En su todavía breve mandato, Cristina Cifuentes, delegada del gobierno en Madrid, ha hecho méritos suficientes para comparecer ante una comisión parlamentaria de investigación que le ayude a entender la diferencia entre una policía democrática y la de un país fascista.
Desde el momento de su toma de posesión, esta mujer, cuyo marido resulta ser un prófugo de la justicia, mostró profunda hostilidad hacia el movimiento de los indignados y los intentos de la gente de ejercitar sus derechos de reunión y manifestación. De la hostilidad a la manipulación, el embuste y la provocación no hay más que un paso. Son ya reiteradas las ocasiones en que su departamento tolera que los grupos reaccionarios, ultracatólicos y fascistas (o sea, los suyos) se apoderen de la calle mientras restringe hasta intentar yugularlas las actividades de las agrupaciones y asociaciones democráticas, librepensadoras y ateas. Aplica tan escandalosa doble vara de medir que ya debería estar en los juzgados. Por ejemplo: los ateos y librepensadores no podían manifestarse en Madrid en Pascua porque había riesgo de violencia al cruzarse con las procesiones de los comecirios. Pero ayer los fascistas podían manifestarse por Madrid durante los actos de protesta contra el gobierno. ¿Su finalidad con esta provocación? Ver si, efecto se produce violencia que justifique la intervención policial y la criminalización de los demócratas a través de las acusaciones normalmente inventadas de la policía.
Su finalidad, que ella cree muy astuta, es esa: provocar alteraciones de orden público para reprimir a mansalva. Y está tan segura de lo acertado de su política que hace unos días se jactaba de tener listas con los nombres de los elementos más activos en las protestas. Solo esta confesión hubiera bastado para que, en cualquier país democrático de Europa, el gobierno la hubiera expulsado del cargo de una patada en el culo. Aquí, no. Aquí, al contrario, Cifuentes tuvo hoy a la policía, empleada como fuerza de choque, guardia pretoriana o guardia de asalto, intimidando y hostigando ciudadanos pacíficos en Madrid, identificando y amenazando a la gente que, en uso de sus derechos constitucionales, estaba reunida en el Retiro. Al que se resiste lo detienen.
Cifuentes, digna discípula del Fraga ministro del Interior de un gobierno fascista, también piensa que la "calle es suya". La calle, la plaza, los jardines, todo espacio público debe estar cerrado a la protesta y emplearse para perseguir a la gente y aporrearla.
Eso es puro fascismo.
Como también lo son las reformas de los ministros Wert y Gallardón en Educación y Justicia respectivamente. Un fascismo más engolado, circunspecto, aparentemente más civilizado que el de la policía Cifuentes, pero igual de siniestro y mucho más repugnante porque es hipócrita y pretende ser otra cosa. Antonio Avendaño publica hoy en digital publico.es un magnífico artículo titulado La doble traición de Wert y Gallardón en el que muestra su decepción porque estos dos ministros, que pasaban por ser parte de la derecha civilizada, hayan resultado los más carcundas, ultramontanos, reaccionarios y clericales. Que se restablezca pronto del disgusto y aprenda a no confiar más en las mentiras de estos nacionalcatólicos encubiertos que compensan la conciencia de su mediocridad con un profundo sentimiento fascista que termina aflorando siempre.
Que las reformas de Wert hunden la educación como servicio público gratuito de calidad en todos los niveles y que la entrega al nacionalcatolicismo más retrógrado ya no es un secreto para nadie.
Más nuevo es el ataque de Gallardón a los derechos y libertades básicos de los ciudadanos. Las primeras víctimas, las mujeres, a quienes este monaguillo de la jerarquía ha negado el derecho al aborto para satisfacer el oscurantismo de la secta católica al que ajusta su comportamiento. Y detrás de las mujeres, vienen los homosexuales, a quienes reduce a ciudadanos de segunda por no tener derechos iguales que los otros y a los que en poco tiempo, empezará a perseguirse de nuevo con la entusiasta colaboración de los curas, incluidos por supuesto, los pederastas, que suelen ser los peores enemigos de la igualdad en asuntos sexuales.
El fascismo gallardónico emerge ahora con la proyectada reforma del Código Penal. Palinuro lo ha dicho a menudo: siempre que la derecha gobierna, lo primero que hace es actualizar las prisiones, los tribunales, la policía, el código penal. Es su mentalidad autoritaria: los problemas sociales se arreglan metiendo a la gente en la cárcelo. Esta reforma pone la justicia a los pies del ministerio del interior y al servicio de la arbitrariedad policial: tipifica como delitos comportamientos como la resistencia pasiva que no lo son en ningún país del mundo, pretende criminalizar la desobediencia civil, que es la forma más honrada y moral de protestar en democracia y negar la libertad de expresión en las redes, algo tan evidentemente fascista que hasta da reparos al propio Gallardón, quien está tratando de suavizar la censura y la persecución.
Las respuestas de la oposición extraparlamentaria y parlamentaria a esta orgía de fascismo represor debe ser siempre la misma: mantener la no violencia a toda costa, no responder a las provocaciones, emplear la legalidad en legítima defensa, denunciar todas las conductas ilegales de las fuerzas de represión y recurrir por obviamente inconstitucionales las reformas de Gallardón todas ellas al servicio de la iglesia y de un gobierno que, no pudiendo responder democráticamente ante los ciudadanos, prefiere atemorizarlos, perseguirlos, amenazarlos, detenerlos arbitrariamente, abusar de ellos y condenarlos injustamente.
Fascismo.
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