El poder político

De las cuatro fuentes del poder social que Michael Mann identifica en su obra magna, Las fuentes del poder social, esto es, las relaciones ideológicas, las económicas, las militares y las políticas, las primeras y las últimas son las más escurridizas y difíciles de tratar Todo el mundo sabe lo que es el poder económico (el capital) y el poder militar (la violencia) pero, al llegar al poder ideológico y el político, la cuestión se torna más imprecisa y compleja. Hay quien piensa que son dos momentos de un mismo poder, de forma que el político es la institucionalización del ideológico y el ideológico, la legitimación del político. Para algunos partidarios de la teoría del Estado como conquista, el poder político es emanación directa del militar y así pensaba Oppenheimer. Para los marxistas, el poder político es emanación del económico, amparado por el militar y justificado por el ideológico. 

El poder político, la capacidad de conseguir la obediencia de los gobernados, se consigue convenciéndolos por las buenas  (ideología) o por las malas (militar), esa dualidad sempiterna entre la auctoritas y la potestas, rebautizada hoy por Nye como "poder blando o suave" y "poder duro". Por supuesto, el poder político es la forma de expresarse del poder económico dominante, el capital.

Las izquierdas han tratado de poner en pie una forma de legitimación que no fuera  del poder económico dominante sino del dominado, algo que hasta la fecha se presentaba como un pensamiento entre reformista y revolucionario. El poder ideológico que justificaría el político de las clases subalternas. Pero no lo han conseguido. Al poder político solo llegan si acaso los reformistas más moderados y están sometidos a un hostigamiento permanente desde el poder económico, de forma que su autoridad es precaria. La idea revolucionaria se había formulado al amparo del sufragio universal. Al ser los trabajadores inmensa mayoría, el voto los llevaría al poder.  Tal cosa no sucedió y la izquierda quedó dividida entre un sector reformista y otro revolucionario. Una división con formas y matices distintos según los momentos y países, pero que aparece siempre, de forma que el gran problema, el sempiterno problema de la izquierda es la unidad, la falta de la cual la hace sucumbir a la derecha, mucho más unitaria.

Innecesario decir que el poder ideológico de la derecha acentúa el discurso unitario con pleno respaldo del poder económico y del militar. Eso hace que su poder político sea sólido, presentado como tal por los medios que controla el poder económico, que no sea nunca precario, ni siquiera cuando se encuentra en minoría.

Ese es el extremo que ilustra a la perfección el magnífico dibujo de Manel Fontdevila. Si no tienes mayoría absoluta, no tienes poder. Pero menos tienen los otros, cuyos porcentajes son aun menores y, además, están divididos y enfrentados. O sea, una buena base de poder político es la impotencia de los adversarios. Por eso puede el gobierno de Rajoy hacer lo que "le da la gana" con el auxilio de una oposición que va por ahí presumiendo de eficaz. 

Tampoco es nuevo. Rajoy ya demostró su capacidad para hacer lo que le da la gana durante el año de mandato en funciones, cuando elaboró la doctrina de que un gobierno en funciones no responde ante el Parlamento y el asunto acabó en el Tribunl Constitucional (TC) en donde, como era de prever, duerme el sueño de los justos.

A la vista del éxito, el consejo de ministros presentará en breve un conflicto de competencias ante el TC para limitar la actividad del legislativo a base de impedirle que pueda levantar los vetos interpuestos por el gobierno en nombre de la intangibilidad de los gastos de la ley de presupuestos. La cuestión es evidente: si el gobierno se sale con la suya (y es probable que lo haga pues el TC está bien surtido de magistrados de su cuerda ideológica), el Parlamento puede irse de vacaciones hasta la próxima cita electoral porque el gobierno podrá bloquear cualquier iniciativa legislativa invocando motivos económicos. 

En efecto, el poder que procede de la impotencia ajena es tan sólido como el que descansa sobre el poder militar. 

Cataluña: legalidad vs. legitimidad

Palinuro comparte un vídeo muy ilustrativo sobre los argumentos del independentismo catalán. Es el quinto de una serie didáctica que trata la cuestión en sus diferentes facetas. Quien quiera ver completa la obra de Xavier Climent, la encuentra aquí. Esta quinta entrega plantea la cuestión de la legitimidad de la desobediencia civil en Cataluña. Cada cual puede pensar lo que quiera -incluso habrá quien opine que este debate es ilusorio, imaginario, absurdo, desvariado y hasta delictivo-, y es muy bueno que la cuestión se plantee. Las decisiones colectivas de envergadura deben ir acompañadas de debates de envergadura. Y he de añadir que es una suerte vivir en un tiempo y un lugar en los que se discute sobre alternativas que afectan a la estructura misma del con-vivir y, por lo tanto, del vivir personal de cada cual.

Legalidad y legitimidad son conceptos referidos a situaciones que pueden o no coincidir. Cuando coinciden de hecho, no hay discusión. Cuando hay discusión es porque no coinciden. Y la discusión es compleja. Para unos, los positivistas, la legitimidad es irrelevante pues no es otra cosa que la legalidad vigente. Para otros, los "negativistas", lo irrelevante es la legalidad cuando no coincide con la legitimidad.

"¡Ah! -Dicen los positivistas- pero la legitimidad es lo que cada cual quiera inventarse".

"Sí, -responden los negativistas-  y la legalidad lo que cada cual quiera interpretar".

De esos asuntos trata el didáctico vídeo de Xavier.

El empleo tramposo de la ley

Mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado La llei contra el poble y versa sobre ese recurso habitual de los nacionalistas españoles de invocar el respeto a la ley y la Constitución para frustrar las aspiraciones independentistas y la celebración de un simple referéndum en Cataluña. Esa invocación se da en tres niveles y en los tres el nacionalismo español hace trampa, de forma que su argumentación es inválida. De un lado se dice que el independentismo atenta contra el principio mismo del imperio de la ley y el Estado de derecho, siendo así que el proceso ha sido respetuoso con ese Estado de derecho en todo momento, con la legalidad, y que el Estado catalán que quiere construirse también será un Estado de derecho. De otro lado, se esgrime el derecho positivo, la ley vigente, como límite a las aspiraciones independentistas de los catalanes. Por supuesto, la ley cambia o se cambia, bien mediante la legalidad, bien mediante la desobediencia civil y solo así progresan las sociedades. Por último, el uso que el PP y el PSOE hacen de la ley y la Constitución es lo más parecido que hay a la "ley del embudo". De ahí que el proceso se haga para restablecer una legitimidad rota por una legalidad injusta.

Aquí el texto en español:

La ley contra el pueblo.

Siempre que se plantea el ejercicio de la autodeterminación de Cataluña, los unionistas, centralistas y nacionalistas españoles responden que no es posible porque la ley no lo permite. Esgrimen la ley como límite absoluto al ejercicio de un derecho del pueblo. Hacen servir a la ley contra el pueblo. Es una posición demagógica y tramposa que juega a la confusión mezclando tres órdenes que es preciso distinguir si queremos entendernos.

Primero, el orden más abstracto. Se insinúa que los partidarios del referéndum catalán son contrarios al principio civilizatorio general del imperio de la ley. Que pretenden romper los fundamentos mismos del Estado de derecho. El discurso implícito es que España es un Estado de derecho y, cualquier intento de replantear su estructura, atentará contra aquel principio básico de la convivencia del rule of law. Con ello se desliza asimismo la sospecha de que, si se salieran con la suya, los independentistas establecerían una especie de despotismo arbitrario, una tiranía posiblemente de carácter etnicista. Se pasa por alto el hecho de que la autodeterminación es un derecho, que pretende ejercerse dentro de la ley y que es precisamente ese espíritu respetuoso con la legalidad el que justifica el recurso a la voluntad del pueblo, que es el origen de toda ley.

Después, en el orden concreto, el de la legislación vigente en un momento histórico determinado, se esgrime la ley positiva como el límite a las aspiraciones de autodeterminación de los pueblos, entre ellos el catalán. En el Estado democrático de derecho, se dice, cualquier aspiración es legítima y no tiene otro límite que la ley, a la que se someten por igual gobernantes y gobernados. El ordenamiento jurídico, con la Constitución a la cabeza, no permite ejercicio de autodeterminación de ninguna de sus partes. Ninguna Constitución lo hace, salvo algún caso estrafalario e insignificante. Este positivismo jurídico, que pretexta la vigencia de la ley como límite absoluto e inamovible de toda pretensión o acción ignora obstinadamente la realidad en que se mueve. Igualmente se opone a las inevitables tendencias de cambio que se dan en toda sociedad y que, forzosamente, obligan a ignorar o derogar las leyes que hayan quedado anticuadas o sean injustas.

¿Quién decide si una ley es o no injusta? Obviamente, la conciencia moral de quienes han de acatarla y cumplirla. Por supuesto, ningún orden legal puede permitir a los ciudadanos arrogarse el derecho a desobedecer las leyes por razones morales. Ningún orden legal puede aprobar una ley que autorice a desobedecer la ley. No obstante, eso es lo que sucede, que las leyes que son injustas (o que devienen injustas) son desobedecidas de hecho hasta que, finalmente, el ordenamiento jurídico cambia. Así es como han progresado todas las sociedades que han progresado. Si las sufragistas en el Reino Unido no hubieran desobedecido la ley vigente, las mujeres seguirían sin poder votar. Si Rosa Park no hubiera desobedecido la ley en Alabama, los negros seguirían viajando en la parte de atrás de los autobuses en los Estados Unidos. Si George Washington no hubiera desobedecido la ley inglesa, los Estados Unidos no existirían.

Por último, en el orden específico, el aquí y ahora, el debate adquiere sus tintes más estrambóticos y decididamente hispanos. Tanto Rajoy como Sánchez y Rivera, la santísima trinidad del nacionalismo español, se escudan en la vigencia de la ley, que es imperativo acatar. Además el sedicente derecho de autodeterminación de los catalanes no existe ya que pertenece al campo del derecho internacional en la relación entre metrópolis y colonias y no es el caso. Que sea o no el caso es materia discutible, pero innecesario hacerlo aquí, en donde hay cuestiones conflictivas más urgentes.

El referéndum catalán no es posible porque la ley y la Constitución no lo permiten y obligan por igual a gobernantes y gobernados, reiteran los tres tenores del unionismo. Pero esto no es cierto. Los dos partidos dinásticos no necesitan desobedecer la ley, como Rosa Parks, cuando les incomoda, porque tienen la llave para cambiarla siempre que les place. El PSOE y el PP se pusieron de acuerdo en 24 horas en reformar la Constitución y en un asunto fundamental como el artículo 135, sin dar cuentas a nadie más. El PP lleva cuatro años valiéndose sin escrúpulos de su mayoría parlamentaria absoluta para cambiar las leyes a puñados cuando le ha interesado. Esas mismas leyes cuyo cumplimiento pretende luego imponer a los demás, quieran o no. Si la X legislatura puede pasar a la historia con un nombre, será con el de la “ley del embudo”.

Se dirá que los nacionalistas españoles cambian a su antojo la ley que sin embargo imponen a los demás como barrera mediante un procedimiento legal, ya que cuentan con la mayoría requerida para ello. Su acción es consecuencia legal del principio democrático de la decisión de la mayoría. Si otros quieren cambiar las leyes pueden hacerlo consiguiendo ser ellos mayoría a su vez. Pero en este caso concreto (y en muchos otros) este principio es falso y una trampa: los catalanes son una minoría nacional estructural en el Estado español y jamás conseguirán ser mayoría de forma que, para ellos, toda decisión de la mayoría de los españoles tendrá elementos de tiranía de la mayoría si es que no lo es por entero y, como tal decisión, radicalmente injusta, antidemocrática y antipopular.

Por último solo los ingenuos o los malintencionados aceptan que la decisión de la mayoría se refiera a la obligación de acatar la ley y la Constitución. Eso no existe. Lo que hay es la obligación de acatar una determinada interpretación de la ley y la Constitución ya que estas, como toda norma jurídica, son interpretables. Lo que los nacionalistas españoles imponen no es la ley y la Constitución sino su interpretación de la ley y de la Constitución, dentro de su manifiesta voluntad de emplearlas en contra de la voluntad del pueblo catalán y con la sola finalidad de sojuzgarlo.

Carta abierta a Felipe VI.

Estimado señor: en 1716, un antepasado suyo, Felipe V, abolió de un plumazo los derechos y libertades catalanas tras someter Barcelona mediante conquista militar. Trescientos años después quiere el destino que venga usted a impedir que los recuperen.

Acaba usted de espetar un discurso a un gobernante democrático, elegido por las urnas, como usted no lo ha sido, cuyo contenido esencial reside en recordar la necesidad de respeto al principio de supremacía de la ley, sin el cual, no es posible la sociedad civilizada.

¿Con qué autoridad dice usted eso a un presidente que, como él mismo señaló en una entrevista posterior, nunca se ha saltado la ley? Contestemos a esta fastidiosa pregunta.

Su autoridad personal en la materia que, a fuer de republicano, este blog no reconoce, es inexistente. Su poder viene directamente de la designación de un militar golpista, un delincuente perjuro que se alzó contra su gobierno y usted no ha tenido el coraje ni la gallardía de refrendarlo mediante una consulta a la ciudadanía, un referéndum en el que esta decida si quiere seguir con la monarquía o prefiere la República, el último régimen legítimo que hubo en España, pues el suyo no lo es.

Usted carece de autoridad pero se hace eco de la del gobierno español, ese sí, elegido por sufragio universal. Es este quien ha enviado a usted a Cataluña a recitar el catón elemental del Estado de derecho: el respeto a la ley, que a todos nos obliga, incluidos los gobernantes.

En términos abstractos esto es cierto. En términos concretos, aquí y ahora, en España, no solo no lo es, sino que es una burla. El gobierno que exige a Mas el cumplimiento de la ley, la cambia a su antojo, unilateralmente, sin consenso alguno, valiéndose de su rodillo parlamentario cuando le conviene, de forma que esa ley ya no es una norma de razón universal, general y abstracta que atienda al bien común, sino un dictado de los caprichos del gobierno del PP que, como sabe usted perfectamente, es el más corrupto, arbitrario e incompetente de la segunda restauración. Un solo ejemplo lo aclara: el mismo día que el presidente de ese gobierno, un hombre sin crédito ni autoridad algunos, sospechoso de haber estado cobrando sobresueldos de procedencia dudosa durante años, denuncia que los soberanistas catalanes intentan "cambiar las reglas del juego" al desobedecer la ley, sus acólitos presentaban un proyecto de ley de reforma del sistema electoral español para cambiar las reglas de juego a tres meses de unas elecciones. Y nadie en España, ni un medio de comunicación, ni un publicista ha denunciado esta arbitrariedad, esta ley del embudo.

Ciertamente, los gobernantes dicen que, si a los catalanistas no les gusta la ley, pueden cambiarla, pero legalmente, como han hecho ellos. No tengo a usted por una lumbrera, pero imagino que no se le escapará la impúdica hipocresía de este razonamiento pues los catalanes jamás serán mayoría en cuanto catalanes en España y, por tanto, no pueden materialmente cambiar la ley y están condenados a vivir bajo la que la mayoría les impone. Siempre. Por si no lo sabe usted, eso se llama "tiranía de la mayoría" y es tan odiosa como la de la minoría.

No, señor, el asunto ya no es de respeto a la ley. El asunto es de legitimidad, o sea mucho más profundo y antiguo. Pero, por no abusar de su paciencia, se lo expondré a usted en tres sencillos pasos a imitación de la triada dialéctica hegeliana que sirve para explicar la evolución de la realidad, pero también su involución.

Primero vino una guerra civil y cuarenta años de dictadura que forjaron una realidad española en la que se mezclaban los sueños de fanfarrias imperiales con los harapos de un país tercermundista, gobernado por los militares y los curas, como siempre. Fascismo, nacionalcatolicismo, centralismo, ignorancia, represión y robo sistemático. Fue la tesis.

Luego llegó la transición, la negación de la tesis, la antítesis. España se convertía en una democracia homologable con el resto de los europeas. Se negaba la dictadura. El Estado se descentralizaba y devolvía libertades a los territorios, se promulgaba una Constitución que consagraba la separación de la Iglesia y el Estado y propugnaba un Estado social y democrático de derecho. Y se acariciaba la ilusión de que era posible una continuidad normal del Estado, por encima de los avatares históricos.

Por último llegó la negación de la antítesis, la negación de la negación, la síntesis. Con el triunfo aplastante del PP en 2011, volvió el espíritu de la dictadura, el gobierno de los  curas (o de sus sectarios del Opus Dei), el nacionalcatolicismo. Se conservó la cáscara de la Constitución, pero se la vació de contenido con la ayuda del principal partido de la oposición, cómplice en esta involución y se procedió a recentralizar el país, atacando el régimen autonómico y burlando las expectativas catalanas, de forma que su estatuto carece de contenido. De nuevo con la ayuda del PSOE y la diligente colaboración de todas las instituciones del Estado. La que más se ha usado ha sido un Tribunal Constitucional carente de todo prestigio y autoridad moral por estar plagado de magistrados al servicio del gobierno o sectarios del Opus Dei, con su presidente a la cabeza, militante y cotizante del PP. 

Así están hoy las cosas en España, señor mío. Un gobierno de neofranquistas y nacionalcatólicos, empeñados en imponer sus convicciones como ley de la colectividad, impregnado de corrupción, basado en un partido al que algún juez considera una asociación de delincuentes. Un gobierno que ha provocado una involución sin precedentes, una quiebra social profunda (lea usted las estadísticas de pobreza, las de paro, las de productividad, las verdaderas, no las que fabrica esta manga de embusteros) y una quiebra territorial mucho más profunda, que él mismo reconoce de una gravedad extrema y de la que es el único responsable por su incompetencia, autoritarismo y corrupción.

¿Cree usted que ese gobierno tiene autoridad para hablar de la ley?  ¿La tiene usted?

No le extrañe que los catalanes quieran liberarse de esta tiranía personificada en estúpidos provocadores como ese que quiere "españolizar a los niños catalanes". Muchos otros, si pudiéramos, haríamos lo mismo. No quieren, no queremos, vivir otra vez el franquismo. 

Y usted, le guste o no, lo representa.

No pasa nada.

No, no pasa nada. Nada que no haya pasado hace tres años, siete, diez, quince. Según la UDEF, el PP valenciano pagó en negro a la Gürtel dos actos electorales de Rajoy en la Comunidad en 2007 y 2008. Lo normal. El PP viene financiándose ilegalmente desde los años 90. Ganando elecciones con trampas. Cientos de trampas en las que, además, un rosario de sinvergüenzas ha estado enriqueciéndose. Elecciones que deberían anularse porque se ganaron ilícitamente, con ventaja ilegal sobre los competidores. En puridad y buena ley, todos los actos de estos gobiernos debieran declararse nulos por ser producto del engaño. El PP no ha ganado las elecciones. Las ha comprado.

No se trata solamente de que, al hacer lo contrario de lo que prometió en su programa electoral en 2011, Rajoy haya perdido toda legitimidad de origen; tampoco de que, además, sea sospechoso de haber estado cobrando dineros de la caja B y viajando a cuenta de la Gürtel; es que los triunfos electorales mismos son presuntos productos del engaño y el fraude.

En realidad, cuando se dice que el PP, anegado en la corrupción, más parece una asociación para delinquir que un partido político, se está siendo indebidamente caritativo. No hay duda de que la Gürtel es una asociación para delinquir; tampoco la hay de la estrecha relación entre ella y el PP, al extremo de que casi debería nombrarse un secretario del partido encargado de gestionarla. La Gürtel y el PP vienen siendo lo mismo. Sus gentes se tratan, sus estructuras se cruzan, sus relaciones son tupidas.

La Gürtel es el alma del PP. No como logística sino como ética. La visita del Papa Ratzinger a Valencia en 2006, amañada por la gente de el bigotes, según parece, conjuntamente con la TV valenciana (esa que se arruinó luego) y altos cargos del PP es el mejor ejemplo del negocio de la política montado por estos pillastres. Dejó más de tres millones de euros en comisiones, mordidas y socaliñas repartidos entre todos ellos. Supongo que los cobrarían después de haber comulgado píamente y haberse dado unos golpes de pecho.

¿Rajoy abrazado a Camps? Claro, son lo mismo. También podría decirse "Camps abrazado a Rajoy". Rajoy tiene tanto que rascar como Camps. Todo el PP es un escozor.

Pero no pasa nada. Nadie dimite salvo que se haya dado un atracón de confetti, como Ana Mato, o de verbo divino, como Ruiz Gallardón. Todo sigue igual. Entran y salen de las cárceles y los juzgados como de sus domicilios, y se comportan como si estuvieran en ellos. ¿No se borraron los discos duros de los ordenadores de Bárcenas en su día? ¿A santo de qué ha de haber un sumario sobre un borrado de discos? Lo lógico es que también se borre el sumario y, dicho y hecho, la Audiencia Nacional pierde el sumario del maldito borrado.

No pasa nada. ¿Qué va a pasar? A efectos parlamentarios, la oposición no existe. No se atreve a presentar una moción de censura. A efectos extraparlamentarios, tampoco. La izquierda está literalmente a bofetadas. El próximo debate sobre el estado de la nación, previsto para la semana que viene, el último de la legislatura y primero de Sánchez, promete ser divertido. Ninguno está preparándolo porque los avatares procesales y las rebatiñas internas por los puestos, las candidaturas y las listas no les dan respiro. Tampoco es grave pues no hay nada nuevo que tratar. La nación está como el año pasado, el anterior y el anterior, sumida en una triple crisis económica, política y moral. El país no sale adelante, las instituciones no funcionan y la confianza de la gente en ellas, como en los políticos que las gestionan, es nula.

Para gobernar no basta con conseguir mayoría de votos por métodos engañosos. Hay que tener un proyecto y una visión. Y no es el caso.

Pero no pasa nada. Nada de nada.

Rigodón constitucional.

Celebran el aniversario de la Constitución de 1978 con una revista de tropas en atavío de gala y una recepción palaciega. Como siempre no dan ni una, lo confunden todo y hacen un lamentable ridículo solo mitigado por los mensajes apologéticos y agradecidos que largan los periodistas cortesanos, tiralevitas y sobrecogedores, para consumo de las humildes gentes del pueblo. No saben distinguir una Constitución, que es un instrumento de la convivencia civil, de la efeméride de una batalla o el bautizo de algún infante. Y ahí se amontonan todos a la foto en el besamanos, tentempié y sobresueldo.

A la fiesta este año no acuden IU ni los nacionalistas ni once presidentes autonómicos, muchos de los cuales tendrán cosas más importantes que hacer, como jugar al golf. Un aniversario más y acaban haciendo bienal la celebración, como han hecho ya con las reuniones de la Comunidad Hispánica de Naciones, otra realidad que han destruido gracias a su fabulosa incompetencia. Otro aniversario y no va ya ni la tropa y los dos payasos inflados que le pasan la revista -los dos bajo sospecha de haberse embolsado dineros dudosos- se inspeccionan el uno al otro.

Como siempre, la palma de la hipocresía y la estolidez se la lleva Rajoy, quien asegura no oponerse a la reforma de la Constitución siempre que haya un consenso como el de 1978, consenso al que su partido se sumó solo a medias y sin aclarar si él, hoy, votaría "sí", "no" o se abstendría, que de todo hizo la derecha de entonces; como la de ahora. Un consenso que, para conseguirse solo necesita que él y los suyos lo apoyen y dejen de oponerse a él. Esto no es tomar al auditorio por imbécil porque un imbécil jamás actúa así.

No le va en zaga Felipe González, cada vez más insulso jarrón chino. Si no hay reforma, dice se puede derrumbar lo conseguido. Si lo conseguido se ha conseguido gracias a la Constitución, ¿cómo puede esta ahora ser un peligro? ¿No será que no se consiguió de verdad y que ha bastado el acceso al poder de esta derecha nacionalcatólica, fascista y meapilas para desbaratar aquel embeleco? Así es y a la celebrada Constitución que solo sirve como invocación, pero no como realidad práctica, no le presta atención nadie. Nadie, excepto Anguita para recordar lo obvio: que todo cuanto ha hecho el gobierno de Rajoy es anticonstitucional, sin darse cuenta de que en España, lo constitucional y lo anticonstitucional viene siendo lo mismo.

Por la reforma está también Rubalcaba. Pero, ojo, no por cualquier reforma, abierta a todas las opiniones y proyectos; ni hablar. Eso sería una locura. Por la reforma que a él le place: la de la planta territorial del Estado y el Senado. Para nada más. No para deshacer la del art. 135, que él y los suyos aliados a la derecha impusieron tiránicamente; no para el derecho de autodeterminación (eso jamás, que se pierden las elecciones); no para la forma monárquica del Estado. ¿Por qué no? Porque a él no le da la gana. Lo mismo que Rajoy.

¿Está claro? Los dos partidos dinásticos, cada vez más hundidos en el descrédito, celebran en solitario, con ausencia de la comparsa izquierdista y del folklore del sano regionalismo, el aniversario de un texto en el que no creen. Y cuanto menos creen, más bambolla, más entorchado, más cornetín, más rigodón, más estupidez. Más corrupción.

El PSOE y la República.

Llevaba tiempo rumiándolo, iba soltando indirectas, tenía prohibido a sus seguidores hablar mal de Rey, intervenía siempre en favor del trono y se desvivía por conocer de primera mano el estado de salud de S.M. Juan Carlos; pero no soltaba prenda con claridad. Palinuro lleva un tiempo sosteniendo que el PSOE es un partido dinástico, el equivalente al Partido Liberal de la primera restauración y tan interesado como este en un sistema de alternancia bipartidista en el marco de una monarquía parlamentaria. Era una deducción extraída de los gestos y declaraciones, cautos, minimalistas, pero transparentes par un analista político de medios pelos. Ahora ya sí, Rubalcaba lo ha dicho con claridad y pocas palabras, esto es, que el PSOE aboga por mantener el pacto que hizo hace 35 años para que España siga siendo una monarquía parlamentaria. 

Dicho queda. No es que Rubalcaba sea personalmente monárquico (aunque no quede excluido) al modo que es del Real Madrid, o de algún otro equipo (no estoy seguro) por lo mucho que habla de futbol, o como podría ser vegetariano o miembro de la secta Moon. No. Ahora es pronunciamiento que vincula la acción del partido -y quién sabe si del gobierno si ganara las próximas elecciones- en un sentido dinástico. El argumento está claro: hace 35 años se hizo un pacto entre otros asuntos en favor de la Monarquía y el PSOE es de los de pacta sunt servanda.

Vale, pero es falso. Hace 35 años se aprobó una Constitución que incluía la forma monárquica de Estado y muchas otras cosas, fórmula tutelada por el ejército, albacea testamentario de Franco. El artículo 2º, como todo el mundo sabe, se redactó en los cuarteles. Así que el pacto o compromiso o acuerdo tiene una validez modesta por cuanto fue impuesto y es, a efectos políticos, nulo. Otra cosa es que, no siendo tal pacto, sea o haya sido eficaz para organizar la convivencia. Pero eso es otra cosa.La Constitución es un ejercicio de retórica profesoral progresista en un rígido marco institucional heredado del franquismo, cuyas previsiones sucesorias se cumplieron con algún leve retoque, como ese de substituir las Leyes Fundamentales por una Constitución. La Monarquía no fue nunca sometida a votación popular directamente sino un par de veces envuelta en el celofán de las libertades y el Estado de derecho. Su legitimidad de origen es la del 18 de julio, alzamiento militar en contra de la legalidad republicana. Ese supuesto pacto a la fuerza no merece mayor respeto.

Y aunque lo mereciera. Dos razones hay para no quedarse en él: a) nada nos obliga nunca a mantenernos inmóviles, a eternizarnos en una situación. Después de un tiempo, no es deshonroso salirse de un acuerdo y emprender un camino propio; b) la otra parte del pacto no ha hecho honor a sus compromisos: el franquismo campa por sus respetos en las prietas filas del PP por las villas y pueblos del reino. El gobierno ha dejado sin fondos la aplicación de la Ley para la Memoria Histórica y, además, se niega a cumplir la tarea que por ley le corresponde de borrar de los edificios públicos los símbolos y emblemas del bando ganador de la contienda. En estas condiciones, nada nos obliga a cumplir un pacto que la otra parte incumple.

Está claro; lo del pacto y los 35 años es pura retórica por si cuela a título de explicación acerca de cómo unpartido republicano se torna monárquico. Es cierto que, históricamente, el PSOE ha sido relativista o accidentalista en cuanto a la forma de Estado (incluso se acomodó con la dictadura de Primo) pero lo es más que luchó por la República y se identificó con ella. Aceptar la forma de Estado impuesta por las armas y cuarenta años de dictadura y represión no está ni medio bien.

¡Ah, que burro este Palinuro! No se da cuenta de que, en el fondo, se trata de una cuestión táctica. El PSOE quiere ganar las elecciones y necesita votos de todas partes. La cuestión Monarquía-República no es actual y menos urgente. La atención del partido (y del gobierno, si lo pilla) es la salida de la crisis y el retorno a la prosperidad. Además, si se plantean las cosas con esta crudeza, corre peligro el pacto de la transición.

En este punto, el razonamiento es circular: hay que respetar el pacto de la transición porque si no lo respetamos, lo destruiremos. Hasta ahí llega la profundidad del razonamiento y, como de lo que se trata es de ganar elecciones, esto se da por sobreentendido: si cuestiono la Monarquía, hoy por hoy, me arriesgo a perder votos y quedarme de oposición toda la vida. No hay que dejar al adversario las banderas que mueven el ánimo del pueblo votante. Somos monárquicos de conveniencia, como el pabellón de ciertos barcos que navegan al margen de la ley.

Sin embargo, la oposición República/Monarquía, se quiera o no, no es un asunto táctico sino estratégico. Es de principios. Da algo de vergüenza recordarlo pero la política, al menos la de la izquierda, no puede ser un asunto del día a día, de las medidas a corto plazo, sin un horizonte temporal más a medio plazo. Justificamos nuestras medidas de hoy en virtud de una idea de la sociedad futura. Y, en esa sociedad futura, orientada a los principios de libertad, igualdad y fraternidad, ¿qué lugar cabe a la Monarquía? Ningún socialista, entiendo, puede aceptar como justa una sociedad en la que domina la desigualdad por razón del nacimiento a la hora de acceder a las más altas magistraturas del Estado.

Y eso a pesar de todos los pactos que se hayan hecho o soñado.

Y queda por ver qué dirá la Conferencia Política del próximo finde en materia de separación iglesia-Estado. Hasta ahora, el secretario general, siguiendo inveterada costumbre, ha mencionado de modo ambiguo la cuestión un par de veces y conjugando los verbos en condicional: el PSOE podría denunciar los Acuerdos con la Santa Sede de 1979. Al loro de lo que diga la Conferencia. Veremos si tiene la infinita osadía de proclamar que España es un Estado laico (como afirma de Francia la Constitución francesa) o si sigue comportándose como hasta la fecha, es decir, no solo cual partido dinástico, sino firme defensor del trono y el altar.

Palinuro no ignora ni menoscaba la importancia de las aportaciones del PSOE al Estado del bienestar y otros campos de la convivencia en España. Llegada la crisis, no supo responder a ella y absorto ahora en la tarea de medidas a corto plazo, desarrolla un pragmatismo ciego que, a lo más, puede acabar llevándolo a un modelo de gran coalición a la alemana. Ahí se llega a base de pactar y de olvidarse de los principios. De ese modo, puede pactarse cualquier cosa.

Cualquier cosa, cuando se invoca, por ejemplo, la unidad de España. Que, por cierto, está simbolizada en la Monarquía y militarizada en el artículo 8 de la Constitución

(La imagen es una foto de Elena Cabrera, bajo licencia Creative Commons).

¿Con qué autoridad hablan?

Al final del consejo de ministros, en rueda de prensa, la vicepresidenta del gobierno tuvo el arrojo de acusar de defraudadores a medio millón de desempleados, siendo así que quienes han defraudado son unos cinco mil. Un problema de comunicación política, dirán algunos. Más parece un problema grave de amnesia. El PP ha aprobado una amnistía a los grandes defraudadores; él mismo como partido está acusado de financiación ilegal; sus dirigentes, incluida la vicepresidenta, de haber cobrado sobresueldos de un dinero que cada vez parece más negro. El pueblo llano a eso lo llama morro. Los analistas políticos somos más correctos políticamente y lo llamamos tupé.

Dice Sáenz de Santamía que las leyes nos obligan a todos, lo cual, como siempre, tampoco es cierto. A ellos no los obligan porque, cuando los obligan, simplemente, cambian las leyes. Exactamente lo que hicieron, lo primero que hicieron, al llegar al gobierno: modificar la Ley de RTVE para poder designar director del invento con sus solos votos a un fiel propagandista de la causa. ¿Cuál es la validez moral, la autoridad, de la afirmación de que las leyes nos obligan a todos cuando uno cambia las leyes a su gusto? ¿Es superior a cero?

Y, como esto es España, lugar de tronío, la vicepresidenta podría haber dicho sin faltar un ápice a la verdad "las leyes nos obligan a todos, excepto en Eurovegas". De autoridad en España el gobernante anda muy falto. Hay que salir en su defensa movilizando en su provecho las instituciones del Estado. A petición del fiscal, el juez Ruz desecha la comparecencia de Mariano Rajoy como testigo porque, razonan ambos, fiscal y juez, "busca un interés extraprocesal". Podría ser, pero es irrelevante. La comparecencia de Rajoy, presunto perceptor de sobresueldos de origen ilegal, es inexcusable. El proceso mismo lo reclamará y Rajoy tendrá que comparecer a rastras, como lo hizo ante el Congreso.

El juez imputa al gerente del PP de Castilla La Mancha en el más bien fétido asunto de los 200.000 euros evanescentes que, al parecer, se han pagado, se han cobrado y se han volatilizado. La siguiente figura en el pimpampum es Cospedal; una presunta cobradora de sobresueldos nata. Un personaje que aparece perpetuamente implicado en cuestiones de ingresos, pagos, declaraciones, olvidos y requiebros.

La pregunta es pertinente: ¿con qué autoridad hablan? Y la respuesta, evidente: con ninguna. Con ninguna autoridad y con menos sentido común. Esta claro, la mayoría absoluta los justifica a su juicio no solo para no dar explicaciones sino para darlas sin sentido alguno, al albur del capricho de un ministro. Si Rajoy afirma en el Japón que en España se han reducido los costes laborales (o sea, que se han bajado los sueldos) y Montoro asegura, por el contrario, que no se han bajado sino que se limitan a crecer moderadamente, uno de los dos no sabe lo que dice. Y eso es grave.

¿O tampoco?

Lección inaugural en la UNED.

Me ha correspondido dictar la lección inaugural de este curso en la UNED. Es un gran honor para mi Facultad y para mí personalmente y espero estar a la altura de las circunstancias. He preparado con todo esmero un texto que lleva el título de la ilustración De la legitimidad del poder y la dignidad de la política, que reproduzco a continuación. Este texto, una síntesis, será el que exponga porque la lección, ya impresa, es bastante más extensa.

La apertura se celebra en el salón de actos de la UNED, edificio de Humanidades, c/Senda del Rey s/n a las 11:30 de la mañana y tod@s l@s lector@s de Palinuro están cordialmente invitad@s.

A continuación incluyo el texto de la lección, aunque no las imágenes, sobre todo estadísticas y datos porque están en una presentación PWP y no puedo subirla, salvo que la convierta en un vídeo, habilidad que me propongo aprender pero que aún no está a mi alcance.

Actualización a las 20:30 de hoy. Ya está subido a la red el vídeo completo del acto de inauguración: aquí. En él se encuentram las intervenciones completas de la secretaria general de la UNED, un servidor, el secretario de Estado de Universidades y el rector, Alejandro Tiana Ferrer. Igualmente el texto completo de la lección inaugural que en la exposición oral hube de resumir por razones de protocolo.

El grano y la paja.

Diferenciar el grano de la paja, la ganga de la mena, lo accesorio de lo enjundioso, lo accidental de lo esencial es el primer paso para interpretar correctamente lo que se ve, oye o siente. Por cierto, ello no nos libra de la subjetividad y la parcialidad; lo que para unos es grano, es paja para otros. O eso dicen. Pero distinguir, hay que distinguir. Ayer hubo dos noticias que refleja hoy la portada de El País: una, la rueda de prensa de Rajoy en Granada que no pudo substituir por el silencio o el plasma al hallarse en compañía de un mandatario extranjero ante quien preciso es guardar las apariencias, como si el cortijo fuera una democracia. Dos la noticia de que los cobros de la caja B, de Bárcenas, se hacían por partida doble.

Sin duda la noticia una es más vistosa y más jacarandosa que la dos. Estando en Granada, Rajoy relató una fábula legendaria, al estilo de Washington Irving, sobre las intenciones de su pundonoroso gobierno dos días después de que sus tres más destacados ministros confesaran estar sin resuello ante el fracaso de su política. Fue interesante estudiar la mímica del presidente, sus especiosos argumentos, su mecánico alzar y bajar el antebrazo, como si estuviera dirigiendo el bolero de Ravel, sus etéreas afirmaciones de cuño sentimental ("sé cómo se sienten...; no lo ven, pero estamos mejor; sé que hay mucha frustración, pero...") y su impavidez,  cómicamente parecida a la de un pingüino, por no decir su inverencundia. Muy vistoso, sí y hasta Palinuro sucumbió a la tentación de subir una entrada titulada La rueda de prensa del presunto, pues nunca hay que perder el sentido del humor.

Pero las gracias tienen un límite. La noticia gorda, la grave, la que debiera monopolizar el debate público es la dos, la de que los sobresueldos de los mandarines del PP se abonaban por partida doble y conceptos distintos. Hasta 10.000 euros mensuales cobraron durante años un puñado de electos de los dioses y su representante en la tierra, Bárcenas. Una pasta. Ser dirigente del PP era (y quizá siga siendo; aquí ya nadie se cree nada) un verdadero chollo. Que se lo digan a Cospedal, a quien faltan manos para cobrar sueldos. Si a esto añadimos la Gürtel y su conexión urdangarinesca así como la pedrea de corruptelas baleares, levantinas y madrileñas, habremos de confesar que el país vive un momento de emergencia gobernado por un partido bajo sospecha de corrupción estructural continuada con un presidente que, siendo quien más veces aparece en los papeles dichosos, no está en situación de ejercer su cargo con la autoridad necesaria.

De forma que lo verdaderamente grave en España hoy no es si el gobierno gobierna o no, pues ya está claro que no. Lo grave es la corrupción. Lo que impide que el país recupere la confianza de los mercados es la corrupción, tanto más grave cuanto que afecta al presidente del gobierno. Al respecto es obvio que, vistos el silencio y la pasividad del interesado, hay que hacer algo. Ciertamente, pero ¿qué? Desde el punto de vista judicial, los procedimientos siguen su curso y lo único que cabe es respetarlos y colaborar con la justicia. Otra cosa es lo que después sucede, pero de eso hablaremos en otro momento.

Entre tanto -y pueden pasar meses o años- es importante que la opinión se esclarezca respecto a estos hechos. Según parece, la defensa del PP se basa en que estos comportamientos no son delito y, aunque lo fueran, habrían prescrito: pero, sobre todo, se insiste, dada la naturaleza de los partidos políticos, esos cobros no eran ilegales. Ese es el asunto crucial, el que no se puede soslayar: determinar claramente si los famosos sobresueldos son o no ilegales y si, siendo legales, son o no inmorales. Aquí nos hacen falta reflexiones de juristas y de profesores de filosofía moral y política.

Mientras llegan, hagamos una rudimentaria construcción del razonamiento. Nos ponemos en la hipótesis más favorable a los acusados: los cobros de sobresueldos no son ilegales. Pero ¿son morales? Es evidente que no. De otro modo, las reacciones a las acusaciones hubieran sido menos tremendistas, alocadas, absurdas: desde negarse a pronunciar el nombre de Bárcenas hasta rechazar lo evidente, dar por evidente lo falso, amenazar con baterías enteras de querellas pero no presentar ninguna, mentir sobre las relaciones laborales documentadas e inventarse otras. Está claro: no lo quieren reconocer porque es inmoral. Y lo saben. Es inmoral cobrar sobresueldos atípicos, bordeando (si no infringiendo) la legislación de incompatibilidades. Como es inmoral cobrar dietas indebidas, aunque el Tribunal Supremo diga que es legal. Lo que no puede es decir que también es moral, pues no lo es.

La corrupción, por tanto, es lo más importante de las dos noticias. Sin querer enmendar la plana a nadie, yo hubiera reservado el máximo espacio a los sobresueldos y solo una columnilla a la derecha a los Cuentos de la Alhambra. La corrupción impide que el país salga adelante mientras no cambie el gobierno. Leo que El Mundo da por amortizado a Rajoy y prevé sea substituido hacia Navidad. No sé si es un vaticinio basado en la quiromancia o la exposición de un plan con un objetivo. En cualquier caso, es de felicitarse que la derecha vaya despertado de su aletargada digestión. A este paso, pierde las elecciones y no ha logrado imponer su programa o, en dicho castizo que suele atribuirse a Andalucía: ni cenamos ni se muere padre. Pues eso, hay que hacer algo antes de que este gobierno cada vez más enfrentado a la población y con menos apoyos, nos lleve a algún conflicto grave.

Y no me invento nada. El modo de tratar la cuestión de Cataluña es preocupante. Quienes empezaron el mandato queriendo españolizar a los niños catalanes carecen de flexibilidad para entender a la otra parte y buscar fórmulas dialogadas y consensuadas de arreglo. Lo suyo es una cruda dicotomía: comprar o reprimir. Por la primera se ofrece al nacionalismo burgués una forma de financiación tan cercana al modelo vasco-navarro como sea necesario para hacerle abandonar el campo soberanista. O sea, comprarla. Por la segunda, para el caso de que el nacionalismo burgués rechace toda compra y se mantenga independentista, se recurre a las vías de excepcionalidad que la legalidad vigente prevé y que, por supuesto, comprenden el empleo de la violencia por medios militares, llegado el caso. Los independentistas republicanos, de izquierda, pueden verse traicionados o reprimidos, según vayan los pactos. No se olvide que tanto para CiU como para el PP la idea de nación computa en la cuenta de pérdidas y ganacias. Todo legal. Pero ¿es moral? También en esta cuestión resulta impensable que un gobierno acosado por la corrupción tenga la autoridad necesaria para actuar. Por mucho que el gobierno y/o el partido dominante de la Generalitat puedan estarlo igualmente.

Más sobre la desobediencia en Sol.

Incluyo aquí una magnífica crónica de Isabel Paz acerca de la intervención de Palinuro en la jornada de la Uni en la calle y a la que pertenece la foto de la imagen. La ha publicado en su blog El mundo es un pañuelo, que está en licencia Creative Commons, como Palinuro. Me felicito doblemente: porque la crónica es fabulosa, con una visión literaria y unas fotos estupendas y porque su contenido viene a corroborar lo que contaba servidor en una entrada anterior. Andar allí a vueltas con el Padre Mariana, el tiranicidio, la expulsión de los jesuitas, la legitimidad, la legalidad y el derecho de resistencia fue una experiencia inolvidable. Somos parte de una trayectoria secular que cuenta con gloriosos antecedentes, la resistencia de las sufragistas y los abolicionistas, la desobediencia civil de Thoreau y el Mahatma Gandhi, Rosa Parks y la lucha por los derechos civiles de los negros en los Estados Unidos, la de la guerra del Viet Nam, la de la caída de los regímenes comunistas, los foros sociales y hasta hoy. Nosotros tampoco dimitimos.

Al fondo, Rodilla vendía sus sándwiches.

Una cuestión de legitimidad.

Después de Platón y Aristóteles, el hombre que sentó las bases de la filosofía política moderna y formuló una teoría de la legitimidad del poder, hasta ahora irrefutada, fue el médico y filósofo John Locke. Su pensamiento alienta en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y la Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es legítimo el gobierno por consentimiento. Por consentimiento de los gobernados. Todas las demás teorías son glosas de esta.

Según la encuesta de Metroscopia para El País, el apoyo popular a Rajoy está bajo mínimos. El 84% de la población confía poco o nada en él y el 74% desaprueba su labor de gobierno. Aquí hay poco consentimiento lockeano. Hasta los suyos lo rechazan. Cerca de la mitad de votantes del PP tiene una impresión negativa del gobierno. Y el 68% de la población opina que improvisa sobre la marcha. Es imposible confiar en alguien que improvisa y que, por cierto, se pasó meses acusando a su adversario de improvisar.

¡Alto ahí! Ruge fiero Rajoy. Eso son sondeos. El consentimiento del pueblo se mide aquí cada cuatro años en unas elecciones libres en las que la gente vota un programa para eso, para cuatro años. Lo demás es filfa.

Efectivamente, así es, responde Palinuro en nombre de Locke, pero es que usted ganó las elecciones con otro programa. Usted pidió el consentimiento para hacer una cosa y está haciendo la contraria. Engañó usted a la gente. Incluidos, como bien se ve, los suyos. Esas elecciones, caballero, fueron una estafa. Usted mismo lo reconoció al admitir que estaba haciendo lo contrario de lo prometido, pero que seguiría haciéndolo si creía que era lo mejor para España. Pero no es usted quien tiene que decidir eso, sino los votantes. Salvo que usted entienda la democracia como un lugar en el cual la gente vota cada cuatro años a un lider carismático con carta blanca para hacer lo que quiera, incluso romper sus promesas. ¿Por qué no entonces abolir las eleciones?

Las instituciones, hasta las más flexibles, son rígidas y tienden a ignorar la voz de la calle. Obviamente Rajoy puede seguir gobernando pues cuenta con holgada mayoría parlamentaria. Pero es un poder fáctico, no moral. Así se comporta, de hecho. Incluso menosprecia al Parlamento y gobierna por Decreto-ley. ¿Para qué perder el tiempo? El creciente descontento en la calle, las manifestaciones continuas (por cierto, tres hurras por la Marea blanca por la lucha del personal sanitario, digno descendiente de su antecesor Locke), los millones de horas perdidas en huelgas, el desbarajuste en todos los sectores, el conflicto territorial de nuevo arreciando, a todo eso puede hacerse frente, piensa el gobierno, con la fuerza pública.

Es legal; pero ¿es legítimo? ¿No sería lo legítimo convocar nuevas elecciones o, cuando menos, como piden los sindicatos, un referéndum sobre el nuevo programa?

(La imagen es una foto de La Moncloa en el dominio público).

Crisis... de legitimidad.

La crisis sempiterna suele verse como algo económico, incluso etéreamente financiero. Tantos miles de millones de euros de unos recortes, tantos centenares de miles de millones de unos rescates. Pero todo eso sucede en un medio, el de la vida colectiva, en el que la crisis ha tenido un impacto tremendo, abriendo un proceso de confrontación, de conflicto social que ha roto los consensos básicos, la legitimidad del sistema en su conjunto. Los principios mismos sobre los que se basaba aquella están quebrando o han quebrado ya ante la brutalidad neoliberal. Y lo hacen a la vista de todos, a la luz pública:

• La igualdad, piedra angular de la democracia, ha sucumbido a las más ostentosas e injustas desigualdades, diferencias salariales astronómicas, beneficios ilimitados, rentas disparatadas, el lujo y boato de los ricos frente a las necesidades de los pobres, los trabajadores y las debilidades de las clases medias.
• La justicia brilla por su abitrariedad. Raramente se procesa y condena a los ricos y, si sucede, tienen condiciones penitenciarias favorables y el poder político los indulta sin más tardanza. Los tribunales se ceban en los pobres. Quinientos desahucios diarios es cantidad que no requiere mucho comentario.
• Las libertades cada vez más restringidas por el poder, empezando por la libertad de expresión y su correlato de derecho a la información, crecientemente acosados por la autoridad so capa del orden público. La libertad de manifestación y reunión, la libertad de comunicación en la red, todo molesta a las autoridades españolas que tratan de restringirlas o negarlas empleando eufemismos estúpidos.
• La seguridad jurídica de los ciudadanos no se respeta. No se trata solamente de que la autoridad gubernativa actúe arbitrariamente, multando a la gente a voleo o denunciándola porque sí, que ya es bastante barbarie. Se trata de la propia autoridad legislativa que no respeta derechos legalmente adquiridos y ejercidos, como los de los funcionarios, los jubilados, los trabajadores, etc. Crea así el Gobierno mismo, con sus agresiones y expolios injustos una situación de incertidumbre y de temor que rompe el principio hobbesiano del orden social y provoca esta crisis de legitimidad.

A este elenco de penas es preciso añadir el toque específicamente español de los conflictos territoriales. La crisis de legitimidad afecta incluso al concepto mismo de nación, lo que enciende las pasiones más extremas. El hecho de que sean las tres derechas nacionalistas -la española, la vasca y la catalana- las que gobiernen los vértices del triángulo del conflicto permite augurar en principio más conflicto y más enfrentamiento, lo que no es cómodo.

Está claro que el PP solo no puede con la tarea, aunque el espíritu del gobierno sea de sostenella y no enmendalla porque, al identificar, como siempre, los intereses de su partido con los generales, cree llagada la hora de destruir a su adversario aunque sea a costa de hundir el país por el que, en el fondo, no siente especial aprecio por más rebuznos patrióticos que suelte.
Hace falta, al parecer, la ayuda del PSOE y este lleva ocho meses loco por darla porque, de aceptarse, vindicaría de golpe el criterio de Rubalcaba de pactar frente a ataques cada vez más frecuentes de sus propias filas. Pero el gobierno la desprecia, lo que hace imposible todo acuerdo y deja a Rubalcaba en muy mal lugar ante los suyos, en concreto el de una oposición ninguneada, puesto que no hay alternativa. No hay alternativa para la izquierda parlamentaria en una situación en que el gobierno tiene una mayoría absoluta holgada que le permite hacer literalmente lo que le viene en gana. Y lo hace.

No hay alternativa porque esta solo puede ser la revolución en la que no piensa nadie en la izquierda salvo grupos de escaso eco popular. La única posibilidad es seguir ofertando pacto de Estado, en el entendimiento de que, con él, el PSOE se juega su supervivencia al menos como lo conocemos hoy. Pero lo hace en complimiento de esa afirmación frecuentemente formulada de que es necesario que los partidos antepongan de verdad los intereses generales a los suyos como partidos que solo reza para él y nunca para la derecha. Eso es lo que, aunque con distinta intensidad, vienen a pedir tres muy buenos artículos publicados en El País en los últimos días, sobre las posibilidades del PSOE en estos momentos: que el hoy partido de la oposición tenga sentido de Estado. Son el de Fernando García Selgas, el de Félix de Azúa y el de Ignacio Sánchez Cuenca.
Y así debe ser: frente a la irresponsabilidad de la derecha, carente de programa, de proyecto de recuperación del país y solo interesada en exprimir en provecho propio las posibilidades de este, la izquierda tiene que ser consciente de las obligaciones que impone ls situación de emergencia provocada por el desastre económico-financiero y actuar de forma que contenga la crisis de legitimidad. Y el sacrificio que se le exige es doble porque, la disposición a colaborar en la tarea común con un compadre tan ruin y tramposo como la derecha española no exime al PSOE de actuar con criterio exigente de oposición en todo lo demás. La primera parte la ha cumplido con creces; con la segunda, ni ha empezado y no será la actual dirección, adocenada, desvencijada y acomodada a una rutina institucional que provoca el rechazo ciudadano por caduca y corrupta, la que lo haga 
(La imagen es una foto de La Moncloa en el dominio público).

¿Que incita a la violencia?

En 1939, hace ahora 73 años, terminó la guerra civil que desencadenó un grupo de militares delincuentes y genocidas contra el gobierno legítimo de la IIª República española. Fue un acto de violencia fascista contra un régimen liberal, democrático y pacífico con ayuda de los países fascistas de la época, Alemania, Italia y Portugal. Al concluir las hostilidades, los militares delincuentes establecieron unas dictadura totalitaria y ejecutaron un minucioso plan de genocidio, consistente en asesinar a cientos de miles de personas desarmadas, torturar a muchas más y aterrorizar así a una población indefensa que había quedado a merced del vencedor después de la contienda solo para descubrir que el vencedor no conocía la piedad ni la clemencia que sus curas, sin embargo, predicaban en los púlpitos. Esta labor de exterminio de los rojos (esto es, todos quienes habían hecho algo por la República, fuera lo que fuera, desde combatir en su defensa hasta haber participado en las festividades del 14 de abril) siguió durante los años siguientes más o menos hasta finales de los cincuenta.

En un ejemplo paradigmático del trastorno psíquico que los psicólogos llaman "proyección", los militares genocidas y sus auxiliares (los curas, los falangistas, los banqueros, etc) "juzgaban" (puras farsas), condenaban y ejecutaban sumariamente o simplemente asesinaban en las cunetas de las carreteras a los rojos (y mucho cuidado porque, para los descendientes ideológicos de estos criminales que están hoy en el gobierno, seguimos siendo eso, rojos), acusándolos de sublevación militar, es decir, acusándolos de los crímenes que habían cometido ellos. Los soldados, civiles y milicianos que habían cumplido con su deber defendiendo el régimen legítimo y pacífico de España, sus instituciones y su bandera, frente al asalto de una banda de forajidos sangrientos, pasaron a ser los criminales, los sublevados, los violentos según, claro está, los medios de comunicación de la época, todos ellos sujetos al férreo mando militar y sometidos a la censura política previa o posterior, de la que se encargaba precisamente el falangista Fraga Iribarne, luego fundador del PP.

Esa proyección, ese dar la vuelta a las cosas propio de los criminales fascistas que gobernaron España durante 40 años en la época más tenebrosa de la historia patria es la que esgrime el actual gobierno de la derecha, del partido fundado por el ministro del genocida, de herederos ideológicos de los criminales del 36.,

¿Que la bandera tricolor incita a la violencia? Es igual que decir que los militares que mantuvieron su honra y honor defendiendo el régimen al que habían jurado lealtad frente al asalto de los criminales perjuros eran los delincuentes. Revela la misma mentalidad canalla en los gobernantes actuales.

Y hoy eso es tan falso como entonces. Los republicanos no se habían sublevado contra nadie y la bandera tricolor es símbolo de paz y legitimidad. La que es ilegítima e impuesta por la violencia es la roja y amarilla de los fascistas victoriosos en la guerra y que el Estado español la tenga por oficial no la hace legítima sino que plantea preguntas (de respuestas obvias) sobre la legitimidad de ese Estado.

Pero es que, además de legítima, la bandera republicana es legal, según sentencia del 15 de diciembre de 2003 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anulaba una decisión del Ayuntamiento de Torrelodones (entonces del PP, claro) por la que se ordenaba retirar una bandera republicana de un chiringuito de IU porque ... ¡podía incitar a la violencia!

Como se ve, los franquistas reinciden y reinciden porque lo que quieren es suprimir la bandera tricolor misma y, como ya no pueden asesinar a los rojos, tratan de despojarnos ilegalmente de nuestros símbolos. En el fondo, la razón es clara: la bandera republicana no solo es legítima y legal sino símbolo de la justicia, la libertad y la igualdad y su ondear recuerda a estos neofranquistas del gobierno su procedencia ideológica: el crimen, el terror, el genocidio que tratan de ocultar como sea.

Pero ese abuso de los gobernantes no puede quedar impune. La izquierda tiene la obligación de defender el empleo de los símbolos republicanos todos ellos pacíficos. Esa multa es ilegal y hay que hacer que la retiren. Nuestros representantes están para eso, no para achantarse y bajar la cerviz frente a la chulería y el fascismo de los herederos de un genocida.
(La imagen es una captura del blog Unidad Cívica por la República, bajolicencia Creative Commons).