Desde la generación del 98, los atribulados liberales y progresistas españoles han visto en Europa su tabla de salvación frente a la brutalidad carpetovetónica, normalmente impuesta a sangre y fuego. No tenían muy claro cuándo se separó España del continente y tampoco cuánto duraría dicha separación que ellos encontraban (aunque no todos) insoportable. Hoy tenemos alguna respuesta más: España se distanció de Europa con la Contrarreforma y se enquistó en la defensa de unos principios absurdos y unos intereses oligárquicos y eclesiásticos muy concretos que la tienen postrada al día de hoy. El tiempo de la separación, a pesar de las jeremiadas de los del 98, los del 14 y los del 27, también llegaría a la actualidad.
Quienes nacimos en el franquismo sabemos que, en el fondo, la oposición jamás confió en sus propias fuerzas contra la dictadura, y esperaba, más o menos claramente, una intervención europea que nos salvara de la barbarie nacionalcatólica reinante durante 40 años y hoy de nuevo rampante.
Lo primero que hicieron los de la transición fue integrar el País en la CE en la ingenua creencia de que integrarlo en las estructuras era reintegrarlo en el espíritu europeo. Falso. España sigue siendo el mismo nido de intolerancia, represión, autoritarismo, clericalismo, estupidez y fascismo del tiempo de Franco. Con el añadido de que los franquistas actuales ganan a los anteriores en corrupción, sivergonzonería y afición al pillaje.
Lo anterior es el trasfondo de la última pirueta de la carcunda hispana en Europa que parece haber encontrado respuesta negativa en el continente, aunque con la habitual blandenguería del lugar. El gobierno del PP aprovechó su mayoría absoluta en la Xª legislatura para perpetrar el trágala de una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (TC) y atribuir a este competencias ejecutivas de sus propias sentencias. Esta decisión es una muestra típica del talante dictatorial de los neofranquistas del PP porque, al margen de otras consideraciones, aquí innecesaraias, equivale a convertir en agente político-policial a una instancia que ni siquiera es un tribunal de justicia, sino un órgano político que rellenan a su arbitrio los dos partidos dinásticos, repartiéndose las plazas y dejando de vez en cuando un sillín a algún representante autonómico. Todos sus magistrados son elegidos por sus filiaciones políticas y su anterior presidente, así como el que viene, son militantes radicales del partido de la derecha y el último, además, un sectario del Opus. La reforma permite al TC presentarse como lo que en realidad es: un órgano político al servicio del PP y, subsidiariamente del PSOE en la medida en que este se adapta al PP.
El dictamen del órgano consultivo del Consejo de Europa avisa de lo evidente: convertir en tribunal y corchete de sus propias decisiones a una camarilla de servidores del poder político es contrario al Estado de derecho, un atentado contra la separación de poderes y un paso más en el camino a la dictadura que es el único que conocen las recuas derechistas. El Consejo de Europa lo dice en tono melifluo, sobre todo porque el Estado español se ha empleado a fondo en lo único que hace a gusto: presionar a las escondidas, comprar voluntades, mentir, chantajear, amenazar y recurrir a la guerra sucia para conseguir que el dictamen no sea tan crítico con la habitual brutalidad autoritaria española.
Pero todo el mundo entiende de qué va este negocio: dar una apariencia de legalidad a las medidas antijuíridicas, represivas que están tomándose con Cataluña y seguirán tomándose. Así lo ha entendido el principal monaguillo del PP en los medios, El País que anuncia que el Consejo de Europa valida la reforma del Constitucional pero pide mejoras. Dos maneras de presentar la noticia: una crítica y la otra, servil. El País sabe de sobra, o debiera saber, que cuando el órgano europeo advierte de que el TC no debe tener esas facultades policiales, ignora de qué TC se está hablando y, en su buena fe típicamente europea, cree que es un tribunal imparcial y no un grupo de mandados al servicio de la derecha en su agresión a Cataluña. Y dar a un grupo de mandados del gobierno capacidad para juzgar y ejecutar lo juzgado es dar el último paso hacia la dictadura.
O Europa es más consecuente contra esta banda de delincuentes que, como siempre, viene engañando, o dentro de nada se encontrará con un estado de excepción en Cataluña.
