos formas de corto recorrido, la sociedad tecnológica y la sociedad tecnetrónica, algo casi impronunciable. Hemos atravesado tantos "post" que fatigan la memoria: hemos sido postcomunistas, postcapitalistas, postmaterialistas, postsocialistas, postindustriales (ya visto) y llevamos una temporada siendo postmodernos. Todo cambia en torno nuestro a gran velocidad y nos hemos acostumbrado a la novedad como forma de vida. Lo resumimos en esa expresión tan absurda de tiempo(s) nuevo(s); absurda dado que el tiempo solo puede ser nuevo, incluido el viejo, puesto que somos tiempo y nada más que tiempo.

Hasta en momentos de zozobra general como los actuales, en los que reina el miedo, la inseguridad, la incertidumbre, tendemos a pensar que quizá sean precisamente el castigo a esa especie de frenesí de la novedad. Pero el frenesí sigue. Estamos siempre irrumpiendo en lo nuevo solo que a veces para bien y a veces, para mal. Pero no importa: de lo nuevo se sale con más nuevo, como de las curvas se sale acelerando.

Además, hemos alcanzado niveles civilizatorios muy altos, vivimos en sociedades racionales, abiertas, democráticas y que tratan de ser justas. Somos democracias basadas en el sufragio universal y la alternancia política, los gobiernos dicen ser todos transparentes y responsables ante la ciudadanía, representada en el Parlamento. Tenemos defensores del pueblo, protectores de menores, institutos de la mujer, para defender a la gente en su conjunto y a sectores especialmente vulnerables por separado, frente a los abusos. Protegemos igualmente los derechos de los trabajadores frente a la codicia de los patronos. Tenemos prensa libre y los ciudadanos están amparados por un ordenamiento jurídico justo en el marco del Estado de derecho que les permite ejercer los suyos.

¿Es esto así? En teoría, sí; en la práctica las imágenes que vemos son como la de la ilustración: las fuerzas de seguridad siembran la inseguridad por las calles. Se puede decir: "bueno, ¿y qué? Un grano no hace granero y una foto no es una galería." Pero no es solo "una foto". Es una entre cientos que captan los ciudadanos con sus móviles o tablets y cuelgan de inmediato en las redes por medio de Instagram o de WhatsApp haciendo que se difundan viralmente, de forma que en instantes las estan viendo y reproduciendo a su vez, miles de destinatarios. Y el testimonio es unánime: todas muestran escenas de brutalidad policial contra todo tipo de ciudadan@s, muchas veces crueles y por lo general indiscriminadas. Ya no existe el secreto. El refugio de la represión lo dan hoy las declaraciones de los políticos que normalmente niegan la evidencia. Y, por si acaso, han provisto a los agentes de cámaras de fotos y vídeos pero luego no los cuelgan en las redes. Normal. ¿Qué van a grabar los policías? ¿Una manifa? ¿La gente corriendo, asustada? ¿El personal recibendo porrazos? En realidad quieren grabar los rostros para identificar luego a los manifestantes y multarlos. Nueva, muy nueva, forma de reprimir: por el bolsillo. Coincide además con las necesidades de las autoridades, cuyas cajas están vacías de lo mucho que han robado.

Ya no se protege especialmente a los trabajadores frente a los desmanes de los patronos. Con índices altísimos de paro, aquellos no tienen ninguna defensa en el mercado libre que es a donde los lleva un gobierno que tiende a verlos igual que los empresarios, esto es, como mercancías. Un gobierno para el cual el trabajo, la vivienda, la salud y la educación no son derechos de los ciudadanos sino, todo lo más, costes de oportunidad en la rentabilidad del mercado. ¿Salud? Quien pueda pagársela. ¿Educación? Quien pueda costeársela. ¿Vivienda? La que cada cual pueda permitirse. ¿Trabajo? Depende de por cuánto se esté dispuesto a trabajar. 

Con unos ajustes y recortes tan duros, tan injustos, desiguales y arbitrarios, está aumentando mucho la conflictividad social. La indignación se ha extendido de los indignados a capas muy amplias de la población, colectivos profesionales, sectores de servicios. Cunden las interpretaciones de clases: estamos en una lucha de clases. Solo que la clase trabajadora o subalterna está muy fragmentada mientras que la de los poseedores está muy unida, tiene el poder político y está dispuesta a valerse de él para aniquilar a los adversarios a los que considera enemigos. 

Lo que la avalancha de imágenes colgadas en las redes muestra es una sociedad en la que se da una suerte de guerrilla urbana de baja intensidad (a la que los ideólogos adversos ya están llamado kale borroka) contrapuesta a una acción represiva de la policía normalmente desmesurada que muy probablemente alimenta la respuesta violenta porque la provoca. Frente a la supuesta guerrilla permanente, el estado de excepción permanente. Que sea peligroso andar por la calle. ¿Qué tiene esto de nuevo?

La situación es muy tensa. La derecha suele responder a las críticas recordando que obtuvo mayoría absoluta y que su gobierno es absolutamente legítimo. Pero hay aquí una falacia: el PP obtuvo esa mayoría con un programa contrario al que ha aplicado. No distinto, no: contrario, opuesto. Ese partido ha hecho y está haciendo lo contrario de lo que dijo que haría y por lo cual lo votaron. Ha defraudado a los electores. Lo lógico y lo democrático es dimitir y convocar nuevas elecciones porque, para que esas medidas sean de verdad legítimas han de estar respaldadas por la mayoría. Ahora no lo están. ¿Qué tiene esto de nuevo en España?

(La imagen es una captura del twitter de Carlos Bardem (@carlosbardem) y representa una situación muy frecuente en Madrid en estos días: la agresión indiscriminada de la policía a tod@s l@s ciudadan@s que no sean el hombre del traje gris.

¿Estado de excepción?

Con motivo de la última sentencia del Tribunal Supremo en la que se declara fuera de la legalidad al partido Acción Nacionalista Vasca (ANV) escuché a una digna miembra de la izquierda patriótica cuyo nombre no he conseguido retener declarar que la decisión judicial era una muestra más del estado de excepción que vive Euskal Herria.

¿Estado de excepción? Sin duda la declarante hablaba de oídas cosa a la que son tan aficionados los nacionalistas vascos dizque de izquierda pues, que yo sepa, no hay declarado estado de excepción alguno en el País Vasco. Lo que hay, tanto ahí como en el resto de España, es una Ley de Partidos Políticos en vigor que nos parecerá mejor o peor, pero es una ley ordinaria que no configura excepcionalidad alguna sino algo elemental que todo el mundo entiende en todo el planeta y ello es que, si determinado comportamiento es delito, quienes lo amparan, fomentan o colaboran con él, son delincuentes también. En el País Vasco, en España y en el Himalaya los cómplices de los delincuentes son delincuentes.

Bien. En España (y no solamente en el País Vasco) opera una organización de asesinos dedicada a matar a la gente por pensar de forma que a ellos no les gusta. O sea, una organización de delincuentes. Está claro que quienes colaboren con tal organización serán delincuentes también. Por supuesto. Y habrá que perseguirlos y encarcelarlos, digo yo. Por supuesto de nuevo. Pero ¿para qué hace falta una ley especial para proceder a algo tan obvio? Muy sencillo, porque los cómplices y colaboradores de los asesinos en el País Vasco no actúan individualizadamente sino a través de organizaciones aparentemente legales, aparentemente destinadas a otros fines pero orgánicamente integradas en la de los asesinos, y los jueces necesitan de una norma especial que los habilite para proceder contra esas organizaciones criminales a las que no se puede procesar en la vía penal ordinaria por ser personas jurídicas. Porque, que estas organizaciones sean instrumentales para las actividades delictivas es algo que deben decidir los jueces, ¿verdad? y no el Gobierno, ya que España es un Estado de derecho. ¿En dónde está pues el estado de excepción?

Se lo diré a Vds., pacientes lectores: está en esa estólida insistencia de los independentistas vascos en tratar de engañar a la gente y jugar a la hipocresía de afirmar que ilegalizar ANV o meter en la cárcel a los componentes de las "Gestoras pro-amnistía", filiales de la casa madre de pistoleros no es democrático. Es un intento estúpido y sobre todo hipócrita como es hipócrita la actitud de las otras fuerzas nacionalistas vascas que como siempre que se procede judicialmente contra ETA y su conglomerado de organizaciones a sus órdenes, ponen el grito en el cielo y boicotean toda medida que se adopte contra esa lacra.

Porque está bien claro: según la doctrina Garzón que es de puro sentido común ETA no es solamente la nómina de pistoleros que la componen sino también una red de empresas subsidiarias, organizaciones paralelas, servicios de apoyo que operan en aparente legalidad pero contraviniendo la ley. Exactamente igual que en el caso del crimen organizado, por ejemplo, los narcotraficantes no son solamente la lista de criminales en nómina directa sino una red de empresas, entidades y organizaciones que cumplen diversos cometidos como distribuir la mercancía, proporcionar cobertura a los delincuentes, blanquear dinero, ajustar cuentas... Y cada vez que los jueces determinan culpabilidades, las organizaciones se cierran y sus miembros individuales reciben condenas penales. ¿Por qué había de ser distinto en el País Vasco? Si los señores de ANV colaboran con ETA son ETA y lo mismo los del PCTV (si así se prueba) o los de las famosas Gestoras.

Y una prueba más de que esto es así y que suelo señalar es que todo el mundo lo entiende, incluso en el País Vasco y, fuera de sus amigos del PNV, nadie se moviliza en la calle en contra del supuesto "estado de excepción". Es tan desvergonazada la hipocresía de pretender delinquir impunemente que, cuando actúan los tribunales y envían a los delincuentes a la cárcel, nadie se mueve en el País Vasco. Esas torvas amenazas que suelen formular los cómplices de los asesinos o quienes les bailan el agua de que si se encarcela a éste o a aquel o se procede contra tal partido o tal otra colectividad, Euskadi arderá por los cuatro costados son puro wishful thinking. Ni por lo cuatro ni por uno. No pasa nada. Los señores de las gestoras condenados a diez años van a tirarse diez años en chirona en función también de unas normas arregladas específicamente para que los cómplices de terroristas sufran un debido castigo.

También suele oírse por ahí que esas normas de cumplimiento penitenciario son una prueba más del estado de excepción en el País Vasco. De nuevo falso como un dólar tibetano. Dichas normas, como la Ley de Partidos rigen en toda España por igual y se aplican a todos los ciudadanos españoles vivan en donde vivan.

Por lo demás parece que en la banda hay movida. Un par de presos cuestiona la estrategia de la organización que, al seguir como hasta la fecha, garantiza que los seiscientos reclusos etarras (más o menos) van a pasar en la cárcel la duración real de sus condenas. Es de esperar que a medida que pase el tiempo las voces de los presos se oirán más y más. Lo que vaya a pasar en el seno de la banda es una incógnita.

A los dos días del revolcón del Tribunal Supremo al inteligentísimo plan para colar de matute la independencia del País Vasco sin que los demás se enteren, ETA puso una bomba lapa en los bajos del coche de un policía que no ha muerto por casualidad. ¿Qué se puede hacer con una gente tan lerda que piensa que los lerdos son los demás y no cree que deba cambiarse algo (y mucho y muy profundo) en las formas de convivencia de la sociedad vasca?

Porque el único estado de excepción real, material, que yo conozco en el País Vasco es el de la gente que ha de andar con escolta desde hace años, el de las personas que no pueden ir tranquilamente por las calles siempre que salen a ella los energúmenos y gamberros de la llamada kale borroca o actividades afines. Eso sí que es estado de excepción.

(La imagen es una foto de Brocco Lee, bajo licencia de Creative Commons).