Lo que pretende hacer el director general de la policía, Ignacio Cosidó, de impedir que se hagan fotos de la policía "trabajando" (dice; quiere decir, reprimiendo) y penar que se difundan por la red es inconstitucional, ilegal, inmoral y profundamente antidemocrático. Es prueba del talante fascista de los actuales gobernantes. Es el mismo espíritu con el ya trataron de impedir que las televisiones cubrieran la manifa del 25S y hostigaron y amenazaron a los periodistas.
Quieren la impunidad para que la fuerza pública pueda actuar sin control, cometer todo tipo de tropelías y que no haya testigos. Quieren, tanto Cosidó como Cristina Cifuentes y otros mandos policiales, así como el ministro del Interior, establecer un Estado policía. Un Estado policía al más puro estilo fascista: ningún derecho para la población e impunidad para los policías para que puedan hacer lo que les dé la gana sin testigos.
Además es un atentado frontal contra los derechos fundamentales de libertad de expresión y derecho a la información. Sostiene Cosidó que hay que velar por la seguridad de la policía cuando hace su "trabajo". Es obvio que si la policía hace su trabajo con arreglo a la ley, las imágenes que se tomen jamás podrán comprometer su seguridad. Pero lo que quiere este individuo es que queden protegidos también cuando se saltan la ley y abusan de su poder, que no son pocas veces. Quiere suprimir de raíz el derecho que tenemos los ciudadanos a ver y saber cómo actúan los policías a los que pagamos con nuestros impuestos; incluido el salario de ese señor Cosidó que aspira que sus policías nos abran la cabeza sin que podamos siquiera protestar.
Pero la maniobra es aun más siniestra de lo que parece, mucho más que el intento de garantizar la impunidad para los abusadores y la supresión de los derechos fundamentales. Es un intento de edificar un verdadero Estado policía en la medida en que, si nadie puede fotografiar lo que hace la policía está claro que será esta la que fabrique los relatos de lo que haya sucedido, siempre culpando a la población civil, eximiéndose ella misma, cargando sobre los manifestantes los más pintorescos delitos, en definitiva, fabricando las pruebas y los montajes a su capricho sin que los ciudadanos podamos defendernos. Y esto es no es una fábula: lo están haciendo ya. Lo hicieron al intentar acusar a los detenidos el 25S de delitos imaginarios que los jueces han rechazado. Lo haceb cuando envían policía disfrazados, agentes provocadores, con la misión de provocar violencia para justificar las cargas más bestiales y acusar luego de aquella a la gente en los tribunales. Obviamente, no quieren pruebas de sus fechorías. El fascismo nunca quiere testigos de sus delitos.
Si ese proyecto de impedir que los ciudadanos podamos fotografiar y grabar lo que pasa en la vía pública sale adelante, junto a las actividades represivas ilegales de la delegada del gobierno en Madrid, el fascismo habrá ganado otra batalla contra una sociedad esquilmada, explotada, oprimida, engañada, apaleada y ahora despojada del resto de sus derechos.
Lo único sensato que en democracia y en un Estado de derecho aceptable de nivel europeo cabe hacer con estos dos elementos de Cristina Cifuentes e Ignacio Cosidó es destituirlos fulminantemente por enemigos jurados de las libertades y los derechos de los ciudadanos..
