Retratos a la brasa

Mi artículo de elMón.cat titulado

Tàctica i estratègia.

El lunes, mientras estábamos en el Romea, tratando nuestras quisicosas, unas gentes a las puertas del Parlamento catalán, quemaban fotos del rey mientras que, en el interior, al estar prohibido fumar, tres diputadas de la CUP se limitaban a romperlas. Todo en protesta por el hecho de que, con anterioridad, los mossos d'esquadra hubieran detenido a tres de los cinco activistas que, en fechas pasadas, igualmente metieron la tea a unos retratos del monarca. Los otros serían detenidos por la guardia civil caminera en el autobús que llevaba a un buen puñado de cupaires a Madrid a protestar por las tres primeras detenciones.

Parece que a la gente de la CUP no le gusta el Rey de España. Lo cual no se entiende del todo bien pues, al ser una organización independentista, poco debiera importarle si el país vecino, España, tiene un rey o siete o una calabaza en el trono. Pero le importa y está dispuesta, como se ve, a prenderle fuego, en principio en símbolo. Y eso, gustará más o menos, pero no es delito. No es delito quemar en la calle el retrato de cualquier ciudadano y tampoco el del monarca que, según la doctrina oficial es legalmente igual a aquel y, si este es quemable, también lo será el del rey.

Los retratos, las banderas, las imágenes, son símbolos y tienen el valor que los seguidores o adversarios quieran darles. En principio, quemar los símbolos que un grupo adora es lo mismo que imponer su presencia a quienes los detestan. Tan provocación es lo uno como lo otro. Tan ofendidos pueden sentirse los otros como los unos. No habiendo un daño o perjuicio al bien común o privado objetivo, material, mensurable, el respeto o falta de respeto es asunto de opinión y, por lo tanto, amparado en la libertad de expresión.

En fin, de eso trata el artículo cuya versión castellana sigue:

Táctica y estrategia

“Ninguna oferta de falso diálogo detendrá el proceso”, decía el lunes el presidente Puigdemont en el teatro Romea. Por supuesto que no. Pero hay más, en las condiciones actuales, en las que viene acompañada de un recrudecimiento de la actividad represiva del Estado, toda oferta de diálogo es necesariamente falsa. Decir que se pretende dialogar con quien se persigue judicialmente y se encarcela es agredir doblemente a la otra parte e insultar la inteligencia de los espectadores.

La oferta de diálogo del gobierno viene acompañada de la exigencia de que se abandone la hoja de ruta y se renuncie al referéndum. Como es de esperar, tratándose de franquistas, este gobierno es incapaz de vislumbrar la idea de que dicha exigencia solo empezaría a ser admisible si viniera acompañada de un archivo definitivo de todas las causas judiciales abiertas contra el independentismo. Solo de este modo se establecería una situación de igualdad, requisito imprescindible de todo diálogo. De no ser así, se tratará de un monólogo de “ordeno y mando” inadmisible, por mucho que guste a este gobierno.

¿Qué eso no se puede hacer porque depende del poder judicial que está separado del ejecutivo y el legislativo? La crisis española solo entrará en vías de solución cuando los gobernantes digan la verdad, en lugar de mentir por sistema. En España no hay división de poderes. No la ha habido nunca. Respecto a las relaciones entre el Parlamento y el gobierno (que depende de la confianza de la Cámara) no la hay desde 1978. Lo que había antes no merece ni una mención. Pero tampoco la hay entre el ejecutivo y el judicial desde la victoria del PP en las elecciones de noviembre de 2011. La permanente interferencia del gobierno y su partido en la administración de justicia y la politización de esta lo dejan bien claro. El mismo gobierno que fuerza al Tribunal Constitucional a proceder cómo y cuándo le interesa y moviliza a la fiscalía en contra de sus adversarios políticos, obligándola a “afinar” sus patrañas es el que puede y debe renunciar a estos procedimientos, eliminar la politización de la justicia y proteger a los ciudadanos en el ejercicio de sus libertades y derechos, entre ellos el de libertad de expresión, que incluye quemar las banderas y los retratos que quieran, siempre que, como objetos materiales, sean de su propiedad.

Vamos aquí al meollo de la cuestión en estos días. Muchas buenas gentes censuran la quema de retratos reales porque, dicen, son provocaciones inútiles que proveen de razones al adversario y constituyen errores tácticos puesto que alejan o dificultan los objetivos estratégicos. De ser esto cierto, en efecto, las quemas y roturas simbólicas serían un error. La táctica debe estar siempre al servicio de la estrategia y, si no lo está, si dificulta el logro de esta quizá no solo sea un error sino una maniobra adversa.

Pero eso no es cierto. Los ciudadanos podemos hacer cuanto no esté expresamente prohibido en las leyes y en ningún sitio se dice que no podamos quemar efigies del rey como podemos quemar las de sus servidores y lacayos. Eso solo puede perseguirse a base de invocar principios etéreos, sin duda incluidos en otras normas por lo demás dudosas, que hablen de “ofender” la dignidad real o cosas similares. Dependiendo de consideraciones subjetivas de este jaez y de la sensibilidad subjetiva de los supuestos agraviados, aquí podría penarse todo, hasta la exhibición de esteladas en los balcones o las camisetas independentistas. Y hasta las conversaciones. Y, ciertamente, hasta las ideas.

No será la primera vez en España y ya estaremos como siempre, volviendo a la Inquisición.

Los ciudadanos pueden quemar imágenes del rey porque todos los españoles, según doctrina oficial, somos iguales ante la ley. Igual de quemables también. Eso es algo evidente en sí mismo, tanto como no ver que la propia idea de provocación es interpretable según distintos criterios. Quemar retratos del rey es perseguible, ¿y no lo es colocarlos por doquier para que presidan los actos públicos de todas las corporaciones, aunque estén compuestos por fuerzas republicanas? ¿No lo es que presidan las tomas de posesión de todas las autoridades, incluidas igualmente las republicanas? ¿No lo es que la justicia se administre “en nombre del rey” y no del pueblo o de la recta razón? Obligarnos a todos a soportar la presencia universal de la imagen real no es provocación, dicen los apologetas de la censura monárquica. Solo lo es que alguien la queme o la rasgue.

Obviamente, la enésima aplicación de la ley del embudo que pone en sus términos el valor de la oferta de diálogo del gobierno.

Desde luego estas falsas ofertas de diálogo no detendrán el proceso. Y tampoco lo hará calificar de provocaciones las respuestas populares frente a las provocaciones del gobierno. ¿No quieren ustedes, caballeros, que la gente queme el retrato del rey? No nos obliguen a soportar en todas partes la imagen de alguien a quien no ha elegido nadie y cuya legitimidad descansa en el nombramiento de un militar felón y perjuro muerto hace casi medio siglo.