La libertad de expresión es la base de todo

Sin libertad de expresión todos los demás derechos son papel mojado. Por eso, lo primero que hacen los tiranos es reducirla o suprimirla. Lo primero que hizo el gobierno del PP vencedor con mayoría absoluta parlamentaria en 2011 fue cambiar el estatuto legal de la RTVE para suprimir en ella la libertad de expresión y ponerla a su servicio y lo segundo, elaborar una ley de restricción de las libertades públicas, singularmente de expresión, reunión y manifestación que se promulgó en 2015 como Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, más conocida como Ley Mordaza.

La inquina de la derecha neofranquista a la libertad de expresión es acendrada y muy fuerte. A estas alturas son varios los titiriteros, raperos y tuiteros procesados por enaltecimiento de lo que no se debe enaltecer, injurias a quien no se puede injuriar, atentado contra unos sentimientos religiosos contra los que es permisible atentar. Todo pura especulación, fabulación, interpretación y arbitrariedad. 

Quien impone límites a la libertad de expresión sabe en dónde empieza, pero no en dónde acabará. Entre castigar algo tan etéreo como la falta de respeto a los símbolos e imponer un código de decoro público religioso por ejemplo, solo hay un paso.

Y ello sin mencionar un factor adicional. La represión de la libertad de expresión no solamente es una injusticia sino una doble injusticia porque depende de qué ideologías sean las implicadas: las injurias, faltas de respeto, amenazas, insultos, coacciones de la extrema derecha, muchas de ellas muy relacionadas con el PP, ni se consideran en justicia. No van a los tribunales. Esta justicia es injusta porque es manifiestamente parcial, política.   

El tiempo ilegal

Me ha llegado esta publicación de Il.legal Times en la que colaboro con un breve texto. Esto de Il.legal Times es una idea conjunta, según ellos mismos dicen, de la cooperativa de comunicació L’Apòstrof i el dibuixant satíric Jaume Capdevila (Kap) a fi de recollir veus crítiques contra les polítiques repressives de l’estat espanyol. Dicho queda y servidor muy orgulloso de ver su breve texto entre tantas magníficas ilustraciones y tantas otras colaboraciones tan diversas y complementarias.

Con esa declaración de intenciones no resulta extraño que la portada presuma de ser premsa groga o "prensa amarilla". Dadas las circunstancias en que vive Cataluña, donde la Junta Electoral Central ordena que los abuelos no lleven lazos amarillos por la calle, se entiende que esa denominación de "prensa amarilla" tiene varios niveles de significados. Uno de ellos es el título original de una película de John Ford de 1949, She Wore a Yellow Ribbon ("ella llevaba una cinta amarilla") que en España tradujeron con evidente sensibilidad como "la legión invencible". Toma ya. El título de la película es el de una vieja balada del siglo XVII, que habla de la separación de los amantes, un tema eterno, con amargo final. Canta la novia que aguarda el regreso del soldado que está "muy, muy lejos", aunque parece que hay alguna versión anterior que invierte los papeles y es el amante el que espera el regreso de la amada. Sea de una u otra forma, la cinta amarilla simboliza la separación de los seres que se aman. A lo mejor lo prohíben por eso.

Piensan hacer la presentación de Il.legal times el lunes, 18 de diciembre, a las doce del mediodía en el Col·legi de Periodistes. Intervendrán la dibujante belga Cécile Bertrand (La Libre Belgique); los dibujantes Kap (idea original y coordinación de los ilustradores), Fer, Sr. Plástiko, Ferran Martín, Azagra y Ant; un miembro del Col·lectiu Ronda y un representante de l'Apòstrof.

Para cuando esté presentada supongo que se podrá consultar en la red y tendré un enlace.

Los "límites" del humor

Da la impresión de que la colectividad está desbarrando. Se persiguen judicialmente los chistes; se condena penalmente a los chistosos. Y, claro, se arma un escándalo por lo que muchos consideran un ataque a la libertad de expresión ya que, en principio, el humor no delinque.

Fue, más o menos, el contenido del intercambio parlamentario en sesión de control entre el diputado de Podemos, Alberto Garzón, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Garzón cuestionaba el hecho mismo de juzgar a alguien por chistes y señalaba discrepancias judiciales según los tribunales estuvieran compuestos por miembros del Opus Dei o por "personas del siglo XXI". Catalá respondía que no se condenaban chistes sino un delito de humillación a las víctimas del terrorismo. Es decir, en definitiva, un chiste puede ser un delito, porque tendrá toda la humillación que se quiera, pero es un chiste. Y dentro de una tradición nacional de humor negro que es materia de interpretación. Otra cosa sería si habláramos de amenazas. Pero esas no suelen ser perseguidas. Curioso.

El episodio de Wyoming, un peldaño más en esta escala de persecución de la libertad de expresión, cierra un ciclo de verdadero absurdo. La Audiencia Provincial admite la querella de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos contra el programa el intermedio por un presunto delito de ofensa a los sentimientos religiosos. La acusación va contra un sketch de Dani Mateo, titulado las cinco cosas que nunca te han contado del Valle de los Caídos que, por cierto, es bien ingenioso. Considera la Audiencia que el tal sketch podría estar incurso en el magmático artículo 510 del Código Penal sobre el odio. ¿Odio Dani Mateo? El Valle en cuestión sí es un monumento al odio, un monumento supuestamente a la reconciliación pero en realidad a la victoria de unos sobre otros a quienes, además, se robó el derecho a yacer bajo los símbolos por los que habían caído. Eso es odio. Y no lo de Dani Mateo.

Véase el vídeo. Las cinco cosas de que se habla aportan datos empíricos apabullantes: cuántos caídos yacen, cuántos identificados, cuántos años tardó el monumento en construirse, cuántos trabajaron en la construcción y de dónde procedían, cuánto mide la cruz, cuánto pesa. Son datos fríos, numéricos, no contienen odio. No hay odio en decir que hubo miles de presos políticos trabajando en aquella obra faraónica y en qué condiciones.

La única expresión valorativa, no estrictamente empírica es la calificación de mierda para la cruz. No se olvide, además, que la palabra de las seis letras pone siempre nerviosos a los temperamentos conservadores. Lo sabía muy bien Ubu Rey. Porque por esas andamos. El juicio de mierda dedicado a la cruz es un juicio estético. Si uno no puede decir que el monumento al general Martínez Campos le parece una mierda, realmente el concepto de libertad de expresión al uso es reducido. Aplicar a unos datos objetivos y estadísticos y un juicio estético una presunción de delito de odio, sí que parece un chiste.

Y un chiste de humor negro, macabro. Ese monumento lo es al fascismo. Por eso está enterrado en él el fundador de la Falange. Y, sin embargo es sostenido con dineros públicos, como lo son las organizaciones estilo Fundacional Nacional Francisco Franco. Lo que es un chiste es que la Fundación de marras reciba subvenciones públicas.

En el fondo, la culpa de haber llegado a esta situación de verdadero ridículo es de la izquierda que, pusilánime como siempre, no se atrevió cuando tuvo mayoría absoluta a encontrar una solución para eliminar o, cuando menos, disimular ese horror y resolver el problema de las asociaciones y organizaciones dedicadas a ensalzar y enaltecer la dictadura.

¡Ah! Y, para acabar: al autor de estas líneas, a Palinuro, le parece que, no solo la cruz, sino todo, absolutamente todo lo que hizo el franquismo, fue una mierda. Una mierda y un crimen. 

Las comparaciones son odiosas

E inevitables. Hace unos días, la señora Aguirre se mostraba indignada por la comparación entre Trump y Hitler que había hecho la alcaldesa de Madrid, Carmena. Podía haberle citado la célebre Ley de Godwin y hubiérmos terminado antes. Pero quizá ambas políticas no estén familiarizadas con dicha ley. La propia Aguirre, que tan indignada se muestra con la comparación de Carmena, publicaba en 2014 un artículo, El populismo, en el que comparaba a Podemos con los nazis. Más aun: con el totalitarismo en general, con los nazis y los comunistas al mismo tiempo. Hasta se lucía con una amalgama poco frecuente equiparando a Joseph Goebbels con Willy Münzenberg, el genio de la propaganda de la IIIª Internacional.

En mitad de esta pelea sale Der Spiegel, comparando a Trump con los yijadistas. De inmediato se han levantado voces de protesta por doquier. Alguien de la UE sostiene que la portada "carece de gusto", lo cual es evidente e insulso al mismo tiempo. Otros son más agresivos: ataque a la democracia, demagogia, antiamericanismo. El Bild Zeitung ha sido el más agresivo contra Der Spiegel. La caricatura, por cierto, es de un cubano refugiado en los EEUU. Hay quien, con algo más de vista, razona que esos ataques de la prensa son los que Trump necesita para seguir hostigando a los medios. Pero tampoco es convincente. Trump seguirá siendo hostil a los medios porque es un gobernante autoritario que no tolera la crítica ni la discrepancia.

Curiosa es la furia y unanimidad de la reacción en contra. Estas no pueden originarse en el contenido de la imagen en sí, porque es más suave que la que publicaba el Daily News en noviembre de 2015 con la misma idea. El peligro no está en el mensaje, sino en su difusión. El Daily News es un periódico neoyorquino, Der Spiegel es el Titanic de las revistas alemanas, respetada y difundida en el mundo entero. Hace más daño.

La comparación de Trump con Hitler sin duda apunta el presumido totalitarismo de aquel. La comparación con la Yijad pretende señalar al supuesto extremismo, el integrismo del presidente.Las imágenes tienen la fuerza, el impacto de lo visual, inmediato, directo. No son una narración. La narración se lee después.

Las críticas a estas comparaciones (la de Carmena, la de Der Spiegel) se concentran en el "mal gusto", la exageración, la mala fe. Incluso, si se nos apura, en la famosa "amalgama" estalinista que la señora Aguirre practica con fruición. Si embargo, si se razona un poco, se verá que el contenido de los argumentos y las medidas ya en vigor de Trump revelan precisamente el espíritu intolerante, excluyente, xenófobo, racista que animaba y anima a los otros téminos de la comparación. Si piensan de forma parecida y dicen cosas parecidas será porque se parecen.

Pero hay más en la historia. Estas comparaciones se justifican invocando la experiencia. Pero invocan solo parte de ella. Si ampliaran la visión cundiría más la alarma. Nadie creyó al principio que un tipo como Trump consiguiera la nominación republicana y todos se reían de él. Fue nominado. Nadie después creía que pudiera ganar las elecciones a Clinton y seguían riéndose de él. Las ganó. Al principio, en España, durante la República, nadie se tomaba en serio a la Falange y aquello acabó como acabó. En Alemania muy pocos se tomaban en serio al vociferante Adolf Hitler en los años veinte. Y pasó lo que pasó. Si, cuando se reacciona, es tarde, ¿no es razonable anticiparse a los desastres?

Trump tiene una pulsión evidentemente antiliberal y antidemocrática. La opinión general es que las centenarias instituciones democráticas de los EEUU mantendrán a raya esa pulsión y el Estado de derecho prevalecerá. Pero ¿y si no lo consiguen? Las instituciones son humanas y débiles, especialmente ante el factor humano.

Según parece, desde la llegada de Trump, se han disparado las ventas de 1984, de Orwell. La conexión de sentido es clara. Pero todavía hay otra más clara aun y que me extraña no se haya reeditado ya, la novela de 1935 de Sinclair Lewis, Aquí no puede pasar, en la que cuenta el acceso al poder de una especie de nazi yanqui, Berzelus "Buzz" Windrip, que establece un régimen totalitario tras ganar las elecciones a Roosevelt.

A la cárcel por gracioso

Decía hace poco Palinuro que el humor no delinque a propósito de una tuitera, Cassandra V, a la que piden dos años de cárcel y otras penas por unos chistes en tuiter sobre Carrero Blanco. Pero, sí, parece que delinque. Por eso le cae un año a César Strawberry por seis tuits de humor negro. En verdad, no es razonable. Produce pasmo que la jocosidad tenga consecuencias penales. A propósito de esta sentencia del Supremo ha escrito un buen artículo Máximo Pradera, cuyo contenido suscribo, explicando a los jueces la diferencia entre el sentido literal y el sentido figurado. Empeño heroico porque es imposible explicar un chiste a quien no tiene sentido del humor.

El asunto está claro en la argumentación del alto tribunal, que Pradera cita: La afirmación de que César Montaña no perseguía la defensa de los postulados de una organización terrorista y de que tampoco buscaba despreciar a las víctimas, es absolutamente irrelevante en términos de tipicidad. La estructura típica del delito previsto en el art. 578 del CP no precisa la acreditación de con qué finalidad se ejecutan los actos de enaltecimiento o humillación. Pero, si no se indaga la finalidad, ¿cómo se sabe que son actos de enaltecimiento o humillación? ¿Hay una realidad objetiva del enaltecimiento y la humillación, como si fueran un dolmen y un menhir? ¿No es más bien asunto de interpretación? Y, si es así, claro que es esencial conocer la finalidad. Para que nos entendamos: hay actos que son de enaltecimiento y de humillación al mismo tiempo, según los ojos que lo miren y siendo el mismo acto. Para unos puede ser el más alto tributo y para otros la mayor de las humillaciones, incluso un sacrilegio. 

Estos jueces han abierto el camino a la vuelta de los delitos de opinión, a los que tan aficionada es la derecha, que ahora está muy ocupada lanzando al Tribunal Constitucional contra los independentistas catalanes.

Retratos a la brasa

Mi artículo de elMón.cat titulado

Tàctica i estratègia.

El lunes, mientras estábamos en el Romea, tratando nuestras quisicosas, unas gentes a las puertas del Parlamento catalán, quemaban fotos del rey mientras que, en el interior, al estar prohibido fumar, tres diputadas de la CUP se limitaban a romperlas. Todo en protesta por el hecho de que, con anterioridad, los mossos d'esquadra hubieran detenido a tres de los cinco activistas que, en fechas pasadas, igualmente metieron la tea a unos retratos del monarca. Los otros serían detenidos por la guardia civil caminera en el autobús que llevaba a un buen puñado de cupaires a Madrid a protestar por las tres primeras detenciones.

Parece que a la gente de la CUP no le gusta el Rey de España. Lo cual no se entiende del todo bien pues, al ser una organización independentista, poco debiera importarle si el país vecino, España, tiene un rey o siete o una calabaza en el trono. Pero le importa y está dispuesta, como se ve, a prenderle fuego, en principio en símbolo. Y eso, gustará más o menos, pero no es delito. No es delito quemar en la calle el retrato de cualquier ciudadano y tampoco el del monarca que, según la doctrina oficial es legalmente igual a aquel y, si este es quemable, también lo será el del rey.

Los retratos, las banderas, las imágenes, son símbolos y tienen el valor que los seguidores o adversarios quieran darles. En principio, quemar los símbolos que un grupo adora es lo mismo que imponer su presencia a quienes los detestan. Tan provocación es lo uno como lo otro. Tan ofendidos pueden sentirse los otros como los unos. No habiendo un daño o perjuicio al bien común o privado objetivo, material, mensurable, el respeto o falta de respeto es asunto de opinión y, por lo tanto, amparado en la libertad de expresión.

En fin, de eso trata el artículo cuya versión castellana sigue:

Táctica y estrategia

“Ninguna oferta de falso diálogo detendrá el proceso”, decía el lunes el presidente Puigdemont en el teatro Romea. Por supuesto que no. Pero hay más, en las condiciones actuales, en las que viene acompañada de un recrudecimiento de la actividad represiva del Estado, toda oferta de diálogo es necesariamente falsa. Decir que se pretende dialogar con quien se persigue judicialmente y se encarcela es agredir doblemente a la otra parte e insultar la inteligencia de los espectadores.

La oferta de diálogo del gobierno viene acompañada de la exigencia de que se abandone la hoja de ruta y se renuncie al referéndum. Como es de esperar, tratándose de franquistas, este gobierno es incapaz de vislumbrar la idea de que dicha exigencia solo empezaría a ser admisible si viniera acompañada de un archivo definitivo de todas las causas judiciales abiertas contra el independentismo. Solo de este modo se establecería una situación de igualdad, requisito imprescindible de todo diálogo. De no ser así, se tratará de un monólogo de “ordeno y mando” inadmisible, por mucho que guste a este gobierno.

¿Qué eso no se puede hacer porque depende del poder judicial que está separado del ejecutivo y el legislativo? La crisis española solo entrará en vías de solución cuando los gobernantes digan la verdad, en lugar de mentir por sistema. En España no hay división de poderes. No la ha habido nunca. Respecto a las relaciones entre el Parlamento y el gobierno (que depende de la confianza de la Cámara) no la hay desde 1978. Lo que había antes no merece ni una mención. Pero tampoco la hay entre el ejecutivo y el judicial desde la victoria del PP en las elecciones de noviembre de 2011. La permanente interferencia del gobierno y su partido en la administración de justicia y la politización de esta lo dejan bien claro. El mismo gobierno que fuerza al Tribunal Constitucional a proceder cómo y cuándo le interesa y moviliza a la fiscalía en contra de sus adversarios políticos, obligándola a “afinar” sus patrañas es el que puede y debe renunciar a estos procedimientos, eliminar la politización de la justicia y proteger a los ciudadanos en el ejercicio de sus libertades y derechos, entre ellos el de libertad de expresión, que incluye quemar las banderas y los retratos que quieran, siempre que, como objetos materiales, sean de su propiedad.

Vamos aquí al meollo de la cuestión en estos días. Muchas buenas gentes censuran la quema de retratos reales porque, dicen, son provocaciones inútiles que proveen de razones al adversario y constituyen errores tácticos puesto que alejan o dificultan los objetivos estratégicos. De ser esto cierto, en efecto, las quemas y roturas simbólicas serían un error. La táctica debe estar siempre al servicio de la estrategia y, si no lo está, si dificulta el logro de esta quizá no solo sea un error sino una maniobra adversa.

Pero eso no es cierto. Los ciudadanos podemos hacer cuanto no esté expresamente prohibido en las leyes y en ningún sitio se dice que no podamos quemar efigies del rey como podemos quemar las de sus servidores y lacayos. Eso solo puede perseguirse a base de invocar principios etéreos, sin duda incluidos en otras normas por lo demás dudosas, que hablen de “ofender” la dignidad real o cosas similares. Dependiendo de consideraciones subjetivas de este jaez y de la sensibilidad subjetiva de los supuestos agraviados, aquí podría penarse todo, hasta la exhibición de esteladas en los balcones o las camisetas independentistas. Y hasta las conversaciones. Y, ciertamente, hasta las ideas.

No será la primera vez en España y ya estaremos como siempre, volviendo a la Inquisición.

Los ciudadanos pueden quemar imágenes del rey porque todos los españoles, según doctrina oficial, somos iguales ante la ley. Igual de quemables también. Eso es algo evidente en sí mismo, tanto como no ver que la propia idea de provocación es interpretable según distintos criterios. Quemar retratos del rey es perseguible, ¿y no lo es colocarlos por doquier para que presidan los actos públicos de todas las corporaciones, aunque estén compuestos por fuerzas republicanas? ¿No lo es que presidan las tomas de posesión de todas las autoridades, incluidas igualmente las republicanas? ¿No lo es que la justicia se administre “en nombre del rey” y no del pueblo o de la recta razón? Obligarnos a todos a soportar la presencia universal de la imagen real no es provocación, dicen los apologetas de la censura monárquica. Solo lo es que alguien la queme o la rasgue.

Obviamente, la enésima aplicación de la ley del embudo que pone en sus términos el valor de la oferta de diálogo del gobierno.

Desde luego estas falsas ofertas de diálogo no detendrán el proceso. Y tampoco lo hará calificar de provocaciones las respuestas populares frente a las provocaciones del gobierno. ¿No quieren ustedes, caballeros, que la gente queme el retrato del rey? No nos obliguen a soportar en todas partes la imagen de alguien a quien no ha elegido nadie y cuya legitimidad descansa en el nombramiento de un militar felón y perjuro muerto hace casi medio siglo.

Querencia por la dictadura

La relativa ventaja de los tontos es que no saben que son tontos. Cuanto más tonto es alguien, menos se da cuenta de lo tonto que es. Es el caso de la vicepresidenta del gobierno. La cantidad de tonterías que lleva dichas y hechas esta ratita hacendosa en su interminable mandato daría para llenar bibliotecas enteras. Y ahí sigue, tan ufana, pensando que asombra al mundo con sus profundas ocurrencias. La última, anunciada ayer, es la intención de "regular" (léase suprimir) la libertad de expresión en la red porque, afirma esta lumbrera de la ciencia jurídica, "estamos absolutamente desprotegidos en digital".

Ni en digital ni en femoral o intestinal. No estamos "absolutamente" desprotegidos. Ni siquiera "relativamente". Si lo que esta pedante quiere decir es que en el ámbito digital hay más libertad para difamar, calumniar, atentar contra el honor, el buen nombre, etc, es falso de toda falsedad. Para eso está el Código Penal, tan vigente en lo digital como en lo no digital. Si esta señora cree que se mancilla su buen nombre (a la hora de reprimir y censurar los franquistas siempre están a vueltas con el honor y el buen nombre) solo tiene que acudir a los tribunales.

La desprotección frente al infundio, la calumnia, etc en relación al derecho al honor es mentira. Lo que estos franquistas quieren -como siempre- es censurar la esfera pública, impedir la libertad de expresión, criminalizar las opiniones políticas que no les gustan y que son todas excepto la de "Una, grande, libre", "Arriba España" y "Viva Franco", lo que llevan en el corazón. Quieren suprimir la libertad de expresión no en asuntos privados y particulares sino en el ámbito general: que nadie pueda criticar el gobierno o al rey o disentir de sus habituales monsergas. Quieren eliminar la discrepancia, la objeción, la crítica.

Quieren legislar el silencio.

Dice la enmienda 1ª de la Constitución de los Estados Unidos (ese país que los carcundas del PP tanto dicen admirar) que "El Congreso no aprobará ley alguna que establezca una religión, ni prohibirá la libre práctica de la misma; ni limitará la libertad de expresión, ni de prensa; ni el derecho a la asamblea pacífica de las personas, ni el de solicitar al gobierno una compensación de agravios". Si los tribunales españoles aplicaran esta sabia doctrina, todos los gobernantes del PP estarían en la cárcel, empezando por la ratita hacendosa, siguiendo por la señora Cifuentes y terminando en ese prodigio de veneranda tiranía callejera que es Fernández Díaz.

"Ninguna ley que limite la libertad de expresión y de prensa" quiere decir exactamente eso: ninguna ley que limite la libertad de expresión y de prensa. Ninguna. Y esa Constitución lleva casi dos siglos y medio en vigor sin necesidad de otra, sin que el país, "absolutamente desprotegido",  haya padecido jamás dictadura alguna como las que han soportado repetidas veces los "protegidos" españoles y la última, si Prometeo no lo evita, la que quiere implantar el PP, considerado por algún juez como una asociación de delincuentes.

De ahí se sigue que, como tantas veces se ha dicho, la mejor ley de prensa es la que no existe.

Ni en lo virtual, en lo digital o en lo celestial. La libertad de expresión no se puede limitar bajo ningún concepto salvo en los casos de conflictos de derechos entre personas privadas. Pero no es esto lo que estos franquistas quieren, sino que pretenden reprimir la libre expresión de las ideas, como han hecho siempre, como hicieron sus antecesores desde la Inquisición, organismo por el que sienten verdadera pasión.

No se conforman con la protección jurídica ordinaria que con tino y eficacia brinda el Código Penal. Quieren que se prohiban todas las manifestaciones públicas no solo los infundios, injurias y calumnias a los particulares, sino aquellas otras que los "ofendan" en sus convicciones políticas y religiosas. Quieren volver a condenar a la gente por faltar al "respeto a la autoridad" o por "blasfemar" o por burlarse de los sacrosantos símbolos de la Patria, la bandera o el chundarata ese que llaman himno nacional.  

Es decir, como siempre, quieren restablecer la dictadura que es lo que les mola.

Porque la cabra tira siempre al monte. Sobre todo, la de la legión.

Prohibir el recurso al pataleo

Inauguran su mandato como siempre: prohibiendo algo. Con la "Ley Mordaza" creían haberlo prohibido todo, pero se olvidaron de las burlas a la Ley. Ahora quieren prohibir las burlas y, ya puestos, todas. Porque eso es lo que son mayoritariamente los memes, burlas. El hasta ahora respetado derecho al pataleo. Para ello se invoca el derecho al honor. Un laberinto de interpretaciones. Si alguien, por ejemplo, ha cobrado comisiones ilegales, el derecho al honor vulnerado no está en el hecho en sí sino en el modo de comunicarlo. Porque los memes son comunicación. Es la imagen lo que se persigue; pero tampoco debe de ser eso porque, antes de internet, los memes eran dibujos, chistes, caricaturas que se remontan a los orígenes de la prensa. Los memes, los inocentes memes, pertenecen a la tradición de la caricatura. Muchas veces, los caricaturizados no se complacen con sus caricaturas pero de ahí a prohibirlas por ley media un trecho. Claro, a lo mejor no son las imágenes en sí, sino eso que se llama su "viralidad", esto es, que se difundan en cuestión de horas y que sean tan ingeniosas.

El honor es categoría social, por lo tanto la norma deja un amplio margen interpretativo a los jueces pero ahora quiere recortarlo sacando los memes de toda interpretación, prohibiéndolos de raíz. Y ¿cuál es el criterio para prohibirlos? La publicación de imágenes sin consentimiento, se entiende que expreso. Pero eso haría imposible el trabajo de los medios audiovisuales, gráficos y escritos que cubren los actos públicos de los partidos, por ejemplo. Si ls imágenes no pudiesen difundirse sin más, los actos no serían tan públicos; más bien privados. Y si los medios suben las imágenes, ¿cómo se va a impedir que otros suban las imágenes de los medios que traen las imágenes de aquellos cuyo derecho al honor ha de protegerse?

Prohibir los memes en las redes es prohibir los chistes.

Los totalitarios demócratas.

Hace diez años, Esperanza Aguirre, entonces presidenta de la CA madrileña, despedía de Telemadrid a un conocido periodista porque había comprado los argumentos del enemigo. Un atropello, desde luego, pero muy en la línea en que su partido procede habitualmente. Telemadrid era un aparato de agitación y propaganda a su exclusivo servicio con el dinero de todos los contribuyentes. Como lo es RTVE para el PP o era la televisión de Castilla La Mancha para Cospedal. El PP entendió desde el principio que la política en la sociedad mediática se hace en los medios y que es preciso controlar estos, sobre todo los audiovisuales. Pero sin descuidar los escritos, en su mayoría privados y en buena medida también al servicio de la derecha.

Con este palmarés es insólito que Aguirre exija que se cierre la web "versión original" del Ayuntamiento de Madrid, dedicada a rectificar y/o desmentir informaciones erróneas o falsas sobre su actividad. Lo de menos es que sea una exigencia. Es el estilo altanero, impertinente e intemperante de esta señora, insoportable para gente civilizada y democrática y el que le hace perder las elecciones cuando ya no hay modo de financiarlas a base de la Gürtel.

También de menos es el repertorio metafórico de la dama. Pravda 2.0 es parte de un vocabulario de un anticomunismo primitivo en el que se solaza. Bolchevismo, leninismo, checa, Stalin, totalitarismo, son gemas que adornan su discurso normalmente agresivo, algo chulesco (ese 2.0 tiene hasta un punto cheli) y autoritario, por supuesto disfrazado de democrático. El disfraz dura poco. Basta que el Ayuntamiento quiera suprimir la vergüenza de calles dedicadas a golpistas, delincuentes, criminales, genocidas, totalitarios y dictadores para que la demócrata se oponga con uñas y dientes.

Pero tampoco importa gran cosa que la señora sea la menos indicada para exigir nada en el terreno de los medios. Esgrimirlo es una forma de argumento ad hominem basado en el socorrido ¡y tú más!

Igualmente es poco acertado señalar cómo la escandalera montada por muchos periodistas contra la web municipal carece de valor por venir de gentes que han aceptado la humillación profesional de cubrir ruedas de prensa sin preguntas e, incluso, con la doctrina impartida a través del plasma.

No. Lo inadmisible del ataque a la web del Ayuntamiento radica en su absurdo. Versión original (buen título, por cierto) rectifica y/o desmiente noticias erróneas sobre su gestión. Está en su derecho. No censura el contenido de los medios ni interfiere en su actividad. Se limita a dar cuenta de los hechos. Si los medios creen que se los ataca o menoscaba o perjudica, pueden acudir a los tribunales. Eso es, se dice, lo que puede -y debe- hacer el consistorio: acudir a los tribunales si cree que las informaciones de los medios falsean a propósito la realidad y lo perjudican objetivamente.

Precisamente por ello es de aplaudir la web versión original, porque va a ahorrar al Ayuntamiento y, por ende, a todos los vecinos, mucho tiempo y dinero en acciones judiciales. Basta echar una ojeada a algunos medios, singularmente el ABC y La Razón, sin olvidar algunos digitales para comprobar que no es que publiquen errores o falsedades sobre el Ayuntamiento de Madrid (y, en general sobre cualquier gobierno de izquierda) sino que publican auténticas canalladas, infundios y mentiras sin cuento. Hay portadas tan escandalosas (a la par que demenciales) de estos tebeos que explican por qué la prensa española es la que tiene menor crédito en Europa. Y al decir "menor crédito" se da por supuesto, infundadamente, que alguno tiene.

Esa web del Ayuntamiento de Madrid saca de quicio a los totalitarios de la derecha, los herederos de quienes se pasaron 40 años monopolizando la información, porque no la controlan y desmiente sus infundios. Es de esperar que el PSOE no haga el juego a estos censores.

S'ha acabat el bróquil.

Tomo prestado el título del libro de Jaume Barberà, éxito de ventas, aunque con una intencionalidad distinta. El bróquil que aquí s'ha acabat es de otra naturaleza. Se ha acabado la broma, vaya. Eso de tener a un rojeras descorbatado batiendo marcas de audiencia, dando voz a los adanes, dejando en evidencia a este gobierno, cuyo talante democrático raya en cero, no es justificable. Presión de la autoridad sobre la cadena privada y puntapié al presentador incómodo. El programa seguirá pero es de presuponer que con una orientación distinta, más respetuosa con los poderes constituidos.

La empresa justifica la medida en la falta de objetividad de Cintora. Lo hace de modo ritual pues la nota no explica nada, sino que comunica una decisión adoptada. Es un poco cómico porque, según convicción universal, la objetividad no existe. Lo cual no implica que no sea necesario tratar de conseguirla. Pero, además, comparado con lo que se ve por ahí, el espacio de Cintora era bastante objetivo. En ello sin contar con que el señor también censuraba, porque este es un país de censores. En la izquierda, también. Y este en concreto, a lo que no fueran sus amigos de Podemos, alguno bastante tonto, por cierto.

En el fondo, estos asuntos son irrelevantes. La cuestión esencial es que la derecha considera esencial la lucha en el campo ideológico en donde de lo que se trata es de imponer nuestro discurso y silenciar el contrario o disidente. Lo demás, sobra. La imbricación entre elementos ideológicos y el espíritu del mercado es evidente: ninguna empresa en su sano juicio prescindiría de un empleado que incrementara el beneficio. Salvo que la empresa comercie con la ideología. Como es el caso. Un buen ejemplo de las falacias del neoliberalismo, que llama "libre mercado" a unas relaciones privilegiadas entre las empresas y el poder político, cuyo coste acaba pagando siempre el ciudadano, en este caso, el televidente.

Tiene razón Íñigo Ramírez de Haro, tan fulminantemente destituido de embajador como Cintora de presentador, cuando dice que "la marca España es la Inquisición". Tal cual. Él la ha sufrido en sus carnes. El ministro Margallo lo ha destituido de la embajada de Serbia por unas declaraciones que, según el ministerio, dañan la imagen de España en el extranjero. Es una excusa como la de la falta de objetividad de Cintora. ¿La imagen de España en el extranjero? Vaya el ministro y pregunte. Coincide más con la que bosqueja Ramírez de Haro que con la oficial, por lo demás, inexistente.

Ramírez de Haro ha estrenado en El Español una pieza bufa al parecer, titulada Trágala, trágala. Habrá que ir a verla pues todo en ella promete. Según mis noticias, arranca en Fernando VII y termina hoy, con Pablo Iglesias y la reina Letizia. Palinuro coincide con la interpretación del autor por lo que le lleva leído: España sigue siendo un país nacionalcatólico, gobernado por el clero, bien directamente, bien mediante devoto ministro interpuesto, como Ruiz Gallardón, Fernández Díaz y otros. En el caso de Margallo es más lo nacional que lo católico, S'ha acabat el bróquil de que un representante de España vaya por ahí difundiendo la leyenda negra.

Cintora e Íñigo Ramírez de Haro, la antiespaña. Según mis noticias El País ha mandado de corresponsal en Buenos Aires al hasta ahora encargado de las crónicas parlamentarias, Carlos E. Cué porque era crítico con el gobierno, según el gobierno. Consta, al parecer, una estrecha amistad entre el periodista mandarín Cebrián y la gobernante de hecho, Sáenz de Santamaría. Prensa y gobierno al unísono, el atajo hacia la tiranía.

El panorama de los medios convencionales es aterrador por lo monótono, unilateral, repetitivo. S'h acabat el bróquil de simular respeto al pluralismo y a la democracia. Vuelven los Principios Fundamentales del Movimiento, que eran imprescriptibles y fueron jurados por el monarca anterior quien ha trasmitido el vínculo de ese juramento a su hijo, si bien este ya ha jurado la Constitución.

Es una preparación en toda regla con vistas a lás próximas confrontaciones en dos tiempos: las elecciones catalanas de septiembre, cuyo resultado se abre a un futuro de incertidumbre política y las generales de noviembre, en las que la ciudadanía va a votar en favor o en contra del gobierno. Lo curioso de la situación es que si bien el voto a favor tiene un único polo, el voto en contra tiene varios. Digan lo que quieran, que estos varios polos no hayan sabido fundirse en uno es un fracaso histórico.

Notas mínimas sobre la blasfemia.

Los responsables de la matanza de Charlie Hebdo son quienes la han perpetrado.

El Islam no es culpable. Lo es el fanatismo. Hace cuatro años otro fanático de extrema derecha, Anders Behring Breivik, asesinó en Noruega a tiro limpio a 77 personas. Y no es musulmán, sino cristiano; seguidor de los templarios, por más señas.

Las religiones son caldo de cultivo del fanatismo. Sobre todo, las tres del Libro, mosaísmo, islamismo y cristianismo. Las tres son muy crueles.

El islamismo parece la más bárbara. También es la más perseguida. Hace años que las otras dos, lo que llamamos Occidente, hacen una guerra de exterminio contra la otra. Persiguen a los islamistas, los encarcelan,  los asesinan, les roban sus tierras, les destruyen sus casas, matan a sus hijos, sus familias, todo lo cual obviamente, exacerba los fanatismos y los lleva al terrorismo, a los atentados suicidas, a la barbarie contra inocentes.

Un par de tuits de Willy Toledo ha levantado polvareda. Dice uno:  El Pentágono y la OTAN bombardean y destruyen países enteros, asesinan a millones, cada día. D verdad esperamos q no hagan nada? El propio Toledo no está justificando los atentados, los repudia, pero nos obliga a reflexionar sobre nuestro comportamiento. Lo que pasa hace años en Palestina, en Irak, en Afganistán, en Siria, también es terrorismo. Decapitar rehenes es abominable. Y Guantánamo ¿qué es?

Toledo tiene el don de la impertinencia. Está en la línea de San Mateo; "quien a hierro mata, a hierro muere" (Mat., 25: 52), sin hacer distingos sobre las manos que manejan los hierros.

Dos acontecimientos podrían ayudar a que el Islam se modernizara y entrara en la edad de la tolerancia: un cambio de actitud de Occidente y una reforma interna en la religión similar a la luterana en el cristianismo, que tanto hizo por civilizarlo. Lo primero depende de nosotros, de nuestros gobiernos, a los que hemos de presionar, cosa que no hacemos. Lo segundo depende del propio Islam, pero debiera hacerse lo posible por fomentarlo.

La lucha contra el fanatismo y el terrorismo, en defensa de la tolerancia y las libertades, empezando por la de expresión, es la lucha por la supervivencia de la civilización y la dignidad del individuo. Y debemos hacerla sin ambigüedad ni desfallecimiento.

 

Pero también debemos barrer nuestra casa y revisar nuestro comportamiento. Solo así tendremos la autoridad moral que invocamos en muchas ocasiones con harta hipocresía.

 

La Iglesia católica sigue siendo intolerante. Se ha apropiado -indebidamente a jucio de Palinuro- de la mezquita de Córdoba y la está llenando de simbología y parafernalia católica. Eso es intolerancia. El obispo de Alcalá niega sus derechos a los homosexuales y, si pudiera, seguramente haría algo peor con ellos. El ministro del Interior es fervoroso miembro del Opus, una secta que considera "pecado grave" la llamada blasfemia. No lo ha convertido en delito del código penal porque no ha podido, pero no por falta de deseos y porque, además, el delito de escarnio del Código Penal  (art. 525, 1) ya se le acerca bastante. Blasfemia es lo que los asesinos islamistas ha ido a castigar en Charlie Hebdo. La diferencia, nada desdeñable por cierto, está en la cantidad y el tiempo. Pero el parecido reside en el contenido.

 

La  blasfemia puede ser un pecado, según las convicciones morales de cada cual, pero no un comportamiento socialmente punible y mucho menos un delito. Es más, es un derecho. Mientras esto no esté definitivamente asentado, las tres religiones del Libro serán un peligro para la tolerancia y la libertad. Según la época de que se hable, unas más que otras.

 

Palinuro tributa profundo reconocimiento a todas las víctimas de ayer, mártires en la lucha por la libertad de expresión.

Vuelve Gran Hermano.

No basta con que esté todo petado de cámaras de vídeo, fisgando los menores movimientos del personal en cualquier parte, incluidas las excusadas. Los gobernantes no se conforman con vernos hasta en cueros como un ubicuo panopticón benthamiano, sin duda por nuestro bien. Ahora quieren también escucharnos, saber qué decimos, a quién, por qué. Reforman la normativa vigente para ampliarla y, de paso, permitir al ministro y al ministro del ministro escuchar conversaciones privadas sin previa autorización de un juez. Eso ya puede hacerse en casos de terrorismo y la nueva demasía se refiere ahora a los delitos de especial gravedad. Esta calificación queda al arbitrio del ministro y el ministro del ministro, dos personalidades compulsivamente autoritarias con tendencia a considerar delito toda manifestación de disconformidad, aunque sea en susurro.

Es una decisión contraria a varios derechos como la libertad de expresión y el carácter secreto, reservado, de las comunicaciones privadas que solo puede romperse por decisión judicial. Eso es obvio y hay que ponerlo en perspectiva de una política de orden público de tono fuertemente represivo. Espiar impunemente a los ciudadanos es otra actividad típica de un Estado policía como el que lleva armándose en España en los últimos tres años. Se comenzó obstaculizando el acceso a la justicia a base de subir las tasas judiciales, de forma que la gente de medios escasos no pueda defenderse. Se siguió con una interpretación restrictiva de las normas de orden público y la adopción de tácticas de control policial preventivo que, en la práctica, sirven para hostigar y amedrentar a la ciudadanía. Se persigue y castiga toda manifestación pública con sanciones administrativas que la policía reparte por las calles casi a la pedrea. Se coartan otros derechos como el de información, a través de una nueva Ley de Seguridad Ciudadana, verdadera Ley Mordaza, que prohibe y pena fotografiar o grabar a los policías durante las actuaciones en caso de manifestción. Y se arrebatan competencias a los jueces para dárselas a la policía. En este clima autoritario de represión, acudir a la escuchas subrepticias es lo más lógico del mundo.

La represión, la vigilancia, la persecución, la criminalización son las pautas más consistentemente seguidas por la derecha gobernante. Su reiterada voluntad de proceder a una regeneración democrática que nunca se ha materializado en nada deja paso a una contrapartida cara a todo temperamento autoritario: tener preparadas las fuerzas represivas. La represión parece ser el único recurso del gobierno frente al descontento y la protesta sociales a causa de la corrupción y las políticas antisociales, así como frente al proceso soberanista catalán. Un ejemplo simple: si al ministro le da por decir que el supuesto delito de desobediencia que, según parece, la fiscalía achaca a Mas reviste especial gravedad, la policía escuchará las conversas de este con Junqueras, por ejemplo.

 

Son prácticas represivas, policiales, arbitrarias, intolerables en una sociedad democrática. Hay que impedir que prosperen porque encanallan la vida social. Y no perder de vista que, en el ámbito digital, estas prácticas represivas están a la orden del día. La policía rastrea las redes y extrae la información que juzga relevante por varios motivos, entre ellos los políticos. Ahora se apresta a dar un salto cualitativo. Igual que quiere escuchar las comunicaciones de la gente entre sí, pretende también espiar lo que cada cual se cuenta a sí mismo en la reserva de su ordenador. Los mecanismos de control remoto permiten a la policía entrar en los archivos de los particulares sin el permiso de estos, incluso sin su conocimiento y apropiarse de su información, de sus claves, de sus textos.

 

El Gran Hermano quiere vigilarlo todo otra vez, así que cuidado con lo que se dice al vecino, incluso por guasap.

Cierra la Transición.

Al parecer, hoy está previsto que los barandas de El País den el puntapié hacia arriba al dire, Javier Moreno. Otro paso más en el proceso de desintegración del legado de un otrora gran periódico. La crisis de la prensa, que no es de la escrita (pues la digital también es escrita) sino de la de papel; la incompetencia de los gestores de una empresa que Polanco (llamado "Jesús del Gran Poder") sacó de la nada y a la que aquellos quieren devolverla; la deriva derechista de un medio que siempre fue mal que bien de centro; el oportunismo político y la codicia de su principal responsable; la pérdida de calidad periodística; los despidos en masa y el maltrato al personal restante. Todo apunta en la misma dirección que la destitución de Moreno. Y eso que este, de grado o por fuerza, había mostrado su disposición a hacer lo que se le dijera, desde poner a la gente en la calle hasta censurar contenidos o defender al gobierno. La prueba esa infame portada de ayer, magistralmente analizada por Íñigo Sáenz de Ugarte en una entrada en su blog Guerra eterna, alojado en eldiario.es, titulada Hoy es un gran día para el ministerio del Interior.

No es bastante. El gobierno quiere directores serviciales, periódicos sumisos, cuando no ditirámbicos, como La Razón o el ABC. Por eso saltó Pedro J. y por eso Cebrián le entrega El País, poniéndose él muy a salvo antes de nada, con el riñón bien forrado. Ya lo comentamos ayer en La pastuqui todo lo salva. Hoy añadimos la metáfora del barco a pique. La nave se hunde, pero el primero que se salva es el capitán. Ejemplar.

Y hay mucho más. El País es casi sinónimo de Transición, motivo de permanentes y agrias polémicas. Esta quiso ser el definitivo paso de España hacia la modernidad, el triunfo final del programa regeneracionista, la "normalización", el retorno a una Europa perdida doscientos años antes. Y el faro de este grandioso empeño colectivo había de ser El País. Con su giro de las nuevas mayorías (según el presunto nuevo director, Caño), el diario pone punto final a la Transición retornando al de partida, entregándose a un gobierno quintaesencia del más sórdido nacionalcatolicismo tradicional, deslegitimado, acosado por la corrupción de su partido, caciquil, arbitrario, autoritario e incompetente. Un gobierno para el que el modelo de medio de comunicación es el NO-DO. Un gobierno que pretende regir el país a la vieja usanza de la derecha, con el engaño, la censura y la represión. 

Quien hizo la transición, la deshizo. En parte importante, desde luego, el mismo periódico. 

Pero no las mismas personas.

La cadena SER, Hora 25 y la lista negra.

Advierto al lector de que esta es una entrada sobre gente mediocre, ruin y miserable; sobre censores, tipos que predican la libertad de expresión y la independencia de criterio pero tratan de acallar a quienes las ejercen. Así que si no tiene ganas de leer este relato de vilezas, puede pasar a la entrada siguiente, que va de disciplina de voto, sobre lo que tenía pensado escribir. Pero como la historia afecta personalmente a Palinuro, la cuento. Es la siguiente:

Ayer tarde, sobre las 18:00 h. llaman a la Universidad de la SER, del espacio Hora 25 (Ángels Barceló), pidiendo alguien que pueda hablar de disciplina parlamentaria de voto, pues tratarán el tema en el programa. La Universidad me pregunta si puedo ir. Digo que sí pero ya sé que, cuando comuniquen mi nombre, la emisora cancelará la invitación porque estoy en la lista negra de la SER, que la tiene, como todos los medios en España, todos. En efecto, a las 18:30 llama una periodista para comunicarme que ha habido cambio de formato y que, en lugar de ir a los estudios, entraré por teléfono. Me pide un número fijo y me dice que llamarán a las 21:30 para que salga al aire en el programa en el que también participará Ramón Jáuregui. Por supuesto, no lo hicieron. El programa se realizó, sin duda con otro invitado, pero a mí ni siquiera me llamaron para disculparse por no haber cumplido lo que ellos mismos habían propuesto hacer pues yo no había pedido ir.

Los censores suelen ser bastante groseros.

Alguien dirá: bueno, hombre, no hay que exagerar; los cambios son normales en el ritmo frenético de la radio. Es un caso aislado. No, no lo es. La SER veta a la gente independiente e incómoda, como Palinuro, por razones que no se atrevería a exponer en público pues decepcionaría a parte importante de su audiencia, a la que tiene más o menos engañada. Lo cuento en mi último libro, Rompiendo amarras, Madrid, Akal, 2013, págs. 337/338). Pero es que, además, tengo otro ejemplo reciente e igualmente sangrante que paso a relatar:

Este verano, en el mes de julio, me llaman también de la SER, del espacio A vivir, que son dos días. Su responsable, Javier del Pino, está de vacaciones y sus substitutas me invitan a participar y me dicen que, si doy juego, me ofrecerán una periodicidad fija de, cuando menos, una vez al mes (el programa es semanal, los sábados). Sé que su intención es buena pero que viven en la luna y, cuando regresen los jefes, de lo dicho no habrá nada. Tal cual. Fui tres veces, en julio, agosto, septiembre; las sustitutas, de buena fe, sin duda, me aseguraron que quedaría fijo una vez al mes. Regresaron los jefes y no volví a recibir noticia alguna; ni una explicación; ni una llamada de teléfono.

La grosería habitual porque, obsérvese bien la mecánica: no soy yo quien pide nada, ni aquí ni en parte alguna; son ellos, normalmente los redactores, los curritos, los responsables de los programas, quienes me llaman. Pero luego llegan los barandas, con las listas negras, y hay veto y hay censura.

¿Qué por qué lo sé? Porque es lo que me pasa siempre. Palinuro tiene el raro honor -ya lo dijo en una entrada hace un par de meses titulada Censores y plagiarios- de figurar en todas las listas negras de todos los medios: la derecha, el centro-izquierda y la izquierda. Ciertamente, nadie se extrañará de la animadversión de la derecha. Cuando Mari Cruz Soriano salió de la COPE declaró que la cadena tenía una lista negra y que en esa lista negra estaba mi nombre. De eso hace ya años. Viene de antiguo.

Bueno, sostendrá alguien, la derecha es lógico, dado como eres; y también el centro-izquierda, que ha resultado rana. Pero ¿la izquierda? ¿Vetos, censura, listas negras en la izquierda? Por supuesto. Si alguna vez supero la vergüenza que sentí al escuchar a un líder izquierdista en un programa de televisión pedir al presentador que no me diera cancha, que ya me la daba suficiente una batería de medios, pondré aquí el enlace. Pedía el inquisidor que se me acallase, a mí, al que no dejan estar en ningún medio y lo pedía él, que dispone de un abanico de ellos para soltar la monserga que encandila al rebaño.

Es fuerte, ¿eh? Pero Palinuro es correoso. Se ve en su blog que no tiene atadura ni hipoteca algunas y sí una amplia audiencia. Y eso a pesar de que los censores, los de las listas negras, tratan de silenciarlo, por cierto, al tiempo que lo plagian.

Lo avisé. Estas cosas son repugnantes. Reflejan la envidia, la mala uva, el sectarismo de este desgraciado país. Pero hay que decirlas, hablarlas porque lo que todos los censores desean es que no se sepa que censuran y que los censurados se callen. 

(La imagen es una foto de Jason Hollinger, con licencia Creative Commons).

¿Por qué no nos quieren, madre?

Esto no hay comunicador que lo arregle. Ni los magos de Obama, capaces de volver a la gente del revés. El 75% de la ciudadanía desaprueba la gestión de Rajoy a los dos años de legislatura. Y su gobierno en conjunto y sus ministr@s un@ a un@ siguen cosechando un rechazo generalizado. No caen simpáticos prácticamente a nadie. Ni siquiera a sí mismos. Es un muro de antipatía y hostilidad. Do quiera que van los pitan, los abuchean, los insultan. "No", concluyen expeditivos, "esto no tiene arreglo; no es cosa de declaraciones, explicaciones o comunicación. Es cosa de palo, tentetiso y calabozo."

Dicho y hecho. Ahí está la Ley Mordaza, llamada con típica hipocresía clerical de seguridad ciudadana, en la que se atropellan todos los derechos de los ciudadanos. Con una ingeniosa novedad que el ministro vende como progresista: el calabozo es substituido por multas confiscatorias con embargo ejecutivo. Puesto que el ministro está tan preocupado por la seguridad de los ciudadanos, le sugiero rescate otra figura jurídica, injustamente olvidada: la prisión por deudas. De esa manera se hace complementario el calabozo con la pena pecuniaria. Y puede completar la seguridad del ciudadano cobrándole por la estancia en la mazmorra. Así ganará puntos entre los neoliberales de su partido. ¿Qué es eso de vivir de gorra del Estado? Y renta alta, nada de simbólica, pues, ¿en dónde estarán más seguros los ciudadanos que en la cárcel?

Puede parecer de orates, pero la ley de marras es de orates. Si un policía se cabrea contigo por la razón que sea, te acusa de haberlo insultado y te astilla 30.000e de multa pagaderos en el acto. De orates.

¿Y no entienden por qué la gente no los quiere? Es bien sencillo: porque son como son, autoritarios, despóticos, intolerantes, sectarios y más cosas que todo el mundo ve menos, al parecer, ellos.

Rajoy ganó las elecciones mintiendo sobre su programa electoral y luego se puso a hacer lo contrario de lo prometido. La doctrina del shock funcionaba y la gente estaba dispuesta a aguantar lo que le echaran en forma de medidas contra la crisis. Y así sucedió. ¿Qué necesidad había de acompañar al programa de austeridad una batería de medidas inútiles, represivas, ideológicas, en materia de justicia, de educación, de libertades ciudadanas? Ni el aborto, ni la religión en las escuelas, ni los derechos de las minorías, ni las normas de orden público eran urgentes. ¿Por qué tener a sectores de la población en permanente protesta en contra del retorno al nacionalcatolicismo?

Porque son como son, autoritarios. Lo suyo es el programa máximo impuesto por el rodillo de la mayoría absoluta. Ningún respeto por las convenciones democráticas. Gobierno por decreto ley y sin perder el tiempo en consensos. Y si la gente protesta, se la calla a mamporros. O arruinándola, penándola por faltas de absoluta discrecionalidad interpretativa (y por lo tanto, de arbitrariedad) como las "ofensas" a "símbolos" o los "insultos" a la policía.

Y esto lo hace un gobierno bajo consistente sospecha de corrupción sistemática actualmente en conocimiento de los tribunales, con un presidente acusado en sede judicial de prácticas supuestamente ilegales e inmorales. ¿De qué se asombran?

En realidad no se asombran de nada. Somos los ciudadanos los asombrados. Ellos ya lo dan por descontado. Por eso presentan esa ley, para que nunca más pueda faltárseles al respeto. Estos son muy del respeto. 

Así, el respeto que la gente no les tiene voluntariamente, van a imponerlo por ley. Como Franco.

El episodio de Wert.

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Cuando Palinuro estaba en la Universidad, en tiempos del franquismo, ocurría algo muy curioso. Cada vez que los estudiantes de izquierda, los demócratas, organizábamos una asamblea, normalmente en situación insegura, precaria, con la policía fuera, rodeando el edificio, a punto de entrar a palos, nunca faltaba el provocador que pedía la palabra para hablar a favor de la dictadura, del orden, en contra de la asamblea o de lo que esta estuviera debatiendo, solo para fastidiar, etc. Podía ser un policía disfrazado, como los de ahora, o un estudiante de derechas con intención de reventar el acto. Cuando la gente se cabreaba y lo mandaba callar a gritos, solía argumentar que, si éramos demócratas, estábamos obligados a dejarlo hablar. Y siempre encontraba algún despistado que le daba razón.

Y, no, no estábamos obligados a dejarlo hablar. Igual que ayer los estudiantes de Sevilla no estaban obligados a dejar hablar a Wert. Los demócratas estamos obligados a dejar hablar a quien deja hablar y respeta a los demás. No a quien no lo hace. Los franquistas, durante la dictadura, no dejaban hablar a nadie y al que lo hacía, lo perseguían con una policía compuesta de torturadores, lo condenaban mediante unos procesos-farsas, escenificados por jueces lacayos y lo encerraban en la cárcel. Los demócratas que se jugaban la libertad no estaban moralmente obligados a escuchar a quienes defendían a aquellos criminales.

Los franquistas de hoy, en el gobierno, se valen de unos medios ligeramente distintos, pero sus fines son los mismos: hablar ellos solos, no dejar hablar a los demás y reprimirlos si lo hacen. Veámoslo:

Tienen todos los periódicos por entero a su servicio, como El Mundo, ABC o La Razón o solo parcialmente, como El País. Igual sucede con las radios, con excepción de la SER. Las televisiones son suyas, tanto las privadas como las públicas. En el caso de estas últimas, RTVE, TeleMadrid o Canal Nou (de Valencia) no tienen nada que envidiar al aparato de propaganda de Franco.

El Parlamento no existe pues el gobierno dispone de una mayoría absoluta que le permite legislar por decreto e ignorar completamente las cámaras de representantes en las que, por supuesto, tampoco sirve de nada hablar porque es intrascendente.

La Justicia está sometida a enormes presiones, manipulada por el poder político que encarece arbitrariamente el acceso, dejando fuera de ella a los sectores mayoritarios más desfavorecidos que tampoco pueden hacerse oír por los tribunales. Asimismo, la última reforma preparada por el franquista Gallardón pretende volver a la censura para que nadie pueda informar sobre lo que sucede en los tribunales, igual que en los tiempos de Franco.

El ministerio del Interior trata de suprimir la libertad de información y expresión, impidiendo que se grabe a los agentes de policía reprimiendo las cada vez más numerosas manifestaciones, como suelen, a palos y disparos, sin contemplación alguna con la integridad física de las personas y tratando de intimidarlas y amedrentarlas. Intimidación y amedrentamiento es también la finalidad perseguida por la gobernadora de Madrid quien se vale de la policía como bandas de hostigadores de los ciudadanos a quienes someten a identificaciones masivas e ilegales con fines represivos y multas posteriores por intentar ejercer sus derechos ciudadanos.

Es una forma de gobierno autoritaria, represiva, tiránica, dictatorial que pretende que la gente se calle, no hable y asista muda a una política de saqueo de los bienes públicos en beneficio personal de los políticos de la derecha o de sus enchufados y de negación de todos los derechos, los de reunión, manifestación, información y expresión, por no mencionar otros igualmente pisoteados.

No, el franquista Wert no tenía más derecho a hablar en Sevilla que el que tenían los agentes de la dictadura en las asambleas de los estudiantes demócratas durante el franquismo. Para contar sus embustes y sus ataques a la enseñanza libre, universal y gratuita, en beneficio de los curas y el capital ya tiene innumerables periódicos, radios, televisiones en donde, además, no le hara falta llevar una claque de pelotas y tiralivetas como los de la primera fila del vídeo, ni recurrir a los métodos de represión propios de la dictadura de su gobierno.

Los estudiantes tienen la resistencia, lo único que queda frente a la tiranía. Y con el apoyo de cualquier demócrata amante del Estado de derecho. Lo de Sevilla debiera repetirse en cualquier otro lugar a donde vayan estos enemigos de los derechos y las libertades a provocar.

El fascismo avanza

Lo que pretende hacer el director general de la policía, Ignacio Cosidó, de impedir que se hagan fotos de la policía "trabajando" (dice; quiere decir, reprimiendo) y penar que se difundan por la red es inconstitucional, ilegal, inmoral y profundamente antidemocrático. Es prueba del talante fascista de los actuales gobernantes. Es el mismo espíritu con el ya trataron de impedir que las televisiones cubrieran la manifa del 25S y hostigaron y amenazaron a los periodistas.

Quieren la impunidad para que la fuerza pública pueda actuar sin control, cometer todo tipo de tropelías y que no haya testigos. Quieren, tanto Cosidó como Cristina Cifuentes y otros mandos policiales, así como el ministro del Interior, establecer un Estado policía. Un Estado policía al más puro estilo fascista: ningún derecho para la población e impunidad para los policías para que puedan hacer lo que les dé la gana sin testigos.

Además es un atentado frontal contra los derechos fundamentales de libertad de expresión y derecho a la información. Sostiene Cosidó que hay que velar por la seguridad de la policía cuando hace su "trabajo". Es obvio que si la policía hace su trabajo con arreglo a la ley, las imágenes que se tomen jamás podrán comprometer su seguridad. Pero lo que quiere este individuo es que queden protegidos también cuando se saltan la ley y abusan de su poder, que no son pocas veces. Quiere suprimir de raíz el derecho que tenemos los ciudadanos a ver y saber cómo actúan los policías a los que pagamos con nuestros impuestos; incluido el salario de ese señor Cosidó que aspira que sus policías nos abran la cabeza sin que podamos siquiera protestar.

Pero la maniobra es aun más siniestra de lo que parece, mucho más que el intento de garantizar la impunidad para los abusadores y la supresión de los derechos fundamentales. Es un intento de edificar un verdadero Estado policía en la medida en que, si nadie puede fotografiar lo que hace la policía está claro que será esta la que fabrique los relatos de lo que haya sucedido, siempre culpando a la población civil, eximiéndose ella misma, cargando sobre los manifestantes los más pintorescos delitos, en definitiva, fabricando las pruebas y los montajes a su capricho sin que los ciudadanos podamos defendernos. Y esto es no es una fábula: lo están haciendo ya. Lo hicieron al intentar acusar a los detenidos el 25S de delitos imaginarios que los jueces han rechazado. Lo haceb cuando envían policía disfrazados, agentes provocadores, con la misión de provocar violencia para justificar las cargas más bestiales y acusar luego de aquella a la gente en los tribunales. Obviamente, no quieren pruebas de sus fechorías. El fascismo nunca quiere testigos de sus delitos.

Si ese proyecto de impedir que los ciudadanos podamos fotografiar y grabar lo que pasa en la vía pública sale adelante, junto a las actividades represivas ilegales de la delegada del gobierno en Madrid, el fascismo habrá ganado otra batalla contra una sociedad esquilmada, explotada, oprimida, engañada, apaleada y ahora despojada del resto de sus derechos.

Lo único sensato que en democracia y en un Estado de derecho aceptable de nivel europeo cabe hacer con estos dos elementos de Cristina Cifuentes e Ignacio Cosidó es destituirlos fulminantemente por enemigos jurados de las libertades y los derechos de los ciudadanos..

Las afinidades electivas.

Magnífica imagen de Julian Assange; gran iconografía política. Corresponde a una pintura mural de Thomas Foucher en la Demeure du Chaos. Le Monde acababa de declarar a Assange "hombre del año". Sin duda se puede ser "hombre del año" por muy diversos motivos, unos mejores que otros. Cuando lo hizo Le Monde, uno de los diarios/revistas que Assange escogió para su gran filtración (los otros fueron el NYT, The Guardian, El País, Le Monde y Der Spiegel) era 2010 y WikiLeaks acababa de romper la barrera del sonido, como dice la citada Abode of Chaos con sus 500.000 cables sobre secretos de la política exterior de los Estados Unidos y todos los demás.

De golpe la política pasaba a ciberpolítica en una época en la que los Estados no pueden garantizar el secreto de sus secretos. Si los arcana imperii se exhiben en la red, al alcance de cualquier internauta, los Estados pierden mucha de su fuerza. WikiLeaks ha inaugurado una nueva época, una en la que la diplomacia y los gobiernos habrán de ser más transparentes pues la red lo ve todo, lo ve anónimamente si quiere, porque está en todas partes. Los propios Estados, los gobiernos, están también en la red, tienen sus páginas web, participan en las redes sociales, tuitean. Y no con el fin que cierta teoría ingenua supone de que trate de avanzar en el llamado e-government sino con el más realista de estar presente en el debate público, en parte para defender su posición y en parte para informarse a su vez del estado de la opinión. Dentro de poco los ministerios tendrán todos un departamento de seguimiento del ciberespacio.

El caso de WikiLeaks corrobora lo anterior y más. Está claro, Julian Assange es el enemigo público nº 1 para todos los Estados que han engañado a sus pueblos, entre ellos el español en su comportamiento respecto a los vuelos secretos de la CIA y el asesinato de José Souto.

Cualquiera puede ver cómo los Estados Unidos llevan adelante un a campaña de exterminio de WikiLeaks que corresponde a una mentalidad represiva anticuada pues, aunque consiguieran destruir WikiLeaks otras ciento emergerían de inmediato. Por supuesto en esta campaña no se invoca la intención de procesar a Assange por delitos como traición, espionaje, revelación de secretos, sino que se aducen supuestos delitos comunes y además de esos especialmente desagradables pues incluyen violencia de género. Claro, no van a decir que persiguen a Assange por razones políticas y por luchar en pro de las libertades de expresión e información.

Assange debía ser extraditado a Suecia una vez que fracasó su último recurso ante el Tribunal Supremo británico. La decisión de este no fue unánime y está fundamentada en una interpretación del derecho de extradición anómala pues otorga condición de "autoridad judicial" a un fiscal. Esta es la parte más débil del argumento de quienes creen que Assange debe entregarse a Suecia. Cuando, en lugar de hacerlo, el fundador de WikiLeaks se refugió en la embajada del Ecuador en demanda de asilo político, el gobierno de la república latinoamericana ofreció a la fiscalía sueca la posibilidad de interrogar a Assange en la sede de la embajada. Pero aquella rechazó la invitación sin que estén claras las causas de la negativa. Al parecer quiere a Assange en Suecia para decidir si lo imputa formalmente o no. Algo que tendría que haber sucedido hace mucho tiempo de forma que, iniciándose formalmente el proceso fuera un tribunal de justicia el que pidiera la extradición. No un fiscal.

El Ecuador ha dado por fin el paso de otorgar el asilo por las once convincentes razones que expone la cancillería ecuatoriana y que se reducen a una sola: Julian Assange no tiene garantizado un juicio justo y corre el serio peligro de ser luego extraditado a los Estados Unidos en donde tendrá que hacer frente a unas acusaciones que desconoce y que se han elaborado en un gran jurado secreto.

Políticamente el asunto está ardiendo, sobre todo después que el gobierno ecuatoriano dio a luz pública una comunicación del gobierno británico en la que se amenazaba con entrar por la fuerza en la embajada para detener a Assange. Es decir, el gobierno ecuatoriano hizo lo mismo que WikiLeaks, publicar una nota confidencial. El gobierno inglés, en aplicación de una mentalidad metropolitana tradicional avisaba al Ecuador de que tenía base legal para allanar los locales de la embajada, que pensaba saltarse la Convención sobre el derecho de los tratados y los tratados mismos, apoyado en una ley nacional.

Inglaterra aplica a las cuestiones de extradición criterios políticos, no jurídicos. Bien claro quedó cuando negó la extradición a España del dictador Pinochet, interesada por Garzón, hoy abogado defensor de Assange. Es decir, cuando Inglaterra hizo lo contrario de lo que pretende hacer ahora. Inglaterra que, en la hora de la verdad, se alinea tan claramente con los EEUU (como había predicho el general De Gaulle), lo hace frente a Europa, como ya lo hizo en la injusta guerra del Irak en 2003, con el peón español de ayudante. Son las afinidades electivas anglosajonas e imperiale, más fuertes que la lealtad e identidad europeas.

El PSOE no tuvo ayer su mejor día. Se entiende que esté escocido porque el gobierno cuyas vergüenzas aireó WikiLeaks en su momento era el de Rodríguez Zapatero. Pero hay un abismo de ahí a condenar la concesión de asilo político, negar que haya una persecución política de Assange que parte de los EEUU y apuntarse a la tesis de que se trata de una evasión de la justicia de un pavo que no quiere responder por presuntos delitos comunes.

(La imagen es una foto de Abode of Chaos, bajo licencia Creative Commons).

Van por WikiLeaks.

Pura ciberpolítica. El episodio de WikiLeaks ha ido creciendo con el tiempo y hoy representa la lucha en el orden mundial entre los partidarios de la libertad de expresión e información en el mundo y enemigos de los secretos de Estado y quienes pretenden finalidades opuestas. Es una lucha global, propia de nuestro tiempo, en la que están involucrados varios Estados (EEUU, Inglaterra, Suecia, Ecuador, Australia, etc), el ciberespacio planetario pues WikiLeaks es una empresa puramente digital, diversos movimientos antisistema, como Anonymous o Democracia Real Ya, muchos medios de comunicación y organizaciones en pro de derechos civiles. El. caso sentará precedente y, por eso, nadie quiere ceder.

En principio, el propósito último de WikiLeaks, esto es, la publicidad y transparencia de los Estados, la abolición de los secretos, goza de muy amplio apoyo, con la consabida excepción de aquellos secretos que afecten a la seguridad seguridad nacional. Pero ese apoyo no tiene correlato en el sistema político, en donde se entiende que el recurso al secreto puede y debe exceder las cuestiones de estricta defensa, ya que garantizan la eficacia del gobierno.

La reacción mundial contra Assange prueba que realmente los poderes de la tierra lo ven como enemigo. Quieren eliminarlo, asfixiarlo, destruirlo. Las grandes plataformas le han negado acogida y los portales de servicios financieros, como Visa o Pay Pal, le han bloqueado sus cuentas. En lo político se da la misma animadversión o peor. Todos los Estados hacen causa común por el temor a que la práctica de WikiLeaks los deje en descubierto. Hasta el de Ecuador, que se toma su tiempo para decidir si concede asilo político a Assange o no, lo cual demuestra lo complicado de la situación puesto que se supone que Correa simpatiza con los objetivos de WikiLeaks. Pero la situación para él debe de ser difícil por las presiones que estará recibiendo. Especialmente de los EEUU en donde un gran jurado secreto está deliberando en este momento qué delitos se imputan a Assange, algunos de los cuales pueden acarrear la pena de muerte.  Hay que dar un escarmiento. El mundo debe saber que no se juega con los secretos de los Estados Unidos.

En el momento de escribir esto la policía inglesa puede haber entrado en la embajada del Ecuador en Londres y arrestado al fundador de WikiLeaks por quebrantamiento de libertad condicional y con la intención de extraditarlo luego a Suecia a petición de un fiscal, que aquilatará si las acusaciones contra él por malos tratos y violación pueden sustanciarse en imputaciones. Cabe recordar en este momento que, a todos los efectos, Assange lleva dos años en una situación de indefensión y sin el amparo de los tribunales, pues los ha pasado detenido de hecho sin que medie una imputación formal en su contra sino solo la petición de la fiscalía sueca. Al conceder la extradición, el Tribunal Supremo de Inglaterra ha dado por bueno que la fiscalía es una "autoridad judicial", como exige la ley, lo cual es altamente opinable.

 Según revela el canciller ecuatoriano, el gobierno de Londres le ha comunicado por escrito que tiene fundamento jurídico para entrar en la embajada y detener a Assange. De suceder así, a partir de ese momento, el debate legal se centrará en las diferentes interpretaciones del principio de extraterritorialidad, recogido en la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas, un debate que puede eternizarse. El aspecto político de la cuestión, en cambio, está suficientemente claro: mientras Inglaterra se negó a extraditar a España al dictador Pinochet al que reclamaba el juez Garzón, ahora, en el caso de WikiLeaks, está firmemente decidida a hacerlo a pesar de que, según las apariencias, no hay garantías de que después Suecia no lo extradite a los EEUU.

Curiosamente vuelven a estar frente a frente los dos protagonistas del caso Pinochet, Inglaterra y el juez Garzón que dirige la defensa de Assange por deseo de este, aunque ahora con los roles cambiados: Inglaterra quiere extraditar y Garzón quiere impedirlo.

La defensa de WikiLeaks consiste en presentar el asunto en términos políticos: persecución a quienes luchan por las libertades y contra la censura. Sus enemigos argumentan que las libertades tienen poco que ver pues se trata simplemente de que un ciudadano, al que se acusa de haber cometido unos delitos, tenga un juicio justo. Sin embargo, esta última posición se ha debilitado mucho cuando el fiscal sueco se ha negado a interrogar a Assange en la sede de la embajada del Ecuador. Lo quieren en Suecia pero no porque lo pida un juez o un tribunal de justicia sino un fisca,l. 

Dejémosnos de monsergas: claro que es una persecución política; claro que pretende acallar actividades que el poder político considera nocivas; claro que la represión está organizada y coordinada por los Estados Unidos que últimamente parecen haberse aficionado a esta táctica de singularizar el mal en un individuo, como Saddam Husein, o Bin Laden o Julian Assangue e ir por él ya en mitad de escarpadas montañas o en el centro de las grandes urbes.

(La imagen es una foto de R_SH, bajo licencia Creative Commons).