Franco, totalitarismo/autoritarismo

Debate este que agita las nunca tranquilas aguas de la historia, la ciencia y la teoría políticas, la sociología, la economía. ¿Fue el régimen de Franco totalitario del principio al final? ¿Solo al principio y fue luego autoritario? ¿Fue las dos cosas alternadamente? Los partidarios de una u otra interpretación siguen debatiendo, porque no hay acuerdo. Fue una dictadura, claro, pero en la calificación está la discrepancia.

Hace unos días leía un magnífico artículo sobre este asunto de Manuel Pastor en el que recordaba que, con motivo de un homenaje a Juan J. Linz, entonces recién fallecido, servidor se lo rindió por la distinción totalitario/autoritario hablando del franquismo y reconoció que ningunearla había sido la posición tradicional de la izquierda. Touché por Manolo, hube de volver sobre el asunto y reconocerme que, en realidad, ninguna de las fórmulas me satisfacía, pero vivir en la contradicción, tampoco. En efecto, el régimen empezó siendo totalitario. El propio Franco se jactaba de ello. Pero, pasados los años, ya en los sesenta, no cabía duda de que las cosas habían cambiado. Existía un margen más bien alegal para la oposición y no se procedía tan salvajamente contra ella como en los tiempos de la primera posguerra. Justo es el tema de la famosa película de Alain Resnais, La guerra ha terminado, con guión de Federico Sánchez, es decir, Jorge Semprún. Pero no menos cierto es que, en sus postrimerías el mismo régimen murió matando a base de fusilar opositores, como si quisiera dejar constancia de que mantenía el rescoldo totalitario.

No cabe una interpretación correcta de este agitado proceso, de este rompecabezas, si se omite una pieza esencial, que, sin embargo, no suele aparecer en el debate: la iglesia católica, firme sostén y leal aliada del régimen desde el mismo alzamiento el 18 de julio hasta los últimos sacramentos y más allá. El régimen se permitió el lujo de no ser totalitario y presentarse como autoritario (con la mitología tecnocrática de las dictaduras desarrollistas) porque del frente totalitario se encargaba la iglesia que, con el ejército, cogobernaba el Estado. El régimen se cuidaba adusto del orden público (militarizado) y no necesitaba mostrarse totalitario metiéndose en la vida privada de la gente y en lo que esta pensara en su fuero interno porque eso lo hacían los curas.

El régimen nunca fue solo totalitario ni solo autoritario porque fue nacionalcatólico; un híbrido.

Por eso, el debate totalitarismo/autoritarismo no puede resolverse ya que falta por identificar un actor esencial. No se identifica como tal porque en los análisis de los estudiosos, tanto de derechas como de izquierdas, lo dan tan por supuesto que no lo ven. La iglesia católica. Un Estado dentro del Estado.

Final del esperpento.

Gobernar por decreto-ley es la forma más expeditiva de gobernar que hay, inmediatamente anterior a la dictadura, en donde ya se puede gobernar por rebuzno. El decreto-ley es el equivalente al ukase ruso, que siempre se usó como metáfora del despotismo asiático. Estos tienen poco de asiáticos y mucho de machos ibéricos, aunque también conocedores del terreno. Usar los decretos-leyes como forma normal de legislar es casi un fraude de ley, pero realista al mismo tiempo. Conseguirían lo mismo acudiendo al proceso legislativo ordinario pues su holgada mayoría absoluta garantiza el triunfo del gobierno siempre. Y siempre es siempre. ¿Para qué perder el tiempo en debates parlamentarios y votaciones y zarandajas? Para eso está la férrea disciplina de voto de unos diputados que estan calentando un sillón y echando de vez en cuando una cabezadita como podían estar en un despacho, regando lo geranios. Es tal la fidelidad de la tropa al mando que votarían hasta su propia destitución. No me invento nada. Suárez, en su día, consiguió que se hicieran el hara-kiri los procuradores de Franco, muy parecidos a estos de ahora que son menos procuradores pero más franquistas. El hara-kiri consistió en votar afirmativamente su propia desaparición. Estos harían lo mismo, pues su psiquismo es el de la obediencia a la jefatura, sobre todo si es la de Franco, con quien muchos de ellos tienen deuda.

Allá han ido también los presupuestos generales del Estado del año que viene. La cortesía parlamentaria manda que, mediando unas elecciones, el partido del gobierno aplace el presupuesto por si las gana la oposición, para no obligarla a gobernar con sus cuentas. Pero eso es en otras partes del mundo o de la galaxia y entre caballeros. Aquí estamos entre rufianes y rige el principio del pájaro en mano y el garrote, que no son fórmulas parlamentariamente técnicas, pero se entienden muy bien. Votadme, que ya tengo hecho el presupuesto. Es mentira, como todo lo que dicen. El presupuesto no cuadra. El ministerio de Defensa, por ejemplo, tiene un descubierto de 1.000 millones de euros que habrá que pagar con cargo a imprevistos y extraordinarios. O sea, una chapuza, como siempre. Unas cuentas que apenas ocultan intenciones protervas, como la de privatizar el sistema de pensiones.

La oposición en bloque, muy irritada, pide la devolución del presupuesto, porque está hecho para ganar las elecciones de noviembre prometiendo lo que sea y dejando el resto del país desatendido. Pues como quien pide la luna. Al gobierno le da igual lo que le pidan. No piensa hacer el menor caso. La oposición, la opinión pública, le traen sin cuidado. El PSOE pide ahora la comparecencia de Wert y que el gobierno explique por qué nombró para la OCDE a este arrogante inútil tras su sonoro fracaso en el ministerio de Educación. Son ganas de pisar juanetes : lo ha nombrado para que vaya a París a darse el vidorro con su señora ambos pagados con dineros públicos, en un piso de ensueño pagado de igual modo y un regio cuerpo de casa que se nos pone en un pico. Como sabe todo el mundo. Pero como el gobierno no va a contarlo así y, no siendo esto, no hay nada que contar porque cualquier relación de Wert con la OCDE podría ser materia de un cuento de Lovecraft, ahora que se ha puesto de moda, no habrá comparecencia. 

Cuando las hay, es peor. La del santero Fernández para explicar su reunión con el presunto ratero Rato podían haberla puesto en un programa de humor. Y querían que dimitiera: un hombre que vive y reza en el ministerio. Pudo haber contado que se reunieron a tomar el té de las cinco porque, según es de dominio público, a las comparecencias parlamentarias los ministros y altos cargos van a mentir. Como el presidente del gobierno, el de los sobresueldos, que lo hace con soltura y maestría. Se ve que no ha hecho otra cosa en su vida. Por eso lo nombraron para el cargo.

La banda de presuntos ladrones que estuvo robando en Madrid y una docena de ciudades en otras partes de España durante el gobierno de Esperanza Aguirre estafaba a la población a la que decían representar hurtándole su derecho a la educación y así mismo con las residencias de ancianos. Y no quiero ni pensar lo millones que habrán afanado con los turbios asuntos de la sanidad madrileña. Hace falta tener el papo y la desvergüenza de esta dama para seguir saliendo a la calle, como si tal cosa, tras haber presidido un gobierno que no era sino una supuesta banda de chorizos.

El que hay ahora lleva camino similar. La señora Cifuentes rodeada de personajes pringados en la Gürtel, en la Púnica y quizá hasta en el escándalo de Panamá, ha pasado de blandir la porra y hostigar a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos, a ir haciendo larguezas por la calle, documentando inmigrantes en contra de la voluntad de su gobierno al que ya nadie en realidad hace caso. Como se ve, ni los de su propio partido. 

Es un fin de ciclo y mandato de esperpento hispánico. El gobierno más incompetente y corrupto de la democracia (por llamar de algún modo a un régimen en el que es la policía la que determina los límites de la libertad de expresión) quiere coronar un verdadero record de fracasos en todos sus cometidos que no hayan sido recortar, reducir, restringir, suprimir y, sobre todo, prohibir. 

El día 5 de septiembre, Rajoy, el hombre de los sobresueldos, se presentará en Barcelona pues anuncia que se implicará mucho en la campaña de las elecciones del 27. Es algo sorprendente y muy ilustrativo sobre los valores y principios democráticos de los que tanto alardean él y la asociación de presuntos malhechores a sus órdenes. Habiendo ya declarado que no habrá secesión de Cataluña, sea cual sea el resultado de las elecciones, exactamente, él ¿a qué va?  Tanto si los catalanes votan "sí"como si votan "no", el resultado será "no". La pregunta es pertinente: ¿a qué va?

A hacer independentistas y, de paso, el ridículo.

La Ley Mordaza.

La enmienda primera de la Constitución de los Estados Unidos (la que encabeza su declaración de derechos) dice: "el congreso no aprobará ley alguna para imponer o prohibir ninguna religión; ni para restringir la libertad de expresión o de prensa; o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y pedir al gobierno que atienda a sus agravios" (Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances).

 

A tenor de esa Constitución vigente en los Estados Unidos, la Ley Mordaza que entra hoy en vigor en la gran nación española, sería nula por inconstitucional. Aquí, no se sabe, porque dependerá de la decisión de un Tribunal Constitucional presidido por un militante (o exmilitante) del partido del ministro que la ha hecho aprobar. Esta norma retrotrae el Reino de España no a los tiempos del franquismo, como suele decirse con razón, sino al siglo XVIII, antes de las revoluciones burguesas; al siglo XVII, antes de la llamada "gloriosa" británica. Es una ley que consagra la arbitrariedad del poder despótico frente a los derechos de los ciudadanos.

 

En la neohabla del autoritarismo gubernamental, la ley se llama de seguridad ciudadana, pero, en realidad, produce inseguridad desde el momento en que arrebata a los jueces la competencia para sancionar determinados comportamientos. Se la otorga a las autoridades administrativas y, en realidad, a las fuerzas de orden público, que actúan como juez y parte y aparecen protegidas no por la presunción de legalidad sino por la de infalibilidad e impunidad. Cosa que se ve por  cuanto se considera punible la demostración gráfica de su comportamiento. ¿Por qué motivo se prohíben las fotos de los agentes de la autoridad en sus actuaciones públicas si no es porque se pretende garantizarles impunidad?

 

Esa ley no protege a los ciudadanos sino que trata de amedrentarlos e impedir, con sanciones arbitrarias y abusivas, que hagan uso de sus derechos. Es una ley tiránica que ampara el hostigamiento de la ciudadanía para yugular todo intento de crítica o protesta por los medios que sean. Con esta ley, de contenido franquista, como sostiene el New York Times, pretende despedirse este gobierno nacionalcatólico, autoritario y acosado por la corrupción, o sea, neofranquista. 

 

Una ley de este alcance, aprobada con los votos de un solo partido, habrá de ser derogada en su integridad por cualquier otro gobierno sin duda con los votos de los demás partidos.

El nivel de la banda de ladrones.

Ocurre con Twitter lo que sucedió en la leyenda de las orejas de de burro del Rey Midas. El peluquero, el único conocedor del cómico secreto del Rey, no pudiendo callárselo, hizo un agujero al borde de un río y en él susurró: "el Rey Midas tiene orejas de burro; el Rey Midas tiene orejas de burro". Luego lo cubrió con tierra y, ya aliviado, volvió a su casa. Crecieron las cañas en la ribera y, cuando el viento las agitaba, se oía por doquier "el Rey tiene orejas de burro; el Rey tiene orejas de burro". El secreto se había revelado y el viento lo "viralizaba".

Habiendo crecido las cañas, unos tuits de 2011, debidamente aireados, revelan que el majadero que iba para concejal de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, además de las orejas también tiene espíritu de burro. De momento se ha quedado de concejal. Mas no pierda la esperanza y persevere. Quién sabe si, cambiando el gobierno, no acaba de ministro de Educación. Haría bueno al mangante que hay ahora, ese que deja sin fondos las universidades, pero luego pasa los fines de semana de gorra con su millonaria novia en instalaciones públicas por no pagar el hotel.

Twitter es un peligro público. Todo lo guarda y, aunque los peluqueros quieran enterrar sus secretos, los vientos u otros tuiteros con mala uva se encargan de difundirlos. Véase el caso de la exdelegada del gobierno de Madrid, esa hipócrita que pasó cuatro años identificando, hostigando, multando y apaleando vecinos de la capital para cercenar sus derechos y amedrentarlos y que, en justo premio represor, será investida presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid gracias a los votos de Ciudadanos, el partido que lucha contra la corrupción a base de ayudar a ocultarla.

La buena señora, dando rienda suelta a sus fantasías eróticas de omnipotencia sexual, se adjudicó en un tuit con faltas de ortografía un par de gónadas altamente improbables dada  su condión femenina. Luego, viendo lo que sucede a los demás con sus demasías, lo borró. Pero, por desgracia, ya lo había copiado y guardado alguien que, con toda razón y mesura, aprovechaba para llamarla "ordinaria". Mucha razón y excesiva mesura. Atribuirse "cojones", cuando se es una rubia de bote y abundante carmín, más parecida a Jack Lemon en con faldas y a lo loco que a una dama que desempeña un cargo público, no es solamente un evidente atentado contra la evidencia anatómica, sino una muestra más del lenguaje, el espíritu, el talante, el modo de ser de los miembros de esa supuesta asociación de malhechores que es el PP. Chul@s, prepotentes, broncas, muy machot@s. Ellas, féminas de muchos cojones y ellos bravos de reyerta de los de "no me lo dices en la calle". Trato normal de una presunta banda de ladrones.

Basura. La basura que gobierna España.

Ya no basta con mentir.

Efectivamente, ya no basta con convocar una rueda de prensa, comparecer solemne en carne mortal y no en plasma y soltar la acostumbrada sarta de trolas y embustes. Después de tres años de engaños, silencios y excursiones por los cerros de Úbeda, no es que el crédito del presidente esté "bajo mínimos". Es que está en el cero absoluto. Nadie lo cree. Ni él mismo.

Por eso ya no se molesta en hacer verosímiles los datos que habitualmente manipula. Ahora ha decidido recurrir a la retórica, incluso a la licencia poética. Así, el 11 de diciembre anunciaba que la crisis ya es historia, una frase autorreferencial, destinada a hacer historia, como la de "ya no hay Pirineos" o "vine, vi, vencí". Pero la opinión descreída se la tomó a chirigota y hasta los suyos le dijeron que redujera el redoble. Se vistió entonces de experto ténico y anunció que 2015 será el año del despegue definitivo de la economía. Ciberlandia sacó su más afilado sarcasmo y apostó porque el despegue se haría desde el aeropuerto de Castellón de la Plana.

Escarmentado de tanta burla Rajoy redujo el núcleo de su habitual patraña a su mínima expresión, confiando en hacerla más aceptable a fuer de modesta:   "España ha conseguido superar la peor etapa de la crisis sin menoscabar lo sustancial del sistema de protección social" . Pero ya es tarde hasta para la modestia. Ni los suyos lo creen. Zarzalejos, un periodista de acrisolada tendencia a la derecha del PP, califica el año que resta de legislatura de año políticamente agónico.

Efectivamente, ya no basta con mentir, ni siquiera en sordina. Hay que echar mano a otros recursos para mantener quieto el Reino. Y a no dudarlo, se recurrirá a ellos:

La amalgama. Una vieja táctica, consistente en meter en el mismo saco a dos o más adversarios, asegurando que son todos iguales. Los estalinistas la emplearon con gran éxito en la Unión Soviética y en España, asegurando que los trostkistas eran colaboradores de los nazis. Los comunistas también se la aplicaban a los socialdemócratas en los años treinta, hablando del socialfascismo. Ahora se oye mucho hablando de la igualdad entre PP y PSOE y, desde luego, el partido del gobierno recurre a ella con fruición equiparando a Podemos con el comunismo, el chavismo y el populismo en general, y al soberanismo catalán, cómo no, con los nazis, en aplicación de la Ley de Godwin.

La intoxicación. A estas alturas no debe quedar aspecto de la biografía de los líderes adversarios más populares, especialmente en Podemos y el consabido soberanismo catalán, que no se haya escudriñado milimétricamente en busca de cualquier asunto, por insignificante que sea, que se pueda agrandar hasta convertirlo en escándalo y desprestigio. Y, si no se encuentra, se inventa. Para eso el gobierno y su partido tiene prácticamente comprados a todos los medios escritos en papel y audivisuales con la misión de cantar sus alabanzas y denigrar a sus adversarios, incluso al modo torticero en que lo hace a veces RTVE, cuando enmarca noticias sobre Podemos con anagramas de Bildu, por ejemplo.

La oración. Este recurso no debiera figurar aquí de ser España un país normal. Pero no lo es. Este gobierno no echa solamente mano del BOE, de los informes oficiales, los expedientes administrativos y los códigos para gobernar sino también, y mucho, del misal. Vari@s ministr@s ponen sus políticas públicas bajo la advocación de diversas Vírgenes, otros se asesoran directamente en las sacristías y otros hacen pública ostentación de su fe. ¿Por qué no convocar procesiones y oraciones colectivas para salir de la crisis y ganar las elecciones igual que las gentes sencillas impetran la lluvia?

La represión. El espíritu es fuerte pero la carne es débil. La gente es de una contumacia insoportable en la protesta, sobre todo los catalanes, a quienes no parecen tranquilizar las jaculatorias del Rey. Hay que estar preparados para defender el orden. La crisis y los recortes no han pasado por el ministerio del Interior que lleva años pertrechando a las fuerzas de seguridad con medios materiales de todo tipo para hacer frente no ya a manifestaciones pacíficas y alguna algarada ocasional sino a sublevaciones en toda regla, como las de los campesinos en Alemania o la revuelta de los payeses en Cataluña. Lo peor no es que estas fantasías puedan realizarse. Lo peor es que quizá haya alguien interesado en provocarlas. La nueva Ley Mordaza es la verdadera clave del sentido de la legislatura. La prueba definitiva de que estamos saliendo de la crisis es que se prepara un Estado policial.

Ya no basta con mentir.

(La imagen es una foto de La Moncloa en el dominio público).

El PP contra internet.

Antes de ayer, de madrugada (02:30 am), cerró Google News en español en respuesta al canon AEDE que el PP ha impuesto con efectos del 1º de enero próximo por la presión de los grandes periódicos (lo "grandes" es un decir) en la nueva ley sobre la propiedad intelectual. 15 horas después, el tráfico exterior de los medios españoles había descendido en un 15%, según se aprecia en el gráfico públicado por Gigaom que a su vez cita un estudio de Chartbeat, una empresa de análisis de la red.

A partir del 1º de enero todo el que enlace a contenidos de los medios tiene que pagar, incluso aunque los medios estén en código abierto, bajo licencia copyleft, ya que se trata, según dice la ley, de un "derecho inalienable". La decisión de Google, por tanto, es una respuesta movida por el interés y tiene considerable efecto porque daña la difusión de los contenidos de los medios. De hecho, es la experiencia que se extrajo de la llamada tasa Google, aplicada antes en Alemania. Dado que allí el pago no era obligatorio, Google suprimió todos los enlaces de los medios que cobraban y, ante el descenso de tráfico, fueron los mismos medios los que retiraron la exigencia de cobrar. Aquí, los editores de AEDE quisieron curarse en salud e hicieron obligatorio el canon pero, al parecer, ya están presionando al gobierno de nuevo para que busque una solución el problema planteado por el cierre de Google, que los daña más que el régimen de libre enlace.

Por supuesto, el canon no afecta solo a Google sino a todos los que enlacen a contenidos ajenos, a agregadores de noticias, sitios como Menéame que quizá no tengan la capacidad de resistencia y presión que tiene Google. Frente a la libre circulación de información en la red el gobierno adopta una actitud similar a la que tiene en todo lo demás, por ejemplo, en materia de orden público: restringir las libertades y derechos haciendo imposible su ejercicio por vías económicas, tasas, sanciones, multas. En la red, algo parecido.

Es obvio que quienes elaboran contenidos deben tener una justa retribución pero también lo es que este no es el procedimiento más adecuado porque causa mayores perjuicios de los que evita. Si la restricción se hace por razones económicas, empresariales, de coste beneficio, el canon habrá de modificarse, si no suprimirse. No se trata de dejar desamparados los derechos de autoría, pero sí de buscar una solución que no dañe precisamente los intereses que quiere proteger.

Pero si se hace por razones ideológicas, lo más sensato es mantener el canon, con lo que se cerrarán innumerables sitios, el tráfico se reducirá y se pondrá sordina a las redes sociales, un territorio de generalizada crítica política y movilización de la ciudadanía. Es un primer paso en la dirección que llevan todos los sistemas autoritarios: controlar internet. Y en algunos casos en los que la afición a reprimir se mezcla con la incompetencia, si no se puede controlar internet, matarla.

Pero eso es imposible. Internet son los nervios de la sociedad y no se puede cerrar porque la sociedad se pararía en horas. Eso sin contar con que el tráfico exterior actuaría como si el país fuera una especie de agujero negro de la red. La red no se puede cerrar y el gobierno hará el ridículo una vez más.  

Un gobierno por debajo de toda sospecha.

A este gobierno de supuestos corruptos, apoyado en un partido al que un juez acusa de ser partícipe a título lucrativo en varios presuntos delitos, es decir, de ser una especie de asociación de malhechores, le queda un año antes de desaparecer por el escotillón de la historia. Siempre que en noviembre de 2015 la mayoría del electorado no cometa de nuevo el error de confiar en alguien que no lo merece bajo ningún concepto.

 

Pero un año es mucho tiempo para quien ha dado ya sobradas muestras de actuar sin contemplaciones, con rapidez y contundencia, siempre en la peor de los direcciones posibles. Por eso su propaganda se sintetiza en la fórmula contraria: en la buena dirección. Sin duda, la dirección que lleva de una democracia demediada a una forma de tiranía policial, con parada y fonda en el autoritarismo, la corrupción y el expolio. De todo ello, abundantes pruebas ayer mismo.

 

Después de apoyar a la presunta corrupta Mato durante tres años y de haberla destituido como ministra solo una vez imputada en una causa penal, el presidente la conserva como diputada y miembro del máximo órgano del partido. En contra de todos los usos democráticos posibles. Porque sí. Por narices. Como por narices tampoco dimite él, presidente del partido igualmente acusado por el juez. Y no da explicaciones, ni rinde cuentas, ya sea a los medios o al parlamento. Nada. No le da la gana de explicar por qué parece tan inclinado siempre a amparar y proteger la corrupción, si no a beneficiarse de ella.

 

¿O no amparaba a Fabra, hoy recluso como delincuente en la cárcel de Alcalá, al llamarlo "ciudadano ejemplar"? Sin olvidar que parecidos ditirambos ha dedicado a Matas y Camps. La tolerancia o quizá complicidad de este gobierno y su presidente con la corrupción es fabulosa y patente. Se mide en indultos a delincuentes, engaños y mixtificaciones, maniobras para controlar los órganos judiciales y entorpecer su actuación, destrucción de pruebas, manipulación de datos y estadísticas, control y censura de los medios de comunicación, convertidos en órganos de propaganda pagada con el dinero de todos.

 

El del dinero de todos, los fondos públicos, es un concepto que ha desaparecido del debate colectivo. El gobierno expolia el erario público a su antojo, según sus criterios políticos e ideológicos, sin dar cuenta a nadie y como si se rascara él el bolsillo; como si los rescates de la banca, de las grandes empresas, las autovías, los servicios privatizados y ya ruinosos, los lucros cesantes de las amnistías y los paraísos fiscales salieran de los ahorros personales de los gobernantes y no de los recortes en la sanidad, en la educación, en todos los servicios sociales, en las prestaciones y subsidios de las gentes. Dentro de la concepción patrimonialista de la derecha lo que hay que hacer con el erario público es esquilmarlo en provecho propio, legal o ilegalmente. Ayer se propinó un nuevo hachazo a las pensiones de cuyo fondo de reserva volaron otros 8.000 millones de euros. Desde que esta organización de presuntos malhechores llegó al poder se ha volatilizado el 36% de dicho fondo. "Si hay algo que no tocaré", dijo un trascendental Rajoy en la oposición, "serán las pensiones". 

 

Falto de talante democrático, de responsabilidad, de honradez, de autoridad y prestigio, falto de todo menos de mendacidad y cinismo este gobierno sabe que está sentado sobre una olla a presión de descontento popular. En España y en Cataluña, en donde se da un motivo de indignada insubordinación añadido y frente al cual el presidente ha mostrado la misma incompetencia que frente a los problemas de la crisis y la corrupción. O más, si cabe.

 

El gobierno se niega a informarse de las razones de tan generalizado descontento y se limita a decir por boca de su presidente que "conoce los problemas de Cataluña y de la gente, la inmensa mayoría, que lo pasa mal en la crisis". Pero de ese conocer no se deriva actuar alguno para resolverlos sino, al contrario, para agravarlos y enconarlos. Es más, no los considera  verdaderos problemas de fondo, sino meras cuestiones de orden público y, fiel a su espíritu autoritario y su miedo a la información, la transparencia y el conocimiento de sus posibles fechorías, recurre a la represión.

 

El proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana es una involución hacia formas de Estado policial perfectamente definidas en el término popular de Ley mordaza, un conjunto de disposiciones para criminalizar todo tipo de protesta e impedir el ejercicio pacífico de las libertades de reunión, manifestación, información, expresión, etc. Es imposible llamar a esto democracia y, dada la impunidad prevista para la policía, que sustituye a los jueces en multitud de ocasiones, quizá también lo sea considerarlo Estado de derecho. Tiene más de tiranía

 

En esa misma línea ayer se supo que el ministerio del Interior cuenta con una unidad "de élite" de la policía, no controlada por el poder judicial y, por tanto, bajo dependencia directa del ministro o su segundo, dos aficionados a los métodos expeditivos a extremos enfermizos. Su función es husmear en la vida de los políticos independentistas catalanes a la busca de material para hundirlos mediante la guerra sucia. Policía política, en definitiva, y en la línea de la Brigada Político-Social del franquismo.

 

El descubrimiento provocó escándalo. Con razón, claro es. Vuelven los tiempos en los que llaman a la puerta de tu casa a las tres de la mañana y no es el lechero. Sin embargo, tampoco es tan nuevo. De eso es de lo que también se ha acusado, ignoro con qué fundamento, a la policía en Madrid, un lugar en el que se ha generalizado una práctica despótica, monstruosa: la represión preventiva. No se olvide, además, que cuando el poder político emplea la policía de todos a su servicio de partido, esta no solamente busca sin permiso pruebas incriminatorias sino que llega a fabricarlas.

 

Es un año lo que queda de este gobierno deslegitimado y bloqueado. Pero en un año puede hacer cosas peores.

(La imagen es una foto de La Moncloa en el dominio público).

Insurrección en Ucrania.

Esto de Ucrania está que arde. Otra vez se incendia una parte del mundo eslavo, y una que tiene frontera con Rusia y Belarús, pero también con Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumania y Moldavia. La frontera oriental exterior de Europa y lo que los rusos acostumbran a considerar el cuasi extranjero. Otra vez empiezan los europeos comunitarios a ponerse nerviosos y los Estados Unidos a lanzar advertencias, consejos y alguna bravata. Ya empiezan a llover las sanciones y se incuba un ánimo intervencionista. Pero aterrorizado, porque Ucrania no es la antigua Yugoslavia, está pegando a Rusia, es el corazón del antiguo imperio de Kiev y uno de los miembros de la Comunidad de Estados Independientes. Los pasos siguientes bien pueden ser una bronca comunitaria, alguna metedura de pata de los yanquis o cualquier embrollo de las Naciones Unidas en un baile de propuestas y vetos.

En teoría, el movimiento opositor, una especie de prolongación radicalizada y mucho más violenta de la revolución naranja, que se hace llamar Euromaidan exige una mayor integración de Ucrania en la Unión europea, a lo que el presidente Yanukovich se opone. El resultado de este conflicto son esas batallas campales de extraordinaria violencia. La autoridad recurre a los medios represivos más bestiales, incluida, al parecer, la acción de francotiradores y los manifestantes no se quedan muy atrás en punto a agresividad. Hay heridos por ambos lados y muertos que se sepa solo del lado de los manifestantes. La peor parte parecen llevarla estos. Pero la situación es muy confusa y corre todo tipo de rumores sin que las informaciones dejen muy claro si cabe pronunciarse por uno u otro bando. La negativa de Yanukovich se atribuye a su querencia eslava y su rusofilia, a pesar de que se lleva mal con los rusos. Pero ya hay mucha gente mirando de reojo a los Estados Unidos a los que acusan de financiar a la oposición con el consabido ánimo desestabilizador de los gringos

Por eso tiene un valor extrordinario el twitter de Alberto Sicilia, Principia Marsupia, alojado en Público.es que está tuiteando directamente desde Kiev. En tiempo real. Con comentarios e informaciones del momento y abundancia de imágenes. Es el signo de los tiempos. Los diez días que conmovieron el mundo vienen hoy en mensajes de 140 caracteres. Pero directamente, en tiempo real. La mediación literaria ha desaparecido. Sicilia, cuyo valor es innegable, lo fotografía todo. Hasta los impactos de las balas que le pasan cerca. Transmite, vaya si transmite, un clima, una situación, un riesgo, un destrozo, una explosión, de modo inmediato, directo. Y la imagen es de caos y más confusión.

Cuando las cosas se lían, merece la pena indagar en la personalidad de los responsables. Es obligado un vistazo a la biografía del presidente Yanukovich permite hacerse una idea de qué clase de persona es quien da las órdenes, quien toma las decisiones. Este hombre ha sido de todo: delincuente, miembro del Partido Comunista de la URSS, gobernador, presidente del gobierno y de la República de la Ucrania independiente (que es un Estado semipresidencialista), falsificador y aficionado a unos pucherazos electorales tan clamorosos que se los anula el tribunal supremo y predispuesto a tomar medidas contra la oposición propias de un autócrata. Sin negar la capacidad de cambio del ser humano, tiendo a suponer que una persona así es capaz de concebir una ley mordaza tan dura como la que está preparando Fernández Díaz. Y, qué quieren ustedes, por mis prejuicios me inclino a pensar que alguien con esta biografía puede desplegar francotiradores por la ciudad para aterrorizar a la población.Y provocar un baño de sangre.

Interior con pelotas de goma

¿De dónde sale este personal del ministerio del Interior? ¿En qué siglo vive?

Comparece el ministro en sede parlamentaria a desmentir las declaraciones de la guardia civil y el delegado del gobierno en Ceuta. Eso está bien y muy acordado con la doctrina del Opus Dei de no decir mentira. Un desmentido acompañado de una afirmación. Sí, se dispararon pelotas de goma, pero al agua, lejos de los infelices que trataban de pasar a España a nado y en ningún momento se puso su vida en peligro. Y eso, ¿no es mentira? ¿Es verdad? ¿Por qué? ¿Porque lo dice un ministro del Opus? ¿Porque le inspira Santa Teresa "que manda mucho"? El resto de explicaciones tensiona aun más la credulidad del auditorio. Las pelotas de goma fueron acompañadas de cartuchos de fogueo y de botes fumigadores que, para tranquilidad general "en el agua no funcionan", según aclara el mentado ministro sin aclarar nada. Y todo ese aparato pirotécnico no puso en ningún momento en peligro la vida de los inmigrantes. Si se ahogaron doce o catorce -aùn no lo saben- sería por otros motivos o porque así estaba escrito.

Las pelotas de goma han causado ya bastantes desgracias y, como se ve, se siguen utilizando alegremente, tratando de recabar la impunidad en su uso.  La política de orden público del ministerio, la de los órganos con mando directo sobre fuerzas y cuerpos de seguridad, como las delegaciones del gobierno, es extraordinariamente autoritaria y con escaso o nulo respeto al ejercicio ciudadano de los derechos y libertades. La policía y la guardia civil actúan como si ya estuviera en vigor ese proyecto de ley mordaza que llaman de seguridad ciudadana y que, al arrebatar al control judicial partes importantes del orden público, provocan una situación de inseguridad de la ciudadanía, sometida a decisiones administrativas desmesuradas y probablemente arbitrarias. 

Es una política deliberadamente agresiva y violenta, basada en el hostigamiento y la provocación. Conjuntamente con una creciente censura en la opinión pública, se trata de amedrentar a la población, asustar a la ciudadanía para que no haya protestas frente a un gobierno deslegitimado por la corrupción y cuyas medidas antipopulares precisamente las suscitan.

El aumento de la represión sin más no suele resolver los problemas de fondo.

La escala F.

En 1948 Adorno, que llevaba unos años exiliado en los EEUU huyendo de la tiranía nazi en su país, publicó un grueso trabajo de investigación redactado con otros colegas, sobre la Personalidad autoritaria. Habían tomado el concepto propuesto por Erich Fromm, otro alemán exiliado del círculo de Frankfurt, y que tenía sus raíces en el psicoanálisis. En último término, para Adorno, el carácter autoritario procedía de una infancia presidida por algún superego tan dominador que solo permitía el desarrollo de un ego inseguro y vacilante, necesitado ya a lo largo de su vida de algún otro superyo aplastante, un padre, una religión, un dios, una institución, un mito. Es decir, el autoritario es un neurótico, lleno de complejos e inseguridad, que luego la tomará con otros grupos, a ser posible débiles y marginales, para machacarlos y así afirmarse él, proyectando en ellos sus miedos y sus fobias: judíos, gitanos, negros, manifestantes ante el Congreso, plataformas antidesahucio, perroflautas. Adorno miraba la Alemania nazi. Si viviera, podría mirar la España del PP.

Como siempre se le había acusado de ser excesivamente teórico, Adorno diseñó un test empírico para medir el grado de autoritarismo de las personas y lo llamó Escala F. "F" de Fascismo. Lo que la escala -que fue siempre muy discutida científicamente- pretendía medir era el grado de fascismo de una personalidad. Perfectamente aplicable al ministro español del Interior, cuyo grado de fascismo santurrón está fuera de duda.

La Ley Mordaza del ministro, aparte de sus aspectos políticos y jurídicos (casi todos delirantes), es un ejemplo de manual de la personalidad autoritaria. Esta se origina, en efecto, en la infancia, pero también por una especie de regresión, según Freud, cuando en el desarrollo de la líbido, se produce una inversión de sentido y el sujeto retorna a la etapa del erotismo anal, en donde queda ya anclado con una neurosis compulsiva, una coraza caracteriológica, que diría Reich, hecha de rigidez, sentido de la jerarquía, obediencia al mando, bajo la figura del padre castrador, sea mortal o divino. De ahí salen esas personalidades amantes del orden, de la disciplina, fanáticas de la limpieza, la puntualidad, sádicas en los castigos que imponen por la mínima transgresión.

Que el ego vacilante, infantil, aterrorizado, del ministro no le permita tener una vida normal sino es refugiándose en el oscuro seno de una secta cerrada, semisecreta; si no puede ser un adulto equilibrado y normal, libre de fantasías sádico-anales, que deje de ser ministro.  Pero no pretenda imponer sus delirios y locuras al resto de la sociedad.

Esa ley es una aberración, producto de un espíritu enfermo.

(La imagen es una foto de La Moncloa en el dominio público).

El proceso de fascistización.

El proceso de fascistización es un concepto que hizo famoso Poulantazs para referirse a aquel por el cual una democracia burguesa podía convertirse en una dictadura fascista. Por supuesto, se trataba de un concepto que recogía ideas anteriores y debates con muy diferentes perspectivas y orientaciones. Pero la idea generalmente compartida era que el fascismo no se daba de la noche a la mañana, de golpe, como un terremoto, que no avisa. El fascismo era el producto de una previa evolución social en la que habían ido produciéndose muchos cambios paulatinos hasta llegar a la transformación completa, entera, la implantación de una dictadura militarizada de partido.

Siendo esto así muchos, no muy interesados en estudiar el sentido de nuestra época, sostienen que el fascismo es un fenómeno histórico localizado en el tiempo. Pero eso no quiere decir que no pueda repetirse. Ciertamente, para que ello suceda no es preciso volver a los tiempos de los uniformes, las correas, los desfiles a la luz de las antorchas, el saludo cesarista o el culto a la Walhalla. Esas cosas son la parafernalia del fascismo, pero no su esencia. Esta radica en unos modos autoritarios de entender toda (el fascismo es totalitario) relación social del tipo que sea,. familiar, mercantil, laboral, religiosa, cultural. El fascismo es un modo de entender la función que cumplen las instituciones, la familia por ejemplo, que no tiene por qué ir acompañada del resonar de las botas por las calles. Y a eso se llega paulatinamente, mediante reformas graduales que van orientando la acción social hacia el fascismo a partir de una situación democrática anterior. Un proceso de fascistización.

La cuestión es identificar las instituciones que se fascistizan y cómo lo hacen. La página anarchosyn tiene colgado el cuestionario de más arriba que es bastante sistemático y completo. Allí se le llama Early warning signs of Fascism, algo así como la detección precoz del cáncer. Lo he traducido como Aviso temprano de fascismo pero, evidentemente, es proceso de fascistización. También he traducido el resto del cuestionario porque me ha parecido de indudable aplicación al proceso que está viviéndose en España. De los catorce puntos que se señalan se me  hace indudable y evidente la similitud del 1º, 2º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º y 13º. No necesitados de comentario alguno. La confusión entre la Iglesia y el Estado es incluso cómicamente patente, cual se ve en esa ministra que gobierna de la mano de la Virgen del Rocío; el control de los medios de comunicación es asfixiante y de la corrupción no es preciso hablar. Ya lo hace la opinión a través de los barómetros.

Los otros puntos quizá necesiten alguna aclaración: el 3º, el enemigo/chivo expiatorio o cabeza de turco o ambos. Está claro, la antiespaña personificada en el PSOE. El 4º, el ejército. De vez en cuando se le oye; pero su preponderancia queda consagrada en el artículo 8 de la CE en relación con el 2. El 7º, la obsesión con la seguridad nacional no se da, de momento, en el terreno de la defensa militar, pero sí de la defensa financiera. Hay que hacer causa común detrás del gobierno porque la seguridad financiera de España en los mercados internacionales está amenazada. El 14º, las elecciones fraudulentas. Obviamente no se trata de que hubiera un fraude mecánico en el proceso electoral que fue limpio. Se trata del fraude moral de haber ganado unas elecciones con un programa electoral y poner en práctica el contrario. 

Todos esos puntos señalan el proceso de fascistización. El gobierno, probablemente el más desautorizado de la historia de la democracia y el más desacreditado, prácticamente no cuenta con apoyo en la opinión y descansa sobre el uso cada vez más frecuente y más intenso de la represión policial. Una dinámica de acción-reacción que suele acompañar a esos procesos de fascistización. 

Sin embargo, el recurso a la represión no puede ocultar el hecho de que el presidente que proclamaba que, cuando él gobernara, bajaría el paro, ha fracasado en toda la línea. El paro no desciende sino que aumenta; España no remonta sino que se hunde más, crece la emigración, se cierran más empresas, no hay perspectiva de recuperación sino de lo contrario y el gobierno no sabe ya qué decir, lo cual tampoco es tan desastroso porque su crédito es inexistente. Si se añade a ello que el presidente está bajo sospecha de haber cobrado sobres ilegales sin que la haya disipado contundentemente, se tiene una situación catastrófica, próxima a la ruina nacional.

Aumentan las voces extranjeras que piden un cambio de políticas y políticos en España. Desde varios cuarteles se ha advertido que España no recupera la confianza de los mercados a causa de la corrupción y de sus gobernantes y personal político muy mezclados con aquella. ¿No hay gente en el PP que vea lo desastroso de la situación y ponga en marcha un proceso de renovación interno que también debiera alcanzar al gobierno? ¿No debe encomendarse este a alguien que pueda dedicarle todo su tiempo y lo haga además con mayor provecho para la colectividad?

(La imagen es una foto de Anarchosyn, bajo licencia Creative Commons).

Frenos y contrapesos.

Es una verdad de la ciencia política que solo el poder frena el poder. Un poder que carece de otro enfrente tiende a extralimitarse, a avasallar, a convertirse en tiránico. Por eso, el constitucionalismo moderno se aferra a la teoría estadounidense de los frenos y contrapesos, los checks and balances que los admiradores de todo lo yanqui creen tan universales y eternos como las stars and stripes. ¿Qué entes, qué instituciones pueden ejercer un poder que frene y contrarreste el poder político, en este caso el gobierno? En principio, los otros poderes del Estado, el legislativo y el judicial y, además, el cuarto poder, reforzado por lo que algunos llaman ya el quinto poder, la web. Siendo España régimen parlamentario, el parlamento es inexistente, víctima de la mayoría absoluta del gobierno. El sistema mediático está abrumadoramente al servicio del gobierno que lo utiliza sin ningún reparo: todos los medios audiovisuales públicos son oficinas de agitprop gubernamental y una parte importantísima de los medios impresos.

De freno y contrapeso están actuando el poder judicial y la web. Pero no es mucho. El gobierno desoye las decisiones de los tribunales. Así, el ministerio de educación sigue privilegiando los centros que discriminan por sexo frente a decisiones firmes del Supremo que lo prohíben. Eso cuando el de Justicia no decide conceder el indulto a delincuentes condenados por la justicia, con razones por lo menos especiosas. La vigilancia de la web es universal, generalizada, llega a todos los rincones del ejercicio del poder. La web es un Argos siempre al acecho. Pero se estrella ante la indiferencia de los gobernantes, quienes ignoran el estado de ánimo de las redes o las llenan de apologetas suyos actuando como trolls.

Es decir, el gobierno del PP no tiene contrapesos. Tampoco oposición parlamentaria. Esos 110 diputados socialistas poco más pueden hacer que aplaudir a su lider cuando pide la dimisión de Rajoy. Y aun eso, con moderación y prudencia. Ya ha salido el venerable González a decir a los jóvenes lobos de su partido que no estén pidiendo continuamente la dimisión del presidente. No sea que este se enfade. Esas dos carencias se notan mucho. El gobierno tiene una tendencia autoritaria evidente. El presidente apenas comparece en Parlamento, gobierna por decreto-ley, rompe acuerdos y pactos escritos y no escritos en su intención de desmantelar el Estado del bienestar, privatiza servicios públicos a mansalva y, los que no puede privatizar, los reduce y descapitaliza. Algun@s gobernantes  autonómic@s pretenden privatizar el dominio público, los valles y montes de España, una especie de reamortización.

Y todo esto lo ponen en práctica unas autoridades electas pero sobre las que pesan fuertes sospechas de corrupción y que no solamente se niegan a dimitir sino incluso a dar explicaciones de sus actos, con los medios a su servicio. Muchas de las medidas del gobierno exceden de sus competencias y entran de lleno en el ámbito de la reforma de la constitución material del país, mediante un vaciamiento de sentido de la constitución formal. No hay derecho a la vivienda digna, ni a la sanidad y educación públicas, ni a la tutela efectiva de los tribunales, aunque el texto de la Constitución vigente siga proclamándolos.

La oposición está obligada a plantear esta crítica como fundamento a su moción de censura y con propuesta de un candidato alternativo a la presidencia del gobierno. El gobierno no está legitimado para hacer lo que hace. Ni subjetiva ni objetivamente. Y  mucho menos lo contrario de lo que prometió en el programa electoral. Las personas que lo están haciendo no son las más adecuadas y lo que están haciendo no es lo más conveniente para el país. La moción de censura es inexcusable. El gobierno debe explicarse ante la opinión pública si no de grado, por fuerza.

(La imagen es una captura del vídeo de La Moncloa en el dominio público).

El Estado policiaco.

Proyección. Es el término que emplean los psicólogos para designar la táctica preferida de la derecha española. Se trata de atribuir a los demás las intenciones propias, de acusarlos de lo que uno mismo hace. No es el clásico y socorrido "y tú más" sino un intento de ocultar las fechorías de un bando adjudicándoselas al otro. ¿Quién no recuerda a Cospedal hace un par de años denunciando a bombo y platillo el "Estado policial" que había implantado o quería implantar el PSOE? La misma Cospedal afirmaba ser objeto -ella o sus compañeros de partido- de espionaje ilegal. Por supuesto, no puede demostrar nada en los tribunales. Es más, ni siquiera acude cuando es citada en las querellas por calumnias y, cuando acude, no se ratifica en sus acusaciones. Porque son falsas. Son pura proyección pues, además, se hacen en los momentos en que se destapa algún caso propio, como el de esa increíble Gestapillo madrileña.

La Gestapillo. Según denuncias hoy en los tribunales, el gobierno de la Comunidad de Madrid pudo tejer una red de espionaje ilegal, incluso delictivo, para obtener información comprometedora sobre rivales del mismo partido del gobierno. Es un caso bastante zarrapastroso, como del neorrealismo italiano, por eso le va tan bien el nombre. Ahora, según dice El País, la policía puede estar recurriendo a métodos ilegales, también delictivos, para hundir las reputaciones de los politicos catalanes soberanistas. Que (parte de) la policía se dedique a delinquir no es nuevo en España ni en ningún lugar del mundo. La policía de Franco era, en realidad, una organización criminal, como la Gestapo alemana o la Stasi, asimismo alemana. Los socialistas españoles también pasaron su bautismo de fuego con el vergonzoso caso GAL, nunca enteramente aclarado. Ahora es el gobierno del partido que acusa a los demás de "Estado policial" quien parece recurrir a él.

Publicidad. Y en una dinámica especialmente grave porque consiste en calumniar una opción política pacífica y legal con un gran despliegue publicitario. Esas presuntas actividades delictivas de la policía probablemente sean el origen de los famosos documentos falsos que publicó en su día El Mundo con la obvia intención de dañar las expectativas electorales de CiU. Puro montaje para torpedear una opción política por ser soberanista. Se pregunta El País si los mandos del ministerio del Interior conocen estas actividades parapoliciales. Una pregunta retórica. ¿Cómo van a ignorarlas si llevan ya casi un mes investigándolas? Lo mandado ahora es la comparecencia del ministro del Interior para que, entre rezo y rezo, explique las líneas de actuación de su departamento.

Explicaciones. El ministro y los más altos cargos de Interior están obligados a explicar en sede parlamentaria su política de orden público y las actividades de las fuerzas que coordinan. En lo específico y en lo más general. Debe hacerse la luz sobre esa sórdida historia de los informes apócrifos, si son o no falsos y, si lo son, como parece, quién los ha redactado y por órdenes de quién. Pero no basta con estas explicaciones concretas. Los responsables de Interior deben explicar cuál es su actitud en general en el orden público y por qué presenta un aspecto tan autoritario y propio de un Estado policiaco.

El Estado policiaco. Hace unas fechas el gobierno indultó a cuatro agentes de la policía catalana condenados en firme por un delito, entre otros, de torturas. España no ha conseguido salir de la lista de negra de países en los que se recurre a la tortura, pero este gobierno da un paso especialmente grave al indultar a torturadores.

El gobierno tiende a entender todo acto de protesta o crítica, todo ejercicio de los derechos de libertad de expresión, reunión o manifestación como peligros de orden público y reacciona frente a ellos de modo autoritario, represivo, arbitrario y en buena medida, ilegal. La delegación del gobierno en Madrid desarrolla una actividad represiva consistente en hostigar a los ciudadanos en la calle, obligarlos a identificarse sin motivo solo para denunciarlos después y condenarlos a multas por faltas imaginarias. Es un uso de los cuerpos de seguridad que los asemeja a matones a sueldo pues su función consiste en intimidar a la ciudadanía. Esos casos en que la Guardia Civil ha detenido autocares en dirección a Madrid en los que viajaban gentes cuyo propósito era acudir a una manifestación en la capital son más propios de un estado de excepción que de normalidad democrática.  Y eso cuando no se fabrican montajes para simular que se han cometido delitos inventados por la propia policía. O se detiene y aprisiona gente de forma harto irregular a modo de rehenes.

Es obvio que las autoridades máximas del ministerio están al corriente de estas prácticas y las alientan. El mismo director general de la policía, Cosidó, proponía no hace mucho prohibir la grabación de las actuaciones policiales en las calles, es decir, pretende garantizar la impunidad de las fuerzas de seguridad cuando actúan ilegal y hasta delictivamente.

¡Cómo no van a conocer estas gentes las andanzas de sus policías en Cataluña!
El Estado policial, señora Cospedal, es el suyo.

Las desmesuras del Poder.

La irresponsabilidad..- Las alcaldadas de la alcaldesa no son alcaldadas puesto que vienen de antes; son botelladas. Oponerse al matrimonio gay con el ejemplo de las peras y las manzanas; bailar "Macarena" el día del homenaje a Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA; tomarla repetidamente con las prostitutas, los mendigos, los que buscan comida en la basura; interpretar La Cenicienta en clave de la Sección Femenina de Pilar Primo de Rivera. Botelladas. La dimensión auténtica del personaje la ha dado la desgracia del Madrid-Arena: un local de macrofiesta sin licencia ni autorización alguna en donde, al parecer, se amontonaban 23.000 personas según la policía, más del doble del aforo permitido y en el que han muerto cuatro muchachas aplastadas, una de ellas menor de edad.

Estamos acostumbrados a que estas catástrofes cojan a los gobernantes del PP entregados a alguna actividad lúdica que no interrumpen. Así, cuando el Prestige, Cascos estaba practicando el deporte preferido del caudillo, la caza. Cuando medio país ardía este verano, el ministro Arias Cañete estaba viendo los toros. El caso de Botella supera todo lo anterior: estaba disfrutando de unos días de descanso en un exclusivo y carísimo lugar de Portugal, frecuentado por los señores del dinero que son quienes en realidad gobiernan; interrumpió su solaz para volver a Madrid a prohibir las macrofiestas, igual que Jerjes mando azotar el Helesponto y, sobre los cadáveres de las tres jóvenes fallecidas en primer lugar, tomó de inmediato las de Villadiego, camino del esparcimiento y el relax, dejando detrás una situación explosiva. Si esto no es una causa más que suficiente para presentar una dimisión fulminante por insensibilidad e irresponsabilidad mayúsculas, no se sabe qué pueda serlo.

La arbitrariedad. Cospedal de la Mancha, lustrosa zagala que, como nueva Aldonza Lorenzo, igual ahecha la mies que apacienta unos gorrinos, lleva todos los meses a casa unos 20.000€. Justo salario a sus esfuerzos por economizar gastos en su predio a base cerrar urgencias sanitarias, suprimir cientos de empleos y dejar sin paga fija a los diputados de la oposición. No así a los mozos de su cuadrilla, a los que ha colocado, según parece, con sueldos de cine, de unos 70.000€ anuales, que ya los querría algún presidente (socialista) del gobierno. ¿Criterio de adopción de medidas? La pura discrecionalidad de la dama. Y los afectados pueden darse con un canto en los dientes de que no los obligue a rezar todos los días el Veni Creator.

El abuso. Estaban los estudiantes manifestándose con más o menos algarada cuando la policía cargó sin grandes contemplaciones. Además, se llevó detenido a un joven que estaba grabando en vídeo la escena. El director general correspondiente, Cosidó, había advertido de que iba a reformar la normativa pertinente para impedir que se grabe a la policía mientras hace su trabajo. La norma no se ha cambiado aún, pero ya se detiene a la gente por grabar. Es la llamada justicia de Peralvillo en donde primero se ejecutaba al reo y luego se le instruía el proceso. Prohibir la grabación de la policía en acción es presuponer que siempre actúa de acuerdo con la ley y jamás abusa, lo cual es falso, como todo el mundo sabe. La policía tiene una evidente tendencia a extralimitarse y hacerla opaca es decirle que puede extralimitarse más porque es impune. No sé si a Cosidó se le alcanza esto pero alguien debiera aconsejarle que considere la posibilidad de dimitir.

El fanatismo. A tono con la portada de La Gaceta que reza: será constitucional, pero no es matrimonio, el ministro del Interior declara:  "Sigo creyendo que el matrimonio es la unión de hombre y mujer". Es el alma autoritaria, totalitaria, al desnudo. Crea usted lo que plazca, buen hombre. Como si quiere usted creer que la tierra es plana o que los niños vienen de París. Una sentencia de un Tribunal, aunque sea especial, como este, no es un artículo de fe que diga lo que hay que creer o no creer; es un mandato que dice lo que hay que hacer o no hacer, que no es lo mismo. En concreto, lo que usted no puede hacer es obligar a los demás a creer lo que usted cree. Dado que los homosexuales tienen el mismo derecho que los heterosexuales a que usted respete sus decisiones, crea usted lo que crea, ¿por qué no nos ahorra su declaración de creencias? ¿O es que quiere usted ir en contra de la decisión del Tribunal Constitucional?

(La imagen es una foto de PP Madrid, bajo licencia Creative Commons).

El verdadero rostro de Rajoy.

Si un presidente o consejero delegado de una gran empresa reúne un día el consejo, a los accionistas, algún órgano colegiado que tome decisiones, y le espeta que se reserva el derecho a definir el interés de la empresa y que, en pro de él, está dispuesto a hacer "cualquier cosa aunque no me guste y haya dicho que no lo voy a hacer", todos entenderán que postula su derecho a mentir, que su palabra no vale nada y que tan pronto puede querer una cosa como la contraria. Y nadie, lógicamente, confiará en él.

Esa es la verdadera posición de Rajoy por declaración propia: reclama su derecho a mentir, a hacer lo contrario de lo que dice, siempre que sea por el bien de España. Y ¿quién define el "bien de España? El propio Rajoy. En función de esto puede mentir y faltar a la verdad lo cual, como sucede en la empresa privada, le resta todo crédito y toda confianza en el exterior y en el interior. En el interior se añade el hecho de que el auditorio sufrirá directamente las consecuencias de la incoherencia del presidente. No puede haber seguridad alguna porque la corrección del comportamiento se mide por la coincidencia con el criterio del gobernante. Pero si este lo cambia a su antojo, la seguridad se torna en inseguridad e incertidumbre y en una posición humillante, pues se está a merced de los cambios de parecer y las arbitrariedades del poderoso.

Este es el método de gobierno de Stalin, perspicazmente analizado por Tzvetan Todorov en sus trabajos sobre el totalitarismo. Stalin sostenía gobernar según unos principios marxistas-leninistas cuyo significado cambiaba arbitrariamente cuando le parecía, de forma que el único criterio por el que podían regirse los demás, desde los ministros del gobierno hasta el último koljosiano, era el parecer del todopoderoso georgiano que determinaba siempre la divisoria entre la verdad y el error con el incoveniente de que no era fijo y mudaba caprichosamente de forma que el ministro de hoy podía ser el zek (prisionero en el Gulag) o el fusilado de mañana.

El hecho de depender del mudable parecer del gobernante y no de la ley es lo que a juicio de Aristóteles distinguía a los bárbaros de los griegos, es el núcleo mismo de la tiranía, tanto más odiosa cuanto que el tirano no solo es tornadizo sino que se jacta de ello, como el inconsciente de Rajoy. Queda así claro que Rajoy tiene una mentalidad tiránica y autoritaria pues aquel que no respeta su palabra no puede respetar a nadie. Eso se le nota al presidente a la legua ya que su discurso, bastante elemental por lo demás, sigue empeñado en dividir a los españoles en dos grupos: el de quienes lo votan a él y son por ello "sensatos y con sentido común" (el 30%)  y los que no lo votan (el 70%) que, al parecer, son unos insensatos carentes de sentido común. 

Y eso en cuanto a las palabras. Los hechos pintan peor. Ahora dice Rajoy que no subirá los impuestos. Pero también lo dijo un mes antes de subirlos la última vez. Y, como reclama su derecho a mentir cuando le parezca, no hay seguridad alguna de que, en efecto, no vuelva a subirlos. Y quien dice subir los impuestos dice bajar los salarios, aumentar la jornada laboral, reducir las pensiones, eliminar servicios y prestaciones sociales, todo lo cual afecta de modo patente a las condiciones materiales de vida de la población que, por encontrarse en la incertidumbre sobre el comportamiento de Rajoy, no puede hacer cálculos racionales ni planificar su actividad a más de un mes porque quizá se encuentre con que en dos le hayan vuelto a subir los impuestos. La inseguridad, la incertidumbre se extiende al conjunto de la población que no puede organizar su vida según sus legítimas expectativas. La gente queda en una posición de supeditación al albur del veleidoso déspota y sufre un proceso de infantilización. Así es como todos los tiranos quieren a sus pueblos, sumidos en una beatífica infantilidad pues las decisiones que los afectan las toma el jefe, que sabe mejor que ellos lo que les conviene. Por eso, además, ¿para qué molestarse en debatir en el Parlamento? Se gobierna por decreto-ley, que es más rápido y contundente.

Rajoy no dice lo que va a hacer y, si lo dice, recuerda que se reserva el derecho a hacer lo contrario, pero pide a la gente que lo crea, ya que sabe lo que quiere (pero no lo dice), tiene un rumbo fijo (pero no lo muestra); que lo crea y tenga fe en él. Fe ciega.  Quiere ser el caudillo carismático, el déspota que trata con una población asustada y convenientemente infantilizada. El hombre providencial con preclara visión que ahora anuncia que el próximo junio, es decir, dentro de nueve meses, parirán los montes.

(La imagen es una foto de La Moncloa en el dominio público).

La involución.

Está feo hacer leña del árbol caído, pero dan ganas de recordar qué colosal metedura de pata fue aquella de que "PSOE y PP la misma mieda es", qué enorme error de consecuencias cada vez más visibles. ¿Alguien imagina que, con un gobierno socialista, un ministro de educación abogara por la enseñanza en colegios segregados por razón de sexo? Si el ministro fuera Bono, quizá, pero eso no es pensable.

Suele decirse que la equiparación entre PP y PSOE se refiere a la política económica y no a la legislación social. Lo malo es que es imposible aislarlas. A lo mejor las políticas económicas se aproximan o coinciden (transitoriamente, es de suponer, en tanto se resuelve la presente crisis) pero no así la política social y, en definitiva, la forma en que la gente organiza su vida. La derecha supone una verdadera involución, un retroceso notable en materia de derechos, un autoritarismo creciente y un retorno al patriarcado.

El autoritarismo es patente en una forma de gobierno a base de decretos y con ignorancia de  las Cortes y no solo cuando están de vacaciones, sino en todo el año. Aquí prácticamente no se legisla; se decreta. Es un comportamiento autoritario y hasta despótico pues la relación del gobierno con la ley es la de modificarla cuando le incomoda también por decreto. Así ha sucedido con la Ley de RTVE , cambiada para nombrar un presidente de estricta obediencia partidista y así sucederá con la Ley Orgánica de Educacióln del PSOE que el ministro Wert quiere cambiar para que él pueda seguir subvencionando (que es de lo que se trata) los centros concertados que practican la segregación por sexo y casi todos ellos del Opus, una secta religiosa, infiltrada en todos centros de poder económico, político, judicial, etc y cuyo objetivo es la restauración del nacionalcatolicismo.

Autoritaria, muy autoritaria, es la política de orden público. El ministro Fernández Díaz está cocinando una reforma del Código Penal que tipifique como delitos comportamientos que hasta ahora no lo eran y que, en general, endurezca la represión en el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión y de manifestación. Con su política de recortes el gobierno solivianta a la gente pero ya tiene preparados los antidisturbios. Porque, siendo de ideología conservadora, los gobernantes se inclinan siempre por la represión y el endurecimiento de penas. Es tal su fe en la política del palo que algunos pierden literalmente el juicio. Así, Cospedal, la presidenta de Castilla La mancha sostiene que, para acabar con los incendios en los montes, lo mejor es despedir a los bomberos y pedir que se endurezcan las penas a los incendiarios. Es pasmoso.

La represión de derechos fundamentales es capítulo aparte. En especial la libertad de expresión e información. La supeditación de la RTVE al partido del gobierno es total, sin fisuras. La TV está para ensalzar el poder y atacar a la oposición. Quizá sea este el punto en el que el déficit democrático del gobierno sea mayor. En la era de internet, además, tener los medios públicos como maquinaria de propaganda produce un efecto limitado. Las redes sociales son instrumentos de información y movilización muy poderosos.  

El retorno al patriarcado se acelera por varias vías. Los recortes dañan especialmente aquellas estructuras (como las ayudas a los dependientes) que contribuían a la emancipación de las mujeres y a su incorporación al mercado de trabajo. Por otro lado, las aviesas intenciones del ministro de Justicia de restringir el aborto al máximo, prácticamente hasta impedirlo, cercena los derechos de las mujeres y, por decirlo gráficamente, pone sus ovarios en manos de Estado, es decir, de los curas, que son quienes dictan la acción del Estado, a través de este gobierno de verdaderos monaguillos del nacionalcatolicismo.

La educación vuelve a ser clasista, se cuestiona su universalidad, se elimina la gratuidad y se  pone todo tipo de impedimentos para que los sectores populares puedan acceder a ella. La segregación por sexos es la guinda del pastel involucionista. No solamente se mantiene el abuso de que haya enseñada concertada (es decir, privada, ideológica, religiosa pero financiada por todos) sino que se extiende incluso a los colegios religiosos que no cumplen los requisitos de la ley, como muestra las recientes sentencias del supremo. Si es necesario, se cambiará la ley para ir a ese modelo de enseñanza ideal, segregada por sexos (ya lo está por clases también) en la que las niñas aprenderán por fin las habilidades propias de su sexo.

¿Tiene alguien duda acerca del tufo franquista que emite la acción del gobierno? Aquí están de nuevo las corridas de toros, declaradas patrimonio cultural de España, debidamente sunbvencionadas y ya con acceso a la televisión.

Sugiero que la ministra Báñez, la vidente del gobierno, pregunte en la corte celestial  qué tal se vería allí sustituir el impío 1º de mayo por la festividad de San José Obrero, como hacía el Caudillo Franco, que presumía de haberlo dejado todo "atado y bien atado". Y tenía razón.

(La imagen es una foto de La Moncloa en el dominio público).

Del autoritarismo al fascismo solo hay un paso.

Gobernar es tomar medidas en pro del bien común o de lo que de buena fe se considere el bien común según la ideología de cada cual; y, en la medida de lo posible, anticiparse a los acontecimientos, prevenir desgracias, evitar la aparición de la violencia, siempre una calamidad social. En las últimas elecciones del 20-N los españoles han dado mayoría absoluta, es decir un claro mandato para gobernar al partido de la derecha, el PP que, por ideología, práctica, experiencia y carácter autoritario quizá no sea el más adecuado para estos tensos, turbulentos tiempos.

La crisis económica está haciendo estragos en los tejidos sociales de casi todos los países, muy especialmente en aquellos obligados a aplicar durísimas medidas de ajustes que aumentan el paro, las desigualdades, las dificultades económicas de los más; que pintan un futuro tenebroso para las generaciones nuevas. Todo ello genera un ambiente social tenso en el que pueden producirse disturbios en cualquier momento y de hecho así sucede, provocando frecuentemente desgracias personales más o menos graves, aparte de las pérdidas materiales por la conflictividad. Parece razonable exigir del gobierno, brazo del Estado en quien se da el monopolio de la violencia, una actitud muy reflexiva, calma, prudente, de forma que se garantice el orden público sin provocar su alteración a causa, precisamente, de las medidas adoptadas para conservarlo.

Es aquí donde esa tendencia autoritaria de la derecha puede resultar menos recomendable y obligar a una reconsideración de sus prácticas antes de meterse en una diabólica espiral de acción-reacción-más acción, etc que puede llevar a una situación muy desagradable, estilo griego o peor. Lo que empieza siendo autoritarismo acaba siendo fascismo casi sin reparar en ello, de modo gradual e inadvertido. Pues el fascismo no depende solamente, ni siquiera principalmente, de la parafernalia seudomilitar de los movimientos de los años treinta. Siempre que el Estado se valga del monopolio de la violencia, de la fuerza, para conculcar sistemáticamente los derechos fundamentales de los ciudadanos habrá fascismo. En principio todavía no es la situación en España pero lleva camino de serlo si no se pone remedio a tiempo. No es posible que toda la derecha del PP sea extrema derecha, dispuesta a mantener el orden por la violencia y sin respeto a los derechos de los ciudadanos. O quizá sí cuando se ve cómo, no en el orden policial sino incluso en el legislativo, los gobernantes ya anuncian su intención de dividirnos en ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, por ejemplo en cuanto a los derechos humanos básicos de la salud o la educación.

Los signos de esta deriva autoritaria se han multiplicado en los últimos tiempos. Algunos de los más graves son conocidos: los mossos catalanes sacan imágenes en la red de sospechosos de comportamientos violentos y llaman a la colaboración ciudadana, pidiendo denuncia, situaciones que desprecian el derecho a la intimidad y a la propia imagen. Al propio tiempo, la policía nacional anuncia la creación de una especie de brigada para patrullar internet en su lucha general contra el crimen pero sin mandato judicial específico. Dada la naturaleza del ciberespacio es muy difícil evitar, incluso detectar, la fiscalización policial incluso en los ámbitos más protegidos de los usuarios de redes sociales, por ejemplo. Aqui quedan tocados, además de los anteriores los derechos fundamentales de la inviolabilidad de la correspondencia, o del domicilio y el secreto de las comunicaciones y, desde luego, el derecho a la seguridad jurídica (rota por quienes debieran garantizarla) y la libertad de expresión.

En un plano más concreto, la policía está practicando detenciones en sus domicilios de sindicalistas acusados de haber estado en piquetes. Es de suponer que las detenciones tengan cobertura judicial pero no está nada claro que la participación en piquetes, que son legales, sea un delito. Igualmente en esta línea, el hecho de que, sin previo aviso la Guardia Civil estorbara y obstaculizara el 23 de abril, día de Castilla y León, el homenaje de la izquierda a los comuneros en Villalar que, por lo demás, se llama Villalar de los comuneros. En estos dos últimos casos, las detenciones de sindicalistas en sus domicilios, así un poco al estilo de la famosa Brigada Político-Social del franquismo, y el bloqueo de la Guardia Civil en Villalar, los actos huelen a provocación, esto es, a un deliberado intento de suscitar una acción de protesta que, a su vez, justifique una reacción represiva y otra acción y por ahí derechos al Estado de excepción.

En este territorio de los comportamientos desafiantes y, en definitiva, provocadores, pueden encuadrarse las declaraciones de Esperanza Aguirre ante el sabotaje del Metro de Madrid, amenazando con mayor represión, al decir que los saboteadores no se irán de rositas; al menos no de las mismas rositas de que se fue ella en el Tamayazo, la Gürtel y la gestapillo. También amenazadoras suenan las declaraciones de la delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, avisando de que no permitirá el propósito de acampada en la Puerta del Sol del 15-M, intención abundantemente corroborada por el ministro del Interior quien recuerda que acampar es ilegal. Nadie parece haberlos informado de que los del 15-M no hablan de acampar, sino de hacer una asamblea permanente. Las autoridades pueden decir que son lo mismo y apalear a los participantes por igual. Pero no es lo mismo, ni de lejos, apalear gente acampada que gente en una asamblea, una reunión pacífica.

Por último, posiblemente se trate de una casualidad, no tenga mayor importancia y no sea sino prueba de lo sensibilizados que estamos los españoles ante la presencia de militares en la vía pública. Pero la foto que ilustra esta entrada se tomó ayer en Barcelona sobre las cinco de la tarde y en ella se ve una unidad de soldados armados pasando por una calle de la capital catalana, no en desfile sino en cumplimiento de alguna misión. De paso, al parecer, iban cantando canciones españolas e insultando a quienes hablaban en catalán. Posiblemente sea eso, una casualidad. Pero no se olvide lo dicho: el autoritarismo se convierte en fascismo casi sin darse cuenta.

(La imagen es una foto de AdrianGlez's88, bajo licencia de Creative Commons).