La jornada de HG culminó con manifestaciones multitudinarias en muchas ciudades españolas que han permitido visualizar mejor el grado de oposición e indignación suscitado por la política injusta, clasista e inhumana del gobierno. En bastantes lugares se dice que son las más concurridas que se hayan visto. No obstante, Cifuentes, la gobernadora de Madrid, calcula la asistencia en la capital en 35.000 personas. De la falsedad de esta afirmación puede hacerse una idea cualquiera (incluida Cifuentes) que eche una ojeada a esta magnífica foto de Álvaro García en El País, que ha corrido por la red mundial como la pólvora. 35.000 hubo en Santander y en Valladolid. En Madrid, diez veces más.
Ese intento absurdo del gobierno por negar los hechos a la vista de todos prueba el nerviosismo de las autoridades por el aumento de la oposición y la resistencia populares a sus políticas. Un miedo que lo ha llevado a pedir y lograr una improvisada comparecencia del comisario europeo competente en la materia, Olli Rehn, a decir que no se pedirán más ajustes a España. Confía el gobierno en que los españoles otorguen más crédito a Rehn del que le conceden a él. Pero es inútil. Todos saben que Rehn miente tanto como Rajoy. Que se lo pregunten a los griegos.
En la calle, las órdenes de la policía han sido similares: a palos con los manifestantes al menor pretexto y hasta sin pretexto. Hay que escarmentar a la díscola población autóctona y mostrar a los alemanes que se está dispuesto a hacer lo que sea por cumplir sus órdenes. Así que la represión se ha extremado. La odiosa práctica de enviar agentes provocadores ("infiltrados" los llaman cuando son delincuentes de hecho) se ha generalizado en Madrid y en Barcelona. En la ciudad condal, la actuación de los Mossos ha sido especialmente brutal, con pelotas de goma a voleo y agresiones a menores de edad. Seguramente la Generalitat quiere demostrar a sus votantes que sabrá machacar a la población en una Cataluña independiente y que Madrid no ostenta el monopolio de la barbarie.
Aunque lucha con denuedo por mantenerlo. En la capital se habían preparado para los peores supuestos, como se prueba por la ostentosa presencia de policía montada frente a las Cortes. Fue tanto el hostigamiento y tanta la agresividad de las llamadas fuerzas del orden que, al final de la jornada, en Atocha y Santa María de la Cabeza se pasó a mayores con barricadas incendiadas y sedes de bancos reventadas.
Así que, a tono con las declaraciones de la directora general de la policía, Díaz, el gobierno considera "normal" una jornada de huelga general que ha paralizado buena parte del país, ha sacado a cientos de miles de ciudadan@s a las calles y ha dejado un reguero de detenid@s, herid@s y destrozos urbanos de consideración. El día en que el gobierno considere que la situación es "anormal" será preciso guarecerse en los refugios.
Esa costumbre de informar sobre la realidad negándola es la práctica de una actitud consistente en gobernar de acuerdo con una doctrina, la neoliberal, y como agente y brazo ejecutor de decisiones que se toman en otras latitudes. De ahí que Rajoy haya dicho ya que mantendrá el rumbo y no habrá cambios. Los sindicatos siguen pidiendo un referéndum, pero esa no es una actitud muy inteligente. En primer lugar es muy difícil hacer un referéndum sobre algo tan complejo como una política económica ("los ajustes") en su conjunto y, por tanto, sería en realidad un plebiscito sobre Rajoy, lo cual no nos llevaría muy lejos. En segundo lugar, en caso de ser factible, el referéndum no resolvería nada pues no revelaría alternativa alguna a las políticas que se condenaran. Salvo que sirviera para convocar elecciones anticipadas. Pero, en ese supuesto, ¿por qué no empezar por ahí y pedirlas? Razones sobran: Rajoy ha tomado medidas que nada tienen que ver con el programa con que ganó las elecciones. Fue, por tanto, una victoria fraudulenta que deslegitima al gobierno. En tercer y último lugar, las movilizaciones sociales son el único lenguaje que entiende este gobierno, cuya política parlamentaria es inexistente y coinciden con un derecho de la ciudadanía, el de manifestación. Así que eso es lo conveniente: mantener la protesta extraparlamentaria siempre dentro de los límites de la no violencia y, si acaso, la desobediencia civil que es, por definición, pacífica. Para forzar al gobierno a negociar. Igual que ya lo hace con los empresarios, con los banqueros, la iglesia y las instituciones financieras internacionales, que lo haga con la oposición parlamentaria en primer lugar, con los sindicatos y con la extraparlamentaria en segundo, incluida la comunidad de internautas, coordinada en las redes sociales.
Eso sería lo democrático en lugar de este trágala neoliberal y nacional-católico impuesto a palos en las calles.
