La realidad paralela

El viejo adagio latino de verba volant, scripta manent no se cumple en el caso del gobierno del PP en el que los escritos también vuelan, desaparecen, se hacen invisibles. El ministro no encuentra los informes paralelos de la policía sobre el 11-M, el caso Faisán y el asesinato de Marta del Castillo. Ya es misterio. Con el caso Faisán, los medios de la derecha tuvieron agobiado al gobierno de Zapatero y su ministro Rubalcaba; con el 11M tuvieron agobiado al país entero dando pábulo a las hipótesis más delirantes; no sé qué perseguirían con el de Marta del Castillo pero alguna otra maniobra sucia.

Porque desde que llegó la pareja de lunáticos, Fernández y Cosidó, al mando de Interior, los asuntos de esta competencia dieron un giro siniestro, autoritario, represivo. Su culminación jurídica llegaría con la Ley de Seguridad Ciudadana, mejor conocida como Ley mordaza porque constituye un ataque en toda regla a los derechos y libertades de los ciudadanos, singularmente la libertad de expresión y las de reunión, circulación y manifestación. Una ley que pretende convertir a los ciudadanos en vasallos silenciosos. Pero ya desde el comienzo, el dúo arrancó a velocidad de crucero, creando una "brigada paralela" que Zoido acaba de disolver y era una especie de brigada político-social al servicio del gobierno.

La afición del ministro del Interior por valerse de todos los medios imaginables para hostigar y perseguir a los políticos de otras tendencias solo es comparable, al parecer, a su pasión por condecorar vírgenes o mandar a la Guardia Civil de peregrinación a Lourdes.

Hay pendiente de apertura en el Congreso una comisión de investigación sobre la gestión de Fernández Díaz. No es posible que no haya responsabilidades por la froma de resolver el problema de El Tarajal; tampoco por los informes falsos filtrados a la prensa para desprestigiar al entonces alcalde de Barcelona, Trías; tampoco por la grabación de las conversaciones del ministro con un subordinado en las que complotaban para imputar falsedades a los adversarios y destrozar su sistema sanitario; tampoco por el culebrón de la grabación de La Camarga que destapó el caso Pujol.

Rajoy habla siempre de la obligación de cumplir la ley. Esto tiene su miga, aunque no hace ahora al caso. Lo que, sin embargo, no menciona es que las fuerzas de hacer cumplir la ley están dirigidas por un personaje por debajo de toda sospecha. Por ejemplo, la de que ha estado utilizando las fuerzas de seguridad del Estado en beneficio de su partido.

Cuidadito con moverse.

Mostrábase ayer particularmente rotundo Rajoy al advertir con tono admonitorio que "no va a haber independencia de Cataluña". Al recuerdo se venía una cascada de otras negaciones o afirmaciones del mismo pintoresco personaje que resultaron ser a la vuelta de días, todo lo más meses, lo contrario de lo enunciado: "no tocaré las pensiones", "no tocaré la sanidad ni la educación", "no subiré los impuestos", "reduciré el paro", "llamaré a las cosas por su nombre", "no habrá consulta el 9N", etc. De inmediato cundió la alegría en las filas soberanistas: si Rajoy dice que no habrá independencia, quiere decir que está a la vuelta de la esquina.

 

No obstante, había algo sospechoso en la advertencia presidencial, aparte de la natural facundia con que suele despachar los asuntos. Hoy sabemos de dónde la viene esa confianza, aparte del derecho de que se cree revestido a imponer a los demás sus opiniones y criterios. Para el mes de septiembre probablemente esté ya aprobada una nueva Ley de Seguridad Nacional que, conjuntamente con el artículo 155 de la Constitución y la normativa en materia de estados de excepción, le provee, a su juicio, de la panoplia necesaria para frenar cualquier iniciativa secesionista catalana.

 

¿Cómo -dirá el perplejo lector- otra Ley de Seguridad, además de la Ley Mordaza? Sí, exactamente. Una que se encuentra ahora como proyecto (ya informado favorablemente por unanimidad en el Consejo de Estado) en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso. Se negoció en secreto con el PSOE todavía bajo mandato del jefe anterior, Rubalcaba, un hombre tan de derechas como Rajoy y esto explica por qué la oposición del partido socialista es más de boquilla que de realidad puesto que, en lo esencial, tienen acuerdo. Seguridad nacional, monarquía, artículo 135, entendimiento con la iglesia, recio nacionalismo español. ¿Va entendiéndose por qué no se presenta una moción de censura al gobierno más corrupto e incompetente de la historia de España?

 

Quienes crean que a la izquierda del PSOE hay alguien como Podemos, capaz de cuestionar eso que la citada ley llama cultura de la seguridad nacional, pueden ir bajando del guindo. A los de los círculos les molestará lo sospechoso de la expresión pero, en el fondo, su idea de Patria, pueblo y demás, se acomodará muy bien al amparo de la seguridad nacional.

 

Como cabía suponer, siendo esto España, la idea de promulgar una ley de este jaez no es original, sino un mero calco, un plagio de la llamada doctrina Bush de 2002, articulada en su famoso cuanto infumable documento de ese año, la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Cierto, la doctrina es muy anterior, arranca de la guerra fría y pasa a ser ley con Truman en 1947. Pero es Bush quien la convierte en una pieza esencial de la hegemonía expansionista de los Estados Unidos. A su tenor, la seguridad del país requiere ampliar la consideración de amenaza y enemigo no solamente a los estados hostiles, sino a otros fenómenos menos definidos como el terrorismo internacional, la delincuencia organizada, la inmigración ilegal, las cuestiones medioambientales, el espionaje económico, etc. De aquí se siguen cuatro principios de política exterior yanqui altamente cuestionables: 1) acción exterior unilateral; 2) lucha contra los países que alberguen terroristas; 3) licitud de la guerra preventiva; 4) diseminación de los principios democráticos. Aunque Obama ha suavizado ligeramente alguna de esta barbaridades, sus desastrosos resultados son obvios.

 

Los españoles han plagiado miserablemente el modelo, incluidos los nombres de Estrategia de Seguridad Nacional y otros aspectos. Lo que no han podido plagiar son los objetivos porque dada la nula importancia internacional de España, propósitos como la acción exterior unilateral o la guerra preventiva suenan sencillamente ridículos. Pero eso no importa a los estrategas españoles, los Rajoys, Rubalcabas o Sáncheces. No tratan de copiar la norma yanqui en cuanto a sus efectos exteriores, sino en cuanto a los interiores. Como es sabido, en el marco de la doctrina Bush de seguridad se han producido abundantes casos de abusos de derechos humanos, se ha creado Guantánamo, se han dado los siniestros vuelos de la CIA, el espionaje interior se ha convertido en actividad estatal ordinaria y se han producido y justificado prácticas de tortura de todo tipo.

 

Ciertamente, tanto en la norma yanqui como en la española, sobre todo en la española, se utiliza terminología deliberadamente imprecisa en cuanto a qué se entiende por "seguridad nacional", cuál sea su contenido, qué criterios se siguen para recurrir a la medidas para contrarrestar las "amenazas", qué rasgos deben revestir estas. Todo eso es fuente de atentados contra los derechos fundamentales de los ciudadanos como individuos, como colectividades, como naciones. La responsabilidad de activar los mecanismos que la ley llama "gestión de crisis" recae sobre el presidente del gobierno, por lo que este dispone de una potestad discrecional que puede hacer valer donde le parezca. Por ejemplo, en los conflictos constitucionales como el catalán.

 

Así lo ha entendido el grupo de ERC en el Congreso que ha presentado una enmienda bajo la firma de Joan Tardá en el sentido de que "en ningún caso lo establecido en la presente ley, y en particular la declaración de interés para la Seguridad Nacional, podrá ser adoptado como respuesta a las decisiones tomadas por los parlamentos autonómicos". Una enmienda que trata de curarse en salud y de garantizar que el conflicto entre el nacionalismo español y el catalán se mantenga en el terreno político y no en el represivo. Por supuesto, su destino será el cesto de los papeles. Es obvio que el gobierno central tratará de aplicar esta y otras normas a las decisiones del Parlamento catalán. Y lo hará con el apoyo de los demás partidos españoles. Y con las consecuencias que para los derechos y libertades de la gente tiene la norma de seguridad nacional.

Ese es el fondo que explica la contundencia y la seguridad de Rajoy en sus admoniciones. Claro que el mismo Rajoy aseguraba en 2014 que no se celebraría la consulta del 9N y la consulta se celebró; y 120 años antes su antecesor en el cargo, Cánovas del Castillo, aseguraba con el mismo empaque que Cuba "jamás sería independiente de España" y quizá no llegó a ser independiente, pero sí del todo de España.

La Ley Mordaza, vía de vuelta a la dictadura.

El Congreso aprobó ayer el mayor asalto que se ha dado en España a las libertades y derechos de los ciudadanos desde 1978. Una ley y una reforma del Código Penal inspiradas en un espíritu autoritario, ordenancista, intimidatorio y represivo. Unas normas que vienen a institucionalizar un estado de excepción low cost. Una especie de ley de plenos poderes para las fuerzas de seguridad, lo cual da a este golpe a la democracia unos ribetes castrenses pues una de las fuerzas de seguridad, la Guardia Civil, tiene naturaleza militar. Esta ley desprotege a los ciudadanos, les arrebata la tutela judicial en el ejercicio de sus derechos y entrega la potestad indagatoria y sancionadora a las autoridades administrativas y, en concreto, a la policía. Por eso, la oposición, en rara unanimidad, califica la realidad que la norma instaura como Estado policía.

Establecer por ley la impunidad y el secreto de las actuaciones policiales en el control del orden público equivale a dejar a los ciudadanos a merced, no de los jueces, sino del gobernante de turno en el que hay que presuponer un equilibrio mental y una ecuanimidad que no vienen avaladas por la experiencia inmediata. A los hechos me remito: su principal inspirador, Fernández Díaz, tiene por costumbre retirarse a rezar en el Valle de los Caídos, en la proximidad de la tumba del Caudillo, cuyo espíritu ilumina al ministro, como se ve.

El PP ha aprobado está monstruosidad en el Congreso por 181 votos a favor y 118/120 en contra. Mayoría aplastante, desde luego, necesaria cuando se realiza una reforma de la importancia de esta. Tan sobrada que los autores pueden prescindir de cualesquiera alianzas y consensos y aprueban la norma con el voto en contra de toda la oposición. ¿Y qué? Los síes han sido el 60,1% y los noes se han quedado en un escuálido 39,8%.

Pero ¿es tal mayoría? Los 181 votos sí representan a 10.866.566 de votantes, o el 44,6% del voto, mientras que los 120 diputados de la oposición representan a 12.533.712 de votantes o el 50,58%. O sea, no son mayoría entre los votantes y todavía lo son menos en relación a los electores: el 30,3%, siempre según datos del ministerio del Interior. Es decir, un tercio de la población impone a los otros dos tercios una concepción del orden público arbitraria, policial y, en el fondo, dictatorial. Las energías que el Estado debiera emplear en perseguir, erradicar y hacer imposible en el futuro la corrupción, las emplea en perseguir, reprimir y silenciar a quienes protesten contra ella.

Si la oposición es capaz de unirse en un frente del "no", aunque sea a modo de inocente pataleo, ¿cómo no es capaz de hacerlo en otro frente del "no", pero más contundente porque no es contra una ley sino contra el gobierno? ¿Cómo no presenta una moción de censura? ¿Que hay resquemores de que esa medida favorece al PSOE? Quizá sea llegado el momento de dejarse de rencillas y atender al interés general. Y, si la unidad no se produce, ¿qué impide al PSOE presentarla en solitario? En solitario ha aprobado el PP la Ley Mordaza que instaura una especie de estado de excepción policial.

Un pesimista diría: apresúrense ustedes, antes de que se tipifique la presentación de una moción de censura como alteración punible del orden público y les caiga una multa descomunal, como si estuvieran manifestándose ante una central nuclear o una iglesia.

El Movimiento Nacional.

Sabido es, el franquismo descansaba en el ejército, la Iglesia y un confuso ente llamado Movimiento Nacional ideológico a la par que institucional, que contaba con una Ley de Principios de carácter constitucional. Un partido único, en definitiva, con un secretario general que era a la vez ministro y un jefe nacional, a modo de presidente, que era el Jefe del Estado, caudillo de España por la gracia de Dios. Ese ente magmático estructuraba la carrera política de los franquistas, igual que el cursus honorum de los romanos, e iba siempre sobre dos carriles, el del partido y el del Estado. Se empezaba como jefe local del Movimiento y, por ende, alcalde; se seguía como jefe provincial y, en consecuencia, gobernador civil y, ya lo hemos visto, se terminaba como jefe nacional y, como es lógico, caudillo de España. Una carrera política en un partido que era el Estado y un Estado que era el partido.

Lo que está haciendo el PP, ya desde su refundación en 1989, si no antes, es reproducir el modelo franquista. La pertenencia al partido es una carrera política. Los militantes son también cargos públicos. Son alcaldes, presidentes de comunidades autónomas, consejeros, diputados, senadores, ministros. Son profesionales de la política como en el franquismo. Pero, a diferencia de la Dictadura, que garantizaba a los militantes los cargos institucionales porque Franco los nombraba a todos, incluidos los alcaldes, la democracia introduce un elemento de incertidumbre si, por ejemplo, se pierden unas elecciones. Los partidos no solo acusan las derrotas electorales en descensos de sus presupuestos, sino también en el aumento de las cesantías. Para evitar esta desagradable situación de los políticos "en suspenso", por así decirlo, el PP parece haber generalizado el cobro de sobresueldos. El sobresueldo ayuda a llevar los tiempos de sequía en cargos públicos.

Luego, cuando se retorna a los cargos públicos se supone que se renunciará al cobro de sobresueldos, entre tanto, objeto de indagaciones judiciales por su naturaleza sospechosa. A veces no es así. En realidad, los sobresueldos son la corrupción institucionalizada de unos profesionales que tienen el partido como una empresa para repartir beneficios. Y ¿qué produce esa empresa? Esencialmente ideología que se articula luego en políticas de desmantelamiento de todo lo público. Basta con escuchar al nuevo alevín a quien Rajoy ha puesto de portavoz de la campaña, ese petimetre heredero de Mont Pelerin pasado por algún think tank de descerebrados cuando dice que Papa Estado no tiene que decirme nada o algo así de ingenioso. A él, en concreto, tiene todo que decirle por cuanto, si mis datos no son falsos, lleva toda su vida cobrando sueldos públicos excepto dos meses que estuvo en algún banco suizo. Y no es broma.

Como no lo es el caso de este jardín de flores y zánganos neoliberales que pasan la vida entrando y saliendo de puestos públicos o semipúblicos, como son los del partido. Es el caso de Hernando, Báñez, Mato, Arenas, Casado, etc. Por no hablar de Cospedal, Aguirre, Ruiz Gallardón, Aznar o el propio Rajoy, todos ellos altos funcionarios o fedatarios públicos que llevan toda la vida en política en cargos desde los que predican y actúan en contra de lo público, del Estado al que juraron (estos son todos de jurar) servir. Y haciéndolo además, con la gracia y el donaire de un paquidermo, como cuando la señora Aguirre -que tiene a toda su familia enchufada en los más variados entes públicos- dice que se acabaron las mamandurrias, sin referirse, claro, a las suyas.

Esa reproducción del Movimiento Nacional es la causa de la corrupción generalizada. Los casos de Matas, Fabra, Baltar, Bárcenas, la Gürtel, Pandora, Camps, el Bigotes, el Albondiguilla, Mato, Díaz Ferrán, Blesa, Rato, Cotino, Castedo y la retahíla de sinvergüenzas, apandadores y granujas no son "casos aislados". Son pruebas de una corrupción institucionalizada, estructural, una forma ordinaria de actuación del partido del gobierno. De hecho, hay algún juez que ya imputa un comportamiento ilícito al partido como tal, que se ha lucrado de presuntos delitos. La cuestión es si el PP es un partido político o más bien una asociación de malhechores. Y una asociación sin ningún tipo de límite moral. Hasta ayer mismo muchos se escandalizaban de que la corrupción valenciana hubiera llevado a pegar mordidas con motivo de la visita del Papa. Hasta ayer, cuando se supo que el PP podría haber financiado su edificio de Bilbao con dinero de donaciones a favor de la lucha contra el terrorismo. Como cuando Roldán estafó a los huérfanos de la Guardia Civil o Urdangarin, al parecer, a una asociación de discapacitados o algo así.

Realmente, hay una conciencia de indignación ciudadana notable. Es la que ha llevado al gobierno de la derecha a pertrecharse material y jurídicamente para reprimir las manifestaciones posibles de descontento popular. La Ley Mordaza es literalmente un abuso. La tendencia autoritaria insoportable. Esas medidas de seguridad por decreto contra el terrorismo yihadista que el PSOE está negociando con el gobierno preanuncian represión indiscriminada de musulmanes.

Sánchez ha estado especialmente desafortunado al ofrecer su apoyo al gobierno en nombre de la doctrina de la seguridad. Lo primero que hizo Bush Jr., fue formular una doctrina de la seguridad nacional que propugnaba políticas preventivas, con las cuales llevó a su país a la guerra del Irak. A su país y a medio mundo. Eso de la seguridad es demasiado serio para dejarlo en manos de gente con pocas luces.

¿O va a apoyar Sánchez también en nombre de la seguridad esta nueva vuelta de tuerca dictatorial de dar plenos poderes a Rajoy? Porque de eso se trata.

La culpa es de la oposición.

Aprovecho que los periódicos todavía pueden mostrar testimonios gráficos de la brutalidad de la policía al servicio de este gobierno autoritario y semifascista. Cuando entre en vigor la Ley Mordaza que han cocinado los psicópatas de Interior, la publicación de estas imágenes que, en cualquier país civilizado harían caer a los responsable políticos de que la policía actúe como una banda de matones, será sancionada con multas estratosféricas y, posiblemente con una buena paliza a los responsables a fin de seguir sembrando un sano terror en España.

 

A propósito, el motivo de esta nueva agresión de las fuerzas represivas a la ciudadanía es una Operación Pandora que tiene toda la pinta de ser otro montaje policial para justificar la brutal Ley Mordaza y, de paso, criminalizar a los anarquistas, quienes suelen encabezar las listas de víctimas de la vesania nacionalcatólica.

 

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos alcanzado este nivel de degeneración democrática que en tres años nos ha dejado a la altura del México de hoy?

 

Muy sencillo: porque hemos tolerado todo tipo de abusos.

 

Hemos tolerado que gobierne un partido que es una presunta banda de ladrones con decenas y decenas de cargos en procesos penales, probablemente la punta del iceberg del gigantesco expolio que estos sinvergüenzas han organizado en el país con una corrupción insólita que ahora, los más granujas de ellos, quieren hacer extensiva a toda la ciudadanía. Los ladrones tratando de convencer a las víctimas de que ellas también roban.

 

Hemos tolerado en la presidencia del gobierno a un embustero redomado, sospechoso de cobros en B, maniobrero, taimado, una persona indigna no ya de presidir un país sino una peña de fútbol en un oasis del desierto. Un incompetente cuya falta de escrúpulos solo es comparable a su arrogancia, capaz de mentir sin que se le descomponga el peinado aunque el compulsivo guiño del ojo izquierdo lo traicione como el maullido del gato en el cuento de Poe.

 

Hemos tolerado que estos indeseables prolonguen la crisis a costa de los más desfavorecidos y en beneficio de empresarios y banqueros depredadores, pero sobre todo de su propio bolsillo, pues todos ellos están pringados en el expolio nacional. No hemos reaccionado cuando han desmantelado el Estado del bienestar, despojado de sus derechos a la gente, excluido a los inmigrantes, expulsado a los jóvenes, eliminado la asistencia a los dependientes o robado sus pensiones a los jubilados.

 

Hemos permitido que esta presunta asociación de malhechores se cisque en el Parlamento, reducido a una cámara para aplaudir las mentiras del jefe y que ha llevado su ignominia al extremo de tener de portavoz de la partida a un jayán energúmeno que no solo insulta cuando habla sino que es capaz de agredir físicamente a quienes no piensen como él.

 

Estamos permitiendo que se nos imponga una Ley Mordaza para amedrentar a la gente, perseguir las protestas, criminalizar la oposición y cercenar los derechos y libertades de la ciudadanía. Como estamos permitiendo que este Estado policía espíe a los ciudadanos en violación del secreto de las comunicaciones garantizado por una Constitución que no solamente no respetan sino que usan como cachiporra contra los adversarios, singularmente los nacionalistas no españoles. Y hemos permitido que nos arrebaten el derecho a la tutela de la justicia poniendo unas tasas judiciales tan altas que nadie puede pedir el amparo de las tribunales si no es cayendo en la ruina.

 

De esta manera, este personaje sin categoría ni principios y su partida de amigos, deudos y clientes ha conseguido la mutación constitucional perfecta: convertir el gobierno del país en una dictadura disfrazada de democracia.

 

Todo eso lo hemos permitido los españoles. Pero unos más que otros. Es poco lo que la gente normal podemos hacer fuera de salir a la calle a protestar con una probabilidad muy alta de que algún vándalo de uniforme nos abra la cabeza a porrazos y, encima nos denuncie, fabrique las pruebas, nos impongan una multa ruinosa y, si dan con juez servil, que los hay y muchos, nos envíen a la cárcel siendo inocentes.

 

Podrían hacer mucho más los partidos de la oposición si quisieran. En el fondo, si hemos llegado a esta grado de degeneración es en parte por su cobardía, su inhibición cuando no su complicidad. Dentro de unos días, el hombre de los sobresueldos irá al Congreso a exponer con toda falsedad y demagogia unas medidas en contra de la corrupción de la que él es el máximo responsable político. Y los partidos de la oposición, que no tienen el coraje de pedir su dimisión ni de interponer una moción de censura, legitimarán con su presencia esta farsa y mostrarán una vez más su absoluta carencia de espina dorsal.

 

Si la oposición tuviera dignidad, coraje, integridad y responsabilidad, habría abandonado ya ese hemiciclo de la vergüenza y dejado sola a esta partida de presuntos ladrones, con el energúmeno y el embustero a la cabeza y se habría retirado a otro lugar que solo por estar ella allí sería el reducto de las libertades y el derecho frente a la injusticia, el abuso y el atropello. De conseguirse algo así, este oprobio de gobierno no duraría una semana.

 

Pero, sí, en el fondo somos todos responsables porque millones de españoles votamos a favor de esta organización de saqueadores, otros millones lo hicimos a favor de los cobardes de la oposición y otros nos abstuvimos, avisando de que, en el fondo, nos da igual lo que suceda con el bienestar y la libertad de nuestro país y con nuestra dignidad.