El pueblo contra la banda de ladrones

Tenía que pasar, tenía que pasar, era imposible que no pasara...Por fin, el ejemplo de Catalunya, la lucha de los catalanes, sus movilizaciones pacíficas, masivas, democráticas, día a día, mes a mes, any rere any, acabaron prendiendo en el resto del Estado, entre las gentes de otras partes de la península. Hacían estas como que no veían, que no se enteraban. Al fin y al cabo, son catalanes, muy suyos; nada en común con los demás; hablan una lengua extraña.  "A por ellos" gritaban algunos descerebrados.

Pero, en sus casas, en sus trabajos, en sus familias, poco a poco iba penetrando la idea de que los catalanes luchaban por lo que era suyo, por su dignidad, su libertad, su patrimonio. Algo que todo el mundo entiende y, en el fondo, aplaude. Y poco a poco, empezaron a interesarse, a considerar la posibilidad de hacer lo mismo. Dar un paso al frente, salir a la calle, protestar.

Empezaron los jubilados convocando su primera manifa y haciendo realidad esas preciosas líneas de Juan Leyva: En el 68 fueron los estudiantes/en el 2018 los jubilados./Es decir, los mismos. Pero cometieron el error de convocarla el 1-O y, claro, el referéndum catalán la borró del mapa mediático. No obstante, muchos aprendimos de ese error: la banda de ladrones que gobierna España está dispuesta a todo, literalmente a todo, con tal de seguir robando. Si en la salvaje represión del 1-0 no hubo muertos fue de casualidad. Pero ahora ya lo sabíamos: Emepuntorajoy (a) El Sobresueldos y su pandilla no pararán en barras, sobre todo con el 155 y la tiranía de hecho que les garantiza. 

Entre tanto, las mujeres salieron a la calle. Víctimas de mil y un agravios, tenían sobradas razones: violencia machista, brecha salarial, abusos de todo tipo, etc. Y se hicieron ver y oír. Tanto que los políticos (y políticas) de la derecha, que se habían reído de la convocatoria y, como siempre, habían insultado a las feministas, acabaron luciendo lacitos morados y balbuciendo mentiras sobre lo mucho que apoyaban la causa de las mujeres, ellos, que suelen ser unos macarras y ellas unas siervas de los sietemachos. Sin sentido del ridículo ni dignidad algunos. Solo por los votos.

Volvieron luego los jubiladas, llenaron calles, plazas, avenidas para protestar por el robo de las pensiones perpetrado por el hatajo de sinvergüenzas del gobierno que condenaron a los viejos ya en 2013 a la paulatina erosión de sus ingresos con la fórmula de revalorización automática, lineal y única del 0,25 que es un escarnio. Pero ningún partido de la oposición dijo ni hizo nada a pesar de que este atraco se basaba en desvincular las pensiones del IPC y, por tanto, romper el Pacto de Toledo. Ni palabra. Si los jubilados no protestaban, a la oposición le iba bien.

Como no vieron la manifa del 1-O porque estaban todos acobardados con el referéndum catalán (que, por cierto, fue un éxito) no vieron a los pensionistas. Así que, cuando estos reaparecieron en masa, todos los partidos dinásticos (es decir, todos los de ámbito estatal) se sumaron a la manifestación y algunos hasta trataron de atribuírsela con todo el morro. 

En el ínterin, los catalanes seguían con su lucha solitaria, en defensa de su derecho de autodeterminación, la República Catalana y la libertad de los presos, el retorno de los exiliados, la devolución de los patrimonios embargados, etc. Y la banda de forajidos en el gobierno incrementaba la dureza de su represión: 155, más porrazos, detenciones, bandas de fascistas por las calles, etc. Represión que saltó fuera de Cataluña y se cebó durante semanas en Murcia y luego en el Lavapiés, en Madrid. Se cumplía la profecía de Martin Niemöller: cuando fueron "a por" los catalanes, los demás no se movieron; después fueron "a por" los demás.

Entre tanto, en el Parlamento, la clase política -toda ella, extrema derecha, derecha, centro y centro izquierda- mostraba su alma más vil y ruin en el debate sobre las pensiones. Los diputadas de los 4 partidos dinásticos "nacionales", todas ellos con salarios estratosféricos, canonjías, prebendas, complementos y subvenciones que pueden totalizar diez, doce, quince mil euros al mes (año y medio o dos años de pensiones/basura) y con jubilaciones de cine, regateaban unos euros a nueve millones de depauperados pensionistas y se reían de ellos. Dos ejemplares de auténticas vergüenzas morales, como Celia Villalobos y Fátima Báñez, pretendían burlarse de los jubilados en su estilo de sacristía hipócrita .

Así que los pensionistas volvieron ayer a la calle a decenas de miles para vergüenza de una izquierda egoísta que solo se atrevió a sumarse a la manifa con algún vano y desvergonzado intento de capitalizarla. Por fortuna no pueden porque los viejos no son los ingenuos del 15M, a los que los espabilados de Podemos casi consiguieron engañar.

Al mismo tiempo, salía también a la calle la gente en contra de la Ley Mordaza. Esa que la oposición se había comprometido a derogar hace dos años y que ahí sigue en vigor, enviando a la cárcel a gente que no ha hecho nada salvo tener la honradez y el valor de decir lo que todos pensamos. Lo que los de izquierdas, cortesanos y tiralevitas del zángano real, no se atreven a decir porque ya forman parte de este sistema corrupto. 

En el colmo del cinismo granuja el Sobresueldos, presionado por una calle movilizada, se atreve a prometer que, si "sigue la recuperación económica" subirá más las pensiones. Como si fueran suyas, le salieran del bolsillo o tuviera el mínimo derecho a hacerlo. Y nadie en la izquierda protesta y explica que las pensiones son un derecho de los trabajadores y que nadie, gobernante o no gobernante tiene derecho a subirlas, bajarlas o tocarlas si no es con el acuerdo de los propios jubilados.

Porque tanto la lucha de los pensionistas como la de los catalanes, las mujeres y los ciudadanos por la libertad de expresión se encuentran al albur de unos desaprensivos y mangantes que, mientras se forran con lo que no es suyo, pretenden dictar normas y medidas que afectan a los demás y a lo que no tienen derecho alguno. 

Fuera las zarpas de los partidos dinásticos de Catalunya, de las pensiones, de la libertad de expresión. Libertad para Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Oriol Junqueras y Joquim Forn.

Corral de pícaros

La realidad supera la ficción, dice el saber convencional, ignorando, por ejemplo, que gran parte de la realidad procede de la fición. Si se duda, léase la Biblia. Pero, aceptado, la realidad nunca defrauda. Llega a desbordar la capacidad de los más sesudos analistas y hace desfallecer a los más audaces cronistas. 

Nadie puede aspirar ya a confeccionar un cuadro único del desbarajuste que ha organizado en Madrid esta pandilla de mangantes desde que abrió fuego con el famoso Tamayazo. Mejor dicho, desde antes, porque el Tamayazo se dio para evitar que la oposición llegara a gobernar la CA de Madrid y sacara los trapos sucios. Pero el Tamayazo es un buen comienzo, por lo vistoso del inenarrable gobierno de La dama del cinturón castizo, famosa comedia de la picaresca española en donde, a diferencia de otros espectáculos, todo es exactamente como parece.

Una orgía de elecciones ganadas de modo aplastante con dineros presuntamente ilegales, docenas, centenares de actos públicos de exaltación, con otras tantas inauguraciones de lo que fuera, kms de autopistas, hospitales, ambulatorios, canchas de golf, todo con dineros del proveedor del catering, Mr. Gürtel, un Mefistófeles de pacotilla, que tanto proveía altavoces como confetti o viajes de ensueño.

Actos patrióticos por el bicentenario de la guerra de la Independencia y nacimiento de la nación española de majas y manolos y la verbena de la Paloma. Un torbellino de activismo según doctrina de su guía espiritual, Thatcher. Ella misma se veía como Thatcher entre su equipo y ante pías colaboradoras suyas, como la mínima consejera de Educación, Lucía Figar, verdadera pastorcilla que arrimaba las ovejas a los colegios de curas y dejaba los públicos a la intemperie. Necesitaba además el dinero para pagar campañas en las redes de ensalzamiento de su persona y obra.

Y, más que Thatcher, allá iba la dama en pos de la privatización del servicio público sanitario de la mano de otros colaboradores tan íntegros y bien elegidos como los demás, como aquel Lamela, empeñado en encarcelar a un probo funcionario o un jovencito de brillante tupé que privatizaba los servicios en los que luego se colocaba o al revés, que tanto da.

Pero los más simpáticos son los dos malandrines que durante años fueron la mano derecha y la izquierda de la Dama del Cinturón Castizo, Púnico Granado y el señor del Ático. Atendidas las explicaciones ofrecidas por la dama a lo largo de los años sobre sus peripecias, asalta la duda de si ese gracioso atolondramiento de que hace gala no es una afectación sino que la señora tiene efectivamente la cabeza a pájaros y lo que sus dos manos, Púnico Granado y el señor del Ático,  han hecho ha sido aprovecharse de la circunstancia de que, a fuer de católica, cada mano de la dama ignoraba lo que hacía la otra. La mano, la pierna y la cabeza misma. Lo más verosímil es que, endiosada por los halagos más sobados, la dama no se enterara de lo que sucedía o no quisiera enterarse.

Es más difícil de creer que la sospecha de que estuviera en el ajo y se beneficiara de él. Pero, precisamente porque es más difícil de creer puede ser real pues, lo dicho, la realidad supera la ficción. El corral de pícaros está lejos de echar el telón. De momento, González se ha negado a declarar. Y la irrupción del refinado Marhuenda ("zorra", "puta") lleva la representación más ya al género apache.

El horizonte penal del PP

Años lleva Palinuro sosteniendo que el PP no es un partido político al uso, sino una asociación de interés integrada por gentes que van a lo suyo sin ningún tipo de miramientos para las leyes. Lo único que las mantiene unidas es exactamente eso, el interés y provecho propios. Lo mismo vienen diciendo los jueces, que se trata de una asociación compuesta por presuntos malhechores, de forma que ya la han imputado en un par de procesos penales. Al partido, como persona jurídica, por beneficiarse de los chanchullos de la financiación ilegal que en el PP parece ser práctica ordinaria. Tanto es así que, en puridad de las cosas, se deberían anular muchas de sus victorias electorales por haber sido producto de malas artes.

Ahora es otra jueza la que procesa al partido y a dos o tres altos cargos (entre ellos, la tesorera) por haber destruido los discos duros de los ordenadores de Bárcenas cuando este también era tesorero. Los pedía otro juez, encargado de los papeles de Bárcenas a petición del encausado. Pero fueron destruidos a conciencia, dice el auto, para que quedaran, como quedaron, absolutamente inservibles. La jueza presume un delito de encubrimiento. Es una evidente destrucción de pruebas quizá incriminatorias para mucha gente de la organización.Una obstaculización de la justicia en beneficio de los compinches, práctica habitual en las organizaciones mafiosas.

El fiscal en la misma causa contra Bárcenas y a petición de este, que parece dispuesto a "tirar de la manta" ha aceptado que se cite a declarar como testigos a todos los extesoreros del PP (Alvarez Cascos, Arenas, entre otros), aunque no a Rajoy y Cospedal, se ignora por qué ya que, en principio, tesoreros han sido los dos como los otros y mientras se producían las prácticas ahora subiudice. En el caso de Rajoy no solo se trata de un extesorero sino del presidente del Partido. Un presidente ausente pues, como hace en la otra presidencia, la del gobierno, no acepta responsabilidad alguna por las tropelías que se hayan podido cometer y de las que es políticamente responsable, quiera o no.

En esa asociación los presuntos malhechores con usos de mafia no solo cometen delitos por los que nunca dimiten ni se les pasa por la cabeza, como se prueba con el caso de Rita Barberá, aforada exprofeso para ponerla fuera del alcance de la justicia, sino que destruyen la confianza de la ciudadanía en la justicia y establecen el reinado del latrocinio y la corrupción como normas habituales de comportamiento de sus cargos, públicos o del partido. Precisamente el hecho de que el partido sea una asociación privada con relaciones privilegiadas con las instituciones públicas es lo que propicia la extensión de la corrupción.

A esta asociación de presuntos malhechores, muchos de ellos en diferentes momentos procesales de su horizonte penal, a esta caterva de mangantes, quieren mantener en el gobierno los socialistas excedentes de cupo, las viejas glorias o viejas infamias, que ejercen o quieren ejercer una especie de tutela sobre la actual dirección del partido, hecha de bisoños. Piden la abstención de los socialistas en la investidura de Mariano Rajoy (algo con lo que este estaría encantado) so pretexto de la urgencia de un gobierno en "interés de España". La solicitud es tanto más descarada cuanto que el propio Rajoy no ha hecho gesto alguno que evidencie una voluntad de generación, sino todo lo contrario. Ha propuesto como presidenta del Congreso a una ex-ministra que tiene una responsabilidad política evidente en la gestión de uno de los peores accidentes ferroviarios de los que se guarda memoria.

Por lo demás, aunque hubiera realizado no un gesto sino toda una pantomima en favor de la regeneración del sistema político, es metafísicamente imposible que lo lograra por cuanto ha sido el el principal causante de su degeneración. Además, si alguna vez tuvo crédito, lo malbarató tras una serie de pomposos anuncios de sucesivas reformas legislativas en pro de la regeneración y la transparencia democráticas que nunca llevó a cabo ni sirvieron para nada.

El PSOE debe entenderse con Podemos y con los indepes catalanes o, si no se logra, quizá con Podemos y C's para un gobierno transitorio de uno o dos años, en cuyo tiempo se tomen las medidas urgentes para afrontar la situación de emergencia

Si esto tampoco se consigue, corresponden terceras elecciones.

Lo que no se puede defender es una prolongación de la actual situación de deterioro, bajo la forma de cuatro años más de agonía, al cabo de los cuales el país puede estar dirigido desde Soto del Real.

NO es NO.  

Un gobierno de delincuentes presuntos o sin presumir.

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La visita de Rato al ministro Fernández Díaz ha provocado un gran revuelo en la opinión. No ha faltado el habitual aguafiestas recordando que si tan esperpéntica cita se hubiera producido en cualquier otro país europeo, el ministro habría dimitido ya o estaría destituido entre la rechifla general. En España, no. Que un presunto delincuente acuda a una reunión "cordial" con el ministro del Interior no tiene nada de extraño. Es posible que Rato busque consejos, información privilegiada o haya ido a chantajear a la autoridad con el rollo de que si no lo ayudan, canta. Todo es posible porque la reunión, ha sido secreta. ¿Y no dimite el ministro?

Claro que no. Esto es España. Rajoy enviaba SMS de aliento a otro presunto delincuente tras saberse ya que lo era y no dimitió. De Guindos tambien recibió a Granados cuando era público que este tenía cuentas en Suiza y era carne de presidio. Y tampoco dimitió. Esperanza Aguirre tenía tanta amistad con el jefe de la patronal, Díaz Ferrán, hoy en la cárcel por presunto chorizo, que este la consideraba cojonuda. La tal cojonuda tiene también amistad con otro de estos empresarios neoliberales que viven de mamandurrias y enchufes proporcionados por sus amigos políticos. Y más aún, sus gobiernos estaban literalmente repletos de delincuentes o presuntos delincuentes que hasta se espiaban entre sí y ella misma se ha salvado de un juicio por un hit & run de típica pija por los pelos. Y no dimite

En España, hoy, no hay mayores diferencias entre gobernantes y delincuentes o presuntos delincuentes. Están mezclados. Son lo mismo. Es un gobierno de delincuentes o presuntos delincuentes, apoyado en una partido que más parece partida de malhechores. Son granujas que cometen todo género de tropelías, desde cobrar sobresueldos (caso de Rajoy y varias docenas más de chupones de la vida pública durante veinte años) a imponer comisiones, falsificar documentos, estafar, malversar... toda una ristra de delitos. El país vive gobernado por una trama de presuntos mafiosos con redes delictivas por doquier y no dimite nadie, ni se da explicación alguna, ni nadie comparece en el Parlamento, aunque solo sea para que el pobre Pedro Sánchez deje de hacer el ridículo pidiendo comparecencias que nunca se aceptan porque no tiene valor para presentar una moción de censura.

No dimiten y no entienden por qué se arma este revuelo. Los hijos y nietos de Franco creen que el país es su cortijo, que no deben explicaciones a nadie, que pueden hacer lo que les dé la gana, delinquir, ayudar o encubrir a los delincuentes, saltarse la ley cuando les parece. Y ¿por qué actúan así? Porque descienden directamente de Franco, otro delincuente que, habiendo ganado una guerra, trató durante 40 años el país como tierra conquistada y la población como vencidos a los que se podía someter a todo tipo de ultrajes, sevicias y saqueos. Para Franco no había ley. La ley era su voluntad. Para sus descendientes ideológicos y biológicos, tampoco. La ley no reza con ellos. Solo con Mas y los catalanes rebeldes. Y si reza, se cambia de un plumazo. Los fondos públicos son suyos y, cuando se los apropian indebidamente, en realidad reponen existencias para pagarse cacerías en el África, chalets en Baqueira, cocaína en fiestas o retiros millonarios, mientras el conjunto de la población pasa necesidad. No haber perdido la guerra, pringaos.

La teoría de las puertas giratorias es insuficiente. Estos del PP no eligen entre dos opciones: gobierno y empresa privada sino entre tres: gobierno, empresa privada y delito. Y no necesariamente consecutivas. Pueden ser simultáneas.

Esta explicación de la herencia de Franco con un gobierno de presuntos delincuentes es lo que aclara que puedan darse episodios tan delirantes a la par que bochornosos, como ese ex-ministro (el peor de Educación de la democracia) nombrado embajador ante la OCDE para que vaya a hacer arrumacos a su señora a costa de los contribuyentes que, siendo españoles, son súbditos a los que cabe esquilmar sin pestañear o, encima insultándolos. Eso también es lo que explica que un obispo viva en un palacio siempre a costa del erario, que un presidente del Tribunal Supremo pase fines de semana a cuerpo de rey con su novio y a costa de los contribuyentes, que un presidente de comunidad autónoma deficitaria sistemáticamente viaje a visitar a su novia también a cuenta de los ciudadanos, que una concejala del PP cargue su lencería a los fondos públicos, que cuatro enchufados llevaran veinte años cobrando fabulosa pastuqui por no hacer nada en el IFEMA, siempre a costa de los contribuyentes.

Sumen cientos de otros casos en ayuntamientos, Comunidades (especialmente la andaluza, en donde el robo sistemático cambia al color socialista pero es igualmente indignante) empresas públicas, autónomas, fundaciones, ministerios. Decenas, cientos de mangantes y delincuentes con o sin cargo público, sinvergüenzas que llevan veinte años enriqueciéndose y habrán dado con la causa de la crisis y la ruina de España.

No es una crisis. Es una estafa.

Gangsters.

(Este post, como todos los de Palinuro, se acoge a la licencia Creative Commons y al escrupuloso respeto al principio de presunción de inocencia, derecho de todos, a reserva de lo que decidan los tribunales de justicia).

¿Qué eran los gangsters, aquellos tipos que salen en las series negras, mayormente radicados en Chicago en los años veinte y treinta del siglo pasado? Delincuentes organizados con actividades en diversos campos: las contratas, las licitaciones, los proyectos urbanos, los negocios al margen o al borde de la ley y una muy habitual, consistente en cobrar comisiones a garitos y comercios diversos por protegerlos de ellos mismos. Se trata de algo que no puede gestionar un malhechor aislado, ni un puñado de ellos. Se necesita cierta estructura de carácter empresarial pero, como no va a llamarse empresa por razones obvias, se llama "banda", es decir, gang y, de ahí, los gangsters, o sea, los bandidos o bandoleros en su versión rupestre.

El medio centenar de ciudadanos que ayer fueron detenidos en distintos puntos de España en una operación parecida a las de Elliott Ness, formaba una trama de dirigentes políticos, funcionarios y empresarios que, entre otras supuestas fechorías, cobraba y administraba una comisión o mordida institucional del tres por ciento de toda la contratación pública de las repectivas administraciones, autonómicas, municipales, o provinciales. Una pasta que luego se blanqueaba, se repartía y acababa en Suiza -de donde partió el chivatazo- o en los bolsillos de los participantes según, es de suponer, su grado de eficacia. Una trama, una empresa, una banda.

Hay una versión sesgada de este tipo de asuntos, que se ha visto en el caso de las tarjetas black de Caja Madrid, según la cual, la corrupción no distingue colores ni ideologías. Sí y no. Al margen de lo que suceda en Andalucía al final, lo cierto es que, aunque también se den casos de corrupción en el PSOE y en IU, son magnitudes irrisorias en comparación con los del PP, que no son "casos", sino verdaderas organizaciones para delinquir. Ni color.

En Chicago podía haber dos o más bandas, según distritos y, a veces, sus relaciones eran violentas. En España, la reciente banda Púnica parece independiente de momento de la Gürtel y las dos de la familia Pujol, una especie de gang familiar al mejor estilo siciliano. Está por ver qué relaciones tengan entre ellas ahora que sus integrantes luchan por salvar su pellejos. Probablemente habrá de todo. La omertà no es del todo segura y la lealtad en estas latitudes no es afección generalizada cuando faltan los cuartos y hay que comerse los marrones.

Los gangsters de Chicago, además de comprar o chantajear funcionarios públicos, especialmente policías, contaban con protectores y cómplices en altas esferas políticas que, en muchos casos, debían sus puestos a elecciones amañadas y financiadas con fondos ilegales. Estos se devolvían después facilitando las engorrosas tramitaciones de expedientes administrativos que favoreciesen a los donantes.

Otra ventaja de los padrinos en puestos políticos de importancia es que podían ser decisivos en el caso de que se plantearan problemas inopinados con algún juez díscolo o insólitamente independiente. Los representantes políticos presionaban a jueces y fiscales para que administraran la justicia de forma flexible... or else. Nada fastidia más a un delincuente que un juez, sobre todo si no se le puede comprar ni coaccionar de algún modo.

Esta pléyade de imputados, detenidos, procesados, condenados e indultados, que también son unos cuantos, pertenece a un partido político o hace negocios con él o con él se relaciona. Y lleva en ello años, lustros, decenios. Hasta el punto de que muchos se preguntan si, en lugar de un partido político, no será una organización de malhechores. Presunción de inocencia al canto: puede ser o no ser; lo dirán los jueces. Cierto es, sin embargo, que tiene unos responsables políticos que han defendido a aquellos o intercedido a su favor o, incluso, los han ensalzado como ejemplos de ciudadanía. Para Rajoy, Bárcenas era un tesorero cabal y Matas, Fabra, Camps, nombres de ignominia, ciudadanos y políticos ejemplares a los que debía imitarse. Elijan: este hombre no sabe lo que dice o lo sabe. Debe de saberlo porque avisó por SMS a Bárcenas de que hacía lo que podía. Y ¿qué sería ello?

Importante en el ámbito político era Aguirre que, con este tal Granados, ya cuenta con cinco exconsejeros imputados por algunos de los cuales o quizá por todos, puso la mano en el fuego. Cuando tenía mano, pues la perdió el día en que, pretextando compungida un problema de salud, se retiró de la presidencia tan inopinadamente como Rato de la del FMI y, por lo que se va viendo, quizá con los mismos resultados. Porque si algo parece ahora posible es que, por fin, se conozca la urdimbre del tamayazo.

Estos líderes políticos están acabados, ya no sirven, no pueden hacer nada. Junto a los cuatro jinetes del Apocalipsis neoliberal cabalgaba un quinto, la corrupción, el bandidaje, la delincuencia organizada, que no ha dejado títere con cabeza. Pero los líderes siguen sin dimitir. Aguirre salió a interpretar un papel de María Magdalena que, la verdad, se le da bastante mal. Pedía muy contrita a los corruptos que dejaran sus cargos. Pero ella no deja el suyo a pesar de que tiene pendientes aclaraciones de envergadura en el tamayazo, FUNDESCAM y en el pintoresco asunto de la famosa gestapillo, al parecer una creación del señor Granados.

Tampoco cabe esperar la dimisión de Rajoy. Todo lo más, una declaración preocupada por la situación cual si se tratara de algo absolutamente ajeno a él, perteneciente a otro orden del ser, como el pedrisco. Y hasta es posible que se haga a través de un plasma que quizá, como parece sucedió con el anterior, se pague en negro.

 

Hay que ahorrar el numerario para las fianzas. 

El Estado (presuntamente) delincuente.

España no es propiamente hablando un Estado de derecho. De ponernos estrictos, cabría decir que incluso carece de Constitución. Al menos, según el artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789:

Toda sociedad en la que no esté asegurada la garantía de los Derechos ni determinada la separación de Poderes carece de Constitución.

En España no hay garantía de Derechos ni separación de Poderes. Y tiene Constitución. Formalmente, pero no materialmente. Y esto mismo se aplica a la carencia del Estado de derecho. Tampoco rige el principio del imperio de la ley, ya que hay personas por encima de ella, tanto formal como materialmente.

Por encima de la ley, formal y materialmente se encuentra el Rey, cuya persona es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sin embargo, su comportamiento -y, con él, la Jefatura del Estado-, deja mucho que desear y está muy por debajo de las expectativas en materia de transparencia y de recto proceder. Su familia en primer grado pareciera estar materialmente por encima de la ley y hay fuerzas institucionales muy poderosas interesadas en que así sea. Sin embargo, sus comportamientos, conocidos por los tribunales, les han valido imputaciones penales que tienen muy mala pinta. ¿Puede una Monarquía tan tocada del ala aguantar una condena a una Infanta de España por un delito contra la Hacienda Pública o la condena de su marido? ¿Se puede reinar habiendo cometido delitos? Empeñarse en que en España no hay una crisis de Estado, en gran medida propiciada por el comportamiento vituperable de la Casa Real es absurdo.

Claro que la Real Casa no parece haber hecho nada muy diferente de lo que llevan años haciendo los gobernantes. El presidente del gobierno puede decir lo que quiera (que habitualmente es muy poco y en una actitud despectiva) pero está bajo sospecha de haber presidido un partido con una contabilidad B y que se financiaba ilegalmente. Está asimismo bajo sospecha -nunca satisfactoriamente despejada- de haber cobrado sobresueldos de problemático origen durante dos décadas. Y eso es él. Tiene luego una ministra, directamente acusada de haber recibido dádivas de todo tipo de la trama delictiva Gürtel, acusaciones que no niega, sino de las que quiere librarse pretextando ignorancia. Otro, el de justicia, un hombre de un rigorismo exacerbado, fue condenado por los tribunales a pagar una indemnización a su casera por haber estado viviendo dos años sin pagar el alquiler. En serio, ¿alguien imagina que se pueda ser ministro en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en cualquier parte, habiendo sido condenado por los tribunales por moroso? ¿Qué tiene esto que ver con un Estado de derecho?

La propia maquinaria en su conjunto del partido del gobierno tiene tal cantidad de imputados en procesos por corrupción que es legítimo pensar que es, en realidad, una asociación con ánimo de delinquir. La lista de presuntos, miembros del partido o directamente relacionados con él es impresionante: Bárcenas, el Bigotes, Correa, Fabra, Matas, Camps, Baltar, Barberá, Castedo, Blasco, Sepúlveda, el Albondiguilla.

Añádase la recua de empresarios y financieros delincuentes que forma la flor y nata del "espíritu emprendedor" de la derecha. Alguno está en prisión preventiva, otros han cumplido condena, otros están imputados o investigados. Esta semana empiezan a desfilar por el juzgado de Ruz los empresarios de la Gürtel, un buen puñado. Y mañana quizá lo haga otro puñado del Consejo de Administración de Caja Madrid cuando esta cumpla la orden de la Audiencia Nacional de revelar los sueldos y gratificaciones que se había autoconcedido y se obstinaba en mantener ocultos. Decenas de personajes en las más sorprendentes peripecias pero todos con un punto en común: enriquecerse a base de saquear los caudales públicos en todas sus formas: privatizando, malversando o llevándoselo crudo a Suiza.

¿Y qué decir de la colusión entre los gobernantes y los delincuentes condenados e indultados acto seguido en clara desviación de la justicia?  ¿Qué si no que España no es un Estado de derecho, sino un Estado (presuntamente) delincuente?

(La imagen es una foto de La Moncloa aquí reproducida según su ”aviso legal”).

Cuesta abajo.

Sosiéguense vuesas Mercedes, que diría Felipe II. No cunda el pánico en el cuarto de máquinas. Viene brava la mar, sí, pero no pierdan los papeles, que están ustedes empezando a delirar, cuando no a dictar normas draconianas, como esa #LeyAntiProtesta que parece pensada por un demente, un paranoico.

Buena la ha armado la ministra Mato pidiendo la retirada (o sea, el secuestro de la edición) del libro Cásate y sé sumisa. Ha conseguido enfrentar al gobierno con la jerarquía católica, editora del tomito de Costanza Miriano. Es la modernidad. Dentro de poco, la guerra de las investiduras. La derecha ciega. ¿Nadie ha explicado a la señora Mato que en democracia no se pueden secuestrar libros a no ser que sean delictivos por el continente o el contenido? Por eso, Miriano va diciendo que quieren censurarla. Todo lo cual, obviamente, acabará convirtiendo el ensayo, panfleto o lo que sea eso, en un éxito de superventas. Bueno, a lo mejor Mato se ha sentido personalmente agraviada porque, habiéndose casado, no ha sido sumisa a su marido, del que pasaba olímpicamente, hasta el punto de no saber qué coche conducía. A lo mejor se ha hecho feminista en función del atinado criterio de que lo personal es político y ella, de sumisa, nada.  Una feminista con razones de la derecha: el libro está mal porque "falta al respeto a las mujeres". Eso de "faltar al respeto" es muy de derechas, ¿verdad?  Por lo demás, ella sigue mostrando fidelidad a la causa de expoliar España, habiendo adjudicado, según parece, la decisión sobre privatizar o no dos hospitales en Ceuta y Melilla a una empresa del ex-consejero del PP Lamela, más conocido como privatizator. Para que todo quede en la cosa nostra.

¿Y pues Fabra, el hombre de los aeropuertos para peatones, presidente sempiterno de la Diputación provincial, eximio cacique, hijo y nieto de caciques, referente en todo del PP y de su presidente Rajoy que, con su acostumbrado tino, lo calificó de "ciudadano ejemplar"? El Fabra al que tocaba la lotería con la regularidad de las mareas y que prometía sacarse la minga y mear en la sede de IU si volvía a tocarle; el que llamaba hijo de puta a un diputado de la oposición, aprovechando quizá que la palabra contiene las letras; el padre de la diputada del PP del ¡que se jodan!; el suegro del archidimisionario Güemes, que, siendo tan listo, no consigue salir de la puerta giratoria. Encantado que está el ciudadano ejemplar porque solo le han caido cuatro años por mangante. Y, como es pundonoroso, se ha dado de baja en el PP, por no contaminar. En el PP aseguran que ya lo dieron de baja hace mucho; pero también habían dado de baja a Bárcenas. Bajas en diferido.

¿Y qué decir de la dueña manchega que tanto domina el diferido como el recortado? Celebróse el Comité Ejecutivo Nacional, presidido por Rajoy con cara de velorio y Cospedal enmendó la plana al fiscal, pidiéndole que revise mejor sus papeles porque en el PP no hay ni ha habido nunca caja B. Otro enfrentamiento, no ya con la iglesia sino con la Justicia que, por cierto, tienen poco que ver. Porque, además del fiscal, también el juez habla de caja B. Es decir, quien debe revisar sus papeles es el juez, forma coloquial de traducir el solemne propósito de que el PP colabora siempre con la Justicia. Por lo demás, que las afirmaciones sobre la contabilidad del PP estén solo sostenidas por la problemática palabra de Cospedal pues todas las empresas externas de auditoría se han negado a auditar al PP es asunto irrelevante.

La guinda del despropósito y la enajenación vino de Esperanza Aguirre, quien preguntó a Gallardón cómo no se había destituido ya al juez español del TEDH tras la sentencia del caso Parot. Sin duda es lo que ella hubiera hecho pues lo tiene como proceder habitual: si un subordinado saca los pies del tiesto, se le manda un motorista con el cese. Un juez es para la política neoliberal a lo español un subordinado. Igual que un responsable de telediarios, o un consejerillo de tres al cuarto. Su argumento es que, en realidad, no son jueces, sino políticos nombrados por políticos. Es verdad, pero tienen el estatuto de jueces, como lo tiene el presidente del Tribunal Constitucional, militante de su partido y político hasta la médula.

El exabrupto de Aguirre puede achacarse a su temperamento, su atolondramiento y su deseo de estar siempre en el proscenio, pero ¿qué me dicen de la respuesta del ministro de Justicia, fiscal de carrera él mismo? No afea a su conmilitona su ataque a la independencia de los jueces, no la amonesta haciéndole ver que lo que propone es más propio del absolutismo que del liberalismo y no digamos ya del neoliberalismo. Nada de eso. Invoca la ley para decir que no puede hacerlo. No que no quiera sino que no puede.

Sosiéguense vuesas Mercedes y retiren ese proyecto demente, paranoico, de ley mordaza. ¿No han oído hablar del abuso de poder?

(La imagen es una portada de la revista El Jueves, legal de momento, encontrada en la red. La red, esa mar océana llena de piratas a los que hay que meter en cintura).

Retorno a la normalidad.

A partir de mañana, lunes, todo vuelve a la normalidad en Españistán. Véase:

• Su presidente, acusado de cobrar salarios indebidos y parte de ellos en negro, todavía no ha dado una explicación ni piensa darla. Ha ordenado silencio sobre el asunto y ha destruido literalmente su partido (ninguno de cuyos cargos se atreve a salir en público hace un mes) solo para salvarse él. No comparece jamás en rueda de prensa o, si lo hace, no admite preguntas y solo habla en el extranjero, en donde no puede impedir que la prensa pregunte y en donde todos lo han calado ya como un inútil únicamente obsesionado por evitar que lo procesen por mangante.
Su Rey hace años que oculta un importante patrimonio en bancos suizos. Es algo tan insólito, vergonzoso y corrupto que no requiere mayor comentario. El que se define con ridícula y abusiva retórica como "primer servidor de España", es un pinta que se lleva los dineros a un paraíso fiscal mientras la crisis devora el bienestar y los ahorros de los españoles que, sin embargo, tienen que mantenerlo aunque él, los beneficios de su capital los aporte a Suiza, no a España. Como republicano de siempre, Palinuro insiste en que el Rey se vaya con toda su familia y deje paso a la República. Añade que a él, cuando menos, los Borbones no le han engañado, aunque también vivan a su costa, como a la de todos los españoles.
Uno de sus presidentes autonómicos, Feijóo, que acostumbra a impartir lecciones de ética y moral en cuanto lo dejan, se paseaba en los noventa y ligaba bronce en las rías gallegas en el yate de un capo del narcotráfico. Por supuesto, dice Feijóo, pecadillos de su juventud. Tenía entonces el gallego 34 años. De juventud, nada. Plena amistad y familiaridad con un delincuente que actualmente cumple pena en el trullo y de cuyas fechorías, faltaba más, Feijóo no sabía nada. Nada salvo que tenía un yate que el propio Feijóo tripulaba. Pero, a ver, ¿quién no tiene un amigo con un yate? Y ¿quién anda preguntando tonterías sobre cómo se consigue un yate si no es robando?
El partido del gobierno, del que hay serias dudas de si es un partido o una organización de malhechores, sinvergüenzas y ladrones, aplaza hasta octubre una convención política que tenía para antes del verano con el cuento de tener ocasión de explicar al pueblo las políticas del gobierno y estar más cerca de él. No para hacer algo de tiempo, no sea que al final no cuente con asistentes al evento. Bien puede ser que, según están las cosas, acabe con una generación entera de dirigentes y miembros destacados entre rejas, empezando por su presidente, Mariano el Taciturno, cuyo horizonte penal tampoco está nada claro.
Un partido, por último, que, según parece, intriga, complota y maniobra con lo peor del poder judicial para conseguir que la justicia no impute a los dos mayores presuntos ladrones del reino -Camps y Barberá- en el sumario del caso Noos y, de esta forma, salvar la monarquía. Según El Confidencial, en esta maniobra estaría metido el PSOE, complice en la tarea de lavar la cara al Monarca -el pavo de los 375 millones en Suiza- y todo el aparato de esta corrupta monarquía. Es de esperar que esta noticia sea un infundio; de ser cierta, si los socialistas no echan a patadas a quien los ha convertido en un partido dinástico de cortesanos tiralevitas, se merecerán lo que les pase en las próximas elecciones. No veo grandes diferencias entre Rubalcaba al frente del PSOE y José María Fidalgo cuando estuvo al frente de Comisiones Obreras: tipos de derecha que secuestran organizaciones de izquierda para ponerlas al servicio del capital y de la corona.

Teoría de la mamandurria y el expolio.

Con un largo año de gobierno del PP, dos cuestiones son ya evidentes: 1ª) Rajoy ha incumplido todos y cada uno de los puntos de su programa electoral. Es más, en la mayoría de los casos, ha hecho lo contrario de lo que prometió. No es preciso detenerse aquí pues es materia de recordatorio constante en los medios y el debate público. No tanto lo es, en cambio, la 2ª), por la que se ve que, en el fondo, el incumplimiento del programa es indiferente a los gobernantes pues lo que estos se proponían y proponen es medrar, prosperar, enriquecerse ellos mismos y sus allegados para lo cual saquean todo lo público, lo privatizan y se lo entregan a sus amigos o correligionarios. Y lo están haciendo sin perder tiempo con refitolerías democráticas y parlamentarias. A golpe de Decreto-ley.

En el curso de este sistemático expolio de lo público hay a veces -pocas, ya que el debate teórico es extraordinariamente pobre- combates dialécticos que se libran con armas pintorescas. Hace escasas fechas, Aguirre, por entonces presidenta de la C.A. de Madrid, molesta con los sindicatos, anunció con ese thatcherismo castizo que la caracteriza, que iban a acabarse las mamandurrias. Todo el mundo entendió que se refería a los liberados sindicales y, por supuesto, todo el mundo sabía qué son mamandurrias. Es una palabra casi onomatopéyica o, como se dice en digitalandia, "intuitiva". No está claro, sin embargo, si quienes la usan la conocen o si, conociéndola, la emplean torticeramente.
Veamos: todos los liberales más destacados del PP, partidarios de jibarizar el Estado, desmantelar el Estado del bienestar, "adelgazar" la administración y la función públicas, todos, digo, son funcionarios públicos: Aznar es inspector de Hacienda; su mujer, también; Aguirre, técnica de la Administración del Estado; Ignacio González, técnico de la administración local; Sáez de Santamaría, abogada del Estado; Gallardón, fiscal; Cospedal, abogada del Estado; Rajoy pertenece a un cuerpo especial de fedatarios públicos de tipo mixto, lo cual, mira qué oportuno, también reporta beneficios. Funcionarios públicos que trabajan contra la función pública en complicidad con empresas privadas que viven de sus ventajosas relaciones con un gobierno a sus órdenes y tratan de quedarse con todos los servicios públicos a precio de ganga, en condiciones muy ventajosas de explotación y con ganancias de cine. Más tarde las empresas compensan con creces los sacrificios de estos funcionarios antifuncionarios, como lo hace actualmente Endesa que Aznar privatizó durante su mandato. Es la teoría de la "puerta giratoria", de la empresa a la función pública y de la función pública a la empresa. Y a hacerse ricos a costa del común.

Y no solo ellos: familiares, deudos, allegados, compadres, la mamandurria se extiende entre agnados y cognados. El hijo de este está enchufado como asesor en el gabinete de aquella; la hermana de aquesta otra es directora general a dedo en el ministerio de aqueste otro. Y de sueldos y gastos de tarjeta y representación no se hable. Los alcaldes de pueblos poco más que pedanías se autoasignan salarios astronómicos, superiores al del presidente del gobierno, suponiendo que este solo cobrara un sueldo, que no es el caso, pues cobra dos, por lo menos. Pero, en todo caso, que no se hable.

Para que no se hable de este imperio de la mamandurria tienen literalmente colonizados los medios de comunicación con periodistas mamandurrios que cobran una pastuqui (o varias) por flagelar las mamandurrias de los liberados sindicales.

Mamandurria por mamandurria, ¿quién es verdaderamente mamandurrio?

La política del expolio de lo público se llama privatización. El gobierno central y sus clones autonómicos, al igual que el de CiU (aunque esta lo tiene ahora algo más difícil) están dispuestos a pasar a manos privadas (a ser posibles las suyas) todos los servicios públicos y obligar a la gente a pagar por ellos. Con su ley de tasas, Gallardón quiere hacer que la justicia sea de repago y solo accesible a los pudientes, de forma que los pobres sufragan con sus impuestos una justicia a la que no tienen acceso. El mismo Gallardón, con ese aspecto de repelente niño Vicente, quiere privatizar todos los registros públicos y entregárselos los cuerpos de registradores (uno de ellos, el de su jefe, Rajoy) para que cobren tasas literalmente por todo. La excusa es que es preciso liberar a los jueces que, por lo demás, les importan una higa.

El intento de saqueo de la sanidad pública es escandaloso, suficientemente conocido y está encontrando una resistencia que no esperaban. Prueba de que no la esperaban es que no se molestaron en justificar la privatización del sistema hospitalario, pensando que bastaba con que ellos lo dijeran. Y no ha sido así. Y no debe ser así. La sanidad pública es de todos y debe seguir siendo de todos. Los sofismas de los privatizadores no convencen a nadie. Hasta es posible que el consejero Fernández-Lasquetty, responsable de este expolio, se vea obligado a dimitir y comerse su plan.

Estas medidas tienen una desvergonzada explicación dineraria: quieren hacer negocio con los registros, la sanidad. Otras, en cambio, parecen ser de otro tipo. Pero solo lo parecen. La reforma de Wert, se dice, además de la innecesaria provocación a los catalanistas, tiene un fuerte poso ideológico: se suprime Educación para la ciudadanía, se restablece la religión y se acepta la asignatura suplementaria "de peso". Vuelven los curas y, con los curas, el progreso: segregación por sexos, religión católica, el creacionismo y la inmaculada concepción. Pero, aunque parezca mentira, esto, a los curas, no les importa. Si fuera preciso, enseñarían el evolucionismo. Lo que les importa es enseñar y, sobre todo, cobrar. Lo que les importa, como a sus aliados, es la pasta. Por eso, la reforma de Wert favorece la enseñanza concertada (que es, en realidad, privada que absorbe recursos públicos) en detrimento de la enseñanza pública. O sea, la privatización, el negocio, la subvención, el trinque, la mamandurria.

El Estado subvenciona la FAES de Aznar con medio millón de euros de los que quita a los jubilados y se levanta un clamor general: ¡el Estado subvenciona una fundación que ataca las subvenciones públicas! Pues, sí y hace bien. Es su deber. Lo que no está tan bien y hasta es bastante ruin y miserable es que la FAES acepte unas subvenciones públicas a las que, para ser coherente, debiera renunciar. Además, si ese mismo Estado subvenciona también la Fundación Francisco Franco, ¿por  qué no la FAES, cuyo nombre recuerda tanto la Falange?

Todo esto, la mamandurria y el expolio generales, es legal. Y, si acabara el asunto aquí, sería lamentable pero tolerable. Lo malo es cuando, además, se cruza la raya de la legalidad, que, en el reinado universal de la codicia, del enriquecerse como sea y a costa de quien sea, se cruza con frecuencia. La cantidad de altos cargos del PP imputados en procesos por corrupción es asombrosa. La red tejida entre electos corruptos, funcionarios venales y presuntos delincuentes de la Gürtel no es más que una muestra de un estadio general de mangoneo y trinque que enlaza con la más acrisolada tradición de la picaresca nacional y es responsable de la bajísima opinión en que, con sobrados motivos, aunque no entera justicia, tiene la ciudadanía a los políticos.

(La imagen es una foto de Esperanza Aguirre, bajo

licencia Creative Commons).

Contrapunto.

La portada de El País es gloriosa. Revela el sentido profundo de este turbulento final de reinado. Porque es final de reinado, muchachos. El Rey no da para más con tanto pasar por el taller como dice él con ese humor borbónico cuya gracia está en su falta de gracia. Cualquier día de estos no pasa la ITV (el humor borbónico es democrático, está al alcance de todos) y hay que darlo de baja. Mira que no es buen momento con el yerno/cuñado chapoteando en un lodazal de revistas del corazón. Pero habrá que cambiar de Rey. Y eso sí que será el fin de la transición.

A la portada. Es una interpretación del sentido de nuestro tiempo, pero, a su vez, hay que interpretarla porque está en clave, incluso subconsciente. Veamos. Este es un gobierno que, en efecto, endurece la ley. Pero ¿para qué? ¿Para perseguir y castigar la oleada de delincuencia de cuello y sepulcro blanqueado? ¿Para procesar a los especuladores, estafadores, malversadores, levantadores de bienes, evasores de grandes fortunas, blanqueadores de fortunas aun mayores, traficantes de influencias, comisionistas ilícitos, corruptores, corrompidos y demás ralea de ringorrango? Ni hablar. La ley se endurece para imponer opciones ideológicas, reprimir la discrepancia, acogotar a los discrepantes. Wert lleva un calendario de endurecimientos legales copioso: en educación, en propiedad intelectual, en cultura; pero también endurece por motivos ideológicos el ministro de Justicia, que niega el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad y dificulta o imposibilita el derecho a la tutela de los tribunales; y la ministra de Sanidad, que excluye de esta en mayor o menor grado a mucha gente; y la de Empleo; y no se hable ya del de Interior, para quien cualquier ciudadano que ande por la calle es un potencial sospechoso.

¿Endurecer las leyes para perseguir el crimen? Pero ¿cómo van a hacerlo quienes conviven con él, muchas veces sabiéndolo e, incluso estando en relaciones con él? La Gürtel (cuya unidad de investigación se ha apresurado a desmantelar el gobierno) ¿no es una coyunda de presuntos delincuentes con diversos cargos políticos de casi todos los niveles? Este Díaz Ferrán hoy acusado (presunción de inocencia por delante) de todo tipo de sonrojantes delitos, ¿no era el gran mago de la Babilonia empresarial y hombre de trato íntimo con la presidenta de la Comunidad, a la que consideraba, en recio castellano, cojonuda.

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Un breve aparte. ¿Soy muy mal pensado si me malicio que la repentina e inexplicada dimisión de Esperanza Aguirre hace unas fechas tiene algo que ver con este lunes Chicago años 30? Vamos, algún alma caritativa que le haya sugerido la conveniencia de esfumarse a la vista de los inmediatos destinos procesales de este patrón de patrones, este mecenas que donó 240.000 euros al PP y, según parece, alimentaba la caja de la Fundación FUNDESCAM, cuya última responsable, le guste o no a Aguirre, era ella misma.

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Esa es la cosa. Leyes duras para la represión ideológica, política, de orden público y laxas y sin aplicar para ese magma de mercado y políticos más o menos corruptos pero siempre a su servicio. Esos mercados, sus ideólogos y los políticos que los sirven claman contra todo tipo de normas y regulaciones (claro) y prefieren aplicar el sano principio neoliberal de "a quien Dios se la da, San Pedro se la bendiga". Para todos menos para ellos pues, cuando Dios no la da, obligan a San Pedro a bendecirla. El Estado no puede ayudar a los discapacitados, los dependientes, los jubilados, etc. Pero sí puede ayudar a los bancos, a los fabricantes de coches, los negociantes de las autovías, la iglesia católica.

Ese reinado general de la corrupción está alimentado por el comportamiento inmoral de los gobernantes. Entendiendo por inmoral la práctica de decir una cosa y hacer otra, a veces la contraria. El paradigma, Rajoy y su famoso programa incumplido punto por punto. Pero igual pasa con Esperanza Aguirre cuando anuncia su intención de acabar con las mamandurrias, siendo así que tanto ella como su equipo de gobierno son mamandurrianos de luenga estirpe. Aguirre tiene colocados como asesores en órganos políticos regidos por el PP a algún familiar. La supera con mucho su sucesor, González, quien tiene enchufada  media familia en el ámbito público, político, administrativo. Cospedal, quien priva del sueldo a los diputados de Castilla La Mancha y rebaja los de los funcionarios, cobra dos. Como hace el presidente del gobierno y es costumbre, al parecer, entre políticos con cargo electo y puesto en el partido. Quizá legal pero inmoral. Sobre todo en los tiempos que corren. Los sueldos, primas, pluses, bonus estratosféricos que se llevan los gestores de las cajas a las que han dejado en la ruina, con perjuicio, puede que doloso, a cientos, miles de pequeños ahorradores o impositores, ahora empiezan a verse como lo que son: delitos. Y es tal el descaro y la desvergüenza de los gobernantes que venden como una conquista la corruptela de dispensar del cumplimiento de la ley a quien tiene dinero. Lo que se está haciendo con Eurovegas es simplemente una operación mafiosa en la que se ha suprimido el intermediario gangsteril. Ahora es la autoridad quien trata directamente con los propietarios de los garitos ilegales.

Contrapongamos la realidad de la vida de aquellos sectores directamente afectados por las medidas de este gobierno: los trabajadores, prácticamente ya todos en precario por cuanto el despido es casi gratis; los parados, con un millón más, muchísimos de ellos sin prestación que sobreviven merced a las redes familiares y sociales de asistencia; los desahuciados y a punto de desahuciar, decenas de miles ya con algunos suicidios; los funcionarios con sus sueldos congelados, mermados y ahora reducidos en la paga extra; los jubilados con su pensión asimismo reducida pero teniendo que pagar más por la sanidad y los medicamentos; los dependientes, que seguirán siéndolo, pero sin poder pagar el alivio; los discapacitados, cuyos cuidadores ya no existen en los presupuestos. Y sigan.

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Otra breve digresión. La manifa de discapacitados del domingo fue impresionante. No sé cómo el gobierno -todos sus componentes devotos cristianos- no se esconde debajo de una piedra. Debe de ser la pimera vez que hay una manifestación así. Y este país, tan dado al humor negro, estilo Azcona, ha contenido el aliento, sobrecogido. Es muy duro ver una masa de sillas de ruedas.

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Lo que está pasando con los hospitales es increíble. La sociedad en pie de guerra contra el último expolio. El sórdido intento de la derecha de privatizar el servicio público esencial de la salud, de hacer negocios con la salud de la gente.

Y, como colofón, dediquen un tiempo a considerar el personaje, el de "hay que trabajar más y ganar menos", el empresario de cabecera de Aguirre. Con un kilo de oro en su casa y habiendo, al parecer, evadido una cantidad de millones a Suiza para no pagar aquí a los acreedores. Para no pagar a los acreedores, entre ellos, probablemente much@s trabajador@s que trabajaron más no para ganar menos sino para no ganar nada.

Los hilillos, los 300 y Fu Man-Chu.

Hilillos

Acaba de arrancar el juicio por el desastre del Prestige que hace diez años inundó de chapapote las costas gallegas. Como en una moviola han pasado ante nuestros ojos de nuevo las imágenes escalofriantes de unas gentes desamparadas, unos voluntarios sin medios recogiendo aquella masa viscosa poco más que con las manos. Entre tanto los políticos supuestamente responsables en Madrid daban un espectáculo incalificable. Unos andaban cazando, otros en sus asuntos y ninguno quería afrontar la situación ni adoptar decisiones. Y así siguieron varios días; en realidad, hasta hoy. Casi da la impresión de que en el banquillo del juicio no se sientan los verdaderos responsables sino unos segundones y alguno de ellos, en el fondo, víctimas. Lo dice Xurxo Souto, el portavoz de la valerosa asociación Nunca Mais, "Aznar, Cascos y Rajoy no van a ser encausados por el 'Prestige', pero políticamente ya fueron condenados". ¿Alguna duda? Quien se ganó el apelativo de Señor de los hilillos es hoy el presidente del gobierno de España; como condena, no puede ser más curiosa. Por supuesto que, como sigue diciendo Souto, "la gestión del Prestige fue un ejercicio de incompentencia y de prepotencia". Exactamente igual que la gestión de la crisis. Pero ahora no se hunde un barco. Se hunde un país.

300.

Es el número legendario del paso de las Termópilas en donde Leónidas y sus trescientos espartanos (con algunos otros cientos de tebanos y tespianos) hicieron frente y detuvieron el ejército persa que quizá no llegara al millón de hombres como dice Herodoto pero, desde luego era infinítamente más numeroso que el de los griegos. 300 fueron los negroafricanos que ayer tomaron al asalto la valla de Melilla, habiendo conseguido su objetivo, según parece, cien de ellos, que ahora irán a parar a un CIE, un Centro de Internamiento de Extranjeros, lugares que no atraviesan por su mejor momento. Melilla (de Ceuta no se oye hablar) es las Termópilas de España, de Europa, pero con los actores y sentidos algo cambiados. Los invasores, que ahora también son cientos de miles, quizá millones, no vienen empujados por la codicia a conquistar, ocupar y saquear sino empujados por el hambre, a tratar de sobrevivir como sea porque en el vasto continente que quieren dejar atrás también como sea no tienen futuro. Esta situación nos pone a los españoles y a los europeos en general ante un dilema moral sumamente incómodo: no podemos enarbolar el discurso de los derechos humanos y negar a la gente uno fundamental, el de libertad de circulación. ¿Por qué lo hacemos? Según parece porque creemos que, si lo reconocemos, tampoco nosotros sobreviviremos. Quizá sea así. Pero quizá también lo sea porque nos hemos dotado de un sistema político y económico que solo quiere a la gente para explotarla pero no es capaz de garantizar su subsistencia. Y lo hemos notado porque ahora está empezando a pasarnos a nosotros. Más de cien mil españoles salieron del país el año pasado. ¿Y si se hubiesen encontrado vallas de seis metros en todos los pasos de los Pirineos?

Fu Man-Chu.

La mafia china. Algo sorprendente tiene esa expresión. ¿Por qué resulta tan familiar mafia china cuando me parece que es la primera vez que asoma en la prensa? Hasta ahora la mafia era napolitana, siciliana, rusa, pero no china. No obstante encaja como el dedo en el dedal por los abundantes prejuicios sobre los chinos. Por fin nos hemos enterado de la causa eficiente de la miriada de tiendas de abarrote que ha invadido el país como una especie de sarpullido: las grandes naves de venta al por mayor de la chinoiserie contemporánea; y también de la causa final: lavar dinero a espuertas que se obtenía estafando a la Hacienda pública española con la connivencia de unos funcionarios a los que, al parecer, se sobornaba a modo. Y no debían de ser pocos. No es concebible que un barco cargado con toneladas de espantosas imitaciones de espantosas figuras de Lladró, pase por la aduana como por el seno de María sin romperla ni mancharla, con la ayuda de un factor de tercera del puerto. Además la banda estaba dirigida por un refinado empresario, Gao Ping, residente en Somosaguas, Madrid y ¡marchante de arte! como en una película de Hitchcock. De 800 a 1.200 millones de euros han lavado estos misteriosos orientales que están arruinando la industria española de ferretería con sus todo a 100 y cuya mayor parte se remite a la China. Ahí está la base de la prosperidad del Imperio del Centro: en la piratería. Y, si de competencia e incompetencia se habla, esta mafia llevaba cuatro años operando a todo rendimiento.

Banqueros, políticos y ladrones.

Los banqueros no suelen meterse a políticos. Casos como el de Nelson Rockefeller son extremadamente raros. Saben que tienen el poder real y no necesitan aparentarlo. Son en cambio los políticos, habitualmente unos muertos de hambre (desde el punto de vista de los magnates de la banca), los que tratan de aprovechar su posición para meterse a banqueros. Estos, habitualmente, los desprecian pues una cosa es administrar el dinero que uno posee y otra muy distinta el que le han confiado. En el primer caso se es un banquero, un potentado, un hombre (o mujer, aunque, de estas, pocas en la banca) poderoso; en el segundo se es un cantamañanas, un piernas, un pringado, aunque, a ojos del vulgo, pase uno por ser alguien.

En el caso de la banca pública o semipública, se da una forma de maridaje entre la política y las finanzas rayana en la promiscuidad y fácilmente conducente al delito. Por ejemplo, lo sucedido con las cajas de ahorros en España. ¿Cree alguien casualidad que los gestores de las cajas hayan empezado a formar la fila que los llevará a los tribunales, primero unos, luego otros y, al final todos? Hace años que los partidos, especialmente el PP y CiU, pero también el PSOE e IU, aunque en menor medida, han descubierto el chollo que es disponer de esas entidades de ahorro que, siendo del común, no pertenecen a nadie y pueden ser objeto de instrumentalización política para los más diversos fines. Hace años, pues, que las cajas vienen siendo objeto de codicia y rapiña de los políticos para financiar sus campañas electorales, disponer de dinero a precios bajos tanto para actividades partidistas como para sus jubilaciones y pagas particulares, para enchufar a amigos y parientes, conseguir todo tipo de favores y enriquecerse. La contraprestación era facilitar por influencias y gestiones que las cajas pudieran beneficiarse del despendole del ladrillo en provecho de sus gestores, que cobraban primas estratosféricas, porque, no siendo banqueros de verdad, ni potentados, sino unos cagatintas enriquecidos, se dejaron llevar por la codicia de los advenedizos.

El desastre llegó con el estallido de la crisis y la burbuja inmobiliaria que dejó al descubierto el entramado de caciquismo, corrupción, delincuencia y saqueo en que se habían convertido las cajas administradas durante años por esta casta de parásitos. Y este es el núcleo de la cuestión de la crisis española, sobre el que los jueces han puesto, por fin, la lupa y que va a dejar al descubierto las tramas y componendas de una mafia de políticos corruptos, empresarios ladrones, seudobanqueros defraudadores y funcionarios estafadores que ha plagado la política del país, especialmente en Madrid, Valencia y Cataluña en los últimos años y no solamente en esos lugares.

Y, con un poco de suerte, es posible que la gente despierte, se dé cuenta del gigantesco expolio a que la ha sometido la casta de mangantes que esquilmaba sus ahorros diciendo que los administraba y exija cuentas. Y lo haga con la contundencia que la situación requiere.

(La imagen es una foto de Владимир Вяткин, bajo licencia de Creative Commons).

Delincuentes políticos y políticos delincuentes.

La política es una actividad muy mal valorada en todos los sondeos de opinión. El prestigio de los políticos es generalmente bajísimo y los partidos suelen ocupar el último lugar en el aprecio de los ciudadanos. Se asocia con ella la falsedad, el engaño, la mentira, la hipocresía y la demagogia, cuando no los privilegios, el favoritismo y la injusticia y, desde luego, la corrupción. Y eso en cuanto a la opinión que, al fin y al cabo, es una imagen. La realidad viene siendo aun peor. La política mantiene relaciones muy complejas con dos tipos de actividades humanas que todo el mundo condena, incluso los que viven de ellas: la guerra y el delito. Las relaciones con la guerra son de tipo causa-efecto en que la política tanto puede tomar una forma como la otra. Las relaciones con el delito suelen ser de tipo medio a fin y aquí la política viene siendo el medio para el fin delictivo, no el delito en sí mismo.

Ese juicio tan condenatorio que merece la política se pretende contrarrestar a veces echando mano de nobles ideales acerca del bien común, el servicio público, la condición ciudadana, la civilización, que enraizan en la filosofía griega y se mantienen confusamente hoy cuando hasta los políticos a veces distinguen entre la política como sucia actividad cotidiana y la Política (suelen decir que "con mayúscula") como desinteresada vocación.

Es la distinción que también se hace muchas veces entre un político y un estadista. La nobleza del estadista reside, precisamente, en que ha dejado de ser un político, esto es, de ocuparse del bien público desde un punto de vista de partido para pasar a hacerlo desde el punto de vista de la totalidad sin cuestionarse mucho cómo sea esto posible en una sociedad conflictiva. La distinción es un intento de resolver la contradicción que se da entre reconocer de algo (la política) que es imprescindible y tener al propio tiempo la peor opinión de ello.

Son aquellas viejas relaciones de la política con el delito las que están cambiando aceleradamente. El político al servicio del delito gestiona el bien público en interés de un individuo o de un grupo de individuos, una asociación delictiva, por ejemplo la mafia. La importancia de la política para la delincuencia, igual que para los demás quehaceres del hombre, radica en que engloba la actividad legislativa, la capacidad para establecer las normas generales, las reglas del juego. Por ello se está pasando de la instrumentalización de los políticos por los delincuentes a la conversión directa de los delincuentes en políticos. Es el camino que llevan los países en los que el narcotráfico está sustituyendo al Estado. Y el que emprendió Berlusconi hace años si fuera cierto que, efectivamente, los tribunales lo condenan por la comisión de delitos y no digo de cuáles porque, de darse el caso, con Berlusconi puede acabar pasando lo que pasó en su día con Al Capone, que lo buscaban por unos delitos pero lo condenaron por otros. Delitos eran al fin y al cabo.

La diferencia sin embargo es considerable: Berlusconi ha intentado gobernar, poner el aparato del Estado en su conjunto al servicio de sus intereses, el primero de los cuales es no responder ante la justicia por los numerosos delitos de que se lo acusa. Su gobierno ha sido un tejer y destejer leyes procesales para garantizar su inmunidad, muchas veces en detrimento del Estado de derecho. Y al final viene a caer por un presunto delito posterior a su consagración como político, de donde se seguiría que, para él, gobernar no es solamente protegerse frente a los tribunales sino, además, seguir delinquiendo.

El poder ciega. A lo más que puede llegar Berlusconi es a imitar a Sansón y morir bajo los cascotes del templo, en este caso, el Estado de derecho. Pero este proceso que, por fin, le han abierto en Milán permite suponer que el Estado de derecho sobrevivirá a la sacudida. En todo caso, la enseñanza es clara: la política debe estar libre de toda concomitancia directa o indirecta con el delito.

Por esta razón la aventura de Camps es distinta de la de Berlusconi pero tiene elementos en común. El primero eso de que el poder ciega y el miedo a perderlo ciega aun más. Camps pretende imponerse al curso de la justicia no cambiando las leyes sino contraponiéndole un triunfo en un plebiscito. Si la derecha quiere mantenerse dentro de las reglas del juego democrático del Estado de derecho, no puede permitírselo. Esas afirmaciones de Camps de que es el candidato más respaldado de la democracia en el mundo entero demuestran que el hombre ha perdido todo contacto con la realidad en la que se ve con facilidad que ni su propio partido lo respalda, salvo, claro está, su núcleo más fiel de clientes. Únicamente así, como un destello de un espíritu trastornado, puede entenderse que alguien crea que un voto unánime del electorado valenciano en su día pudiera pesar más que la decisión de un solo tribunal. Alguien debiera explicárselo. Explicarle que la fuerza de los tribunales proviene de la legitimidad que les ha dado la decisión de las generaciones en la historia y es muy superior a la que pueda emanar de un destello de una decisión colectiva momentánea, superficial y pasajera. El cadáver de la Gürtel sigue creciendo.

(La imagen es una foto de Alessio85, bajo licencia de Creative Commons).

Los perseguidos.

En el PP ya nadie habla de escuchas ilegales excepto la señora Aguirre, probablemente porque las confunde con las que ella practica. Las improbadas escuchas han dejado el paso a una acusación de persecución, tan imposible de probar como las escuchas, pero un concepto mucho más difuso y resbaladizo porque ¿qué se entiende por persecución?

Probablemente cuando a uno le procesan los tribunales a alcaldes, concejales, diputados, presidentes de comunidades y todo tipo de cargos por docenas por presuntos choizos cae uno en la tentación de decir que a uno lo persiguen. Y no sólo puede uno caer en la tentación sino refocilarse en ella al asegurar que esa persecución es obra del Gobierno en pleno o de algunos de sus ministros. La cuestión es, sin embargo, que todas las persecuciones de que se tiene noticia están orientadas por los tribunales y asegurar que estos se pliegan a una política de persecución del PP dictada por el Gobierno es una afrenta a la profesionalidad de los magistrados del Constitucional y de los jueces en general.

En España se persigue a los terroristas y a otros delincuentes, estén en dónde estén ocultos y también a los militantes del PP cuando incurran en comportamientos que interesen a la jurisdicción penal. En tal caso la condición penal prevalece sobre cualquier otra consideración en virtud del interés público. Y cuando los dirigentes del PP vean que la acción de la justicia alcanza a sus compañeros de partido, están obligados a facilitarla por todos los medios y colaborar con ella y no a impedirla, salvo que estén convencidos de que su partido no es un partido sino una asociación de malhechores.

(La imagen es una foto de Contando Estrelas, bajo licencia de Creative Commons).

Una pila de millones.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha impuesto al señor José Galeote, exconcejal de Boadilla del Monte, Eldorado de la presunta mangancia popular, un millón de euros de fianza de responsabilidad civil por su supuesta implicación en varios delitos de la trama Gürtel. Con estos ya suman 2.075.000 euros de fianza a los caballeros populares que han estado sirviendo denodadamente al pueblo en los últimos diez años. De ellos 955.000 corresponden a Benjamin Martín Vasco y 755.000 a Alberto López Viejo, dos parlamentarios de Madrid que tampoco han tenido otro norte en sus vidas que sacrificarse por el bien común. Verdaderas fortunas. No hay duda de que estamos tratando con presuntos delincuentes de mucho ringorrango y prestancia, unos verdaderos graduados del trinque. Hace bien doña Esperanza Aguirre en protegerlos (a los que puede), manteniéndoles su condición de aforados pues, de otro modo, caerían en manos del juez Garzón que, dado el sadismo de su señoría, haría punto cadeneta con ellos.

La trama de corrupción del caso Gürtel, que afecta a tantos cargos del PP es, sobre todo, un comportamiento de clase. A ver ¿cuándo se ha impuesto un millón de euros de fianza a algún corrupto del PSOE, ni siquiera a alguno de aquellos pillastres del GIL? En términos marxistas, los del PSOE (cuando los hay) son el proletariado de la corrupción; los de GIL el lumpenproletariado y estos del PP, la burguesía. Como corresponde.

(La imagen es una foto de Funka-Lerele, bajo licencia de Creative Commons).

Se ha hecho justicia.

¿Recuerdan que este señor Fujimori fue presidente democráticamente electo del Perú? ¿Se acuerdan de que gobernó de 1990 a 2000 como presidente legal? ¿Se acuerdan de que reformó la Constitución para eliminar la prohibición de un tercer mandato y se salió con la suya, ganando una tercera elección? ¿Se acuerdan de con qué discurso ganó las elecciones? ¿Se acuerdan de lo que decían entonces los medios? Fujimori era el "técnico apolítico", el ciudadano de la calle, el hombre del pueblo, sin partido; Fujimori iba a sacar al Perú de la corrupción de la clase política, iba a regenerar la vida pública, eliminando a los políticos (todos iguales, todos ladrones, etc) y acabando con el clientelismo, el caciquismo y, por supuesto, las amenazas terroristas. En su primera elección ganó de calle a un hombre honrado, aunque quizá no muy experimentado, como el señor Vargas Llosa.

En resumen, Fujimori era el político "antipolítico". Un corrupto, ladrón, asesino, torturador, criminal, condenado como tal en un tribunal de justicia de su país.

Los políticos profesionales son muchas cosas, desde luego, y hay que vigilarlos. Pero son una garantía frente a estos canallas que embaucan a la gente con la demagogia antipolítica.

El partido de la porra y la ley de Lynch.

La experiencia histórica y el sentido común advierten de que en épocas de crisis y turbulencias, cuando la gente lo pasa mal, hay paro, inseguridad, miseria, incertidumbre sobre el futuro, aumento de la delincuencia, etc., es cuando asoman las tendencias autoritarias, la intransigencia, el nacionalismo excluyente, el racismo, la xenofobia, en fin, los peores vicios de la convivencia. Las opciones políticas, sobre todo las radicales de la derecha y la izquierda, extreman sus posiciones y proponen medidas simples, unilaterales, basadas en la fuerza y el ordeno y mando. Y la gente, aparte de inclinarse algo más por las opciones políticas radicales, tiene tendencia a reclamar también soluciones drásticas, mano dura, cuando no a tomarse la justicia por su cuenta. En esta época de crisis económica generalizada, tales derivas resultan más y más visibles.

Hace un par de días, el Gobierno del señor Berlusconi -vanguardia del proceso de fascistización europeo- aprobó por decreto-ley la creación de grupos de ciudadanos de vigilancia nocturna en la vía pública, las llamadas "rondas" o patrullas que, criticadas en un principio por el Vaticano, recibieron ayer sin embargo pleno respaldo de la Santa Sede, faltaría más. De momento estas "rondas" (Berlusconi dice que no son tales, sino asociaciones de excarabinieri y expolicías al servicio del prefecto, o sea una especie de nuevo somatén) están desarmadas, pero eso no quiere decir en modo alguno que no tengan efecto intimidatorio. En un par de meses, probablemente, veremos si esta especie de somatén sigue desarmado o es ya un "somatén armado", como el de Franco.

En este clima de creciente autoritarismo y radicalización es donde adquiere todo su significado la actitud bronca, agresiva y amenazadora del PP (que actúa ya como el Partido de la Porra) contra jueces, magistrados, fiscales y policías. Es obvio que lo que se pretende con ello es desviar la atención de los procedimientos judiciales sobre las tramas de corrupción y espionaje que están minando al partido conservador. En consecuencia es tanto más de celebrar que el presidente del Gobierno haya salido al paso de esa actitud afirmando que su Gobierno no tolerará que se intimide a jueces, fiscales y policías. Es muy bueno porque estos funcionarios tienen que tener el respaldo oficial para hacer su trabajo con eficacia. También tendrían que tener el de la oposición, pero está visto que eso es imposible en el caso del PP, más interesado en ocultar sus escándalos atacando a los jueces y fiscales que en coadyuvar a que se haga justicia.

En cuanto a la gente normal, algo parecido. Ayer hubo una manifestación en Madrid en apoyo de la familia de Marta del Castillo y de su petición de que se endurezcan las penas para los delitos de asesinato en ciertas circunstancias y que se imponga la prisión de por vida. Está claro que la familia de Marta del Castillo merece todo el apoyo, el cariño y la comprensión de sus conciudadanos y estoy seguro de que los tienen. Pero de ahí a convertir en ley su comprensiblemente irritada reacción por el presunto asesinato de su hija media un abismo. Las víctimas deben tener el reconocimiento de la comunidad pero su condición no les otorga la de legisladores; no más que a cualquier otro ciudadano. Cualquiera comprende que las víctimas tiendan a ver el mundo en términos de venganza, pero lo venganza ni la ley del Talión son fundamento del derecho penal de los países civilizados. Tengo entendido que hoy o mañana el señor Rodríguez Zapatero recibe a los padres de Marta del Castillo. Es de esperar que les trasmita su solidaridad y comprensión y les prometa (y cumpla su promesa) de poner el máximo empeño en el esclarecimiento de los hechos y en que sobre los culpables caiga todo el peso de la ley. Pero nada más.

La petición de prisión perpetua no es compatible con la Constitución española que en su artículo 25, 2 dice que "las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados". Esta petición tampoco es susceptible de informar una posible iniciativa legislativa popular ya que afecta a leyes órganicas que están expresamente excluidas de dicha iniciativa (art. 87, 3). Pero aunque no existieran estas salvaguardias legales, la razón aconseja no dictar normas penales en el calor de la indignación del momento... porque ese es el camino más seguro de acabar estableciendo la ley de Lynch.

(La imagen es una foto de 20 Minutos, con licencia de Creative Commons)

El capitalismo como estafa.

La última estafa es de unos 50.000 millones de dólares de los EEUU, un fraude que arruinará a mucha gente y que, globalización mediante, afectará a inversores españoles que mediata o inmediatamente hayan estando metiendo dinero en hedge funds gestionados por Bernard L. Madoff Investment Securities cuyo titular, Bernard Madoff, está detenido por haberlo organizado. Una estafa de esas que aquí llamamos "de pirámide" y que en los EEUU se conocen como Ponzi's scheme o "plan de Ponzi", el emigrante italiano que aparece fotografiado a la izquierda, que puso en marcha la primera operación de estafa de pirámide a través de un sistema de sellos de correos. Algo parecido a lo presuntamente hacía Afinsa en España sólo que Afinsa decía obtener los beneficios que tan generosamente repartía entre los espabilados inversores que recibían intereses muy superiores a los que ordinariamente se recibían en el resto del mercado mediante sellos considerados como inversión filatélica mientras que Ponzi montó su estafa sobre el valor nominal de los sellos para franquear cartas, un ingenioso procedimiento de aprovechar las diferencias de cambio entre Italia y los EEUU en un proyecto postal internacional de unos bonos universales de franqueo que no tuvieron en cuenta que alguna moneda podía devaluarse (como sucedió con la lira), lo que permitiría comprar bonos en liras y venderlos luego por dólares en los EEUU con ganancias espectaculares. Cuando esto dejó de funcionar y Ponzi no pudo pagar los intereses que estaba pagando se descubrió el fraude y él fue a la cárcel, dando nombre a este tipo de estafa basado en que las incorporaciones nuevas financian los altos intereses que se pagan a todos los impositores.

Lo mismo ha sucedido con Madoff. Sólo que Madoff no es un inmigrante italiano si no quien fuera presidente del Nasdaq, la asociación de agentes de Bolsa que mueve más capital en la de Nueva York con ramificaciones en todo el mundo. Cuando él mismo no pudo soportar la presión, lo confesó todo a sus dos hijos, a su vez altos ejecutivos de la empresa fraudulenta quienes fueron a la policía echando virutas. Pero la estafa ya está hecha y, con ella, la ruina de lo inversores, el paro de los empleados de la empresa y la cárcel para el que lo puso todo en marcha.

Lo simbólico del caso es que se trata del presidente del Nasdaq. Al igual que sucedió en España cuando se supo que el gobernador del Banco de España cometía delitos de información privilegiada, también el caso de Madoff sacude los principios de gestión ética, responsable y triunfadora. Si es lo uno no puede ser lo otro. Como se dice aún en España, en feliz ignorancia de la existencia del euro, no se puede ir dando duros a cuatro pesetas. La magnitud de la estafa de Madoff es, como dice el Departamento del Tesoro (Hacienda) de los EEUU, de proporciones "épicas". Hay quien dice que toda la Seguridad Social (la que se financia mediante lo que se llama "solidaridad intergeneracional") no es otra cosa que una gigantesca estafa de pirámide. Es un típico argumento neoliberal.

Es posible, aunque no parezca muy cierto, no vamos a discutir ahora que eso les encanta a los neoliberales. Lo cierto, lo indubitable, lo seguro, es que el caso Madoff, una empresa privada, privadísima, es una estafa mayúscula. Y que el estafador ha estado al mando del Nasdaq. Como para confiar los ahorros a estos brillantes expertos, magos del enriquecimiento súbito y gloriosos doctrinos de la no intervención del Estado... no intervención para que el capital pueda robar a mansalva.

Los riesgos de estafa que presenta sistemáticamente el capitalismo se multiplican con el globalizado. Tómese como ejemplo el rechazo del Senado al plan de salvación del Gobierno estadounidense de los gigantes del automóvil General Motors (GM), Ford o Chrysler. Si estas empresas entran en suspensión de pagos (y pueden hacerlo en enero), tres millones de personas irán al paro en los EEUU. Cálculese. Es una emergencia nacional. Se valorará cómo se las gastan en el capitalismo si se recuerda que el Senado se cargó el plan cuando se supo que los sindicatos de trabajadores del automóvil se niegan a aceptar un descenso general de los salarios reales en la industria de carácter inmediato.

Pero hay más. La emergencia es nacional e internacional desde el momento en que GM es propietaria de Opel y Volvo, ambas empresas europeas. Opel, al menos, sigue siendo rentable y competitiva y tendrá que independizarse si no quiere que la crisis de la matriz la arrastre al abismo. Para ello recurre al crédito oficial que el Estado alemán facilita como lo hacen hoy día todos los Estados; pero el Gobierno alemán pone la muy lógica condición de que el dinero que meta en Opel no vaya a ir a parar a GM y eso es muy difícil de cumplir dada la situación de ambas empresas.

Todo el mundo espera que el Gobierno de los EEUU recurra al fondo de 700.000 millones de dólares de salvamento de la banca para resolver el problema de las empresas automovilísticas. Ya se verá cómo toma el mercado esa posibilidad pero lo que de momento queda claro es que en esta crisis aparece mezclada una gran cantidad de factores humanos, convirtiéndola en una catástrofe casi incomprensible y, por tanto, muy difícil de resolver; aparecen la codicia y el afán ilimitado de lucro de unos gestores financieros carentes de todo escrúpulo moral, la negligencia culpable cuando no la complicidad de unas autoridades políticas que escondían sus tejemanejes tras un discurso neoliberal y antiintervencionista, la actitud provocadora y chantajista de una corriente política que pretende la destrucción de los derechos sociales de los trabajadores, la inclinación al fraude y a la estafa de unos sectores financieros que saben que la tamaño gigantesco de sus fechorías obligará al Estado a hacer frente a la situación con el dinero de los contribuyentes, a los que se estafa así de modo doble: primero se les sustraen sus ahorros y luego se confiscan sus ganancias...

(La imagen es un retrato de Charles Ponzi, pertenece al Gobierno de los EEUU y está en el dominio público).