La monstruosidad contra los derechos de los detenidos se produjo el otro día, después de la manifa contra la reforma laboral. Unos policías que no llevaban identificación y, además, iban encapuchados interrogaron a unos detenidos en una comisaría, privados así de todos sus derechos. No sé si se puede llevar más allá la aberración en todos los sentidos y si se puede ser más descaradamente fascista. Sin duda, la finalidad de quienes consintieron esta bestialidad era ser más eficaces pero, como siempre, el resultado de sus actos fue contrario a sus previsiones. Es incomprensible que la delegada del gobierno, Cristina Cifuentes, no haya dimitido ya.
Porque, ¿qué garantiza que los encapuchados fueran policías y no criminales o agentes de la mafia? Nada, no lo garantiza nada, salvo la palabra de Cifuentes, que vale menos de nada. Con una capucha no hay diferencia alguna entre un agente del orden y un asesino a sueldo. Dice la delegada que la práctica de los interrogatorios con encapuchados viene de los anteriores ministros socialistas. Un argumento estúpido porque ¿quiere decir que, si fuera verdad ello la facultaría para hacer lo mismo? Si el anterior ministro, pongamos por ejemplo, mataba todos los días un ujier, ¿ella podría hacer lo mismo?
Pero es que, además, estoy seguro de que la afirmación de la delegada del gobierno es falsa y una de sus habituales trampas. No es creíble que Rubalcaba y Caamaño recurrieran a estos procedimientos indignos. Y, desde luego, si lo hicieron, deben dimitir ipso facto de donde estén porque de aquí a detener a alguien, juzgarlo, condenarlo y ejecutarlo sin informarlo previamente de qué se le acusa, como al Joseph K. de Kafka, hay poca distancia. Pero estoy seguro de que no lo hicieron (de otro modo, se sabría), de forma que se trata de una mujer que, por salvar su cuello, no se arredra en calumniar al adversario.
(La imagen es una foto de Keoni Cabral, bajo licencia de Creative Commons).
