El Movimiento Nacional.

Sabido es, el franquismo descansaba en el ejército, la Iglesia y un confuso ente llamado Movimiento Nacional ideológico a la par que institucional, que contaba con una Ley de Principios de carácter constitucional. Un partido único, en definitiva, con un secretario general que era a la vez ministro y un jefe nacional, a modo de presidente, que era el Jefe del Estado, caudillo de España por la gracia de Dios. Ese ente magmático estructuraba la carrera política de los franquistas, igual que el cursus honorum de los romanos, e iba siempre sobre dos carriles, el del partido y el del Estado. Se empezaba como jefe local del Movimiento y, por ende, alcalde; se seguía como jefe provincial y, en consecuencia, gobernador civil y, ya lo hemos visto, se terminaba como jefe nacional y, como es lógico, caudillo de España. Una carrera política en un partido que era el Estado y un Estado que era el partido.

Lo que está haciendo el PP, ya desde su refundación en 1989, si no antes, es reproducir el modelo franquista. La pertenencia al partido es una carrera política. Los militantes son también cargos públicos. Son alcaldes, presidentes de comunidades autónomas, consejeros, diputados, senadores, ministros. Son profesionales de la política como en el franquismo. Pero, a diferencia de la Dictadura, que garantizaba a los militantes los cargos institucionales porque Franco los nombraba a todos, incluidos los alcaldes, la democracia introduce un elemento de incertidumbre si, por ejemplo, se pierden unas elecciones. Los partidos no solo acusan las derrotas electorales en descensos de sus presupuestos, sino también en el aumento de las cesantías. Para evitar esta desagradable situación de los políticos "en suspenso", por así decirlo, el PP parece haber generalizado el cobro de sobresueldos. El sobresueldo ayuda a llevar los tiempos de sequía en cargos públicos.

Luego, cuando se retorna a los cargos públicos se supone que se renunciará al cobro de sobresueldos, entre tanto, objeto de indagaciones judiciales por su naturaleza sospechosa. A veces no es así. En realidad, los sobresueldos son la corrupción institucionalizada de unos profesionales que tienen el partido como una empresa para repartir beneficios. Y ¿qué produce esa empresa? Esencialmente ideología que se articula luego en políticas de desmantelamiento de todo lo público. Basta con escuchar al nuevo alevín a quien Rajoy ha puesto de portavoz de la campaña, ese petimetre heredero de Mont Pelerin pasado por algún think tank de descerebrados cuando dice que Papa Estado no tiene que decirme nada o algo así de ingenioso. A él, en concreto, tiene todo que decirle por cuanto, si mis datos no son falsos, lleva toda su vida cobrando sueldos públicos excepto dos meses que estuvo en algún banco suizo. Y no es broma.

Como no lo es el caso de este jardín de flores y zánganos neoliberales que pasan la vida entrando y saliendo de puestos públicos o semipúblicos, como son los del partido. Es el caso de Hernando, Báñez, Mato, Arenas, Casado, etc. Por no hablar de Cospedal, Aguirre, Ruiz Gallardón, Aznar o el propio Rajoy, todos ellos altos funcionarios o fedatarios públicos que llevan toda la vida en política en cargos desde los que predican y actúan en contra de lo público, del Estado al que juraron (estos son todos de jurar) servir. Y haciéndolo además, con la gracia y el donaire de un paquidermo, como cuando la señora Aguirre -que tiene a toda su familia enchufada en los más variados entes públicos- dice que se acabaron las mamandurrias, sin referirse, claro, a las suyas.

Esa reproducción del Movimiento Nacional es la causa de la corrupción generalizada. Los casos de Matas, Fabra, Baltar, Bárcenas, la Gürtel, Pandora, Camps, el Bigotes, el Albondiguilla, Mato, Díaz Ferrán, Blesa, Rato, Cotino, Castedo y la retahíla de sinvergüenzas, apandadores y granujas no son "casos aislados". Son pruebas de una corrupción institucionalizada, estructural, una forma ordinaria de actuación del partido del gobierno. De hecho, hay algún juez que ya imputa un comportamiento ilícito al partido como tal, que se ha lucrado de presuntos delitos. La cuestión es si el PP es un partido político o más bien una asociación de malhechores. Y una asociación sin ningún tipo de límite moral. Hasta ayer mismo muchos se escandalizaban de que la corrupción valenciana hubiera llevado a pegar mordidas con motivo de la visita del Papa. Hasta ayer, cuando se supo que el PP podría haber financiado su edificio de Bilbao con dinero de donaciones a favor de la lucha contra el terrorismo. Como cuando Roldán estafó a los huérfanos de la Guardia Civil o Urdangarin, al parecer, a una asociación de discapacitados o algo así.

Realmente, hay una conciencia de indignación ciudadana notable. Es la que ha llevado al gobierno de la derecha a pertrecharse material y jurídicamente para reprimir las manifestaciones posibles de descontento popular. La Ley Mordaza es literalmente un abuso. La tendencia autoritaria insoportable. Esas medidas de seguridad por decreto contra el terrorismo yihadista que el PSOE está negociando con el gobierno preanuncian represión indiscriminada de musulmanes.

Sánchez ha estado especialmente desafortunado al ofrecer su apoyo al gobierno en nombre de la doctrina de la seguridad. Lo primero que hizo Bush Jr., fue formular una doctrina de la seguridad nacional que propugnaba políticas preventivas, con las cuales llevó a su país a la guerra del Irak. A su país y a medio mundo. Eso de la seguridad es demasiado serio para dejarlo en manos de gente con pocas luces.

¿O va a apoyar Sánchez también en nombre de la seguridad esta nueva vuelta de tuerca dictatorial de dar plenos poderes a Rajoy? Porque de eso se trata.