La enmienda primera de la Constitución de los Estados Unidos (la que encabeza su declaración de derechos) dice: "el congreso no aprobará ley alguna para imponer o prohibir ninguna religión; ni para restringir la libertad de expresión o de prensa; o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y pedir al gobierno que atienda a sus agravios" (Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances).
A tenor de esa Constitución vigente en los Estados Unidos, la Ley Mordaza que entra hoy en vigor en la gran nación española, sería nula por inconstitucional. Aquí, no se sabe, porque dependerá de la decisión de un Tribunal Constitucional presidido por un militante (o exmilitante) del partido del ministro que la ha hecho aprobar. Esta norma retrotrae el Reino de España no a los tiempos del franquismo, como suele decirse con razón, sino al siglo XVIII, antes de las revoluciones burguesas; al siglo XVII, antes de la llamada "gloriosa" británica. Es una ley que consagra la arbitrariedad del poder despótico frente a los derechos de los ciudadanos.
En la neohabla del autoritarismo gubernamental, la ley se llama de seguridad ciudadana, pero, en realidad, produce inseguridad desde el momento en que arrebata a los jueces la competencia para sancionar determinados comportamientos. Se la otorga a las autoridades administrativas y, en realidad, a las fuerzas de orden público, que actúan como juez y parte y aparecen protegidas no por la presunción de legalidad sino por la de infalibilidad e impunidad. Cosa que se ve por cuanto se considera punible la demostración gráfica de su comportamiento. ¿Por qué motivo se prohíben las fotos de los agentes de la autoridad en sus actuaciones públicas si no es porque se pretende garantizarles impunidad?
Esa ley no protege a los ciudadanos sino que trata de amedrentarlos e impedir, con sanciones arbitrarias y abusivas, que hagan uso de sus derechos. Es una ley tiránica que ampara el hostigamiento de la ciudadanía para yugular todo intento de crítica o protesta por los medios que sean. Con esta ley, de contenido franquista, como sostiene el New York Times, pretende despedirse este gobierno nacionalcatólico, autoritario y acosado por la corrupción, o sea, neofranquista.
Una ley de este alcance, aprobada con los votos de un solo partido, habrá de ser derogada en su integridad por cualquier otro gobierno sin duda con los votos de los demás partidos.
