España no es propiamente hablando un Estado de derecho. De ponernos estrictos, cabría decir que incluso carece de Constitución. Al menos, según el artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789:
Toda sociedad en la que no esté asegurada la garantía de los Derechos ni determinada la separación de Poderes carece de Constitución.
En España no hay garantía de Derechos ni separación de Poderes. Y tiene Constitución. Formalmente, pero no materialmente. Y esto mismo se aplica a la carencia del Estado de derecho. Tampoco rige el principio del imperio de la ley, ya que hay personas por encima de ella, tanto formal como materialmente.
Por encima de la ley, formal y materialmente se encuentra el Rey, cuya persona es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sin embargo, su comportamiento -y, con él, la Jefatura del Estado-, deja mucho que desear y está muy por debajo de las expectativas en materia de transparencia y de recto proceder. Su familia en primer grado pareciera estar materialmente por encima de la ley y hay fuerzas institucionales muy poderosas interesadas en que así sea. Sin embargo, sus comportamientos, conocidos por los tribunales, les han valido imputaciones penales que tienen muy mala pinta. ¿Puede una Monarquía tan tocada del ala aguantar una condena a una Infanta de España por un delito contra la Hacienda Pública o la condena de su marido? ¿Se puede reinar habiendo cometido delitos? Empeñarse en que en España no hay una crisis de Estado, en gran medida propiciada por el comportamiento vituperable de la Casa Real es absurdo.
Claro que la Real Casa no parece haber hecho nada muy diferente de lo que llevan años haciendo los gobernantes. El presidente del gobierno puede decir lo que quiera (que habitualmente es muy poco y en una actitud despectiva) pero está bajo sospecha de haber presidido un partido con una contabilidad B y que se financiaba ilegalmente. Está asimismo bajo sospecha -nunca satisfactoriamente despejada- de haber cobrado sobresueldos de problemático origen durante dos décadas. Y eso es él. Tiene luego una ministra, directamente acusada de haber recibido dádivas de todo tipo de la trama delictiva Gürtel, acusaciones que no niega, sino de las que quiere librarse pretextando ignorancia. Otro, el de justicia, un hombre de un rigorismo exacerbado, fue condenado por los tribunales a pagar una indemnización a su casera por haber estado viviendo dos años sin pagar el alquiler. En serio, ¿alguien imagina que se pueda ser ministro en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en cualquier parte, habiendo sido condenado por los tribunales por moroso? ¿Qué tiene esto que ver con un Estado de derecho?
La propia maquinaria en su conjunto del partido del gobierno tiene tal cantidad de imputados en procesos por corrupción que es legítimo pensar que es, en realidad, una asociación con ánimo de delinquir. La lista de presuntos, miembros del partido o directamente relacionados con él es impresionante: Bárcenas, el Bigotes, Correa, Fabra, Matas, Camps, Baltar, Barberá, Castedo, Blasco, Sepúlveda, el Albondiguilla.
Añádase la recua de empresarios y financieros delincuentes que forma la flor y nata del "espíritu emprendedor" de la derecha. Alguno está en prisión preventiva, otros han cumplido condena, otros están imputados o investigados. Esta semana empiezan a desfilar por el juzgado de Ruz los empresarios de la Gürtel, un buen puñado. Y mañana quizá lo haga otro puñado del Consejo de Administración de Caja Madrid cuando esta cumpla la orden de la Audiencia Nacional de revelar los sueldos y gratificaciones que se había autoconcedido y se obstinaba en mantener ocultos. Decenas de personajes en las más sorprendentes peripecias pero todos con un punto en común: enriquecerse a base de saquear los caudales públicos en todas sus formas: privatizando, malversando o llevándoselo crudo a Suiza.
¿Y qué decir de la colusión entre los gobernantes y los delincuentes condenados e indultados acto seguido en clara desviación de la justicia? ¿Qué si no que España no es un Estado de derecho, sino un Estado (presuntamente) delincuente?
(La imagen es una foto de La Moncloa aquí reproducida según su ”aviso legal”).
