Al final del consejo de ministros, en rueda de prensa, la vicepresidenta del gobierno tuvo el arrojo de acusar de defraudadores a medio millón de desempleados, siendo así que quienes han defraudado son unos cinco mil. Un problema de comunicación política, dirán algunos. Más parece un problema grave de amnesia. El PP ha aprobado una amnistía a los grandes defraudadores; él mismo como partido está acusado de financiación ilegal; sus dirigentes, incluida la vicepresidenta, de haber cobrado sobresueldos de un dinero que cada vez parece más negro. El pueblo llano a eso lo llama morro. Los analistas políticos somos más correctos políticamente y lo llamamos tupé.
Dice Sáenz de Santamía que las leyes nos obligan a todos, lo cual, como siempre, tampoco es cierto. A ellos no los obligan porque, cuando los obligan, simplemente, cambian las leyes. Exactamente lo que hicieron, lo primero que hicieron, al llegar al gobierno: modificar la Ley de RTVE para poder designar director del invento con sus solos votos a un fiel propagandista de la causa. ¿Cuál es la validez moral, la autoridad, de la afirmación de que las leyes nos obligan a todos cuando uno cambia las leyes a su gusto? ¿Es superior a cero?
Y, como esto es España, lugar de tronío, la vicepresidenta podría haber dicho sin faltar un ápice a la verdad "las leyes nos obligan a todos, excepto en Eurovegas". De autoridad en España el gobernante anda muy falto. Hay que salir en su defensa movilizando en su provecho las instituciones del Estado. A petición del fiscal, el juez Ruz desecha la comparecencia de Mariano Rajoy como testigo porque, razonan ambos, fiscal y juez, "busca un interés extraprocesal". Podría ser, pero es irrelevante. La comparecencia de Rajoy, presunto perceptor de sobresueldos de origen ilegal, es inexcusable. El proceso mismo lo reclamará y Rajoy tendrá que comparecer a rastras, como lo hizo ante el Congreso.
El juez imputa al gerente del PP de Castilla La Mancha en el más bien fétido asunto de los 200.000 euros evanescentes que, al parecer, se han pagado, se han cobrado y se han volatilizado. La siguiente figura en el pimpampum es Cospedal; una presunta cobradora de sobresueldos nata. Un personaje que aparece perpetuamente implicado en cuestiones de ingresos, pagos, declaraciones, olvidos y requiebros.
La pregunta es pertinente: ¿con qué autoridad hablan? Y la respuesta, evidente: con ninguna. Con ninguna autoridad y con menos sentido común. Esta claro, la mayoría absoluta los justifica a su juicio no solo para no dar explicaciones sino para darlas sin sentido alguno, al albur del capricho de un ministro. Si Rajoy afirma en el Japón que en España se han reducido los costes laborales (o sea, que se han bajado los sueldos) y Montoro asegura, por el contrario, que no se han bajado sino que se limitan a crecer moderadamente, uno de los dos no sabe lo que dice. Y eso es grave.
¿O tampoco?
