El poder político

De las cuatro fuentes del poder social que Michael Mann identifica en su obra magna, Las fuentes del poder social, esto es, las relaciones ideológicas, las económicas, las militares y las políticas, las primeras y las últimas son las más escurridizas y difíciles de tratar Todo el mundo sabe lo que es el poder económico (el capital) y el poder militar (la violencia) pero, al llegar al poder ideológico y el político, la cuestión se torna más imprecisa y compleja. Hay quien piensa que son dos momentos de un mismo poder, de forma que el político es la institucionalización del ideológico y el ideológico, la legitimación del político. Para algunos partidarios de la teoría del Estado como conquista, el poder político es emanación directa del militar y así pensaba Oppenheimer. Para los marxistas, el poder político es emanación del económico, amparado por el militar y justificado por el ideológico. 

El poder político, la capacidad de conseguir la obediencia de los gobernados, se consigue convenciéndolos por las buenas  (ideología) o por las malas (militar), esa dualidad sempiterna entre la auctoritas y la potestas, rebautizada hoy por Nye como "poder blando o suave" y "poder duro". Por supuesto, el poder político es la forma de expresarse del poder económico dominante, el capital.

Las izquierdas han tratado de poner en pie una forma de legitimación que no fuera  del poder económico dominante sino del dominado, algo que hasta la fecha se presentaba como un pensamiento entre reformista y revolucionario. El poder ideológico que justificaría el político de las clases subalternas. Pero no lo han conseguido. Al poder político solo llegan si acaso los reformistas más moderados y están sometidos a un hostigamiento permanente desde el poder económico, de forma que su autoridad es precaria. La idea revolucionaria se había formulado al amparo del sufragio universal. Al ser los trabajadores inmensa mayoría, el voto los llevaría al poder.  Tal cosa no sucedió y la izquierda quedó dividida entre un sector reformista y otro revolucionario. Una división con formas y matices distintos según los momentos y países, pero que aparece siempre, de forma que el gran problema, el sempiterno problema de la izquierda es la unidad, la falta de la cual la hace sucumbir a la derecha, mucho más unitaria.

Innecesario decir que el poder ideológico de la derecha acentúa el discurso unitario con pleno respaldo del poder económico y del militar. Eso hace que su poder político sea sólido, presentado como tal por los medios que controla el poder económico, que no sea nunca precario, ni siquiera cuando se encuentra en minoría.

Ese es el extremo que ilustra a la perfección el magnífico dibujo de Manel Fontdevila. Si no tienes mayoría absoluta, no tienes poder. Pero menos tienen los otros, cuyos porcentajes son aun menores y, además, están divididos y enfrentados. O sea, una buena base de poder político es la impotencia de los adversarios. Por eso puede el gobierno de Rajoy hacer lo que "le da la gana" con el auxilio de una oposición que va por ahí presumiendo de eficaz. 

Tampoco es nuevo. Rajoy ya demostró su capacidad para hacer lo que le da la gana durante el año de mandato en funciones, cuando elaboró la doctrina de que un gobierno en funciones no responde ante el Parlamento y el asunto acabó en el Tribunl Constitucional (TC) en donde, como era de prever, duerme el sueño de los justos.

A la vista del éxito, el consejo de ministros presentará en breve un conflicto de competencias ante el TC para limitar la actividad del legislativo a base de impedirle que pueda levantar los vetos interpuestos por el gobierno en nombre de la intangibilidad de los gastos de la ley de presupuestos. La cuestión es evidente: si el gobierno se sale con la suya (y es probable que lo haga pues el TC está bien surtido de magistrados de su cuerda ideológica), el Parlamento puede irse de vacaciones hasta la próxima cita electoral porque el gobierno podrá bloquear cualquier iniciativa legislativa invocando motivos económicos. 

En efecto, el poder que procede de la impotencia ajena es tan sólido como el que descansa sobre el poder militar. 

El burkini y los valores

Esto del burkini ha sido el tema del verano y a su cuenta se han intercambiado fogosos argumentos en un sentido u otro. Resulta curioso que el debate no sea tanto sobre el hecho en sí (que unas mujeres vayan a bañarse vestidas) como sobre su significado latente; no sobre un comportamiento que pudiera ser vituperable (y que, de hecho, no lo es) como sobre su intencionalidad o presumible propósito. Dicho en plata: si no hubiera habido los atentados recientes en Francia, Bélgica y otros países europeos, a nadie hubiera llamado la atención que unas personas fueran a las playas ataviadas más o menos como nuestras abuelas en sus tiempos. 

Vivimos en sociedades libres en las que el avance de las concepción de los derechos de la persona he hecho retroceder hasta su casi desaparición comportamientos no hace mucho penados como delitos en función de criterios muy elásticos que se prestan a interpretaciones arbitrarias, como la moralidad, el decoro, la decencia públicas. En nuestros días cada cual viste y se comporta como le place. Esta concepción amplia de los derechos solo conoce como límites el interés público y los derechos de los demás. Por supuesto, vuelven a ser límites en el fondo imprecisos. Pero, para llegar a ellos es preciso referirse a casos extremos y por tanto excepcionales. Y la indumentaria de los/las bañistas no suele contarse entre ellos.

En una sociedad democrática-liberal ordinaria la indumentaria y apariencia exterior es libre, carece de sentido y fundamento y es ilegal obligar a la ciudadanía a llevar o dejar de llevar ciertas prendas. Por tanto, la reciente prohibición del burkini en la Costa Azul francesa es una evidente extralimitación que el Consejo Constitucional ha dejado felizmente sin efecto. Es ridículo que la autoridad se arrogue facultades para decidir cómo deben o no deben vestir las personas.

La justificación de la prohibición del burkini, sin embargo, invoca otros argumentos. El más frecuente es el que va más allá de lo puramente fáctico para entrar en el campo de lo semiótico. El burkini debe prohibirse no por lo que es de hecho sino por lo que significa, por el mundo de representaciones mentales, ideológicas, religiosas y, en último término políticas que conlleva. Está claro, dicen, que nadie quiere interferir  en el ejercicio personal de los derechos de las mujeres musulmanas. Aunque tampoco es extraño escuchar observaciones acerca de si estas mujeres son verdaderamente libres o están coaccionadas por usos, creencias, comunitarias y colectivas de las que en el fondo son víctimas. Es algo que merece la pena considerar, sin duda, pero sin olvidar que lo mismo puede decirse y sospecharse de otros comportamientos sociales que pasan incuestionados en la sociedad, singularmente, muchos de los usos y costumbres (y no solo en la indumentaria) de los católicos y sus curas y monjas. La autoridad debe velar porque nadie se vea obligado a actuar en contra de su voluntad por imposición exterior, pero no tiene nada que decir cuando el comportamiento -por muy servil y denigrante que pueda parecer- es libremente consentido por la persona.

Pero el argumento de los prohibicionistas tampoco acaba aquí. Señalan el mencionado hecho del aspecto simbólico de la indumentaria en cuestión, considerando que su importancia radica en su carácter premonitorio. El burkini es una provocación consciente a los valores occidentales y lleva en su seno una amenaza totalitaria de islamización de nuestras sociedades. Estas acogen a los musulmanes, pero no tienen por qué aceptar sus pautas culturales ni sus valores. Cierto. Pero no parece que el burkini en sí mismo encierre esa pontencialidad del mal. Más bien se trata de una sobrerreacción producto del nerviosismo por la sórdida presencia del terrorismo y que, paradójicamente, da la razón a la actitud que quiere combatir a base de cebarse en el sector más débill del conflicto: las mujeres.

La prohibición del burkini es una prueba de debilidad de nuestras sociedades y justifcarla con un razonamiento de carácter preventivo, un evidente abuso de autoridad. Que cada cual vista como quiera, siga los usos que quiera es una pequeña pero muy significativa parte de nuestra idea de la libertad. Admitir la injerencia de la autoridad pública en la vida privada de la gente por oscuros motivos de moralidad  o previsiones de seguridad pública basadas en meras suposiciones es lo que verdaderamente ataca los valores de la tradición liberal y tolerante de nuestros Estados.

¿Con qué autoridad hablan?

Al final del consejo de ministros, en rueda de prensa, la vicepresidenta del gobierno tuvo el arrojo de acusar de defraudadores a medio millón de desempleados, siendo así que quienes han defraudado son unos cinco mil. Un problema de comunicación política, dirán algunos. Más parece un problema grave de amnesia. El PP ha aprobado una amnistía a los grandes defraudadores; él mismo como partido está acusado de financiación ilegal; sus dirigentes, incluida la vicepresidenta, de haber cobrado sobresueldos de un dinero que cada vez parece más negro. El pueblo llano a eso lo llama morro. Los analistas políticos somos más correctos políticamente y lo llamamos tupé.

Dice Sáenz de Santamía que las leyes nos obligan a todos, lo cual, como siempre, tampoco es cierto. A ellos no los obligan porque, cuando los obligan, simplemente, cambian las leyes. Exactamente lo que hicieron, lo primero que hicieron, al llegar al gobierno: modificar la Ley de RTVE para poder designar director del invento con sus solos votos a un fiel propagandista de la causa. ¿Cuál es la validez moral, la autoridad, de la afirmación de que las leyes nos obligan a todos cuando uno cambia las leyes a su gusto? ¿Es superior a cero?

Y, como esto es España, lugar de tronío, la vicepresidenta podría haber dicho sin faltar un ápice a la verdad "las leyes nos obligan a todos, excepto en Eurovegas". De autoridad en España el gobernante anda muy falto. Hay que salir en su defensa movilizando en su provecho las instituciones del Estado. A petición del fiscal, el juez Ruz desecha la comparecencia de Mariano Rajoy como testigo porque, razonan ambos, fiscal y juez, "busca un interés extraprocesal". Podría ser, pero es irrelevante. La comparecencia de Rajoy, presunto perceptor de sobresueldos de origen ilegal, es inexcusable. El proceso mismo lo reclamará y Rajoy tendrá que comparecer a rastras, como lo hizo ante el Congreso.

El juez imputa al gerente del PP de Castilla La Mancha en el más bien fétido asunto de los 200.000 euros evanescentes que, al parecer, se han pagado, se han cobrado y se han volatilizado. La siguiente figura en el pimpampum es Cospedal; una presunta cobradora de sobresueldos nata. Un personaje que aparece perpetuamente implicado en cuestiones de ingresos, pagos, declaraciones, olvidos y requiebros.

La pregunta es pertinente: ¿con qué autoridad hablan? Y la respuesta, evidente: con ninguna. Con ninguna autoridad y con menos sentido común. Esta claro, la mayoría absoluta los justifica a su juicio no solo para no dar explicaciones sino para darlas sin sentido alguno, al albur del capricho de un ministro. Si Rajoy afirma en el Japón que en España se han reducido los costes laborales (o sea, que se han bajado los sueldos) y Montoro asegura, por el contrario, que no se han bajado sino que se limitan a crecer moderadamente, uno de los dos no sabe lo que dice. Y eso es grave.

¿O tampoco?