El mes de julio pasado, Juan Torres López publicaba en El País de Andalucía un gran artículo titulado La dictadura del decreto ley, cuyo contenido se deduce del título: el gobierno de Rajoy desprecia e ignora el Parlamento en su función legislativa y gobierna por decreto ley, lo cual implica una clara deriva dictatorial porque priva al órgano legislativo de la facultad de debatir los proyectos de ley y lo convierte en una pseudocámara sancionadora.
No se trata solamente de que en el sistema español, como en muchos otros parlamentarios, se produzca una situación de privilegio del gobierno sobre el parlamento en la medida en que, por diversas razones, aquel acapara casi toda la actividad legislativa, vía proyectos de ley. No es una mera descompensación del equilibrio entre el ejecutivo y el legislativo, pero que reserva a este su monopolio de la función legislativa. Es algo mucho peor. Es un absoluto desprecio del Parlamento y una clara deriva dictatorial de este gobierno de franquistas. El artículo de Torres López es incluso caritativo. Veamos.
El desprecio al Parlamento se da desde el primer momento y no solo en la función legislativa. Rajoy no lo pisa. El que "iba a dar la cara" no acude jamás a las sesiones parlamentarias. El presidente no asiste al 85% de las sesiones en que hay votaciones. En las que no hay votaciones, la ausencia es del 100%. De un parlamento del que es diputado y del que deriva parte de sus ingresos (exactamente cuánta, seguimos sin saberlo) que sufragamos todos los españoles. Otra más de las innumerables mentiras con que este individuo ha construido su imagen política. Tampoco asiste cuando, en inútil ejercicio de su competencia de control del gobierno, el Parlamento reclama expresamente su presencia o la de alguno de sus ministros para dar cuenta de los frecuentes desaguisados que se organizan en este desgobierno de latrocinio y corrupción en que se ha convertido España. De los tres años de legislatura, el gobierno ha ignorado el 63% de las peticiones de comparecencia parlamentaria de Rajoy o sus ministros. Es decir, el gobierno no rinde cuentas de sus actos a los representantes populares sino cuando le da la gana y como le da la gana. Ignora el Parlamento siempre que quiere y eso es dictadura.
Los datos del gobierno por decreto son también apabullantes. En el primer año de legislatura, 2012, en España se aprobaron 28 decretos-leyes frente a 16 leyes y en los años sucesivos se ha seguido a este ritmo o peor. El mismo personaje que iba a potenciar el papel del Parlamento, gobierna por ukase. Pero no acaba ahí la querencia por la dictadura de estos personajes cobradores de sobresueldos, sobrepagas, mordidas, comisiones o "incentivos". No sería bastante. Con el autoritarismo de los decretos va también la necesidad de acabar con la seguridad jurídica de la democracia y el Estado de derecho para dejarlo todo al arbitrio omnímodo del dictador. No se trata tan solo de que un Decreto-Ley vaya en el lugar en donde debiera ir una ley debidamente debatida en el parlamento y votada. Se trata de que, con uno de esos decretos se puede literalmente volar parte del ordenamiento jurídico. Con el famoso Decreto Ley pomposamente llamado de "Medidas urgentes para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia" y aprobado el 10 de julio de 2014 se cambiaron de golpe 26 leyes vigentes sin el menor tipo de debate en el Parlamento.
Así, a la vista de que las leyes aprobadas por el Parlamento y en vigor pueden cambiarse sin debate posible por arbitrio del gobierno cuando a su jefe le dé la gana cabe calibrar el valor y la ética de la respuesta de Rajoy a las peticiones del soberanismo catalán en el sentido de que hay siempre que respetar la ley. Como en todas las dictaduras hay que respetar la ley cuando le da la gana al dictador y, cuando a este le parece, la ley se cambia sin necesidad de debatir nada en el parlamento.
La coronación de este edificio de dictadura de hecho y democracia de fachada es esa Ley Mordaza con la que se pretende amenazar, amedrentar a la población, criminalizar, sofocar y perseguir las protestas, reprimir los derechos y libertades de los ciudadanos, garantizar la impunidad de las fuerzas represivas hagan lo que hagan y establecer un Estado policía en el que se persigan faltas y delitos "políticos" prescindiendo de control judicial.
Para acabar de perfilar el carácter de este gobierno, el peor, más desalmado, incompetente, corrupto e inútil que ha tenido la España democrática, no puede olvidarse que es el de un partido acusado por un juez de haberse lucrado con la participación en un presunto delito de financiación ilegal y que, a tenor de la cantidad de dirigentes y cuadros involucrados en procesos penales por corrupción puede considerarse como una organización de malhechores más que un partido. Y, no se olvide, presidido por un político acusado de haber cobrado sobresueldos de origen oscuro, de haber recibido regalos aun más oscuros y de mentir de modo continuo, contumaz, sistemático al Parlamento, a sus electores y al conjunto de la ciudadanía.
(La imagen es una foto de La Moncloa en el dominio público).
