El trabajo asoma ya mismo, como primera manifestación práctica de las elecciones del 27 de septiembre: la junta de gobierno de Memorial Democrático, un organismo de la Generalitat ha resuelto condenar políticamente al general Franco y la dictadura franquista y pedir la nulidad del juicio al presidente catalán Lluís Companys y del resto de procesos contra los represaliados.
Esa decisión debió tomarse en España hace cuarenta años. No se hizo entonces y tampoco se hizo después, cuando el gobierno Zapatero sacó adelante la conocida como Ley de Memoria Histórica en 2007. Era muy insatisfactoria porque reculaba precisamente ante el problema, el abismo insondable que plantea la decisión de Memorial Democrático: la condena al dictador Franco será política pero la petición de nulidad del proceso de Companys y resto de actuaciones judiciales solo puede hacerse con efectos jurídicos. 40 años de institucionalidad de la dictadura se hunden como San Francisco en 1905. Y, detrás vendrán las demandas patrimoniales porque los fascistas no solo asesinaron a mucha gente y la encarcelaron injustamente sino que perpetraron todo tipo de robos, expolios, confiscaciones fraudulentas. Mucha gente ha vivido muy bien de lo que robó a los republicanos vencidos, exiliados, fusilados. Por eso España no puede encarar con justicia su pasado, porque se construyó sobre una monstruosa injusticia cuyos testimonios se cuentan por decenas de miles en las fosas de las cunetas. El PSOE entrevió el oscuro rostro de la bestia del pasado español y decidió limitarse a abrir aquellas, pero sin anular nada ni pedir responsabilidades.
Ahora lo hará el Parlamento de Cataluña. No tengo duda de que aprobará la moción y tampoco la tengo de que el PP y C's votarán en contra. El PSC no sé. Salta al paso multitud de cuestiones sobre la eficacia y alcance jurídico de esta decisión. Se perfila una situación transitoria interesante: al condenar la dictadura es como si el Parlament declarara Cataluña territorio libre de franquismo en uso de su soberanía de hecho. Pero, al pedir la nulidad de las causas, ejerce el derecho de petición ante una autoridad que reconoce superior. Toda transición tiene sus contradicciones. Lo que está claro es que en Cataluña se acaba por fin el franquismo que, sin embargo, está muy presente en España, en callejeros, nombres, títulos, placas, monumentos, cruces, el Valle de los Caídos y la Fundación Francisco Franco.
El propio gobierno del Estado, ese que suprime la dotación presupuestaria de la Ley de la Memoria Histórica porque no está interesado ni siquiera en desenterrar a los asesinados, está compuesto por franquistas, bien de ascendencia familiar, bien ideológica o ambas vías a la vez.
No somos lo mismo.
