La política es una actividad muy mal valorada en todos los sondeos de opinión. El prestigio de los políticos es generalmente bajísimo y los partidos suelen ocupar el último lugar en el aprecio de los ciudadanos. Se asocia con ella la falsedad, el engaño, la mentira, la hipocresía y la demagogia, cuando no los privilegios, el favoritismo y la injusticia y, desde luego, la corrupción. Y eso en cuanto a la opinión que, al fin y al cabo, es una imagen. La realidad viene siendo aun peor. La política mantiene relaciones muy complejas con dos tipos de actividades humanas que todo el mundo condena, incluso los que viven de ellas: la guerra y el delito. Las relaciones con la guerra son de tipo causa-efecto en que la política tanto puede tomar una forma como la otra. Las relaciones con el delito suelen ser de tipo medio a fin y aquí la política viene siendo el medio para el fin delictivo, no el delito en sí mismo.
Ese juicio tan condenatorio que merece la política se pretende contrarrestar a veces echando mano de nobles ideales acerca del bien común, el servicio público, la condición ciudadana, la civilización, que enraizan en la filosofía griega y se mantienen confusamente hoy cuando hasta los políticos a veces distinguen entre la política como sucia actividad cotidiana y la Política (suelen decir que "con mayúscula") como desinteresada vocación.
Es la distinción que también se hace muchas veces entre un político y un estadista. La nobleza del estadista reside, precisamente, en que ha dejado de ser un político, esto es, de ocuparse del bien público desde un punto de vista de partido para pasar a hacerlo desde el punto de vista de la totalidad sin cuestionarse mucho cómo sea esto posible en una sociedad conflictiva. La distinción es un intento de resolver la contradicción que se da entre reconocer de algo (la política) que es imprescindible y tener al propio tiempo la peor opinión de ello.
Son aquellas viejas relaciones de la política con el delito las que están cambiando aceleradamente. El político al servicio del delito gestiona el bien público en interés de un individuo o de un grupo de individuos, una asociación delictiva, por ejemplo la mafia. La importancia de la política para la delincuencia, igual que para los demás quehaceres del hombre, radica en que engloba la actividad legislativa, la capacidad para establecer las normas generales, las reglas del juego. Por ello se está pasando de la instrumentalización de los políticos por los delincuentes a la conversión directa de los delincuentes en políticos. Es el camino que llevan los países en los que el narcotráfico está sustituyendo al Estado. Y el que emprendió Berlusconi hace años si fuera cierto que, efectivamente, los tribunales lo condenan por la comisión de delitos y no digo de cuáles porque, de darse el caso, con Berlusconi puede acabar pasando lo que pasó en su día con Al Capone, que lo buscaban por unos delitos pero lo condenaron por otros. Delitos eran al fin y al cabo.
La diferencia sin embargo es considerable: Berlusconi ha intentado gobernar, poner el aparato del Estado en su conjunto al servicio de sus intereses, el primero de los cuales es no responder ante la justicia por los numerosos delitos de que se lo acusa. Su gobierno ha sido un tejer y destejer leyes procesales para garantizar su inmunidad, muchas veces en detrimento del Estado de derecho. Y al final viene a caer por un presunto delito posterior a su consagración como político, de donde se seguiría que, para él, gobernar no es solamente protegerse frente a los tribunales sino, además, seguir delinquiendo.
El poder ciega. A lo más que puede llegar Berlusconi es a imitar a Sansón y morir bajo los cascotes del templo, en este caso, el Estado de derecho. Pero este proceso que, por fin, le han abierto en Milán permite suponer que el Estado de derecho sobrevivirá a la sacudida. En todo caso, la enseñanza es clara: la política debe estar libre de toda concomitancia directa o indirecta con el delito.
Por esta razón la aventura de Camps es distinta de la de Berlusconi pero tiene elementos en común. El primero eso de que el poder ciega y el miedo a perderlo ciega aun más. Camps pretende imponerse al curso de la justicia no cambiando las leyes sino contraponiéndole un triunfo en un plebiscito. Si la derecha quiere mantenerse dentro de las reglas del juego democrático del Estado de derecho, no puede permitírselo. Esas afirmaciones de Camps de que es el candidato más respaldado de la democracia en el mundo entero demuestran que el hombre ha perdido todo contacto con la realidad en la que se ve con facilidad que ni su propio partido lo respalda, salvo, claro está, su núcleo más fiel de clientes. Únicamente así, como un destello de un espíritu trastornado, puede entenderse que alguien crea que un voto unánime del electorado valenciano en su día pudiera pesar más que la decisión de un solo tribunal. Alguien debiera explicárselo. Explicarle que la fuerza de los tribunales proviene de la legitimidad que les ha dado la decisión de las generaciones en la historia y es muy superior a la que pueda emanar de un destello de una decisión colectiva momentánea, superficial y pasajera. El cadáver de la Gürtel sigue creciendo.
(La imagen es una foto de Alessio85, bajo licencia de Creative Commons).
