Este del "oden público" es un concepto muy complicado por ser muy subjetivo. Lo que unos llaman "orden", otros lo llaman "desorden". Es decir, es interpretable, aunque la delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, parezca creer que es un concepto unívoco, como "piedra pómez", por ejemplo, y coincidente al dedillo con su idea del orden público. Una idea maximalista, cual se echa de ver en el desmesurado lenguaje que emplea al referirse al movimiento/marea ocupa el congreso como un golpe de Estado encubierto. Si se le hace el favor de no preguntarle qué diantres quiera decir "encubierto", el solo término golpe de Estado pone el orden público en términos militares. En un golpe de Estado tiene que intervenir el ejército, por supuesto. Pero solo si se acepta el disparate de llamar a un movimiento cívico pacífico golpe de Estado.
La gestión hasta la fecha de Cifuentes muestra una jefa de la policía con una idea del orden público en la tradición reaccionaria de ¡El orden reina en Varsovia! o ¡El orden reina en Berlín!, en el eco que se hizo Rosa Luxembourg, horas antes de que la asesinaran. El orden del silencio, de la represión. La diferencia entre Cifuentes y quienes mandaban a los soldados a asesinar civiles es que ahora, de momento, no hace falta recurrir a tales brutalidades pues se dispone de una amplísima panoplia de medios tecnológicos avanzados que permiten reprimir preventivamente las alteraciones del orden público. La palabra mágica es prevención, siempre mejor, se dice, que la represión. Eso depende, como siempre, de qué se quiera prevenir. Puede llevar, por ejemplo, a detener gente porque se supone que tiene intención de cometer un delito. Que es exactamente lo que hacía Franco, mandando detener a todos los desafectos de los lugares que pensaba visitar, que figuraban en listas de la policía y la Guardia Civil.
Listas como las que Cifuentes dice tener, con unos mil sospechosos identificados. Listas ilegales. Los tribunales de justicia deben entender en el caso de una autoridad que recopila datos de los ciudadanos sin la autorización de estos, sin mandato judicial, por meras sospechas. Es cierto que los ciudadanos están denunciando a la policía por identificaciones intimidatorias de carácter político y detenciones ilegales. Y hacen muy bien. Pero es necesario igualmente denunciar ante los tribunales el hecho de que la delegación del gobierno espíe a la gente y confeccione listas de sospechosos.
En los tiempos de la cameralística y en el siglo de oro del derecho público español, al recto gobierno de la colectividad se le decía policiar el reino y un tratado de policía era, en realidad, uno de política. Más tarde, cuando las dos se escindieron y la política ascendió a los grandes temas de Estado, la policía se quedó en una actividad pretendidamente técnica de garantía del orden público. Como tal actividad supuestamente técnica tiende a aislarse de la política, a independizarse, a convertirse en un Estado dentro del Estado; el Estado policía. Es el peligro de las concepciones autoritarias del orden público al estilo de Cifuentes. Y por las listas se empieza.
Porque las listas son solamente una pieza de un plan diseñado por Cifuentes para atemorizar a la población de Madrid. Además de emplear conceptos tremebundos y espiar a la población, la delegada del gobierno se vale de la policía para merodear por las calles hostigando a los ciudadanos, provocándolos y amenazándolos con detenerlos si van a la manifa del 25S. Es decir, Cifuentes basa el orden público en una táctica de desvertebrar el movimiento antes de que este haya podido actuar dentro de la más estricta legalidad, pero presuponiendo la ilegalidad. Para aflorar esta se empieza actuando a su vez de forma ilegal, provocando, tratando de encender conflictos que justifiquen la represión abierta y se termina comulgando con la idea del orden público de Martínez Anido, buen modelo para Cifuentes, y el somatén. Dicho en otros términos, el orden público basado en la intimidación y el miedo. Un orden público fascista.
Como, a pesar de todo, estamos en algo parecido a una democracia, a la hora de justificar las detenciones, la jefa de la policía tiene que esgrimir un delito y este es indefectiblemente el de resistencia a la autoridad que, por supuesto, se inventa cada vez que lo enuncia. Por desgracia para Cifuentes, los ciudadanos van ya por la calle con móviles, tablets y demás artilugios para grabar lo que sucede y bien a la vista está que las detenciones del día 15 se hicieron por la pancarta. Lógicamente, todo ciudadano al que se detiene arbitrariamente no solo puede sino que debe resistirse a que se le prive del derecho fundamental de libre circulación si no es en debido proceso. Convertir esa legítima defensa en la causa originaria de la detención es una desvergüenza que la señora Cifuentes debiera tener el decoro de evitarnos.
Su concepción del orden público arbitraria, provocadora, llena de incidentes de infiltrados, sesgada hacia los católicos y la ultraderecha y hostil a todo movimiento ciudadano democrático y libre es una fórmula muy eficaz para provocar un conflicto civil. No será la primera vez que se da un golpe de Estado con la excusa de evitar un golpe de Estado.
