La visita de Rato al ministro Fernández Díaz ha provocado un gran revuelo en la opinión. No ha faltado el habitual aguafiestas recordando que si tan esperpéntica cita se hubiera producido en cualquier otro país europeo, el ministro habría dimitido ya o estaría destituido entre la rechifla general. En España, no. Que un presunto delincuente acuda a una reunión "cordial" con el ministro del Interior no tiene nada de extraño. Es posible que Rato busque consejos, información privilegiada o haya ido a chantajear a la autoridad con el rollo de que si no lo ayudan, canta. Todo es posible porque la reunión, ha sido secreta. ¿Y no dimite el ministro?
Claro que no. Esto es España. Rajoy enviaba SMS de aliento a otro presunto delincuente tras saberse ya que lo era y no dimitió. De Guindos tambien recibió a Granados cuando era público que este tenía cuentas en Suiza y era carne de presidio. Y tampoco dimitió. Esperanza Aguirre tenía tanta amistad con el jefe de la patronal, Díaz Ferrán, hoy en la cárcel por presunto chorizo, que este la consideraba cojonuda. La tal cojonuda tiene también amistad con otro de estos empresarios neoliberales que viven de mamandurrias y enchufes proporcionados por sus amigos políticos. Y más aún, sus gobiernos estaban literalmente repletos de delincuentes o presuntos delincuentes que hasta se espiaban entre sí y ella misma se ha salvado de un juicio por un hit & run de típica pija por los pelos. Y no dimite
En España, hoy, no hay mayores diferencias entre gobernantes y delincuentes o presuntos delincuentes. Están mezclados. Son lo mismo. Es un gobierno de delincuentes o presuntos delincuentes, apoyado en una partido que más parece partida de malhechores. Son granujas que cometen todo género de tropelías, desde cobrar sobresueldos (caso de Rajoy y varias docenas más de chupones de la vida pública durante veinte años) a imponer comisiones, falsificar documentos, estafar, malversar... toda una ristra de delitos. El país vive gobernado por una trama de presuntos mafiosos con redes delictivas por doquier y no dimite nadie, ni se da explicación alguna, ni nadie comparece en el Parlamento, aunque solo sea para que el pobre Pedro Sánchez deje de hacer el ridículo pidiendo comparecencias que nunca se aceptan porque no tiene valor para presentar una moción de censura.
No dimiten y no entienden por qué se arma este revuelo. Los hijos y nietos de Franco creen que el país es su cortijo, que no deben explicaciones a nadie, que pueden hacer lo que les dé la gana, delinquir, ayudar o encubrir a los delincuentes, saltarse la ley cuando les parece. Y ¿por qué actúan así? Porque descienden directamente de Franco, otro delincuente que, habiendo ganado una guerra, trató durante 40 años el país como tierra conquistada y la población como vencidos a los que se podía someter a todo tipo de ultrajes, sevicias y saqueos. Para Franco no había ley. La ley era su voluntad. Para sus descendientes ideológicos y biológicos, tampoco. La ley no reza con ellos. Solo con Mas y los catalanes rebeldes. Y si reza, se cambia de un plumazo. Los fondos públicos son suyos y, cuando se los apropian indebidamente, en realidad reponen existencias para pagarse cacerías en el África, chalets en Baqueira, cocaína en fiestas o retiros millonarios, mientras el conjunto de la población pasa necesidad. No haber perdido la guerra, pringaos.
La teoría de las puertas giratorias es insuficiente. Estos del PP no eligen entre dos opciones: gobierno y empresa privada sino entre tres: gobierno, empresa privada y delito. Y no necesariamente consecutivas. Pueden ser simultáneas.
Esta explicación de la herencia de Franco con un gobierno de presuntos delincuentes es lo que aclara que puedan darse episodios tan delirantes a la par que bochornosos, como ese ex-ministro (el peor de Educación de la democracia) nombrado embajador ante la OCDE para que vaya a hacer arrumacos a su señora a costa de los contribuyentes que, siendo españoles, son súbditos a los que cabe esquilmar sin pestañear o, encima insultándolos. Eso también es lo que explica que un obispo viva en un palacio siempre a costa del erario, que un presidente del Tribunal Supremo pase fines de semana a cuerpo de rey con su novio y a costa de los contribuyentes, que un presidente de comunidad autónoma deficitaria sistemáticamente viaje a visitar a su novia también a cuenta de los ciudadanos, que una concejala del PP cargue su lencería a los fondos públicos, que cuatro enchufados llevaran veinte años cobrando fabulosa pastuqui por no hacer nada en el IFEMA, siempre a costa de los contribuyentes.
Sumen cientos de otros casos en ayuntamientos, Comunidades (especialmente la andaluza, en donde el robo sistemático cambia al color socialista pero es igualmente indignante) empresas públicas, autónomas, fundaciones, ministerios. Decenas, cientos de mangantes y delincuentes con o sin cargo público, sinvergüenzas que llevan veinte años enriqueciéndose y habrán dado con la causa de la crisis y la ruina de España.
No es una crisis. Es una estafa.
