Teoría de la mamandurria y el expolio.

Con un largo año de gobierno del PP, dos cuestiones son ya evidentes: 1ª) Rajoy ha incumplido todos y cada uno de los puntos de su programa electoral. Es más, en la mayoría de los casos, ha hecho lo contrario de lo que prometió. No es preciso detenerse aquí pues es materia de recordatorio constante en los medios y el debate público. No tanto lo es, en cambio, la 2ª), por la que se ve que, en el fondo, el incumplimiento del programa es indiferente a los gobernantes pues lo que estos se proponían y proponen es medrar, prosperar, enriquecerse ellos mismos y sus allegados para lo cual saquean todo lo público, lo privatizan y se lo entregan a sus amigos o correligionarios. Y lo están haciendo sin perder tiempo con refitolerías democráticas y parlamentarias. A golpe de Decreto-ley.

En el curso de este sistemático expolio de lo público hay a veces -pocas, ya que el debate teórico es extraordinariamente pobre- combates dialécticos que se libran con armas pintorescas. Hace escasas fechas, Aguirre, por entonces presidenta de la C.A. de Madrid, molesta con los sindicatos, anunció con ese thatcherismo castizo que la caracteriza, que iban a acabarse las mamandurrias. Todo el mundo entendió que se refería a los liberados sindicales y, por supuesto, todo el mundo sabía qué son mamandurrias. Es una palabra casi onomatopéyica o, como se dice en digitalandia, "intuitiva". No está claro, sin embargo, si quienes la usan la conocen o si, conociéndola, la emplean torticeramente.
Veamos: todos los liberales más destacados del PP, partidarios de jibarizar el Estado, desmantelar el Estado del bienestar, "adelgazar" la administración y la función públicas, todos, digo, son funcionarios públicos: Aznar es inspector de Hacienda; su mujer, también; Aguirre, técnica de la Administración del Estado; Ignacio González, técnico de la administración local; Sáez de Santamaría, abogada del Estado; Gallardón, fiscal; Cospedal, abogada del Estado; Rajoy pertenece a un cuerpo especial de fedatarios públicos de tipo mixto, lo cual, mira qué oportuno, también reporta beneficios. Funcionarios públicos que trabajan contra la función pública en complicidad con empresas privadas que viven de sus ventajosas relaciones con un gobierno a sus órdenes y tratan de quedarse con todos los servicios públicos a precio de ganga, en condiciones muy ventajosas de explotación y con ganancias de cine. Más tarde las empresas compensan con creces los sacrificios de estos funcionarios antifuncionarios, como lo hace actualmente Endesa que Aznar privatizó durante su mandato. Es la teoría de la "puerta giratoria", de la empresa a la función pública y de la función pública a la empresa. Y a hacerse ricos a costa del común.

Y no solo ellos: familiares, deudos, allegados, compadres, la mamandurria se extiende entre agnados y cognados. El hijo de este está enchufado como asesor en el gabinete de aquella; la hermana de aquesta otra es directora general a dedo en el ministerio de aqueste otro. Y de sueldos y gastos de tarjeta y representación no se hable. Los alcaldes de pueblos poco más que pedanías se autoasignan salarios astronómicos, superiores al del presidente del gobierno, suponiendo que este solo cobrara un sueldo, que no es el caso, pues cobra dos, por lo menos. Pero, en todo caso, que no se hable.

Para que no se hable de este imperio de la mamandurria tienen literalmente colonizados los medios de comunicación con periodistas mamandurrios que cobran una pastuqui (o varias) por flagelar las mamandurrias de los liberados sindicales.

Mamandurria por mamandurria, ¿quién es verdaderamente mamandurrio?

La política del expolio de lo público se llama privatización. El gobierno central y sus clones autonómicos, al igual que el de CiU (aunque esta lo tiene ahora algo más difícil) están dispuestos a pasar a manos privadas (a ser posibles las suyas) todos los servicios públicos y obligar a la gente a pagar por ellos. Con su ley de tasas, Gallardón quiere hacer que la justicia sea de repago y solo accesible a los pudientes, de forma que los pobres sufragan con sus impuestos una justicia a la que no tienen acceso. El mismo Gallardón, con ese aspecto de repelente niño Vicente, quiere privatizar todos los registros públicos y entregárselos los cuerpos de registradores (uno de ellos, el de su jefe, Rajoy) para que cobren tasas literalmente por todo. La excusa es que es preciso liberar a los jueces que, por lo demás, les importan una higa.

El intento de saqueo de la sanidad pública es escandaloso, suficientemente conocido y está encontrando una resistencia que no esperaban. Prueba de que no la esperaban es que no se molestaron en justificar la privatización del sistema hospitalario, pensando que bastaba con que ellos lo dijeran. Y no ha sido así. Y no debe ser así. La sanidad pública es de todos y debe seguir siendo de todos. Los sofismas de los privatizadores no convencen a nadie. Hasta es posible que el consejero Fernández-Lasquetty, responsable de este expolio, se vea obligado a dimitir y comerse su plan.

Estas medidas tienen una desvergonzada explicación dineraria: quieren hacer negocio con los registros, la sanidad. Otras, en cambio, parecen ser de otro tipo. Pero solo lo parecen. La reforma de Wert, se dice, además de la innecesaria provocación a los catalanistas, tiene un fuerte poso ideológico: se suprime Educación para la ciudadanía, se restablece la religión y se acepta la asignatura suplementaria "de peso". Vuelven los curas y, con los curas, el progreso: segregación por sexos, religión católica, el creacionismo y la inmaculada concepción. Pero, aunque parezca mentira, esto, a los curas, no les importa. Si fuera preciso, enseñarían el evolucionismo. Lo que les importa es enseñar y, sobre todo, cobrar. Lo que les importa, como a sus aliados, es la pasta. Por eso, la reforma de Wert favorece la enseñanza concertada (que es, en realidad, privada que absorbe recursos públicos) en detrimento de la enseñanza pública. O sea, la privatización, el negocio, la subvención, el trinque, la mamandurria.

El Estado subvenciona la FAES de Aznar con medio millón de euros de los que quita a los jubilados y se levanta un clamor general: ¡el Estado subvenciona una fundación que ataca las subvenciones públicas! Pues, sí y hace bien. Es su deber. Lo que no está tan bien y hasta es bastante ruin y miserable es que la FAES acepte unas subvenciones públicas a las que, para ser coherente, debiera renunciar. Además, si ese mismo Estado subvenciona también la Fundación Francisco Franco, ¿por  qué no la FAES, cuyo nombre recuerda tanto la Falange?

Todo esto, la mamandurria y el expolio generales, es legal. Y, si acabara el asunto aquí, sería lamentable pero tolerable. Lo malo es cuando, además, se cruza la raya de la legalidad, que, en el reinado universal de la codicia, del enriquecerse como sea y a costa de quien sea, se cruza con frecuencia. La cantidad de altos cargos del PP imputados en procesos por corrupción es asombrosa. La red tejida entre electos corruptos, funcionarios venales y presuntos delincuentes de la Gürtel no es más que una muestra de un estadio general de mangoneo y trinque que enlaza con la más acrisolada tradición de la picaresca nacional y es responsable de la bajísima opinión en que, con sobrados motivos, aunque no entera justicia, tiene la ciudadanía a los políticos.

(La imagen es una foto de Esperanza Aguirre, bajo

licencia Creative Commons).