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Según la encuesta de Metroscopia para El País, el apoyo popular a Rajoy está bajo mínimos. El 84% de la población confía poco o nada en él y el 74% desaprueba su labor de gobierno. Aquí hay poco consentimiento lockeano. Hasta los suyos lo rechazan. Cerca de la mitad de votantes del PP tiene una impresión negativa del gobierno. Y el 68% de la población opina que improvisa sobre la marcha. Es imposible confiar en alguien que improvisa y que, por cierto, se pasó meses acusando a su adversario de improvisar.
¡Alto ahí! Ruge fiero Rajoy. Eso son sondeos. El consentimiento del pueblo se mide aquí cada cuatro años en unas elecciones libres en las que la gente vota un programa para eso, para cuatro años. Lo demás es filfa.
Efectivamente, así es, responde Palinuro en nombre de Locke, pero es que usted ganó las elecciones con otro programa. Usted pidió el consentimiento para hacer una cosa y está haciendo la contraria. Engañó usted a la gente. Incluidos, como bien se ve, los suyos. Esas elecciones, caballero, fueron una estafa. Usted mismo lo reconoció al admitir que estaba haciendo lo contrario de lo prometido, pero que seguiría haciéndolo si creía que era lo mejor para España. Pero no es usted quien tiene que decidir eso, sino los votantes. Salvo que usted entienda la democracia como un lugar en el cual la gente vota cada cuatro años a un lider carismático con carta blanca para hacer lo que quiera, incluso romper sus promesas. ¿Por qué no entonces abolir las eleciones?
Las instituciones, hasta las más flexibles, son rígidas y tienden a ignorar la voz de la calle. Obviamente Rajoy puede seguir gobernando pues cuenta con holgada mayoría parlamentaria. Pero es un poder fáctico, no moral. Así se comporta, de hecho. Incluso menosprecia al Parlamento y gobierna por Decreto-ley. ¿Para qué perder el tiempo? El creciente descontento en la calle, las manifestaciones continuas (por cierto, tres hurras por la Marea blanca por la lucha del personal sanitario, digno descendiente de su antecesor Locke), los millones de horas perdidas en huelgas, el desbarajuste en todos los sectores, el conflicto territorial de nuevo arreciando, a todo eso puede hacerse frente, piensa el gobierno, con la fuerza pública.
Es legal; pero ¿es legítimo? ¿No sería lo legítimo convocar nuevas elecciones o, cuando menos, como piden los sindicatos, un referéndum sobre el nuevo programa?
(La imagen es una foto de La Moncloa en el dominio público).