Diferenciar el grano de la paja, la ganga de la mena, lo accesorio de lo enjundioso, lo accidental de lo esencial es el primer paso para interpretar correctamente lo que se ve, oye o siente. Por cierto, ello no nos libra de la subjetividad y la parcialidad; lo que para unos es grano, es paja para otros. O eso dicen. Pero distinguir, hay que distinguir. Ayer hubo dos noticias que refleja hoy la portada de El País: una, la rueda de prensa de Rajoy en Granada que no pudo substituir por el silencio o el plasma al hallarse en compañía de un mandatario extranjero ante quien preciso es guardar las apariencias, como si el cortijo fuera una democracia. Dos la noticia de que los cobros de la caja B, de Bárcenas, se hacían por partida doble.
Sin duda la noticia una es más vistosa y más jacarandosa que la dos. Estando en Granada, Rajoy relató una fábula legendaria, al estilo de Washington Irving, sobre las intenciones de su pundonoroso gobierno dos días después de que sus tres más destacados ministros confesaran estar sin resuello ante el fracaso de su política. Fue interesante estudiar la mímica del presidente, sus especiosos argumentos, su mecánico alzar y bajar el antebrazo, como si estuviera dirigiendo el bolero de Ravel, sus etéreas afirmaciones de cuño sentimental ("sé cómo se sienten...; no lo ven, pero estamos mejor; sé que hay mucha frustración, pero...") y su impavidez, cómicamente parecida a la de un pingüino, por no decir su inverencundia. Muy vistoso, sí y hasta Palinuro sucumbió a la tentación de subir una entrada titulada La rueda de prensa del presunto, pues nunca hay que perder el sentido del humor.
Pero las gracias tienen un límite. La noticia gorda, la grave, la que debiera monopolizar el debate público es la dos, la de que los sobresueldos de los mandarines del PP se abonaban por partida doble y conceptos distintos. Hasta 10.000 euros mensuales cobraron durante años un puñado de electos de los dioses y su representante en la tierra, Bárcenas. Una pasta. Ser dirigente del PP era (y quizá siga siendo; aquí ya nadie se cree nada) un verdadero chollo. Que se lo digan a Cospedal, a quien faltan manos para cobrar sueldos. Si a esto añadimos la Gürtel y su conexión urdangarinesca así como la pedrea de corruptelas baleares, levantinas y madrileñas, habremos de confesar que el país vive un momento de emergencia gobernado por un partido bajo sospecha de corrupción estructural continuada con un presidente que, siendo quien más veces aparece en los papeles dichosos, no está en situación de ejercer su cargo con la autoridad necesaria.
De forma que lo verdaderamente grave en España hoy no es si el gobierno gobierna o no, pues ya está claro que no. Lo grave es la corrupción. Lo que impide que el país recupere la confianza de los mercados es la corrupción, tanto más grave cuanto que afecta al presidente del gobierno. Al respecto es obvio que, vistos el silencio y la pasividad del interesado, hay que hacer algo. Ciertamente, pero ¿qué? Desde el punto de vista judicial, los procedimientos siguen su curso y lo único que cabe es respetarlos y colaborar con la justicia. Otra cosa es lo que después sucede, pero de eso hablaremos en otro momento.
Entre tanto -y pueden pasar meses o años- es importante que la opinión se esclarezca respecto a estos hechos. Según parece, la defensa del PP se basa en que estos comportamientos no son delito y, aunque lo fueran, habrían prescrito: pero, sobre todo, se insiste, dada la naturaleza de los partidos políticos, esos cobros no eran ilegales. Ese es el asunto crucial, el que no se puede soslayar: determinar claramente si los famosos sobresueldos son o no ilegales y si, siendo legales, son o no inmorales. Aquí nos hacen falta reflexiones de juristas y de profesores de filosofía moral y política.
Mientras llegan, hagamos una rudimentaria construcción del razonamiento. Nos ponemos en la hipótesis más favorable a los acusados: los cobros de sobresueldos no son ilegales. Pero ¿son morales? Es evidente que no. De otro modo, las reacciones a las acusaciones hubieran sido menos tremendistas, alocadas, absurdas: desde negarse a pronunciar el nombre de Bárcenas hasta rechazar lo evidente, dar por evidente lo falso, amenazar con baterías enteras de querellas pero no presentar ninguna, mentir sobre las relaciones laborales documentadas e inventarse otras. Está claro: no lo quieren reconocer porque es inmoral. Y lo saben. Es inmoral cobrar sobresueldos atípicos, bordeando (si no infringiendo) la legislación de incompatibilidades. Como es inmoral cobrar dietas indebidas, aunque el Tribunal Supremo diga que es legal. Lo que no puede es decir que también es moral, pues no lo es.
La corrupción, por tanto, es lo más importante de las dos noticias. Sin querer enmendar la plana a nadie, yo hubiera reservado el máximo espacio a los sobresueldos y solo una columnilla a la derecha a los Cuentos de la Alhambra. La corrupción impide que el país salga adelante mientras no cambie el gobierno. Leo que El Mundo da por amortizado a Rajoy y prevé sea substituido hacia Navidad. No sé si es un vaticinio basado en la quiromancia o la exposición de un plan con un objetivo. En cualquier caso, es de felicitarse que la derecha vaya despertado de su aletargada digestión. A este paso, pierde las elecciones y no ha logrado imponer su programa o, en dicho castizo que suele atribuirse a Andalucía: ni cenamos ni se muere padre. Pues eso, hay que hacer algo antes de que este gobierno cada vez más enfrentado a la población y con menos apoyos, nos lleve a algún conflicto grave.
Y no me invento nada. El modo de tratar la cuestión de Cataluña es preocupante. Quienes empezaron el mandato queriendo españolizar a los niños catalanes carecen de flexibilidad para entender a la otra parte y buscar fórmulas dialogadas y consensuadas de arreglo. Lo suyo es una cruda dicotomía: comprar o reprimir. Por la primera se ofrece al nacionalismo burgués una forma de financiación tan cercana al modelo vasco-navarro como sea necesario para hacerle abandonar el campo soberanista. O sea, comprarla. Por la segunda, para el caso de que el nacionalismo burgués rechace toda compra y se mantenga independentista, se recurre a las vías de excepcionalidad que la legalidad vigente prevé y que, por supuesto, comprenden el empleo de la violencia por medios militares, llegado el caso. Los independentistas republicanos, de izquierda, pueden verse traicionados o reprimidos, según vayan los pactos. No se olvide que tanto para CiU como para el PP la idea de nación computa en la cuenta de pérdidas y ganacias. Todo legal. Pero ¿es moral? También en esta cuestión resulta impensable que un gobierno acosado por la corrupción tenga la autoridad necesaria para actuar. Por mucho que el gobierno y/o el partido dominante de la Generalitat puedan estarlo igualmente.
