España no es un Estado de derecho sino un Estado de hecho. El gobierno ha suspendido la Constitución con el beneplácito de la mayoría de la oposición formalmente para una parte del territorio, materialmente para todo él. La norma suspensiva es ilimitada en tiempo y espacio.
El poder prescinde de formalidades institucionales, comisiones, comités, consejos y se ejerce por la vía personal. El presidente y sus dos aliados forman un triuvirato de acción. A veces deciden crear un grupo de trabajo, una task force, de acción inmediata, según sean las circunstancias, como este acuerdo bilateral Rajoy/Rivera de mantener el 155, la norma de plenos poderes (compartidos, según se ve) de la dictadura. Seguro que este acuerdo levanta celos en el PSOE, excluido de tan trascendental decisión con la que, además, está de acuerdo. En desagravio, habrá nueva foto de a dos, Rajoy/Sánchez o una del triunvirato en plena gloria. El otro partido de la izquierda, Podemos, no suele ser invitado a estas reuniones del mando, aunque su relación con el 155 tampoco es enteramente antagónica, a pesar de su recurso de inconstitucionalidad. Había que recurrirlo, sí, pero en el fondo su aplicación era comprensible por la tozudez de los indepes.
No gustaron a los triunviros los resultados de las elecciones y no quieren aceptarlos, así que: 155, los presos siguen en la cárcel con sus derechos políticos negados y los exiliados en el exilio en idéntica condición.
¿Se pueden constituir Parlament y govern en estas circunstancias? Parece poco probable. Sobre todo porque, aunque los indepes aceptaran integrar los órganos sustituyendo a los encarcelados y presos, la situación que se crearía, con una Generalitat dirigida desde el exilio y la cárcel, sería inviable y justificaría el mantenimiento del 155 con la única perspectiva de volver a convocar elecciones que darían un resultado igual o superior del independentismo.
Raro mérito el del presidente M. Rajoy, ha arruinado el país y lo ha hecho políticamente inviable.