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miércoles, 19 de julio de 2017

El Estado cloaca


Este documental sobre La cloacas de Interior, emitido anoche por la TV catalana, TV3, es definitivo para saber qué calaña de sujetos está al mando del gobierno y, por extensión, del Estado. No se ha podido ver en ninguna TV española y, en cuanto a la vasca, ETB, que anunció su emisión, finalmente no lo ha hecho por razones fáciles de imaginar. Es un documento tremendo. Desde el primer momento, los dos sujetos grabados mientras hablan, el ministro y el jefe de la oficina antifraude en Cataluña, Daniel de Alfonso, dejan claro que Rajoy está al corriente de lo que traman.


Merece la pena verlo. Esta versión está en castellano.

viernes, 17 de febrero de 2017

En nombre del partido

Este gobierno ha destruido el crédito de todas los instituciones del Estado, excluida la Monarquía que se ha encargado de destruirse por su propia larga mano. Todo lo demás se ha deteriorado a extremos insólitos: el Parlamento en la anterior legislatura, los medios de comunicación públicos y en buena medida los privados por la vía de las subvenciones, los servicios públicos, la administración de Justicia, el Tribunal Constitucional y, según se ve, también el Ministerio Fiscal.

En este momento, la justicia en España es la justicia del príncipe que nunca tiene nada de justa. El gobierno sigue indultando delincuentes y la Fiscalía General da la impresión de actuar en defensa de los intereses del gobierno y no del interés público. El caso del presidente de Murcia, del PP, al que la Fiscalía ordena no investigar en contra del criterio de las fiscales del lugar, es justo el simétrico al caso del expresidente Mas, cuando la Fiscalía General ordenó investigar en contra del criterio unánime de los fiscales catalanes. Tan errático comportamiento, propio de casuística vergonzante, explica por qué la Asociación Progresista de Fiscales pide la dimisión del ministro de Justicia.

La situación es ya insostenible, entre una policía política como la que estuvo funcionando en la legislatura anterior y un ministerio fiscal al servicio del gobierno y su partido, aquí, de Estado de derecho no quedan ni las migajas.

viernes, 27 de marzo de 2015

La Ley Mordaza, vía de vuelta a la dictadura.


El Congreso aprobó ayer el mayor asalto que se ha dado en España a las libertades y derechos de los ciudadanos desde 1978. Una ley y una reforma del Código Penal inspiradas en un espíritu autoritario, ordenancista, intimidatorio y represivo. Unas normas que vienen a institucionalizar un estado de excepción low cost. Una especie de ley de plenos poderes para las fuerzas de seguridad, lo cual da a este golpe a la democracia unos ribetes castrenses pues una de las fuerzas de seguridad, la Guardia Civil, tiene naturaleza militar. Esta ley desprotege a los ciudadanos, les arrebata la tutela judicial en el ejercicio de sus derechos y entrega la potestad indagatoria y sancionadora a las autoridades administrativas y, en concreto, a la policía. Por eso, la oposición, en rara unanimidad, califica la realidad que la norma instaura como Estado policía.
Establecer por ley la impunidad y el secreto de las actuaciones policiales en el control del orden público equivale a dejar a los ciudadanos a merced, no de los jueces, sino del gobernante de turno en el que hay que presuponer un equilibrio mental y una ecuanimidad que no vienen avaladas por la experiencia inmediata. A los hechos me remito: su principal inspirador, Fernández Díaz, tiene por costumbre retirarse a rezar en el Valle de los Caídos, en la proximidad de la tumba del Caudillo, cuyo espíritu ilumina al ministro, como se ve.

El PP ha aprobado está monstruosidad en el Congreso por 181 votos a favor y 118/120 en contra. Mayoría aplastante, desde luego, necesaria cuando se realiza una reforma de la importancia de esta. Tan sobrada que los autores pueden prescindir de cualesquiera alianzas y consensos y aprueban la norma con el voto en contra de toda la oposición. ¿Y qué? Los síes han sido el 60,1% y los noes se han quedado en un escuálido 39,8%.

Pero ¿es tal mayoría? Los 181 votos sí representan a 10.866.566 de votantes, o el 44,6% del voto, mientras que los 120 diputados de la oposición representan a 12.533.712 de votantes o el 50,58%. O sea, no son mayoría entre los votantes y todavía lo son menos en relación a los electores: el 30,3%, siempre según datos del ministerio del Interior. Es decir, un tercio de la población impone a los otros dos tercios una concepción del orden público arbitraria, policial y, en el fondo, dictatorial. Las energías que el Estado debiera emplear en perseguir, erradicar y hacer imposible en el futuro la corrupción, las emplea en perseguir, reprimir y silenciar a quienes protesten contra ella.

Si la oposición es capaz de unirse en un frente del "no", aunque sea a modo de inocente pataleo, ¿cómo no es capaz de hacerlo en otro frente del "no", pero más contundente porque no es contra una ley sino contra el gobierno? ¿Cómo no presenta una moción de censura? ¿Que hay resquemores de que esa medida favorece al PSOE? Quizá sea llegado el momento de dejarse de rencillas y atender al interés general. Y, si la unidad no se produce, ¿qué impide al PSOE presentarla en solitario? En solitario ha aprobado el PP la Ley Mordaza que instaura una especie de estado de excepción policial.
Un pesimista diría: apresúrense ustedes, antes de que se tipifique la presentación de una moción de censura como alteración punible del orden público y les caiga una multa descomunal, como si estuvieran manifestándose ante una central nuclear o una iglesia.

miércoles, 17 de diciembre de 2014

La culpa es de la oposición.


Aprovecho que los periódicos todavía pueden mostrar testimonios gráficos de la brutalidad de la policía al servicio de este gobierno autoritario y semifascista. Cuando entre en vigor la Ley Mordaza que han cocinado los psicópatas de Interior, la publicación de estas imágenes que, en cualquier país civilizado harían caer a los responsable políticos de que la policía actúe como una banda de matones, será sancionada con multas estratosféricas y, posiblemente con una buena paliza a los responsables a fin de seguir sembrando un sano terror en España.
 
A propósito, el motivo de esta nueva agresión de las fuerzas represivas a la ciudadanía es una Operación Pandora que tiene toda la pinta de ser otro montaje policial para justificar la brutal Ley Mordaza y, de paso, criminalizar a los anarquistas, quienes suelen encabezar las listas de víctimas de la vesania nacionalcatólica.
 
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos alcanzado este nivel de degeneración democrática que en tres años nos ha dejado a la altura del México de hoy?
 
Muy sencillo: porque hemos tolerado todo tipo de abusos.
 
Hemos tolerado que gobierne un partido que es una presunta banda de ladrones con decenas y decenas de cargos en procesos penales, probablemente la punta del iceberg del gigantesco expolio que estos sinvergüenzas han organizado en el país con una corrupción insólita que ahora, los más granujas de ellos, quieren hacer extensiva a toda la ciudadanía. Los ladrones tratando de convencer a las víctimas de que ellas también roban.
 
Hemos tolerado en la presidencia del gobierno a un embustero redomado, sospechoso de cobros en B, maniobrero, taimado, una persona indigna no ya de presidir un país sino una peña de fútbol en un oasis del desierto. Un incompetente cuya falta de escrúpulos solo es comparable a su arrogancia, capaz de mentir sin que se le descomponga el peinado aunque el compulsivo guiño del ojo izquierdo lo traicione como el maullido del gato en el cuento de Poe.
 
Hemos tolerado que estos indeseables prolonguen la crisis a costa de los más desfavorecidos y en beneficio de empresarios y banqueros depredadores, pero sobre todo de su propio bolsillo, pues todos ellos están pringados en el expolio nacional. No hemos reaccionado cuando han desmantelado el Estado del bienestar, despojado de sus derechos a la gente, excluido a los inmigrantes, expulsado a los jóvenes, eliminado la asistencia a los dependientes o robado sus pensiones a los jubilados.
 
Hemos permitido que esta presunta asociación de malhechores se cisque en el Parlamento, reducido a una cámara para aplaudir las mentiras del jefe y que ha llevado su ignominia al extremo de tener de portavoz de la partida a un jayán energúmeno que no solo insulta cuando habla sino que es capaz de agredir físicamente a quienes no piensen como él.
 
Estamos permitiendo que se nos imponga una Ley Mordaza para amedrentar a la gente, perseguir las protestas, criminalizar la oposición y cercenar los derechos y libertades de la ciudadanía. Como estamos permitiendo que este Estado policía espíe a los ciudadanos en violación del secreto de las comunicaciones garantizado por una Constitución que no solamente no respetan sino que usan como cachiporra contra los adversarios, singularmente los nacionalistas no españoles. Y hemos permitido que nos arrebaten el derecho a la tutela de la justicia poniendo unas tasas judiciales tan altas que nadie puede pedir el amparo de las tribunales si no es cayendo en la ruina.
 
De esta manera, este personaje sin categoría ni principios y su partida de amigos, deudos y clientes ha conseguido la mutación constitucional perfecta: convertir el gobierno del país en una dictadura disfrazada de democracia.
 
Todo eso lo hemos permitido los españoles. Pero unos más que otros. Es poco lo que la gente normal podemos hacer fuera de salir a la calle a protestar con una probabilidad muy alta de que algún vándalo de uniforme nos abra la cabeza a porrazos y, encima nos denuncie, fabrique las pruebas, nos impongan una multa ruinosa y, si dan con juez servil, que los hay y muchos, nos envíen a la cárcel siendo inocentes.
 
Podrían hacer mucho más los partidos de la oposición si quisieran. En el fondo, si hemos llegado a esta grado de degeneración es en parte por su cobardía, su inhibición cuando no su complicidad. Dentro de unos días, el hombre de los sobresueldos irá al Congreso a exponer con toda falsedad y demagogia unas medidas en contra de la corrupción de la que él es el máximo responsable político. Y los partidos de la oposición, que no tienen el coraje de pedir su dimisión ni de interponer una moción de censura, legitimarán con su presencia esta farsa y mostrarán una vez más su absoluta carencia de espina dorsal.
 
Si la oposición tuviera dignidad, coraje, integridad y responsabilidad, habría abandonado ya ese hemiciclo de la vergüenza y dejado sola a esta partida de presuntos ladrones, con el energúmeno y el embustero a la cabeza y se habría retirado a otro lugar que solo por estar ella allí sería el reducto de las libertades y el derecho frente a la injusticia, el abuso y el atropello. De conseguirse algo así, este oprobio de gobierno no duraría una semana.
 
Pero, sí, en el fondo somos todos responsables porque millones de españoles votamos a favor de esta organización de saqueadores, otros millones lo hicimos a favor de los cobardes de la oposición y otros nos abstuvimos, avisando de que, en el fondo, nos da igual lo que suceda con el bienestar y la libertad de nuestro país y con nuestra dignidad. 

sábado, 6 de diciembre de 2014

Vuelve Gran Hermano.


No basta con que esté todo petado de cámaras de vídeo, fisgando los menores movimientos del personal en cualquier parte, incluidas las excusadas. Los gobernantes no se conforman con vernos hasta en cueros como un ubicuo panopticón benthamiano, sin duda por nuestro bien. Ahora quieren también escucharnos, saber qué decimos, a quién, por qué. Reforman la normativa vigente para ampliarla y, de paso, permitir al ministro y al ministro del ministro escuchar conversaciones privadas sin previa autorización de un juez. Eso ya puede hacerse en casos de terrorismo y la nueva demasía se refiere ahora a los delitos de especial gravedad. Esta calificación queda al arbitrio del ministro y el ministro del ministro, dos personalidades compulsivamente autoritarias con tendencia a considerar delito toda manifestación de disconformidad, aunque sea en susurro.

Es una decisión contraria a varios derechos como la libertad de expresión y el carácter secreto, reservado, de las comunicaciones privadas que solo puede romperse por decisión judicial. Eso es obvio y hay que ponerlo en perspectiva de una política de orden público de tono fuertemente represivo. Espiar impunemente a los ciudadanos es otra actividad típica de un Estado policía como el que lleva armándose en España en los últimos tres años. Se comenzó obstaculizando el acceso a la justicia a base de subir las tasas judiciales, de forma que la gente de medios escasos no pueda defenderse. Se siguió con una interpretación restrictiva de las normas de orden público y la adopción de tácticas de control policial preventivo que, en la práctica, sirven para hostigar y amedrentar a la ciudadanía. Se persigue y castiga toda manifestación pública con sanciones administrativas que la policía reparte por las calles casi a la pedrea. Se coartan otros derechos como el de información, a través de una nueva Ley de Seguridad Ciudadana, verdadera Ley Mordaza, que prohibe y pena fotografiar o grabar a los policías durante las actuaciones en caso de manifestción. Y se arrebatan competencias a los jueces para dárselas a la policía. En este clima autoritario de represión, acudir a la escuchas subrepticias es lo más lógico del mundo.

La represión, la vigilancia, la persecución, la criminalización son las pautas más consistentemente seguidas por la derecha gobernante. Su reiterada voluntad de proceder a una regeneración democrática que nunca se ha materializado en nada deja paso a una contrapartida cara a todo temperamento autoritario: tener preparadas las fuerzas represivas. La represión parece ser el único recurso del gobierno frente al descontento y la protesta sociales a causa de la corrupción y las políticas antisociales, así como frente al proceso soberanista catalán. Un ejemplo simple: si al ministro le da por decir que el supuesto delito de desobediencia que, según parece, la fiscalía achaca a Mas reviste especial gravedad, la policía escuchará las conversas de este con Junqueras, por ejemplo.
 
Son prácticas represivas, policiales, arbitrarias, intolerables en una sociedad democrática. Hay que impedir que prosperen porque encanallan la vida social. Y no perder de vista que, en el ámbito digital, estas prácticas represivas están a la orden del día. La policía rastrea las redes y extrae la información que juzga relevante por varios motivos, entre ellos los políticos. Ahora se apresta a dar un salto cualitativo. Igual que quiere escuchar las comunicaciones de la gente entre sí, pretende también espiar lo que cada cual se cuenta a sí mismo en la reserva de su ordenador. Los mecanismos de control remoto permiten a la policía entrar en los archivos de los particulares sin el permiso de estos, incluso sin su conocimiento y apropiarse de su información, de sus claves, de sus textos.
 
El Gran Hermano quiere vigilarlo todo otra vez, así que cuidado con lo que se dice al vecino, incluso por guasap.

martes, 25 de febrero de 2014

Cuatro motivos para destituir fulminantemente al ministro del Interior.

Primero. Su proyecto astro, su Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, es inconstitucional. Palinuro lleva meses diciéndolo. Pero ahora es el Consejo General del Poder Judicial el que se pronunciará sobre un informe elaborado por dos consejeros que consideran "de dudosa constitucionalidad" muchos de los artículos de su proyecto, todos los que amplían los poderes de la policía para reprimir ciudadanos en ejercicio de sus derechos y libertades y para involucrar en tareas de orden público a vigilantes de empresas privadas. Y de eso de constitucionalidad el Poder Judicial sabe bastante más que el ministro. Ya la anterior Ley de Seguridad Ciudadana, hoy vigente, llamada "Ley Corcuera", del nombre del entonces ministro socialista del Interior, fue cuestionada por el Tribunal Constitucional que, en sentencia 341 de 18 de noviembre de 1993 declaró nulo el apartado 2º del artículo 21, razón por la cual el mentado ministro dimitió.  La Ley es hoy conocida como Ley de la patada en la puerta. La agresividad del ministerio se ha intensificado y, en consecuencia, esta ley de Fernández Díaz puede acabar conociéndose como Ley de la patada en la boca. Y, por supuesto, debiera llevar aparejada la dimisión de su máximo responsable.

Segundo. Ha mentido reiteradamente en sede parlamentaria en sus declaraciones sobre la actuación de la guardia civil en el terrible asunto de Ceuta, que ha costado la vida a quince seres humanos. A medida que el ministro enhebraba sus "explicaciones", estas eran desmentidas por los vídeos que la propia guardia civil había grabado y que el ministerio se negaba a hacer públicos. Mentiras, pues, adobadas de ocultación de pruebas. Toda una marca para un miembro del Opus Dei, secta cuyos sectarios tienen a gala no mentir jamás.

Tercero. Malversa los caudales públicos en ceremonias y supersticiones propias de su religión y ajenas a su normal cometido de gobernante y administrador. Ayer, su ministerio concedió la Medalla de Oro al Mérito Policial a la virgen María del Amor. Ya el año anterior había concedido otro galardón a la Virgen del Pilar. El ministro es muy libre de adorar y venerar las imágenes, ídolos, iconos, reliquias o tótems que estime pertinentes, hacerles sacrificios y vestirlos de oro si quiere. Pero con su dinero, no con el de todos, y sin poner en marcha la maquinaria del Estado, no ya solamente por razones de responsabilidad administrativa, sino por no seguir haciendo el ridículo. ¿Qué pasaría si, en lugar de ser fervoroso católico, fuera adorador de Kali, una esposa de Siva,  que, según leyendas, otorga favores a cambio de sacrificios humanos?

Cuarto. También despilfarra caudales públicos en satisfacer sus inquinas personales. No lo dice Palinuro, sino la juez del juzgado número cinco de lo contencioso quien ha resuelto la demanda presentada en octubre por el funcionario de Interior, Jaime Nicolás Muñiz contra el ministro por "acoso laboral" y de la que Palinuro dio cuenta hace casi dos meses en una entrada titulada Mi amigo Jaime. La juez no considera que se trate de un caso de mobbing o acoso laboral, como sostenía Jaime quien, probablemente, apelará, pero sí sentencia que ha habido despilfarro de dinero público. Es evidente que un cargo público de quien los jueces dicen que despilfarra el dinero público no puede ejercer de  ministro de nada. Por muy creyente que sea.

martes, 4 de febrero de 2014

A callar.

¡Cuánta razón tiene Rajoy cuando manda callar! No solo a Rubalcaba y a la oposición, pues eso es parte de su talante democrático, sino a los suyos. Incluso cuando se lo manda e impone a sí mismo, como lleva haciendo dos años. A callar, silencio, chitón, nadie hable que es mucho peor. Si por él fuera, la Convención no se hubiese celebrado. ¡Qué disparate! Reunir a la plana mayor de un partido bajo sospecha de ser una presunta asociación de delincuentes, poniéndolos a todos en primera fila, bajo la luz de los focos. Y la gente venga a hablar, añadiendo pinceladas tremendas a este cuadro nacional de un país ahogado en la corrupción.

No es una invención de la canallesca. El 95% de los españoles cree que la corrupción es un mal generalizado. Por eso tiene razón Rajoy: cuanto menos se hable, mejor. Mejor para él. Peor para el país que descubre, perplejo, cómo está gobernado por una organización por debajo de toda sospecha, desde su presidente hasta el último mono, generalmente contratado como asesor. Gente que no tiene escrúpulos en mentir, engañar, instrumentalizar las instituciones, expoliar el erario público, tomar sus decisiones por decreto, empobrecer a la población y aplicar una política de orden público tan represiva y autoritaria que recuerda más una dictadura que una democracia.

Incidentalmente: ¿no es curioso que quienes, haciendo cansino alarde de neoliberalismo y no  intervencionismo de los poderes públicos, no paren de utilizar el BOE para meterse en la vida privada de los ciudadanos tanto en sus aspectos íntimos como los culturales, religiosos y, por supuesto económicos? No hay día en que una nueva norma, más arbitraria e inepta que la anterior, no venga a interferir en las relaciones privadas. Un liberalismo peculiar que pone a la iglesia a legislar y convierte los pecados en delitos. Dentro de poco, ministerio de Culto y Clero.

En este clima inenarrable de involución democrática galopante, la foto icónica por excelencia es la de Claudio Álvarez en El País, con Rajoy blandiendo el Marca. ¿Es un descuido o un plan premeditado? El Marca, al que los intelectuales desprecian (aunque quizá bastantes lo lean) tiene 2.749.000 seguidores diarios, según el EGM. Posibles votantes, ¿quién sabe? ¡El presidente es uno de los nuestros! Miente más que habla, pero es un hombre sano, adora el fútbol. Además, la imagen lo exime de culpa en la defenestración de Pedro J., pues Marca pertenece a Unión Ediorial, matriz de El Mundo. A lo mejor no está lejos el día en que Rajoy añada a la presidencia del PP la del Real Madrid. No sé si se le habrá ocurrido a su gabinete de imagen.

Abandonada toda pretensión de legislar transparencia, la marea de la corrupción no la para ya nadie. Está en los tribunales que avanzan haciendo destrozos como los elefantes de Aníbal; está en los medios, empeñados en hurgar y revelar chanchullos; sobre todo, está en las redes sociales, que no dejan títere (y nunca mejor dicho) con cabeza. Quien quiera ponerse al día en este complicado fresco de la España cañí del robo, el trinque, la mamandurria, el despilfarro, los paraísos fiscales, las cuentas en Suiza, vaya a la excelente serie que está publicando José Luis Izquierdo en El País. Enhorabuena al autor. Están todos los datos, todos los antecedentes, todas las intrigas, fraudes, delitos, todos los personajes. En un estilo brillante. Solo por la descripción de las andanzas de ese oscuro muñidor, intrigante de los tribunales, hoy embajador en Londres, Federico Trillo, Izquierdo merece un premio. Tiene todo un aire de traición, alevosía, inmoralidad que recuerda las siniestras tramas shakesperianas en las que el personaje es especialista. Ese relato por episodios es la crónica y el esperpento de la corrupción institucional española. Y una crónica viva. El autor habrá de ir reescribiéndola al incorporar los nuevos datos que diariamente salen a la luz, a cada cual más escandaloso, bochornoso, vergonzoso.

La policía, la UDEF, acusa al exsecretario general del PP, Álvarez Cascos, de haber cobrado sobornos para la campaña electoral de 2004 y de ser el mayor perceptor de dineros de la trama Gürtel, el rey Midas de la corrupción. La misma policía sostiene que, entre 1996 y 2004 la Gürtel "administró" 25 millones de euros para mordidas en el PP y aledaños. Menos mal que ninguno de ellos estaba en política por el dinero, empezando por Rajoy. El amigo Camps, por fin hallado, pues estaba como desaparecido, ha declarado por escrito en su despacho (su privilegio) a las preguntas del juez Castro. De 64 cuestiones, 40 han sido "no" o "no recuerdo". Siempre encantado de colaborar con la justicia.

El buen señor de Mercadona, don Juan Roig, niega ante el juez haber pagado nada en B a Bárcenas, o sea, al PP. Pero admite haber donado 100.000 euros a la FAES, o sea, al PP. A su vez, la tal FAES se encargaba de pagar actos de la Gürtel mediante facturas falsas. No hay metáforas para describir este alud de datos, hechos, cifras, que dibujan un compadreo de políticos y cargos corruptos y prevaricadores con empresarios trincones y defraudadores junto a financieros corruptos, prevaricadores, trincones y defraudadores. Esta es la imagen de España. Dentro y fuera. Por eso, Rajoy tiene razón: a callar, a acogerse al derecho a no declarar, a hurtar el bulto, a hacerse transparentes.

¡Maldita convención!

Y de nada sirven las frases de propaganda sobre la salida de la crisis, que está al caer. No duran ni un telediario. Las noticias contrarias las desmienten. Bélgica expulsará a 300 españoles en paro por ser una carga para el Estado. Al margen de si esto es jurídicamente posible o no, el panorama pinta aun más negro si España no puede ya ni exportar parados, que es lo que produce mejor.

¡Maldita convención!

Al amparo de ella también se ha dado la noticia de que la ONU exige una política de Estado en relación con los crímenes del franquismo. Con esto, la izquierda se crece y las protestas arrecian.

Lo mejor es callarse y llamar a la policía. Lleva esta meses empleándose a fondo en una política represiva y encendiendo los ánimos de la población. El empleo de las fuerzas de orden público para proteger a unos políticos desprestigiados cuyos programas públicos están llenos de abucheos, broncas, pitidos, escraches, las órdenes que se dan a estas de hostigar a la población, retener arbitrariamente, identificar sin motivo y, llegado el caso -que siempre llega-, cargar sin contemplaciones, con creciente brutalidad, está provocando una fractura seria entre el gobierno y la población cada día más soliviantada y mostrando mayor rechazo, mayor repulsión hacia los gobernantes. Estos, soberbios como siempre, parafrasean a Calígula: que nos odien siempre que nos teman. Pero no olviden cómo terminó Calígula.

domingo, 15 de diciembre de 2013

Contra la ley mordaza

Nunca jamás ha servido de nada intensificar la represión para acallar las protestas cuando estas son justas por ir contra los poderes tiránicos como el actual español. Nunca. La experiencia debiera servir de algo, pero no será el caso con este gobierno reaccionario, anclado en el franquismo y menos con los psicópatas que dirigen el ministerio del interior, unos hipócritas fascistas y meapilas que tratan de aterrorizar a la población con normas inicuas y actuaciones brutales de la policía en violación de los derechos políticos de la gente.

Cuando la Ley Mordaza que estos orates del ministerio han preparado entre en vigor, difundir imágenes como la de la ilustración (por cierto tomada de Twitter) puede suponer 600.000 o 30.000 euros de multa. Se considera falta muy grave por haber grabado a los policías haciendo lo que los granujas que han redactado este texto legal consideran que es el trabajo de la policía: patear ciudadanos indefensos de modo bestial y con abuso de autoridad, de tres, cuatro agentes (que ya debieran estar expedientados) contra un viandante al que después, sin duda, detendrán y acusarán de insultarlos y de resistencia a la autoridad. 

Frente a la tiranía de este gobierno corrupto, apoyado en un partido que es una banda de malhechores, los ciudadanos hemos de resistirnos y hacerlo por nuestra cuenta porque, como puede observarse, la oposición parlamentaria no sirve para nada.

Hay que convocar huelga indefinida y desobediencia general para parar el fascismo de estos delincuentes.

jueves, 24 de octubre de 2013

Tragicomedia de España.


"Usted traiciona a los muertos", dijo Rajoy en cierta ocasión a un atribulado Zapatero, presidente del gobierno, que no sabía en dónde meterse. No era cierto, como Rajoy, entonces en la oposición, sabía muy bien. Pero indiferente a toda cortesía, toda contención, toda ética y toda estética, lo soltó porque calculaba que venía bien a sus intereses, consistentes en llegar al poder al precio que fuese.

Ahora es de él de quien ya están diciendo las asociaciones de víctimas del terrorismo que traiciona a los muertos al acatar la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en relación con la doctrina Parot. Lo que le exigen es que España denuncie el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que la sentenia invoca. Si no lo hace, estará traicionando a los muertos. Tiene su gracia que le suceda esto precisamente a él. Parecería un caso de alguacil alguacilado, algo simétrico, de no ser porque hay una diferencia fundamental entre las asociaciones de víctimas y este Rajoy a quien ahora presionan. En concreto, aquellas pueden ser radicales y extremas en sus peticiones, pero hay pocas dudas de que son genuinas. Las víctimas han sufrido injustamente y es comprensible que respiren por la herida y reaccionen con extremosidad, a veces demasiada, porque han sido heridas. Pero a nadie se le ocurre que estén fingiendo y que su dolor y su rabia sean impostados. 

No cabe decir lo mismo de Rajoy. Este no era ni es víctima ni allegado a víctima alguna. No estaba cegado por la indignación o el dolor; sabía que era mentira lo que afirmaba de Zapatero; pero le daba igual porque carece de escrúpulos y porque, por llegar al poder, está dispuesto a decir lo que sea: que bajará el paro, no subirá los impuestos, no tocará la sanidad, la educación ni las pensiones, dará siempre la cara, llamará pan al pan y vino al vino y Zapatero traiciona a las víctimas. Lo que sea. Si París bien valía una misa, La Moncloa bien vale un rosario de embustes que no le cuestan mucho porque el pájaro es un redomado mentiroso.

Quienes agitaron las calles contra ZP en su día se echarán a ellas de nuevo el domingo pero esta vez contra su sucesor que ahora no se atreve ya ni a esconderse, como es su inveterada costumbre. Y con el añadido de que se suman gentes muy significadas de su mismo partido. Gentes levantiscas que ya se la tenían jurada de antes por considerarlo demasiado blando con el secesionismo catalán. Él, que acusaba a Zapatero de romper España, se ve ahora acusado de lo mismo por su inactividad y negligencia. Al final parece que será el PP entero, como banda organizada que es, quien se sumará a la manifestación del domingo para evitar que esta se vuelva contra el gobierno.

Que en el siglo XXI un partido de gobierno de un Estado de derecho en un país civilizado se manifieste en contra de la sentencia de un tribunal de justicia es algo tan asombroso que parece un chiste. 

Las desventuras nunca llegan solas. El nombre de Bárcenas, tan obstinadamente silenciado, en lugar de sumirse en el olvido, está en todas las noticias todos los días, recordando perpetuamente que el caso Bárcenas es el caso Rajoy. A veces desde la severa austeridad de una sala de vistas judiciales, a veces en un escenario rocambolesco como de vodevil. Un intruso armado que, según la policía, no tiene bien la azotea, ha entrado en la vivienda del ex-tesorero, ha maniatado a su familia y ha exigido sus pen drives y discos duros portátiles. Venía el hombre medio disfrazado de cura, esgrimía un revólver de la guerra de Cuba y su ánimo era arreglar los problemas de España. Justo lo mismo que dice Rajoy, que no puede distraerse con habladurías pues está concentrado en resolver los problemas de España.

De momento no se le ha visto con alzacuellos ni portando un pistolón pero no es algo impensable.

Siempre que los necios al uso creen estar llamados a resolver los problemas de España solo se consigue que aumenten la confusión, la humillación, el desorden, la injusticia. Y, como directa consecuencia, la policía tiende a extralimitarse en sus funciones. En un par de días las agentes de servicio en el Congreso parecen haber vejado a una invitada obligándola a desvestirse, aunque sostienen que no es cierto; la policía ha entrado en el campus de la Completense en Somosaguas y el de la Autónoma sin permiso de la autoridad académica; unos seis u ocho mossos catalanes parecen haber matado a un hombre a patadas en plena calle. Todo esto para que vayamos enterándonos de cómo las gastan los matones y granujas de uniforme y con armas que pagamos todos con nuestros impuestos; incluidos los que mueren bajo sus coces.

Y así vamos a estar otros dos años. Arreglando los problemas de España.

domingo, 24 de febrero de 2013

Dimita ya, Cifuentes.

De todas las imágenes que he visto de las manifas de ayer y la brutalidad policial, tanto de la de sus agentes uniformados (pero sin la placa de identificación) como de los provocadores de paisano, la más indignante es esta. Chicos y chicas de rodillas, con las manos en la cabeza, expuest@s en situación humillante al público y custodiad@s por sujetos fuertemente armados y protegidos. Una vergüenza que solo se explica mediante recurso al sadismo de las fuerzas de represión. No basta con prevenir los disturbios -si los hay y no es la misma policía quien los ha provocado- y detener a sus causantes. También hay que ofender y humillar a la gente que pase por allí, tengo o no que ver con los hechos. Hay que tratar de despojarla de su dignidad, obligarla a estar de rodillas para escarmiento de los circunstantes. Como cuando se exhibía a los reos en la picota pública. Si esto fuera una democracia y no el cachondeo de ladrones, sinvergüenzas y fascistas que es, ya se habría identificado a los responsables de este atropello para castigarlos como se merecen.

¿O no es un exceso de los polícias, sino una orden deliberada del mando, de esta Cristina Cifuentes que es un ser pérfido, dispuesto a hacer carrera por la vía de los abusos? ¿Es ella quien ha ordenado que se tenga de rodillas en la plaza pública a los detenidos, como si esto fuera Afganistán o algo asi? ¿Es ella la sádica? ¿Se divierte y disfruta después viendo como se maltrata, se humilla, se quiere arrebatar la dignidad a unos seres humanos? ¿Y por qué no se va a una Sex-shop, se compra un látigo y unas botas de cuero y ejerce su pasión sin disfrazarla de política de orden público?

En un país cuyas fuerzas del orden tienen en nómina como asesor, profesor y adiestrador a un asesino ya condenado por los tribunales, no sería de extrañar.

Entre fascistas anda el juego.

domingo, 23 de diciembre de 2012

El Estado policiaco.

Proyección. Es el término que emplean los psicólogos para designar la táctica preferida de la derecha española. Se trata de atribuir a los demás las intenciones propias, de acusarlos de lo que uno mismo hace. No es el clásico y socorrido "y tú más" sino un intento de ocultar las fechorías de un bando adjudicándoselas al otro. ¿Quién no recuerda a Cospedal hace un par de años denunciando a bombo y platillo el "Estado policial" que había implantado o quería implantar el PSOE? La misma Cospedal afirmaba ser objeto -ella o sus compañeros de partido- de espionaje ilegal. Por supuesto, no puede demostrar nada en los tribunales. Es más, ni siquiera acude cuando es citada en las querellas por calumnias y, cuando acude, no se ratifica en sus acusaciones. Porque son falsas. Son pura proyección pues, además, se hacen en los momentos en que se destapa algún caso propio, como el de esa increíble Gestapillo madrileña.

La Gestapillo. Según denuncias hoy en los tribunales, el gobierno de la Comunidad de Madrid pudo tejer una red de espionaje ilegal, incluso delictivo, para obtener información comprometedora sobre rivales del mismo partido del gobierno. Es un caso bastante zarrapastroso, como del neorrealismo italiano, por eso le va tan bien el nombre. Ahora, según dice El País, la policía puede estar recurriendo a métodos ilegales, también delictivos, para hundir las reputaciones de los politicos catalanes soberanistas. Que (parte de) la policía se dedique a delinquir no es nuevo en España ni en ningún lugar del mundo. La policía de Franco era, en realidad, una organización criminal, como la Gestapo alemana o la Stasi, asimismo alemana. Los socialistas españoles también pasaron su bautismo de fuego con el vergonzoso caso GAL, nunca enteramente aclarado. Ahora es el gobierno del partido que acusa a los demás de "Estado policial" quien parece recurrir a él.

Publicidad. Y en una dinámica especialmente grave porque consiste en calumniar una opción política pacífica y legal con un gran despliegue publicitario. Esas presuntas actividades delictivas de la policía probablemente sean el origen de los famosos documentos falsos que publicó en su día El Mundo con la obvia intención de dañar las expectativas electorales de CiU. Puro montaje para torpedear una opción política por ser soberanista. Se pregunta El País si los mandos del ministerio del Interior conocen estas actividades parapoliciales. Una pregunta retórica. ¿Cómo van a ignorarlas si llevan ya casi un mes investigándolas? Lo mandado ahora es la comparecencia del ministro del Interior para que, entre rezo y rezo, explique las líneas de actuación de su departamento.

Explicaciones. El ministro y los más altos cargos de Interior están obligados a explicar en sede parlamentaria su política de orden público y las actividades de las fuerzas que coordinan. En lo específico y en lo más general. Debe hacerse la luz sobre esa sórdida historia de los informes apócrifos, si son o no falsos y, si lo son, como parece, quién los ha redactado y por órdenes de quién. Pero no basta con estas explicaciones concretas. Los responsables de Interior deben explicar cuál es su actitud en general en el orden público y por qué presenta un aspecto tan autoritario y propio de un Estado policiaco.

El Estado policiaco. Hace unas fechas el gobierno indultó a cuatro agentes de la policía catalana condenados en firme por un delito, entre otros, de torturas. España no ha conseguido salir de la lista de negra de países en los que se recurre a la tortura, pero este gobierno da un paso especialmente grave al indultar a torturadores.
El gobierno tiende a entender todo acto de protesta o crítica, todo ejercicio de los derechos de libertad de expresión, reunión o manifestación como peligros de orden público y reacciona frente a ellos de modo autoritario, represivo, arbitrario y en buena medida, ilegal. La delegación del gobierno en Madrid desarrolla una actividad represiva consistente en hostigar a los ciudadanos en la calle, obligarlos a identificarse sin motivo solo para denunciarlos después y condenarlos a multas por faltas imaginarias. Es un uso de los cuerpos de seguridad que los asemeja a matones a sueldo pues su función consiste en intimidar a la ciudadanía. Esos casos en que la Guardia Civil ha detenido autocares en dirección a Madrid en los que viajaban gentes cuyo propósito era acudir a una manifestación en la capital son más propios de un estado de excepción que de normalidad democrática.  Y eso cuando no se fabrican montajes para simular que se han cometido delitos inventados por la propia policía. O se detiene y aprisiona gente de forma harto irregular a modo de rehenes.
Es obvio que las autoridades máximas del ministerio están al corriente de estas prácticas y las alientan. El mismo director general de la policía, Cosidó, proponía no hace mucho prohibir la grabación de las actuaciones policiales en las calles, es decir, pretende garantizar la impunidad de las fuerzas de seguridad cuando actúan ilegal y hasta delictivamente.
¡Cómo no van a conocer estas gentes las andanzas de sus policías en Cataluña!
El Estado policial, señora Cospedal, es el suyo.

jueves, 15 de noviembre de 2012

Después de la huelga, la manifestación.

La jornada de HG culminó con manifestaciones multitudinarias en muchas ciudades españolas que han permitido visualizar mejor el grado de oposición e indignación suscitado por la política injusta, clasista e inhumana del gobierno. En bastantes lugares se dice que son las más concurridas que se hayan visto. No obstante, Cifuentes, la gobernadora de Madrid, calcula la asistencia en la capital en 35.000 personas. De la falsedad de esta afirmación puede hacerse una idea cualquiera (incluida Cifuentes) que eche una ojeada a esta magnífica foto de Álvaro García en El País, que ha corrido por la red mundial como la pólvora. 35.000 hubo en Santander y en Valladolid. En Madrid, diez veces más.
Ese intento absurdo del gobierno por negar los hechos a la vista de todos prueba el nerviosismo de las autoridades por el aumento de la oposición y la resistencia populares a sus políticas. Un miedo que lo ha llevado a pedir y lograr una improvisada comparecencia del comisario europeo competente en la materia, Olli Rehn, a decir que no se pedirán más ajustes a España. Confía el gobierno en que los españoles otorguen más crédito a Rehn del que le conceden a él. Pero es inútil. Todos saben que Rehn miente tanto como Rajoy. Que se lo pregunten a los griegos.
En la calle, las órdenes de la policía han sido similares: a palos con los manifestantes al menor pretexto y hasta sin pretexto. Hay que escarmentar a la díscola población autóctona y mostrar a los alemanes que se está dispuesto a hacer lo que sea por cumplir sus órdenes. Así que la represión se ha extremado. La odiosa práctica de enviar agentes provocadores ("infiltrados" los llaman cuando son delincuentes de hecho) se ha generalizado en Madrid y en Barcelona. En la ciudad condal, la actuación de los Mossos ha sido especialmente brutal, con pelotas de goma a voleo y agresiones a menores de edad. Seguramente la Generalitat quiere demostrar a sus votantes que sabrá machacar a la población en una Cataluña independiente y que Madrid no ostenta el monopolio de la barbarie.
Aunque lucha con denuedo por mantenerlo. En la capital se habían preparado para los peores supuestos, como se prueba por la ostentosa presencia de policía montada frente a las Cortes. Fue tanto el hostigamiento y tanta la agresividad de las llamadas fuerzas del orden que, al final de la jornada, en Atocha y Santa María de la Cabeza se pasó a mayores con barricadas incendiadas y sedes de bancos reventadas.
Así que, a tono con las declaraciones de la directora general de la policía, Díaz, el gobierno considera "normal" una jornada de huelga general que ha paralizado buena parte del país, ha sacado a cientos de miles de ciudadan@s a las calles y ha dejado un reguero de detenid@s, herid@s y destrozos urbanos de consideración. El día en que el gobierno considere que la situación es "anormal" será preciso guarecerse en los refugios.
Esa costumbre de informar sobre la realidad negándola es la práctica de una actitud consistente en gobernar de acuerdo con una doctrina, la neoliberal, y como agente y brazo ejecutor de decisiones que se toman en otras latitudes. De ahí que Rajoy haya dicho ya que mantendrá el rumbo y no habrá cambios. Los sindicatos siguen pidiendo un referéndum, pero esa no es una actitud muy inteligente. En primer lugar es muy difícil hacer un referéndum sobre algo tan complejo como una política económica ("los ajustes") en su conjunto y, por tanto, sería en realidad un plebiscito sobre Rajoy, lo cual no nos llevaría muy lejos. En segundo lugar, en caso de ser factible, el referéndum no resolvería nada pues no revelaría alternativa alguna a las políticas que se condenaran. Salvo que sirviera para convocar elecciones anticipadas. Pero, en ese supuesto, ¿por qué no empezar por ahí y pedirlas? Razones sobran: Rajoy ha tomado medidas que nada tienen que ver con el programa con que ganó las elecciones. Fue, por tanto, una victoria fraudulenta que deslegitima al gobierno. En tercer y último lugar, las movilizaciones sociales son el único lenguaje que entiende este gobierno, cuya política parlamentaria es inexistente y coinciden con un derecho de la ciudadanía, el de manifestación. Así que eso es lo conveniente: mantener la protesta extraparlamentaria siempre dentro de los límites de la no violencia y, si acaso, la desobediencia civil que es, por definición, pacífica. Para forzar al gobierno a negociar. Igual que ya lo hace con los empresarios, con los banqueros, la iglesia y las instituciones financieras internacionales, que lo haga con la oposición parlamentaria en primer lugar, con los sindicatos y con la extraparlamentaria en segundo, incluida la comunidad de internautas, coordinada en las redes sociales. 
Eso sería lo democrático en lugar de este trágala neoliberal y nacional-católico impuesto a palos en las calles.

jueves, 18 de octubre de 2012

El fascismo avanza

Lo que pretende hacer el director general de la policía, Ignacio Cosidó, de impedir que se hagan fotos de la policía "trabajando" (dice; quiere decir, reprimiendo) y penar que se difundan por la red es inconstitucional, ilegal, inmoral y profundamente antidemocrático. Es prueba del talante fascista de los actuales gobernantes. Es el mismo espíritu con el ya trataron de impedir que las televisiones cubrieran la manifa del 25S y hostigaron y amenazaron a los periodistas.
Quieren la impunidad para que la fuerza pública pueda actuar sin control, cometer todo tipo de tropelías y que no haya testigos. Quieren, tanto Cosidó como Cristina Cifuentes y otros mandos policiales, así como el ministro del Interior, establecer un Estado policía. Un Estado policía al más puro estilo fascista: ningún derecho para la población e impunidad para los policías para que puedan hacer lo que les dé la gana sin testigos.
Además es un atentado frontal contra los derechos fundamentales de libertad de expresión y derecho a la información. Sostiene Cosidó que hay que velar por la seguridad de la policía cuando hace su "trabajo". Es obvio que si la policía hace su trabajo con arreglo a la ley, las imágenes que se tomen jamás podrán comprometer su seguridad. Pero lo que quiere este individuo es que queden protegidos también cuando se saltan la ley y abusan de su poder, que no son pocas veces. Quiere suprimir de raíz el derecho que tenemos los ciudadanos a ver y saber cómo actúan los policías a los que pagamos con nuestros impuestos; incluido el salario de ese señor Cosidó que aspira que sus policías nos abran la cabeza sin que podamos siquiera protestar.
Pero la maniobra es aun más siniestra de lo que parece, mucho más que el intento de garantizar la impunidad para los abusadores y la supresión de los derechos fundamentales. Es un intento de edificar un verdadero Estado policía en la medida en que, si nadie puede fotografiar lo que hace la policía está claro que será esta la que fabrique los relatos de lo que haya sucedido, siempre culpando a la población civil, eximiéndose ella misma, cargando sobre los manifestantes los más pintorescos delitos, en definitiva, fabricando las pruebas y los montajes a su capricho sin que los ciudadanos podamos defendernos. Y esto es no es una fábula: lo están haciendo ya. Lo hicieron al intentar acusar a los detenidos el 25S de delitos imaginarios que los jueces han rechazado. Lo haceb cuando envían policía disfrazados, agentes provocadores, con la misión de provocar violencia para justificar las cargas más bestiales y acusar luego de aquella a la gente en los tribunales. Obviamente, no quieren pruebas de sus fechorías. El fascismo nunca quiere testigos de sus delitos.
Si ese proyecto de impedir que los ciudadanos podamos fotografiar y grabar lo que pasa en la vía pública sale adelante, junto a las actividades represivas ilegales de la delegada del gobierno en Madrid, el fascismo habrá ganado otra batalla contra una sociedad esquilmada, explotada, oprimida, engañada, apaleada y ahora despojada del resto de sus derechos.
Lo único sensato que en democracia y en un Estado de derecho aceptable de nivel europeo cabe hacer con estos dos elementos de Cristina Cifuentes e Ignacio Cosidó es destituirlos fulminantemente por enemigos jurados de las libertades y los derechos de los ciudadanos..

lunes, 1 de octubre de 2012

Confesiones de un antidisturbios.

"Pues sí, Palinuro, ha sido un placer conocerte. Ahora que nos hemos quedado solos en el bar, agarrados a esta botella que ya va pidiendo otra, de mí para ti, para que me entiendas, te voy a decir lo que pienso yo de toda esta mamonada que se ha montado con los perroflautas, los políticos y los rollos esos. Porque a los antidisturbios nos llaman de todo: cabrones, asesinos, lacayos, perros, torturadores, vagos; bueno, la hostia. Todos esos mierdas hijos de papá que no tienen media leche y no han pegado palo al agua en su vida. Sobre todo ellas, son las que más me joden, esas niñatas que no saben lo que es un tío de verdad, te juro que las estrellaba. Bueno, antes se iban a enterar de lo que vale un buen peine. Y detrás, ellos, todos medio gays, que se dice ahora, gays, gayas, los pringaos esos, que les metía yo la porra por el culo para que espabilaran. Que esos no saben lo que es pasarlas putas; eso lo sé yo, que soy hijo de un albañil. Coño, como casi todos los de mi unidad, todos hijos de currelas, que sabemos lo que nos espera. Pero como salimos cachas y servimos para dar hostias, pues nada, al servicio. Un trabajo como otro cualquiera. ¿Que no? Toma, y más jodido porque no tenemos derechos y nos jugamos la vida porque no todo son los niñatos de la capital; también hay mineros que tiran cohetes y tíos muy bestias por ahí; los vascos, ni te cuento, qué tíos más brutos. Joder, joder. Y todo por la paga. Bueno, cuando vamos de marcha nos dan un sobresueldo. Pero es que, ya te digo, joder, a nadie le gusta que le llamen hijoputa o que le den una pedrada. Y a nadie le gusta zurrar. Bueno, te confieso que, cuando la cosa se calienta, es que se te va la mano casi con alegría, casi ni te enteras. Procuramos apuntar siempre a las piernas, el culo, los brazos, pero a veces se tuerce la cosa y les arreas en la cabeza. Oye y no veas cómo suena eso. Lo siento por los chavales, de verdad. Pero es que son gilipollas. Se dejan manipular por unos cabecillas demagogos y pagan justos por pecadores. Eso nos lo explican en las teóricas en la academia, en donde nos meten los rollos sobre los derechos y eso. El rollo de la identificación. Hay que joderse. Que llevemos la placa para que nos denuncien y luego algún político nos meta un paquete cuando le canten las bolas. Porque si se creen que nos tragamos los rollos de la academia van listos. Son todos iguales. Todos a chupar del bote. A mi me pagan por defenderlos y así, dicen, defiendo la ley y el orden. Y a veces me dan una medalla. Y cuando cambian con las elecciones, los defiendo igual. Estos de ahora entienden mejor a la policía, no como los otros que eran intelectuales, o sea, gays. Y nosotros los entendemos a ellos algo más. Pero no te fíes nunca de un político y menos de los tuyos, si los tienes. Al final somos tan pringaos como los pringaos que tenemos enfrente. Unos nos usan y nos desprecian; otros nos combaten y nos temen. Pero, coño, somos personas. Dicen que torturamos. Te juro que en mi vida, en mi vida, vaya. Pero tienes que entender la situación: llevas ocho horas de pie, con toda la armadura puesta, el casco, corriendo de un lado a otro, aguantando mecha, zurrando cuando te lo ordenan y, al final vuelves a la comisaría o donde coño mierda sea, destrozado, y te encuentras esos mierdas ahí todos gimoteando y piándolas y encima tienes que decirles lo del abogado y la leche, así que a algunos les da por gastarles bromas, los ponen de rodillas, o les dicen cosas, sobre todo a las tías que es que te ponen y mira que las hay feas, o no les dan de beber. Es difícil controlar los nervios de los hombres. Ya verás como a la próxima ponen cámaras de televisión en las comisarías para meternos un puro. Dicen que somos un cuerpo de elite. De elite de mierda, porque todo el mundo nos teme o nos desprecia. Joder, hasta los bomberos los tenemos enfrente que a veces me dan ganas de que se coman el jodido casco que llevan. ¿Qué, no te convence? El mundo es la hostia, amigo. Ya ves, tengo una noche libre y salgo a tomar una copa y le cuento mi vida al primero que llega. Vivo obsesionado, con stress, como todos los compañeros. Fíjate en los que infiltramos. Ahí sí hay que echarle huevos porque te pueden dar de hostias los dos bandos, aunque nosotros vamos ganando. Menudo stress. Nos pasamos el día en el gimnasio y dicen que eso apaga el stress. Ni de coña. Lo sube. Y encima corres el peligro de que a otro le dé por ti y tengas un lío, que hay mucha mala leche por ahí. Jodido clima. Necesitaría un psiquiatra, lo sé. Pero esas son gaitas de los de arriba, que se ponen los cuernos sin enterarse y tienen que contárselo a alguien. Yo, en cambio, ya ves tú, al primero que me encuentro. Porque, vamos a ver, nosotros ¿qué jodida culpa tenemos de que los de arriba sean unos ladrones o no tengan ni idea de lo que hacen? Nosotros cumplimos órdenes, coño, órdenes, ¿lo entiendes? ór-de-nes. Si incumples, date por jodido. Y luego ¿en dónde te van a dar trabajo? En las discotecas, en donde echan unas horas muchos de los nuestros. Oye, es práctica del oficio y no te llaman hijoputa. Pues eso. Que con la crisis que hay aquí todo el mundo tiene que ingeniárselas o comes mierda. Sobre todo las tías. No veas cómo ha aumentado el puterío con la crisis. Van tiradas. Y detrás vendrán los tíos, ya verás, con la cantidad de gays que hay. La vida es una mierda y los de abajo tienen toda la razón del mundo de protestar, joder, claro que sí, lo reconozco. Coño, tengo ojos en la cara. Van de culo. Pero tienen que hacerlo por los cauces legales. Por la ley. Y como las leyes las hacen los de arriba pues, yo qué sé. Yo cumplo órdenes. Si cambia la ley pues nosotros cambiaremos. Pero me da que seguiremos siempre igual. Y no te hablo ya de los mandos. Esos son los peores. Están haciendo carreras políticas y se dan patadas unos a otros en nuestro culo. Y nosotros, a callar, a salir a la calle de Robocops, a meter miedo al personal. Fíjate que algunos, antes de salir a dar hostias, confiesan y comulgan. O sea, antes de dar las hostias, las reciben. Yo, los curas...lejos. Son muy falsos. Por eso se ligan a los chavales, que eso sí que es un asco. Los tenían que capar. Oye y los banqueros, ¿qué me dices de los banqueros? Su oficio es robar y como no saben ni eso, al final mandan a los políticos a robar a la gente para ellos. ¿Lo ves? Estamos todos al cabo de la calle. Mandan los de la pasta, que la tienen hasta cuando no la tienen, que ya es la hostia. Y los demás, que nos den". 
(La imagen es una captura de un vídeo de You Tube, 29S Antidisturbios entran en el bar Quevedo violentamente, bajolicencia Creative Commons).

lunes, 17 de septiembre de 2012

El orden público.

Este del "oden público" es un concepto muy complicado por ser muy subjetivo. Lo que unos llaman "orden", otros lo llaman "desorden". Es decir, es interpretable, aunque la delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, parezca creer que es un concepto unívoco, como "piedra pómez", por ejemplo, y coincidente al dedillo con su idea del orden público. Una idea maximalista, cual se echa de ver en el desmesurado lenguaje que emplea al referirse al movimiento/marea ocupa el congreso como un golpe de Estado encubierto. Si se le hace el favor de no preguntarle qué diantres quiera decir "encubierto", el solo término golpe de Estado pone el orden público en términos militares. En un golpe de Estado tiene que intervenir el ejército, por supuesto. Pero solo si se acepta el disparate de llamar a un movimiento cívico pacífico golpe de Estado.
La gestión hasta la fecha de Cifuentes muestra una jefa de la policía con una idea del orden público en la tradición reaccionaria de ¡El orden reina en Varsovia! o ¡El orden reina en Berlín!, en el eco que se hizo Rosa Luxembourg, horas antes de que la asesinaran. El orden del silencio, de la represión. La diferencia entre Cifuentes y quienes mandaban a los soldados a asesinar civiles es que ahora, de momento, no hace falta recurrir a tales brutalidades pues se dispone de una amplísima panoplia de medios tecnológicos avanzados que permiten reprimir preventivamente las alteraciones del orden público. La palabra mágica es prevención, siempre mejor, se dice, que la represión. Eso depende, como siempre, de qué se quiera prevenir. Puede llevar, por ejemplo, a detener gente porque se supone que tiene intención de cometer un delito. Que es exactamente lo que hacía Franco, mandando detener a todos los desafectos de los lugares que pensaba visitar, que figuraban en listas de la policía y la Guardia Civil.
Listas como las que Cifuentes dice tener, con unos mil sospechosos identificados. Listas ilegales. Los tribunales de justicia deben entender en el caso de una autoridad que recopila datos de los ciudadanos sin la autorización de estos, sin mandato judicial, por meras sospechas. Es cierto que los ciudadanos están denunciando a la policía por identificaciones intimidatorias de carácter político y detenciones ilegales. Y hacen muy bien. Pero es necesario igualmente denunciar ante los tribunales el hecho de que la delegación del gobierno espíe a la gente y confeccione listas de sospechosos.
En los tiempos de la cameralística y en el siglo de oro del derecho público español, al recto gobierno de la colectividad se le decía policiar el reino y un tratado de policía era, en realidad, uno de política. Más tarde, cuando las dos se escindieron y la política ascendió a los grandes temas de Estado, la policía se quedó en una actividad pretendidamente técnica de garantía del orden público. Como tal actividad supuestamente técnica tiende a aislarse de la política, a independizarse, a convertirse en un Estado dentro del Estado; el Estado policía. Es el peligro de las concepciones autoritarias del orden público al estilo de Cifuentes. Y por las listas se empieza.
Porque las listas son solamente una pieza de un plan diseñado por Cifuentes para atemorizar a la población de Madrid. Además de emplear conceptos tremebundos y espiar a la población, la delegada del gobierno se vale de la policía para merodear por las calles hostigando a los ciudadanos, provocándolos y amenazándolos con detenerlos si van a la manifa del 25S. Es decir, Cifuentes basa el orden público en una táctica de desvertebrar el movimiento antes de que este haya podido actuar dentro de la más estricta legalidad, pero presuponiendo la ilegalidad. Para aflorar esta se empieza actuando a su vez de forma ilegal, provocando, tratando de encender conflictos que justifiquen la represión abierta y se termina comulgando con la idea del orden público de Martínez Anido, buen modelo para Cifuentes, y el somatén. Dicho en otros términos, el orden público basado en la intimidación y el miedo. Un orden público fascista.
Como, a pesar de todo, estamos en algo parecido a una democracia, a la hora de justificar las detenciones, la jefa de la policía tiene que esgrimir un delito y este es indefectiblemente el de resistencia a la autoridad que, por supuesto, se inventa cada vez que lo enuncia. Por desgracia para Cifuentes, los ciudadanos van ya por la calle con móviles, tablets y demás artilugios para grabar lo que sucede y bien a la vista está que las detenciones del día 15 se hicieron por la pancarta. Lógicamente, todo ciudadano al que se detiene arbitrariamente no solo puede sino que debe resistirse a que se le prive del derecho fundamental de libre circulación si no es en debido proceso. Convertir esa legítima defensa en la causa originaria de la detención es una desvergüenza que la señora Cifuentes debiera tener el decoro de evitarnos.
Su concepción del orden público arbitraria, provocadora, llena de incidentes de infiltrados, sesgada hacia los católicos y la ultraderecha y hostil a todo movimiento ciudadano democrático y libre es una fórmula muy eficaz para provocar un conflicto civil. No será la primera vez que se da un golpe de Estado con la excusa de evitar un golpe de Estado.

viernes, 4 de mayo de 2012

Ideas sin fuerza frente a fuerza sin ideas

En mi cada vez más desesperanzada búsqueda en los medios de algo que se parezca a una buena noticia, tropecé ayer con un manifiesto publicado por El País y firmado en primera instancia por Ulrich Beck y Daniel Cohn-Bendit. Lleva un ambicioso, prometedor y sonoro título: ¡Somos Europa! Manifiesto para reconstruir Europa desde la base y lo apoyan con sus firmas relevantes personalidades de la vida pública europea, desde Jürgen Habermas (quien no solo firma sino que aparece expresamente citado en el manifiesto) hasta Martin Schulz, Jacques Delors, Javier Solana, Helmut Schmidt o Zygmunt Bauman, ente otros. El fondo del título responde al espíritu del tiempo. Ese desde la base suena a 15-M. Pero el hecho de que lo respalde gente tan principal y tan diversa hace sospechar que su contenido no habrá de ser muy comprometido. Si se echa cuenta, además, de que la inmensa mayoría de los firmantes se sitúa en un terreno genéricamente socialdemócrata se deducirá que, sobre no ser muy comprometido, será bastante inconcreto.
Efectivamente el pretexto del texto es apuntalar la iniciativa europea aprobada el año pasado de un Año Europeo del Voluntariado para Todos, argumentando que es imprescindible para la recomposición de Europa en unos tiempos aciagos como los actuales. Lo que sucede es que las ideas que en él se exponen carecen de fuerza en cualquiera de los sentidos: no son originales, no son concretas, no son verosímiles. Suenan bien a oídos de gentes educadas en la tradición europea de la democracia, los derechos humanos y el sentido crítico. Pero no aportan nada nuevo, ni apuntan a un futuro distinto viable. Tanto es así que van a buscar su inspiración a la manida fórmula de John F. Kennedy en su discurso de toma de posesión de 1961: "no preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país". Esta luz de hace más de medio siglo no ilumina casi nada de la situación europea actual fuera de la edad de los firmantes y sus memorias de juventud.
El resto del manifiesto enuncia críticas ya venerables en Europa y a Europa: no a la Europa "de las élite y los técnocratas" y sí a la de los ciudadanos; se añade otra relativamente nueva pero que ya tiene su recorrido: la crisis no es solamente "un problema económico sino también político".
Ahora bien, si se pregunta cómo se llegará a esa imprecisa europa de los ciudadanos en la que las generaciones jóvenes no padecerán la incertidumbre, las recetas son vagarosas cuando no directamente ilusorias, como, por ejemplo, cuando solicitan "del empresariado europeo que haga su pertinente contribución" a la sólida base financiera del Año del Voluntariado o cuando confían en un contrato firmado por entes de naturaleza tan dispar como "el Estado, la Unión Europea, las estructuras políticas de la sociedad civil, el mercado, la seguridad social y la sostenibilidad" y todo ello movido a través de "redes transnacionales" sin mayores precisiones.
Es posible que el Año Europeo del Voluntariado sea un programa específico, bien articulado y con éxito (aunque uno sospeche que no están los tiempos para gollerías) pero, en todo caso, el manifiesto no va a empujarlo ni a hacerlo más eficaz. Es un texto de ideas, todas muy bien vistas y tenidas por deseables, aunque ninguna de ellas sea nueva. Son ideas sin fuerza. Tal vez al ser conscientes de ello, los autores incluyen un penúltimo apartado sobre la ironía, sobre la capacidad que tenemos los europeos de "reírnos de nosotros mismos". Quizá para demostrarlo terminan con una especie de jaculatoria al estilo perroflauta llamando a la movilización de "los europeos de a pie actuando en su propio nombre".
Frente a estas ideas sin fuerza se alza rotunda la fuerza sin ideas hoy reinante en Europa, cuya capital accidental fue ayer Barcelona, en donde más de ocho mil policías, algunos de los cuales parecían sacados de un baile de disfraces o de una peli indie, mantuvieron a raya a unos centenares de manifestantes. Su finalidad (la de los policías) era que la cumbre del gobierno del Banco Central Europeo, de cuyas deliberaciones depende el destino de millones de personas, discurriera plácidamente y los gobernadores no se irritaran, que podía ser peor.
Supongo que alguien se acuerda de cuando Dolores de Cospedal acusaba al gobierno socialista de implantar un Estado policial en España, un infundio por el que tendrá que rendir cuentas ante los tribunales según parece, aunque ella tiene por costumbre no asistir en estos casos pues es muy suya. En todo caso, para Estado policial el que llevan camino de imponer los conmilitones de Cospedal o sus allegados políticos nacionalistas. Fernández Díaz, ministro del Interior, no tiene nada que envidiar en punto a autoritarismo a Felip Puig, el consejero catalán de lo mismo. Además de la toma de Barcelona por la policía, se cuenta el episodio del puñado de estudiantes que siguen presos por los hechos del 29-M, cuya libertad se pide en la columna de la derecha de este blog. En Madrid no iban a ser menos. La policía no deja instalar mesas informativas del 15-M en Sol (si fueran petitorias de marujas para el Domund podría hablarse). Un par de diputados de IU van a preguntar al gobierno en sede parlamentaria si es cierto que el ministerio del Interior anda investigando a los dirigentes del 15-M. Es un ministerio que no solamente garantiza la contundencia de sus acciones de orden público sino que también pretende endurecer la ley para reprimir manifestaciones y concentraciones.
Todo lo anterior habla de la fuerza. Es la fuerza la que se está empleando para contener las reacciones de protesta de unas poblaciones cada vez más indignadas por las acciones de los gobiernos, orientadas por un único, rígido, inflexible criterio, más parecido a una obsesión que a una idea, de control del déficit público a toda costa y caiga quien caiga. La cerrazón germánica -que quizá ahora se matice si los franceses eligen a Hollande- no atiende a razones, no considera objeciones, no escucha ideas. Es la fuerza sin ideas. Política de recortes, ajustes, pérdidas de derechos, de capacidad adquisitiva, del mero empleo, que generan más paro, más estancamiento y retroceso, un círculo vicioso que sale de la deuda pero vuelve a la deuda agravada. Una política sin ideas. Y a los descontentos, si pasan de firmar manifiestos en pro del voluntariado, se los trata como un problema de orden público. Política sin ideas pero con fuerza.
En ese desencuentro todos, absolutamente todos, perderemos.

jueves, 8 de marzo de 2012

El fascismo avanza: interrogatorios con encapuchados.

La monstruosidad contra los derechos de los detenidos se produjo el otro día, después de la manifa contra la reforma laboral. Unos policías que no llevaban identificación y, además, iban encapuchados interrogaron a unos detenidos en una comisaría, privados así de todos sus derechos. No sé si se puede llevar más allá la aberración en todos los sentidos y si se puede ser más descaradamente fascista. Sin duda, la finalidad de quienes consintieron esta bestialidad era ser más eficaces pero, como siempre, el resultado de sus actos fue contrario a sus previsiones. Es incomprensible que la delegada del gobierno, Cristina Cifuentes, no haya dimitido ya.

Porque, ¿qué garantiza que los encapuchados fueran policías y no criminales o agentes de la mafia? Nada, no lo garantiza nada, salvo la palabra de Cifuentes, que vale menos de nada. Con una capucha no hay diferencia alguna entre un agente del orden y un asesino a sueldo. Dice la delegada que la práctica de los interrogatorios con encapuchados viene de los anteriores ministros socialistas. Un argumento estúpido porque ¿quiere decir que, si fuera verdad ello la facultaría para hacer lo mismo? Si el anterior ministro, pongamos por ejemplo, mataba todos los días un ujier, ¿ella podría hacer lo mismo?

Pero es que, además, estoy seguro de que la afirmación de la delegada del gobierno es falsa y una de sus habituales trampas. No es creíble que Rubalcaba y Caamaño recurrieran a estos procedimientos indignos. Y, desde luego, si lo hicieron, deben dimitir ipso facto de donde estén porque de aquí a detener a alguien, juzgarlo, condenarlo y ejecutarlo sin informarlo previamente de qué se le acusa, como al Joseph K. de Kafka, hay poca distancia. Pero estoy seguro de que no lo hicieron (de otro modo, se sabría), de forma que se trata de una mujer que, por salvar su cuello, no se arredra en calumniar al adversario.

(La imagen es una foto de Keoni Cabral, bajo licencia de Creative Commons).

jueves, 23 de febrero de 2012

El ejemplo de Valencia.

Es el que hay que seguir. Cuando parecía que la gente de Valencia vivía extrañamente subyugada por la manga de granujas y sinvergüenzas que llevan veinte años esquilmando las arcas públicas hasta dejar la Comunidad en la ruina y hasta los votaban por mayoría absoluta, he aquí que se lanza a la calle con un civismo, un pacifismo y una conciencia encomiables. No estaba todo perdido. Quedaba mucha dignidad entre la población que, por fin, consciente de su fuerza y de sus derechos, ha empezado a hablar.

Vuelven los valencianos a pedir la dimisión de Sánchez de León, esa delegada del gobierno entreverada de fascista que ordena apalear niños en la calle. Pero piden también más cosas. Su grado de conciencia política, como decía Palinuro ayer, ha aumentado. Piden que cesen los recortes en educación y que haya una educación de calidad. Y más aun, convierte a los valencianos en la punta de lanza o el mascarón de proa de la nave de la dignidad española, convocan a una huelga en Valencia y piden que se extienda a general en toda España y que los sindicatos la hagan suya.

La lucha de los estudiantes valencianos es la de todos los estudiantes españoles y la de estos, la de todos los españoles progresistas: parar los pies a un gobierno popular antipopular, que se ha estrenado con una batería de agresiones contra los derechos de los trabajadores.

Basta con ver y escuchar a los ministros y políticos conservadores para percibir que lo suyo es un plan premeditado de aniquilar los derechos de las clases populares y cargar falsamente las culpas sobre el PSOE. Basta oír al Director General de la Policía, Cosidó, diciendo que la acción policial el martes fue ejemplar, al ministro Wert seguir mintiendo con que el PSOE apoya manifestaciones violentas siendo no ya solamente su policía la única que recurre a la violencia sino su propio gobierno y el mismo ministro que habla: ¿o atacar los derechos de los trabajadores por decreto no es violencia? ¿No es violencia eliminar la "Educación para la ciudadanía" a fin de dejar a los chavales en manos de las doctrinas de los curas? ¿No es violencia suprimir el derecho al aborto o intentarlo con el matrimonio gay? Violencia es y de la más reaccionaria, de la más baja estofa. Por eso es un derecho de la ciudadanía luchar contra ella, y el camino lo señala Valencia.

(La imagen es una foto de popicinio_01, bajo licencia de Creative Commons).

jueves, 25 de agosto de 2011

Resacas


I. Strauss-Kahn.

Strauss-Kahn es inocente y el juez le ha devuelto la libertad. ¿Toda? No, no toda. Hay parte de ella que el juez ni nadie en la tierra es capaz de devolverle. Hay opciones que antes tenía abiertas y ahora le están cerradas. No puede volver al FMI y quizá no pueda ser candidato a la presidencia de la República de su país. No es libre del todo. Un sistema judicial indebidamente sensible al peso social de los justiciables (en un sentido u otro), unos medios proclives al sensacionalismo y unos comentaristas que toman sus prejuicios por la medida racional de las cosas han destrozado la carrera de una persona sometiéndola a un linchamiento inicuo. La víctima tiene ahora que reorientar su vida y seguramente lo conseguirá pues medios no le faltan. Los arriba citados, en cambio, no tienen nada que perder; nadie va a meterse con ellos. Sólo tendrán que hacer frente a su propia conciencia, si la tienen y, si la tienen, ojalá la escuchen. A ver si la próxima vez pesa más en su ánimo el respeto a los derechos de otro que sus prejuicios y su egoísmo.


II. La basura de los gratistotales.


La foto sólo en parte refleja el increíble estado en que quedó el campo de Cuatro Vientos en el que un millón de gratistotales tuvieron su juerga mística. Una semana (algunos dicen un mes) tardarán los servicios municipales de limpieza y las contratas en retirar las toneladas de porquería a razón de cien camiones diarios. Ya pueden los gratistotales volver a sus países con el alma limpia porque la mierda nos la han dejado aquí, incapaces, al parecer de llevarse cada uno sus tetrabicks vacíos en sus mochilas milagrosas. Digno colofón a un acto que fue una vergüenza de claudicación de los poderes civiles ante una iglesia que actúa como si el país fuera suyo: al final, meados.

En los años cuarenta del siglo XX se inauguró una línea de autobuses Madrid-Valencia que pasaba por Cuenca en uno de cuyos pueblecitos cuyo nombre he olvidado hacía una parada frente al único bar del lugar. Los pasajeros bajaban, estiraban las piernas, meaban en el excusado y volvían a subir al autobús ante la flemática mirada del propietario que decía con la sabia retranca centenaria del pueblo: "algo siempre dejan".


III. Brutalidad policial.

Decenas de vídeos tomados con móviles, videocámaras, etc. muestran que la policía se comportó como una banda de matones y gamberros de extrema derecha en diversas ocasiones con motivo de las manifas de los laicos en días pasados. Los agentes actuaron con una saña y una brutalidad contra los laicos y sólo contra los laicos que sería difícil de creer de no existir las imágenes. Es, además, una brutalidad políticamente motivada. Agreden a ciudadanos pacíficos, no por lo que hacen, que no estaban haciendo nada, sino por lo que piensan. Y eso es muy grave. Que los gratistotales hostigaran a unos ciudadanos madrileños que les habían pagado generosa (aunque no voluntariamente) su estancia aquí era de esperar. Que la policía, después de incumplir su deber de proteger la manifa legal y autorizada de laicos, la emprendiera a palos con estos y siguiera haciéndolo en días posteriores con quienes protestaban por los apaleamientos ya habidos, también era de esperar (a qué engañarnos) pero, a diferencia de los gratistotales que ya se han ido en buena hora la policía se queda. Y tiene que responder ante los ciudadanos del uso del poder y la fuerza que estos le confían. Los contribuyentess no pagan sus impuestos para que los apaleen sino para que los protejan en el ejercicio de sus derechos. Todos los ciudadanos injustamente agredidos deben denunciar los hechos. Y quizá haya que nombrar una comisión parlamentaria que investigue cómo se recluta a los policías en España y qué se les dice respecto a la función de la policía en una sociedad democrática y abierta, que no es sustituir al Papa repartiendo hostias y, encima, equivocándose de parroquia.

(La primera imagen es una foto de Guy Masavi, bajo licencia de Creative Commons). La segunda procede del blog de Juan Francisco González Barón. La tercera es una captura de un vídeo en publicado en El País.

jueves, 3 de marzo de 2011

Qué es la violencia y cómo se la condena.

Siempre que ETA y su entorno dan que hablar el discurso de la izquierda abertzale viene a ser opuesto al del resto de las fuerzas políticas en España. Con motivo de la detención en enero de diez miembros de Egin y Askatasuna, igual que con la de los cuatro presuntos etarras en Bilbao, al parecer con las manos en la masa de doscientos kilos de explosivos, la izquierda abertzale critica que el Gobierno no esté a la altura de las circunstancias y no ceje en su actividad represiva, desperdiciando la ocasión del alto el fuego de ETA. Es verdad que ETA está en alto el fuego porque, si no, ya habría hecho un estropicio con tal cantidad de explosivo almacenada en una ciudad tan densamente habitada como Bilbao.

Pero del lado del Gobierno, y de todos los que leen los periódicos, se dice que el alto el fuego de ETA es unilateral, que el ministerio del Interior no está en alto el fuego y que lo que los terroristas tienen que hacer es deponer las armas y entregarse. Entre tanto, la policía sigue cumpliendo su misión de perseguir el crimen y prevenirlo siempre que sea posible. Porque así como el deseable fin de la violencia en el País Vasco no acarreará contraprestación política alguna, las treguas mucho menos.

Es de esperar que Mayor Oreja no aproveche el momento para decir que estas detenciones son detenciones trampa, cortinas de humo para ocultar las negociaciones de este pérfido gobierno con ETA. Es de esperar, pero quizá sea demasiado esperar. Dadas las circunstancias y las gentes que las viven todo lo que, por desgracia, acabará produciéndose quizá no sea más que un incómodo silencio en donde debería haber un cerrado aplauso a la tarea que llevan a cabo las fuerzas de seguridad.

Las detenciones se cruzan con el procedimiento abierto para ver si se permite o no que Sortu sea legalizado como partido. Y no ayudan a la legalización, es evidente. Ni tienen por qué. Sortu ha perdido una ocasión única de dar peso a su solicitud condenando la tenencia de explosivos. Pero los abertzales contestan que: a) ya dijeron que condenaban sin ambages la violencia de ETA; b) de hecho, aquí, no se ha producido violencia.

Está claro que el problema reside en qué se entienda por violencia. En principio es sencillo: violencia es toda fuerza hecha sobre terceros en contra de su voluntad. La violencia puede vivirse consciente o inconscientemente. Si me disparan de frente, es violencia y si por la espalda, también es violencia. La violencia pueder ser en acto o en potencia, como distinguían los escolásticos. La explosión de doscientos kilos de explosivos de golpe o en porciones es violencia como también lo es la tenencia de esos doscientos kilos siempre que exista una probabilidad superior a cero de que vayan a emplearse. Y existe. Y es bastante alta.

Hay un acuerdo generalizado en que, excepción hecha de la legítima defensa, toda violencia es condenable. La violencia de los aparatos del Estado se entiende siempre en legítima defensa de la colectividad. La condena, a su vez, puede ser de carácter abstracto o dirigirse a un caso concreto. Pero la una llama a la otra. La condena de la violencia en abstracto, como una lacra de la condición humana desde el principio de los tiempos, tiene su complemento en la condena de esta violencia concreta, aquí y ahora, la de los doscientos kilos de explosivos. Lo universal comprende lo particular, argumenta la izquierda abertzale. Cierto. Y lo particular comprende igualmente lo universal. Condenar el universal sin condenar su manifestación concreta equivale a no condenar.

Ignoro en qué medida basará el Tribunal Supremo su decisión en estas cuestiones de la condena de la violencia pero, en la medida en que lo haga, Sortu no está actuando de forma que favorezca su petición de legalización. Ellos sabrán lo que hacen pero no es lógico poner en peligro el logro del objetivo en el último tramo por una cuestión de empecinamiento. Lo que el Supremo tiene que decidir es si y en qué medida la continuidad de las personas entre Batasuna y Sortu revela continuidad de los propósitos y tal parece que la haya desde el momento en que quienes callaban antaño frente a la violencia y, por lo tanto, otorgaban, siguen haciéndolo hoy.

(La imagen es una foto de Chesi - Fotos CC, bajo licencia de Creative Commons).