Mi amigo Jaime.

Leo en El País una noticia que me indigna como amigo, como ciudadano y como profesional. El alto funcionario Jaime Nicolás Muñiz, del ministerio del Interior, se ha querellado contra su ministro, Fernández Díaz, por acoso laboral. Es la tercera ocasión en que el diario de PRISA saca a relucir el asunto, prueba de que trata bien a Jaime. Esa suerte que tiene, porque a mí me odia. Con la querella, Jaime pretende luchar contra la injusticia y la arbitrariedad de que está siendo objeto por la actual dirección del ministerio, un puñado de chupacirios incompetentes y autoritarios que no saben hacer la o con un canuto porque llevan toda su vida de chupones de la política, a las órdenes del PP.

Soy amigo de Jaime desde tiempo inmemorial y doy fe de que todo cuanto de laudatorio se dice sobre él en el artículo es cierto y la pieza aun se queda corta. Jaime es un funcionario del máximo nivel, 30, obtenido por sus muchos merecimientos: es jurista, politólogo, formado en Alemania, de competencia probada a lo largo de los años, con una experiencia acumulada en diversos destinos, desde el Centro de Investigaciones Sociológicas al Consejo de Estado, pasando por el Tribunal Constitucional o el Centro de Estudios Constitucionales. Es un verdadero tesoro que cualquier empresa medianamente competente ficharía con los ojos cerrados. Sé todo esto porque, como digo, soy amigo suyo. Y dejo constancia de que, en efecto, es traductor de Habermas al castellano; tradujimos juntos una obra suya, La reconstrucción del materialismo histórico. Lo cual apunta a otro de sus rasgos que el diario también señala: es un hombre sólidamente de izquierda; sin adscripción partidista, pero de izquierda. En cuyo dato probablemente esté el origen de su actual aventura. Añado por mi cuenta, que es una gran persona, un hombre educado, afable, de buen trato y modesto, a pesar de su mucho saber y su  historial en la administración del Estado, a cuyo servicio ha dedicado de verdad su vida.

 

Desde que esta asociación de presuntos malhechores ganó las elecciones en 2011, Jaime fue sometido a una situación de ostracismo laboral, "en expectativa de destino", como suele decirse en la jerga burocrática, sin cometido concreto que realizar, mano sobre mano, cobrando todos los meses su sueldo, pero sin hacer nada. Una típica actitud jesuítica de estos sectarios que trata de minar la autoestima de la víctima, humillarla, forzarla a pedir el traslado o la jubilación más o menos anticipada y todo eso sin que parezca represalia por motivos políticos, sin que medie explicación o razón alguna: simplemente, entras en la lista negra de los desafectos y se te somete a esta arbitrariedad silenciosa.  Es el expediente típico de Rajoy, de los fascistas clericales: ignorar lo que molesta, no hablar de ello, hacerlo a un lado. En manos, además de estos dementes de Interior (los hacedores de la Ley Mordaza)¨, el asunto llega al ilícito penal del mobbing, previsto en la normativa vigente que Jaime esgrime en pro de sus derechos. Una actitud digna y valiente que no solo defiende sus intereses sino los de muchos otros funcionarios, profesionales competentes en diversos ministerios (singularmente, Exteriores), ninguneados ahora por esta banda de profesionales del trinque, sin otro oficio ni beneficio que el arribismo y el peloteo político.

 

Porque el asunto de Jaime no empieza y acaba en él. Yo sé que, si así fuera, no le gustaría nada esta entrada. Pero no es así y de ahí la entrada. El caso de Jaime simboliza un modo de proceder en la administración pública propio de los partidos políticos que son todos (si bien unos más que otros) verdaderas oligarquías, cortijos donde los barandas reparten los puestos de la Administración entre los fieles, los pelotas, tiralevitas y palanganeros, con ignorancia de los principios de mérito y capacidad que la Constitución pregona. Singularmente el PP, acostumbrado a nombrar a dedo enchufados a cientos con sueldos de cine a cambio de fidelidad canina o carromera, en detrimento de la eficacia y la racionalidad de la administración pública. Estos son los que vienen luego dando lecciones de eficacia en la gestión, eficiencia de resultados, rigor, productividad; son los que vilipendian lo público por ineficiente y ruinoso cuando son ellos, su falta de escrúpulos y mínima competencia, los causantes de la ruina, y los que ensalzan la gloria de lo privado. En román paladino: caballos de Troya del robo privado, se hacen con los puestos de la administración pública, la desmantelan, la gestionan con criterios de pura secta de sicarios, malversan y expolian los caudales públicos, luego dicen que hay que privatizar los servicios para ahorrar y, cuando cesan, los nombran directivos de las empresas privadas en cuyo beneficio trabajaron. Recompensa por los servicios prestados a los sinvergüenzas del PP o del PSOE o de quien tenga el morro de esta desfachatez.

Si el sectario Fernández Díaz, en claro abuso de poder, quiere darse el gusto personal de amargar la vida a Jaime, al que tiene envidia por ser mejor que él y ojeriza porque es demócrata y de izquierdas, que le pague él la nómina de su bolsillo, no con el dinero de los contribuyentes. Los ciudadanos  queremos que los gestores públicos empleen nuestros dineros en administrar racionalmente lo de todos y no en darse caprichos personales, pagarse cruceros a las Bahamas o tener en un pasillo, mano sobre mano, a un funcionario que cobra del erario público. Funcionario que, como es el caso, vale mil veces más que los politiquillos, pelotas profesionales que lo persiguen en clara contravención de la ley.

Teoría de la mamandurria y el expolio.

Con un largo año de gobierno del PP, dos cuestiones son ya evidentes: 1ª) Rajoy ha incumplido todos y cada uno de los puntos de su programa electoral. Es más, en la mayoría de los casos, ha hecho lo contrario de lo que prometió. No es preciso detenerse aquí pues es materia de recordatorio constante en los medios y el debate público. No tanto lo es, en cambio, la 2ª), por la que se ve que, en el fondo, el incumplimiento del programa es indiferente a los gobernantes pues lo que estos se proponían y proponen es medrar, prosperar, enriquecerse ellos mismos y sus allegados para lo cual saquean todo lo público, lo privatizan y se lo entregan a sus amigos o correligionarios. Y lo están haciendo sin perder tiempo con refitolerías democráticas y parlamentarias. A golpe de Decreto-ley.

En el curso de este sistemático expolio de lo público hay a veces -pocas, ya que el debate teórico es extraordinariamente pobre- combates dialécticos que se libran con armas pintorescas. Hace escasas fechas, Aguirre, por entonces presidenta de la C.A. de Madrid, molesta con los sindicatos, anunció con ese thatcherismo castizo que la caracteriza, que iban a acabarse las mamandurrias. Todo el mundo entendió que se refería a los liberados sindicales y, por supuesto, todo el mundo sabía qué son mamandurrias. Es una palabra casi onomatopéyica o, como se dice en digitalandia, "intuitiva". No está claro, sin embargo, si quienes la usan la conocen o si, conociéndola, la emplean torticeramente.
Veamos: todos los liberales más destacados del PP, partidarios de jibarizar el Estado, desmantelar el Estado del bienestar, "adelgazar" la administración y la función públicas, todos, digo, son funcionarios públicos: Aznar es inspector de Hacienda; su mujer, también; Aguirre, técnica de la Administración del Estado; Ignacio González, técnico de la administración local; Sáez de Santamaría, abogada del Estado; Gallardón, fiscal; Cospedal, abogada del Estado; Rajoy pertenece a un cuerpo especial de fedatarios públicos de tipo mixto, lo cual, mira qué oportuno, también reporta beneficios. Funcionarios públicos que trabajan contra la función pública en complicidad con empresas privadas que viven de sus ventajosas relaciones con un gobierno a sus órdenes y tratan de quedarse con todos los servicios públicos a precio de ganga, en condiciones muy ventajosas de explotación y con ganancias de cine. Más tarde las empresas compensan con creces los sacrificios de estos funcionarios antifuncionarios, como lo hace actualmente Endesa que Aznar privatizó durante su mandato. Es la teoría de la "puerta giratoria", de la empresa a la función pública y de la función pública a la empresa. Y a hacerse ricos a costa del común.

Y no solo ellos: familiares, deudos, allegados, compadres, la mamandurria se extiende entre agnados y cognados. El hijo de este está enchufado como asesor en el gabinete de aquella; la hermana de aquesta otra es directora general a dedo en el ministerio de aqueste otro. Y de sueldos y gastos de tarjeta y representación no se hable. Los alcaldes de pueblos poco más que pedanías se autoasignan salarios astronómicos, superiores al del presidente del gobierno, suponiendo que este solo cobrara un sueldo, que no es el caso, pues cobra dos, por lo menos. Pero, en todo caso, que no se hable.

Para que no se hable de este imperio de la mamandurria tienen literalmente colonizados los medios de comunicación con periodistas mamandurrios que cobran una pastuqui (o varias) por flagelar las mamandurrias de los liberados sindicales.

Mamandurria por mamandurria, ¿quién es verdaderamente mamandurrio?

La política del expolio de lo público se llama privatización. El gobierno central y sus clones autonómicos, al igual que el de CiU (aunque esta lo tiene ahora algo más difícil) están dispuestos a pasar a manos privadas (a ser posibles las suyas) todos los servicios públicos y obligar a la gente a pagar por ellos. Con su ley de tasas, Gallardón quiere hacer que la justicia sea de repago y solo accesible a los pudientes, de forma que los pobres sufragan con sus impuestos una justicia a la que no tienen acceso. El mismo Gallardón, con ese aspecto de repelente niño Vicente, quiere privatizar todos los registros públicos y entregárselos los cuerpos de registradores (uno de ellos, el de su jefe, Rajoy) para que cobren tasas literalmente por todo. La excusa es que es preciso liberar a los jueces que, por lo demás, les importan una higa.

El intento de saqueo de la sanidad pública es escandaloso, suficientemente conocido y está encontrando una resistencia que no esperaban. Prueba de que no la esperaban es que no se molestaron en justificar la privatización del sistema hospitalario, pensando que bastaba con que ellos lo dijeran. Y no ha sido así. Y no debe ser así. La sanidad pública es de todos y debe seguir siendo de todos. Los sofismas de los privatizadores no convencen a nadie. Hasta es posible que el consejero Fernández-Lasquetty, responsable de este expolio, se vea obligado a dimitir y comerse su plan.

Estas medidas tienen una desvergonzada explicación dineraria: quieren hacer negocio con los registros, la sanidad. Otras, en cambio, parecen ser de otro tipo. Pero solo lo parecen. La reforma de Wert, se dice, además de la innecesaria provocación a los catalanistas, tiene un fuerte poso ideológico: se suprime Educación para la ciudadanía, se restablece la religión y se acepta la asignatura suplementaria "de peso". Vuelven los curas y, con los curas, el progreso: segregación por sexos, religión católica, el creacionismo y la inmaculada concepción. Pero, aunque parezca mentira, esto, a los curas, no les importa. Si fuera preciso, enseñarían el evolucionismo. Lo que les importa es enseñar y, sobre todo, cobrar. Lo que les importa, como a sus aliados, es la pasta. Por eso, la reforma de Wert favorece la enseñanza concertada (que es, en realidad, privada que absorbe recursos públicos) en detrimento de la enseñanza pública. O sea, la privatización, el negocio, la subvención, el trinque, la mamandurria.

El Estado subvenciona la FAES de Aznar con medio millón de euros de los que quita a los jubilados y se levanta un clamor general: ¡el Estado subvenciona una fundación que ataca las subvenciones públicas! Pues, sí y hace bien. Es su deber. Lo que no está tan bien y hasta es bastante ruin y miserable es que la FAES acepte unas subvenciones públicas a las que, para ser coherente, debiera renunciar. Además, si ese mismo Estado subvenciona también la Fundación Francisco Franco, ¿por  qué no la FAES, cuyo nombre recuerda tanto la Falange?

Todo esto, la mamandurria y el expolio generales, es legal. Y, si acabara el asunto aquí, sería lamentable pero tolerable. Lo malo es cuando, además, se cruza la raya de la legalidad, que, en el reinado universal de la codicia, del enriquecerse como sea y a costa de quien sea, se cruza con frecuencia. La cantidad de altos cargos del PP imputados en procesos por corrupción es asombrosa. La red tejida entre electos corruptos, funcionarios venales y presuntos delincuentes de la Gürtel no es más que una muestra de un estadio general de mangoneo y trinque que enlaza con la más acrisolada tradición de la picaresca nacional y es responsable de la bajísima opinión en que, con sobrados motivos, aunque no entera justicia, tiene la ciudadanía a los políticos.

(La imagen es una foto de Esperanza Aguirre, bajo

licencia Creative Commons).

Los pobres funcionarios.

En el país de Larra es imposible que los funcionarios tengan buena prensa. Y la buena prensa es condición de la supervivencia. Al que se le acaba o simplemente, como es el caso, la tiene mala todo se le vuelven problemas. Así también con los funcionarios que acaban siendo chivo expiatorio o cabeza de turco de todas las desgracias. En tiempos de abundancia, con tasas próximas al pleno empleo y pujantes sectores privados de la economía, nadie quiere ser funcionario ya que estos cobran salarios modestos, no es raro que desempeñen trabajos rutinarios, sin interés ni altura y que no tengan expectativa alguna de reconocimiento social. En tiempos de escasez, con un paro cercano al veinte por ciento de la población activa, los funcionarios son objeto de la inquina pública por el hecho de gozar de estabilidad en el empleo. Y cuando la escasez pasa a ser zozobra lo primero que se propone es amargar la vida al funcionario congelándole el sueldo que es el modo freudianamente claro en que se libran de neurosis y complejos quienes se dedican a administrar la cosa pública, esto es, los políticos. Los funcionarios son entonces el escudo de los políticos que siempre justifican sus medidas drásticas acerca del empleo y la función pública con el argumento de que se trata de "dar ejemplo".

Las crisis se dan también en el terreno moral y deben suscitar también respuestas morales. "Dar ejemplo" responde a una intención básicamente moral y con la que normalmente los funcionarios estarán de acuerdo. Estaremos, puesto que los profesores universitarios somos funcionarios. La cuestión es si ese "dar ejemplo" afecta a todos los demás estamentos o sólo se les pide a los empleados públicos. Sobre todo y esto es muy esencial, hay que ver si quienes disponen las medidas citadas, a su vez, "dan ejemplo" no ya solamente congelando su salario, sino aprovechando la situación para poner orden en el régimen retributivo de los cargos públicos en España, una verdadera selva de privilegios y canonjías tanto en cuantía de los ingresos (hay alcaldes de lugarejos que ganan lo que los ministros) como en los periodos de percepción y en las provisiones para las situaciones pasivas de forma que hoy día ser ministro, aunque sea de Marina y de un día, es un chollo para toda la vida. Lo cual explica la cantidad de profesionales de la política que da el país.

(La imagen es una foto de Chesi - Fotos CC, bajo licencia de Creative Commons).