Sin libertad de expresión todos los demás derechos son papel mojado. Por eso, lo primero que hacen los tiranos es reducirla o suprimirla. Lo primero que hizo el gobierno del PP vencedor con mayoría absoluta parlamentaria en 2011 fue cambiar el estatuto legal de la RTVE para suprimir en ella la libertad de expresión y ponerla a su servicio y lo segundo, elaborar una ley de restricción de las libertades públicas, singularmente de expresión, reunión y manifestación que se promulgó en 2015 como Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, más conocida como Ley Mordaza.
La inquina de la derecha neofranquista a la libertad de expresión es acendrada y muy fuerte. A estas alturas son varios los titiriteros, raperos y tuiteros procesados por enaltecimiento de lo que no se debe enaltecer, injurias a quien no se puede injuriar, atentado contra unos sentimientos religiosos contra los que es permisible atentar. Todo pura especulación, fabulación, interpretación y arbitrariedad.
Quien impone límites a la libertad de expresión sabe en dónde empieza, pero no en dónde acabará. Entre castigar algo tan etéreo como la falta de respeto a los símbolos e imponer un código de decoro público religioso por ejemplo, solo hay un paso.
Y ello sin mencionar un factor adicional. La represión de la libertad de expresión no solamente es una injusticia sino una doble injusticia porque depende de qué ideologías sean las implicadas: las injurias, faltas de respeto, amenazas, insultos, coacciones de la extrema derecha, muchas de ellas muy relacionadas con el PP, ni se consideran en justicia. No van a los tribunales. Esta justicia es injusta porque es manifiestamente parcial, política.
