No basta con que esté todo petado de cámaras de vídeo, fisgando los menores movimientos del personal en cualquier parte, incluidas las excusadas. Los gobernantes no se conforman con vernos hasta en cueros como un ubicuo panopticón benthamiano, sin duda por nuestro bien. Ahora quieren también escucharnos, saber qué decimos, a quién, por qué. Reforman la normativa vigente para ampliarla y, de paso, permitir al ministro y al ministro del ministro escuchar conversaciones privadas sin previa autorización de un juez. Eso ya puede hacerse en casos de terrorismo y la nueva demasía se refiere ahora a los delitos de especial gravedad. Esta calificación queda al arbitrio del ministro y el ministro del ministro, dos personalidades compulsivamente autoritarias con tendencia a considerar delito toda manifestación de disconformidad, aunque sea en susurro.
Es una decisión contraria a varios derechos como la libertad de expresión y el carácter secreto, reservado, de las comunicaciones privadas que solo puede romperse por decisión judicial. Eso es obvio y hay que ponerlo en perspectiva de una política de orden público de tono fuertemente represivo. Espiar impunemente a los ciudadanos es otra actividad típica de un Estado policía como el que lleva armándose en España en los últimos tres años. Se comenzó obstaculizando el acceso a la justicia a base de subir las tasas judiciales, de forma que la gente de medios escasos no pueda defenderse. Se siguió con una interpretación restrictiva de las normas de orden público y la adopción de tácticas de control policial preventivo que, en la práctica, sirven para hostigar y amedrentar a la ciudadanía. Se persigue y castiga toda manifestación pública con sanciones administrativas que la policía reparte por las calles casi a la pedrea. Se coartan otros derechos como el de información, a través de una nueva Ley de Seguridad Ciudadana, verdadera Ley Mordaza, que prohibe y pena fotografiar o grabar a los policías durante las actuaciones en caso de manifestción. Y se arrebatan competencias a los jueces para dárselas a la policía. En este clima autoritario de represión, acudir a la escuchas subrepticias es lo más lógico del mundo.
La represión, la vigilancia, la persecución, la criminalización son las pautas más consistentemente seguidas por la derecha gobernante. Su reiterada voluntad de proceder a una regeneración democrática que nunca se ha materializado en nada deja paso a una contrapartida cara a todo temperamento autoritario: tener preparadas las fuerzas represivas. La represión parece ser el único recurso del gobierno frente al descontento y la protesta sociales a causa de la corrupción y las políticas antisociales, así como frente al proceso soberanista catalán. Un ejemplo simple: si al ministro le da por decir que el supuesto delito de desobediencia que, según parece, la fiscalía achaca a Mas reviste especial gravedad, la policía escuchará las conversas de este con Junqueras, por ejemplo.
Son prácticas represivas, policiales, arbitrarias, intolerables en una sociedad democrática. Hay que impedir que prosperen porque encanallan la vida social. Y no perder de vista que, en el ámbito digital, estas prácticas represivas están a la orden del día. La policía rastrea las redes y extrae la información que juzga relevante por varios motivos, entre ellos los políticos. Ahora se apresta a dar un salto cualitativo. Igual que quiere escuchar las comunicaciones de la gente entre sí, pretende también espiar lo que cada cual se cuenta a sí mismo en la reserva de su ordenador. Los mecanismos de control remoto permiten a la policía entrar en los archivos de los particulares sin el permiso de estos, incluso sin su conocimiento y apropiarse de su información, de sus claves, de sus textos.
El Gran Hermano quiere vigilarlo todo otra vez, así que cuidado con lo que se dice al vecino, incluso por guasap.
