Carta abierta a Felipe VI.

Estimado señor: en 1716, un antepasado suyo, Felipe V, abolió de un plumazo los derechos y libertades catalanas tras someter Barcelona mediante conquista militar. Trescientos años después quiere el destino que venga usted a impedir que los recuperen.

Acaba usted de espetar un discurso a un gobernante democrático, elegido por las urnas, como usted no lo ha sido, cuyo contenido esencial reside en recordar la necesidad de respeto al principio de supremacía de la ley, sin el cual, no es posible la sociedad civilizada.

¿Con qué autoridad dice usted eso a un presidente que, como él mismo señaló en una entrevista posterior, nunca se ha saltado la ley? Contestemos a esta fastidiosa pregunta.

Su autoridad personal en la materia que, a fuer de republicano, este blog no reconoce, es inexistente. Su poder viene directamente de la designación de un militar golpista, un delincuente perjuro que se alzó contra su gobierno y usted no ha tenido el coraje ni la gallardía de refrendarlo mediante una consulta a la ciudadanía, un referéndum en el que esta decida si quiere seguir con la monarquía o prefiere la República, el último régimen legítimo que hubo en España, pues el suyo no lo es.

Usted carece de autoridad pero se hace eco de la del gobierno español, ese sí, elegido por sufragio universal. Es este quien ha enviado a usted a Cataluña a recitar el catón elemental del Estado de derecho: el respeto a la ley, que a todos nos obliga, incluidos los gobernantes.

En términos abstractos esto es cierto. En términos concretos, aquí y ahora, en España, no solo no lo es, sino que es una burla. El gobierno que exige a Mas el cumplimiento de la ley, la cambia a su antojo, unilateralmente, sin consenso alguno, valiéndose de su rodillo parlamentario cuando le conviene, de forma que esa ley ya no es una norma de razón universal, general y abstracta que atienda al bien común, sino un dictado de los caprichos del gobierno del PP que, como sabe usted perfectamente, es el más corrupto, arbitrario e incompetente de la segunda restauración. Un solo ejemplo lo aclara: el mismo día que el presidente de ese gobierno, un hombre sin crédito ni autoridad algunos, sospechoso de haber estado cobrando sobresueldos de procedencia dudosa durante años, denuncia que los soberanistas catalanes intentan "cambiar las reglas del juego" al desobedecer la ley, sus acólitos presentaban un proyecto de ley de reforma del sistema electoral español para cambiar las reglas de juego a tres meses de unas elecciones. Y nadie en España, ni un medio de comunicación, ni un publicista ha denunciado esta arbitrariedad, esta ley del embudo.

Ciertamente, los gobernantes dicen que, si a los catalanistas no les gusta la ley, pueden cambiarla, pero legalmente, como han hecho ellos. No tengo a usted por una lumbrera, pero imagino que no se le escapará la impúdica hipocresía de este razonamiento pues los catalanes jamás serán mayoría en cuanto catalanes en España y, por tanto, no pueden materialmente cambiar la ley y están condenados a vivir bajo la que la mayoría les impone. Siempre. Por si no lo sabe usted, eso se llama "tiranía de la mayoría" y es tan odiosa como la de la minoría.

No, señor, el asunto ya no es de respeto a la ley. El asunto es de legitimidad, o sea mucho más profundo y antiguo. Pero, por no abusar de su paciencia, se lo expondré a usted en tres sencillos pasos a imitación de la triada dialéctica hegeliana que sirve para explicar la evolución de la realidad, pero también su involución.

Primero vino una guerra civil y cuarenta años de dictadura que forjaron una realidad española en la que se mezclaban los sueños de fanfarrias imperiales con los harapos de un país tercermundista, gobernado por los militares y los curas, como siempre. Fascismo, nacionalcatolicismo, centralismo, ignorancia, represión y robo sistemático. Fue la tesis.

Luego llegó la transición, la negación de la tesis, la antítesis. España se convertía en una democracia homologable con el resto de los europeas. Se negaba la dictadura. El Estado se descentralizaba y devolvía libertades a los territorios, se promulgaba una Constitución que consagraba la separación de la Iglesia y el Estado y propugnaba un Estado social y democrático de derecho. Y se acariciaba la ilusión de que era posible una continuidad normal del Estado, por encima de los avatares históricos.

Por último llegó la negación de la antítesis, la negación de la negación, la síntesis. Con el triunfo aplastante del PP en 2011, volvió el espíritu de la dictadura, el gobierno de los  curas (o de sus sectarios del Opus Dei), el nacionalcatolicismo. Se conservó la cáscara de la Constitución, pero se la vació de contenido con la ayuda del principal partido de la oposición, cómplice en esta involución y se procedió a recentralizar el país, atacando el régimen autonómico y burlando las expectativas catalanas, de forma que su estatuto carece de contenido. De nuevo con la ayuda del PSOE y la diligente colaboración de todas las instituciones del Estado. La que más se ha usado ha sido un Tribunal Constitucional carente de todo prestigio y autoridad moral por estar plagado de magistrados al servicio del gobierno o sectarios del Opus Dei, con su presidente a la cabeza, militante y cotizante del PP. 

Así están hoy las cosas en España, señor mío. Un gobierno de neofranquistas y nacionalcatólicos, empeñados en imponer sus convicciones como ley de la colectividad, impregnado de corrupción, basado en un partido al que algún juez considera una asociación de delincuentes. Un gobierno que ha provocado una involución sin precedentes, una quiebra social profunda (lea usted las estadísticas de pobreza, las de paro, las de productividad, las verdaderas, no las que fabrica esta manga de embusteros) y una quiebra territorial mucho más profunda, que él mismo reconoce de una gravedad extrema y de la que es el único responsable por su incompetencia, autoritarismo y corrupción.

¿Cree usted que ese gobierno tiene autoridad para hablar de la ley?  ¿La tiene usted?

No le extrañe que los catalanes quieran liberarse de esta tiranía personificada en estúpidos provocadores como ese que quiere "españolizar a los niños catalanes". Muchos otros, si pudiéramos, haríamos lo mismo. No quieren, no queremos, vivir otra vez el franquismo. 

Y usted, le guste o no, lo representa.

Un ministro posmoderno.

Es lo que las redes, ese nuevo laboratorio de la vida con un lenguaje propio, llaman un zaska en toda la boca. Pues sí, el tercer zaska al ya exministro Ruiz-Gallardón, quien había llegado al gobierno con ínfulas de gran reformador y restaurador de las esencias católicas del ser español. Venía con fama de moderado y centrista que se había granjeado en alguna tertulia en la que no dominaban los trogloditas. Daba gloria oírlo defender en el Parlamento la prohibición del aborto, incluso en casos de malformación del feto, con argumentos progres, que llamaban a la emancipación de la mujer. La facundia de don Alberto no conocía límites. Ni los del ridículo. El primer zaska fue cuando el gobierno decidió hacer con su proyecto de ley sobre el aborto lo que los abortistas con los fetos, según la truculenta fantasia de los llamados provida: triturarlo.

Triste y amargado por tanta alevosía, el ministro causó baja, convencido de haber sido un chivo expiatorio en el altar de Moloch: la venta de los principios sagrados a la conveniencia del momento y los intereses electorales. Casi revienta de indignación. Imposible razonar o hablar con él. Tiene un concepto tan alto de sí mismo que solo escucha las arpas celestiales.

Por si le sirve de algo, el error fundamental de Ruiz-Gallardón es no haber entendido la posmodernidad que a Rajoy se le da de maravilla. El exministro no es posmoderno. Es moderno, es decir, un antiguo y, siendo su modernidad nacionalcatólica, no solo antiguo, de Recaredo. Obviamente, no entiende el mundo en el que vive.

Su reforma del Código Penal era plenamente moderna. Aunque algunos críticos la acusaban de retrotraernos a momentos preconstitucionales (obviamente, querían decir "franquistas", pero les daba un poco de reparo) en realidad, iba mucho más atrás; iba hasta el Panopticón de Bentham, resucitado por Foucault para describir la función de vigilancia del poder. El ministro complementaba el feliz y modernísimo invento convirtiendo la vigilancia no solo en panorámica sino también en permanente, cosa que consiguió que le firmaran los socialistas con una mano reservándose la otra para firmar el recurso al Tribunal Contitucional contra su propia firma. A lo mejor hubiera sido más sensata una firma con reserva expresa de constitucionalidad. Y, si la figura no existe, se crea.

Así que, en efecto, un moderno nacionalcatólico. Sí, en España el metarrelato de la modernidad, que diría Lyotard,  es el nacionalcatolicismo. En otros lugares es el librepensamiento, la reforma, la tolerancia, las libertades públicas, el avance de las ciencias, la ilustración y otras aberraciones. En España, la modernidad es el nacionalcatolicismo.

El segundo zaska afecta a una reforma tan moderna como las anteriores, aunque un alma superficial pueda pensar que se trata de un disparate, incluso desde el punto de vista técnico. En efecto ¿hay algo más moderno que hacer respetar la Justicia a base de introducir racionalidad en el conocimiento de qué sean y qué no sean los derechos? Por ejemplo, con la ley de tasas judiciales que el nuevo ministro, el posmoderno Catalá, ha mandado a una lista de espera de la seguridad social de Castilla La Mancha, algo quedaba clarísimo: ¿eres pobre? No tienes derecho a la Justicia.

El tercer zaska es el de la renuncia a la privatización del registro civil. ¿Hay algo más moderno que privatizar? ¿Algo más ultramoderno que privatizar en beneficio de los amigos y del jefe de uno? Pero no es la modernidad lo que mola, sino la posmodernidad. Y esta tiene un vínculo fuerte con la estética a través de su origen en el posmodernismo artístico y, la verdad, dada la condición de registrador de Rajoy y de varios parientes suyos, los principales beneficiarios de esta medida absolutamente arbitraria, resultaba tan fea que daba hasta vergüenza plantearla. Hasta Rajoy ha hecho como si no fuera con él, arte en el que es consumado maestro.

Ruiz-Gallardón no era un moderno y un gobierno posmoderno necesitaba un ministro tan posmoderno como el señor Catalá. Como buen posmoderno, Catalá no cree en la existencia de una verdad objetiva sino que está convencido de todo lo construimos gracias al giro lingüístico (cosa que Ruiz-Gallardón ni huele) y gracias a él lo deconstruimos. Y ¿cuándo construimos o deconstruimos? Cuando nos interese, naturalmente. Por ejemplo, el ministro deconstruye el relato de la verdad judicial opinando sobre las declaraciones subiúdice de dos imputados.

Pero construye con igual pericia cuando afirma que los crímenes de la dictadura estaban amparados por la legislación franquista. Hay que construir la verdad histórica. Es exactamente el mismo argumento que empleaban los abogados de los nazis juzgados en Nürnberg. Es el sempiterno argumento positivista. La ley vigente. Para el espíritu posmoderno, en Nürnberg se hizo la justicia del vencedor. Los aliados juzgaron a los nazis vencidos. El franquismo también fue justicia del vencedor. Los franquistas juzgaron a los republicanos vencidos. ¿Tiene sentido juzgar hoy a los juzgadores de ayer? ¿Lo tendría juzgar a los jueces de Nürnberg? Ciertamente, es una hipótesis como de política-ficción. Pero es el supuesto que late en la invocación a la legalidad del franquismo. Es completamente posmoderno: bajo aquella legalidad estaban amparados los crímenes políticos, incluso los que se cometían al margen de la legalidad, a veces por cuerpos bajo dependencia administrativa de las autoridades y a veces también hasta se asentaban en los correspondientes registros o libros con las más pintorescas causas de muerte.

 

Lo que el posmodernista ministro está explicándonos, como buen positivista, es que aquella legalidad del franquismo amparaba y legalizaba los delitos según fueran descubriéndose, algo así como la cuadratura del círculo o el perpetuum mobile. Porque ¿cómo puede ampararse y legalizarse un asesinato extrajudicial?

Conociendo la aversión de los posmodernistas a los textos, habría que sugerir al ministro que la venciera, echando mano de la Ley de Amnistía, concebida como ley de punto final, y por el tiempo que pueda aguantarle. No es muy elegante, él mismo se dará cuenta pues tiene aspecto de dandy, pero le ofrece mayor seguridad que ese lío de la legalidad vigente en el pasado.

La dictadura neofranquista

El mes de julio pasado, Juan Torres López publicaba en El País de Andalucía un gran artículo titulado La dictadura del decreto ley, cuyo contenido se deduce del título: el gobierno de Rajoy desprecia e ignora el Parlamento en su función legislativa y gobierna por decreto ley, lo cual implica una clara deriva dictatorial porque priva al órgano legislativo de la facultad de debatir los proyectos de ley y lo convierte en una pseudocámara sancionadora.

No se trata solamente de que en el sistema español, como en muchos otros parlamentarios, se produzca una situación de privilegio del gobierno sobre el parlamento en la medida en que, por diversas razones, aquel acapara casi toda la actividad legislativa, vía proyectos de ley. No es una mera descompensación del equilibrio entre el ejecutivo y el legislativo, pero que reserva a este su monopolio de la función legislativa. Es algo mucho peor. Es un absoluto desprecio del Parlamento y una clara deriva dictatorial de este gobierno de franquistas. El artículo de Torres López es incluso caritativo. Veamos.

El desprecio al Parlamento se da desde el primer momento y no solo en la función legislativa. Rajoy no lo pisa. El que "iba a dar la cara" no acude jamás a las sesiones parlamentarias. El presidente no asiste al 85% de las sesiones en que hay votaciones. En las que no hay votaciones, la ausencia es del 100%. De un parlamento del que es diputado y del que deriva parte de sus ingresos (exactamente cuánta, seguimos sin saberlo) que sufragamos todos los españoles. Otra más de las innumerables mentiras con que este individuo ha construido su imagen política. Tampoco asiste cuando, en inútil ejercicio de su competencia de control del gobierno, el Parlamento reclama expresamente su presencia o la de alguno de sus ministros para dar cuenta de los frecuentes desaguisados que se organizan en este desgobierno de latrocinio y corrupción en que se ha convertido España. De los tres años de legislatura, el gobierno ha ignorado el 63% de las peticiones de comparecencia parlamentaria de Rajoy o sus ministros. Es decir, el gobierno no rinde cuentas de sus actos a los representantes populares sino cuando le da la gana y como le da la gana. Ignora el Parlamento siempre que quiere y eso es dictadura.

 

Los datos del gobierno por decreto son también apabullantes. En el primer año de legislatura, 2012, en España se aprobaron 28 decretos-leyes frente a 16 leyes y en los años sucesivos se ha seguido a este ritmo o peor. El mismo personaje que iba a potenciar el papel del Parlamento, gobierna por ukase. Pero no acaba ahí la querencia por la dictadura de estos personajes cobradores de sobresueldos, sobrepagas, mordidas, comisiones o "incentivos". No sería bastante. Con el autoritarismo de los decretos va también la necesidad de acabar con la seguridad jurídica de la democracia y el Estado de derecho para dejarlo todo al arbitrio omnímodo del dictador. No se trata tan solo de que un Decreto-Ley vaya en el lugar en donde debiera ir una ley debidamente debatida en el parlamento y votada. Se trata de que, con uno de esos decretos se puede literalmente volar parte del ordenamiento jurídico. Con el famoso Decreto Ley pomposamente llamado de "Medidas urgentes para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia" y aprobado el 10 de julio de 2014 se cambiaron de golpe 26 leyes vigentes sin el menor tipo de debate en el Parlamento.

 

Así, a la vista de que las leyes aprobadas por el Parlamento y en vigor pueden cambiarse sin debate posible por arbitrio del gobierno cuando a su jefe le dé la gana cabe calibrar el valor y la ética de la respuesta de Rajoy a las peticiones del soberanismo catalán en el sentido de que hay siempre que respetar la ley. Como en todas las dictaduras hay que respetar la ley cuando le da la gana al dictador y, cuando a este le parece, la ley se cambia sin necesidad de debatir nada en el parlamento.

 

La coronación de este edificio de dictadura de hecho y democracia de fachada es esa Ley Mordaza con la que se pretende amenazar, amedrentar a la población, criminalizar, sofocar y perseguir las protestas, reprimir los derechos y libertades de los ciudadanos, garantizar la impunidad de las fuerzas represivas hagan lo que hagan y establecer un Estado policía en el que se persigan faltas y delitos "políticos" prescindiendo de control judicial.

 

Para acabar de perfilar el carácter de este gobierno, el peor, más desalmado, incompetente, corrupto e inútil que ha tenido la España democrática, no puede olvidarse que es el de un partido acusado por un juez de haberse lucrado con la participación en un presunto delito de financiación ilegal y que,  a tenor de la cantidad de dirigentes y cuadros involucrados en procesos penales por corrupción puede considerarse como una organización de malhechores más que un partido. Y, no se olvide, presidido por un político acusado de haber cobrado sobresueldos de origen oscuro, de haber recibido regalos aun más oscuros y de mentir de modo continuo, contumaz, sistemático al Parlamento, a sus electores y al conjunto de la ciudadanía.  

(La imagen es una foto de La Moncloa en el dominio público).

La escala F.

En 1948 Adorno, que llevaba unos años exiliado en los EEUU huyendo de la tiranía nazi en su país, publicó un grueso trabajo de investigación redactado con otros colegas, sobre la Personalidad autoritaria. Habían tomado el concepto propuesto por Erich Fromm, otro alemán exiliado del círculo de Frankfurt, y que tenía sus raíces en el psicoanálisis. En último término, para Adorno, el carácter autoritario procedía de una infancia presidida por algún superego tan dominador que solo permitía el desarrollo de un ego inseguro y vacilante, necesitado ya a lo largo de su vida de algún otro superyo aplastante, un padre, una religión, un dios, una institución, un mito. Es decir, el autoritario es un neurótico, lleno de complejos e inseguridad, que luego la tomará con otros grupos, a ser posible débiles y marginales, para machacarlos y así afirmarse él, proyectando en ellos sus miedos y sus fobias: judíos, gitanos, negros, manifestantes ante el Congreso, plataformas antidesahucio, perroflautas. Adorno miraba la Alemania nazi. Si viviera, podría mirar la España del PP.

Como siempre se le había acusado de ser excesivamente teórico, Adorno diseñó un test empírico para medir el grado de autoritarismo de las personas y lo llamó Escala F. "F" de Fascismo. Lo que la escala -que fue siempre muy discutida científicamente- pretendía medir era el grado de fascismo de una personalidad. Perfectamente aplicable al ministro español del Interior, cuyo grado de fascismo santurrón está fuera de duda.

La Ley Mordaza del ministro, aparte de sus aspectos políticos y jurídicos (casi todos delirantes), es un ejemplo de manual de la personalidad autoritaria. Esta se origina, en efecto, en la infancia, pero también por una especie de regresión, según Freud, cuando en el desarrollo de la líbido, se produce una inversión de sentido y el sujeto retorna a la etapa del erotismo anal, en donde queda ya anclado con una neurosis compulsiva, una coraza caracteriológica, que diría Reich, hecha de rigidez, sentido de la jerarquía, obediencia al mando, bajo la figura del padre castrador, sea mortal o divino. De ahí salen esas personalidades amantes del orden, de la disciplina, fanáticas de la limpieza, la puntualidad, sádicas en los castigos que imponen por la mínima transgresión.

Que el ego vacilante, infantil, aterrorizado, del ministro no le permita tener una vida normal sino es refugiándose en el oscuro seno de una secta cerrada, semisecreta; si no puede ser un adulto equilibrado y normal, libre de fantasías sádico-anales, que deje de ser ministro.  Pero no pretenda imponer sus delirios y locuras al resto de la sociedad.

Esa ley es una aberración, producto de un espíritu enfermo.

(La imagen es una foto de La Moncloa en el dominio público).

El wertedero de la educación y la cultura.

La huelga fue prácticamente general en la enseñanza pública en todos los niveles y de más de un 30 por ciento en la enseñanza concertada. Por supuesto, el aparato de propaganda del gobierno y sus innumerables voceros dirán que fue un día normal.

Cientos de miles de ciudadanos se manifestaron en toda España contra el proyecto de la LOMCE  aprobado con los solos votos del PP y contra la política educativa del ministerio; en muchos casos a pesar de la lluvia y en otros a pesar de la brutalidad policial, habitual ya en este gobierno. Todas las edades, todos los estamentos y condiciones -excepto los curas, por supuesto, los únicos a quienes beneficia el proyecto y la dicha política educativa-, todo el país salió a la calle a protestar contra estas imposiciones retrógradas e ideológicas.

Si en una democracia normal un proyecto de ley tropieza con un rechazo universal, en especial de los sectores a los que afecta directamente, el proyecto se retira y el ministro responsable se va a su casa entre la rechifla general. Pero España no es "una democracia normal", ni sus ministros tienen el decoro o la dignidad de dimitir y menos este, al que la gente ha calado desde el primer momento, razón por la cual lleva dos años valorándolo como el peor ministro del gobierno y, probablemente, de toda la democracia.

Esa opinión pública cerradamente negativa, hostil, se extiende también al ámbito cultural y artístico más amplio, de forma que no hay inauguración, gala, estreno o aparición pública del interesado que no suscite airadas reacciones en contra, abucheos, silbidos. Palinuro no se inventa nada. Es ya habitual ver cómo llega luciendo de ministro en su coche oficial, pero luego se transmuta en furtivo y entra en los locales por la puerta de servicio, para evitar la inquina popular.

Él mismo condescendía a explicarlo hace unas fechas: le reconcome ser el peor valorado del gobierno pero, dice, solo porque eso demuestra que la gente no entiende sus proyectos. Es decir, el 80 por ciento de ciudadanos que lo suspende carece de inteligencia. Su engreimiento no le permite entender la situación ni ver a un palmo de sus narices. Y, sin embargo, no es tan difícil. Así, a vuelapluma, pueden fijarse las causas siguientes de tan contumaz como notable desprecio popular hacia el ministro:

• reintroduce la religión en la escuela como asignatura evaluable y entrega la enseñanza a la iglesia católica, cuya permanente injerencia parasitaria en los asuntos civiles y políticos es la plaga de España y la causa principal de su retraso;
• subvenciona los centros que discriminan por razón de sexo, amparándose en un par de sofismas y el rodillo de la mayoría absoluta de su partido;
• recorta y reduce todo tipo de becas y ayudas y endurece los requisitos para conseguirlas atacando la función compensatoria que debe tener el Estado en la garantía de la igualdad de oportunidades;
• suprime la enseñanza de la educación cívica laica, argumentando que es ideológica en un caso claro de proyección por cuanto ideología es lo que él impone en la enseñanza; ideología retrógrada, elitista;
• menoscaba, reduce, recorta o suprime la financiación de la enseñanza superior pública y favorece de mil maneras la privada, siempre en ese mismo sentido;
• encarece el acceso a la enseñanza y pone la universitaria fuera del alcance de los trabajadores;
• desinvierte -él y su gobierno- en investigación y desarrollo, sin tocar las cuantiosas transferencias a la iglesia, con una concepción tridentina del avance del conocimiento;
• se recortan las subvenciones a los museos pero se declara que las corridas de toros (y, supongo, otros espectáculos taurinos aun más crueles y sangrientos) son de interés cultural o patrimonio espiritual o cualquier otra sandez de este tipo que se podía presentar a la UNESCO, a ver cuál sea su opinión;
• se cierran bibliotecas y centros culturales de todo tipo, pero se subvencionan las corridas de toros; y no es un ejemplo, como se dice del romano pan y circo  pues en Roma, al menos desde César, el grano se repartía gratis entre la población y aquí cada vez es más caro. Es decir, hay "circo", pero no hay "pan". Los pobres han de ir a buscarlo a la basura y, si los pillan, los multan. Una actitud muy de la derecha para la cual la pobreza es producto de la gandulería o el delito y hay que castigarla;
• es el espíritu que anima la política educativa y cultural de este gobierno. Pura ideología conservadora, rancia, anterior al positivismo del siglo XIX con una pátina de modernidad neoliberal. Su objetivo es retornar a una sociedad desigual, clasista, de privilegiados y desposeídos, patriarcal, seudomoralizante, autoritaria.

¿Qué tiene de extraño que lleve dos años siendo el ministro peor valorado de un gobierno en el que tiene una furibunda competencia para hacerse con el galardón? Lo extraño es que no lo esté aun más pues, a su carácter retrógrado, ese espiritu añade su absoluta inutilidad. ¡Tanto caudal para nada! La ley nace muerta. Va contra los tiempos.

(La primera imagen es una captura del vídeo de La Tuerka, subido a You Tube. La segunda es un tweet de Josep Maria Grau.)

El peaje y el imperio de la ley.

¿De dónde, voto al chápiro, han salido estas gentes? ¿Qué idea tienen del Estado de derecho, del principio de legalidad, de la igualdad ante la ley, de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos? ¿Qué se han creído? Pregunta retórica a fuer de sabida la respuesta: creen que ellos y quienes ellos digan, esto es, los ricos, están por encima de la ley. Si, para conseguirlo, hay que cambiar la ley, se cambia, como han hecho con la de RTVE; si hay que imponer una excepción, se impone, como la amnistía fiscal a los del dinero negro; si hay que legislar ex novo, se legisla, como sucede con la nueva ley de tasas judiciales.

Ahora vienen los peajes. En España el límite en autopista son 120 Km. Si te pasas y te pillan, te multan y mucho. Pero, si tienes dinero, te puedes pasar tranquilamente pagando el peaje que, al fin y al cabo, razonaría un cínico, es como un par de multas en cómodos plazos. En román paladino: la ley es igual para todos menos para los ricos, que están exentos. Como estará exento Adelson (Eurovegas) de pagar impuestos porque a estos gobernantes les da la gana. Es parte del cuadro general que también afecta a la sanidad, la educación; la justicia, ahora la circulación viaria y mañana la seguridad urbana. Y esa es la cuestión esencial del nuevo ataque del gobierno al Estado de derecho y a la democracia. La única que, al parecer no se discute. Y, sin embargo, es la importante porque esa medida es anticonstitucional.

Al presentarla, el PP ha hecho una escenificación entre sentimental y práctica que pretende obviar esa cuestión de fondo de que la propuesta sea anticonstitucional. Que la defensa haya sido a cargo de un diputado parapléjico a causa de un accidente de coche, en su silla de ruedas tiene, desde luego, mucho efecto mediático, pero no el que su partido pretende. El límite de velocidad está para impedir estas desgracias. Utilizar la imagen de esta desgracia para eliminar el límite de velocidad carece de sentido. Salvo si lo que se quiere decir es que la seguridad aumenta con la velocidad y, por tanto, lo mejor es abolir los límites. En peaje, claro. No sería de extrañar pues es su lenguaje habitual: prohiben el derecho de la mujer a decidir con la intención, dicen, de garantizar su libertad; imponen tasas al uso de la justicia para asegurar la gratuidad de la justicia, etc.

Los razonamientos (merece la pena leer el artículo vinculado más arriba) no pueden ser más pedestres y falsos: se pide la elevación del limite de velocidad para garantizar la sostenibilidad de las autopistas de peaje, ya que son deficitarias. Y eso lo hacen los que dicen que el Estado no debe intervenir en el mercado. Obviamente, salvo cuando los ricos están en peligro. Se añade que el tráfico que se vaya al peaje aliviará la densidad de circulación de las autopistas públicas. No se dice pero es muy de suponer, que estas se deteriorarán a gran velocidad y empezará a haber conductores migrantes al peaje en contra de su voluntad. Porque aquí se asiste a una privatización más y en forma de bandidaje de la alta sierra o highway robbery. Ciertamente, se trata de una suposición. Como también se trata de una suposición la malicia de que en las autopistas de peaje no se impondrán multas, ni habrá radares, ni cámaras fotográficas. ¿Nos apostamos algo? Las multas las pagarán los desgraciados de los 120 Km y tocarán a más porque el Estado no aceptará el lucro cesante.

El resto de los argumentos esgrimidos por quienes presentan la proposición no de ley hacen abrigar serias dudas sobre el grado de madurez intelectual de los autores. Sostienen estos, al parecer, que el circular más rápido acorta los tiempos de desplazamiento y ayuda a dinamizar la economía española. No me dirán que lo primero no es brillante: ir más rápido permite llegar antes. Es alucinante. Claro que, en el fondo, no es un enunciado o un aserto sino un reclamo simbólico en donde lo que se quiere decir es si pagas, llegas antes. Bueno, al fin y al cabo es en lo que se basan los servicios de urgencias, incluido el de Correos, un servicio público: si pagas (más), tus envíos llegan antes. El problema es que las autopistas son negocios privados a quienes se exime del cumplimiento de la ley por un pago en metálico para eso, para bolsillos privados.

La segunda afirmación, es que eximir a los ricos del cumplimiento de la ley ayuda a dinamizar la economía española. Es mentira como lo era su teoría madre del trickle down (la teoría del "goteo") reaganiana que, en el fondo, era la elaboración neoclásica de la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro y tan fatástica como esta. Además de mentira es una invocación de rigor, como los gritos que daban sus antecesores ideológicos, aquellos del cuya vida guarde Dios muchos años.

Pero si los proponentes tienen este nivel, el de la Dirección General de Tráfico (DGT) lo supera hacia abajo. Dice una responsable de la DGT que solo se admitirá la subida del límite si se dan tres condiciones: que mejore la economía, que haya un “récord histórico” en baja accidentalidad en los tramos afectados y, siempre, estaría condicionada a las circunstancias del tráfico y las condiciones meteorológicas. Lo de las circunstancias del tráfico y las condiciones meteorológicas es como lo de llegar antes. Pero eso de imponer como condiciones dos futuribles es ya puro esperpento.